mataron a berríos para silenciarlo

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Hermana de Orlando Letelier: Crimen de Eugenio Berríos impidió aclarar asesinato del ex canciller.

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[Paula Correa] La abogada Fabiola Letelier, hermana del embajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Salvador Allende y asesinado por agentes de la dictadura, Orlando Letelier, conversó con nuestra emisora sobre el actual proceso del caso Berríos y las vinculaciones de la muerte del ex químico de la DINA, señalando que "la declaración de Berríos era muy importante porque él siendo agente de la DINA conocía muy bien quiénes operaban y cómo lo hacían y sabía quiénes habían planificado la operación de Orlando Letelier en Estados Unidos".
Una fuerte crítica a los medios de comunicación chilenos realizó la abogada y hermana de Orlando Letelier, Fabiola Letelier, en conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile ante el silencio y la poca cobertura a casos históricos de derechos humanos.
Si bien en septiembre el juez Alejandro Madrid dictó sentencia a 19 involucrados en la muerte del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos, posteriormente se presentaron distintas solicitudes de apelación a dichas sentencias, un proceso que advirtió no ha sido informado, ni comentado y que se relaciona directamente con el asesinato de Orlando Letelier.
"Esto es un escándalo importante. Lo que pasa es que la prensa chilena sólo publicó la noticia en el momento, pero jamás se ha interesado en profundizar que es lo que había en este caso. Se trata de un caso muy largo y complejo que tiene mucha información que debería conocerse para demostrar a los grados de corrupción a que llegaban sectores militares, aún después de la dictadura", enfatizó la abogada.
Eugenio Berríos fue conocido por elaborar armas químicas como el gas sarín, que en primera instancia se pretendía utilizar con Orlando Letelier, operación que luego fue modificada, siendo finalmente asesinado en el marco de la Operación Cóndor en los Estados Unidos en plena dictadura militar.
Una vez retornada la democracia, el juez a cargo de la investigación citó a Berríos a declarar dos veces, a las que no concurrió, por lo que el ministro Bañados decretó "orden de aprensión" en su contra. A partir de esa decisión judicial el químico es sacado del país en una operación conocida como "Control de Bajas".
"Lo que está absolutamente claro en toda la investigación es que el motivo para sacar a Berríos de Chile era evitar que éste pudiera declarar en esa época ante el ministro Bañados, quien investigaba el caso Letelier. La declaración de Berríos era muy importante porque él, siendo agente de la DINA, conocía muy bien quiénes operaban y cómo lo hacían y sabía quiénes habían planificado la operación de Orlando Letelier en Estados Unidos", precisó Fabiola.
La abogada afirmó que, al ser Berríos un agente civil, fue absolutamente necesario sacarlo del país, ya que no estaba sometido al juramento de silencio que hicieron todos los militares para defender a Pinochet, por lo que podría haber entregado elementos importantes para aclarar el caso Letelier.
En abril de 1995, en una playa en Uruguay, se encontró un cadáver que correspondería al del ex químico de la DINA, lo que conforma la investigación que aún está abierta. Sin embargo, el caso Letelier siendo un importante hecho de terrorismo internacional, se cerró en 1993, con sólo dos sentencias de 6 y 7 años.
Algo que para Fabiola Letelier es una burla, ya que aún existen muchos involucrados en la impunidad. Por esta razón, la abogada insistió en la necesidad de seguir adelante en la investigación de Berríos, para establecer las conexiones que permitan reabrir el caso y aclarar quiénes son los responsables de la muerte de Orlando Letelier.
3 de diciembre de 2010
©radio u de chile

tita, presente en el juicio oral

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Juicio a la patota: declararon su hija, sus dos hermanas, su esposo. La historia de la represión a la familia Marciani es elocuente sobre uno de los objetivos fundamentales del terrorismo de Estado: destruir la organización de los trabajadores. Gladis y Teresita trabajaban en el Swift, Luisa en la ex C.A.P.

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[Sonia Tessa] Argentina. Luisa Tita Marciani estuvo muy presente toda la semana en el juicio oral contra los represores rosarinos, en distintos testimonios. La mujer fue secuestrada el 31 de enero de 1977, al igual que gran parte de su familia: su hija de 20 años, Gladis Gómez, sus dos hermanas, Teresita y Gladis Marciani, su esposo, Carlos Gómez y su cuñado Eduardo Márquez. Tita tenía un embarazo a término. Después de estar retenidas en el Servicio de Informaciones, las mujeres fueron llevadas a la Alcaidía. Tita comenzó a sentirse mal, cada vez peor, sentía que su bebé no se movía dentro del vientre, y sufrió hemorragias de sangre oscura, casi negra. Las compañeras de cautiverio -Stella Hernández, Olga Cabrera Hansen, María del Carmen Sillato, María Inés Luchetti de Bettanín, Elida Deheza, sus hermanas, entre otras les pedían con insistencia a las celadoras que internaran a Tita. Pero jamás recibió atención médica, hasta que fue tarde. Cuando la llevaron a la Asistencia Pública de entonces (actual Maternidad Martin), no quisieron recibirla por su comprometido estado de salud. En el hospital Provincial, su hijo nació muerto y ella falleció dos días después, el 13 de marzo de 1977. Las carceleras entraron a la Alcaidía, le comunicaron la noticia a la hija de Tita y le prohibieron llorar.
La historia de la represión a la familia Marciani es elocuente sobre uno de los objetivos fundamentales del terrorismo de Estado: destruir la organización de los trabajadores. Eran militantes sindicales de la carne, Gladis y Teresita trabajaban en el Swift, Luisa en otro frigorífico, la C.A.P. Ayer declararon Teresita y las dos Gladis, así como Márquez. Se les quebró la voz al recordar a Tita, así como al contar cómo fueron torturados. Gladis, la hija, tiene marcas en los tobillos de las lastimaduras que le hicieron las sogas que usaron para amarrarla mientras le aplicaban la picana eléctrica. "Fui torturada, pero mucho menos que mi sobrina", dijo ayer la otra Gladis, la tía. A Márquez, la tortura le paralizó las dos manos durante mucho tiempo.
Teresita y Gladis Marciani fueron secuestradas frente a la Asistencia Pública, en Moreno y Rioja, cuando habían ido con sus parejas a hacerse los análisis para casarse. Las dos estaban embarazadas. Fueron llevadas por personas de civil -"vestidas con pantalones vaqueros" al Servicio de Informaciones, donde las vendaron y las torturaron. Lo mismo, pero con más saña, le ocurrió a Gladis Gómez, a quien desde que era una niña le dicen Lala. "Me preguntaban si yo era de una organización montonera y les dije que ni sabía qué era eso", declaró ayer, y contó: "Me descompuse de tanta tortura que me hicieron". Recordó que sus torturadores fueron El Ciego (José Rubén Lofiego) y Managua (Ernesto Vallejos, que no está acusado en esta causa).
También a Márquez, el marido de Teresita, lo torturaron. Cuando lo contó frente al Tribunal, ayer, no pudo contener el llanto. Sentado allí, frente a los jueces, ese hombre grandote, de camisa blanca, contó que lo picanearon "por todos lados" y luego lo llevaron a La Favela, el entrepiso donde iban algunos detenidos. Allí permaneció solo y luego estuvo dos años en la cárcel de Coronda. Cuando lo visitó el mayor Fernando Soria, quien se encargaba de los consejos de guerra, entre otras tareas, le preguntó por qué estaba allí. "Ustedes saben por qué estoy aquí", le dijo el detenido. Soria le confesó que lo habían llevado por el daño que le habían provocado en las manos, y le prometió liberarlo en 10 días. La jueza Beatriz Barabani le preguntó al testigo si había recibido algún tratamiento para recuperar la movilidad. "La rehabilitación me la hacía yo con migas de pan, hacía así", dijo, mientras mostraba cómo cerraba y abría los puños. "Lo único que no se recuperó es un dedo que todavía no puedo mover", expresó mientras mostraba al tribunal su mano derecha.
La entonces esposa de Márquez, Teresita Marciani, fue la primera en declarar. Ya había dicho que a su esposo "lo torturaron alevosamente", la misma expresión que usó para describir los tormentos a su sobrina. El 25 de marzo de 1977, cuando estaba en la Alcaidía, Teresita fue trasladada a la Asistencia Pública para tener a su bebé, Eduardo, que estuvo con ella durante 6 meses. Luego, ella fue trasladada a Devoto y el bebé se fue con la abuela, la única de la familia que estaba en libertad. Cuando el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, le preguntó por su militancia política, Teresita dijo orgullosa: "Gremialista".
A la salida del Tribunal, las dos Gladis expresaron su "alivio" después de declarar y recordaron a Tita. Teresita, muy elocuente, con la sonrisa a flor de piel, contó que trabajó en el Swift desde 1965 hasta su secuestro. Al salir de prisión, la empresa no la reincorporó ni la indemnizó. Pero el principal recuerdo fue para su hermana: "Cuando pasó lo de Tita fue un dolor muy grande, que no lo vas a superar jamás. Te da mucha indignación que por falta de atención de los médicos y los hijos de puta de los represores no haya tenido la atención que merecía".
2 de diciembre de 2010
©página 12

asesinan a madre de testigo

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Aparente implicado en el asesinato es el ex senador Luis H. Gómez Gallo [en la foto], como una forma de presionar a testigo para que no delata sus nexos con paramilitares. Dos días antes de comenzar el juicio al ex congresista tolimense Luis Humberto Gómez Gallo, la madre de uno de los testigos de la ‘parapolítica’ en el Tolima, Robinson Javier Guilombo, fue asesinada a manos de desconocidos.

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Colombia. Numidia Arroyo Avilez, madre de Robinson Javier Guilombo, testigo en el juicio que se le adelanta al ex presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, fue asesinada en su vivienda ubicada en la vereda Bellavista, municipio de Planadas (Tolima).
Según se conoció en el inicio del juicio al político tolimense, la señora Arroyo murió luego de recibir más de 25 disparos por parte de desconocidos durante el fin de semana pasado.
Quilombo fue traído desde Estados Unidos, donde es testigo protegido, para que declare en el juicio contra el ex senador Gómez Gallo. El testigo fue cómplice del extraditado narcotraficante  Eduardo Restrepo Victoria alias ‘El Socio’, quien a la luz de algunos testimonios, presuntamente estuvo relacionado con el ex senador tolimense.

La Historia detrás de Quilombo
En agosto de 2006, la revista Semana publicó una nota con el nombre ‘La otra verdad de El Socio’ en la que detallaba la historia detrás de este testigo. En ese momento, la publicación se refería a Quilombo como un joven nacido hace 21 años en Planadas, Tolima, y que fue reclutado a la fuerza por las Farc cuando tenía apenas 12 años. Después de cuatro años de estar en la guerrilla se voló e ingresó al bloque Tolima de las AUC.
Por medio de este grupo paramilitar, relata el artículo, Quilombo se volvió escolta de ’El Socio’ en 2003. Según las autoridades, conoce al dedillo a Restrepo. Sabe de memoria los nombres de sus esposas, de sus amantes, de sus 13 hijos y detalla la ubicación de cada una de las propiedades de su ex jefe. "Con Lida tiene tres hijos. Una niña, Lupe, de 5 años, es ahijada de Varela... En el barrio Interlaken tiene otro apartamento en donde vive otra de sus mujeres que es modelo. Se llama Sandra y le dicen ’la Barbie’...", dicen algunos apartes de las declaraciones otorgadas a la Fiscalía en su calidad de testigo protegido.
Durante su declaración, Quilombo le contó al fiscal de los vínculos de su patrón con políticos "importantes", empresarios, abogados y policías del Tolima. Cuando le preguntaron si durante su labor como escolta observó la presencia de políticos en la finca La Morena o en propiedades de Restrepo, Quilombo contestó: "Yo una vez observé a Gómez Gallo".
De acuerdo con el artículo de Semana, esta no era la primera vez que el nombre del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo sale a relucir en investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos vínculos con ’El Socio’. Sobre ese tema, el político tolimense le dijo en su momento a Semana: "Mire, en Ibagué todo el mundo sabe quién es ese mafioso. Nunca he sido amigo de ese hombre. Lo conozco desde que era pobre y luego apareció de un momento a otro con un poco de dinero. Él sí se acercó a cuatro o cinco ricos de Ibagué que le abrieron la puerta e iban a sus fiestas. Uno sí los veía por ahí en los sitios nocturnos. Pero cuando él entraba por una puerta, yo salía por la otra, yo le huía, así de sencillo".

El Primer Día de Juicio a Gómez Gallo
Durante el primer día de audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el ex senador tolimense se defendió de las acusaciones en su contra de presuntos nexos con las Autodefensas en su departamento. El ex congresista negó cualquier tipo de vínculo con el Bloque Tolima, así como la supuesta celebración de tres reuniones con miembros de este bloque paramilitar para supuestamente buscar apoyo en sus campañas al congreso entre 2002 y 2006.
Gómez Gallo rechazó las acusaciones que lo vinculan con ex jefes de las Auc como alias ‘Elías’, a quien se refirió como un comandante que sólo estuvo 10 meses al mando del grupo paramilitar antes de que lo mataran, en febrero de 2002,  y que no tuvo ninguna injerencia en las elecciones de ese mismo año.
"Nunca vi a un solo paramilitar en el departamento del Tolima. Sí escuché de ellos y de su presencia pero nunca los vi", señaló el político.
El ex congresista explicó que a la luz de los resultados electorales es imposible demostrar sus vínculos con el paramilitarismo. Gómez Gallo se refirió a que mientras en 1998 obtuvo más de 70 mil votos, sin la presencia paramilitar en el Tolima, y que para 2002 su votación descendió en casi 20 mil votos, la época de actividad paramilitar en el departamento.
El ex senador tolimense calificó de "montaje" todas las acusaciones, asegurando que el Bloque Tolima de las AUC fue un grupo de extorsionistas sin "dominio real" en el departamento, y que desarrollaron un complot contra varios dirigentes políticos de la región, incluyéndolo a él.
Respecto a su relación con el ex representante Gonzalo García Angarita, condenado por ‘parapolítica’, el ex senador dijo que nunca tuvo pactos con él y que sus candidaturas al congreso en 2006 fueron producto de los acuerdos alcanzados por una junta de líderes tolimenses que los apoyó para esas elecciones.
Así mismo, el ex congresista negó cualquier tipo de vínculo con el extraditado narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria alias ‘El socio’, rechazando las acusaciones que lo señalan de haber recibido 300 millones de pesos de parte del narcotraficante.
El juicio contra  el ex congresista continuará toda esta semana.

El Caso contra Gómez Gallo
Luis Humberto Gómez Gallo, ex senador Conservador del Tolima se entregó a finales de enero de este año en el norte de Bogotá al CTI de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por la investigación que se adelanta en su contra por sus presuntos vínculos con las autodefensas.
Según la investigación Luis Humberto Gómez Gallo presuntamente recibió 300 millones de pesos de manos de Eduardo Victoria alias ’El Socio’, extraditado a los Estados Unidos.
Gómez Gallo declaró a los medios en la bunker de la Fiscalía que sentía tristeza y negó sus vínculos con las autodefensas. En Tolima algunos dirigentes políticos entrevistados por Caracol Radio respaldaron al ex presidente del Senado y atribuyeron la captura a una persecución contra los políticos del departamento.
El político tolimense ya había estado detenido en diciembre de 2007 después de que varios desmovilizados del Bloque Tolima denunciaron sus nexos con los ‘paras’.
Sin embargo en agosto de 2008 la Fiscalía precluyó la investigación que se seguía contra el ex presidente del congreso ya que encontró inconsistencias en los testimonios de los ex paramilitares.
Pero una jurisprudencia de octubre de 2009 permitió que la Corte Suprema de Justicia retomara los procesos de parapolítica.
Varios desmovilizados del Bloque Tolima lo acusaron de reunirse en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y el extraditado Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
Gómez también fue señalado por los ‘paras’ de haber desviado recursos públicos para financiar las Auc cuando era alcalde de Valle de San Juan, en el periodo 2001-2003.
José Milton Bedoya, alias ‘Moisés’ además dijo que el político le dio 300 millones de pesos para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño en 2001.
Según ’Moisés’, entre junio y julio del 2001, el congresista presuntamente se reunió en tres ocasiones con el comandante ’Elías’ para solicitar la muerte de Avendaño, al parecer por problemas pasionales.
La primera reunión fue sido en el hotel Tocarema, de Girardot. La segunda en la finca La Chiguagua, en la vereda Tomín del municipio de San Luis (Tolima) y la tercera en un restaurante del centro de Ibagué, en la que además también participó Eduardo Restrepo, el ’Socio’.
El político Conservador  también fue vinculado por el ex ‘para’ Róbinson Javier Guillombo, alias ’Esteban’, quien habló de una supuesta reunión para recibir dinero de los paras a la que asistió Eduardo Restrepo, alias el ’Socio’, un narcotraficante que fue extraditado el 11 de diciembre de 2007.
"En el interior de la organización se comentaba que Gómez Gallo era de la nómina de Eduardo Restrepo alias ’El Socio’", dijo Guillombo en su declaración a la Fiscalía.
El senador Luis Humberto Gómez Gallo fue presidente del Congreso en el periodo 2004-2005 y fue impulsor de proyectos de trascendencia para el Tolima como la doble calzada Bogotá-Cajamarca, el Túnel de La Línea y el Triángulo del Tolima.
Es Ingeniero Industrial, padre de tres hijos, y nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué. Fue concejal de Ibagué en tres periodos consecutivos y Senador desde 1997.
En 2006 Gómez Gallo fue reelegido al Senado por el Partido Conservador con 46.897 votos.
2 de diciembre de 2010
23 de noviembre de 2010
©verdad abierta

cables demuestran intromisión y servilismo

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columna de lísperguer

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Prensa trata de minimizar impacto de revelaciones de wikileaks.

Aunque no conocemos todo el contenido de los cables, lo que ya sabemos convierte en ridículos los intentos de minimizar su impacto. Mucho más que chismes, los cables muestran la persistente intromisión de EUA en asuntos internos de países aliados, una generalizada falta de ética y el uso del secreto y la diplomacia para realizar y/o encubrir actividades ilegales contra gobiernos amigos y enemigos. Las presiones sobre ministros y jueces españoles para evitar el juicio de tres soldados estadounidense autores del asesinato de un fotógrafo español en Bagdad en 2003 provocaron que la Audiencia Nacional archivara el caso (hoy reabierto) y tiene en una muy difícil posición a los políticos que se dejaron presionar para denegar justicia a un ciudadano español. Este es un delito gravísimo, que podría o debería poner fin a la carrera política de muchos peninsulares. El secreto (lo mismo que la valija diplomática) no ha de usarse para cometer actos ilícitos.
lísperguer

ex senador era paramilitar

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Desmovilizado dice que "Gómez Gallo estaba en la nómina de la organización". Robinson Javier Guilombo, desmovilizado del Bloque Tolima de las Auc, dijo que el ex senador tolimense recibía dinero de los ‘paras’ y que enterró dos libros de contabilidad que lo prueban. Gómez Gallo fue elegido al Senado en 2006 por el Partido Conservador.

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Colombia. En una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, Robinson Javier Guilombo, ex escolta de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ y testigo en el juicio contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, le dijo a los magistrados que el político tolimense se hospedó en alguna oportunidad en un apartamento de su jefe, y reiteró que Gómez Gallo hacía parte de la nómina de los ‘paras’.
Para sustentar sus afirmaciones, Guilombo afirmó: "Tengo unos libros del ’Socio’ donde está la contabilidad de él. Los escondí debajo de una piedra con un AK-47. Ahí están los pagos que él hacía a los políticos, con nombres, fechas y cantidades que se entregaban. Si me llevan en helicóptero escoltado con el Ejército, yo los saco".
"Me los entregaron después de un allanamiento y los vi por encimita, pero ahí están dos policías: el capitán Saavedra y otro oficial de alto rango de apellido Galvis; lo mismo que gente del Ejército", señaló Guilombo, al que le asesinaron su madre hace una semana en Planadas, Tolima.
El lugar exacto donde están escondidos los libros de contabilidad del ex ‘para’ sólo fue revelado a los magistrados de la Sala Penal de la Corte, que ordenaron de inmediato una inspección al sitio. Los libros no fueron encontrados en las primeras diligencias de las autoridades y la Corte ordenó intensificar su búsqueda.
Guilombo se defendió señalando que: "Eso lo sacaron de ahí. Ahí hay mucha gente involucrada y eso puede joder a mucha gente", aseveró. "Ahí estaban los pagos de todos los policías del Tolima y del senador".
Dos agentes del CTI, que fueron a la finca Palma del Río donde supuestamente estaban enterrados los dos libros de contabilidad. Allá encontraron pedazos de tela y plástico, además de un pequeño tarro sin tapa, que Gilombo reconoció. Los funcionarios judiciales dijeron que es posible que el entierro haya sido removido en algún momento por la manera como se encontraron los elementos.
El ex ‘para’ también dijo que en los libros hay pruebas de pagos y nexos con agentes de la Policía que supuestamente escoltaron a su jefe Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
"Yo recuerdo el nombre del Senador Gómez Gallo y de algunos policías como el capitán Galvis de la Policía del Tolima, el sargento Lugo y otro de apellido Saavedra, que era el que transportaba a alias ’el socio’ en patrullas de la Policía", indicó Guilombo.
El senador Gómez Gallo por su parte rechazó las afirmaciones de Guilombo. Dijo que el testigo sólo se acordaba de su nombre y no el de otras personas.
Guilombo también denunció que le ofrecieron 250 millones de pesos para que no atestiguara en contra Gómez Gallo, detenido en La Picota de Bogotá por sus presuntos nexos con el Bloque Tolima de las AUC. El testigo dijo que quiso tomarlo, pero sólo para llevarlo a la Corte y probar el intento de corrupción.

La Historia de Guilombo
En agosto de 2006, el artículo de Semana ‘La otra verdad de El Socio’ señala que Guilombo nació en 1985 en Planadas, Tolima. Con sólo 12 años fue reclutado a la fuerza por las Farc. Después de cuatro años de estar en la guerrilla se voló e ingresó al bloque Tolima de las Auc.
En las autodefensas se volvió escolta de Eduardo Restrepo Victoria, alias ’El Socio’, en 2003. Según las autoridades, conoce muy bien ‘El Socio’, los nombres de sus esposas, de sus amantes, de sus 13 hijos y la ubicación de cada una de sus propiedades.
Durante su declaración, Guilombo le contó a la Fiscalía los presuntos vínculos de su patrón con políticos, empresarios, abogados y policías del Tolima. Cuando le preguntaron si durante su labor como escolta observó la presencia de políticos en la finca La Morena o en propiedades de ‘El Socio’, Quilombo contestó: "Yo una vez observé a Gómez Gallo".
De acuerdo con el artículo de Semana, esta no era la primera vez que el nombre del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo sale a relucir en investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos vínculos con ’El Socio’.
El político tolimense le dijo en ese momento a Semana: "Mire, en Ibagué todo el mundo sabe quién es ese mafioso. Nunca he sido amigo de ese hombre. Lo conozco desde que era pobre y luego apareció de un momento a otro con un poco de dinero. Él sí se acercó a cuatro o cinco ricos de Ibagué que le abrieron la puerta e iban a sus fiestas. Uno sí los veía por ahí en los sitios nocturnos. Pero cuando él entraba por una puerta, yo salía por la otra, yo le huía, así de sencillo".

El Caso contra Gómez Gallo
Luis Humberto Gómez Gallo, ex senador Conservador del Tolima se entregó a finales de enero de este año en el norte de Bogotá al CTI de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por sus presuntos vínculos con las autodefensas.
Según la investigación Luis Humberto Gómez Gallo presuntamente recibió 300 millones de pesos de Eduardo Victoria, alias ’El Socio’, extraditado a los Estados Unidos.
El político tolimense ya había estado detenido en diciembre de 2007 después de que varios desmovilizados del Bloque Tolima denunciaron sus nexos con los ‘paras’.
Sin embargo en agosto de 2008 la Fiscalía archivó la investigación por inconsistencias en los testimonios.
Pero una jurisprudencia de octubre de 2009 permitió que la Corte Suprema de Justicia retomara los procesos de parapolítica.
Varios desmovilizados del Bloque Tolima lo acusaron de reunirse en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
Gómez también fue señalado por los ‘paras’ de haber desviado recursos públicos para financiar las Auc cuando era alcalde de Valle de San Juan, entre 2001-2003.
José Milton Bedoya, alias ‘Moisés’ además dijo que el político le dio 300 millones de pesos para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño en 2001.
Según ’Moisés’, entre junio y julio del 2001, el congresista presuntamente se reunió en tres ocasiones con el ex jefe ‘para’ alias ’Elías’ para planear la muerte de Avendaño, al parecer por problemas pasionales.
La primera reunión fue en el hotel Tocarema, de Girardot. La segunda en la finca La Chiguagua, en Tomín, una vereda de San Luis (Tolima) y la tercera en un restaurante del centro de Ibagué, en la que además también participó ‘El Socio’.
El senador Luis Humberto Gómez Gallo fue presidente del Congreso en el periodo 2004-2005 y fue impulsor de proyectos de trascendencia para el Tolima como la doble calzada Bogotá-Cajamarca, el Túnel de La Línea y el Triángulo del Tolima.
Es Ingeniero Industrial, padre de tres hijos, y nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué. Fue concejal de Ibagué en tres periodos consecutivos y Senador desde 1997.
En 2006 Gómez Gallo fue reelegido al Senado por el Partido Conservador con 46.897 votos.
2 de diciembre de 2010
30 de noviembre de 2010
©verdad abierta

juicio en francia por desaparecidos

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Se inicia juicio en Francia por cuatro asesinatos de la dictadura.

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París, Francia. Tras doce años de gestiones judiciales, este 8 de diciembre se inicia en París el juicio contra ex militares y agentes de la dictadura por su participación en el asesinato y desaparición de cuatro ciudadanos franco-chilenos tras el golpe del 11 de septiembre de 1973.
Se trata de Jean-Yves Claudet, Alfonso Chanfreau, Georges Klein y Etienne Pesle, por cuyos crímenes serán juzgadas 14 personas en ausencia, luego de que no reconocieran la competencia de los tribunales franceses. Entre ellos se encuentran los mismos ex militares y agentes que ya han sido acusados de numerosos crímenes en Chile, como Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Basclay Zapata, Miguel Krasnoff, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, José Zara y Enrique Arancibia Clavel, quien fue juzgado en Argentina. Originalmente la lista incluía a Augusto Pinochet y Paul Schäfer, quienes al igual que otros tres acusados murieron en el intertanto.
"Este juicio es el fruto de la voluntad incansable, mantenida sin fallar durante más de treinta años, de parte de los familiares de las víctimas que nunca consiguieron justicia en Chile donde la Ley de Amnistía no ha sido aún derogada. Las asociaciones que se constituyeron parte civil en este juicio, incluida la nuestra, quieren ser un apoyo y una caja de resonancia para devolver su verdadera importancia a esta gestión de búsqueda de verdad y justicia elementales", dijo en un comunicado la Asociación de ex Presos Políticos en Francia. El inicio del juicio, que se extenderá hasta el 15 de diciembre, también fue celebrado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Codepu y la Liga Francesa de los Derechos Humanos. Los abogados de las víctimas esperan que este sea un juicio histórico.
Tras ser postergado en 2008, el juicio tendrá lugar en la corte con más alta jurisdicción criminal en Francia y los crímenes que se imputarán corresponden a desaparición forzada, que de acuerdo a la legislación de ese país están calificados como arresto y secuestro agravados por tortura y actos de barbarie.
Paralelamente, en Italia se desarrolla el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech, quien fue detenido durante un viaje a Europa debido a las órdenes de captura que pesaban en su contra en la investigación por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano, Omar Venturelli.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©ciper chile

eua contra el juez garzón

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El "antiamericano" Garzón tuvo especial seguimiento. La embajada consideraba al magistrado un personaje incómodo y presionó para acabar con la jurisdicción universal.

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[Jesús Duva] Madrid, España. La embajada de EE UU en Madrid tuvo en su punto de mira a la Audiencia Nacional y, sobre todo, a los jueces y fiscales que manejan asuntos que afecten a su país. Los documentos secretos revelan que uno de los magistrados con mayor marcaje era Baltasar Garzón, sobre todo ante la posibilidad de que iniciara procedimiento contra autoridades estadounidenses por torturas a presos en Guantánamo.
Garzón está hoy suspendido de funciones en tanto se le investiga por presunta prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. En los últimos 20 años ha sido el azote de etarras, narcos e implicados en la guerra sucia de los GAL. Pasó fugazmente por la política al concurrir en 1993 al Congreso como número dos en la lista por Madrid que encabezaba Felipe González. Se hizo mundialmente famoso tras promover en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La preocupación de Washington se desató a raíz de que la policía española, por orden de Garzón, tramitara en 2004 una solicitud para interrogar a dos presos en Guantánamo (el libio Omar Amer Deghayes y el palestino Jamil Abdul Latif El Banna). Esta petición estaba relacionada con su investigación sobre Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, arrestado en España en noviembre de 2001. Abu Dahdah fue el presunto reclutador de ambos individuos y es muy importante dentro del terrorismo islamista, según el cable 14107. Garzón tenía abierto un proceso por pertenencia a Al Qaeda contra los dos presos mencionados, así como contra Hamed Abderrahman Ahmed, ‘El talibán español’, y Lahcen Ikassrien, a los que policías españoles habían ido a interrogar en Guantánamo.
El 13 de febrero de 2004, el Consejo de Ministros había aprobado el requerimiento de Garzón para extraditar a Deghayes y El Banna. Esta decisión coincidió con la entrega por Estados Unidos de ‘El talibán español’ a la justicia española.

El Limbo Jurídico de Guantánamo
La actuación del magistrado intentando hurgar en el limbo jurídico de Guantánamo generó gran nerviosismo. No obstante, el Ejecutivo estadounidense le facilitó en esa misma época información que le permitió detener en octubre de 2004 a ocho supuestos islamistas que planeaban volar con explosivos la Audiencia Nacional. "Las detenciones estaban basadas en parte en información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos", recalca el cable confidencial 21797. El comentario con el que concluía esta nota diplomática señalaba que "estas detenciones han supuesto un significativo éxito tanto para el Gobierno de Estados Unidos como para Garzón", sobre el que remachaba que es "un juez particularmente agresivo al que le gusta el brillo". Esa redada fue el inicio de la Operación Nova, que concluyó en 2008 con la absolución por el Supremo de 14 de los 20 encausados.
Como el asunto de Deghayes y El Banna aún no estaba resuelto en septiembre de 2007, la embajada contactó con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien explicó que tenía dudas sobre las pruebas que había contra los ex presos de Guantánamo que reclamaba Garzón. El informe de la embajada recuerda que este era el juez instructor de la causa en la que también habían sido procesados ‘El talibán español’ y Lahcen Ikassrien. Ambos habían sido absueltos en 2006 porque, a pesar del interés de Garzón, ninguna prueba obtenida en Guantánamo tenía valor jurídico. Según la embajada, Garzón tuvo entonces "un día de protagonismo en la prensa criticando la existencia de Guantánamo" y opinaba que probablemente "no se lo pensaría dos veces para volver a obtener un éxito similar" (informe 122.552).
No parece casual que el embajador Eduardo Aguirre se viese en la Navidad de 2007 con el magistrado, quien admitió que "no siempre estaba de acuerdo" con los métodos antiterroristas de Estados Unidos. Garzón reflexionó sobre el caso del traficante de armas Monzer Al Kassar, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos. Garzón opinó con acidez que Al Kassar "empezaría a cantar como un canario cuando estuviese bajo custodia norteamericana para alcanzar un acuerdo".

"No Nos Hacemos Ilusiones con Garzón"
El comentario que la reunión con Garzón mereció al redactor del informe (firmado por el embajador Aguirre) fue: "Tiene una postura claramente antiamericana (como evidencian sus artículos de prensa criticando la existencia de la prisión de Guantánamo) y ciertamente no nos hacemos ilusiones con él" (cable 135369).
Los recelos sobre Garzón alcanzaron su punto álgido en 2009, cuando pretendió entablar proceso contra seis altos cargos de la era Bush en relación con seis presos de Guantánamo españoles o residentes en España (entre ellos, ‘El talibán español’). Ante este nuevo embrollo, la embajada volvió a pedir colaboración al fiscal Zaragoza.
En mayo de 2009, el juez abrió otra investigación por presuntas torturas a detenidos en Guantánamo. Y de nuevo la Embajada acudió a Zaragoza en busca de consejo. Este tranquilizó a sus interlocutores y planteó usar un ardid para cortocircuitar y avergonzar a Garzón: recordando que este había enviado años atrás a policías españoles para tomar declaración a unos presos en Guantánamo, sin tener en consideración las especiales circunstancias de su encarcelamiento y sin hacer nada cuando los presos llegaron a España y le hablaron de torturas (cable 205579).
En otros informes, la embajada recuerda artículos de prensa publicados por Garzón en los que fustiga al ex presidente José María Aznar , al ex primer ministro británico Tony Blair y al ex presidente George W. Bush , así como intervenciones en un documental en el que arremete contra la política de Estados Unidos y la existencia del limbo de Guantánamo.
Los papeles de la embajada revelan un curioso episodio relacionado con el magistrado: la negativa de Washington a asignar dos agentes secretos para darle escolta. Ocurrió en 2005, cuando fue a Nueva York para dar clases durante nueve meses sobre terrorismo. El Ejecutivo español le adjudicó dos guardaespaldas y solicitó otros dos al de Estados Unidos. Pero este rechazó tal solicitud escudándose en que carecía de personal porque tenía una "extrema demanda" de este tipo de agentes (cable 26932).
Garzón y otros compañeros han sido el objetivo de otra tenaz batalla diplomática para acabar con su "irritante" empeño en aplicar la jurisdicción universal. Sobre todo, ante los intentos de procesar a altos funcionarios de la Administración Bush. El Ejecutivo estadounidense dedicó muchos esfuerzos desde el año 2006 para impedir que España se convirtiera en "el guardián del mundo".
La jurisdicción universal que blandía la Audiencia Nacional era una pesadilla para Washington. Un informe sobre los vuelos de la CIA, que instruía el juez Ismael Moreno, alertaba: "Hemos comprobado que en casos similares los jueces españoles han protegido ferozmente su independencia y están dispuestos a abrir nuevos caminos sobre cuestiones de jurisdicción" (cable 91121). La embajada aconsejaba a mediados de 2009 que se presionara al influyente ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con el asunto de Guantánamo haciéndole notar que "no es útil" para las buenas relaciones bilaterales. Por fin, el Parlamento español, tras las presiones israelíes por la apertura de un caso por crímenes en Gaza, aprobó en 2009 una ley que recortaba la jurisdicción universal.
2 de diciembre de 2010
©el país

españa conmocionada con filtraciones

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Expertos penales creen que la fiscalía vulneró la ley en sus tratos con EE.UU. Aprecian faltas disciplinarias, infracción de derechos fundamentales y hasta delitos.

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Madrid, España. "Una obscenidad", según Leopoldo Torres, uno de los abogados de los familiares del caso Couso. "Un grave atentado a la soberanía nacional y a la independencia del Poder Judicial", según la Asociación Libre de Abogados (ALA), que define como "clientelismo y vasallaje" la relación entre la Fiscalía española y la Embajada de Estados Unidos en los casos más preocupantes para el Gobierno de ese país que se siguen en la Audiencia Nacional y en los que ALA ejerce la acusación: Couso, los vuelos de la CIA y las torturas de Guantánamo.
Los contactos entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el responsable del ministerio público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, con diplomáticos de EE UU, revelada por los cables diplomáticos facilitados por Wikileaks a EL PAÍS, ha causado una honda impresión en el mundo judicial. La ALA ha pedido la dimisión de los dos primeros y que Mota sea apartado del caso de los vuelos de la CIA.
Hasta sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron público un comunicado ayer en el que reclaman a Conde-Pumpido "las más detalladas explicaciones" sobre esos contactos "para disipar cualquier atisbo de duda". Para la UPF, la fiscalía debe guiarse "exclusivamente por la legalidad y el derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta razón de Estado". EL PAÍS ha consultado a profesores, abogados, jueces y fiscales por la responsabilidad en que los fiscales podrían haber incurrido. Este es el resultado.

Evitar arrestos con los consejos de Conde-Pumpido
Cándido Conde-Pumpido informó puntualmente a la Embajada de EE UU sobre la posición que mantendría la fiscalía en el caso Couso y sus esfuerzos para que se archivara (lo consiguió en dos ocasiones). También recomendó al embajador que contestara un requerimiento del juez Santiago Pedraz sobre las identidades de los militares imputados para que no pareciera que no colaboraban. Estas son las posibles infracciones que, según juristas consultados por EL PAÍS, pudieron cometerse.

-Asesoramiento ilegal del fiscal general a la embajada. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prohíbe a los fiscales cualquier tipo de asesoramiento jurídico. Los abogados del caso consideran que el fiscal incumplió esta prohibición castigada con una sanción disciplinaria.

-Prohibición de revelar datos del sumario. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal declara reservadas todas las diligencias que se practiquen en una investigación penal y castiga con multa a quien las revele a cualquiera que no esté personado en el proceso. La Asociación Libre de Abogados considera que el fiscal pudo haber infringido ese precepto.

-Revelación de datos conocidos en ejercicio de funciones. El EOMF lo sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitación de un proceso o a cualquier persona".

-Encubrimiento. La acusación del caso Couso cree que pudo cometerse un delito de encubrimiento del 451 del Código Penal por "ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad".

Elegir el Juzgado Más Favorable al Archivo
En el caso de las torturas en la prisión ilegal de Guantánamo, la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, según los cables del Departamento de Estado, adelantó a la embajada de EE UU que intentaría que el caso recayera en el juez Ismael Moreno en lugar de Baltasar Garzón. También aconsejó a las autoridades de ese país que abrieran una investigación para evitar que la española pudiera seguir adelante.

-Vulneración de un derecho fundamental. Los jueces y abogados consultados por este periódico consideran que la actuación de Zaragoza recogida en los cables para que fuera Moreno y no Garzón el juez del caso podría haber afectado al derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de las supuestas torturas Lahcen Ikasrrien, Hamed Abderramán Ahmed y el resto de querellantes. Ese derecho se recoge en el artículo 24 de la Constitución y una de sus variantes es la del "derecho al juez natural predeterminado por la ley".

-Asesoramiento jurídico prohibido. El hecho de que Zaragoza aconsejara a EE UU, según los cables, que abriera un caso para que se cerrara la investigación española supondría, según algunos de los juristas consultados, una infracción disciplinaria ya que el EOMF prohíbe a los fiscales el asesoramiento.

-Incumplimiento del principio de imparcialidad (artículo 48 EOMF). Con la información facilitada a EE UU del caso y los consejos a su embajada, el fiscal podría haber vulnerado el principio de imparcialidad con el que, según la ley, debe actuar. Algunos juristas creen que, con esta actitud, Zaragoza pudo cometer un "fraude procesal".

Conocer los Informes del CNI con Anterioridad
El escándalo de los vuelos de la CIA en 2005 y su tránsito clandestino por aeropuertos europeos provocó la apertura de un procedimiento penal en la Audiencia Nacional que la embajada se empeñó en impedir que prosperara. La legación, según se desprende de los telegramas filtrados y enviados desde la embajada de Madrid, quiso buscar la complicidad del fiscal, Vicente González Mota.
El juez encargado del caso, Ismael Moreno, pidió que se desclasificaran los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Defensa sobre los vuelos. Los cables aseguran que en enero de 2007 el fiscal anunció al asesor legal de la embajada que no intentaría bloquear la iniciativa del magistrado porque conocía con antelación estos documentos y no contenían "ningún elemento incriminatorio ni ninguna información sensible", según uno de los telegramas. Los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros el 9 de febrero efectivamente no aportaron ninguna novedad al caso. El fiscal habría añadido, siempre según la versión de la embajada, que "el Gobierno español no buscaría información adicional del Gobierno de EE UU en relación a este caso". González Mota negó el martes a este periódico que conociera previamente el contenido de los informes.
La opinión de los juristas consultados es que la conducta del fiscal podría ser constitutiva de una infracción de revelación de datos conocidos en ejercicio de funciones. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitación de un proceso o a cualquier persona".
2 de diciembre de 2010
©el país