se acerca el día de lópez y gurrera

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Pidieron la elevación a juicio oral de dos represores del ejército. Joaquín Gurrera y Ariel López están siendo investigados en el marco de la causa Guerrieri. López debe responder por el homicidio de Marta María Forestello. Los dos están acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos.

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Argentina. Las abogadas querellantes de un grupo de víctimas del terrorismo de estado solicitó la elevación a juicio oral de dos casos de represores, un ex jefe de inteligencia militar y un PCI (Personal Civil de Inteligencia). Se trata de Joaquín Gurrera y de Ariel López, cuyos
casos están siendo investigados en el marco de la causa "Guerrieri Pascual y otros s/ asociación ilícita". Esta causa ya tuvo cinco represores condenados a cadena perpetua en cárceles comunes (Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Eduardo Costanzo, Walter Pagano y Daniel Amelong), el 15 de abril pasado. En tanto, una segunda parte de dicha causa se encuentra en etapa de instrucción y esperando su elevación a juicio oral.
En este sentido, Ariel Antonio López revistaba como personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, como chofer. Fue nombrado el 01 de abril de 1977 y bajo el seudónimo "Aldo Lara" fue asignado a la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia.
De acuerdo al testimonio brindado por Jaime Dri en la causa "Guerrieri", López era quien conducía el automóvil que lo transportó desde la ESMA hasta la Quinta de Funes. El condenado Eduardo ‘Tucu’ Costanzo, afirmó que Ariel López estuvo presente en la Intermedia el día en que asesinaron a los prisioneros y que además participó de los vuelos en los que se arrojaron sus cadáveres a la bahía de Samborombon.
En tanto, Joaquín Tomás Gurrera se desempeñaba como jefe de la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia del destacamento de inteligencia 121. Ingresó al ejército el 20 de enero de 1964 y el 22 de diciembre de 1977 alcanzó el grado de teniente primero. El 30 de noviembre de ese año se le otorgó la "aptitud especial de inteligencia" y el 31 de diciembre ascendió a capitán. El 1º de marzo de 1978 fue nombrado jefe de la sección operaciones especiales, pasando luego a la Escuela Superior de Guerra como cursante del curso básico de comando en Buenos Aires.
Para la abogada querellante Jessica Pellegrini, "resulta de vital importancia el testimonio de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionara en la ex Fábrica Militar Domingo Matheu, Juan Rivero, Ramón Verón y Olga Moyano, quienes manifestaron que tuvo allí actuación concreta una persona que tenía ascendencia sobre otros represores, o que parecía tener funciones de mando, a quien todos llamaban Mario o El Capitán, cargo que ostentaba Gurrera en 1978".
En el caso de los querellantes María Adela Panelo de Forestello, Juan Rivero y Ramón Verón se solicitó que López responda por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en concurso real con el delito de tormentos cometidos contra Marta María Forestello, Rivero y Verón, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado en el caso de Marta María Forestello", dijo Pellegrini y asimismo se pidió "respecto de Gurrera que responda por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos cometidos contra Juan Rivero y Ramón Verón".
1 de octubre de 2010
©rosario 12

otorgan asilo a ex combatiente

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La Comisión Nacional de Refugiados rechazó el pedido de extradición de Chile. Por unanimidad, la Conare decidió que Galvarino Sergio Apablaza Guerra permanezca en la Argentina. La Corte, el Senado y el Ejecutivo chileno habían insistido en reclamar su extradición para juzgarlo como autor intelectual de un secuestro y un asesinato.

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Argentina / Chile. La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le otorgó asilo político a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, como lo solicitaron los organismos de derechos humanos. Su extradición era reclamada por el gobierno chileno de Sebastián Piñera por ser el presunto autor intelectual del secuestro de un empresario y del asesinato de un senador chileno. Ayer, tanto el titular de la Corte Suprema chilena como el gobierno se habían pronunciado en contra de que le dieran la condición de refugiado político. El presidente del Senado chileno se reunió con el vicepresidente Julio Cobos y dijo que esa decisión iba a "atentar contra las relaciones" entre Chile y la Argentina.
Apablaza está acusado en Chile de ser el supuesto autor intelectual de del asesinato del ex senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, y de haber participado del secuestro del empresario de medios Cristian Edwards. Los dos hechos ocurrieron en 1991. Apablaza fue arrestado en 2004 y luego dejado en libertad. Negó todos los cargos en su contra y señaló que no existían pruebas. El juez Claudio Bonadío negó en primera instancia la extradición y su fallo fue apelado.
El pedido de extradición fue revitalizado por la llegada de la derecha al poder en Chile y escaló hasta la Corte Suprema argentina, que concedió la extradición, pero aclaró que esa resolución quedaría anulada si se le concedía a Apablaza el status de refugiado político. El ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) había solicitado asilo político en la Argentina hacía más de seis años. Las Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Instituto de Relaciones Ecuménicas, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS, el MEDH y la Liga por los Derechos del Hombre pidieron que se le concediera el status de refugiado político por ser "un luchador contra la dictadura de Pinochet". También abogó por Apablaza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Ante una inminente decisión de la Conare, todas las instancias del Estado chileno ejercieron presión ayer sobre el gobierno argentino. Desde la cabeza del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema chilena, Milton Juica, sostuvo que "sería lamentable que, por razones solamente políticas, se negara una extradición para que una persona se presente al país y explique, justifique o demuestre si ha tenido participación en un hecho punible". El titular de la Corte –que pareció pasarse por alto el principio de presunción de inocencia– aseguró que Apablaza tendría allí "un debido proceso", que estaban dadas las condiciones "de sobra". "Los tribunales competentes y las más altas autoridades jurisdiccionales de Chile y la Argentina han declarado que procede la extradición", insistió.
El titular del Senado, Jorge Pizarro, sostuvo que "una respuesta negativa a la extradición va a atentar contra las relaciones que tenemos con la Argentina por cuanto significaría un desconocimiento del funcionamiento pleno del Estado de Derecho en Chile".
Pizarro se reunió ayer con el vicepresidente Julio Cobos, a quien le entregó un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara alta chilena en respaldo a la extradición.
El Ejecutivo chileno también envió ayer mismo un escrito a la Conare en el que solicitó que se le negase el asilo político y advirtió que lo consideraba un "asunto de Estado" y que no encontraba "explicación razonable alguna" para el asilo. Advirtió "que en caso de que se conceda el asilo, se afectarían los derechos legítimos de Chile".
La Conare es un órgano interministerial del gobierno nacional del que participan el Ministerio del Interior, el de Justicia, el de Desarrollo Social, la Cancillería, el Inadi y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), este último con voz pero sin voto. Sus miembros definieron por unanimidad darle el asilo político a Apablaza en una reunión que estaba prevista hace semanas, según informó la agencia oficial Télam. El acta del encuentro es confidencial. Luego informaron a la Justicia y al abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón.
1 de octubre de 2010
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chile tampoco extraditó a pinochet

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columna de lísperguer

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Extrema derecha chilena protesta por decisión argentina de no extraditar a Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ideólogo fascista Jaime Guzmán.

La incapacidad de la justicia chilena a la hora de juzgar a Pinochet, autor intelectual del atroz y fatal atentado contra el general Prats y su esposa en Buenos Aires, más otros incontables asesinatos cometidos en ese país directamente por agentes chilenos, o por su encargo, y la conocida colaboración del poder judicial chileno con la dictadura, un hecho que todavía no ha conducido ni a una purga del poder judicial chileno ni al juicio de los jueces colaboracionistas, más las ridículamente ligeras condenas contra criminales pinochetistas, que resultan casis siempre en penas mínimas de libertad vigilada, consolidando así un régimen de práctica impunidad, y en contraste con la ferocidad y arbitrariedad ejercida contra los antiguos y excluidos combatientes, permiten creer que efectivamente Chile no ofrece las garantías necesarias como para extraditar a Apablaza y otros ex miembros del FPMR.
lísperguer

    

nueva querella contra genocidas

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Se presentó ayer una nueva querellante, emblemática en la causa Feced. María Inés Luchetti de Bettanín fue incorporada a la causa, ante el juez federal Marcelo Bailaque. La secuestraron el 2 de enero de 1977, en su casa, donde estaba toda su familia. Su esposo fue asesinado, y su cuñada murió en el camino.

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Argentina. María Inés Luchetti de Bettanín fue presentada ayer ante el juez federal Marcelo Bailaque como querellante en la causa Feced por los hechos padecidos durante la dictadura militar junto a su esposo asesinado Leonardo Bettanín, quien fuera Diputado Nacional del PJ y periodista en ese momento. Está patrocinada por las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Leticia Faccendini, Jessica Pellegrini e Isabel Fernández Acevedo.
Durruty como abogada de Familiares remarcó que "el caso Bettanín era un caso emblemático, y muy conocido dentro del horror del Servicio de Informaciones. En ese sentido la testimonial de María Inés y de su suegra fueron medulares para la conformación de la causa, por lo cual estamos agradecidas que hayan confiado en nosotros para representarlas en el juicio. Por supuesto vamos a acompañarlas en esta nueva tarea que reinicia en estos días, no sólo en el ámbito del juicio oral, sino en la denominada Causa Feced residual, en la que hay muchas puertas que hay que seguir abriendo. Por eso creemos que esta participación de María Inés no solo como testigo sino como querellante va a marcar un antes y un después".
La familia Bettanín fue diezmada por la dictadura: el 2 de enero de 1977, policías fuertemente armados irrumpieron en la casa de la familia Bettanin, ubicada en la calle 2, número 626 del Barrio Gráfico, en Rosario. Estaban reunidos en ocasión de festejar el año nuevo junto con el marido de María Inés, Leonardo Bettanin, sus hijas Mariana de 3 años y Carolina de 1 año, su suegra, Elba Juana Ferraro de Bettanin, su cuñada Cristina Bettanin y su marido Jaime Colmenares, Roque Maggio, Clotilde Tozzi y las dos pequeñas hijas de ambos. María Inés estaba embarazada de nueve meses. Les ordenaron que salieran. Asesinaron a Leonardo al momento de salir y se llevaron a María Inés Luchetti, a las cuatro niñas, a su suegra Elba Juana Ferraro de Bettanin y a Cristina Bettanin, quien falleció en el trayecto.
María Inés relató que fueron llevadas en primer lugar a la Comisaría 17 donde el propio Agustín Feced, quien fuera Jefe de la Policía de Santa Fe en aquel momento, "comienza a interrogarnos a mi suegra y a mí delante de las niñas. Como nuestras respuestas no lo satisfacían, amenazó con continuar el interrogatorio con la picana eléctrica."
Previo paso por la Comisaría de Menores donde las obligaron a dejar a las niñas, fue llevada al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. De su relato surgen además las terribles condiciones en las que dio a luz a su hija en la Asistencia Pública, permanentemente esposada a la cama y con personal con armas largas apuntándola.
"Antes de salir en libertad, el propio Feced me comunicó oficialmente la muerte de mi marido (Leonardo Bettanin), de mi cuñada (Cristina Bettanin), de Clotilde Tozzi y Roque Maggio, pero no mencionó a mi cuñado, Jaime Colmenares. Mi esposo y su hermana fueron enterrados como NN en el Cementerio de La Piedad por las fuerzas policiales", relató Nené.
A mediados de agosto, la agrupación HIJOS había presentado como querellante a una de las sobrevivientes de aquel trágico 2 de enero de 1977. Se trata de Bárbara Peters Tozzi, quien relató que aquella casa de barrio Gráfico vivían y estaban presentes al momento del ingreso del grupo Leonardo Bettanin y su mujer María Inés Luchetti -quien estaba embarazada- junto a sus dos hijas Mariana y Carolina, de 3 y 1 año y medio respectivamente. La incorporación de Luchetti de Bettanín a la causa permitirá profundizar sobre lo ocurrido aquella noche.
1 de octubre de 2010
30 de septiembre de 2010
©rosario 12

identifican a otra rata en poder judicial

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Julio Petra Fernández sigue los pasos de sus colegas Luis Miret y Otilio Romano. Es investigado por la Justicia por su complicidad con los represores de la dictadura. Tiene una decena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Acusación de ese cuerpo ya lo citó como sospechoso para el 7 de octubre.

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[Irina Hauser] Argentina. Por donde se la mire, la Justicia mendocina está atravesada por la complicidad de muchos de sus integrantes con la última dictadura. Los camaristas Luis Miret y Otilio Romano ya no son los únicos investigados penalmente por favorecer la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado: la semana pasada se abrió una causa contra otro juez de la misma Cámara Federal, Julio Petra Fernández, por haber beneficiado al teniente coronel Luis Stuhldreher, intendente de facto en 1976, con una falta de mérito extendida a expedientes que nunca habían llegado a su tribunal, donde se le imputaban 18 desapariciones. También firmaba aquel fallo Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario. Gracias a ellos, Stuhldreher -–que fue funcionario del Ministerio de Seguridad provincial cuando gobernaba Julio Cobos– no está sentado en el juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en San Rafael, mientras que sí lo está uno de sus subalternos.
La trama es más intrincada todavía, porque algunos jueces de Mendoza no sólo tienen inclinación a favor de los represores, sino que se muestran decididos, o eso parece, a protegerse entre sí. En el caso de Petra, a pesar de haber trabajado durante años con Romano en la Cámara, no se excusó para intervenir en el expediente en que se lo investiga por más de un centenar de secuestros, torturas, robos y homicidios durante la última dictadura. Es la misma causa en la que está implicado Miret, en 31 crímenes. Tanto el fiscal Omar Palermo como una de las víctimas, Luz Faingold, recusaron a Petra, que se opuso. Ahora se apresta a fallar –junto con Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo– sobre la continuidad del juez Walter Bento, a quien Romano pidió apartar de la pesquisa. Los organismos de derechos humanos denunciarán hoy penalmente a Petra por no inhibirse.
Petra y su ex compañero Pereyra González –a quien un ex detenido desaparecido en San Luis identificó como testigo de sus torturas– firmaron desde diciembre de 2008 una serie de fallos que liberaron a todos los policías y militares que estaban presos por delitos de lesa humanidad. Entre ellos figura el teniente coronel (RE) Stuhldreher, comisionado militar (interventor municipal) de San Rafael desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 25 de junio de ese año. En democracia, fue director de Logística del Ministerio de Seguridad de la gobernación de Cobos.
Al fallar sobre la responsabilidad de Stuhldreher en la desaparición de Héctor Fagetti, Petra, Rabanito Pereyra González (así lo apodan) y Alfredo López Cuitiño dijeron que no estaba acreditada su presencia en el lugar al momento de los hechos ni su capacidad de decisión. Lo desprocesaron. Luego, a pedido del abogado defensor Eduardo Mestre Brizuela –-otro ex camarista mendocino–, solicitaron todos los expedientes de primera instancia donde Stuhldreher estuviera implicado. Aunque ninguno había llegado a su tribunal, Petra y Pereyra González, en otra resolución, extendieron la falta de mérito para el militar a todos esos casos, que incluían 18 desapariciones. El hijo de Francisco Tripiana, uno de los desaparecidos, es quien denunció a los jueces por prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.
El joven, Mariano Tripiana, argumentó ante el juez Bento que, primero, los camaristas habían ignorado pruebas esenciales como "los libros históricos de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII de los años 1975 y 1976, que indicaban claramente la activa participación del capitán Stuhldreher en operaciones de represión ilegal"; que la Municipalidad funcionó como lugar de detenciones ilegales y torturas y que ya en primera instancia y ahora en el juicio que se está realizando en San Rafael "numerosos testigos han señalado a Stuhldreher como autor directo o mediato de innumerables tormentos, en la sede municipal". Aun así, no está en el banquillo. El otro eje de la denuncia de Tripiana dice que es "ilegal" trasladar la falta de mérito a "casos y hechos que no fueron objeto de ningún recurso ante la Cámara".
Además del frente judicial, Petra Fernández tiene una decena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, donde la Comisión de Acusación ya lo citó como sospechoso para el 7 de octubre. El cuerpo analiza sus excarcelaciones masivas favor de represores y su negativa a excusarse en causas sobre crímenes de la dictadura a pesar de que atacó públicamente a los organismos de derechos humanos y al fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos. La jueza Margarita Camus declaró como testigo en el Consejo. Ella lo recusó en las causas de San Juan, donde liberó a su torturador, el sargento Osvaldo Martel –a quien ella reconoció–, pero Petra insiste en no apartarse.
El Consejo ya suspendió y envió a juicio político a Miret por no investigar torturas y detenciones ilegales desde 1975, cuando era juez. También progresa un expediente contra Romano, basado en la causa penal que tramita en Mendoza, donde está acusado como partícipe en secuestros, torturas y desapariciones, en sus tiempos de fiscal. Miret ya fue indagado por el juez Bento, pero Romano evitó el interrogatorio con un certificado médico, aunque estaría yendo a trabajar. Hay otros tres ex jueces mendocinos bajo investigaciones penales similares: Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo. Petra y Romano apuestan a salir indemnes con la nueva composición del Consejo (que asumirá en noviembre). Por eso apoyaron –cuentan en los tribunales mendocinos– la campaña para que entrara como consejero representante de los abogados del interior, el radical Daniel Ostropolsky, que integrará el autodenominado nuevo "bloque" antikirchnerista junto con jueces y legisladores de la UCR.
1 de octubre de 2010
30 de septiembre de 2010
©página 12

aprueban cambios a justicia militar

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Proyecto que excluye a los civiles de la aplicación de la justicia militar pasó su primer trámite constitucional. Corresponde ahora que lo vea el Senado. Gobierno comprometió proyecto más amplió para el 30 de junio de 2011.

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[Angélica Meneses] Valparaíso, Chile. Unas 4.500 causas que afectan a civiles y que hoy están en la justicia militar pasarían a la justicia ordinaria, de acuerdo al proyecto que delimita el ámbito de acción de los tribunales castrenses, para que alcancen únicamente a los uniformados.
En general, la iniciativa fue aprobada en la Cámara por 96 votos a favor y 1 abstención, mientras que se produjeron distintas votaciones de amplia mayoría en los artículos que se votaron por separado.
El texto excluye totalmente a los menores de edad, civiles o uniformados, de la competencia de los tribunales militares.
Establece que en los casos de coautoría o coparticipación en que aparezcan involucrados civiles y uniformados, los primeros quedarán sujetos a la justicia ordinaria y los segundos a la militar.
También se definen normas de resguardo y reserva de la información que puedan afectar la seguridad nacional, en los casos relacionados con la investigación y juzgamiento de delitos militares cometidos por civiles.
Asimismo, se establece un régimen más estricto en relación con la protección de las policías en el cumplimiento de sus funciones, creando nuevas figuras penales, facilitando la persecución de los delitos que se cometan en su contra y restringiendo los beneficios para quienes cometan homicidio de uno de sus miembros.
Ayer en la comisión de Constitución se incluyó una norma que precisa que todas las causas que afectan a civiles y que están hoy en la justicia militar pasarán automáticamente a los tribunales ordinarios, dejando atrás la norma original que establecía que los imputados podrían elegir si seguir siendo juzgados en un tribunal castrense o pasar a la justicia civil.
El proyecto se aprobó en esos términos con amplia mayoría, comprometiendo el gobierno enviar próximamente un proyecto más amplio para mejorar la justicia militar.
"Hoy estamos dando un gran paso, pero hay otros pasos que asumir, definir qué se entiende por delito militar, mejorar la justicia castrense en cuanto a la imparcialidad de sus órganos en cuanto al procedimiento y antes del 30 de junio de 2011 vamos a presentar al congreso un proyecto de modificación de los delitos militares y también es nuestra expectativa presentar dentro de este plazo un proyecto que mejore la orgánica y los procedimientos", explicó el ministro de Justicia Felipe Bulnes.
30 de septiembre de 2010
©la nación

mancuso delata a mario uribe

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Lo que dijo Mancuso contra Mario Uribe. En el juicio el ex jefe paramilitar señaló que las Auc presuntamente ayudaron a Mario  Uribe en la campaña de 2002 y el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo dijo que no autorizó a Uribe para hablar con grupos ilegales. La Procuraduría sin embargo pidió su absolución.

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Colombia. Desde una cárcel de Estados Unidos, el ex jefe del Bloque Norte, Salvatore Mancuso, reconoció que apoyó políticamente la campaña del ex senador Mario Uribe al Congreso para el año 2002. Según el desmovilizado, después de una supuesta reunión con Mario Uribe, le ordenó a sus subalternos apoyar su candidatura.
Según dijo Mancuso, en 2002 se reunió con Mario Uribe y con la ex congresista Eleonora Pineda, condenada por ’parapolítica’, en la finca La Capilla, en Tierralta, Córdoba. En ese encuentro Pineda le presentó un supuesto acuerdo político entre ella y Mario Uribe para obtener votos en Córdoba.
Después de la reunión, Mancuso se comunicó con sus jefes militares y con líderes políticos de municipios de Córdoba como Puerto Libertador, Planeta Rica y Montelíbano para que "en nombre de las autodefensas" presuntamente apoyaran la candidatura de Uribe al Senado.
"Yo avalé ese acuerdo tácitamente, llamé al comandante del Alto San Jorge y le dije que fuera a apoyar a Mario Uribe en esos municipios", explicó el ex paramilitar ante la Corte Suprema.
Según Mancuso, al principio iba a apoyar el ex senador Miguel de la Espriella, también condenado por ’parapolítica’, como fórmula de Eleonora Pineda al congreso. Pero luego de la reunión de Tierralta  "cambió de opinión" y prefirió ayudar a Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
"Quien hizo el pacto fue Eleonora con Mario Uribe, ella me lo contó delante de Mario Uribe y después de la reunión di la orden que en nombre de las autodefensas apoyaran a Mario Uribe y no a Miguel de la Espriella", señaló el ex paramilitar, extraditado en 2007 a Estados Unidos por narcotráfico.
Además de la declaración de Salvatore Mancuso, la defensa de Uribe recibió otro golpe. Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de paz, dijo que el político nunca recibió la autorización del gobierno para negociar y hacer contactos con grupos al margen de la ley.
El testimonio de Restrepo parece contradecir lo que Uribe y Pineda afirmaron desde el inicio del juicio, cuando aceptaron que se habían reunido con Mancuso en 2002 para tratar temas de paz.
En julio pasado el ex senador admitió que esta reunión se dio después de las elecciones de Congreso y poco antes de los comicios presidenciales. También señaló que se encontraron de manera sorpresiva cerca de Montería, por iniciativa de Pineda (Mario Uribe acepta que se reunió con Mancuso pero que no hizo pactos con ‘paras’).
Según el político, en esa reunión, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de "utilizar" sus vínculos familiares para contactar a su primo Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. Mario Uribe dijo que le respondió al ex paramilitar "de manera cortés", pero que rechazó su propuesta. "Discutimos rápidamente, quería convertirme en enlace con el próximo presidente de la República, quería que yo le sirviera de enlace. No acepté ese encargo", le dijo a la Corte Suprema.
"No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada, después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortés que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí" señaló en ese momento el ex senador.
En una audiencia del 15 de septiembre pasado, Eleonora Pineda aceptó la reunión con Mancuso, pero aclaró que sólo hablaron del proceso de paz con los paramilitares. "En la reunión, Mancuso pretendía que muchos sectores acompañaran el proceso de paz con las autodefensas", explicó la ex representante en ese momento (Eleonora Pineda: "Me reuní con Mancuso y Mario Uribe para tratar temas de paz").

El Retiro de Mancuso
Mancuso declaró como testigo del juicio al ex congresista antioqueño pero explicó que no participaría más en la audiencia ni en ningún otro proceso judicial (salvo en aquellos en los que ya había confesado crímenes) por la falta de seguridad de su familia y de aquellos que trabajaron con él.
El ex jefe paramilitar leyó un documento en el que explica las razones de sus negativas para seguir declarando, entre las cuales el incumplimiento del Estado con compromisos adquiridos a través de la Ley de Justicia y Paz.
Mancuso mencionó que su extradición hacia Estados Unidos representó un obstáculo para el proceso de Justicia y Paz y que el asesinato de su contador a principios de septiembre, la renuncia de sus abogados y las amenazas contra su hijo,  hacen imposible que él siga declarando. "No tengo seguridad, ni las personas con las cuales me relaciono. Estoy aquí para ratificar mi constante compromiso con el proceso de justicia y paz, pero físicamente me es imposible seguir participando en estos procesos judiciales" indicó el ex paramilitar.  
El procurador delegado Jorge González dijo que no le da credibilidad a las declaraciones del paramilitar. Cuestionó que después de que Mancuso aseguró apoyar a Uribe, se haya negado a seguir respondiendo y no permitir que las partes contrainterrogaran.
Según el procurador González, contrasta el testimonio de Mancuso con el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda, que aseguró que jamás hizo pactos con Uribe.

Lo Que Tiene a Mario Uribe tras las Rejas
El proceso de Mario Uribe Escobar había vuelto al terreno de la Corte Suprema, luego de que el Fiscal General encargado lo hubiera dejado libre el 19 de agosto de 2009 pero vinculado al proceso por sus presuntos nexos con paramilitares.
Ahora la Corte considera, en su acusación, que Uribe y los paramilitares se aliaron para lograr el poder político en lo que llamaron "estados liberados".
"Nunca satisfechos y en procura de lograr una representación política que compartiera sus idearios de "Nación", desde aproximadamente el año 2001 diseñaron un plan de expansión que les permitiera obtener una representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos. En ese sentido, diseñaron una propuesta convencional que entre otros lideraron Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, el uno un curtido político del Departamento de Córdoba y la otra concejal de un pueblo apartado de la Región del San Jorge con aspiración de convertirse a nivel nacional en la representante de las autodefensas", dice la Corte en su comunicado anunciando la decisión.
Para la Sala, "la alusión a la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes, permite explicar mediante una visión de conjunto, la razón de ser de la gravedad del injusto que se atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley que inicialmente fueron concebidos como un medio de presión sobre pueblos enteros, pero que luego pretendieron asumir la condición de "actores" políticos, con el respaldo y auspicio de quienes ostentaban la condición de representantes del Estado".
La acusación de la Corte se centra en los resultados atípicos que tuvo Mario Uribe en Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú. El análisis de las votaciones de 1998, 2002 y 2006 deja la pregunta de "cómo puede alguien (refiriéndose a Mario Uribe), quien quiera que sea, que no es de la región y que tiene una vinculación de otra especie más que política, obtener unos niveles de votación como nunca los había tenido y luego volver a sus cauces normales sin mayor explicación".
En Montelíbano, Uribe obtuvo en 1998 sólo ocho votos. En 2002 sacó 4.087 votos y en 2006, con 13 votos, volvió a sus niveles normales. O sea que en las elecciones de 2002 aumentó su caudal electoral 510 veces. Este comportamiento "atípico" se reproduce en los otros municipios, que para la época tenían una fuerte presencia paramilitar, con aumentos de votaciones entre 42 por ciento y 1200 por ciento.
Aunque Mario Uribe explica el aumento de sus votaciones gracias a alianzas con políticos locales como Otto Bula y Mariano Cura Demoya, la Corte no se explica cómo en las elecciones parlamentarias de 2006 tales resultados no se reprodujeron.
La duda de la Corte sobre los resultados atípicos se refuerza con los testimonios de varios dirigentes locales del movimiento Colombia Democrática, partido de Mario Uribe, que dijeron que no conocen a Mariano Cura Demoya y que nunca lo vieron haciendo proselitismo en la región.
Uribe además tenía que saber que aliándose con Eleonora Pineda en la región de San Jorge se estaba juntado con alguien que tenía notorios nexos con Salvatore Mancuso. Según la Corte "no es improbable que Pineda haya celebrado un compromiso electoral con Mario Uribe y que el mismo (compromiso) lo haya avalado Salvatore Mancuso".
En versión libre de Salvatore Mancuso dijo que era imposible que Mario Uribe no supiera qué tipo de relación existía entre él y Eleonora Pineda. El ex jefe de las Auc dice que "si yo le mando (a Mario Uribe) una razón con Eleonora, me imagino que él le habrá preguntado, Eleonora qué tipo de relaciones tienes tú con el comandante Mancuso o por qué me está citando".
La Corte añade que Eleonora Pineda, como aliada de los ‘paras’, también tuvo resultados extraños en los municipios donde Mario Uribe aumentó de forma atípica su caudal electoral, lo que permite demostrar un acuerdo entre Mancuso y los dos políticos.
 En conclusión la Corte dice que "es altamente probable que Mario Uribe Escobar se hubiese reunido con Salvatore Mancuso no para hablar exclusivamente del proceso de paz, sino para delinear un apoyo en una zona especialmente conflictiva".
La Corte sin embargo desvirtuó los testimonios de varios ex ‘paras’ que vinculan a Mario Uribe con el robo de tierras en Sahagún y Caucasia en 1998, con la complicidad en el asesinato de un campesino en su finca La Palmira en Hispania, Antioquia y con la colaboración del Bloque Élmer Cárdenas para presionar los votantes del Urabá antioqueño para favorecer a Mario Uribe.
30 de septiembre de 2010
©verdad abierta

enterrar la escoria fascista en ecuador

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columna de lísperguer

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Ecuador vive un golpe de estado en curso.

A estas horas está claro que el levantamiento de policías en Ecuador está lejos de ser una insubordinación. Es un intento de golpe de estado. Así lo han reconocido los países latinoamericanos -excepto el estrafalario socialista pinochetista de la OEA-, que han condenado la asonada. Entretanto, la posición de las fuerzas armadas ecuatorianas es de una gran ambigüedad y el presidente Correa sigue secuestrado en manos de los agentes insolentados. Las reivindicaciones de policías y militares son inaceptables. Se oponen a una ley que fue debatida y votada en el Congreso ecuatoriano. La autoridad y legitimidad del gobierno y del Congreso no pueden ser discutidas. Los insubordinados deben ser reprimidos con ferocidad y sin perdón.
lísperguer