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querella por maltrato


Presentan querella por maltrato a joven laceada en rodeo. Los responsables de las lesiones menos graves y de las amenazas contra la adolescente Constanza Palomo arriesgan multas y presidio en grado mínimo.
Santiago, Chile. Los padres de la menor laceada en la medialuna del Estadio Nacional, en medio de una protesta pacífica en contra del rodeo realizado durante las Fiestas Patrias, presentaron en el 8ª Juzgado de Garantía de Santiago una querella por lesiones menos graves y amenazas en contra de los que resulten responsables.
Los familiares fueron acompañados por la ONG ProAnimal Chile, la que también se hizo parte de la denuncia.
Francisco Palomo, padre de la joven Constanza de 16 años, afirmó que "hay que darle un castigo a este tipo de acciones y no se puede dejar pasar. Ya no podemos conformarnos solamente con una disculpa y que ellos sigan teniendo los mismo hábitos".
Aclaró que está consciente que las acciones que realiza su hija a favor de los animales pueden ser riesgosas, pero que de todas maneras "la sigo apoyando".
Nolberto Salinas, abogado de la familia, informó que "las sanciones son multas, son prisiones en grado mínimo y estamos, además, solicitando otras medidas que sean ejemplificadoras, sobre todo tratándose de la magnitud de la violencia que se ejerció en este caso".
En cambio Patricia Cocas, fundadora de ProAnimal Chile, manifestó que "esperamos que esto se sancione de manera ejemplificadora, no solamente en tribunales, sino que también por los reglamentos y estamentos propios del rodeo, por lo que esperamos que ellos también tomen las sanciones correspondientes".
"Esto que pasó deja en evidencia que si son capaces de maltratar y lacear a una niña de 16 años, imagínense de lo que son capaces de hacer con los animales. Esta es la primera de las acciones judiciales y vamos a continuar con manifestaciones masivas y pacíficas para repudiar lo que pasó", añadió.
Mientras que aún no es identificado el jinete autor del hecho, que fue graficado en un video.
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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onu condena masacre de flotilla


En un duro informe, acusa al gobierno israelí y exige el fin del bloqueo de Gaza. El informe dictamina que el asalto "violó de forma flagrante las leyes de derechos humanos y humanitarios" y que la conducta "irracional" de Israel no encuentra justificación. Lieberman respondió que el texto es "tendencioso".
[Lucas Farioli] Ankara, Turquía. Según ha determinado este miércoles el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el ataque del 31 de mayo en contra de la flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, existen "claras pruebas que apuntalarían las medidas legales contra Israel".
Según los investigadores, el ataque que la marina israelí efectuó en aguas internacionales contra una flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza (incidente que se saldó con nueve muertos de nacionalidad turca y una crisis sin precedentes entre Turquía e Israel) fue "desproporcionado" y se "utilizó la fuerza de forma sorprendente e innecesaria".
Asimismo, el informe dictamina que el asalto "violó de forma flagrante las leyes de derechos humanos y humanitarios", añadiendo que la conducta de "total irracionalidad por parte de Israel no encuentra justificación sobre las bases de seguridad y defensa" y que la actitud de las fuerzas armadas israelíes incluyeron "cotas inadmisibles de brutalidad".
La comisión también ha destacado que el 31 de mayo de 2010, día del ataque, existía en los territorios ocupados de Gaza "una crisis humanitaria" y que "el peso de las pruebas presentadas por diversas fuentes impecables es tan abrumador que hace imposible tener otra opinión al respecto". Acerca de esta cuestión, el informe sentencia que "el bloqueo es totalmente ilegal" y urge a Israel a "suprimirlo de inmediato".
Según los tres expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 147 de la Convención de Ginebra, en el incidente marítimo son claramente imputables: "Asesinato premeditado, tortura, trato inhumano e intención de heridas graves". Los expertos recaban en el hecho de que esto es sólo una fracción de lo que podría haber pasado puesto que "no ha habido tiempo para reunir una lista completa de los abusos perpetrados por los soldados israelíes".
El informe lo firman Karl T. Hudson-Phillips (de Trinidad y Tobago y anterior juez del Tribunal Criminal Internacional en La Haya), Sir Desmond de Silva (juez miembro del Queen’s Council en el Reino Unido y fiscal jefe del Tribunal por los Crímenes de Guerra de Sierra Leona) y Mary Shanthi Dairiam (de Malasia, antiguo miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación a las Mujeres).
Los expertos han destacado que para poder imputar a los responsables de estas infracciones se necesita irremediablemente la colaboración del gobierno israelí, "que no es dado a cooperar con las instituciones internacionales a la hora de esclarecer abusos sistemáticos cometidos por su personal militar".
Las durísimas conclusiones del informe salen a la luz el día que, según fuentes anónimas citadas por el diario Hürriyet, Murat Karayilan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, organización considerada terrorista por Turquía, EE.UU. y la UE), alentara a las autoridades israelíes a cortar vínculos con Turquía.
"El traspaso de armamento de última generación (en referencia a los aviones no tripulados Heron que Israel vendió a Turquía) es una contribución de Israel a nuestra erradicación como pueblo. Nuestros enemigos son también los enemigos de Israel", dijo Karayilan, en referencia a la mejora de las relaciones entre Turquía, Irán y Siria.
Aunque sin pruebas concretas, ya han sido varios los medios turcos que a través de sus columnistas sugieren que el Mossad y oficiales israelíes fuera de servicio podrían estar asistiendo a la guerrilla separatista kurda. Esta interpretación también ha sido confirmada por un oficial de las fuerzas armadas turcas destinado en las zonas de conflicto y que opina desde el anonimato.
Conspiraciones aparte y a pesar de que Turquía e Israel continúan cooperando en materia militar y comercial, lo cierto es que el informe de la ONU representa un baldazo de agua fría para el Ejecutivo que lidera Benjamin Netanyahu, muy desacreditado a nivel internacional. Esto posiblemente contribuya al deterioro de las ya dañadas relaciones entre las dos potencias regionales. Ante estas circunstancias, según apuntan algunos medios locales, el PKK no ha desperdiciado la ocasión para intentar sacar la máxima rentabilidad política.
Desde el consulado israelí de Estambul y en la embajada en Ankara rechazaron realizar declaraciones al respecto para este medio. Sin embargo, desde el Ministerio de Exteriores, cartera bajo el mando del durísimo político Avigdor Lieberman, tacharon el informe de las Naciones Unidas de "tendencioso y parcial", asegurando que "Israel, como nación democrática de plenos derechos, ha aceptado tomar parte en el marco de la investigación" que también realiza la Secretaría General de la ONU.
Por su parte, Huseyin Oruc, activista de la organización humanitaria turca IHH Insani Yardi Vakfi (organización desde donde partió la iniciativa "flotilla de la libertad"), testigo presencial del abordaje israelí en el Mavi Marmara, declaró al conocer el contenido del informe: "Creemos que es un informe importante y quizás lo más verosímil de todo lo que se ha dicho en las Naciones Unidas sobre el incidente. El informe es justo, ecuánime y ha descrito muy bien la situación que tuvo lugar en aquel día. Es un paso muy importante porque por primera vez las Naciones Unidas condenan de forma explícita la brutalidad israelí y el asesinato de nuestros compañeros".
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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testimonio virtual sobre operación cóndor


Operación Cóndor: Mercosur acoge audiencia virtual en juicio. Testigos podrán declarar por videoconferencia.
Montevideo, Uruguay. La sede principal del Mercosur, bloque económico compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, facilitó hoy por primera vez en su historia un testimonio virtual en un caso relacionado con la Operación Cóndor, la represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur sudamericano en los 70 y 80.
En una sala del edificio principal del organismo, ubicado en Montevideo, la uruguaya Pilar Nores declaró por videoconferencia en el juicio abierto en junio pasado en Buenos Aires por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automóviles Orletti, símbolo de esa época.
Nores fue trasladada en 1976 por los órganos represivos a ese recinto de la capital argentina, donde fue torturada.
En Orletti estuvieron también Marcelo Gelman y María Claudia García, padres de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman.
Hace 10 años Macarena descubrió su verdadera identidad, tras revelarse que había nacido en cautiverio en Argentina a fines de 1976 y había sido entregada a un policía y su esposa en Montevideo, que la criaron hasta los 23 años.
Marcelo fue asesinado y sus restos encontrados, no así los de María Claudia, que siguen en paradero desconocido.
Fuentes del Mercosur indicaron que en los próximos días declarará de forma virtual en Montevideo por la misma causa el senador uruguayo Rafael Michelini, hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976 junto con su colega Héctor Gutiérrez Ríos.
La ex vicecanciller uruguaya Belela Herrera (2005-2008) y el periodista uruguayo Samuel Blixen, entre otros testigos y víctimas, también ofrecerán declaraciones por videoconferencia con un juzgado de Buenos Aires durante las audiencias virtuales fijadas para los días 29 y 30 de septiembre, y 1 y 7 de octubre.
El contenido de los testimonios será reservado pero está prevista una conferencia de prensa cuando concluya el ciclo de declaraciones.
El director de la Secretaría del Mercosur, Agustín Colombo Sierra, explicó hoy a Efe que la iniciativa "es un hito" para la región en materia de derechos humanos, además de ser "un valor agregado gigantesco" para el organismo.
"30 después del Plan Cóndor, de que las fuerzas represivas de las dictaduras se coordinaran para reprimir a sus detractores, las fuerzas civiles y democráticas se unen para hacer andar un juicio en Argentina" sobre lo sucedido entonces, subrayó.
Consultado sobre las posibles connotaciones políticas de la iniciativa, Colombo aclaró también que Mercosur "no es solamente un bloque económico", pese a que "lo más importante es el Código Aduanero" que rige las relaciones comerciales entre sus socios, pues incluye un foro de concertación política.
Además, recordó que el año pasado fue creado en el seno del Mercosur el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, con sede en Argentina.
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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nada justifica justicia militar


Milton Juica: "No hay justificación para una justicia especial".
Santiago, Chile. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió al proyecto para acotar la competencia de los tribunales militares que impulsa el Ejecutivo, afirmando que "no hay ninguna justificación para que exista una justicia especial".
"Hoy por hoy, no hay ninguna justificación para que, a lo menos, los civiles puedan ser juzgados por tribunales militares. Mi apreciación, que es compartida por otros Ministros de la Corte Suprema, es que ya no se justifica en Chile, en una sociedad democrática como la nuestra y con la existencia de un proceso que ofrece todas las garantías, que coexista una justicia militar en este país, en tiempos de paz", argumentó.
Las declaraciones las formuló en el marco de un coloquio con estudiantes de Derecho de la Universidad Central de Chile.
Juica esgrimió que "la justicia militar tiene una cierta justificación en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz como en el que estamos y esperamos estar siempre, no hay ninguna justificación para que exista una justicia especial. Produce discriminación, se ha demostrado que la justicia militar ha sido inoperante y está basada en un procedimiento sin garantías con aspectos desfavorables desde el punto de vista de la imparcialidad e independencia de los jueces".
Por otra parte, y haciendo un análisis del amplio número de estudiantes de Derecho que juran al año, el presidente de la Corte Suprema sostuvo que "las universidades no han tomado en serio el tema de la ética de los abogados ni su preparación. Eso lo podemos decir perfectamente nosotros los jueces, porque somos los que observamos cómo se desempeñan los abogados en el ejercicio profesional".
Juica aseguró a los estudiantes de la Universidad Central que en materia de ética "nadie controla nada respecto de los abogados, lo que es muy grave. Esto no lo han tomado en serio las autoridades políticas, ni tampoco las asociaciones o el Colegio de Abogados, ni tampoco las universidades que debieran ser los titulares de esta cruzada para dignificar la carrera de abogados. En general, las universidades no hacen mucho, salvo tener el mayor número de licenciados posibles y eso no es beneficioso para nadie", planteó.
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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entregan restos de ejecutados


Familias reciben restos de ex GAP ejecutados tras el golpe. Óscar Luis Avilés, Luis Rodríguez, Jaime Gilson, y Manuel Castro, integraban la seguridad personal del presidente Salvador Allende y fueron asesinados en el Fuerte Arteaga el 13 de septiembre de 1973.
Santiago, Chile. Con "tranquilidad entre comillas" las familias de cuatro miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del presidente Salvador Allende, desaparecidos tras ser arrestados en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe militar, recibieron este viernes sus restos.
Las osamentas fueron entregadas a los familiares por el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, y corresponden a Óscar Luis Avilés, Luis Rodríguez, Jaime Gilson, y Manuel Castro, quienes conformaban la seguridad personal del extinto mandatario (1970-1973).
Los responsables de la seguridad de Allende eran jóvenes voluntarios y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una primera etapa y, posteriormente, del Partido Socialista.
"Los recibimos con una tranquilidad entre comillas porque estas atrocidades que se vivieron en el país nunca nos van a traer tranquilidad completa", señaló Patricio Ramón Castro, hermano de Manuel Castro, quien –añadió-, tiene "un lugar físico donde dejar una flor o hacer una oración".
"Esto es una deuda que tenía el Estado de Chile con todas las atrocidades que hemos sufrido", recalcó.
Por su parte la viuda de Avilés, Virginia Morales, dijo "tener paz porque (su marido) apareció". "Es un dolor mezclado porque ellos también son héroes del pueblo, de la realidad y de la verdad de la historia", apuntó la directora de la Agrupación de Familiares de Detenidos, Ejecutados y Desaparecidos del Palacio de La Moneda, Soledad Blanco.
Los fragmentos óseos, de entre uno y dos centímetros, fueron encontrados en 2001 en el recinto militar Fuerte Arteaga, 40 kilómetros al noreste de Santiago, hasta donde fueron trasladados los miembros del GAP tras ser detenidos en la sede de gobierno y donde fueron ejecutados el 13 de septiembre de 1973.
Tras su muerte los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco de unos diez metros de profundidad, que luego dinamitaron para cubrir los cadáveres.
El hallazgo forma parte de los restos que no alcanzaron a ser removidos por la operación conocida como ‘Retiro de Televisores’, por la que centenares de asesinados por la dictadura fueron desenterrados, echados en sacos y lanzados al mar a finales de 1978, por orden del dictador Augusto Pinochet.
La identificación de los restos, que corresponden a pequeños trozos de huesos, piezas dentales y textiles, se realizó con la colaboración del laboratorio de genética de Innsbruck, en Austria.
"Es el momento de las familias de las víctimas, es el momento de la sociedad chilena, es el momento de la Justicia", dijo Bustos tras materializar la entrega de los restos a los familiares.
Por su parte, el coordinador del equipo de investigación de la agrupación, Hernán Medina, dijo que tras 37 años de espera "esto es solamente un peldaño". "37 años ha costado llegar hasta aquí. 37 años para tener un poquitito de verdad".
Los restos de los ex integrantes del GAP, guardados en pequeños féretros que fueron envueltos en la bandera chilena y cubiertos con flores, fueron trasladados a una sede sindical en el centro de Santiago, a sólo 50 metros del Palacio de La Moneda, donde serán velados.
Antes de darles sepultura mañana sábado en el Monumento de la Memoria del Cementerio General, el cortejo fúnebre participará en una actividad de duelo frente al monumento del ex presidente Allende.
Además, este sábado el Servicio Médico Legal entregará a sus familiares los restos de Egidio Enrique Paris y Héctor Ricardo Pincheira, dos asesores de Allende que también forman parte de las 33 personas que habrían desaparecido en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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amenazan a campesinos


Cinco campesinos que reclaman sus tierras en Urabá fueron amenazados. Los campesinos despojados de sus tierras en el Urabá antioqueño que siguen siendo amenazados y asesinados por reclamar la restitución de sus predios. Para buscar medidas de protección, esperan reunirse con el vicepresidente de la República Angelino Garzón el próximo 24 de septiembre.
Colombia. En el Urabá antioqueño la disputa por la tierra aún sigue. Hoy afecta a campesinos que buscan que les restituyan sus tierras despojadas en la década del noventa por las ACCU.
Luego del asesinato de Hernando Pérez, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el corregimiento El Totumo de Necoclí, Urabá antioqueño, la situación para los campesinos víctimas de despojo de tierras en esta región se complicó de tal manera que cinco líderes deberán abandonar sus municipios en los próximos días por amenazas.
La denuncia fue hecha por Carmen Palencia, representante de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), que agrupa a decenas de campesinos despojados de sus tierras durante la década del noventa por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Palencia no dudó en calificar el  asesinato de Pérez como una advertencia sobre lo que serán los procesos de restitución de tierras que pretende adelantar el gobierno nacional en esta subregión de Antioquia. De hecho, ya varios de los integrantes de la Asociación fueron amenazados de muerte semanas atrás, mientras que varios campesinos de Necoclí recibieron presiones para que desistieran de sus reclamaciones. Ahora, tras el homicidio de Pérez, varios de los amenazados ya están pensando en abandonar la zona.
"En este momento tenemos dos líderes del corregimiento El Totumo amenazados y estamos viendo la manera cómo los sacamos porque están en alto riesgo. Tenemos otro compañero en Apartadó en la misma situación; la semana pasada unos tipos armados fueron a buscar a una compañera de Chigorodó a su casa y hace como tres meses sacamos a un compañero escondido de la zona porque ya lo iban a matar y lo mandamos para una ciudad del interior del país. Allá está ‘tirado’, pero, ¿qué más podemos hacer?", se preguntó Palencia.
Las intimidaciones, refirió la dirigente, provienen de grupos armados que operan en la zona y que estarían al servicio de testaferros y terratenientes que fungen como propietarios de extensas hectáreas de tierra dedicadas a la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma africana.  "Aquí estamos en manos de los violentos. Ellos se pasean por la región como si nada. A los que reclamamos tierras nos están amenazando. Cómo será que ni siquiera la presencia del Ministro de Agricultura evitó que asesinaran a Hernando", expresó Palencia, haciendo alusión al hecho que horas antes de su muerte, Hernando Pérez estuvo presente en el acto de entrega de 34 títulos de propiedad para igual número de familias de las veredas La Teca, California, Calle Larga y Nueva Unión del corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo, evento que contó con la presencia del jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
La situación es de tal gravedad que para el próximo 24 de septiembre, representantes de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes y de organizaciones no gubernamentales que acompañan sus procesos de reclamación, se reunirán en Bogotá con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, para estudiar posibles medidas de protección para aquellos campesinos despojados de sus tierras que a través de diversas estrategias jurídicas están reclamando una pronta restitución.
Una de las organizaciones que acudirá a la cita con el vicepresidente Garzón la Fundación Forjando Futuros. Así lo confirmó su director, Gerardo Vega, quien le pedirá al Ejecutivo la creación de bloques de búsqueda integrados por fiscales, jueces y policías para que den con los responsables de estos crímenes. "Necesitamos también la presencia de los más altos representantes del Gobierno en las regiones, para que los violentos entiendan que la restitución es una decisión de carácter nacional", expresó Vega.
Igualmente, el director de la Fundación le propondrá al vicepresidente de la República que incentive la creación de organizaciones de víctimas de despojo en todo el país que cuenten con el debido acompañamiento estatal y, además, se dicten medidas de protección para los líderes amenazados.

Situación Preocupante
Con muerte de Pérez ya son 47 los campesinos vinculados a procesos de reclamación de tierras asesinados en el país en los últimos tres años, de los cuales siete han sido perpetrados en el Urabá antioqueño. Precisamente en mayo de este año se registró la extraña muerte de Albeiro Valdez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un despoblado del corregimiento El Totumo de Necoclí. Si bien los primeros reportes forenses indicaron que causas naturales produjeron su deceso, hoy se tienen indicios claros que fue víctima de envenenamiento.
Lo que preocupa a los pobladores de la región agroindustrial, una de las más afectadas en el país por el despojo de tierras por parte de grupos paramilitares, es que todos estos crímenes aún permanecen en la impunidad, "y eso se ha convertido en una patente para que nos sigan matando", indicó Carmen Palencia.
A su vez Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), instancia que le ha hecho seguimiento a la situación de las víctimas de despojo de tierras en el país, aseveró que los crímenes contra los reclamantes de tierras deben llevar a que el gobierno nacional afine sus estrategias de protección para los campesinos víctimas del despojo ahora que manifiesta la intención política de restituirles tierras usurpadas en el pasado.
"Antes de hacer las restituciones, el gobierno debería hacer presencia con sus organismos de seguridad y enfrentar estas estructuras mafiosas paramilitares que todavía campean en los territorios y que ya demostraron en Urabá que no están dispuestas a entregar las tierras por las buenas. El Estado tendrá que llegar no sólo con las leyes sino también con los ‘fierros’, es decir, con las autoridades militares pero para apoyar a los campesinos", sostuvo Yepes.
Para el Coordinador del Observatorio de DD.HH de la CCEU, el hecho que el Congreso de la República se apreste a discutir la llamada Ley de Tierras, iniciativa legislativa que pretende restituir dos millones y medio de hectáreas entre campesinos víctimas de la violencia en los próximos cuatro años, constituye un momento crucial no sólo para brindar garantías efectivas para los labriegos sino también para comenzar a develar quienes estuvieron detrás del flagelo del despojo de tierras.
"Creo que antes de proponer acciones como un catastro social con las víctimas, el gobierno nacional deberá realizar primero una evaluación sobre quiénes son los inversionistas y de quiénes son las empresas que han terminado beneficiándose de las tierras despojadas, sacar a la luz pública sus nombres y buscar los mecanismos judiciales para que también sean vinculados a las investigaciones por las muertes de estos campesinos reclamantes", añadió Yepes.
Además de pedir celeridad en las investigaciones por las muertes de los líderes de los campesinos, muchas de las cuales aún permanecen en la más completa impunidad, Yepes alertó sobre posibles la arremetida violenta que están padeciendo las víctimas de despojo en otras regiones del país.   "Hay presiones muy fuertes contra campesinos reclamantes de tierra en Córdoba, César, Magdalena, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Son zonas donde hay una presencia muy fuerte de grupos paramilitares y donde se han asentado importantes conglomerados económicos ligados a la agroindustria, que en últimas son los que terminan beneficiándose de las tierras despojadas", aseveró el activista.
Se espera pues que la cita con el vicepresidente de la República sea fructífera y de ella se surjan alternativas de protección no sólo para los reclamantes de tierras del Urabá antioqueño, sino para todos aquellos que a lo largo y ancho del país padecieron el despojo de sus tierras.
25 de septiembre de 2010
23 de septiembre de 2010
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condenan a dos paramilitares


Condenan a dos ex paramilitares por desaparición. Dos ex integrantes del Bloque Tayrona fueron condenados por la desaparición forzada de una persona en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Colombia. Un juez penal del Circuito Especializado de Santa Marta condenó a 12 años de prisión a Norberto Quiroga Poveda y José Uriel Aranda Cardona, ex integrantes del Frente de Resistencia Tayrona, por la desaparición forzada de Nieves Ascanio.
Ascanio fue desaparecido después de que hombres armados se lo llevaron el 30 de junio de 2005 de su finca, ubicada en la vereda Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, en jurisdicción de Santa Marta.
Según lo contaron en versiones libres, los dos paramilitares recibieron órdenes de Hernán Giraldo Serna, comandante del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu) para cometer el crimen . Este frente tuvo presencia en Santa Marta y en las poblaciones de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. También delinquió en la parte alta de algunos municipios de Magdalena como Ciénaga y Zona Bananera.
Las autodefensas de  Hernán Giraldo delinquieron desde la década de 1980, protegiendo a narcotraficantes y participando de la producción de droga, pero asumieron el nombre del frente en 2003 cuando los hermanos Castaño y ‘Jorge 40’ lo doblegaron militarmente y lo adhirieron al Bloque Norte de las Accu.
El frente cometió homicidios selectivos, desplazamientos, robos de tierras y masacres. Su desmovilización fue el 3 de febrero de 2006 en la misma vereda donde fue desaparecido Nieves Ascanio. Ese día se entregaron 1.166 hombres con 597 armas.
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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máquina de guerra de ramón isaza


La Fiscalía logró, con testimonios de los desmovilizados, reconstruir cómo un grupo de escopeteros llegó a convertirse en uno de los peores grupos paramilitares en Puerto Boyacá, con la financiación del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias ’El Mejicano’.
Colombia. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) dejaron por más de 30 años un rastro de violencia en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima, donde se cree que asesinaron a más de mil personas y cometieron todo tipo de delitos como torturas, desapariciones, desplazamientos y secuestros.
La historia de ese grupo comenzó en 1970, cuando el Noveno Frente de las Farc tenía asediados a los campesinos antioqueños a punta de secuestros, extorsiones, chantajes, homicidios y hurtos. Ante la falta de respuesta del Estado, Ramón María Isaza Arango, un campesino de Sonsón, decidió pedirles a ganaderos y madereros como Evelio Monsalve, Ignacio Ríos, Alberto Villegas, Jhon Yepes y Carlos Salazar que lo financiaran para crear un grupo de autodefensa.
Fue así como en 1977, Isaza alias ’El Viejo’, ’Moncho’ o ’El Patrón’ recibió de los hacendados un millón de pesos con el que compró ocho escopetas y armó a igual número de hombres. El grupo, al que llamó ‘Los Escopeteros’, se consolidó el 22 de febrero de 1978 después de combatir a 20 guerrilleros del Noveno Frente de las Farc, que pretendían tomarse el corregimiento de Las Mercedes para secuestrar al ganadero Evelio Monsalve.
Para ese año, ’Los Escopeteros’ ya no eran ocho sino 24 integrantes, y extendieron su dominio a los corregimientos Las Mercedes, Doradal, Estación Cocorná y Puerto Perales, en el municipio de Puerto Triunfo, además en los corregimientos Puerto Nare, La Sierra y El Prodigio, en el municipio de San Luis. También al corregimiento Aquitania en el municipio de San Francisco, y a los corregimientos San Miguel y La Danta, en el municipio de Sonsón. Todos en Antioquia.
‘Los Escopeteros’ eran comandados por Isaza, José Domingo Manrique alias ‘Luis’ y Genaro Valencia alias ‘Gener’, segundo y tercero al mando.

La Primera Fusión
Entre 1978 y 1984, ‘Los Escopeteros’ ya eran 42 hombres y además de autodefensa, se convirtieron en un grupo de ’limpieza social’. Asesinaron a personas señaladas de ser ladrones, violadores, expendedores de droga, secuestradores y extorsionistas.
Mientras el grupo seguía delinquiendo en Antioquia, en Puerto Boyacá (Boyacá) un grupo de ganaderos como Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo de Jesús Pérez, con el apoyo del ex congresista Pablo Emiro Guarín, también decidió organizarse y armarse para combatir los Frentes 11 y 12 de las Farc. Lo hicieron a través de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam).
En 1983, la guerrilla secuestró al ganadero Gonzalo de Jesús Pérez, y Henry Pérez, hijo del secuestrado, le pidió ayuda a Ramón Isaza para realizar el rescate. Realizado el operativo, nacieron las Autodefensas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá, y en 1984 ‘Los Escopeteros’ dejaron de llamarse así cuando Isaza aceptó sumarse a esa estructura.
Con la fusión, la estructura, conocida también como Modelo de Puerto Boyacá, quedó liderada en lo político por el ex congresista Pablo Emilio Guarín, y en lo militar por Henry Pérez alias ’Móvil 20’, seguido por Gonzalo Pérez alias ‘El Viejo o Caruzo’ y Ramón Isaza alias ‘El Viejo’. La organización delinquió en el sur de Santander, sur de Bolívar, Caldas, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, Huila y a Isaza se le encargó Antioquia. Allí alias ‘El Viejo’ fue el jefe de las Autodefensas Campesinas de Antioquia, integradas por 80 hombres y cuatro comandantes de menor rango, entre ellos, Ovidio Isaza Gómez alias ‘Roque’ y su hijo Omar de Jesús Isaza Gómez alias ‘Teniente’.

La Segunda Fusión
En la lucha contra la guerrilla para controlar las rutas del narcotráfico, el capo Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mejicano’ le propuso a las Autodefensas de Puerto Boyacá trabajar en ‘llave’. Con esa nueva fusión, el narcotraficante y el grupo de autodefensa decidieron financiar las llamadas Escuelas de Formación para la Lucha Armada y el Sicariato, es decir, campos de entrenamiento sobre el uso de armas, estrategia y táctica militar.
Los ‘profesores’ eran mercenarios israelíes y británicos que ‘enseñaron’ en las escuelas llamadas Cero Uno, El Cincuenta, El Tecal, Galaxias y Cero Ochenta y Uno, desde donde se formaron ‘escuadrones de la muerte’ como Los Masetos (Muerte a Secuestradores), Los Tiznados, Los Grillos y Maicopa, y se entrenaron a paramilitares como Alonso de Jesús Baquero alias ‘Negro Vladimir’, autor material de la masacre de La Rochela, Santander, en 1989.
En su cercanía con el narcotráfico, las Autodefensas de Puerto Boyacá recibieron en 1991 una oferta de alianza del capo Pablo Escobar, pero Ramón Isaza se negó. Eso lo convirtió en enemigo del narcotraficante, con quien sostuvo una guerra entre 1991 y 1993. El 20 de julio de 1991 Henry Pérez fue asesinado por hombres de Escobar y las Autodefensas de Puerto Boyacá quedaron sin comandante principal.

Desmovilización y División
Asesinado Pérez, Luis Eduardo Meneses Báez alias ‘Ariel Otero’ asumió la comandancia principal de las Autodefensas de Puerto Boyacá e Isaza asumió como segundo comandante, liderando las autodefensas de Antioquia. Sin embargo, en 1991 ‘Alias Otero’ pactó una desmovilización con el Gobierno Nacional y por este hecho, además de ser señalado de negociar armas no entregadas en la desmovilización con narcotraficantes del Valle, el comandante fue asesinado.
Con la muerte de ‘Ariel Otero’ comenzó la puja de poderes y cambios en las comandancias, e Isaza decidió en 1994 separarse de las Autodefensas de Puerto Boyacá. Por acuerdo, esa zona se le asignó a Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’ al mando del Bloque Puerto Boyacá, y la zona de los municipios de Yacopí y Pacho (Cundinamarca) a Luis Eduardo Cifuentes alias ‘El Águila’.
Por su parte, Ramón Isaza se independizó y definió la estructura de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) así: Omar de Jesús Isaza Gómez alias ‘Teniente’, su hijo, como comandante en La Dorada (Caldas); Pedro Ángel Quintero alias ‘Pedrucho’ en Guaduas y Cambao (Cundinamarca), y Jorge Enrique Echeverry alias ‘Vaso’ en San Miguel; alias ‘Canario’ en Puerto Triunfo y Estación Cocorná; José Gabriel González alias ‘Campeón’ en Las Mercedes; alias ‘Julián’ en Puerto Nare, y Ovidio Isaza alias ‘Roque’ en La Danta. Todos estos últimos en Antioquia.
 
Nacen los Frentes
Durante seis años, las Acmm se expandieron y Ramón Isaza vio la necesidad de descentralizar el poder. Fue así como creó cinco frentes, les asignó a cada uno comandante general y un mínimo de 50 hombres armados:
El frente Omar Isaza (Foi) fue comandado en lo político por Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’ y en lo militar por Luis Fernando Herrera Gil alias ‘Memo Chiquito’. El frente, que asumió el nombre de uno de los hijos de Isaza que murió en un accidente, delinquió en varios municipios de Tolima, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
El segundo frente fue el Jhon Isaza, comandado por Ovidio Isaza alias ‘Roque’, que delinquió en Norcasia, Samaná, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, municipios de Caldas.
El tercero fue el frente José Luis Zuluaga, comandado por Luis Eduardo Zuluaga Arcila alias ‘Macguiver’, que delinquió en varios municipios de Antioquia y la Comuna 13 de Medellín. Este frente, que asumió el nombre del hermano de ‘Macgiver’ asesinado por guerrilleros del Eln, llegó a tener 240 integrantes.
En enero 2002 nació el frente Isaza Héroes del Prodigio, comandado por Oliverio Isaza alias ‘Terror’, que delinquió en varios municipios de Antioquia y Caldas. Cinco meses después, Isaza ordenó crear el frente Celestino Mantilla, comandado por Jhon Fredy Gallo Bedoya alias ‘Pájaro’. Este frente, que asumió el nombre de otro ex integrante de las autodefensas que murió junto con el hijo de Isaza, delinquió en Guaduas, San Juan de Río Seco (Cambao), Chaguaní, Vianí, Quipile, La Mesa y Anapoima, en Cundinamarca.
Aunque los cinco frentes tenían autonomía militar y económica, todos rendían cuentas al Frente Central, comandado por Ramón Isaza. La comandancia principal estaba integrada por un frente político, un frente militar y un frente financiero, además de 11 hombres que bajo su mando delinquieron en Puerto Triunfo y Puerto Nare, Antioquia.
El 7 de febrero de 2006 las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se desmovilizaron en el corregimiento La Merced, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Ese día 990 hombres de la estructura de Isaza se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y entregaron 754 armas.
Después de terminar la etapa de versiones libres, la Fiscalía le imputa más de 550 hechos de violencia a Isaza y a 26 de sus entonces subalternos. Se cree que la audiencia de formulación de cargos continuará a mediados de octubre de 2010.
24 de septiembre de 2010
©verdad abierta

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