piden condenar a ex gobernadores

---

De Guaviare y Magdalena por ’parapolítica’. Por vínculos con paramilitares,  Fiscalía y Procuraduría pidieron esta semana a la Corte Suprema condenar a los ex gobernadores de Guaviare y Magdalena, Óscar de Jesús López Cadavid y José Domingo Dávila Armenta.

---

Colombia. La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia esta semana condenar a los ex gobernadores de Guaviare y Magdalena, Óscar de Jesús López y José Domingo Dávila Armenta, por el delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con paramilitares.

Solicitud contra López Cadavid
Para el fiscal encargado del caso existen tres pruebas que demuestran los estrechos vínculos entre el ex gobernador de Guaviare y grupos paramilitares desde el año 2000. Primero, la compra de la finca La Argentina por parte del ex gobernador (ubicado en Casanare) gracias al beneplácito de los paramilitares al mando de alias ‘Alfonso’, quienes para ese entonces eran dueños de la finca.
Además por la participación de los paramilitares en las elecciones a la gobernación de Guaviare celebradas en 2007. La Fiscalía confirmó no sólo la presencia permanente de grupos paramilitares en el Guaviare entre 2000 y 2006, sino la participación del grupo dirigido por Pedro Oliverio Rincón alias ‘Cuchillo’ en las elecciones que dieron como ganador a Oscar López.
El fiscal aseguró que otros candidatos a la gobernación denunciaron presiones de los paramilitares para retirar sus candidaturas. Uno de ellos, Dagoberto Suárez, aseguró en audiencia pública que fue abordado por hombres de ‘Cuchillo’ cerca de San Martín (cinco meses antes de las elecciones de 2007)  para que abandonara la carrera electoral. "López Cadavid sí tuvo el apoyo de ese grupo aunque no se haya reunido con ellos", aclaró el fiscal.
Y por último, para la Fiscalía no resultan claras las razones que llevaron al ex gobernador López a permanecer como socio de la empresa Explotación y Exportación Minera del Llano Limitada en la que alias ‘Cuchillo’ y alias ‘Pipe’ figuraron como socios. Aunque López Cadavid aseguró que la entrada de los desmovilizados a la sociedad le produjo un "sentimiento de rechazo", para el fiscal resulta claro que el acusado hubiese podido actuar de otro modo y no  permanecer en la sociedad bajo la excusa que los desmovilizados eran parte de la empresa porque habían recibido una donación de acciones.
Con los mismos argumentos, el Ministerio Público explicó que por los testimonios como los de ‘H.H’ y ‘Jorge Pirata’ se comprobó  los nexos entre López y los paramilitares desde 2000 hasta 2007. "Durante estos años, explicó el representante del Ministerio Público, existió una secuencia de relaciones, no de coincidencias, entre el paramilitarismo y el señor Oscar López…Oscar López tuvo vínculos de amistad y comerciales y accedió a la gobernación con apoyo irrestricto de los paramilitares" puntualizó el procurador delegado.
La orden de captura en contra de López fue emitida a finales de marzo de 2009 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con base en las evidencias que vinculan al gobernador con el prófugo cabecilla paramilitar Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’ y con el desaparecido Vicente Castaño Gil.
Tanto López como su padrino político, el ex gobernador de ese departamento Nevio Echeverri, y varios funcionarios han sido señalados por antiguos paramilitares de ser cercanos a las autodefensas de Vicente Castaño y al grupo de Pedro Olivero Guerrero, alias ’Cuchillo’.
Oscar López, miembro del Partido Conservador Colombiano, fue elegido como gobernador de Guaviare para el período 2007-2011.

Solicitud contra Dávila Armenta
Esta misma semana, Fiscalía y Procuraduría solicitaron al Alto Tribunal condenar también al ex gobernador de Magdalena al considerar que el político promovió la expansión del paramilitarismo en el Magdalena tras haber establecido una alianza política con grupos paramilitares al mando de ’Jorge 40’ zona para llegar a la Gobernación.
José Domingo Ávila Armenta, ex gobernador de Magdalena y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía  en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
El ex gobernador José Domingo Dávila fue retenido por haber supuestamente firmado el ‘Pacto de Chivolo’. Vale destacar que los dos últimos gobernadores del Magdalena han sido detenidos por haber firmado pactos con grupos paramilitares.
José Domingo Dávila fue detenido en Tasajera, Ciénaga, mientras se disponía a viajar de Barranquilla a Santa Marta. El ex gobernador del departamento del Magdalena José, fue elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 - 2003.
Al ex gobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del Pacto de Chivolo, un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento. Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como ’Chelo’, habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber pactado alianzas políticas con el paramilitarismo.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©verdad abierta

condena para ex gobernador

---

Piden condenar a ex gobernador de Guaviare por ’parapolítica’. Por vínculos con grupos paramilitares en el Guaviare, la Fiscalía y Procuraduría pidieron a la Corte Suprema de Justicia la condena del ex gobernador de Guaviare, Óscar de Jesús López Cadavid.

---

Colombia. La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenar al ex gobernador de Guaviare Oscar de Jesús López por el delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con paramilitares.
Para el fiscal encargado del caso existen tres pruebas que demuestran los estrechos vínculos entre el ex gobernador y grupos paramilitares desde el año 2000. Primero, la compra de la finca La Argentina por parte del ex gobernador (ubicado en Casanare) gracias al beneplácito de los paramilitares al mando de alias ‘Alfonso’, quienes para ese entonces eran dueños de la finca.
Además por la participación de los paramilitares en las elecciones a la gobernación de Guaviare celebradas en 2007. La Fiscalía confirmó no sólo la presencia permanente de grupos paramilitares en el Guaviare entre 2000 y 2006, sino la participación del grupo dirigido por Pedro Oliverio Rincón alias ‘Cuchillo’ en las elecciones que dieron como ganador a Oscar López.
El fiscal aseguró que otros candidatos a la gobernación denunciaron presiones de los paramilitares para retirar sus candidaturas. Uno de ellos, Dagoberto Suárez, aseguró en audiencia pública que fue abordado por hombres de ‘Cuchillo’ cerca de San Martín (cinco meses antes de las elecciones de 2007)  para que abandonara la carrera electoral. "López Cadavid sí tuvo el apoyo de ese grupo aunque no se haya reunido con ellos", aclaró el fiscal.
Y por último, para la Fiscalía no resultan claras las razones que llevaron al ex gobernador López a permanecer como socio de la empresa Explotación y Exportación Minera del Llano Limitada en la que alias ‘Cuchillo’ y alias ‘Pipe’ figuraron como socios. Aunque López Cadavid aseguró que la entrada de los desmovilizados a la sociedad le produjo un "sentimiento de rechazo", para el fiscal resulta claro que el acusado hubiese podido actuar de otro modo y no  permanecer en la sociedad bajo la excusa que los desmovilizados eran parte de la empresa porque habían recibido una donación de acciones.
Con los mismos argumentos, el Ministerio Público explicó que por los testimonios como los de ‘H.H’ y ‘Jorge Pirata’ se comprobó  los nexos entre López y los paramilitares desde 2000 hasta 2007. "Durante estos años, explicó el representante del Ministerio Público, existió una secuencia de relaciones, no de coincidencias, entre el paramilitarismo y el señor Oscar López…Oscar López tuvo vínculos de amistad y comerciales y accedió a la gobernación con apoyo irrestricto de los paramilitares" puntualizó el procurador delegado.

El Caso del Ex Gobernador
La orden de captura en contra de López fue emitida a finales de marzo de 2009 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con base en las evidencias que vinculan al gobernador con el prófugo cabecilla paramilitar Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’ y con el desaparecido Vicente Castaño Gil.
Tanto López como su padrino político, el ex gobernador de ese departamento Nevio Echeverri, y varios funcionarios han sido señalados por antiguos paramilitares de ser cercanos a las autodefensas de Vicente Castaño y al grupo de Pedro Olivero Guerrero, alias ’Cuchillo’.
"Es una medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado. Se trata de vínculos con las autodefensas", explicó en su momento el fiscal Mario Iguarán, quien solicitó que el mandatario regional fuera suspendido de su cargo.
La decisión del fiscal se presentó tres meses después que la propia Fiscalía iniciara la investigación contra el gobernador. López es investigado por haber creado una empresa minera con el jefe paramilitar y narcotraficante alias ‘Cuchillo’.
De acuerdo con un artículo de Revista Semana, Óscar López, y otras cuatro personas, que no fueron identificadas, crearon, en agosto de 2005, la empresa Exploración y Explotación Minera del Llano, con el objetivo de explorar y comercializar recursos minerales.
De acuerdo con la publicación, unos meses más tarde, el 30 de mayo de 2006, López y los demás integrantes de la empresa decidieron ceder el 30 por ciento de las acciones de la compañía a alias ’Cuchillo’, según quedó registrado en las escrituras públicas radicadas en una notaría. El 30 de agosto de ese mismo año, ’Cuchillo’ cedió las acciones que tenía en la compañía.
El gobernador Óscar López rindió indagatoria a principios de marzo, para que respondiera por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.
Óscar López, miembro del Partido Conservador Colombiano, fue elegido como gobernador de Guaviare para el período 2007-2011.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©verdad abierta

piden condena por nexos con auc

---

Por ’parapolítica’ piden condena a ex Gobernador del Magdalena, Dávila Armenta. Procuraduría y Fiscalía coincidieron en considerar probados los nexos del dirigente con las AUC.

---

Colombia. Que se dicte sentencia condenatoria en contra del ex gobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, solicitaron la Fiscalía y la Procuraduría a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del juicio que adelanta contra el dirigente por ‘parapolítica’.
El representante del ente acusador asignado al proceso consideró que el ex jefe de la administración regional había promovido la expansión del paramilitarismo en el departamento, al haber establecido una alianza con el grupo armado ilegal para llegar a la Gobernación.
Dávila Armenta es procesado por las supuestas reuniones que sostuvo como candidato con los ex comandantes paramilitares Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’ y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Carlos Pareja, testigo del proceso, había denunciado una supuesta oferta de 140 millones pesos a cambio de favorecer al dirigente regional dentro del juicio.
2 de diciembre de 2010    
1 de diciembre de 2010
©el espectador

eua amenazó a españa por garzón

---

EEUU trató de impedir que Garzón investigara Guantánamo. Los diplomáticos estadounidenses se dirigieron al gobierno español para advertirles que la investigación tendría un enorme impacto negativo en las relaciones entre Washington y Madrid.

---

Madrid, España. Madrid. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Madrid, llevó a cabo intensas maniobras para evitar que prosperara una querella por crímenes de guerra y torturas en la prisión de Guantánamo asumida por el juez Baltasar Garzón, según documentos filtrados al portal WikiLeaks que publica El País.
Los despachos facilitados al diario español revelan que Garzón es un juez temido en Washington y que la legación diplomática de Estados Unidos en Madrid presionó al gobierno español y, sobre todo, a la fiscalía, de la que, de acuerdo con esos cables, recibió apoyo y asesoramiento, indicó DPA.
La investigación, la primera en el mundo sobre el limbo jurídico de Guantánamo, continúa abierta pero fue recurrida por la fiscalía. Ahora está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidirá en las próximas semanas si la causa de archiva o no.
Para tratar de frenar la demanda, los diplomáticos estadounidenses -siempre según los documentos de WikiLeaks- se dirigieron al gobierno español para advertir que una investigación sobre Guantánamo tendría un enorme impacto (negativo) en las relaciones entre Washington y Madrid.
Los cables indican que la estrategia de la embajada incluía también al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contrario a la querella y quien habría revelado a Estados Unidos los pasos que daría antes de que fueran públicos y ofrecido además consejo jurídico para frenar a Garzón.
Según la versión de una reunión de funcionarios de la legación con el fiscal, este les proporcionó importantes claves del asunto: "Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón".
Los documentos filtrados a WikiLeaks incluyen además un cable con esta frase: "Zaragoza tiene una estrategia para retorcer el brazo" de Garzón, cuya imparcialidad pone en entredicho.
El fiscal, según otro de los despachos, de mayo de 2009, dijo que había hablado con Garzón, que este año fue suspendido como juez en relación con una querella por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo.
En esa conversación, Zaragoza le habría preguntado si con el caso de Guantánamo "está tratando de aumentar el caché de sus conferencias". El juez le contestó, de acuerdo con esa versión, que lo estaba haciendo sólo "for the record" y que después lo dejaría morir. "Una vez que ha conseguido su titular, Garzón abandonará el asunto", dice Zaragoza.
Sin embargo, la embajada de EEUU parecía albergar pocas esperanzas de poder frenar al famoso magistrado, ya que otro de los despachos reza: "No creemos que las amenazas disciplinarias le hagan dar marcha atrás, ya que podría agradecer precisamente la posibilidad del martirio, a sabiendas de que el caso atraerá la atención mundial. Creemos que tendremos que lidiar con este asunto durante bastante tiempo".
No obstante, fuentes de la Audiencia Nacional citadas por El País, indican que casi todo parece indicar que la causa sí será finalmente archivada.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©el universal

gobierno y justicia españoles en la mira

---

Justicia española presionada por filtraciones de Wikileaks. Ministros y jueces se dejaron presionar por Estados Unidos para evitar el procesamiento de soldados que asesinaron a un periodista español en Bagdad.

---

[Tito Drago] Madrid, España. Las más altas instancias del sistema judicial español deberán explicar ante el parlamento sus reiteradas negativas a juzgar a militares de Estados Unidos acusados del asesinato del periodista José Couso en Bagdad en 2003, ante las filtraciones de Wikileaks que dan cuenta de contactos con ese propósito.
El diputado Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de la opositora coalición Izquierda Unida, dijo a IPS que continuará pidiendo en el Congreso legislativo que se haga comparecer al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, para que explique las razones por las que dificultó el procesamiento de los acusados.
"Esto no puede quedar así, es una cuestión de justicia y de responsabilidad ante los ciudadanos, que ningún órgano gubernamental debe ignorar y mucho menos el Congreso", añadió.
Las presiones instando a la Fiscalía, al gobierno y al Congreso para que actúen se manifiestan desde distintos sectores, entre ellos la familia de Couso, mientras que desde la principal fuerza de oposición, el derechista Partido Popular (PP), se mira hacia otro lado.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el contenido de las informaciones filtradas sobre el asesinato "no ha sido confirmado" y que por ello su partido se abstendrá de pronunciarse "por el momento".
Además, planteó que la comunidad internacional debe responder de manera conjunta a las filtraciones que un pool de cinco grandes publicaciones mundiales –entre ellas el diario español El País- comenzaron a revelar el domingo 28 sobre 250.000 mensajes secretos o confidenciales entre el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y sus embajadas.
"Los documentos pueden afectar aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales", adujo.
El líder del PP José María Aznar gobernó España entre 1998 y 2004 y llevó al país a participar en la guerra de Iraq, iniciada en marzo de 2003, pese al rechazo mayoritario de la ciudadanía y de la oposición política. Couso fue asesinado un mes después de la invasión.
La familia de Couso, que cubría la guerra para la privada Telecinco, señaló en rueda de prensa su indignación por constatar que tanto la Fiscalía como el gobierno "en vez de defender la soberanía nacional e investigar lo que le ocurrió, se pone al servicio de una potencia extranjera y oculta la verdad", lo que los llevará a emprender nuevas acciones legales próximamente.
Los portavoces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su agrupación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), eludieron responder a las preguntas de IPS sobre el tema, remitiéndose a las efectuadas el martes 30 por Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores.
La canciller subrayó que "en España la justicia es independiente y actúa con mucha seriedad" y que por eso "es impensable que se pueda ver presionada bajo ningún concepto para que pueda cerrarse un procedimiento judicial".
Durante el semanal pleno de control legislativo al gobierno, Zapatero y Jiménez mantuvieron este miércoles 1 el silencio y la sonrisa como respuestas a las preguntas que los periodistas le repitieron sobre el caso en los intervalos de la sesión en el Congreso de los Diputados.
Pero el revuelo en España resulta imparable desde que El País comenzó a publicar en sus ediciones digital e impresa partes referentes al caso Couso incluidas en los documentos secretos de Estados Unidos filtrados por el sitio Wikileaks en Internet.
Según esos documentos, el gobierno actual apoyó todo lo realizado por la embajada estadounidense en Madrid para evitar que prosperase la causa contra los militares que dispararon desde un tanque al hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, dirigiendo sus armas al balcón del piso 14 desde donde Couso filmaba los acontecimientos junto a otros colegas.
En uno de los documentos, enviado a la entonces secretaria de Estado, Condolezza Rice, en mayo de 2007 por el embajador estadounidense en Madrid, Eduardo Aguirre, éste le aseguró que el gobierno español había "ayudado entre bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez, para que no se siguiera investigando la muerte del reportero.
Dos años antes, en octubre de 2005, el juez de la Audiencia Nacional (una especie de juzgado federal), Santiago Pedraz, dispuso mediante una orden internacional la detención de los tres soldados estadounidenses que bombardearon al hotel. La orden nunca prosperó, en especial por la negativa de Washington a acatarla pero también por la pasividad del gobierno español.
Los papeles del Departamento de Estado filtrados Wikileaks, en lo que se conoce ya como "cablegate", muestran que ministros españoles colaboraron para que no se concretaran las órdenes de detención internacional contra los militares estadounidenses, tal como lo aseguró Aguirre en un cable a sus superiores.
Entre los altos funcionarios involucrados, se cita al entonces secretario de Estado de Exteriores y actual secretario de la Presidencia, Bernardino León, y al que fue ministro de Exteriores desde 2004 hasta octubre, Miguel Ángel Moratinos.
En otro de los documentos, en un cable enviado por el embajador al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007, admitió que aunque en público los miembros de la embajada irradiaban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por el camarógrafo asesinado, luchaban "entre bastidores con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos", contra los militares estadounidenses que dispararon contra el hotel.
La también hasta octubre poderosa primera vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo en aquellos días una reunión con el embajador, a quien le dijo que el fiscal Cándido Conde-Pumpido le había informado de "la excelente cooperación de la que había disfrutado de parte de la embajada y las autoridades norteamericanas, para ayudar a concluir el caso".
A esa "excelente cooperación" se refirió este martes 30 la Fiscalía en un comunicado, donde subraya que en sus actuaciones aplica criterios estrictamente jurídicos sin admitir injerencias externas.
Pero también asegura que "mantiene una estrecha y fructífera relación de cooperación con la Fiscalía General de Estados Unidos", como con entidades similares de otros países, "fundamentalmente en el área de la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la criminalidad organizada". Pero no aclara si consideraba a Couso incluido en ese "área de lucha".
Tras varias suspensiones del juicio y sucesivas reanudaciones, el 30 de julio de 2010 el juez español ordenó la búsqueda, captura e ingreso en prisión de los tres soldados estadounidenses implicados, pero Interpol no dio curso a las órdenes y Estados Unidos se negó a admitirlas por calificar a los hechos como un "delito militar", de su propia jurisdicción.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©ips noticias

el secreto no debe servir causas ilegales

---

columna de lísperguer

---

Revelaciones de wikileaks dañan confianza entre EUA y países latinoamericanos.

Los cables deberían dañar las relaciones entre EUA y prácticamente todo el continente. En el caso de Honduras sabemos ahora, gracias a los cables, que EUA siempre supo, por las informaciones enviadas por el embajador Llorens, que el golpe de Micheletti fue "inconstitucional e ilegal", que "fue ilegítima la asunción de Roberto Micheletti", que las acusaciones contra Zelaya fueron "suposiciones" y otras "abiertamente falsas" y que no estaba claro que Zelaya hubiese violado la ley. Muy diferente fue lo que dijo el Departamento de Estado para justificar su postura de brindar legitimidad al golpe. Esta actitud doble y la ausencia de compromiso con la causa de la democracia en América Latina deja ver que entre el EUA de Bush y el de Obama hay en realidad pocas diferencias. Los cables deberían provocar un sensible enfriamiento de las relaciones de AL con EUA. El secreto no debe servir causas ilegales o innobles.
lísperguer

despidos en programa de ddhh

---

Diputada alemana pide reincorporar abogados de derechos humanos.

---

[Luis Narvaez] Santiago, Chile. La diputada del Bundestag (Parlamento alemán) Ulla Jelpke, solicitó en las últimas horas al gobierno, la reincorporación de 2 abogados que fueron desvinculados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La legisladora germana aseguró que envió una carta al titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, manifestando su preocupación por la salida de Cristián Cruz y Luisa Sanhueza, quienes tenían a su cargo la representación del Ejecutivo en juicios emblemáticos por crímenes de lesa humanidad.
Jelpke destaca el trabajo de Cruz en casos como el de la Academia de Guerra Aérea (donde se indaga el homicidio de José Tohá), el cantautor Víctor Jara y de varios extranjeros que fueron desaparecidos o asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"El abogado Cruz y sus colegas tienen una trayectoria destacada de velar con argumentos jurídicos sólidos por la defensa de los derechos humanos en su país", aseguró y por ello solicitó al ministro del Interior "reconsiderar los despidos".
En el caso de la abogada Luisa Sanhueza, la parlamentaria germana destacó su labor en la investigación el crimen del diplomático español Carmelo Soria y de la cúpula del Partido Socialista.
La marginación de los profesionales, a juicio de la diputada alemana, "perjudicaría la posibilidad de justicia y en consecuencia beneficiaría a los responsables de atroces crímenes que deben ser perseguidos".
Dentro del Parlamento alemán, Ulla Jelpke trabaja en la promoción y acciones de reparación integral hacia víctimas del nacionalsocialismo.
Por ello, llamó al gobierno chileno "a no cesar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura militar chilena" y, de paso, que "el Estado de Chile dé cumplimento a sus compromisos y obligaciones internacionales en la materia".

El Programa
El Programa de Derechos Humanos (actualmente dirigido por Rossy Lama, ex abogada del Ministerio Público y nombrada por el Presidente Sebastián Piñera) es una instancia creada por la Ley 20.045, como continuadora de la Comisión Verdad y Reconciliación que desde la década de 1990 recopiló y estableció los antecedentes de miles de personas detenidas desaparecidas y ejecutados cuyos derechos humanos fueron atropellados por agentes del Estado chileno entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Dentro de su estatuto legal, tiene "la facultad para ejercer todas las acciones legales que sean necesarias, incluidas las de presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada, en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso".
Desde marzo de este año a la fecha, los abogados Cristián Cruz y Luisa Sanhueza solicitaron diligencias en varios casos, entre ellas la declaración del subsecretario de Guerra, Oscar Izurieta, ex comandante en Jefe del Ejército.
De acuerdo a la versión entregada por Interior para justificar las desvinculaciones, se ha señalado que sólo responde al término de los contratos a honorarios de ambos profesionales. "La no renovación de los contratos es un elemento absolutamente puntual en un programa que tiene 40 profesionales", explicó el martes el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©la nación

investigarán obstrucción en parral

---

Fiscalía del Maule investigará obstrucción a la justicia tras presunto hallazgo de osamentas. El Ministerio Público iniciará el 6 de diciembre peritajes para determinar si declaraciones de quienes señalan haber visto osamentas cuando se construían un retén en Parral son ciertas.

---

Parral, Chile. Desde el próximo lunes 6 de diciembre se iniciarán las diligencias y peritajes tendientes a determinar la veracidad de las declaraciones de quienes señalan haber visto osamentas en momentos en que se construían las nuevas dependencias del Retén de Carabineros de la localidad de Catillo, ubicado en la pre cordillera de Parral.
El pasado 8 de noviembre los antecedentes llegaron a manos de la fiscal regional (S) Carola D`Agostini. La denuncia procedía desde la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en Santiago y a quienes en forma inmediata la prosecutora ordenó realizar diversas diligencias con el fin de reunir la mayor cantidad de pruebas que permitan sostener la veracidad de lo relatado.
"El 24 de noviembre se nos entregó un informe oficial por parte de la PDI y en virtud de eso dispuse la realización de diversas diligencias en dependencias del retén de Catillo. Como se trata de un recinto policial y tal como lo señala la ley solicité formalmente al mayor de Carabineros de Parral la autorización para la entrada y registro, evitando así el requerimiento de una orden judicial. De esta forma junto a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se convocó a la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal y al Laboratorio de Criminalística de la Policía Civil equipos que estarán a cargo de los trabajos en el sitio del suceso", explicó la fiscal D’Agostini.
La prosecutora fue enfática en señalar que hasta el momento no existe ninguna osamenta encontrada bajo las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, de ahí la importancia del procedimiento que se realizará el próximo lunes tendiente a confirmar o descartar lo manifestado por diversos testigos.
Sobre la posible existencia de un delito de obstrucción a la justicia en contra de quienes no dieron cuenta del hallazgo, la fiscal agregó que esa "es una materia que también forma parte de las diligencias y que será investigada en forma paralela, ya que todos saben de la importancia que tiene el tema de los detenidos desaparecidos en nuestro país".
Hasta el momento la fiscalía investiga los hechos por la denuncia en torno a lo ocurrido a una sola posible víctima, pero no se descarta que se puedan sumar otras denuncias.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©la tercera