díaz bessone en hospital militar

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Díaz Bessone sufrió un accidente cerebro vascular y lo envían a Hospital Militar. Seguirá internado pero en Buenos Aires. El Tribunal Federal, en disidencia, aceptó el planteo de la defensa del represor y ordenó que una junta médica defina si el ex general está en condiciones de ser sometido a juicio.

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[José Maggi] Argentina. La jornada de ayer en el marco de la causa Díaz Bessone estuvo marcada por el pedido del defensor del octogenario general para que éste sea trasladado al Hospital Militar de Capital Federal para ser tratado por un Accidente Cerebro Vascular (ACV). El Tribunal Oral Federal Nº 2, con el voto en disidencia de Venegas Echagüe, hizo hizo lugar a la petición y además ordenó la conformación de una comisión de especialistas que deberá resolver si el represor está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio.
Pasados los primeros escarceos entre defensa y fiscalía, llegó el turno de Germán Artola, el primero de los defensores que alegó en favor de los acusados. El día estaba previsto que comience con los alegatos de las defensas, no obstante, el defensor de Ramón Genaro Díaz Bessone planteó que su representado sufrió un ACV por lo que se dio lectura al informe médico presentado por la parte y la petición de la misma para que el represor sea trasladado al Hospital Militar para su tratamiento, en lugar de continuarlo en el Hospital Español de Rosario.
El tribunal hizo lugar a la petición, con el voto en disidencia de Jorge Venegas Echagüe quien consideró que no hay razones válidas para permitir el traslado al Hospital Militar de Díaz Bessone teniendo en cuenta que el mismo cuenta con obra social que le permite realizar su tratamiento en el Hospital Español o en algún otro de Rosario.
Lo resuelto por el Tribunal motivó la inmediata reacción del fiscal de la causa Gonzalo Stara, quien interpuso recurso de nulidad contra la decisión de los jueces Beatriz Baravani y Otmar Paulucci por entender que debió darse intervención a la fiscalía antes de decidir y agregó que no puede privilegiarse al imputado con su traslado al Hospital Militar teniendo la posibilidad de recibir atención médica en esta ciudad.
El tribunal rechazó el planteo de la fiscalía y dispuso que se constituya una junta médica para determinar si Díaz Bessone está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio. Por su parte la querella de la Liga y Familiares adelantó que propondrá la inclusión de peritos de parte en este sentido.
Una aparte merece la actitud del defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño denunció penalmente a dos médicos del hospital Español "por algún ilícito del Código Penal" por lo apresurado del alta y por la medicación que le recetaron a Díaz Bessone. Esto fue rechazado inmediatamente por el juez Venegas Echagüe. Por su parte, el fiscal dijo que ni siquiera merecía respuesta esta denuncia porque no se entendió de dónde viene el planteo. Finalizado este incidente, comenzó su alegato el defensor Germán Artola, en representación de los imputados Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara.
En primer término, planteó la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo ya que señaló que sus defendidos fueron indagados por estos hechos desde 1984 a 1987 y el requerimiento de elevación a juicio fue formulado en 2008.
Por otra parte Artola ratificó la validez de las leyes de obediencia debida y punto final por entender que la ley del Congreso de la Nación que las anuló "es una ley inconstitucional y que deben aplicarse las mismas atento ser las más benignas".
El defensor también planteó la nulidad de la audiencia de debate en virtud de entender que "se ha afectado el derecho de la defensa por no haber podido controlar eficazmente la prueba de cargo ya que en numerosas ocasiones el Tribunal no le permitió interrogar a los testigos sobre supuestas contradicciones con declaraciones brindadas al comienzo de la causa".
Artola hizo referencia también a la legalidad de las detenciones que se le imputan a sus defendidos como privaciones ilegítimas de la libertad por entender que "la policía actuó conforme a las leyes vigentes en ese momento y que luego remitía las actuaciones a la justicia militar".
Asimismo planteó que los períodos en los que las víctimas estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional "no deben ser tenidos como privaciones ilegítimas de la libertad ya que esa constituía una legítima facultad otorgada por el estado de sitio vigente".
3 de noviembre de 2011
©página 12

gato andrada llamado a declarar

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Fue citado a declaración indagatoria por dos secuestros. El juez de San Nicolás que investiga los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi entiende que ahora hay "sospechas suficientes sobre la participación" de Andrada y otros militares en el secuestro de los militantes en el bar Magnun.

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[José Maggi] Argentina. El ex arquero de Central, Edgardo ‘Gato’ Andrada, fue citado a declarar por la justicia federal el 9 de noviembre, por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas ocurridos en la última dictadura. El fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, quien investiga el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, fue quien logró luego de más de seis años de haberlo solicitado que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declarar no solo al ex arquero canalla -quien fue agente del aparato de inteligencia militar- sino también al ex comisario Luis Abelardo Patti, los ex militares Reynaldo Bignone, Oscar Pascual Guerrieri, Luis Américo Muñoz y a los ex agentes de inteligencia Ariel "el Puma" Porra y Juan Andrés Cabrera, alias "el Barba". Todos están imputados por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum, en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos. Andrada, quien trabaja desde hace años en las inferiores de Central, en la filial Fábrica Militar de Armas, ubicada en avenida Francia al 5000 -curiosamente donde funcionó un centro clandestino de detención- estuvo anoche reunido con parte de la comisión directiva del club a quienes prometió que hoy enviará su telegrama de renuncia.
El fiscal Murray reconoció que ayer se le notificó la resolución por la cual "se impone la detención e indagatoria de Patti, Bignone, Guerrieri, Ariel Porra y Juan Andrés Cabrera, quienes ya estaban detenidos en relación a otras causas y a disposición del TOF San Martín y del TOF de Rosario", mientras que "en relación a Andrada y Muñoz, que están eximidos de prisión, se dispuso que se los convoque a prestar declaración indagatoria pero la diferencia es que la citación les llega en libertad".
El fiscal recordó que "tanto Andrada como Muñoz, quien era el segundo de Guerrieri en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario al momento de los hechos, tienen revocada su exención de prisión por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario" pero "como ambas defensas interpusieron recursos de casación, la resolución no está firme y se encuentra sujeta a los tiempos que determine la Cámara Nacional de Casación Penal".
Murray se mostró crítico por que "recién ahora" el juez federal de San Nicolás resuelve "algo que desde la fiscalía y la querella fue planteado en marzo de 2005, es decir hace más de 6 años".
Además remarcó que en uno de los párrafos de la resolución, el juez Villafuerte Ruzo argumentó: "Un nuevo reexamen de la causa me lleva a concluir que se ha adquirido el grado de sospechas suficientes, tanto en cuanto a la existencia del hecho como en cuanto a la participación de las personas señaladas en el mismo, como para convocarlos a prestar declaración indagatoria como imputados en la causa".
"Hay otro imputado, el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, alias Chuly, con la misma carga probatoria, sobre quien Villafuerte no se expidió", acotó el fiscal federal de San Nicolás, en alusión al presidente de la Asociación Sanmartiniana Cuna de la Bandera, que todos los años realiza el Cruce de los Andes y cuenta con el apoyo de distintos sectores como la municipalidad de Rosario, y diversos medios de comunicación locales.
En cuanto a la continuidad de la causa y la situación de Andrada en particular, Murray adelantó que el ex arquero "tendrá que comparecer a la citación y después habrá que ver si decide hacer valer o no su derecho constitucional de ejercer su defensa material", y finalmente "esperar si resuelve declarar o no".
"Lo que creemos desde fiscalía y desde la querella es que hay elementos suficientes para que Andrada y el resto de los imputados sean procesados por este hecho", remarcó Murray para quien "las pruebas en relación a los hechos son harto suficientes y abundantes". Además "hay pruebas documentales que se incorporaron con posterioridad a la causa y que indican claramente la responsabilidad de Andrada en los hechos".
Entre ellas señaló "hay pruebas testimoniales como la declaración de Eduardo Costanzo", ex agente de inteligencia, que en esta causa declaró "como testigo, ya que al momento de los hechos no se encontraba en Rosario sino que se entera posteriormente cuando uno de sus amigos le cuenta y le da datos precisos de cómo, dónde y cuándo se realizó el operativo".
"También existen legajos de militares, hay prueba documental que tiene que ver con documentos desclasificados por el departamento de Estado norteamericano que acreditan fehacientemente todos los hechos de la hipótesis que en su momento sostuvieron la fiscalía y la querella", apuntó.
Por su parte el diputado provincial electo y secretario general del Movimiento Evita de Rosario, Eduardo Toniolli, celebró el pedido de indagatoria: "Estamos muy contentos y satisfechos con esta disposición, fundamentalmente porque es un reconocimiento a la lucha inclaudicable de dos mujeres como Gladys y Ethel Cambiaso (hermanas de Osvaldo), de los organismos de derechos humanos y de los abogados querellantes".
3 de noviembre de 2011
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la inversión privada no sirve

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La inversión privada no contribuye al desarrollo. Lo que es más, produce todo lo contrario de lo que afirman sus defensores.

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[James Livington] Como un historiador de la economía que ha estudiado el capitalismo estadounidense durante los últimos treinta y cinco años, voy a contarles el secreto mejor guardado del último siglo: la inversión privada -es decir, el uso de los beneficios empresariales para aumentar la productividad y el rendimiento- en realidad no produce crecimiento económico. Los que sí lo hacen son el gasto público y el gasto del consumidor. La inversión privada ni siquiera es necesaria para fomentar el desarrollo.
Esto es, dicho suavemente, una afirmación polémica. Los economistas te dirán que la inversión privada impulsa el crecimiento porque financia alguna nueva planta o tecnologías que crean empleo, mejoran la productividad laboral y aumenta los ingresos de los trabajadores. Como resultado, oirás a los políticos insistiendo en que si se entregan más incentivos a los inversionistas privados -menos impuestos sobre los beneficios de las empresas- tendremos un crecimiento más rápido y mejor balanceado.
El público general parece estar de acuerdo. De acuerdo a una encuesta de New York Times/CBS News en mayo pasado, la mayoría de los estadounidenses creen que si se aumentan los impuestos a las empresas, "las compañías estadounidenses no se verán estimuladas para crear más empleos".
Pero la historia nos enseña que eso es un error.
Entre 1900 y 2000, el producto interior bruto real per cápita (la producción de bienes y servicios por persona) creció en más de seiscientos por ciento. Entretanto, la inversión privada neta bajó en setenta por ciento como componente del producto interno bruto. Lo que es más, en 1900 casi todas las inversiones fueron del sector privado -de compañías, no del gobierno- mientras que en 2000 la mayor parte de la inversión provino sea del gasto público (de los ingresos fiscales) o "inversión residencial", que implica el gasto del consumidor en vivienda, antes que gastos de las empresas en plantas, equipos y trabajo.
En otras palabras, en el curso de los últimos cien años, la inversión neta de las empresas se atrofió, mientras que el producto interno bruto per cápita aumentó de manera espectacular. ¿Y cuál fue la fuente del crecimiento? El aumento del gasto del consumidor, aparejado con y amplificado por el gasto público.
Los arquitectos de la revolución de Reagan trataron de revertir estas tendencias como una cura para el estancamiento de los años setenta, pero no lo lograron. De hecho, la inversión privada o empresarial siguió bajando en los ochenta y en los años siguientes. Peter G. Peterson, ex ministro de comercio, se quejó de que el crecimiento real después de 1982 -después de que el presidente Reagan redujera la tasa de impuestos a las empresas- coincidió con "de lejos, la inversión neta más débil de los años de posguerra".
Entre 2001 y 2007, la reducción de impuestos del presidente George W. Bush tuvo efectos similares: crecimiento real en ausencia de nuevas inversiones. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los beneficios corporativos retenidos que no se invierten, se acercan al ocho por ciento del producto interno bruto, un asombroso porcentaje en vistas de la crisis de desempleo que estamos viviendo.
Así que los beneficios de las empresas no impulsan el crecimiento económico -son simplemente inquietas cifras de capital excedente listo para inundar los mercados especulativos en casa y en el extranjero. En los años veinte, inflaron la crisis del mercado de valores, y luego causaron la Gran Depresión. Desde la revolución de Reagan, estos beneficios superfluos han alimentado las fusiones corporativas y las absorciones, impulsado el frenesí del punto com, financiado el "sistema bancario paralelo" de los fondos de alto riesgo y titularizado los instrumentos de inversión, fomentado las crisis monetarias en los dos hemisferios y exacerbado el problema de la vivienda.
¿Por qué, entonces, tantos estadounidenses apoyan la reducción de impuestos sobre los beneficios de las empresas, mientras insisten al mismo tiempo que el ahorro es la cura de todo lo que nos aqueja al resto, individualmente y como país? ¿Por qué se preocupa el 99 por ciento de la gente por la elite del uno por ciento cuando se trata de nuestro futuro económico?
Una parte importante del problema es que dudamos del valor moral de la cultura consumista. Como la hormiga abstemia que insulta al irresponsable saltamontes cuando se acerca el invierno, creemos que lo que hay que hacer es ahorrar. Incluso cuando hacemos las compras despreocupadamente, sentimos que si pudiéramos controlar nuestros turbulentos deseos, podríamos asegurarnos un futuro mejor. Pero estamos equivocados.
El gasto del consumidor es no sólo la clave de la recuperación económica en el corto plazo; también es necesario para un crecimiento balanceado en el largo. Si nuestro objetivo es reparar nuestra economía dañada, lo que deberíamos hacer es confiar en la cultura del consumidor -y eso implica una redistribución del ingreso desde los beneficios a los salarios, facilitados por una política fiscal y reforzados por el gasto público. (El aumento del déficit fiscal que podría resultar no debería disuadirnos, ya que una gran parte de las importaciones manufacturadas provienen de corporaciones multinacionales de propiedad estadounidense que operan en el extranjero.)
No necesitamos que comerciantes, directores ejecutivos y analistas -ese uno por ciento- recojan y administren nuestros ahorros. Lo que debemos hacer los consumidores es ahorrar menos y gastar más en nombre de un mejor futuro. No tenemos porqué silenciar a la hormiga, pero haríamos bien en escuchar al saltamontes.
[El autor es profesor de historia en Rutgers y autor de ‘Against Thrift: Why Consumer Culture Is Good for the Economy, the Environment and Your Soul.]
3 de noviembre de 2011
26 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

gadafi fue enterrado en secreto

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Funcionarios del nuevo gobierno libio confirmaron que los cuerpos del coronel Gadafi, de su hijo Mutassim y de un edecán militar, asesinados en Misurata, fueron sepultados en un lugar no revelado.

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[Patrick J. McDonnell] Libia. El macabro y polémico drama sobre los restos en descomposición de Moamar Gadafi parece haber concluido con su oscuro y anónimo entierro en el interior de Libia.
El cuerpo de Gadafi fue sepultado el martes temprano en una tumba secreta, confirmaron funcionarios libios. También fueron sepultados los restos de su hijo Mutassim y de su edecán militar, Abu Bakr Yunis.
La Associated Press informó que un clérigo y varios parientes del difunto estuvieron presentes en un breve servicio religioso en la costeña ciudad de Misurata antes de que los cuerpos fueran trasladados en ataúdes de madera para ser enterrados antes del alba en un lugar secreto.
El cuerpo descompuesto del coronel habían sido exhibido públicamente durante cuatro días en una cámara frigorífica en Misurata. Los cuerpos de Mutassim Gadafi y de su edecán militar yacían junto al de Gadafi.
Imágenes de libios haciendo cola para ver los cuerpos en descomposición fueron transmitidos en todo el mundo, un espeluznante espectáculo que produjo a la vez repulsión y un morboso interés.
Los mirones que hicieron la cola para echar un vistazo a los cadáveres recibieron mascarillas quirúrgicas para protegerse del hedor. Muchos posaron para tomarse fotografías junto a los restos del hombre que ejerció un poder casi absoluto durante más de cuatro décadas.
Los entierros se producen en medio de informes de que otro hijo de Gadafi -el ex heredero natural, Seif Islam Kadafi- estaba tratando de escapar hacia la vecina Nigeria, al sur de Libia.
Se cree que el jefe de seguridad del régimen de Gadafi, Abdullah Sanoussi, ya se encuentra en Nigeria. Ambos Sanoussi y Seif Islam Kadafi son buscados por la Corte Penal Internacional por cargos de asesinato y otros delitos contra la humanidad cometidos presuntamente durante la represión de las manifestaciones este año.
Otro hijo de Gadafi, Saadi, encontró refugio en Nigeria después de que los paramilitares obligaran al coronel y su familia a huir de Trípoli, la capital libia, a fines de agosto. El gobierno interino libio pedirá la extradición de Saadi, pero no se ha dictado ninguna orden de captura internacional contra el ex jugador de fútbol profesional y productor de Hollywood.
Los desacuerdos entre funcionarios en Misurata y el gobierno transicional en Trípoli han retrasado la decisión sobre cómo disponer del cuerpo de Gadafi. No se pusieron de acuerdo sobre la última morada, aunque las dos facciones querían impedir que la tumba se convirtiera en un santuario para posibles insurgentes gadafistas.
A medida que se prolongaba la indecisión, el cuerpo manchado de sangre de Gadafi permanecía en la cámara frigorífica de una bodega, el natural proceso de descomposición proseguía su curso. La familia de Gadafi pidió que los restos fueran entregados a los miembros de su tribu en su ciudad natal, Sirte.
Al final, el hombre cuya mercurial visión guió al país norafricano durante más de cuarenta años -y que alguna vez fue llamado por el presidente estadounidense Reagan "el perro rabioso de Oriente Medio"- parece haber sido depositado en un tramo no identificado del desierto, con apenas algunos testigos.
Gadafi, su hijo y su ministro de Defensa fueron capturados vivos el jueves en Sirte cuando la ciudad estaba siendo ocupada por las milicias paramilitares después de semanas de intensos combates en la ciudad. La lucha culminó un conflicto de ocho meses que costó más de treinta mil víctimas.
Cómo murieron Gadafi y los otros dos sigue sin esclarecer.
Las autoridades libias dicen que probablemente murió en el fuego cruzado. Otros dicen que las evidencias indican que fue ejecutado de un balazo en la cabeza. Videos de aficionados mostraron a un grupo de rebeldes maltratando y vociferando contra el coronel, ensangrentado y aturdido- después de su captura.
Al Yazira, el canal de televisión pan-árabe, mostró un video de un paramilitar cuando está siendo congratulado por sus compañeros como el hombre que mató a Gadafi. Pero el video de la ejecución misma aún no ha aparecido.
Cediendo ante la presión internacional, las autoridades libias dijeron que investigarán la muerte de Gadafi.
Human Rights Watch declaró el lunes que su investigación indicaba que Gadafi fue probablemente ejecutado. La organización también concluyó que aparentemente 53 soldados libios fueron igualmente ejecutados en un hotel de Sirte cuando los paramilitares antigadafistas ocuparon la ciudad.
Las autoridades provisionales de Libia se han justificado diciendo que las tropas de Gadafi ejecutaron a decenas de prisioneros en las últimas semanas del régimen.
2 de noviembre de 2011
25 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

la matanza de perros como negocio

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columna de lísperguer

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Empresa ofrece incineración de mascotas "fallecidas con un fin comunitario".

Tras leer esta nota en PrensAnimalista, he visitado la página web de esta empresa y encontrado ofertas de servicios que parecen muy sospechosas. La empresa ofrece tres modalidades: 1) el individual, con entrega de cenizas en un ánfora; 2) el económico, que es una incineración sin entrega de cenizas; y 3) el comunitario, que en la página se describe como "una cremación masiva de animales fallecidos con un fin comunitario". La última descripción es bastante críptica y es la que llamó la atención de Pepa García.
Llamé a la empresa y pregunté qué querían decir con "animales fallecidos con un fin comunitario". Tengo la impresión de que al emprendedor en ese momento se le llenó la boca de dientes, pues respondió de manera incoherente, diciéndome que era cuando se requerían sus servicios para muchos perros. Le pregunté directamente: "Por ejemplo, si algún vecino mata a los perros de la plaza y lo llama a usted para retirar los cadáveres e incinerarlos, ¿usted lo haría sin preguntar cómo murieron esos perros?" Me respondió que nunca lo habían llamado para eso. Le pregunté si lo haría y me dijo que no me oía bien, porque iba conduciendo. Le pregunté si acaso la empresa no hacía preguntas sobre cómo habían muerto las mascotas. Me dijo que normalmente no hacían preguntas. Tras colgar, me sigue debiendo esa respuesta y muchas otras.
¿Qué otra cosa puede significar ese servicio para perros muertos con un fin comunitario? Aquí ningún perro o mascota puede morir con un fin comunitario. La imagen de perros muertos con un fin semejante, según se define el tercer servicio, sugiere de inmediato que la empresa realiza incineraciones masivas, sin entrega de cenizas -que es exactamente lo mismo que ofrece el segundo servicio. De hecho, entre el segundo y el tercer servicio no hay ninguna diferencia -porque si el cliente no quiere las cenizas (2do servicio) nada garantiza, ni es necesario, que su mascota sea incinerada individual o colectivamente. Los dos servicios son iguales. ¿Por qué pues ofrecer ese tercer servicio, a todas luces redundante?
Mi sospecha es que quiere decir que la empresa recoge perros que han sido sacrificados en una operación masiva (como en la plaza de San Joaquín, por ejemplo) y que no hacen preguntas. Aunque la incineración de mascotas fallecidas ciertamente no es un delito, si raya en la ilegalidad que -aparentemente- ofrezca a los asesinos de perros una manera rápida y expedita de deshacerse de los cuerpos. Muchas municipalidades parias podrían interesarse. La tendencia de los municipios a tercerizar las campañas de asesinatos masivos de mascotas es cada vez más habitual. La empresa ofrece claramente la posibilidad de deshacerse de los cadáveres sin hacer preguntas.

La empresa no comete ningún ilícito ofreciendo sus servicios de incineración de mascotas. Pero si llegara a aceptar un encargo sospechoso -por ejemplo, que retire e incinere a los perros hallados muertos en algún espacio público o privado, se hallen en el lugar en que murieron o hayan sido trasladados a un recinto privado- cometería claramente el delito de encubrimiento. El Código Penal (Libro I), en su art. 17, inciso 2, define como encubridores a los que ocultan o inutilizan el cuerpo [del delito], "los efectos o instrumentos del crimen o simple
delito para impedir su descubrimiento". El hallazgo masivo de mascotas o perros muertos en algún lugar público o privado debería ser considerado como un indicio de que han sido sacrificados ilegalmente, violando el artículo 291 bis del Código Penal relativo al maltrato animal. La preservación del cuerpo del delito es esencial para las diligencias judiciales imprescindibles en la pesquisa de un posible delito, que es la razón por la que se considera encubridores a quienes alteran el sitio del suceso y eliminan las pruebas o el cuerpo del delito. Por eso, aceptar ese encargo implicaría la comisión del delito de encubrimiento, porque impediría, por ejemplo, la realización de una autopsia para determinar la causa de la muerte y determinar si en sus muertes han intervenido terceros o se han usado substancias tóxicas.

Por eso, creo que definir esta empresa como la iniciativa de un hombre de negocios proteccionista es demasiado apresurado. Debería insistirse ante esa empresa que retire de su página web y de su cartera de servicios su "servicio comunitario" y que se comprometa formalmente a denunciar a la fiscalía, a la BIDEMA y a organizaciones animalistas cuando se acerquen clientes que soliciten servicios para incinerar mascotas que hayan muerto masivamente, en algún recinto privado o en la calle. Creo que en esos casos es muy probable que se trate de matanzas de perros -que son, todas, ilegales.
Yo creo que si el empresario que es descrito como proteccionista, de verdad lo fuera, habría respondido de otro modo mi pregunta de si incinerarían a perros matados masivamente en una plaza (era mi ejemplo). De habría dicho: "De ninguna manera". Me habría podido decir que no lo harían nunca o que a ese cliente potencial lo denunciarían inmediatamente. No lo hizo. Sólo balbuceó que nunca se lo habían pedido y que me oía muy mal.
Por la misma razón me parece igualmente que PrensaAnimalista no debería contribuir a la publicidad de esta empresa, publicando sus teléfonos y enlace. En una nota periodística no es necesario. Huele a publicidad, que en este caso parece -de momento- inmerecida. PrensaAnimalista haría igualmente bien si averiguara quiénes y sobre la base de qué argumentos han decidido otorgar el subsidio de Capital Semilla Empresa 2011, del Ministerio de Economía, a una empresa que ofrece servicios que parecen reñidos con la ley y la moral.
lísperguer

kenia invade somalia

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La invasión keniata de Somalia es quizás un riesgo inevitable. Pero va aparejado de ataques franceses y estadounidenses contra territorio que se considera está en manos de organizaciones terroristas.

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Nairobi, Kenia. Desde que Kenia se hiciera independiente en 1963, su política exterior ha sido decididamente no-intervencionista. Sus fuerzas armadas no han tenido mucho que hacer en casa y todavía menos en el extranjero. Eso cambió esta semana cuando varios miles de soldados keniatas invadieron la vecina Somalia.
Los estadounidenses dicen que la ofensiva les tomó por sorpresa. Eso es difícil de creer, especialmente debido a que varios de los misiles lanzados contra los combatientes yihadistas ocultos en los manglares del lado somalí de la frontera fueron disparados aparentemente desde aviones no tripulados o submarinos estadounidenses. También se informó que Francia bombardeó campamentos cerca del puerto somalí de Kismayo, una de las bases de la milicia Shabab que está asociada con al Qaeda. Los franceses estaban indignados por el reciente secuestro en Kenia de una francesa minusválida y su posterior muerte en Somalia, presumiblemente a manos de la organización Shabab, así como por la captura de uno de sus espías en Somalia hace dos años.
Kenia es franca sobre sus objetivos militares. Dice que quiere avanzar desde sus posiciones en las ciudades somalíes de Afmadow y Ras Kamboni para atacar Kismayo desde el oeste y el sur. Espera intimidad e "infligir daños" a Shabab.
¿Y luego qué? La respuesta es confusa. ¿Debería Kenia apoderarse de Kismayo o debería atacarla y luego marcharse rápidamente con la esperanza de que otros grupos somalíes eliminen a los militantes Shabab? Nadie sabe lo disciplinados que son los keniatas, ni cómo reaccionarán los somalíes ante su presencia. El ejército keniata ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos en su país. Algunos piensan que es blando y corrupto.
Incluso si se demuestra que los escépticos están equivocados, tendrá entre manos una sangrienta guerra. Las lluvias recientes han dejado intransitables muchas rutas en el sur de Somalia. Pese a la amenaza de ataques aéreos, los insurgentes Shabab cortarían las líneas keniatas. Si los keniatas humillan a Shabab dentro de Somalia, los yihadistas podrían realizar -en venganza- una serie de atentados con bomba en Kenia y otros países.
Esa campaña puede haber empezado. El 24 de octubre se lanzaron dos ataques con granadas en la capital keniata, Nairobi, matando a una persona e hiriendo a decenas más. Los keniatas están asustados. Los somalíes étnicos -unos dos millones de ciudadanos, han empezado a sufrir controles y hostigamiento. De momento, el secuestro y asesinato de turistas extranjeros ha terminado con el turismo keniata. Un flujo de refugiados de Somalia, especialmente del campamento Dadaab, ha empezado a representar un riesgo para Kenia. Durante algunos meses, soldados y ciudadanos keniata han sido atacados y secuestrados a lo largo de la frontera. Se necesitaba claramente una zona neutral. La decisión del gobierno de iniciar acciones contra Shabab al otro lado de la frontera puede haber sido irresistible.
Oxfam y otras organizaciones internacionales dicen que 750 mil somalíes corren un riesgo inmediato de morir de hambre. Esas cifras pueden ser disputadas. Pero un incremento del conflicto hará que más gente sufra hambre en el sur de Somalia. Muchos somalíes, no solamente los islamitas, sospechan que las autoridades keniatas quieren un estado semi-autónomo en el sur: una "iniciativa de Jubaland".
El temor somalí de que Somalia se resquebraje en más fragmentos ya ha provocado que el presidente de su gobierno de transición, Sharif Ahmed, denunciara la presencia de tropas keniatas en territorio somalí, aunque los keniatas dicen que cruzaron la frontera por invitación del gobierno. Después de todo, Somaliland en el norte ya se ha separado y Puntland, en el nordeste, está tenazmente conectado con el sur de Somalia. El gobierno provisional mantiene la capital, Mogadishu, mientras que el grupo Shabab todavía controla el territorio a su alrededor.
Ciertamente la invasión afectará al comercio. Kenia exporta a un buen precio una planta llamada qat -un estimulante que mastican los somalíes- a Jubaland. Funcionarios keniatas sacan provecho de ese comercio y haciendo la vista gorda sobre la importación de ganado somalí para su sacrificio en Nairobi. De cualquier modo, el asalto keniata contra Shabab es una apuesta en la que se juega mucho.
2 de noviembre de 2011
29 de octubre de 2011
©the economist
cc traducción c. lísperguer

nueva generación de parapolíticos

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¿Una nueva generación de parapolíticos? En las pasadas elecciones varios medios de comunicación e informes de Ong’s señalan que 9 de los nuevos 32 gobernadores, fueron apadrinados por parapolíticos.

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Colombia. La Corporación Nuevo Arco Iris dijo que los gobernadores de Arauca, Bolívar, Casanare, Magdalena, La Guajira, Santander, Cesar, Sucre y Valle del Cauca fueron respaldados durante sus campañas por ex funcionarios vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Al contrastar esta información con el mapa de riesgo electoral realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE), los departamentos señalados, principalmente en la región Caribe, coinciden con una alta presencia de bacrim y autodefensas, que, a juicio de Arcoiris pudieron incidir en las jornadas electorales.
Ante los señalamientos, los 9 gobernadores han respondido asegurando que se trata de ataques de sus adversarios políticos. VerdadAbierta.com realizó un recuento de los señalamientos incluyendo la información que identifica a los presuntos padrinos políticos de los 9 gobernadores.

Los Supuestos Respaldos de La Gata
Julio César Guerra Tulena del Partido Liberal, nuevo gobernador de Sucre con un votación de 204.686 votos (65.5 por ciento), es señalado de haber recibido respaldos de personas cuestionadas.
Uno de ellos es el de Eduardo Carlos Merlano, hijo del ex senador Jairo Merlano condenado por parapolítica. En Sucre se dice que Guerra también contaba con el apoyo de Teresita García, hermana de Álvaro García, condenado por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo y de Alfonso López, hijo de Enilce López alias ‘La Gata’, condenada por nexos con el paramilitarismo y por concierto para delinquir.
De acuerdo al informe de la Revista Semana ‘Democracia en la mira’, "misteriosamente, la elección como gobernador de Guerra Tulena, quedó cantada con el retiro de otros tres aspirantes". Además, según fuentes de Semana, a cambio del retiro de los otros aspirantes, "Guerra Tulena hizo un acuerdo con Enilse López y sus hijos para que conservaran la jugosa concesión del chance".
López, hijo de ’la Gata’, también apoyó al electo gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín del Partido Liberal, quien obtuvo el 43 por ciento de la votación. Según Semana "aunque Gossaín ha negado estas relaciones, no puede ocultar las fotografías del hijo de la Gata, el senador Héctor Julio Alfonso, haciéndole campaña."
Cuatro fuentes consultadas por VoteBien.com confirmaron este respaldo político durante la campaña electoral por la gobernación de Bolívar.
Otro artículo ‘La sombra de la Gata sigue rondando la política de Bolivar’ de la SillaVacia.com también pone sobre el tapete estos señalamientos que Gossain califica como "un montaje de sus adversarios".
Otro político al que se relaciona con ’La Gata’ es el electo gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Genecco, quien según reportes de Arco Iris es cercano a Benjamín Calderón, amigo cercano de la poderosa empresaria del chance de la Costa.
De acuerdo a un informe de Verdadypoder.com sobre campañas cuestionadas, la candidatura de Monsalvo fue apoyada por Calderón, a quien apodan ’El Gatico’ por ser socio de López, en la concesión del Chance.
A Calderon, gerente de Uniapuestas Unidas del Cesar, le fue expedida orden de captura por apoyo a grupos paramilitares del Bloque Norte.

Presuntos Respaldos de Parapolíticos
Para la Gobernación de Arauca y de Casanare, fueron elegidos José Facundo Castillo y Nelson Mariño Velandia, a quienes señalan de estar cerca de la organización de German Buitrago alias ‘Martín Llanos’, el ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Casanare que no se desmovilizó.
Castillo y Mariño al parecer tuvieron el apoyo político del condenado William Pérez, ex gobernador de Casanare.
Respecto a estas afirmaciones, Votebien.com ya había publicado en su especial ‘El poder desde la cárcel’ en el que explica como "en su afán por mantener el poder en el Casanare, William Pérez le mandó a comprar el aval de Afrovides a Mariño". Estos testimonios, aún sin comprobar, fueron dados por un funcionario del Observatorio del Territorio de la Universidad del los Llanos.
Según informes de la Sillavacia.com, en las elecciones de Casanare, "la sombra de ’Martín Llanos’ es hoy en día la fuerza más poderosa en la política de la región".
Precisamente, según un testimonio recogido por la Sillavacia.com, de Carlos López Garay, "el ex alcalde de Yopal pactó con las ACC un acuerdo de colaboración económica y que cada tres meses les entregaba cien millones de pesos". El ahora gobernador Mariño siempre ha asegurado que "todo es un montaje de sus enemigos políticos".
Por su parte, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, aunque es señalado por supuestos respaldos políticos de paramilitares, según el informe de Semana.com, ‘Democracia en la mira’, también es acusado por sus adversarios "de tener vínculos con las Farc".
Luis Miguel Cotes, elegido gobernador de Magdalena con el 42 por ciento de los votos, también ha sido cuestionado por tener el apoyo político de los ex gobernadores Ómar Díaz Granado y Trino Luna, condenado por sus nexos con paramilitares del Bloque Norte, entre ellos Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’ y José Gelves Albarracín alias ‘El Canoso’.
De hecho, según informe de la SillaVacia.com sobre los contactos del ’mello’ Cotes para llegar a la gobernación del Magdalena, "él se ha convertido en el centro de la alianza del grupo político que ha gobernado el departamento durante los últimos años, que en buena parte estuvo aliado con los paramilitares, y que quiere perpetuarse en el poder".
Ante las acusaciones Cote ha comunicado a través de su página en internet, que "rechaza enérgicamente la campaña de difamación que sus detractores políticos han puesto en marcha ante el avance arrollador de nuestra propuesta de gobierno a favor del pueblo magdalenense".
Otro de los políticos señalados por Arco Oris fue Richard Alfonso Aguilar, nuevo gobernador de Santander por el PIN, hijo del coronel Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander destituido e inhabilitado por la Procuraduría por nexos con paramilitares.
Aguilar hijo ha dicho en la prensa que defenderá a su padre porque considera que las acusaciones de haberse aliado con paramilitares son producto de una persecución política.
Según Votebien.com, aunque Aguilar no ha enfrentado ningún escandalo su credibilidad es afectada por los vínculos de su padre con el desmovilizado Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. A esta herencia se suma que Aguilar hijo, al parecer, recibió apoyo de Luis Alberto Gil, investigado por nexos con el Bloque Central Bolívar de las Auc y de Alirio Villamizar condenado por parapolítica.
En el informe también se cuestiona el respaldo que obtuvo el ahora gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, del polémico ex senador condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra.
A estos señalamientos, el gobernador Useche aseguró que eran "una campaña de desprestigio de las otras campañas políticas". Useche dijo también que aunque conocía y tenía una amistad con el condenado ‘parapolítico’, él no tiene nada que ver en su candidatura.
Otro de los casos que menciona la ONG es el del candidato por Cambio Radical Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien ganó la gobernación de La Guajira con el 52,3 por ciento de los votos.
Según la Revista Semana, Gómez tiene más de quince investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por presunta corrupción en sus dos periodos como alcalde de Barrancas. El político estuvo preso durante tres meses en 1991 acusado por porte ilegal de armas.
Gómez Cerchar ha sido relacionado con tráfico de drogas y armas en La Guajira, y también ha sido salpicado con ’paras’, pero hasta el momento no se le ha probado nada.
Un paramilitar desmovilizado ratificó esta versión a la Revista Semana. Dijo que Gómez "fue auxiliador del grupo paramilitar comandado por ’Jorge 40’, a quien, dicen, visitaba en la base de San Ángel, cuartel del Bloque Norte".
Es importante aclarar que de los señalamientos realizados por diferentes medios y organizaciones, ninguno ha llegado a instancias judiciales.
2 de noviembre de 2011
31 de octubre de 2011
cc verdad abierta

córdoba, a la sombra de la parapolítica

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Los políticos que respaldan a los dos aspirantes a la Gobernación, Lyons y Oyola, han sido salpicados, cuando no condenados, por parapolítica.

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Colombia. El día que Alejandro Lyons Muskus se dio la mano con Víctor Raúl Oyola en el evento inaugural de la Feria Ganadera de Montería el 18 de junio de este año, marcó el inicio de la competida competencia que habría por la Gobernación de Córdoba. Está tan reñida la campaña en este departamento, que nadie duda de que la Gobernación se decidirá por voto finish.
Víctor Raúl Oyola comenzó a hacer campaña cuatro meses antes que Lyons y logró sacarle ventaja, pero Lyons se puso los tenis y equilibró la balanza con otra maratón de recorridos. Cada uno ha visitado por lo menos en tres ocasiones los 30 municipios que tiene Córdoba. Se han movido por todas las zonas, incluyendo las rojas del San Jorge y Alto Sinú, en donde las bandas criminales han amedrentado a algunos políticos. Allí se siembra y procesa la cocaína. La región costanera también es complicada porque desde ahí se despacha la droga en forma tan descarada que hace poco la Policía Antinarcóticos desmanteló un laboratorio que ocultaba un semisumergible con capacidad para transportar a cuatro personas y hasta seis toneladas del alcaloide.
En Córdoba no hay rincón donde no se hable de lo parejos que están los candidatos de los partidos Liberal (Oyola) y de la U (Lyons), como también son comunes las críticas a los dos por sus lunares. Caciques políticos detrás de los dos candidatos tienen un prolífico historial de líos judiciales y cuestionamientos éticos, que tienen a los cordobeses en un aprieto para escoger.

Por el Lado de la U
La primera semana de junio pasado se concretó la candidatura de Lyons del Partido de la U, a la Gobernación de Córdoba. El joven de 30 años trabajaba en la oficina de abogados de sus familiares en Bogotá, en donde comenzó a conocer a muchos de los políticos cordobeses que desfilaban por allí en busca de salidas para sus líos judiciales, uno de ellos Miguel Alfonso de la Espriella, condenado por parapolítica por haber firmado el Pacto de Ralito, en cual muchos políticos sellaron una alianza con los paramilitares de Salvatore Mancuso.
No fue fácil para las principales cabezas de la U, los senadores Musa Besaile Fayad y Bernardo Elías Vidal, llegar a un consenso en torno al nombre de Lyons. Ambos oriundos de Sahagún, apoyan candidatos diferentes a la Alcaldía de Montería. El Besaile respalda a su hermano Jhonny Besaile y Elías a su primo Carlos Elías. Sin embargo, bajo el liderazgo del senador Martín Morales Dix y de los representantes a la Cámara, Nicolás Jiménez Paternina y Raymundo Méndez Bechara, se selló el acuerdo y presentar a Lyons como el candidato de la U.
Algunas figuras políticas de la región que respaldan la candidatura de Lyons tienen sus historias grises. Son los ex senadores Julio Manzur y Zulema Jattin, investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con los paramilitares; el ex–representante a la Cámara Dumith Náder Pareja, hijo del aspirante a la Alcaldía de Montelíbano por quinta vez Moisés Náder Restrepo, quien tiene 57 denuncias en la Fiscalía; las ex candidatas a la Gobernación Margarita Andrade García y Mara Bechara de Zuleta, esta última mencionada en una de sus versiones por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
El joven candidato Lyons comenzó su campaña con pie izquierdo, pues poco antes de aceptar su designación como aspirante de la U, se desempeñaba como el abogado de Gonzalo Riaño, un hombre detenido en Córdoba en marzo de este año, acusado de lavado de activos. Lyons también fue uno de los abogados penalistas del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por su participación en el crimen del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, perpetrado por paramilitares y por concierto para delinquir agravado.
Posteriormente también se conoció que la oficina de abogados a la que perteneció el hoy candidato a la Gobernación de Córdoba, asesoraba al contratista Emilio Tapia, a quien la Fiscalía le imputará cuatro delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro del escándalo de contratos indebidos en Bogotá. Según el propio Tapia, Alejandro Lyons fue quien le aconsejó que suspendiera una visita que hacía a Miami en mayo de 2010 para que se presentara ante las autoridades cuando el carrusel apenas se destapaba.
Ante esos cuestionamientos, hace un mes en un debate entre candidatos organizado por la revista Semana y Votebien.com, entre otros, Alejandro Lyons argumentó que su función de abogado no tenía nada que ver con su conducta, la cual era intachable. Ya antes ha promovido la misma respuesta en el sentido de que el médico atiende a todo paciente, como el abogado tiene toda clase de clientes. Sí es verdad que defender a criminales no hace a un abogado igualmente criminal, pero no es la mejor carta de presentación para llegar al cargo público más importante de su departamento.
Los vínculos de Lyons con Tapia, un político de pueblo que en pocos años se volvió multimillonario contratista también han sido cuestionados cuando también salió a la luz pública que los pilares de su campaña, los senadores Besaile y Elías estuvieron abogando por Emilio Tapia ante el secretario general del Ministerio del Interior, Luis Felipe Henao. Lo buscaron para pedirle que le diera un cupo a Tapia en el pabellón de los parapolíticos de la cárcel La Picota de Bogotá, según lo reveló El Espectador. En Córdoba se asegura que si Besaile y Elías, ambos investigados por la justicia, hicieron semejante favor, es porque le deben otros a Tapia.
El senador Besaile además tiene sobre su espalda una declaración que hiciera el ex jefe paramilitar de las AUC, Carlos Andrés Padilla González, alias ’Visaje’, ante la Corte Suprema de Justicia, señalándolo de haber tenido nexos con las AUC. ‘Visaje’ desapareció este año, cuando era transportado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). La Corte tendrá que decidir acerca de la veracidad de la declaración del desmovilizado paramilitar.
El senador Elías Vidal fue salpicado por los Nule como otro de los congresistas involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá. A los dos caciques de Sahagún, municipio donde también nació Lyons, la Corte Suprema los investiga por presunta compra de votos en las pasadas elecciones a la Gobernación de Córdoba en la campaña de 2007.

Por el Lado Liberal
La candidatura de Víctor Raúl Oyola Daniels se definió en diciembre de 2010 luego de una dura batalla en el Partido Liberal. Su máxima defensora fue la senadora Arleth Casado de López, quien inicialmente se enfrentó a su esposo, el ex congresista Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica y quien había planeado presentar como candidato a la Gobernación a su eterna fórmula en el parlamento, Fredy Sánchez, ex representante a la Cámara, investigado por parapolítica y luego absuelto. Al final se impuso Oyola Daniels, quien por muchos años ha sido gerente de Araújo & Segovia, una firma tradicional de los negocios de finca raíz en el Caribe colombiano.
La discusión acabó cuando los seguidores del movimiento Mayorías Liberales, bastión del partido rojo en Córdoba, le hicieron ver a Juan Manuel López que no podía volver a equivocarse, escogiendo un candidato que estuviera cuestionado. Ya antes habían enfrentado líos varios liberales de las toldas de López: su hermano Libardo López, quien no terminó el periodo porque fue inhabilitado; y Jaime Torralvo Suárez, que entró en un periodo de transición de un año y hoy tiene casa por cárcel. La actual gobernadora Marta Sáenz Correa también tuvo líos de otra índole: durante dos de los cuatro años de gobierno defendió su credencial ante los contradictores de la U, que argumentaban que estaba inhabilitada para aspirar. Dichas denuncias jamás prosperaron.
Escogido Víctor Raúl Oyola, el Partido Liberal selló una alianza con el representante a la Cámara David Barguil y la senadora Nora García Burgos. A esta última la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por sus presuntos nexos con los paramilitares.
Oyola comenzó su recorrido político en Pueblo Nuevo, su municipio de origen y goza del sostén de un partido que maneja la Gobernación, tiene el poder en 25 de los 30 municipios de Córdoba, 6 curules de las 13 que tiene la Asamblea Departamental y 9 de las 19 que tiene el Concejo de Montería, capital del departamento. La senadora Arleth Casado lo acompaña a casi todas las giras, también investigada por la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos.
Quizás nunca antes había subido tanto la temperatura política en Córdoba, como en esta última semana de campaña. Las penurias judiciales de los caciques políticos que apoyan ambas candidaturas han quedado expuestas. Incluso les han servido como inspiración para sus publicidades políticas. El Partido Liberal en uno de sus avisos dice que "Víctor Raúl es el único que puede enfrentar la inseguridad sin ninguna tacha de complicidad ni concesiones con quienes han aterrorizado al pueblo de Córdoba"; mientras que en la plaza pública Alejandro Lyons, del Partido de la U, se autoproclama transparente para romper con la corrupción que se mudó al Palacio de Naín hace 15 años.
2 de noviembre de 2011
25 de octubre de 2011
cc verdad abierta