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estúpida arrogancia de gobierno inglés


columna de lísperguer
Gobierno inglés no cambiará política antidrogas, pese a demoledor informe sobre el alcohol y el tabaco como de lejos las drogas más peligrosas del mundo

Como una muestra de estúpida arrogancia ha de considerarse la reacción del gobierno inglés ante el informe de la revista The Lancet sobre las drogas, que determinó que el alcohol es de lejos la droga más peligrosa, incluso más peligrosa que la heroína y otras drogas duras. Tanto para la sociedad como para el individuo, las más nocivas son el alcohol, la metanfemina y el crack. También determina que el alcohol y el tabaco son más dañinos que la marihuana y el LSD. Bien, pese a que esto lo sabemos desde hace décadas, cuandos se hicieron las primeras investigaciones científicas serias, tras conocerse el informe el gobierno británico declara que van a seguir en su posición de siempre, tolerando la venta de drogas peligrosas y prohibiendo las drogas menos nocivas e incluso las plantas medicinales -una posición que irrita por su estupidez y arrogancia y que comparten lamentablemente tantos gobiernos títeres del mundo.
lísperguer


venezuela suspende narconovelas


La decisión del gobierno de Venezuela de suspender la transmisión de dos "narconovelas" (’El capo’ y ’Rosario Tijeras’) generó un nuevo debate sobre libertad de expresión y sus límites en este país.
Venezuela. Los televidentes venezolanos se quedarán sin conocer el destino de un narcotraficante que llega a presidente y de una joven asesina, protagonistas de las novelas de factura colombiana ’El capo’ y "Rosario Tijeras" respectivamente.
Su cancelación se produjo la semana pasada en forma inesperada, después de que un comité de usuarios de radio y televisión se quejara de los contenidos y valores difundidos por estos dramáticos ante la Asamblea Nacional.
Por su parte, el Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (Fundacredesa), un ente adscrito al Ministerio de Comunas y Participación Social, denunció que los contenidos de esas novelas no se ajustan a normas que buscan "velar por el equilibrio psicológico y social de nuestras niñas, niños y adolescentes", según dijo en un comunicado.

Efectos sin Horario
Aunque las novelas eran transmitidas en horario de adultos, después de las 10:00 de la noche, Fundacredesa apuntó que los canales involucrados (los privados Venevisión y Televen) pasaban promociones y avances desde tempranas horas del día, "con escenas de violencia, lenguaje manipulador y contenidos agresivos que pueden estimular en la audiencia una visión favorable o positiva" de las situaciones en ellas planteadas.
Poco después se produjo la resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, basada sobre la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (llamada ‘Ley Resorte’), que ordenó su salida del aire.
La oficial Radio Nacional de Venezuela publicó un "análisis de contenido y semiótico" de estas producciones, y de otras dos transmitidas con anterioridad, en el que concluyó que se proponen revestir de legitimidad ciertos negocios ilegales y a sus líderes.
"Su objetivo es la aceptación de la percepción de presidentes capos y la legalización del narcotráfico", dice el análisis, en alusión a ‘El Capo’.
En cuanto a ‘Rosario Tijeras’, sobre una joven que vive en una barriada "rodeada de mafias y antivalores" y se convierte en asesina, la nota la adscribe a una vivencia "generada por el fracaso del Plan Colombia", que el país "saca de sus fronteras" con el fin de "generar la aceptación social de tal situación".

Debate
No han faltado los mensajes en la red social Twitter, muchos irónicos o contrarios a la suspensión de las "narconovelas", otros a favor de la medida. "No a las narconovelas, pero sí a la increíble inseguridad, violencia, políticos corruptos y todo lo que el gobierno permite", señaló un usuario.
"Prohibieron las narconovelas… Según Chávez nos daña la mente y nos muestra una realidad que no sucede en el país", señaló otro.
"Es imposible concebir tamaña irresponsabilidad de los medios privados", dice un tercer mensaje, en el otro extremo del espectro. "Chavista a mucho orgullo, allá tú que defiendes lo indefendible, la basura mediática que consumes como las narconovelas", respondió un twittero a otro.
En medios televisivos y académicos hubo manifestaciones de rechazo y de suspicacia acerca de los motivos de la suspensión.
"Todo acto de censura me genera inmediato resquemor. Además, esas novelas estaban siendo transmitidas en horario abiertamente de adultos", le dijo a BBC Mundo el escritor Leonardo Padrón, uno de los más reconocidos escritores de telenovelas por estos días en el país.
Padrón recordó que se trata de episodios de ficción, lo que hacen es "reflejar lo que está pasando en la sociedad latinoamericana (…) Las telenovelas no inventaron el narcotráfico".
"Puede ser discutible que haya una glorificación del crimen y del villano. Claro que es cuestionable, pero no creo que es como para erradicarlo de la pantalla. Más bien hubiera sido una maravillosa oportunidad para generar una discusión sobre una cantidad de cosas que ocurren en la televisión", añadió.
4 de noviembre de 2010
3 de noviembre de 2010
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investigan a santiago uribe


Fiscalía abre investigación sobre nexos de Santiago Uribe con paramilitares. Daniel Pardo, abogado de las víctimas del grupo paramilitar conocido como ’Los Doce Apóstoles’, dijo a Noticias Uno que la Fiscalía "ha abierto una investigación previa" para determinar "si son ciertas" las acusaciones contra Santiago Uribe.
Colombia. La Fiscalía abrió una investigación previa para establecer la veracidad de las denuncias de un mayor de la Policía, ya retirado, que vinculó a Santiago Uribe, hermano del ex presidente Álvaro Uribe, con un grupo paramilitar, informaron fuentes judiciales.
Daniel Pardo, abogado de las víctimas del grupo paramilitar conocido como ’Los Doce Apóstoles’, explicó al informativo de televisión Noticias Uno que la Fiscalía colombiana "ha abierto una investigación previa" para determinar "si son ciertas" las acusaciones contra Santiago Uribe.
Esas acusaciones fueron hechas en mayo pasado por el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, ya retirado, en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post.
Meneses denunció entonces que Santiago Uribe, hermano menor del ex mandatario (2002-2010), encabezó un grupo paramilitar en la década de los noventa en Yarumal (noroeste colombiano).
El ex oficial de la Policía contó a The Washington Post que el grupo paramilitar "Los Doce Apóstoles", supuestamente liderado por Santiago Uribe, asesinó a criminales de poca monta, simpatizantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y supuestos subversivos.
Además, según Meneses, Santiago Uribe le dijo que su hermano Álvaro, que en la década de los noventa era senador, conocía esas actividades.
Meneses detalló también que recibía cerca de 1,5 millones de pesos (unos 750 dólares), "que en su día era mucho dinero", y su papel era garantizar que la Policía hiciera la vista gorda ante las actividades del grupo paramilitar.
El ex presidente Uribe, que siempre ha negado tener vínculos con paramilitares y narcotraficantes, calificó entonces de "infamia" las acusaciones contra su hermano.
Y el propio Santiago Uribe también se defendió en una carta enviada al Post, en la que rechazó categóricamente cualquier vínculo con los paramilitares y tildó de "mentiroso" el testimonio de Meneses.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
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identifican a autores de masacre


Subteniente destituido admite haber violado a dos menores en Arauca.
Colombia. Un día después de que el general Alejandro Navas, comandante del Ejército, anunciara destituciones de militares adscritos a la Brigada Móvil No 5, por fallas en el ejercicio del mando y control de las tropas ubicadas en el sector donde ocurrió la desaparición y muerte de tres niños
en Tame, Arauca, se conoce que uno de los retirados, el subteniente Raúl Muñoz admitió ante las autoridades la violación de dos menores, incluida Jenny, la niña asesinada junto con sus dos hermanos el pasado 14 de octubre.
La noticia fue dada a conocer por el propio general Navas, quien señaló, en diálogo con Caracol Radio, que el subteniente Muñoz, en su primera confesión, dijo que "las dos relaciones fueron consentidas por las niñas".
Los hechos hacen referencia al de Jenny, la pequeña de 14 años que desapareció junto a sus dos hermanos, y fueron encontrados muertos en una fosa, y al de una niña de 13 años, quien fue violada el 2 de octubre en una vereda de Tame, y que según la denuncia de una campesina que asegura ser su madre, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo.
El general Navas, sin embargo, fue enfático en decir que el subteniente, quien ahora está bajo custodia de la Fiscalía, a pesar de que reconoció haber sostenido relaciones sexuales con las dos pequeñas, no aceptó el posterior asesinato de Jenny, ni de sus dos hermanos.
La Fiscalía profirió orden de captura en la madrugada del martes contra el subteniente Muñoz por acceso carnal violento, por lo que se encuentra, en este momento, recluido en los calabozos del DAS en Tame.
El comandante del Ejército dijo que sobre los militares destituidos no hay indicios que demuestren que exista responsabilidad directa sobre los hechos, y que aún no se tienen resultados sobre el crimen de los tres menores, aunque rasguños y moretones en los cuerpos de algunos uniformados, podrían ser un indicio de que estos habrían sido propinados por los niños, en un intento de defensa.
4 de noviembre de 2010
3 de noviembre de 2010
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destituyen a coroneles en arauca


Dos coroneles destituidos por caso de los niños asesinados en Arauca. Además del coronel Germán Belalcázar y James Edinson Pineda, fueron retirados el mayor James Alberto Granados, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos Medina, el cabo primero Juan Esteban Sánchez Bonilla y el cabo segundo Robinson Javier Castro. Todos, adscritos a la Brigada Móvil No. 5.
Colombia. Casi tres semanas después de la desaparición y la muerte de los tres hermanos Yenny, Yimmy y Jeferson, en Tame, Arauca, y mientras un fiscal especializado de Arauca, con apoyo de un fiscal especial en asuntos humanitarios de Cúcuta, adelanta la investigación que dé con los responsables del crimen, el general Alejandro Navas, comandante del Ejército, anunció destituciones por fallas en el ejercicio del mando y control de las tropas ubicadas en el sector de los hechos.
La medida de retiro anunciada cobija al teniente coronel Germán Belalcázar Arciniegas, al teniente coronel James Edinson Pineda Parra, al mayor James Alberto Granados, al subteniente Raúl Muñoz Linares, al sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos Medina, al cabo primero Juan Esteban Sánchez Bonilla y al cabo segundo Róbinson Javier Castro. Todos, adscritos a la Brigada Móvil No. 5.
La noticia de la destitución se conoce apenas unos días después de que el fiscal (e), Guillermo Mendoza Diago, aseguró que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se encontraron manchas de sangre en las mochilas de siete de los 60 militares que están siendo investigados, además de restos de semen en las prendas que vestía la niña. "El último informe que recibí sobre el caso dice que el uniforme de la niña tiene semen, eso facilita más las cosas, porque una muestra biológica permite una identificación indiscutible", señaló recientemente Mendoza.
Cabe recordar que según documento de la Fiscalía, conocido por SEMANA.COM, "se realizó inspección judicial al equipo de campaña y resultó hasta el momento que de 11 equipos inspeccionados con prueba de verificación de muestras en prendas con reactivo blue star, han dado positivo siete equipos, por lo que se realizó el embalaje técnico y se remitió al laboratorio de la Dijín, a efecto de solicitar que se realice estudio con mira a establecer si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN para futuro cotejo con ADN de las víctimas".
Mientras tanto, el Procurador, Alejandro Ordóñez, afirmó que la Procuraduría delegada para las Fuerzas Armadas asumió también la investigación, y el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que si en este macabro asesinato "están involucrados militares (...) lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano".
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que la Justicia Penal Militar no abordará el proceso de investigación por este crimen. "El gobierno condena estos hechos de la manera más enérgica y de una vez advierte que la investigación sobre los mismos no irá a justicia penal militar. Estos hechos no se pueden considerar actos del servicio, y el conocimiento y la investigación de los mismos deben ser adelantados por la justicia ordinaria", señaló el ministro Vargas Lleras.
Fuentes del Ejército habían revelado que se indaga sobre la veracidad (y la posible relación con el hecho violento) del testimonio de un soldado que prestaba guardia y que dice haber visto salir de la guarnición a un compañero que llevaba consigo, junto a su arma de dotación, un machete. El uniformado regresó horas más tarde y, de acuerdo con lo dicho por su compañero, se mostraba "alterado". Horas después, se hizo cortar el cabello y procedió a lavar la ropa que llevaba puesta. Así mismo, los investigadores buscan confirmar versiones sobre presuntos antecedentes de abuso sexual de esa persona. Esta información fue confirmada por el fiscal Guillermo Mendoza Diago.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
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qué pasa en estupefacientes


Las irregularidades en Estupefacientes. Desde peculados hasta la vulneración de los sistemas de información confidencial son algunas de las irregularidades encontradas, que obligaron a la intervención por parte del gobierno. Algunos bienes incautados a la mafia desaparecieron de la entidad.
Colombia. La agencia antidrogas del gobierno, como se conoce a la Dirección Nacional de Estupefacientes, atraviesa su momento más crítico. Así lo expresó el propio director de la entidad Juan Carlos Restrepo.
Desde su llegada a la institución, hace menos de un mes, el funcionario encontró un conjunto de irregularidades que sólo atina en calificar como la "práctica continua de delitos".
Por eso, puso una denuncia, el pasado viernes, para que la Fiscalía adelante las investigaciones pertinentes.
Tras la denuncia, el Gobierno tomó otra medida: intervenir la Dirección y no renovar contrato a cerca de 100 funcionarios que trabajaban en la administración de bienes y en el manejo de información.
Los frentes de investigación son dos: los actos de corrupción de algunos funcionarios encargados de la administración de bienes y la vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad.
En primer lugar, los actos de corrupción de algunos funcionarios de la entidad sobre la administración de los bienes incautados a la mafia son alarmantes.
Los hallazgos de investigaciones internas advierten que los bienes de la mafia han sido objeto de una especie de piñata, de la que se han usufructuado algunos funcionarios que han sacado tajada de dicha administración.
Es una constante, según las investigaciones internas, que algunos funcionarios no tuvieran conciencia de que estos bienes incautados son parte del tesoro del Estado y que, al provenir de la mafia, haya personas que intenten sacar provecho de ellos.
Por ejemplo, hay bienes incautados que, después de superar los procesos de extinción de dominio, son vendidos a precios inferiores a los avaluados. Incluso, algunos funcionarios de la entidad pudieron sacar provecho de bienes y sociedades, con la exigencia de comisiones a cambio de entregar predios.
En los casos de las sociedades, no había la adecuada rendición de cuentas por parte de quienes administraban el bien.
En gran medida estas prácticas se presentaron por las "graves anomalías" del sistema de información de la entidad (conocido bajo la sigla de FARO)
Ese sistema carecía de seguridad y su información, mucha de ella confidencial, fue vulnerada. "Ex funcionarios de la entidad y hasta particulares han accedido a él", señala el ministro del Interior Germán Vargas Lleras.
Por esa vía de acceso "sin explicación alguna", dijo Vargas Lleras, bienes que hacían parte del control de la entidad desaparecieron, y el valor de muchos otros fue adulterado.
Según una investigación interna, durante varios años la administración de los bienes carecía de controles, en oportunidades porque los funcionarios de la entidad no tienen conocimiento y capacitación sobre políticas de control de la información.
La Dirección Nacional de Estupefacientes, según el reporte, tampoco cuenta con mecanismos de protección física de la información. Incluso, los controles y la supervisión de personal externo que visita las instalaciones es insuficiente.
La información confidencial no está debidamente encriptada, la pérdida de documentos fue constante y la propia información adulterada.
Esos hallazgos llevaron a Restrepo a presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría. Las irregularidades se hicieron más constantes desde ocho años para atrás, aunque lo cierto es que en los 30 años de vida de esta entidad, la información no contaba con el adecuado blindaje.
Otra de las irregularidades es la contratación, en 2006, de una entidad que tenía como propósito poner al día el inventario de bienes de Estupefacientes. Dos años de labor en la que el Gobierno pagó cerca de 4 mil millones de pesos y que la entidad no cumplió con el objetivo de actualizar el inventario.
Eso llevó al Gobierno a intervenir al organismo. Una decisión que tiene como objetivo que la Fiscalía descubra los posibles actos de corrupción hasta la fecha.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
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corrupción en antinarcóticos


Por corrupción, gobierno intervendrá Dirección Nacional de Estupefacientes. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno intervendrá la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de una investigación por corrupción administrativa.
Colombia. Este martes el presidente Juan Manuel Santos reveló que la entidad que será intervenida por el gobierno dentro de una investigación por corrupción administrativa y de la que había hecho referencia como "gran foco de la ilegalidad" es la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.
El Ejecutivo aseguró que las mafias continúan manejando los bienes incautados a través de documentos falsos y que la Dirección de Estupefacientes entrega ilícitamente el manejo de los bienes de narcotraficantes a testaferros y personas relacionadas con delincuentes.
En el pasado Acuerdo para la Prosperidad del sábado inmediatamente anterior, el presidente Santos anunció la intervención de una entidad estatal. El primer mandatario aseguró que el gobierno no tendría ninguna contemplación. "Vamos a continuar con nuestro esfuerzo de lucha contra la corrupción, eso va ser una lucha que no va a parar, va a ser diaria", señaló Santos.
La intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene como propósito aclarar algunas irregularidades que habrían permitido que bienes incautados a la mafia han vuelto a caer en manos de la ilegalidad. La intervención fue impulsada luego de que el nuevo director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, haya detectado que el sistema de inventario de los bienes administrados por la DNE era vulnerable, y que a él podría acceder sin ningún control cualquier funcionario. No descartó que allí metieran manos particulares.
El ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que algunos de los bienes que eran administrados por la entidad ya no hacen parte de ésta, y que otros han sido adulterados en su valor. Fiscalía, Procuraduría y Dijin adelantan las investigaciones, que iniciaron este martes luego de ser tramitada una denuncia por el propio director de la DNE, quien dijo que la mayoría de las irregularidades corresponden a la reciente década, y además señaló, con preocupación, que una firma contratada hace cuatro años para hacer inventario de bienes, bajo tutela de la DNE, no entregó resultados.
La intervención es indefinida, mientras las autoridades y organismos de control adelantan las investigaciones. El operativo ya está en curso, y mientras una docena de miembros de la Dijin arriba al edificio de la DNE, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras se reúne con el director de la entidad y otros funcionarios.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
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apartan a jueces torcidos


La Cámara Nacional de Casación Penal desplazó a tres integrantes de la Cámara Federal de las causas en las que se investigan los delitos de lesa humanidad en toda la jurisdicción del tribunal, que incluye las provincias de Mendoza, San Juan y San Luís. Los apartados son Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti.
Argentina. El otro de los camaristas mendocinos cuestionados, Otilio Romano, sigue en funciones dado que consiguió que un magistrado provincial trabe su enjuiciamiento mediante una cautelar. "Existe en Mendoza una crisis judicial tal que impide el juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos en la región de Cuyo, lo que compromete seriamente la responsabilidad internacional del Estado", afirmó en su pronunciamiento la sala IV de la Cámara de Casación Penal.
La resolución fue unánime por la adhesión de los camaristas Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda al dictamen de Gustavo Hornos. Miret fue denunciado por haber consentido la detención arbitraria y la violación de una joven de 16 años en 1976, cuando se desempeñaba como juez de un tribunal de menores de provincia, juzgado en el que Otilio Romano era secretario. Por su parte, Sosa Arditi ya había renunciado a una subrrogancia para volver a su estado de juez jubilado.
El apartamiento de los camaristas Petra Fernández, López Cuitiño y Sosa Ardite de todas las causas de lesa humanidad en el distrito judicial de Cuyo se realizó en el marco de un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión de Cámara de limitar la recusación sólo a las causas mendocinas. En la aceptación, Casación Penal sostuvo que existen "dudas razonables acerca de la imparcialidad de los tres miembros del tribunal que previno en todas las causas de lesa humanidad que lleguen a su conocimiento". Aludió a "la existencia de expedientes en trámite en los que se investiga la actuación de algunos de los integrantes de ese tribunal en el marco de causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y/o su intervención en la comisión de esa clase de delitos durante su desempeño judicial en aquel período". También consignó las "constantes y sucesivas intervenciones suscitadas por las diversas recusaciones y excusaciones de los miembros del tribunal que previno, sin que se cuente con un marco jurídico-teórico razonable que permita distinguir aquellas causas en las que se hace lugar al pedido inhibitorio y aquellas en las que no".
En un fallo paralelo, Casación incorporó dos nuevos miembros a la Cámara Federal Mendocina en reemplazo de los apartados. Según el sorteo de rigor, fueron designados para ocupar esas plazas Roberto Julio Naciff, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza, y Hugo Carlos Echegaray, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan. Naciff y Echegaray comenzaron a hacerse cargo, desde el 1 de noviembre último, de todas las cuestiones pendientes vinculadas con las causas seguidas por presuntos delitos de lesa humanidad de esa jurisdicción y de demás asuntos penales que ingresen a la Sala que ahora integran.
4 de noviembre de 2010
3 de noviembre de 2010
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