Blogia

mQh

continúa la matanza de caballos


La prohibición del sacrificio de caballos no impide su exportación al extranjero donde sí son sacrificados para ser consumidos.
[A.G. Sulzberger] Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. La clausura de la última planta de procesamiento de carne del país que sacrificaba caballos para consumo humano fue acogida como una victoria para el bienestar equino. Pero cinco años después se sigue destinando la misma cantidad de caballos americanos para satisfacer la robusta apetencia por su carne en Europa y Asia.
Ahora son procesados como carne picada de caballo o basashi sashimi en México y Canadá.
El cambio es una de las numerosas consecuencias no intencionadas de la prohibición federal de facto del sacrificio de caballos, de acuerdo a un reciente estudio del gobierno federal. A medida que se encoge el mercado nacional de caballos no deseados, los animales empiezan a ser descuidados y abandonados, y gruesamente la misma cantidad -casi ciento cuarenta mil al año- son sacrificados después de un -a veces- cruento viaje a través de la frontera.
"Cuando cerraron las plantas, aumentaron las penurias para nuestros caballos, mucho más de lo que puede imaginar la gente que quiere terminar con el sacrificio", dijo John Schoneberg, criador de caballos de Nebraska que hace poco adoptó tres caballos de un granjero vecino que dijo que no podía seguir pagando su alimentación y que pensaba soltarlos.
Las conclusiones del estudio han sido furiosamente rechazadas por organizaciones animalistas, que argumentan que la mayoría de los problemas surgen de la recesión económica y de los altos precios del pienso. El estudio también insufló nueva vida a la prolongada guerra sobre si permitir que se reanude el sacrificio de caballos en el país o, alternativamente, prohibir que los animales sean enviados como carne al extranjero.
En las últimas semanas los legisladores han presionado al Congreso para que tome medidas en los dos sentidos. La Contraloría General de Estados Unidos, que realizó el estudio, concluyó que cualquiera de las opciones sería mejor que el status quo, pero activistas de los dos lados, aunque esperanzados, dijeron que una resolución no parecía inminente.
"Simplemente es un problema político candente", dijo la doctora Whitney Miller, cabildera de la Asociación Médico-Veterinaria de Estados Unidos, que apoya el sacrificio de caballos. "Es difícil imaginar que vaya a pasar algo definitivo".
El efecto del impasse se han sentido intensamente en estados rurales como Nebraska. Los criadores de caballos y los dueños de subastas de ganado dicen que la prohibición del sacrificio de caballos básicamente quitó piso a los precios de los caballos, provocando el colapso del mercado y la ruina de muchos. Una razón, dicen, es que ahora los dueños se ven obligados a pagar cientos de dólares para aplicarles eutanasia y disponer de los caballos indeseados cuando estaban acostumbrados a recibir una cantidad similar por su venta a los mataderos.
Este año, Nebraska se convirtió en uno de los varios estados -con Arkansas, Montana, Dakota del Norte y otros- que han tratado de resucitar la aletargada industria del sacrificio de caballos, que, antes de cerrar, producía carne por unos 65 millones de dólares al año. El gobernador Dave Heineman, de Nebraska, republicano, promulgó una ley que regula la carne de caballo en el estado que fue aprobada por legislatura unicameral con sólo un voto en contra.
Estos proyectos han sido rechazados furiosamente por organizaciones de defensa de los derechos animales, que calificaron de ridículo el argumento de que los caballos estarían en mejores condiciones si se permitía que fueran sacrificados por su carne. Refiriéndose a su propia investigación, dicen que cualquier aumento en el cuidado impropio de los caballos se podía relacionar con la economía antes que con la prohibición del sacrificio. Y si los precios han bajado, dicen, es porque la prohibición removió el incentivo para criar caballos excedentes.
Wayne Pacelle, presidente y director ejecutivo de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, dijo que los propietarios de caballos deberían comprometerse a cuidar de los animales toda la vida. Dijo que las encuestas habían constatado una amplia oposición al sacrificio de caballos por su carne.
"Los caballos son diferentes a las vacas y los cerdos en un sentido muy importante, y es que los caballos no son criados para ser sacrificados", dijo.
Pero existe una resistente diferencia en cómo son vistos los caballos.
"Para mí, un caballo es ganado, igual que una vaca, un cordero o una cabra", dijo Orbie Bonnett, un ganadero de Nebraska que dejó de vender caballos después de que los precios se hundieran. "Hoy, un montón de gente ve a los caballos como si fueran mascotas, como los perros o los gatos. Cuando tienes un montón de gente rica que ve las cosas de esta manera, bueno, eso pone fin a tus mataderos, a tus mercados y a la gente que vive de la industria -simplemente no se puede seguir viviendo de esto".
Estados Unidos, en su mayor parte colonizado a caballo, nunca ha admitido el consumo de carne de caballo excepto en épocas difíciles. Pero en otros países, la carne de caballo -magra y rica en proteínas- es considerada una delicia. Vender caballos a los mataderos ha sido durante largo tiempo un modo de hacer dinero, de deshacerse de caballos viejos o no deseados que ya no pueden correr en las carreras, competir en eventos o trabajar en los ranchos.
Los últimos mataderos de caballos, en Tejas e Illinois, cerraron después de que el Congreso quitara el financiamiento de las inspecciones federales del sacrificio de caballos en 2006, una medida que prohibió efectivamente la venta de carne. Ese año se sacrificaron en el país sólo 105 mil caballos; 33 mil caballos de Estados Unidos fueron sacrificados en el extranjero. El año pasado, 138 mil o más fueron sacrificados en el extranjero, de acuerdo a cifras oficiales. (La población de caballos en Estados Unidos es de cerca de nueve millones de ejemplares).
"Es algo hipócrita permitir que estos caballos sean sacrificados en Canadá o México y no permitir que la gente de aquí gane ese dinero o sirva la carne", dijo Hugue Dufour, un chef de Nueva York que cocinaba caballo cuando trabajaba en Canadá.
Ahora los propietarios tienen que pagar para deshacerse de los caballos. El mes pasado, Debby Brehm, directora de la Asociación de Caballos Cuarto de Milla de Nebraska [Nebraska Quarter Horse Association], gastó doscientos dólares para aplicar eutanasia a un caballo enfermo y ciento cincuenta dólares más para que lo trasladaran a una planta de aprovechamiento de grasas animales. Otros dueños los mantienen, pero no pueden ahorrar los miles de dólares que cuesta al año su alimentación y otros cuidados. Como consecuencia, la vista de animales mal alimentados es habitual, dijo Brehm, y abundan las historias de caballos abandonados en terrenos públicos y privados e incluso, en un descarado caso, en el remolque de otra persona.
"Hay un montón de caballos desnutridos y abandonados que antes probablemente habrían sido sacrificados humanamente", dijo Windy Allen, domadora de caballos del estado.
Otros dicen que la prohibición también les está costando dinero.
La Subasta de Ganado del Sudeste de Nebraska [Southeast Nebraska Livestock Auction] acostumbraba a vender cerca de cien caballos al mes, pero ahora ese puede ser el total de un año, dijo Dale Steinhoff, el propietario. En la Central Nebraska Packing, que acostumbraba a sacrificar caballos pero ahora compra más de medio millón de kilos de carne de caballo al año para vender a zoológicos, la carne es mucho más cara cuando se la importa de Canadá, dijo Lloyd Woodward, gerente general.
Incluso cuando pagan menos, los que compran los animales para sacrificarlos -un grupo conocido como "matarifes" [kill buyers]- dicen que tienen que trabajar duro para cubrir los costes.
"Los mexicanos se están haciendo ricos con nosotros", dijo Derry Mayfield, que compra cerca de cuarenta caballos al mes y a veces se los dan gratis. "Están comprando caballos baratos porque pueden. No tenemos alternativa".
2 de noviembre de 2011
23 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

escuadrones de la muerte en veracruz


Misteriosa organización dice que ataca a los carteles de la droga. En Veracruz, algunos están felices. Pero ¿quién está detrás de los asesinatos? Todo parece indicar que se trata de la policía del estado.
[Tracy Wilkinson] Veracruz, México. Los interlocutores del programa de radio expresaron su apoyo a los Matazetas, los asesinos de Zetas.
Es mejor que se peleen entre ellos. Dejemos que se maten unos a otros. Cualquier cosa es buena si nos libera de los matones que se apoderaron hace tanto tiempo de nuestras ciudades y están matando a nuestra gente.
Es un signo de la desesperación e indignación por la violencia relacionada con la guerra contra las drogas que los vigilantes asesinos no sólo son tolerados sino además bienvenidos por muchos aquí en el tercer estado más populoso de México.
Sin embargo, hay una pregunta que inquieta: ¿Quién está detrás de los asesinatos de Zetas -otra banda de narcotraficantes? ¿Agentes de policía que actúan en nombre del gobierno o de las fuerzas armadas? ¿Una organización ad hoc cuya presencia es tolerada tanto por las autoridades como por el público?
La costera Veracruz, durante siglos la puerta de acceso a México de inmigrantes europeos y de otros lugares, un tranquilo balneario turístico para legiones de mexicanos, en los últimos meses se ha convertido en el último estado en ser absorbido completamente por la mortífera y devastadora guerra contra los carteles.
El 20 de septiembre, casi tres docenas de cuerpos semi-desnudos fueron arrojados a plena luz del día en un paso subterráneo de una ajetreada autopista en una zona acomodada de la ciudad de Veracruz. Catorce cuerpos más aparecieron algunos días después, durante un congreso de los más encumbrados fiscales federales y estaduales del país. Luego, el 6 de octubre, apenas a 48 horas después de anunciar una importante ofensiva de seguridad, militares y policías encontraron 36 cadáveres más, y, al día siguiente, diez más.
En presentaciones de video, un grupo de hombres enmascarados con aspecto militar reclamó responsabilidad por la serie de asesinatos, describiéndolos como una operación de limpieza. Muchos de los cuerpos tenían una "Z" -por Zeta- escrita en la espalda con un marcador de tinta, dijo un testigo.
El misterioso grupo anunció que estaba operando en el estado de Veracruz como "el brazo armado del pueblo, y para el pueblo".
"Estamos pidiendo a los funcionarios y autoridades que apoyan a los Zetas que dejen de hacerlo, y que las fuerzas armadas sepan que nuestro único objetivo es terminar con los Zetas", dijo el portavoz del grupo ante las cámaras. "Somos guerreros anónimos, sin cara, orgullosamente mexicanos".
Durante los años en que los Zetas controlaron rigurosamente todo, con la opinión pública aterrorizada y sometida, el estado permaneció relativamente tranquilo. Pero hace meses los traficantes asociados con el barón de la droga Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se trasladaron desde el norte con el objetivo de quitarle el territorio a los Zetas, que controlaban desde hace tiempo las valiosas rutas para el transporte de drogas, inmigrantes y contrabando de Veracruz.
Los "asesinos de Zetas" irrumpieron en la escena poco antes de que el presidente Felipe Calderón desplegara este mes fuerzas militares frescas en Veracruz.
Su repentino surgimiento y la quirúrgica precisión con que los asesinos eliminaron sistemáticamente a casi cien personas en diecisiete días ha llevado a algunos a conjeturar que pueden estar actuando con el apoyo implícito o directo del gobierno o de las fuerzas armadas. Algunos sugieren que el secuestro, tortura y asesinato de tres cadetes de la Marina en Veracruz en junio puede haber impulsado al cuerpo de infantes de marina a empezar a operar fuera de la ley. Los funcionarios desechan esa especulación, y otros se preguntan por qué un grupo que aspira a ser un escuadrón de la muerte secreto sube videos a YouTube.
En realidad, algunos apuntan a la red de Guzmán en Sinaloa, y dicen que el aire militar de los asesinatos puede ser un intento de desviar la atención.
Si eso es verdad, el grupo de asesinos de Zeta serían simplemente la última banda paramilitar asociada a los narcotraficantes que han estado peleando en México desde el inicio de la ofensiva lanzada por Calderón contra los carteles al principio de su gobierno hace casi cinco años.
Los Zetas mismos empezaron como el brazo militar privado del cartel del Golfo, asesinos a sueldo reclutados entre las fuerzas de elite del ejército para pelear y matar a los enemigos del cartel. Se convirtieron en un cartel de traficantes con todas las de la ley después de separarse violentamente de sus antiguos patrones.
Las bandas de vigilantes que pretenden estar defendiendo a la sociedad y que operan con algún grado de complicidad oficial han actuado frecuentemente en México en los últimos años. La Familia -de Michoacán-, que surgió en 2005 en el estado natal de Calderón en el sudoeste del país, afirmaba estar protegiendo a los vecinos contra los Zetas.
En 2009, Mauricio Fernández, alcalde de la afluente ciudad de San Pedro Garza García cerca del norteño centro industrial de Monterrey, anunció la formación de "brigadas de inteligencia" para "limpiar"su jurisdicción de delincuentes. Uno tras otro, notorios matones empezaron a aparecer muertos.
En el caso de Michoacán, el gobierno federal trató infructuosamente de perseguir judicialmente a varios funcionarios por sus vínculos con La Familia. Y Fernández, miembro de la facción política de Calderón, fue finalmente refrenado o, al menos, tranquilizado por dirigentes del partido.
En Veracruz, las dudas y las interrogantes calan hondo.
"Nos quedamos con un montón de decepciones y sospechas", dijo Miguel Ángel Matiano, dirigente sindical de los empleados judiciales en Veracruz que quiere protección para sus miembros. "¿Qué intereses, qué vínculos... tienen los políticos? No puedes tomar la justicia en tus propias manos, pero si no confías en las autoridades, te volverás hacia el otro grupo".
"En estos días no se sabe quién es quién", agregó un presentador de televisión local que no quiso ser nombrado por temor por su seguridad.
Sean quiénes sean los asesinos de Zetas, la ciudad de Veracruz bulle de terror y pánico. Las calles de esta ciudad portuaria, normalmente rebosantes de vida nocturna, empiezan a vaciarse al anochecer. Los marines estacionados en Veracruz patrullan los vecindarios realizando allanamientos casa a casa, trasladándose en convoyes, vestidos con uniformes de camuflaje y pasamontañas negros. Los padres retiran a sus hijos de la escuela al menor rumor de un ataque. Cerca de treinta familias de la elite empresarial han huido de la ciudad, dijo un residente entendido.
"Violencia ha habido siempre, pero se la ocultaba mejor", dijo el Padre Luis  Felipe Gallardo Martín del Campo, obispo de Veracruz. "Ahora se ha destapado".
Incluso Calderón, en una sorprendente confesión, dijo la semana pasada que el estado de Veracruz había estado "en manos de los Zetas".
El deterioro de Veracruz ilustra el modo en que las bandas de narcotraficantes han extendido su poder desde los estados fronterizos del centro de México. Este mes, Calderón también se sintió obligado a enviar tropas al estado de Guerrero, en la otra costa del país, donde los narcotraficantes han obligado a cerrar las escuelas durante semanas y el número de víctimas se ha disparado, destruyendo todo excepto el turismo hacia la joya del estado costeño, Acapulco.
De acuerdo a cifras de inteligencia del gobierno, desde 2006, cuando empezó la guerra contra los carteles, han muerto asesinadas más de cuarenta mil personas.
El gobierno de Veracruz ha tratado de minimizar el horror que está viviendo el estado, o de definirlo como parte de un fenómeno nacional más amplio, del que los funcionarios locales no son responsables.
"La ley debe prevalecer, y es el estado el que debe implementarla", dijo la portavoz del gobierno del estado, Gina Domínguez, en una entrevista.
Sin embargo, funcionarios del estado sólo han exacerbado la incertidumbre y sospechas ocultando información sobre las nuevas víctimas y reclamando con excesiva premura que la mayoría de la primera tanda de muertos eran delincuentes. De hecho, ni el gobernador Javier Duarte ni el fiscal general del estado, Reynaldo Escobar, que hizo esas declaraciones, contaba con esa información. El principal diario de la ciudad, Notiver, informó más tarde que la mayoría de las víctimas no tenía antecedentes penales. Escobar se vio obligado a renunciar.
Entre las víctimas había chicas de quince y dieciséis años. Otra víctima era un conocido travestí, y otras dos camaradas de un vecindario rudo llamado Playa Linda, que es cualquier cosa menos eso.
Rocío Velázquez contó a periodistas que la última vez que vio a su hijo Alan con vida fue cuando fue detenido por la policía poco antes de que se encontrara su cuerpo. Dijo que vio a la policía detener a Alan y a un amigo que había salido a comprar pienso para los pollos de Alan, y que trató de acercarse, pero los polis amenazaron con matarla si se acercaba más.
"¿Dónde está el gobierno? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué se trata todo esto?", dijo Velázquez a los periodistas. "Ahora hay más caos, más asesinatos en todas partes... ¿Quién esta detrás de la carnicería?"
Velázquez contó su historia a tres periodistas mexicanos de Ciudad de México, incluyendo a uno de Radio MVS, que la encontró en la morgue de Veracruz. A menudo son periodistas nacionales de Ciudad de México, o extranjeros, los que hacen las investigaciones periodísticas que los reporteros locales no hacen por temor. Desde marzo, cuatro periodistas de Veracruz han sido asesinados, incluyendo a un prominente columnista que fue ultimado a balazos junto con su esposa e hijo.
Los tres periodistas de Ciudad de México volvieron a la morgue al día siguiente para continuar su búsqueda de información. Dijeron que policías de Veracruz los golpearon y requisaron y borraron sus cintas y fotos.
1 de noviembre de 2011
19 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

macabra exhibición de gadafi


Los libios que hacen la cola para mirar el cuerpo de Gadafi lo ridiculizan, meditan y se preparan para el futuro. Entretanto, Naciones Unidas llamó a investigar el asesinato del coronel.
[Jeffrey Fleishman] Misurata, Libia. Su cuerpo yacía pálido en la penumbra de una cámara frigorífica, la cabeza echada hacia un lado, la sangre surcando su pecho. Los hombres reían y se mofaban de él mientras el olor de cebollas del mercadillo lo invadía todo.
En vida, Moamar al-Gadafi se veía alto, pero muerto parecía pequeño mientras era exhibido al público en un local de una calle llena de carnicerías y puestos de verdura. Los niños y sus padres formaban una fila de cientos de metros que salía por el portón del mercado, como si fueran a un carnaval a echarle una mirada al hombre que creían que era invencible.
"Quiero que mi hijo guarde en su memoria la cara del tirano", explicó Abdul Rahmen Swasi, hablando sobre su hijo de once años, Mohammed. "Vimos durante años a Gadafi hablando por la tele. Blah, blah, blah. Pero ahora está muerto".
Swasi y su hijo avanzaron en la cola, pisando la basura del mercado, entre hombres uniformados y armados. Se hicieron camino hasta llegar a la fría cámara, pasando rápidamente por el lado del cuerpo acribillado y volvieron a salir al aire de un país que ha cambiado enormemente desde el jueves, cuando paramilitares rebeldes asesinaron al hombre que gobernó Libia durante décadas en circunstancias todavía no conocidas enteramente en su ciudad natal, Sirte.
El espectáculo era surrealista y emocionante, pero el reinado de Gadafi a menudo desafiaba la imaginación. Parecía apropiado que Misurata, una ciudad portuaria que fue azotada hasta convertirse en un símbolo de la brutalidad del régimen de Gadafi durante su sitio esta primavera, proporcionara al coronel -desnudo hasta la cintura, sus famosos mechones ahora olvidados- su última humillación.
"Sí, está muerto", dijo Nagwi Omar, "pero yo estoy viejo. Me robó mi juventud".
El viernes Naciones Unidas llamó a investigar la misteriosa muerte de Gadafi. Videos de celulares muestran al ex líder sangrando, pero vivo, cuando fue capturado en un tubo de drenaje por combatientes del Consejo Nacional de Transición. Otras fotografías muestran a Gadafi en una ambulancia. El consejo afirma que murió en un fuego cruzado, pero las imágenes sugieren que fue ejecutado.
"Hay cuatro o cinco versiones de cómo murió", dijo Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. "Hay al menos dos videos filmados con celulares. Uno lo muestra vivo; el otro, muerto. Tomados juntos, los videos son muy inquietantes".
El entierro de Gadafi -se dice en un lugar secreto para que su tumba no se convierta en un lugar de peregrinación para sus seguidores- ha sido pospuesto hasta que termine la investigación. Esto ha indignado a algunos musulmanes, que dicen que debería ser sepultado rápidamente según ordena la ley islámica.
La guerra de ocho meses que condujo a la derrota de Gadafi fue uno de los dramas más inquietantes de la llamada Primavera Árabe, que pasó de inspiradoras rebeliones contra la tiranía a una sucesión de rebeliones todavía no terminadas.
Para los libios, la muerte de su mercurial dictador ha silenciado a la personalidad que definía su odio colectivo. Ahora deberán enfrentarse al tribalismo, a una economía en ruinas y otros problemas que podrían provocar sospechas y nuevas divisiones.
De momento, esas preocupaciones han sido temperadas por la euforia por la muerte de Gadafi. Los tiros al aire a modo de celebración sacuden el cielo, los paramilitares arrojan caramelos por las ventanas de los coches que pasan por los puestos de control y las calles y callejones se ven salpicados por los colores de la nueva bandera libia. Pero el desempleo es alto, las tarjetas telefónicas son escasas e incontables camionetas llevan armas pesadas en la parte trasera.
"Circula un chiste", dijo Reda Azzrroug, estudiante universitario de arquitectura ahora cojo por una herida de bala. "Llega un ingeniero norteamericano a solucionar los problemas de Libia. ‘Llévenme a la parte más alta del país’, dice. Lo llevan a una torre en Trípoli. Miró el país y dijo: ‘Cubran todo con tierra y empiecen de nuevo’".
Azzrroug sonrió: "Sí, tenemos nuestras diferencias, pero nunca volveremos a resolverlas a tiros ni tendremos otra guerra civil".
Al otro lado de la ciudad, pasando junto a un tanque achicharrado y calles con edificios salpicados de impactos de mortero, Anwar Swan, un hombre de negocios que llegó como combatiente anti-Gadafi, dirigió a sus hombres hacia un recinto industrial con mezcladoras, una pila de ripio, una carretilla y tres contenedores refrigerados, todos con nuevos y brillantes candados. El contenedor del medio contenía el cuerpo de Mutassim Gadafi, asesinado el mismo día que su padre.
Swan y sus hombres estaban ansiosos, barriendo los escombros en torno al contenedor y mojando la tierra para apisonarla e impedir que levantara polvo. En algunas horas, dijo, el cuerpo de Moamar Gadafi será trasladado desde el zoco y colocado junto al de su hijo.  Swan dijo que el asesinato de los dos hombres ahorraría al país años de agitación y recriminaciones.
"Si lo llevábamos a juicio, no estaríamos viendo su cadáver y la historia continuaría", dijo Swan, mientras el sudor corría por entre los pelos de su barba y su túnica llena de tierra. "Queremos que termine la historia de Gadafi. Hoy salió el sol y Libia es un nuevo país".
Se alejó y se sentó en la sombra cerca de una mezquita blanqueada y una torcida torre de comunicaciones bombardeada por las tropas de Gadafi. Sus hombres, todos paramilitares, se sentaron junto a él, escuchando. Los casquillos de bala brillaban como monedas en la tierra.
"Quiero bloquear el recuerdo de la guerra", dijo Swan. "Queremos terminar nuestras vidas como gente libre. Nunca permitiremos que alguien nos vuelva a controlar. Gadafi creía en los demonios, no en Dios".
Swan estaba esperando el camión que traería el cadáver de Gadafi.
No sería pronto.
A kilómetros de distancia, una cola de hombres y niños, y algunas niñas, se estiraba hacia afuera del zoco. La fila avanzaba lentamente junto a una valla hasta que un hombre armado dejó entrar a cerca de una docena de personas a la vez. Todos susurraban, Dios es grande. Pasaron de prisa junto a las cebollas secándose en un puesto y los guardias que hacían té. Doblaron por la última esquina y se encontraron con la multitud en la puerta de la cámara frigorífica.
Los guardias reían y tomaban fotos. Querían que el mundo viera que los pecados se pagan. Cuando Abdul Rahmen Swasi y su hijo se acercaban a la puerta, se detuvieron -como los otros hombres y niños que había ahí. También lo hizo Mahmoud Jibril, el nuevo primer ministro interino, que llegó con un séquito y pasó directamente a la cabeza de la cola.
El hermano de Swasi, Mustafa, comerciante, estaba casi en la puerta. "Nunca vi a Gadafi en persona", dijo. "Pero ahora la victoria es mía. Nunca pensé que llegaría a ver esto. Un poder divino nos ha ayudado".
Entró a la cámara en penumbras. Impactos de bala en el estómago y en la cabeza. Sangre en la colchoneta. Sangre en los brazos. Los pantalones beige y los cabellos ralos, tan a menudo tapados por turbantes. Mustafa Swasi se marchó del zoco antes de la puesta de sol, pasó por el portón hacia una ciudad destruida, pero recuperándose.
[Henry Chu contribuyó al informe desde Londres.]
1 de noviembre de 2011
22 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

las otras masacres de juancho prada


En Cesar y Norte de Santander, las Autodefensas del Sur del Cesar asesinaron a campesinos tildándolos de robar gasolina o colaborar con la guerrilla.
Colombia. Aguachica y Ocaña fueron los municipios donde los paramilitares instalaron sus bases para delinquir en Cesar y Norte de Santander. Desde su desmovilización en marzo de 2006, el ex jefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ y varios de sus cómplices han confesado su responsabilidad en ocho masacres en estos dos departamentos.
En versiones libres, reconocieron cómo asesinaron a 14 personas en dos incursiones y que se conocieron como las masacres de Puerto Patiño, ocurrida en enero de 1995 en este corregimiento del Cesar, y la de Guamalito, ocurrida en este corregimiento de Norte de Santander.
En la más reciente audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Juancho Prada’, la Unidad de Justicia y Paz reconstruyó otras cuatro masacres a partir de las confesiones del ex jefe paramilitar así como de Wilson Salazar Carrascal alias ‘El Loro’, Nelson Alberto Gómez Silva alias ‘El Mico’, José Antonio Hernández Villamizar alias ‘Jhon’ y de Javier Antonio Quintero Coronel alias ‘Pica pica’.

La Masacre del Carrotanque
El 16 de abril de 1996 diez paramilitares llegaron hasta una finca en San Martín, Cesar, y allí asesinaron a cuatro hombres y dejaron a otro más herido acusándolos de robar gasolina del oleoducto que pasaba por allí.
En una versión libre, alias ‘Juancho Prada’ confesó ante la Fiscalía que le ordenó a Jhon Vega Alvernia alias ‘Norris’, ex jefe militar de las autodefensas en San Martín, que asesinara a quienes vieran en esa zona robando combustible.
"Le di la orden que patrullara desde San José de las Américas hasta la quebrada La Rayita a donde llegaba la carretera. Se quemó una tractomula y una camioneta", dijo el ex jefe paramilitar.
Quien dio más detalles sobre estos crímenes fue Wilson Salazar Carrascal alias ‘El Loro’, un ex patrullero que delinquió en San Martín, Aguachica, San Alberto, Gamarra y Río de Oro, en Cesar, y en Ábrego, Norte de Santander. Según el ex paramilitar, la masacre se planeó en una finca y se movilizaron en una camioneta a la medianoche hasta el lugar donde pasaba el oleoducto.
Alias ‘EL Loro’ dijo que les dispararon a cinco hombres que estaban supuestamente llenando un carrotanque con gasolina y que las balas causaron un incendio. "Por todo fueron cuatro muertos y un herido, y con la vaina de la ‘plomacera’ se prendió la mula", dijo el ex paramilitar.
Alias ‘Juancho Prada’ dijo que en la masacre participaron además de ‘El Loro’, Manuel Antonio Villamizar alias ‘Mañe’, Juan Tito Prada alias ‘Tito Prada’, alias ‘Taolamba’ y ‘El gringo’.
Según lo documentó Justicia y Paz, el grupo ‘Juancho Prada’ se financió precisamente del robo de combustible. En un informe presentado a la Fiscalía, Ecopetrol reportó la extracción ilegal de 135.837 barriles de crudo de las líneas Galán-Ayacucho entre 2003 y 2006.

La Masacre de Cerro Redondo
En la vereda Cerro Redondo, en Aguachica, diez paramilitares asesinaron a cinco personas el 6 de febrero de 2000 acusándolos de colaborar de la guerrilla. En versiones libres, Nelson Alberto Gómez alias ‘El Mico’ confesó los asesinatos.
"Era una misión del comandante alias ‘Rafa’, nos reunieron en una finca en San Martín y nos embarcaron en unos camiones hasta la vereda La Morena. En La Morena nos descargaron y caminamos hasta la capilla. Luego nos encontramos con el grupo de alias ‘Omega’ y alias ‘Rafa’ decidió que su grupo entraba al caserío a hacer lo que tenía que hacer", dijo alias ‘El Mico’.
En versión libre, alias ‘Juancho Prada’ dijo que ordenó esta incursión a Alberto Durán Blanco alias ‘Barranquilla’, ex jefe militar del grupo, pero que quienes participaron directamente fueron alias ‘Arley’, ‘Rafa’ y ‘Omega’. "No iban con la intención de hacer la masacre y recibieron la información de que esos señores al parecer pertenecían a la guerrilla", dijo el ex jefe paramilitar tratando de justificar los asesinatos por los cuales pidió perdón.
Alias ‘El Mico’ le dijo a la Fiscalía que en esta masacre también participaron alias ‘Arley’, ‘La rana’, ‘El grillo’, ‘Antanas’, ‘El lobo’, ‘El Tigre’, ‘El loro nuevo’, ‘Julián’ y ‘El iguano’.

Masacre de Santa Rosa de Caracol
Como en muchos de los crímenes que cometieron sus subalternos en la región, alias ‘Juancho Prada’ reconoció que esta masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2001 en la vereda Santa Rosa del Caracol, en Aguachica, la aceptaba por ser el entonces jefe paramilitar de las Autodefensas del Sur del Cesar pero que desconocía los detalles.
Según le dijo a la Fiscalía, las cinco víctimas pertenecían a una iglesia evangélica y fueron asesinadas por "informaciones" que llegaron a un ex jefe militar de su grupo. "Se mandan es a buscar a la guerrilla y aparecen es con una masacre. Muchas veces los campesinos dan la información de que fulano es guerrillero y por eso la masacre. No tengo más información", dijo el ex jefe paramilitar en una versión libre.
Alias ‘Juancho Prada’ le dijo a la Unidad de Justicia y Paz que a una de las víctimas la raptaron de la casa de una iglesia y las asesinaron por los señalamientos de un informante que dijo que eran presuntas colaboradoras de la guerrilla.

Masacre de Las Flores
Alias ‘Juancho Prada’ utilizó ex guerrilleros que delinquieron en el Cesar para que le sirvieran de informantes. Y la masacre de Las Flores, conocida así porque ocurrió en un cerro que tiene ese nombre en el municipio de Teorama, en Norte de Santander, no fue la excepción. En una versión libre, el ex jefe paramilitar dijo que alias ‘Arturo’, un ex guerrillero, fue quien señaló a las víctimas de ser presuntas colaboradoras de la subversión.
La masacre ocurrió el 25 de abril de 2002 y fue confesada por José Antonio Villamizar alias ‘Jhon’, un subalterno de ‘Juancho Prada’ que delinquió en Ocaña. "Para esa época se montó un operativo para controlar las guerrillas que operaban en la región como eran la Compañía Móvil Arturo Ruiz, el Frente Libardo Mora Toro del Epl, el Frente Armando Cacua Guerrero del Eln, el Frente Camilo Torres del Eln y la Compañía Móvil Capitán Francisco del Eln. Esta incursión militar se montó con base en una información de la población civil", dijo alias ‘Jhon’.
El ex paramilitar contó que utilizaron como guía a alias ‘Arturo’, un guerrillero que capturaron en la región y que fue el encargado de señalar a las víctimas. "Al operativo fueron 150 paramilitares. Como comandante de Ocaña fue informado de los hechos lamentables", dijo alias ‘Jhon’.
En versión libre, Javier Antonio Quintero alias ‘Pica pica’ le dio más detalles sobre la masacre a la Fiscalía. Según el ex paramilitar, un primer grupo de 30 paramilitares a cargo de Alfredo García alias ‘Mauricio’ salió de una finca ubicada en el corregimiento de Los Ángeles y se encontró con otro grupo a cargo de alias ‘Fredy’ en la parte alta de Ocaña.
"Días después nos encontramos en un punto llamado Simañita y fuimos transportados por orden de alias ‘Jhon’ para la vía de González, en el Cesar. En ese municipio hicimos una incursión donde el comandante ‘Mauricio’ ordenó reunir a toda la gente en el parque. Ahí no hubo muertos pero dos días después llegó una información de un guía llamado ‘Arturo’, quien dijo que en el Cerro de las Flores había una fiesta y estaría el comandante ‘Megateo’ del Epl", dijo alias ‘Pica Pica’.
Según alias ‘Pica pica’, ese fue el pretexto para incursionar el Cerro de Las Flores y asesinar a cuatro personas que fueron señaladas de colaborar con la guerrilla. A una de las víctimas la desmembraron y la arrojaron a una fosa. "En estos crímenes participaron alias ‘Fredy’, ‘Pica’, ‘La muerte’, ‘Loro nuevo’, ‘El tigre’, ‘Arley’, ‘Rufino’ y alias ‘La cabra’", dijo el ex paramilitar.
Estas masacres fueron documentadas y presentadas al Tribunal de Justicia y Paz en Bucaramanga, durante la audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Juancho Prada’, que reconoció 104 crímenes cuando fue jefe de las Autodefensas del Sur del Cesar o del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, como se le conoció durante la desmovilización.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio que se adelanta contra alias ‘Juancho Prada’. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
1 de noviembre de 2011
31 de octubre de 2011
cc verdad abierta

murió liviu ciulei


Director rumano de cine y teatro.
Murió el lunes en un hospital de Munich, Alemania, el director rumano de cine y teatro Liviu Ciulei, que ganó el premio a la mejor dirección en una edición del Festival de Cine de Cannes. No se indicó la causa de su muerte. Tenía 88 años.
Como actor, director y coreógrafo, Ciulei fue una de las figuras más influyentes en el cine y teatro rumanos. Ganó el premio al mejor director en Cannes en 1965 por ‘El bosque de los ahorcados’ [The Forest of the Hanged] e hizo más de veinte películas en las que trabajó como actor y/o director.

Liviu Ciulei nació en 1923 y estudió teatro y arquitectura en Bucarest. Empezó su carrera actoral en 1946, como Puck, en ‘El sueño de una noche de verano’ [A Midsummer Night’s Dream] y empezó a dirigir en 1957.
Durante diez años fue el director artístico del prestigioso Teatro Bulandra, de Bucarest, y de 1980 a 1985 mantuvo la misma posición en el Teatro Guthrie en Minneapolis. Durante su periodo como director, el Guthrie recibió un Tony al mejor teatro regional en 1982.
Más tarde, Ciulei enseñó teatro en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York.
1 de noviembre de 2011
30 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

libia reintroducirá poligamia


Con la sugerencia de que el nuevo gobierno podría reintroducir la poligamia en Libia, el presidente interino provoca la indignación general. Hombres en Bengasi exigen la aplicación de la ley islámica (ya introducida) que permite que los hombres tengan más de una esposa.
[Adan Nossiter] Trípoli, Libia. Fue sólo una referencia rápida sobre el matrimonio en el sobrio un discurso leído por el presidente, pero ha inquietado durante toda la semana a las mujeres libias así como a sus aliadas en el extranjero.
Al anunciar el éxito de la rebelión libia y llamar a la formación de un nuevo país más devoto, el jefe del gobierno interino, Mustafa Abdel-Jalil, también despejó el camino para reintroducir la poligamia sin restricción alguna en un país musulmán donde la práctica fue sometida a limitaciones hasta que llegó a ser muy poco habitual en las últimas décadas.
Es un tremendo retroceso para las mujeres en un momento en que hay todavía muchas instituciones, leyes y relaciones sociales en pie después del fin del gobierno autoritario del coronel Moamar al-Gadafi en los últimos 42 años.
En su discurso, Abdel-Jalil declaró que la ley con que Gadafi había tratado de restringir los matrimonios múltiples, que es un principio de la ley islámica, o sharia, debería ser derogada. La ley, que, por ejemplo, obliga a que la primera esposa acepte a otras esposas de su marido, había mantenido la poligamia a raya.
"Esta ley es contraria a la ley islámica y debería ser derogada", dijo Abdel-Jalil a una multitud, prometiendo que el nuevo gobierno adherirá más fielmente a la sharia. Al día siguiente reiteró su punto de vista ante periodistas en una rueda de prensa. "La ley islámica permite la poligamia", dijo. Abdel-Jalil es conocido por su devoción.
También observó, crípticamente: "No derogaremos ninguna ley".
Sin embargo, algunas mujeres interpretaron las observaciones colectivas del presidente del Consejo Nacional de Transición como un ominoso signo de que en la nueva Libia habrá nuevas represiones. Abogados de derechos humanos también interpretaron los comentarios como un claro ataque contra la ley de Gadafi sobre el matrimonio, como lo hizo igualmente un profesor de derecho islámico de la Universidad de Trípoli.
Expertos extranjeros sobre Libia interpretaron las palabras del líder como un intento de aplacar a los influyentes fundamentalistas. "Él y otros líderes no saben con certeza qué rumbo tomará el país", dijo Dirk J. Vandewalle, profesor de administración política en el Dartmouth College. "Están afinando las apuestas. Lo problemático es que haya mencionado esos temas, que lo sitúan fuera de la opinión mayoritaria".
En el extranjero la reacción fue de consternación entre los aliados cuya intervención militar aseguró la caída del coronel Gadafi. El ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, dijo: "Esto es un problema para nosotros, especialmente con respecto a la dignidad de las mujeres". Más tarde se vio obligado a defender la defensa oficial de los rebeldes libios contra sus críticos en la Asamblea Nacional.
Y entre las jóvenes estudiantes de la Universidad de Trípoli, la reacción fue abrumadoramente negativa, incluso entre aquellas que se cubren con el pañuelo musulmán, que sin embargo están de acuerdo con Abdel-Jalil de que la ley islámica debería ser la base de la nueva Constitución del país, que aún debe ser redactada.
Las mujeres jugaron un importante papel en la rebelión. Sin embargo, los signos de su tradicional posición en la sociedad -en las manifestaciones se sitúan aparte de los hombres, y una inmensa mayoría lleva pañuelo- persisten después de la rebelión.
"Respetar las reglas islámicas es bueno. Pero tener muchas mujeres no lo es", dijo una estudiante de biología de veinticuatro años, Awatif Alhjagi. "Estoy preocupada. Los hombres no tenían ese derecho antes, y ahora se podrán casar con cuatro mujeres", dijo. "Ya lo han decidido, así que probablemente la aprobarán [la poligamia]".
Que Abdel-Jalil se haya centrado en el tema del matrimonio en ese discurso relativamente breve causó inquietud. Las jóvenes en los jardines de la universidad empezaron espontáneamente e indignadas a hacer comentarios.
"Todas las chicas están enfadadas con lo que dijo", dijo Bushra ben Omran, estudiante de inglés de veinte años. "No quiero casarme con alguien que ya está casado".
"No debería haber dicho eso", agregó Omran. "No pensó en todas las personas que iba a ofender" por la rebelión, dijo. "Yo no esperaba esto".
Rehab Zehany, 20, dijo que Abdel-Jalil sólo estaba acatando los dictados del Corán. Pero cuando se le preguntó si aceptaría que si marido se casará con una segunda esposa, dijo: "¡Por supuesto que no! ¡Lo mataría!"
A diferencia de sus vecinos musulmanes africanos más al sur, donde las familias con esposas múltiples son frecuentes, la poligamia no ha sido una parte esencial del tejido de la vida diaria aquí en Libia. Durante el régimen del coronel Gadafi existía la idea de que los matrimonios poligámicos eran la excepción, dijo Azza Kamel Maghur, abogado. Además del consentimiento de la primera esposa -otorgado frente a un juez- un hombre tenía que explicar porqué quería una esposa más.
Como otras mujeres aquí, Maghur, cuyo padre fue durante un breve periodo ministro de Relaciones Exteriores del coronel Gadafi, se mostró fuertemente crítica del presidente provisional del país por proponer cambios fundamentales durante el periodo de transición. "Las mujeres ganamos derechos en los años setenta", dijo. "No queremos perderlos". Dijo que Abdel-Jalil ha ido más allá de lo que permiten sus atribuciones. "No puedes cambiar las leyes relativas al interés o a la familia. ¡No, no, no!"
El viernes en Bengasi varios cientos de hombres se manifestaron para respaldar de Abdel-Jalil y exigieron que se implementaran sus propuestas.
Las activistas dijeron que, al menos, el presidente había abierto el debate sobre el tema, pese a que su inquietud sobre el rumbo en que Abdel-Jalil parece estar empujando a su país. "Está diciendo que los matrimonios con cuatro mujeres están bien", dijo Hana el-Gallal, una importante abogado de derechos humanos. "Pero no puede haber un permiso general para los matrimonios de cuatro. El mero hecho de convertirlo en una licencia abierta, de hablar de este modo sobre estos temas, es muy decepcionante", dijo. Agregó: "Una mejor prioridad habría sido hablar sobre las elecciones".
Mansour O. El-Kikhia, presidente del departamento de ciencias políticas y geografía de la Universidad de Tejas en San Antonio, dijo que el discurso de Abdel-Jalil demostraba la "inexperiencia y falta de profesionalismo" del gobierno interino, agregando que le había hecho un flaco favor a las mujeres.
Esa era la opinión común entre las mujeres -aunque no necesariamente entre los hombres- en la Universidad de Trípoli. "Conozco a hombres que están diciendo que ahora se podrán casar con tres o cuatro mujeres. Eso está muy mal", dijo Najah al-Tabeb, instructora de psicología de 37 años. "Los hombres no reconocen la igualdad de las mujeres", dijo, sonriendo y rechazando la idea de casarse con un hombre que ya tuviera una esposa.
31 de octubre de 2011
30 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

fantasma de los paras en san martín


En este municipio del Meta, los políticos se han acusado mutuamente a lo largo de la campaña de tener vínculos con las autodefensas. Varios aseguran que no es más que propaganda negra.
Colombia. El pasado 13 de octubre, durante la instalación de la Comisión de Seguimiento Electoral para el Meta, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras mostró su preocupación al revisar los mapas elaborados por la Misión de Observación Electoral -MOE, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional, que mostraban a casi todo el departamento en rojo, en alto riesgo electoral.
De acuerdo con el jefe de la cartera política, los municipios con mayor riesgo de fraude, presiones y acciones violentas son: Puerto Rico, San Juan de Arama, Lejanías, Mapiripán, Vista Hermosa, Mesetas, La Macarena, Puerto Gaitán, Cubaral, Puerto Concordia, Puerto Lleras y San Juanito y Villavicencio.
En San Martín, en el piedemonte del páramo de Sumapaz, las amenazas contra las campañas pululan y entre los candidatos se han acusado mutuamente de estar recibiendo apoyos de los grupos armados. Y, según varios pobladores y conocedores de la región algunos de estos señalamientos no están carentes del todo de sustento.
San Martín no figura como municipio vulnerable en ninguno de los informes de riesgo electoral, sin embargo, según voceros de cuatro de las cinco campañas a la alcaldía, antiguos desmovilizados Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, han interferido en el proceso electoral.
Algunas personas de la región le aseguraron a VerdadAbierta.com que reconocidos sicarios deambulan por el pueblo y otros grupos que no se acogieron al proceso de Justicia y Paz aun permanecen en la zona a la expectativa de los comicios del próximo 30 de octubre.
Mientras los ojos de los observadores electorales han estado puestos sobre otros municipios del departamento, los pobladores de San Martín viven su propia historia, silenciada por el miedo y las amenazas contra las campañas políticas. La calma que allí se vive es aparente, dijo un ciudadano. La gente se ha callado  en esta contienda electoral, dejándola huérfana de autoridades y de misiones de acompañamiento.
Son varios los paramilitares que han actuado en San Martín en los últimos años y que manejan los negocios criminales de la región e incluso influyen sobre la política. Algunos de ellos aún están prófugos, y otros, aunque están presos siguen teniendo contactos y poder sobre grupos delincuenciales allí. Entre otros, fuentes informadas de la región citan a  Daniel ‘El Loco’ Barrera, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’,  su socio José Vicente Rivera Mendoza, alias ‘El Soldado’,  Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’ y Luis Arlex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’.
Representantes de campañas y candidatos, que pidieron reserva en sus nombres, le dijeron a VerdadAbierta.com que están patrocinando campañas varios ex paramilitares como Germán Ramírez Devia, alias ‘Vaca Fiada’, antiguo integrante de Frente Héroes de los Llanos y uno de los herederos de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, muerto por la fuerza pública en diciembre de 2010 y quien fue fundador del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista - Erpac, que extiende sus feudos desde San Martín hasta Mapiripán -Meta.
A la situación anterior, se suma la presencia de "Los Paisas", herederos del clan de los hermanos Castaño Gil.
"Por aquí estuvieron ‘Monoleche’ (Jesús Ignacio Roldán Pérez), ‘Doble Cero’ (Carlos Mario García Fernández) y ‘H.H’ (Hebert Veloza), y ‘Don Mario’ (Daniel Rendón). Pero los que están llegando ahora son los hombres de ‘Monoleche’, ‘Don Mario’, y los ‘Macacos’, quienes a comienzos de octubre mataron a alias ‘Chapolo’, un sicario que sembró el terror en San Martín", contó a VerdadAbierta.com  una persona que conoce bien este mundo y que prefirió el anonimato y que señaló que hay una alianza  de estos paramilitares con el ‘Loco Barrera’ pujando por el poder político en la región.
Según tres de los candidatos a la alcaldía, quienes pidieron no mencionar sus identidades, el interés de estos paramilitares en la región es controlar un municipio que tendrá una fuerte inyección de recursos de las regalías por la explotación de uno de los pozos de Caño Sur que está a 130 kilómetros de la cabecera municipal de San Martín y que Ecopetrol encontró hace poco.

El Candidato Sindicado
En el centro de estas denuncias está el candidato a la alcaldía de San Martín de la Alianza Social Independiente-ASI, John Franky Sánchez Muni, un contador público y ex candidato a la Asamblea departamental que en las elecciones pasadas logró 4.900 votos, de los cuales 2.600 fueron en San Martín.
A Sánchez sus contradictores políticos lo sindican de ser el candidato de estos grupos armados, sin embargo, sus oponentes no se han atrevido a denunciarlo ante ninguna autoridad.
"A Franky lo están acompañando todos los desmovilizados y los que no se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, quienes se encargan de romper los afiches de las otras campañas y de amenazar a las personas que asisten a las reuniones. Recientemente,  en un billar del centro del pueblo, los asistentes comenzaron a tomar del pelo a Franky y al poco tiempo apareció alias ‘Gavilán’ – un sicario y amenazó a los que se  reían ", denunció una dirigente comunal que también pidió omitir su nombre.
VerdadAbierta.com habló con Sánchez quien no negó la presencia de los desmovilizados en su campaña e insistió que esto no es ilegal, ni nocivo para el municipio. Por eso se quejó de publicaciones que circularon haciendo denuncias falsas en su contra. "Han sacado panfletos desprestigiándome y poniendo en riesgo mi vida, por eso recibí llamadas telefónicas de amenaza", dijo al señalar que sería prudente denunciar a quien esté detrás de todo esto.
Su lema de campaña es "La nueva fuerza del cambio" y ofrece un programa de generación de empleo,  entrega de parcelas a desmovilizados y a campesinos sin tierra que viven en la vereda Gualas y parcelaciones como Argentina, Buenos Aires y Guadualito, donde hay más de 180 familias.
"La preocupación es con el tema de los desmovilizados porque hay personas que no están recibiendo ayudas. Son muchachos de 17 años en adelante que no saben más que tomar las armas ", agregó.
Sánchez atribuye las denuncias en su contra al hecho de que, según una encuesta realizada en San Martín, sea el político más opcionado para ganar las elecciones.
Otro de los cuestionados en esta campaña es el aspirante conocido como ‘Kike’ Melo, de quien los operadores políticos dicen que es protegido de Milton Báez.
Báez, a quien en la región lo reconocen de ser socio del empresario Guillermo Franco Restrepo, propietario de fincas con cultivos de palma aceitera, la Fiscalía recientemente le ocupó 476 bienes en Bogotá, Facatativá, Funza, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca). Entre los bienes incautados, había más de 300 locales comerciales en San Andresito San José, en el centro de Bogotá. Según la Fiscalía, Báez y Franco, propietarios de esos locales a quienes investiga por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, mantuvieron nexos comerciales con Ignacio Gaitán Cendales, presunto narcotraficante colombiano extraditado a Italia en 1984.
Sin embargo, voceros de la campaña del candidato Melo en San Martín niegan que éste tenga vínculo alguno con Báez y advierten que todo podría obedecer a la propaganda negra de otros candidatos que, incluso, lo señalan de tener nexos con ‘El Loco’ Barrera.
Estos señalamientos han llegado desde marzo a la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral-URIEL, coordinada por el Ministerio del Interior, que ha recibido 38 denuncias relacionadas con delitos electorales en Meta, de las cuales 14 se registran en la capital.
Así está la situación electoral en San Martín de los Llanos, el municipio más antiguo del Meta en donde a comienzos de la década de los 80, de la mano de esmeralderos y narcotraficantes como ‘El Mexicano’ y el clan de los ‘Buitragueños’,  nació el paramilitarismo que en estas elecciones parece querer reencaucharse y repetir la historia del Bloque Centauros, grupo que en las elecciones de 2003 tuvo gran influencia, según ya lo comprobó la justicia.
31 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
cc verdad abierta

las falsas víctimas de mapiripán


Lo que encontró la Fiscalía sobre las falsas víctimas de Mapiripán. El despacho 30 de Justicia y Paz de la Fiscalía logró probar que 8 víctimas beneficiadas con el fallo de la Corte Idh no fueron asesinadas o desaparecidas en la masacre de Mapiripán.
Colombia. Durante la audiencia de imputación parcial de cargos a nueve ex paramilitares del Bloque Héroes de los Llanos de las Auc, la Fiscal 30 de Justicia y Paz, Yolanda Pardo, pudo demostrar a la magistrada de Justicia y Paz, Teresa Ruiz, que ocho de las personas reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, como víctimas de la masacre de Mapiripán, nunca lo fueron.
Según demostró la Fiscalía, en algunos casos se registraron ante la Corte Interamericana como víctimas de homicidio personas que ya estaban muertas para el momento de los hechos, y, en otros, se presentaron como desaparecidos a personas que para la fecha de la masacre se encontraban en las filas de la guerrilla, o que simplemente no estaban en Mapiripán.
Por otra parte a lo largo de la audiencia la fiscal presentó su versión sobre cómo fueron los hechos en los que un grupo de 89 hombres de las Auc se tomó el casco urbano de Mapiripán durante cinco días y atacó a la población civil, y aportó las pruebas suficientes para formular cargos en contra de los paramilitares por los homicidios de Sinai Blanco Santamaría, José Roland Valencia, Oscar Alberto Madrid, Alvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón Gómez, Leduin Morales Caleño; la desaparición de Antonio María Barrera, Walter Mosquera, N.N. Residencia Guaviare y María Georgina Pinzón; los secuestros de Carlos Arbey Bernal, Orlando Martínez y Winneyer Torres Acero, y el desplazamiento de 69 personas, durante, o a raíz de la masacre.
Aunque la Fiscalía destapó el fraude de unas cuantas personas, esto no significa que el número total de víctimas se reduzca, debido a que la investigación continua abierta y se espera que se documenten nuevos casos que serán presentados en una nueva audiencia ante los magistrados.
Además, la audiencia de imputación de cargos tan sólo es la primera de las cinco etapas que deben cursar los casos en Justicia y Paz para que la Sala de Conocimiento dicte condena contra los paramilitares y ordene la reparación de las víctimas.
En enero y febrero del presente año la Fiscal Pardo, luego de darse cuenta que el número de víctimas registradas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (Sijyp) era bastante menor al reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocó a dos jornadas de atención a las víctimas de la masacre en Villavicencio y Mapiripán, en las que se entrevistaron a varios pobladores de Mapiripán y sus alrededores, quienes corroboraron los nombres de los desaparecidos y asesinados durante la masacre.
Al igual que varios de los postulados, las personas que asistieron a las reuniones con la Fiscalía dijeron un número menor de víctimas en la masacre que el reconocido por la sentencia de la Corte.
La Fiscalía en su labor investigativa encontró que la identificación de los cuerpos hasta el momento ha sido muy difícil, debido a que varias de las personas asesinadas durante la masacre fueron desmembradas, y otras tantas no han podido ser identificadas. Este fenómeno generó que algunas de las víctimas fueran registradas de manera repetida por la Corte Interamericana, como fue el caso de Oscar Alberto Madrid, quien además estaba registrado como N.N Oscar.
Al cierre de la audiencia la Magistrada Teresa Ruiz exhortó a los defensores de victimas para que ayudaran a filtrar los casos de personas y abogados que, de manera inescrupulosa, presentaran pruebas de falsas víctimas, en especial y con relación al proceso, con aquellos familiares que a pesar de no ser afectados por el desplazamiento o los crímenes cometidos por los grupos armados, llegaran al proceso de Justicia y Paz pidiendo algún tipo de reparación.
"Debe haber mesura en quienes reciben reparación. Por ánimo de lucro algunos abogados se aprovechan con el fin de lucrarse." dijo la magistrada.

Las Falsas Víctimas
A partir de las entrevistas que realizó en Mapiripán y Villavicencio, Yolanda Pardo encontró a Mariela Contreras, la testigo que el pasado martes aceptó durante la audiencia de imputación el fraude que había hecho al Estado.
Según pudo establecer la Fiscalía, ni el marido de Mariela, supuestamente asesinado en la masacre, ni sus hijos, supuestamente desaparecidos en la misma, fueron víctimas en este atroz crimen. Gustavo Caicedo Rodríguez (esposo fallecido de Mariela), quien aparece cómo víctima en la sentencia de la Corte Interamericana, fue asesinado por las Farc en la vereda el Anzuelo, Meta, en 1997.
Hugo Fernando Martínez (hijo de Mariela) había sido reclutado por el frente 39 de las Farc en 1995 y en el año 2008 regresó al lado de su madre, cuando se desmovilizó.
Como prueba de este hecho la Fiscalía no solo cuenta con el testimonio de él, sino también con el registro de cuando fue cedulado en 2008, luego de su desmovilización.
Diego Armando Martínez Contreras (el otro hijo) según pudo establecer la Fiscalía, tampoco se encuentra desaparecido. Como prueba tienen la tarjeta de preparación de la cedula, efectuada el primero de diciembre de 2000.
Otra de las falsas víctimas que se encuentra cobijada por la sentencia de la Corte Interamericana es José Alberto Pinzón López, sobre quien la Fiscalía encontró que había fallecido en 1989, tal como se demuestra en la resolución 0329 de la Registradoría Nacional, en la que la cédula de este señor fue cancelada por su muerte.
En este caso la Fiscalía comprobó a través del registro de nacimiento de él y sus hermanos, para comprobar que se trataba de la misma persona. A su familia el estado le pagó 430 millones de pesos.
En este caso la Fiscalía también investiga si existen irregularidades en los reclamos por el asesinato de otros cuatro miembros de esta familia, por los cuales el estado ha pagado 1.300 millones de pesos.
Raúl Morales, quien en la sentencia de la Corte Interamericana aparece como desaparecido, y por quien se ordenó el pago de doscientos salarios mínimos legales vigentes, apareció en 2011 como victima de desplazamiento y se acreditó ante la Fiscalía como víctima.
Según pudo establecer el periódico El Tiempo, Morales o su familia no han reclamado el pago de 230 millones de pesos que el Estado debe cancelar por supuesta desaparición como lo ordenó la Corte Idh.
En el caso de Manuel Arévalo, otra persona reconocida como desaparecida, la Fiscalía pudo comprobar que falleció de muerte natural el 3 de marzo de 1999 y quien fue enterrado en el cementerio de Anzuelo, un hecho que fue reconocido por sus familiares.
Según dijo la Fiscalía, los familiares de este señor testificaron que una señora de nombre María Bustos les aconsejó que registraran a su padre como muerto en la masacre de Mapiripán.
Finalmente, los familiares de Eliecer Martínez reconocieron que fue asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre de 2001 porque se negó a unirse a este grupo armado ilegal, y a su hermano Omar Patiño Vaca se lo llevó la guerrilla en abril de 2002.
Estas dos víctimas aparecen ante la Corte Interamericana sin representación, por lo cual, cuando la corte ordenó reparación para sus familias, también ordenó al estado colombiano publicar en medios de comunicación de cobertura nacional, un anuncio para que se buscaba a sus familiares.
31 de octubre de 2011
30 de octubre de 2011
cc verdad abierta