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reabren caso masacre de la granja


La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar el rol del teniente José Vicente Castro, ex comandante de la estación de Policía de Ituango, en la masacre de 19 campesinos en El Aro, Antioquia.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de julio de 2004 del Tribunal Superior de Antioquia, que absolvía a José Vicente Castro, ex comandante de la estación de Policía de Ituango, por su responsabilidad en el asesinato de 19 personas en El Aro y La Granja, corregimientos de Ituango, en el norte de Antioquia.
La justicia juzgó a José Vicente Castro por omisión. Según el testimonio de varios paramilitares coordinaron con la Policía para poder cometer la masacre y circular en la región sin problemas. Otras personas recuerdan que los ‘paras’ pasaron cerca a la estación de Policía de San Andrés de Cuerquia, un municipio vecino, sin que nadie los detuviera.
La Corte Suprema tomó la decisión para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en julio de 2006 condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro.
Le ordenó que les rindiera un homenaje público y le pidió que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos y hoy siguen libres.
Para la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, en especial, en la violación "a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada y la circulación y residencia".

La Masacre de El Aro y La Granja
Los muertos fueron 19. El 11 de junio de 1996, los paramilitares del Bloque Mineros torturaron y asesinaron a cinco de ellos en La Granja. Y luego, el 22 de octubre del año siguiente, a los otros 14 en El Aro.
En El Aro varios testigos dijeron que se usó un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época era gobernador de Antioquia, dijo que era imposible que era imposible porque los dos helicópteros de la gobernación estaban siendo usados en ese momento.
Salvatore Mancuso confesó la participación de varios de sus hombres en el crimen. Dijo que sí hubo un helicóptero de la gobernación y que el entonces secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, sabía que los ‘paras’ iba a cometer la masacre.
14 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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padre aldunate entregó las llaves


Sacerdote José Aldunate entregó llaves de Villa Grimaldi. Después de 16 años como custodio moral del clausurado portón del ex centro de tortura, el sacerdote entregó las llaves a nuevas generaciones de chilenos.
Santiago, Chile. En un simbólico y emotivo acto, realizado el pasado viernes en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el destacado sacerdote y teólogo jesuita, José Aldunate, entregó a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi las llaves del que una vez llamó "portón de la muerte" en alusión a su uso en el período de la dictadura de Augusto Pinochet cuando ingresaban por allí los prisioneros al centro de tortura.
El portón de Villa Grimaldi fue clausurado hace 16 años, tras una larga lucha por la recuperación del terreno por parte de un movimiento ciudadano liderado por el sacerdote.
Tras la clausura del portón, la comunidad había pedido al jesuita (fundador del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo) que conservara la llave del candado quedando como garante de que la puerta del horror nunca más sería abierta.
Con 93 años, sintiéndose cerca de la muerte, el sacerdote pidió traspasar el compromiso, y entregó la llave a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi que hoy administra este Sitio de Memoria.
"Entrego el encargo de mantener siempre viva la memoria en Villa Grimaldi, y mantener el Parque Por la Paz. Para mí es una enorme satisfacción que se haya recuperado este lugar, siento que mi vida no fue en vano", dijo el clérigo durante la ceremonia, e instó a los jóvenes a "seguir trabajando para construir un mundo de paz y concordia que sea digno para toda la humanidad".
El padre Aldunate y sus seguidores denunciaron esta práctica durante la dictadura de Pinochet poniendo en riesgo sus vidas en decenas de acciones pacíficas frente a centros clandestinos de detención.
Terminado el régimen militar, Aldunate convocó a la ciudadanía a recuperar Villa Grimaldi dando ejemplo de compromiso y coherencia en la defensa de los derechos fundamentales.
A nombre del Directorio de la Corporación, recibió las llaves Ana Cristina Torrealba, y agradeció el gesto Flor Hernández.
En referencia a los desafíos emprendidos por la institución ésta última destacó: "Han pasado 16 años. Aquí florecieron nuevamente las rosas, y con ellas floreció el compromiso de ‘nunca más’. A través de diversos proyectos y actividades, la Corporación ha logrado convertirse en un referente nacional e internacional por su contribución a una cultura de los derechos humanos".
En referencia a la tarea traspasada por el sacerdote, afirmó "el padre nos pone un enorme desafío. Por nuestras convicciones y por la admiración que nos inspiran hombres y mujeres como usted- enfatizó- nos comprometemos a asumir esta tarea".
En la ceremonia estuvieron presentes el alcalde de Peñalolén Claudio Orrego, el senador Camilo Escalona, el diputado Enrique Accorsi, y la madre de la ex presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria. También estuvieron en el acto los sacerdotes Pierre Dubois y Roberto Bolton, el párroco del sector, religiosos que participaron en la recuperación de Villa Grimaldi y distintos miembros de la comunidad de Peñalolén, así como ex detenidos en este recinto.
Al término de la ceremonia, el Alcalde de Peñalolén se refirió a Aldunate como un "gigante del humanismo" describiendo el traspaso de las llaves como "un símbolo muy importante, de postas, que hace el padre con nosotros. Entrega la llave del portón para que otros continúen la labor que él ha llevado adelante con tanto amor y tanta pasión", dijo. El edil recordó su propia militancia en el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo al que se integró siguiendo un llamado del sacerdote jesuita.
"Me emociona el testimonio de Pepe. Tantas veces se habla de gente que pasa a la historia por sus escritos; por sus palabras. Pero poco se dice de los que como Pepe, evangelizan con el testimonio", subrayó.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
©la nación
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condenan a represores del chaco


Es el primer juicio oral y público que se abrió en la provincia del Chaco por violaciones a los derechos humanos. [En la foto, Luis Alberto Patetta, uno de los condenados.]
Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a 25 años de prisión a 10 ex policías y 2 militares acusados por delitos de lesa humanidad en la denominada Causa Caballero y con penas 15 años a otros dos ex policías. Es el primer juicio oral y público que se abrió en la provincia del Chaco por violaciones a los derechos humanos, y se desarrolló casi en paralelo con las audiencias del proceso por la masacre de Margarita Belén, de la que hoy se cumplen 34 años.
El Tribunal, que preside Víctor Alonso, dictó sentencia hoy, en coincidencia con el 34° aniversario de la Masacre de Margarita Belén, a los 10 policías y 2 militares por "tormentos agravados en concurso real", por un total de 80 hechos ocurridos entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia.
De esta manera, las condenas de 25 años fueron para los ex policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín (alias ‘Cabo Sotelo’), Ramón Esteban Meza, Francisco Orlando Álvarez, Rubén Héctor Roldán, Óscar Alberto Galarza y los dos ex militares José Tadeo Luis Bettolli y Luis Alberto Patetta. En tanto, los ex policías Ramón Gandola y Enzo Breard recibieron una pena de 15 años de prisión.
La sentencia se dio a conocer antes de la tradicional caravana hacia el Monumento a las Víctimas de la Masacre de Margarita Belén, que fue erigido en 1997 en memoria de las 22 víctimas, principalmente militantes de Montoneros, de la matanza ocurrida en la noche del 12 y 13 de diciembre de 1976, en inmediaciones a la ruta nacional 11.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
©página 12
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el zoológico es un campo de concentración


columna de lísperguer
SAG rehabilita y devuelve a entorno natural a cóndor.

Todavía en algunos lugares este cóndor habría sido derivado o vendido a un zoológico para su cautiverio y exhibición pública hasta su muerte. Reconforta saber que no será este el caso. Si lo que corresponde es que los animales vivan en sus entornos naturales, en lo posible a resguardo de la intervención humana, no se entiende que todavía se permita la existencia de zoológicos, que no solo no sirven para nada, sino además provocan daños psicológicos permanentes en los animales cautivos. Sería deseable que los zoos o desaparecieran o se convirtieran exclusivamente en centros de rescate y rehabilitación, y dejaran de ser los campos de concentración que son ahora. Es macabro que todavía creamos que podemos destruir familias animales para capturar a sus miembros y exhibirlos en jaulas. El cautiverio animal muestra lo peor de nosotros, siempre capaces de convertirnos en torturadores y cancerberos de seres diferentes e inocentes.
lísperguer

don berna tiene miedo


’Don Berna’ vuelve a negarse a declarar en Justicia y Paz. Ya son por lo menos siete veces que el ex paramilitar dice que no tiene condiciones de seguridad para confesar su verdad y admitir responsabilidades sobre tres bloques armados que estuvieron bajo su mando. ’Don Berna’ fue extraditado en mayo de 2008, por cargos de narcotráfico.
Colombia. Nuevamente las víctimas salieron frustradas de una nueva cita para escuchar en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz al ex inspector de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, quien reiteró su decisión de no declarar ante esa dependencia judicial alegando razones de seguridad y falta de cooperación entre los gobiernos de Bogotá y Washington.
La diligencia no duró más de 30 minutos y en ella, desde una cárcel de la ciudad de Miami, Estados Unidos, alias ‘don Berna’ volvió a exponer las razones por las cuales se niega a continuar contando su verdad sobre el paramilitarismo mientras estuvo en esa estructura armada ilegal al frente de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, que operaron en diversas regiones de Antioquia y Córdoba.
La seguridad de su familia, que al parecer ha recibido en Medellín amenazas de muerte, su propia seguridad y la falta de acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para que la confesión ante Justicia y Paz se convierta en un mecanismo de redención de pena son los argumentos centrales que han conducido a Murillo Bejarano a continuar negándose a declarar.
Uno de los argumentos invocados por alias ‘don Berna’ es la condena de 31 años impuesta el 22 de abril de 2009 por un fiscal del distrito sur de New York por delitos relacionados con el tráfico de cocaína hacia ese país.
"Prácticamente con mi edad (este año cumplirá 50 años) y condenado a 31 años de cárcel, estoy ante una cadena perpetua", reiteró el postulado, dando por sentado que de no haber una reducción de esa pena por su colaboración con la verdad del paramilitarismo colombiana no comparecerá ante los tribunales de Justicia y Paz.
Durante la media hora de versión, el Fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz hizo un recuento de por lo menos seis excusas que alias ‘don Berna’ ha interpuesto desde que inició su proceso en julio de 2007 para negarse a declarar. De la última de ellas, relacionada con el tema de la seguridad personal y de su familia, se dijo que no estaba ni "certificada ni verificada".
Otro de los inconvenientes que tuvo esta diligencia es que el abogado de alias ‘don Berna’ no se hizo presente ni en Medellín, a donde fue transmitida la audiencia, ni en Miami, donde está preso el ex paramilitar, razón por la cual tenía que ser suspendida la cita judicial para evitar una violación al debido proceso en lo que a la defensa técnica del postulado se refiere.
Para algunos juristas consultados, quienes pidieron la reserva del nombre, la reiterada negativa de alias ‘don Berna’ a comparecer ante Justicia y Paz está configurando una causal de exclusión de los beneficios que otorga la Ley 975 de 2005, a través de la cual se crearon unos beneficios judiciales para todos aquellos paramilitares que fueron postulados siempre y cuando se comprometieran con decir la verdad y reparar a las víctimas.
"Está demostrado que este jefe paramilitar no está dispuesto a contar la verdad, lo que significa que no tiene sentido que continúe en el proceso de Justicia y Paz", dijo uno de los abogados que representa varias víctimas cuyos familiares fueron asesinados por hombres del bloque Cacique Nutibara. La respuesta a esa petición la tendría que dar la Fiscalía General de la Nación.
13 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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ffaa peruanas implicadas en drogas


General peruano amenaza denunciar al hoy embajador de EE.UU. en Colombia. Se trata del general Paul Da Silva, jefe del Ejército peruano, quien en rueda de prensa rechazó el informe revelado por Wikileaks en el que Michael McKinley vincula a la institución con el narcotráfico.
Colombia. El general Paul Da Silva, jefe del Ejército peruano, amenazó este lunes con denunciar ante los tribunales al hoy embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, haber vinculado a su institución con el narcotráfico mientras se desempeñó como representante de ese país en Lima (2007-2010), según se lee en uno de los documentos filtrados por Wikileaks.
Da Silva convocó a una rueda de prensa en la que calificó como "cable de la infamia" el informe del diplomático, que fue publicado este fin de semana por el diario español El País.
El general acusó a McKinley de "pretender desprestigiar el honor del Ejército" peruano y solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación sobre el contenido del documento norteamericano.
Remarcó, además, que se reserva "el derecho de denunciar penalmente al autor de este cable", en alusión al diplomático.
La información publicada por El País fue ampliamente reseñada por la prensa peruana, ya que señala que Estados Unidos cree que la red de corrupción relacionada con la droga tejida en Perú por Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori, no está eliminada y advierte que incluso puede resurgir.
Según el documento de la embajada, los carteles del narcotráfico siguen teniendo influencia en el Ejército de Perú y se mencionan los presuntos vínculos de Da Silva con el empresario pesquero Rolando Velasco Heysen, detenido en el 2007 por tratar de sacar 840 kilos de cocaína que escondía en pescado congelado.
Al respecto, el general peruano, que asumió la jefatura del Ejército a inicios de este mes, aseguró "descartar totalmente esa posibilidad" y señaló que en 2007 se reunió con Velasco Heysen por orden del entonces jefe del Ejército Edwin Donayre cuando se buscaba comprar la cuota de alimentos para las tropas.
En su informe, la embajada norteamericana en Lima también señala que ha contactado con altos jefes militares peruanos, quienes denunciaron que algunos de sus compañeros de armas todavía "reciben lucrativos pagos de los traficantes de droga que actúan en el valle de los ríos Apurímac y Ene", una zona conocida en Perú como Vrae.
Los estadounidenses pidieron opinión a otros informantes, que dieron por buena esta denuncia sobre las actividades en una zona que es, además, uno de los últimos reductos de la agrupación guerrillera Sendero Luminoso.
Sin embargo, Da Silva descartó hoy "totalmente" la posibilidad de que jefes militares mantengan vínculos con Montesinos y con el narcotráfico en el Vrae.
"No existe actualmente ningún indicativo de que un oficial, técnico o suboficial del Ejército esté recibiendo dinero del narcotráfico. Esto (el cable) se ha hecho con la finalidad de dañar la imagen de las instituciones armadas y en particular del Ejército y no lo van a lograr", reiteró.
El general añadió que habría que preguntarle al embajador McKinley "qué fuentes militares" le han dado esos datos y anunció que va a ordenar una investigación para descubrir a los informantes.
"Yo me voy a asesorar en la parte legal de la institución para iniciar, previa autorización del Ministerio de Defensa, una acción legal contra el embajador de Estados Unidos que ha sido el promotor de esta infamia", concluyó.
Según otra información de Wikileaks publicada por El País, Estados Unidos también prestará asistencia militar a Perú para acabar con Sendero Luminoso, que causó buena parte de los más de 69.000 muertos registrados en las décadas de los ochenta y noventa.
Da Silva dijo que ese tema es visto por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y declinó también comentar si es cierto que se ha contratado a un asesor israelí para implementar la nueva estrategia antisubversiva.
13 de diciembre de 2010
©semana
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samario habló sobre la drummond


La versión de ’Samario’ sobre la Drummond y los ’paras’. Alcides Tabares participó en el asesinato de dos sindicalistas de la Drummond y en entrevista con VerdadAbierta.com contó cómo fue este crimen y la relación de la multinacional con los ’paras’. También que las Auc desplazaron a campesinos en Cesar para quedarse con sus tierras llenas de carbón.
Colombia. Desde una cárcel, donde está preso desde que se desmovilizó con el Bloque Norte en 2006, Alcides Mattos Tabares, alias ’Samario’, habló con VerdadAbierta.com sobre lo que él considera fue el vínculo entre la guerra y el carbón en el Cesar.
‘Samario’, ha sido clave para las autoridades para entender los nexos de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y las investigaciones que comienzan para establecer si las Autodefensas a su cargo tuvieron o no vínculos con las grandes empresas carboneras de Cesar.
También para demostrar cómo fue la violenta arremetida de los ‘paras’ contra campesinos que tenían tierras alrededor de las minas de carbón en Mechoacán y El Prado, veredas de La Jagua de Ibirico, Cesar.
La Drummond, una de las multinacionales que opera en Cesar, ha estado en medio de varias acusaciones por parte de campesinos, víctimas y desmovilizados, que la han señalado como presunta financiadora de grupos armados en este departamento. Esta empresa enfrenta un proceso en Colombia y uno en Estados Unidos, éste último por la violencia que padecieron los sindicalistas y varias víctimas de los paramilitares a lo largo de la vía férrea entre La Loma y su puerto en Santa Marta.
’Samario llegó a Cesar en 2000, después de estar en combates en el sur de Bolívar con el Bloque Central de las Autodefensas. Sus jefes lo enviaron al Bloque Norte, en el que fue escolta y jefe de seguridad de Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, cómplice de ‘Jorge 40’ y encargado de sacarle dinero a las empresas carboneras en el centro de Cesar, donde quedan las principales minas.
Allí, ’Samario’ dice que asistió a tres reuniones entre su jefe y gente que trabajó o tuvieron contratos con Drummond: Jaime Blanco Maya, dueño de la empresa Internacional de Alimentos (ISA), proveedora de la comida de la Drummond; Jairo de Jesús Charris, quien era jefe de seguridad de ISA y que terminó en las autodefensas con el alias de ‘Viejo Miguel’; José Arístides Peinado y Jean Jakim (o Hakim), director de seguridad de la Drummond.
Aunque sólo custodió las reuniones, este paramilitar le dijo a VerdadAbierta.com, tal como lo ha contado a la Fiscalía, que ahí se coordinó para que los paramilitares cuidaran las vías férreas de las carboneras, entre Cesar y Santa Marta, Magdalena.
‘Samario’ también participó en el asesinato el 12 de marzo de 2001 de Valmoré Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Drummond. En ese momento estaban reclamando para que la empresa cambiara de proveedor de comida, en contravía con los intereses de Jaime Blanco Maya, quien  fue capturado en septiembre de 2010 por una medida de aseguramiento por los presuntos delitos de concierto para delinquir y homicidio relacionados con el crimen.
El ex paramilitar, quien llegó a ser jefe del frente Juan Andrés Álvarez, además estuvo en la masacre el 19 de mayo de 2002 de cinco campesinos de El Prado, una vereda de La Jagua de Ibirico que colinda con la mina de carbón del Encanto. Ahí sus habitantes fueron aterrorizados, desplazados y despojados de sus títulos por paramilitares que querían quedarse con las valiosas tierras.
Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, se enroló a las Auc en 1997. Dice que fue soldado y que cuando se retiró del Ejército, la falta de oportunidades, de empleo y de dinero lo empujaron hacia el paramilitarismo.
Delinquió en el Sur de Bolívar, junto a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, en donde la guerrilla y los ‘paras’ tuvieron fuertes enfrentamientos por el control de la región, de la ‘coca’, las minas de oro y los corredores estratégicos.  En 2000 se unió al Bloque Norte, donde delinquió hasta la desmovilización en 2006.
Su testimonio, así como el de Jairo de Jesús Charris, alias ‘el Viejo Miguel’, han sido tenidos en cuenta en el juicio contra la Drummond, que se está desarrollando ahora en Bogotá por el asesinato de Locarno y Orcasita. La multinacional también está en una corte de Alabama, Estados Unidos, por la demanda que presentó el abogado Terry Collingsworth por el crimen de decenas de sindicalistas en Cesar.
La Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en cortes de los Estados Unidos, uno en Alabama en donde tiene su sede principal y otro en Atlanta, y en los dos casos los jurados absolvieron la empresa de toda responsabilidad por el asesinato de Locarno y Orcasita. En todos estos casos ha negado su participación en el asesinato de los sindicalistas y también en la financiación de grupos paramilitares en Cesar.
La multinacional también ha dicho que los testimonios de ex paramilitares como ’Samario’ y ’el Viejo Miguel’ son extorsiones.
’El Viejo Miguel’ fue contratista de la Drummond pero fue despedido y contratado como jefe de seguridad de Jaime Blanco Maya, dueño de la empresa Industrial de Alimentos, ISA, que suministraba la alimentación al casino de trabajadores de la multinacionales.
Aunque Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ya aceptó su responsabilidad en el crimen, no ha dado detalles de quienes estuvieron detrás de los asesinatos de los sindicalistas. Óscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’, por su parte ha negado las afirmaciones de ‘Samario’ y de ‘el Viejo Miguel’.

La Relación con la Drummond
En la entrevista con VerdadAbierta.com, ‘El Samario’ dijo que las relaciones con la multinacional estadounidense Drummond ya existían cuando llegó a la región, en 2000. Aseguró que las autodefensas cuidaban las líneas férreas de la empresa norteamericana entre Cesar y Santa Marta, donde está el puerto de embarque del carbón.
’Samario’ fue miembro del frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en Bosconia, La Paz, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril y Chiriguaná.  Pero el presunto acuerdo entre las carboneras y los ’paras’ era supuestamente para cuidar las zonas por donde pasaba el tren y en las que coincidía con la presencia del Bloque Norte. "La misión era no dejar que la subversión volara la vía férrea", dijo.
También que la seguridad no era "únicamente con Drummond, sino con todas las carboneras de la región". En Cesar además de la multinacional estadounidense están la suiza Glencore, a través de sus filiales Carbones de la Jagua y Prodeco.
Aunque dice que no fue testigo de pagos por este "servicio", ‘Samario’ cree que éstos se negociaban directamente con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, el jefe del Bloque Norte.
En ex jefe de informática del DAS, Rafael García, importante testigo en procesos contra políticos y empresas por sus relaciones con el Bloque Norte, dijo que estuvo presente en una reunión, en la cual, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, con el fin de "eliminar obstáculos sindicales". Algo que Jiménez a negado numerosas veces.
Los contactos con Drummond, según ‘Samario’, se hicieron con Jairo de Jesús Charris, que era contratista de seguridad para la empresa. Unos meses después Charris entró a las Auc, bajo las órdenes de ‘Samario’.
El desmovilizado también mencionó a Jaime Blanco Maya, contratista de alimentos de Drummond, de quien dijo se reunió con los paramilitares varias veces, y que, en palabras de ’Samario’, era "el enlace entre nosotros y la Drummond".
’Samario’ mencionó a Jean Jakim (o Hakim) como otro de los presuntos enlaces entre el Bloque Norte y la multinacional.
En declaraciones a la Corte de Alabama, Estados Unidos, Jean Jakim(o Hakim) juró no haberse reunido con las AUC ni tener que ver con ellas, no haber pagado jamás su compañía una extorsión ni nada a un grupo armado.

Las Reuniones
’Samario’ le contó a VerdadAbierta.com que estuvo en tres ocasiones con personas que trabajaban para la Drummond.
La primera, según el paramilitar ocurrió a principios de 2001, cuando era escolta de Tolemaida. Según su relato, los ‘paras’ se encontraron con Jaime Blanco Maya en un casino de Drummond, por fuera de la empresa, cerca a la Loma de Potrerillo, un corregimiento de El Paso, Cesar. En ese momento Blanco era el contratista del casino de Drummond a través de ISA.
Ahí  ’Samario’ contó que si bien no participó en la reunión, si se encontró con Jairo de Jesús Charris, en ese entonces jefe de seguridad de ISA, de propiedad de Blanco Maya.  Charris le dijo que tenían buenas relaciones con las autodefensas, y  que incluso en varias ocasiones les dieron comida la tropa.
Un mes después de esa reunión ‘Samario’ se volvió a reunir con Blanco al frente de la entrada de la Drummond. Unas semanas después los ‘paras’, entre ellos ‘Samario’, asesinaron a Locarno y Orcasita, quienes adelantaban una protesta por la mala calidad de la comida que suministraba Isa, es decir la empresa de Blanco Maya.
Jairo de Jesús Charris, condenando a 30 años de prisión por el asesinato, dijo en su juicio que "lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato, según se acordó en la reunión del 6 de marzo anterior en la que participó Jaime Blanco y Jean Jakim, uno de los directivos de la empresa".
La última reunión en la que ‘Samario’ estuvo presente fue en la finca Los Pisos, cerca de Bosconia, Cesar. "Esa fue la más grande, con ‘Jorge 40’, ‘Tolemaida’ y el estadounidense Jean Jakim, de la seguridad de Drummond", dice el paramilitar.
‘Samario’ supuso que la reunión, que fue después del asesinato de los sindicalistas, fue para coordinar la seguridad para las vías férreas y la maquinaria de la Drummond.  Recordó además que en esa ocasión ‘Jorge 40’ felicitó a ‘Tolemaida’ por el crimen contra los sindicalistas.

El Asesinato de los Sindicalistas
El 12 de marzo de 2001 paramilitares del Bloque Norte asesinaron a Valmoré Locarno y Víctor Orcasita, dirigentes de Sintraminercol, el sindicato de los trabajadores de la Drummond.
Blanco Maya había firmado con Alfredo Araujo Castro, jefe de Relaciones con la Comunidad de la Drummond, un millonario contrato para la alimentación de los trabajadores de la mina. Sin embargo, poco antes del asesinato de los sindicalistas se conocieron cartas de los trabajadores pidiendo un cambio en el proveedor de alimentación, liderado por el sindicato y fundamentado en la convención colectiva.
Los sindicalistas también habían denunciado amenazas por parte de los paramilitares para acabar con su protesta.
Esos hechos al parecer generaron la decisión de "acabar con el sindicato", según dijo Jairo de Jesús Charris Castro, alias ‘El Viejo Miguel’, en entrevista con RCN.
‘Samario’ fue condenado por el crimen, que también confesó en Justicia y Paz. En la entrevista con VerdadAbierta.com, el desmovilizado deja claro que tuvieron varios cómplices que trabajaban en la Drummond.
El día del crimen, varios paramilitares se reunieron en San Ángel, Magdalena, donde ’Jorge 40’ tenía su base principal. Ahí se encontró con ‘Adinael’, jefe urbano del Frente Juan Andrés Álvarez y en compañía de otros hombres se dirigieron en dos camionetas hacia la mina de carbón de la Drummond.
Un empleado de la empresa llamó a los ‘paras’ y les dio el número del bus en el que los sindicalistas se desplazaban. Por su tamaño, la mina de La Loma tiene decenas de buses que circulan en la empresa cuando cambian los turnos de trabajo.
Cuando llegó el bus de los sindicalistas, los ‘paras’ lo cerraron y obligaron el chofer a seguirlos. Pararon en una trocha y subieron al vehículo. ‘Samario’ dijo que la gente se asustó cuando lo vieron. Al parecer Valmoré Locarno estaba armado y sacó su arma, pero fue abatido inmediatamente por los ‘paras’.
Después los ‘paras’ bajaron del bus a otra persona que confundieron con uno de los sindicalistas. En la camioneta de ‘Adinael’ iba un trabajador de la Drummond, que ‘Samario’ no alcanzó a ver. El desconocido alcanzó a decir que esta persona no era Víctor Hugo Orcasita y los paramilitares volvieron al bus, y se llevaron al sindicalista.
Lo metieron a la camioneta y lo llevaron hasta una bodega cerca de San Ángel, Magdalena donde quedaba una de las bases del Bloque Norte. Ahí, después de interrogarlo, asesinaron a Víctor Hugo Orcasita.
Según Jairo de Jesús Charris Castro, alias ‘El Viejo Miguel’, Jaime Blanco Maya, fue el autor intelectual del crimen con el aval de la Drummond. El antiguo jefe de seguridad de la empresa de Blanco Maya dijo que: "Yo entro al bloque básicamente por una orden de Jaime Blanco Maya".
Charris fue capturado en 2008 en Bogotá, cuando salía de un apartamento arrendando por Jaime Blanco Maya. El ex paramilitar conducía uno de los carros de Blanco Maya, según la tarjeta de propiedad que reposa en los expedientes del momento de la captura.

El Despojo en El Prado y Mechoacán
‘Samario’ también habló con VerdadAbierta.com sobre las masacres y el desplazamiento en El Prado y Mechoacán, dos veredas de La Jagua de Ibirico, que colindan con la mina de carbón El Encanto.
Según el paramilitar, a partir de 1999, las autodefensas empezaron a atemorizar y a amenazar a los campesinos de dos veredas. Allí asesinaron a 18 personas, entre ellas dos presidentes de la Junta de Acción Comunal, y a cuatro miembros de una familia de apellido Flórez.
Los campesinos atemorizados abandonaron sus tierras, que poco tiempo después perdieron, con la complicidad del notario de Chiriguaná y de algunos funcionarios del Incoder Cesar, quienes falsificaron los títulos de propiedad y se los entregaron a testaferros de los paramilitares.
’Samario’, quien estuvo en la masacre de la familia Flórez, le dijo a VerdadAbierta.com que: "Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos".

’Samario’, Su Historia como ’Para’
Dice que después de pasar por el Ejército trató de buscar trabajo pero la falta de empleo, dinero y oportunidades lo empujaron a las autodefensas.
Ingresó en 1997, en Urabá, donde hizo un curso militar en la escuela La 35. Fue enviado al Sur de Bolívar, bajo las órdenes de Rodrigo Pérez Alzate, alias’ Julián Bolívar’. En la zona tuvo combates contra la guerrilla, por el control de una región en la que campea el narcotráfico, existen minas de oro y es un corredor entre Bolívar, Antioquia y los Santanderes.
En 2000, fue trasladado al Bloque Norte, donde fue escolta de Oscar Ospino, alias ‘Tolemaida’, antes de volverse el jefe del Frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en el centro de Cesar.
Ahí contó que se financiaron con los finqueros, empresas, las alcaldías, los hospitales: "Teníamos poder, si habían amigos en el congreso nos movíamos fácil, las alcaldías las poníamos nosotros. Creo que fue el Bloque Norte el que más se financió con la parte salud, las ARS, los hospitales".
En 2006  ‘Samario’ se desmovilizó y desde entonces está preso en la cárcel de Valledupar.
13 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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militares y das acusados de homicidio


La Fiscalía acusó a dos militares y a dos integrantes de la policía secreta por el asesinato hace casi cuatro años de un presunto guerrillero que fue ejecutado extrajudicialmente, se informó el lunes.
Bogotá, Colombia. A través de un comunicado de prensa publicado en su página de Internet, la Fiscalía dijo que la medida recayó sobre el mayor del ejército Jorge Alexander Gómez Bernal, el cabo Nelson Vladimir Hernández y los detectives Jaime Alexánder Romero y Pedro Antonio Sarmiento, quienes deberán comparecer ante un juez por de delitos de homicidio y secuestro, entre otros.
Según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ernesto Cruz Becerra, que supuestamente tendría un proceso pendiente por rebelión, fue capturado el 22 abril de 2007 en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare y a 175 al noreste de Bogotá.
Pero, según la Fiscalía, el mayor Gómez dio la orden por radio de que el presunto rebelde "no llegara vivo" hasta las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta civil.
Ante la negativa de un primer militar de cumplir la ilegal orden, ésta fue finalmente ejecutada por el cabo Hernández, quien "ultimó a Cruz de varios disparos, como lo sostienen testimonios".
La Fiscalía agregó que "se estableció...que a la víctima le colocaron un fusil disparado previamente por uno de los miembros del DAS, quienes luego tomaron fotografías de la escena de los hechos".
Hasta el 15 de octubre, última información disponible, la Fiscalía investigaba la muerte de casi 2.500 civiles en ejecuciones extrajudiciales. Unos 1.100 militares eran investigados por esos hechos. Desde que estalló a mediados de 2008 un escándalo de las ejecuciones a manos de uniformados, al menos 276 militares han sido condenados y otros 56 han sido absueltos, según datos de la Fiscalía.
13 de diciembre de 2010
©noticias en español
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