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a mi mamá se la llevaron en camisón


Juan Sebastián Rial tenía siete años cuando se llevaron a su madre y recién ayer lo contó ante la Justicia. Graciela Moreno estaba con su familia en una casa de Temperley cuando entró una patota y se los llevó a El Vesubio. A los tres chicos se los entregaron a una vecina. Secuestraron a Graciela y su compañero y a otra pareja.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Mi mamá estaba en camisón, así se la llevaron, recuerdo que durante varios días pensaba cómo iba a hacer para volver en camisón, adentro de mi cabeza, me la imaginaba yendo a tomar el colectivo." Juan Sebastián Rial nació en el ’69, tenía siete años en abril de 1977 cuando secuestraron a su madre. Graciela Moreno estaba en una casa de Temperley, la cuarta o quinta a la que había mudado a toda su familia en aquel tiempo. La llevaron al centro de exterminio de El Vesubio. Juan Sebastián nunca había declarado sobre la noche del secuestro. Habló por primera vez ayer en el marco de las audiencias por el juicio oral contra los represores del centro clandestino.
La casa de Temperley tenía un jardín adelante, explicó Juan Sebastián, con un ventanal que daba a un living, pegado al cuarto de sus otros dos hermanos más chicos. Al lado de la habitación había un pasillo de distribución al que daba el cuarto de su madre, la entrada al cuarto de los hermanos, un baño y, en la parte de atrás, había una cocina con el comedor ante otra puerta de entrada, una puerta de chapa. "El hecho ocurrió una noche tarde de abril de 1977, estábamos durmiéndonos, yo estaba en la cama", contó. "Comenzaron a golpear la puerta trasera, golpeaban la puerta de chapa con la intención de derribarla, del ventanal rompieron todos los vidrios, ingresaron a la casa, a mi mamá la agarraron de los pelos y se la llevaron."
Su cama estaba pegada a la pared de la pieza de la madre. En la casa, vivían su madre, su pareja Marcelo Soler; también Federico, el hermano del medio y Esteban que era el menor, hijo de la nueva pareja. Con ellos estaba otra pareja, María Teresa y Manolo con Joaquín, un bebé de meses.
"No tengo registro de Marcelo –dijo Juan Sebastián–, no sé de qué forma lo llevaron, a mi mamá sí porque la agarraron y la pasaron al lado de mi cama hacia el fondo, eran no menos de cuatro o cinco personas, pasaron al lado de mi cama, uno me preguntó mi nombre, se lo dije, me dijo que era muy valiente."
Fue tal el ruido de las patadas en las puertas y de los vidrios, contó, que una vecina de varias casas más adelante llamada Josefa se acercó para ver qué pasaba. Cuando llegó, le dijo a uno de los integrantes del grupo de tareas que creía que era Marcelo que se había olvidado las llaves. La mujer acordó llevarse a los niños con uno de los integrantes de la patota, explicó Juan Sebastián. "Yo me asomé a la habitación de mi mamá, vi que estaba todo revuelto, como si hubiesen vaciado el placard, agarré a mis hermanos y me los llevé a la casa de esta vecina."
Una de las personas que estaba en la casa preguntó a otra si llevaban algo de ropa. No, le respondió "porque no la iba a necesitar". Pasaron la noche en la casa de la vecina, al otro día fue a buscarlos la abuela materna. Desde allí, su hermano Federico y él fueron recogidos por su padre, Esteban se quedó porque era hijo de Marcelo. "Y a partir de ese momento –dijo Juan Sebastián–, fue empezar de nuevo, era otra cosa, otra familia, otra escuela, fue como nacer de nuevo. A mi hermano Esteban lo habré visto dos o tres veces como mucho; mi viejo, por miedo, terror o lo que sea no propiciaba el contacto con la familia de mi mamá, mis abuelos maternos nos esperaban alguna vez a la salida del colegio y eran no sé, diez minutos y no más que eso."
Esteban estaba sentado metros más atrás en esa misma sala de audiencias. El mismo ya había estado sentado en esa misma silla destinada a los testigos a fines de mayo. Adelante, como sucede cada día, estaban sentados los represores destinados a El Vesubio, los tres militares a cargo del centro clandestino y los hombres del Servicio Penitenciario destinados a las guardias.
Alrededor de los 20 años, Juan Sebastián decidió buscar a su hermano. Le pidió algunos números a su padre, y habló con una persona que finalmente le dio el contacto. "A partir de ahí me empecé a encontrar con cosas que no sabía que existían –explicó–, como cartas que mi mamá escribió mientras estuvo detenida, manualidades", entre las que estaba un muñeco de trapo que Graciela le mandó a Esteban para una Navidad. En aquel momento, Juan Sebastián también hizo una copia del expediente Conadep de su madre.
"Cuando pasó esto no me extrañó ni me llamó la atención", dijo. "Estaba esa sensación de que estábamos perseguidos, nos mudábamos mucho, creo que en la casa de Temperley fue en la que más tiempo estuvimos, había reuniones, muy pocas que se hacían en mi casa, me acuerdo que debajo de mi almohada en alguna de esas reuniones había un arma. Yo internamente al menos sabía que algo iba a pasar, y tenía 7 años."
En las cartas que llegó a escribirles Graciela a sus hijos les contaba anécdotas de cuando estaban juntos, les explicaba qué era lo que a cada uno más les gustaba. Al padre de Juan Sebastián en cambio le decía otra cosa. "Que esa gente sabía que ella no tenía nada que ver y que estaba esperando que la soltaran en cualquier momento. Cosa que no sucedió."
Graciela Moreno sigue desaparecida.
23 de septiembre de 2010
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informe condena violencia judía


Israel tacha de ’tendencioso’ el informe de ONU sobre el asalto a la flotilla. Expertos determinaron que el Estado israelí cometió una "grave violación de derechos humanos". Brutal e injustificada agresión.
Naciones Unidas. Israel considera "parcial" el informe difundido por la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el asalto el pasado 31 de mayo pasado a una flotilla cargada con ayuda humanitaria para la franja de Gaza.
"El informe publicado es tendencioso y parcial, al igual que lo es el organismo que lo ha elaborado", se indica en un comunicado difundido por el Ministerio israelí de Exteriores.
El asalto del Ejército israelí a la flotilla humanitaria, que tenía por misión tratar de romper el bloqueo de Gaza, y que se saldó con la muerte de nueve activistas turcos, fue "desproporcionado" y de una "increíble e innecesaria violencia", según afirma el informe elaborado por esa misión de la ONU.
Recibido con beneplácito en Turquía, país de donde procedían la mayor parte de los activistas a bordo de las embarcaciones, el texto asevera que "el ataque conllevó un nivel inaceptable de brutalidad, una conducta que no puede ser justificada sobre bases de seguridad u otras".
Por su parte, el Ministerio de Exteriores refiere que, "como es de esperar de un país democrático, Israel ha investigado -y sigue haciéndolo- los sucesos en torno a la flotilla que iba a Gaza. El panel investigador del Ejército israelí, encabezado por el general Giora Eiland, ha finalizado su trabajo. El Comité Turkel, que incluye a dos observadores internacionales continúa su labor".
Afirma que "en una decisión sin precedentes, Israel ha aceptado tomar parte en el panel de investigación fijado por la Secretaría General de la ONU, que también investiga lo sucedido".
El documento israelí añade que el abordaje militar a la flotilla es un suceso que ha sido "amplia y suficientemente investigado" y en este sentido, "todo tratamiento que se haga de la cuestión es superfluo e improductivo".
23 de septiembre de 2010
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criminales prófugos: alias jerarca


’Camilo’, Armando Alberto Pérez Betancourt.
Colombia. Armando Alberto Pérez Betancourt era un capitán retirado del Ejército y huía de acusaciones en su contra, cuando ingresó al Bloque Catatumbo, creado en 1999 por los hermanos Carlos y Vicente Castaño para combatir al Eln y controlar el tráfico de la droga en esta zona de Norte de Santander.
Cuando los paramilitares decidieron entrar ese año en el municipio de Tibú, Pérez Betancur alias ‘Camilo’ fue el encargado de transportar a 200 paramilitares en camiones para comenzar los combates con la guerrilla el 22 de mayo de 1999. Desde entonces, ‘Camilo’ se convirtió en el jefe militar del Catatumbo y la mano derecha de Salvatore Mancuso, que asumió el control de la zona después de los Castaño.
El Bloque Catatumbo estaba integrado por los frentes La Gabarra, el bloque Móvil Catatumbo y la comisión Frontera, y tuvo presencia en los municipios de El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen, Tibú, Sardinata, Puerto Santander, El Zulia, Cúcuta, Chinacota, Pamplona y Rangonvalia, en el departamento de Norte de Santander.
‘Camilo’ fue el comandante del Frente La Gabarra, integrado por 800 hombres, y daba órdenes a otros comandantes como ’Cordillera’, ’El Iguano’, ’Mauro’ y ’El Gato’, con quienes cometió masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y violencia contra las mujeres entre 1999 y 2004.
Según los relatos de algunos desmovilizados, este paramilitar permanecía la mayor parte del tiempo en la finca El Chorro del Indio, en el corregimiento La Gabarra, protegido por 20 escoltas. Frecuentaba el casco urbano y se movilizaba en helicóptero.
El Bloque se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú (Norte de Santander), con 1.434 miembros y entregó 1.115 armas. Junto con Vicente Castaño, ‘Camilo’ abandonó el proceso de Justicia y Paz y no se sabe si está vivo.

Alias usados: Camilo, Omega o Jerarca.
Estructura: Bloque Catatumbo que hacía parte del Bloque Norte.
Ubicación geográfica: Norte de Santander: La Gabarra, Tibu, el Tarra, Cúcuta.
Víctimas que le atribuye la justicia: Su bloque tiene registradas 8183 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP)
Número de delitos confesados: En versión libre confesó 19 hechos, entre los que se destacan homicidio, fuga de preso y desaparición forzada.
Bienes entregados: El día de su desmovilización el bloque entregó 1.114 armas (998 largas, 71 cortas, 55 de apoyo), 287.444 unidades de munición de diferente calibre, 1.335 granadas, 200 radios portátiles, 11 vehículos, 2 lanchas, 8 canoas, 15 motores, 45 mulas, 19 semovientes, 56 inmuebles rurales e información acerca de 105 predios utilizados por el bloque como apoyo logístico.
Los crímenes conocidos: Se le adelanta investigación por la muerte de un expendedor, la masacre de la Gabarra y la de Tibú (1999)
Fecha de desmovilización: 10 de diciembre de 2004.
Situación a septiembre de 2010: Hoy es prófugo de la justicia.
23 de septiembre de 2010
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informe sobre masacre de la rochela


Lanzan informe histórico sobre masacre de La Rochela. El documento cuenta en detalle la historia de la matanza de 12 funcionarios judiciales ocurrida el 18 de enero de 1989 cerca del corregimiento La Rochela, del municipio de Simacota, en Santander.
Colombia. Este miércoles entre las 5:30 p. m. y las 7:30 p. m. se hará el lanzamiento del informe La Rochela, ‘Memorias de un crimen contra la justicia’ en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá.
 El documento cuenta en detalle la historia de la matanza ocurrida el 18 de enero de 1989 cerca del corregimiento La Rochela, del municipio de Simacota, en Santander.
Allí, un grupo de paramilitares mataron a 12 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona.
"Este informe ilustra, a partir de La Rochela como caso emblemático, las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales y las dificultades del poder judicial para enfrentar la guerra en Colombia", dice en la invitación hecha por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que preparó el documento.
Aquel crimen "fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales", concluyó aquel grupo.
En la época en que ocurrieron los hechos, se presentaron en Colombia numerosos ataques contra empleados de la administración de justicia. Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado. A partir de la masacre de la Rochela, como caso emblemático, se ilustrarán las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales en Colombia.
23 de septiembre de 2010
22 de septiembre de 2010
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isaza seguirá en la cárcel


Niegan casa por cárcel a Ramón Isaza. El ex comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) seguirá con medida de aseguramiento y detención preventiva.
Colombia. Un magistrado de control de garantías negó la solicitud presentada por el abogado Camilo Güisa de darle casa por cárcel a Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm).
Después de dos audiencias en las que escuchó a las partes, el magistrado señaló tres argumentos para dar su veredicto: el dictamen de Medicina Legal indicó que Isaza no requería de tratamiento intrahospitalario, la Ley de Justicia y Paz no contempla la medida de sustitución de aseguramiento carcelario por domiciliario y además, consideró que no se le están violando los derechos fundamentales al ex jefe paramilitar porque se le está prestando el servicio de salud.
La decisión será apelada por la defensa de Isaza ante la Corte Suprema de Justicia, y serán los magistrados de la Sala de Casación Penal de esa instancia quienes tomen la última decisión. Como antecedente, la defensa del ex jefe paramilitar ya había realizado la misma solicitud en marzo de 2010, que también fue negada por el magistrado de control de garantías y la Corte.

Los Argumentos
En su presentación, la defensa dijo que al ex jefe paramilitar se le debía conceder casa por cárcel en un inmueble de Bogotá, porque el Inpec no contaba con la infraestructura ni el personal  para darle atención de salud especializada a Isaza por sus diferentes enfermedades: parkinson, trombosis venosa profunda, lesión en el esófago, problemas coronarios y de columna.
El abogado agregó que la suspensión de la medida era necesaria para practicarle a tiempo los exámenes, y que "Isaza no representaba ningún peligro para las víctimas porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia".
Otra fue la postura de la Fiscalía, la Procuraduría y tres defensores de víctimas que desde el principio rechazaron la solicitud. Casi todos argumentaron que Medicina Legal no señalaba en su dictamen que Isaza padeciera de una enfermedad grave pero sobre todo, que la Ley de Justicia y Paz no contemplaba la medida de casa por cárcel. "Suficientes son los beneficios que ha otorgado esta Ley", comentaron.
"Señor defensor, esa solicitud suya es una burla para las víctimas que represento. Las víctimas ni siquiera han recibido reparación. Dura es la Ley y por eso es Ley. Solicito a los magistrados de la Corte que sostengan su decisión", dijo un defensor de las víctimas.
Eso era lo que también había solicitado Sandra, unas de las víctimas que asistió a la diligencia. "Siento indignación. No es justo que una persona que haya cometido tantos crímenes vaya a descansar a la casa. Mi esposo fue asesinado en la masacre de Frías el 15 de septiembre de 2001 y nadie repone de ese dolor a mí ni a mi hija. Dios hará justicia", comentó.
A Ramón Isaza y a otros 26 paramilitares que estuvieron bajo su mando en las Autodefensas del Magdalena Medio les imputarán 620 delitos como secuestro, tortura, desaparición, desplazamiento, extorsión y terrorismo. También les atribuirán la responsabilidad de 237 casos de violencia y 19 masacres, en las que 370 personas fueron asesinadas en Antioquia, Cundimarca, Boyacá y Santander.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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reabren caso masacre de trujillo


Corte Suprema ordena reabrir investigación sobre la masacre de Trujillo. Los narcotraficantes ‘El Alacrán’, ‘Don Diego’, un mayor (r)  del Ejército, Diego Rodríguez y Carlos Garcés tendrán que responder por las masacres cometidas por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército y narcotraficantes.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó revisar los fallos de 1991 que absolvieron a los narcotraficantes Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, el mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez.
Esta serie de masacres ocurrieron en Trujillo, Riofrío y Bolívar, municipios del Valle del Cauca, donde fueron asesinadas entre 245 y 342 personas entre 1986 y 1994.
Los crímenes alcanzaron su punto más álgido entre marzo y abril de 1990,después de un combate en La Sonora, localidad de Trujillo, donde siete militares fueron asesinados por el ELN.
Después de la emboscada la violencia se intensificó, con las desapariciones de cinco ebanistas, y el asesinato del padre y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo.
Para cometer la masacre, narcotraficantes, miembros de la Policía y del Ejército y paramilitares se aliaron. Justificaron los crímenes como reacción a los abusos del Eln, pero en realidad desaparecieron testigos, desplazaron y despojaron campesinos y asesinaron a presuntos ladrones y drogadictos.
La Corte se apoyó en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Trujillo creada por la Presidencia en 1994 y por el informe del grupo memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Trujillo: una tragedia que no cesa, publicado en 2008. La investigación de la CNRR establece que numerosas pruebas no fueron tenidas en cuenta en el proceso judicial.
Uno de estos es el testimonio de Daniel Arcila Cardona, informante del Ejército en Trujillo y uno de los principales testigos. Arcila fue desacreditado, y a pesar de las pruebas, su versión no fue tenida en cuenta. En 1991, un año después de dar su testimonio a la justicia, Arcila desapareció.
Trujillo: una tragedia que no cesa, también demostró que en el proceso se destruyeron y alteraron pruebas y peritajes, intimidaron a familiares de las víctimas, señalaron a los muertos como colaboradores de la guerrilla. El informe concluye que ""en suma, en el proceso seguido hay una puesta en acción de eventos criminales y también de recursos sociales y legales encaminados, no a esclarecer, sino a encubrir".
Además, la Corte Suprema de Justicia calificó la masacre de Trujillo como delito de lesa humanidad, por lo cual, a pesar de que han pasado más de 20 años desde los asesinatos y las desapariciones, el crimen no prescribe.
En 1995, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó al entonces presidente Ernesto Samper a pedir excusas públicas, pero las decisiones judiciales no habían seguido la sentencia.
La decisión de la Corte trata de acabar con la impunidad por esta masacre, por la que sólo ha sido condenado Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’ a 30 años en 2009, el mayor Aliro Urueña Jaramillo fue llamado a juicio en 2008 y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’ fue extraditado a Estados Unidos.
Las víctimas todavía están a la espera de condenas a antiguos miembros del  Batallón Palacé de Buga, de ex oficiales de la Policía de Tuluá y Trujillo y de narcotraficantes del Valle.
23 de septiembre de 2010
22 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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julián bolívar condenado por asesinato


’Julián Bolívar’ condenado por asesinato de sindicalista. Un juez de Bogotá condenó a 21 años al ex paramilitar ’Julián Bolívar’ por el asesinato de un sindicalista de Yumbo, Antioquia.
Colombia. El Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá condenó a 21 años de prisión a Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, ex jefe del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, por su responsabilidad en el homicidio de Jairo Antonio Chima Paternina, miembro del sindicato del municipio de Yondó (Antioquia).
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, la víctima fue ultimada por hombres armados el 21 de diciembre de 2001 en el corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción de Yondó. Después de varios días de búsqueda, las autoridades de la región hallaron su cadáver en el río Magdalena.
’Julián Bolívar’ reconoció el hecho por línea de mando y se acogió a la sentencia anticipada del proceso penal. Fue condenado por su responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
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exhuman a víctimas de paramilitares


Cinco desaparecidos por los ‘paras’ fueron exhumados en el Magdalena Medio. La Fiscalía logró encontrar los restos de víctimas de las autodefensas en Puerto Nare, Antioquia. Una de las víctimas, una mujer embarazada de 20 años, le abrieron el vientre para sustraer a su hijo.

Colombia. El grupo de exhumaciones del CTI de Medellín, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, exhumó los restos de cinco personas asesinadas por paramilitares en el Magdalena Medio antioqueño.
En el corregimiento Los Delirios, en Puerto Nare, Antioquia, fueron exhumados los restos de Doriela González Cano de 20 años, quien fue asesinada en septiembre de 2000, cuando tenía seis meses de embarazo. Al parecer los ‘paras’ sacaron el bebé de la víctima, pues en el sitio donde fue inhumada no se hallaron los huesos que soportan los fetos.
También en esa población las autoridades recuperaron los restos de Leonardo Favio Hérnanez, alias ‘Terramicino’, quien delinquía en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza, y los de Vladimir Arango, desaparecido el 13 de septiembre de 2004.
En el municipio de San Luis, se exhumaron los restos de Manuel Salvador Rodríguez Méndez, alias ‘Cobra’, reportado como desaparecido desde el 2 de enero de 2004.
Las exhumaciones se realizaron con fundamento en información suministrada por varios postulados del frente Héroes del Prodigio, bajo el mando de Oliverio Isaza, alias ‘Terror’.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©fiscalía
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