mQh

nexos entre del río y los paras

mqh - 23 de septiembre de 2010 - 06:52 - colombia

Un informe elaborado por uno de los subalternos del general (r) Rito Alejo del Río, revela como el militar evitó perseguir a los paramilitares cuando fue comandante de la Brigada XVII en Urabá y además que el comando general de las Fuerzas Militares había sido advertido sobre los nexos del oficial con las Auc.

Colombia. El ex coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez reveló un informe fechado el 31 de mayo de 1996 en el que advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, Harold Bedoya, de los posibles nexos del general Del Río con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y chocoano. El ex oficial dijo que el envío de esta comunicación le significó haber sido retirado de su cargo y su salida del Ejército.
El documento, que publica en su totalidad en exclusiva VerdadAbierta.com, muestra cómo en la Brigada XVII, subordinados del general Del Río cuestionaban sus decisiones y, a la vez, observaban que el oficial al parecer estaba comprometido con los altos mandos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que delinquian en esa región del país.
Velásquez, quien en esa fecha era segundo al mando de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, manifestó sus "sospechas" sobre la posible relación de su comandante superior, las cuales empezó a intuir tras su llegada a esa guarnición militar en diciembre de 1995.
Según consignó el ex coronel, las Farc parecían ser el único objetivo militar del general Del Río y "no había una posición clara respecto a los paramilitares". Como consecuencia de esa supuesta política, el ex Coronel aseveró que las comunidades de la región eran más vulnerables porque no se combatían a los ’paras’ al mando de Fredy Rendón Herrera alias ’El Alemán’ y los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
La existencia de dicho informe fue revelada por el mismo Velásquez en el juicio que se adelanta contra el general Del Río por el homicidio del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en el caserío Bijao, región del Cacarica, departamento del Chocó, durante la ejecución de la Operación Génesis, adelantada por tropas especiales del Ejército que, por orden del general Del Río y por acuerdos con los mandos paramilitares, eran guiadas por hombres de los bloques Elmer Cárdenas y Bananeros de las ACCU.
Durante la audiencia, y respecto a la pregunta sobre si tuvo conocimiento de los nexos de Rito Alejo con los paramilitares, el ex oficial respondió que había denuncias sobre estos vínculos a través de suboficiales acantonados en la Brigada XVII y de la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. "No existía una voluntad de lucha contra los paramilitares en la Brigada. nunca conocí de operaciones contra los paramilitares durante la comandancia de Del Río", puntualizó el ex oficial.

Los Detalles del Informe de Velásquez
El informe revelado por Velásquez alertó en su momento sobre el impacto que el paramilitarismo estaba teniendo en esta región: "No existe en el señor Brigadier General Comandante de la Brigada XVII el convencimiento de que la delincuencia organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá".
Para sustentar su afirmación, el ex Coronel aseguró que en las políticas de Comando de la Brigada, elaboradas en 1996, no se tocó el tema del paramilitarismo, ni siquiera "tangencialmente". Luego indicó que en el Plan Administración por Objetivos se propuso que los paramilitares y la guerrilla serían ambos objetivos de las operaciones militares, pero, posteriormente, el general Del Río firmó el plan y "trató de decir que había que cambiar algo respecto a los paramilitares, pero nunca lo especificó".
Además, agregó que durante las reuniones de Estado Mayor nunca percibió una voluntad de lucha real del general Rito Alejo frente a los paramilitares: "no la percibí como una posición de lucha sólida y clara respecto a los mal llamados paramilitares". El militar aseguró que como consecuencia de su petición de combatir a los paramilitares, al igual que a la guerrilla, hizo que su relación con Del Río fuera distante y aseguró que su superior lo aisló de los asuntos de inteligencia y operativos de la Brigada.
Velásquez también dijo que varios inspectores de las Fuerzas Militares que estuvieron en el Urabá en 1996 conocieron informaciones de los supuestos nexos de los militares de la Brigada con las ACCU a través de algunos soldados, quienes hablaron sobre la protección que le brindaban los paramilitares al General durante sus días libres.
Por último, el ex Coronel aseguró que la relación de Del Río con el paramilitarismo podría explicarse a la luz de sus vínculos con el mayor (r) Guillermo Visbal Lazcano, acusado por la Procuraduría General de la Nación por nexos con grupos paramilitares que operaban en el Magdalena Medio. Según Velásquez, este ex oficial fue, en algún momento, segundo al mando de Rito Alejo, estuvo en fiestas en honor del General y participó supuestamente en algunos intentos de chantaje contra él.
El ex oficial le manifestó al general Harold Bedoya la manera cómo se podría constatar todo lo dicho en el documento: "si usted desea verificar el grado de deslegitimación al que ha llegado el Ejército en Urabá por el pensamiento que corre en la región en el sentido de que trabajamos en alianza con la delincuencia organizada o paramilitares, disponga que se hable informal e individualmente por ejemplo con los soldados recientemente incorporados en la zona".
El documento expuesto por el coronel Velásquez también reveló que su postura crítica frente a la inacción de la Brigada XVII contra las ACCU le significó la pérdida de confianza de su mando superior. Ejemplificó esa situación con dos casos particulares sobre los cuales recibió fuertes llamados de atención: el seguimiento que le estaba adelantando el grupo UNASE del Ejército al entonces conductor de la alcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, y la visita que recibió de varios funcionarios de la organización no gubernamental FEDES (Fundación para la Educación y Desarrollo), quien quería hablarle de un atentado que había sufrido uno de sus colaboradores en Urabá.
En cuanto al seguimiento del conductor, se afirmaba en la Brigada que al parecer utilizaba el vehículo de la Alcaldesa para cobrar extorsiones a nombre de las FARC. De acuerdo con el relato que hiciera el ex oficial Velásquez, lo único que hizo al respecto fue recomendar que "el asunto se manejara con mucho cuidado, pues un paso en falso podría desencadenar un escándalo político en Apartadó", asunto que fue interpretado por la comandancia de la guarnición militar como una intromisión por lo que recibió la orden de no meterse "en asuntos operacionales del UNASE".
Sobre la visita de la funcionaria de FEDES, Velásquez fue recriminado por su superior porque la entrada a la guarnición militar al parecer no fue registrada en el cuaderno de la guardia. Lo que explicó al respecto es que efectivamente había dado la orden de dejar entrar a los visitantes, pero en ningún momento dijo, según él, que no se anotara la entrada.
Durante la audiencia, la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, afirmó que la violencia que vivió el municipio de Apartadó entre 1995 y 1997 fue producto de una política de terror de Estado que contó con la complicidad del general Rito Alejo del Río, del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su secretario de gobierno, el fallecido Pedro Juan Moreno. "Había un acuerdo político para el exterminio. No se movía nada en Apartadó sin la autorización de los paramilitares con el general Rito Alejo del Río" puntualizó Cuartas.
El juicio contra Rito Alejo del Río continuará la próxima semana y se esperan nuevas revelaciones, entre otras de varios desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU que operaron en la región de Urabá y que fueron citados por el juez que adelanta el caso. Se espera que durante el proceso de juzgamiento se sigan develando cómo fueron las alianzas tejidas entre las ACCU, miembros de la Fuerza Pública y empresarios para "pacificar" esta región agroindustrial de Antioquia, pues eso es lo que realmente está en juego en este asunto.

La Defensa del General
Para el ex general, las declaraciones de los paramilitares también son consecuencia de sus operaciones en el pasado contra el narcotráfico. "Durante mi carrera he combatido todas las expresiones violentas que se han manifestado, sean guerrilleros o paramilitares", aclaró el ex militar.
"Las declaraciones de los paramilitares están desinformando al país. La presión de las ONG y de los entes investigativos, y tras las negativas de extradición, han llevado a que estas personas empiecen a mencionar nombres… uno ve como les pagaron para que inculparan a gente de bien", señaló Del Río y aseguró que nunca supo sobre la presencia del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Urabá. Para el General, ese bloque se conformó hacia diciembre de 1997, fecha en la que murió Elmer Cárdenas, y que coincidió con su salida de la zona. "Sobre ‘El Alemán’ vine a saber que existía muchos después".
Pero ese argumento no coincide con el expuesto recientemente por alias ‘el Alemán’ ante los fiscales de Justicia y Paz, quien reconoció que entre él y el ex oficial había aprecio mutuo. "Yo le aprendí a apreciar y creo que me apreciaba este señor".
Según el ex paramilitar, ese aprecio lo llevó a comunicarse a través de un intermediario con el ex general Rito Alejo Del Río para decirle que había llegado la hora de decir la verdad y de precisar las relaciones que los paramilitares tuvieron en la región de Urabá con distintos sectores sociales, políticos y militares en el tiempo en el que éste fue comandante de la XVII Brigada.
"Me parece, general, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted general, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos", sostuvo ‘el Alemán’ en el mensaje enviado al ex general a través de un emisario de quien no precisó su nombre por razones de seguridad ni la fecha de la gestión.
De acuerdo con lo relatado por el ex paramilitar, en el mensaje enviado al ex general destacó las bondades de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, y la calificó de "perfecta", pero agregó que estaba llegando a un estado en el que se tendrán que decantar las relaciones que tuvieron los grupos paramilitares que operaron en el Urabá antioqueño con funcionarios de la Fuerza Pública, así como con sectores sociales, políticos y empresariales.
En el cruce de mensajes y de acuerdo con lo relatado por alias ‘el Alemán’, al parecer este ex oficial del Ejército le comunicó que seguramente a él también le iba a tocar decir la verdad, a lo que el ex paramilitar reaccionó celebrando la decisión y se mostró esperanzado en que así fuera, "en aras de que el país conozca la verdad".
Sin embargo, lo dicho por el ex general Rito Alejo Del Río en Bogotá contradice esa versión y, por el contrario, rebate toda relación con los grupos paramilitares. La justicia tendrá la última palabra.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©verdad abierta

0 comentarios

matanza de bojayá

mqh - 23 de septiembre de 2010 - 05:56 - colombia

La matanza de Bojayá, responsabilidad de las Farc, fue el resultado indeseado en un combate entre la guerrilla y los paramilitares que se refugiaron en el pueblo. Los sobrevivientes no quieren que se olvide que los paramilitares también son culpables.

Colombia. El día que el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, ’el Alemán’, dijo en una versión libre que la culpa de la muerte de 79 personas en Bojayá, 48 de ellas niños, había sido del padre Antún Ramos, por haber encerrado a la comunidad en la iglesia, estalló la indignación entre los sobrevivientes. Era el colmo del cinismo y la distorsión de los hechos que ahora se les endilgara a los miembros de la Iglesia, que han sido los ángeles guardianes de las comunidades del Atrato, la responsabilidad por estas atroces muertes.
Tampoco todos están contentos con la pancarta que instaló el Ejército, en la que dice que jamás hay que olvidar que allí las Farc masacraron niños, ancianos e inermes civiles que se convirtieron en escudos humanos. Les parece que el Ejército olvida mencionar que los paramilitares, mucho antes y mucho después de la masacre, han golpeado tanto como la guerrilla a esta sufrida comunidad. Ellos mismos aún no se ponen de acuerdo sobre qué tanta memoria o qué tanto olvido necesitan, cómo recordar y vivir ese duelo profundo que fue enterrar a sus deudos sin los rituales que mandan sus tradiciones; y cómo sobrellevar las huellas indelebles, físicas y espirituales, que les dejó la matanza.
Ese 2 de mayo de 2002 se rompió, como si fuera de cristal, la vida de Bojayá. Una pipeta de explosivos, lanzada por guerrilleros de las Farc en medio de combates con paramilitares, hizo impacto en la iglesia, donde casi todos los habitantes se habían resguardado de los combates, no solo porque era la única construcción de ladrillo y cemento del pueblo, sino porque las iglesias suelen ser sitios protegidos por el derecho humanitario. Además, tanto el padre Antún Ramos como las monjas agustinas habían improvisado un dispositivo humanitario con comida y dormida para todos. En medio de la lluvia de plomo, era mejor estar juntos. Hoy, en la memoria de quienes estaban allí esa fatídica mañana, han quedado enmarcadas las imágenes dantescas e indelebles de los pedazos de cuerpos adheridos a paredes, el olor a carne humana quemada, los fragmentos de sus amigos y parientes esparcidos por el suelo. "Había gente que lo único que le quedaba entero era un dedo, quedaban molidos, como caer una piedra en un pantano", recuerda una niña, que le dio su testimonio al Grupo de Memoria Histórica.
"Entre los escombros del templo, al lado de los muertos, se quedaron los heridos que no estaban en capacidad de caminar (…) desde allí tuvieron que escuchar la continuidad de los combates". Quien tuvo misericordia de los sobrevivientes fue Milenia, una mujer conocida como ’la loquita’ del pueblo. "Se quedó ayudándoles a los que quedaron vivos, hablándoles a los muertos y también a quienes aún estaban conscientes, alzándolos y arrastrándolos hasta la sacristía, donde aún quedaba algo de techo para resguardarse...", contaron los sobrevivientes en los talleres que hizo el Grupo de Memoria Histórica, bajo la coordinación de la profesora Marta Nubia Bello.
Las horas y los días que siguieron a la explosión no fueron mejores. Durante tres días, muchos pudieron huir por las aguas y selvas. Un grupo decidió regresar por los heridos, pero los combates no habían cesado. Quienes huyeron tuvieron que enfrentarse a retenes de guerrilleros y paramilitares, y elevar banderas blancas clamando que se les respetara su condición de civiles. El único helicóptero que llegó en las horas posteriores a la matanza no venía a salvar a los heridos: era de los paramilitares, y le disparó al grupo de campesinos que huía de la batalla. Cuando la fuerza pública hizo su ingreso y el general Mario Montoya se presentó ante las cámaras llorando por las muertes, la peor parte había pasado. Para entonces, el pueblo estaba vacío y las casas, saqueadas por guerrilleros y paramilitares.
La masacre es inolvidable no solo por su crueldad, sino por razones más profundas, que están metidas en el alma colectiva de este pueblo afrocolombiano. La primera es porque no pudieron enterrar a sus muertos de acuerdo con sus tradiciones. Muchas de sus creencias más sagradas quedaron rotas. En especial, la muerte de los niños. El Grupo de Memoria Histórica destaca en su informe que "su muerte violenta vulnera los preceptos centrales en el orden social, pues el orden pensado como natural indica que mueren los viejos, los enfermos y los culpables. Frente a la muerte de niños y niñas no hay explicación ni sentido, y esto produce en los familiares y en la comunidad sentimientos profundos de dolor, de rabia, de impotencia y de culpa". Ello sin tomar en cuenta los trastornos tremendos que viven los niños que fueron testigos de la masacre. El desplazamiento impidió que se hicieran los chigualos, que son los entierros tradicionales de niños en el Pacífico, que garantizan, según sus creencias, que los menores se conviertan en ángeles y querubines.
Nada de eso se pudo hacer. Todo lo sagrado quedó herido. Como el propio Cristo Mutilado, que hoy reposa en una urna de cristal como una pieza que recuerda la pérdida de todo límite en los métodos de guerra.
La segunda huella imborrable está en los cuerpos. El Informe de Memoria Histórica cita un testimonio publicado en El Colombiano de una mujer de Bellavista que dice: "Cuando me baño, me miro en el espejo, me veo las cicatrices y me digo: ’mira lo que cargas de la guerra sin haber hecho un solo tiro’". Y es que hay una doble sensación de amargura. La de haber conocido en carne propia los métodos más salvajes e indiscriminados que se usan en el conflicto en Colombia, y la sensación de haber sido una víctima del azar. Porque en esta matanza no hubo lista, no hubo selección, y por eso mismo les ha dejado la sensación de que no hay lugar seguro sobre la tierra.
La tercera, porque el desplazamiento y la reubicación cambiaron todo: ni el paisaje, ni la comunidad, ni las tradiciones, ni la vida cotidiana volvieron a ser iguales. "Los actores armados lograron en gran medida su objetivo: desestimular mediante la intimidación a quienes lideraban la resistencia y la organización comunitaria", dice el Informe.
A pesar de la pobreza histórica del Chocó, muchos evocan su pasado con idealismo, una vida tranquila en la que pescaban y nadaban, rezaban y cantaban, tenían familia y amigos. Pero muchos no quisieron volver, a pesar de que el gobierno construyó un nuevo pueblo. Se quedaron en Quibdó, Medellín o Bogotá. Sus hijos ya no tendrán la cultura del río, con sus tradiciones orales y sus creencias. "Y eso quién nos lo va a devolver… cómo nos lo van a reparar", se pregunta uno de los bojayaseños.
Incluso quienes se quedaron o han retornado se sienten enajenados y usurpados en su territorio. Bojayá está rodeada de megaproyectos de palma, hay explotaciones mineras y compras de tierras a todo lo largo del Atrato, en territorios considerados colectivos y ancestrales. En el nombre innombrable de estos intereses, llegó la guerra al Chocó.
Bojayá, tal como la conoció la gente hasta hace menos de una década, ha muerto. Ahora, un nuevo pueblo se levanta, con casas de material, lejos del río. "Muchos consideran que el nuevo pueblo es el más bonito de la región, pero su construcción es un buen ejemplo de cómo se hacen obras sin tener en cuenta una perspectiva étnica y de memoria", dice Marta Nubia Bello, de Memoria Histórica. Las casas son bonitas, pero el calor es insoportable. El Estado ha invertido más de 40.000 millones en este caserío, pero aun así mucha gente no se siente reparada. Porque lo que les ocurrió es irreparable.
Hoy, los más jóvenes, los que han crecido en el luto y oyendo historias de horror, no quieren recordar más. Tampoco el silencio solemne con el que se conmemora cada año la masacre. Quieren rumba y un poco de olvido. Pero la lucha por la memoria la están dando sobre todo los sobrevivientes. Especialmente con cantos, con cuentos, con tejidos. Para que toda Colombia recuerde ese pueblo que por primera vez en la historia salió en los titulares y tuvo la visita de un presidente porque los grupos armados se ensañaron con él.
22 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010
©semana

0 comentarios

estado en causa papel y prensa

mqh - 23 de septiembre de 2010 - 02:33 - argentina

El gobierno pidió que sean convocados para una declaración indagatoria los militares, funcionarios y empresarios que participaron en la operación. El secretario de Derechos Humanos solicitó ser querellante en la causa sobre los secuestros de los Graiver y sus empleados. En base al informe de la Secretaría de Comercio, vinculó la compra de Papel Prensa con delitos imprescriptibles.

[Irina Hauser] Argentina. El gobierno nacional denunció ante el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza el "desapoderamiento ilegítimo de Papel Prensa SA a quienes eran sus propietarios", los integrantes del grupo Graiver, y atribuyó ese "despojo" a una "voluntad mancomunada de las autoridades de la dictadura cívico-militar y de los propietarios de los diarios" Clarín, La Nación y La Razón, que participaron de la operación de compra-venta en la noche del 2 de noviembre de 1976. En la presentación, que realizaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario, Luis Alén, piden ser querellantes y sostienen que la "apropiación ilegal" de la proveedora de papel se debe interpretar en el contexto de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, que tuvieron a los Graiver y personas de su entorno como víctimas. El documento reclama la indagatoria del dictador Jorge Rafael Videla, el ex almirante Emilio Massera, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex secretario de Desarrollo industrial Raymundo Podestá, a quienes acusa de asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad, tormentos y la muerte a causa de las torturas en el caso de Jorge Rubinstein (abogado, mano derecha de David Graiver). Y como partícipes necesarios pide que sean interrogados los directivos de los diarios y de la firma que conformaron para el traspaso (Fapel): Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y los Peralta Ramos.
"El Poder Ejecutivo nacional entiende que los hechos objeto de esta querella constituyen graves delitos previstos por el derecho penal internacional que configuran violaciones a los derechos humanos", dice la querella de casi 200 páginas presentada ayer, que tiene a su vez el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. También asegura que, según los pactos internacionales, el criterio de imprescriptibilidad se debe aplicar tanto a "la autoridad del Estado" como "a los particulares que participen como autores o cómplices".
Corazza es el juez a cargo de la investigación sobre los crímenes dictatoriales cometidos en los centros clandestinos del "Circuito Camps", entre ellos Puesto Vasco, donde estuvieron detenidos la mayoría de los integrantes del Grupo Graiver. En abril último abrió un expediente aparte para analizar el traspaso accionario de Papel Prensa a raíz de una denuncia inicial de la Secretaría de Derechos Humanos, que había recibido el testimonio de Rafael Ianover, quien participó de la operación como testaferro de David Graiver, fallecido en un extraño accidente aéreo en México el 7 de agosto de 1976. Ianover relató que en plenas tratativas le dijo al dueño de La Razón Patricio Peralta Ramos (recientemente fallecido) que "temía por su libertad" y el empresario le aseguró que no le pasaría nada. Antes de concretar la venta, agregó en el juzgado, un grupo de tareas entró a su casa, revolvió armarios y se llevó de todo. El 12 de abril de 1977 lo detuvieron. Hoy volverá a declarar ante los fiscales Marcelo Molinas, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dum.
La Secretaría de Derechos Humanos plantea que "los delitos de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del llamado grupo Graiver no comienzan con el secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos" y el homicidio de Rubinstein, ocurridos desde marzo y abril de 1977, sino antes, "con la etapa extorsiva que lo antecede" y que incluyó "una cuidadosa preparación mediática" muy anterior a la cesión de acciones. En esa tónica, tras la muerte de David Graiver –socio mayoritario en Papel Prensa– sostienen que los diarios instalaban lo que llamaban el "caso Graiver" y la supuesta "necesidad de investigar al grupo" económico al que ligaban con maniobras ilegales y con Montoneros.
En ese contexto, dice la denuncia, "la dictadura terrorista" les hacía llegar "claros mensajes" a la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, a Isidoro Graiver, a Ianover y otros miembros de su círculo. Tenían que disolver el núcleo empresario y "Papel Prensa SA debía ser transferida a Clarín, La Nación y La Razón. Cualquier otra negociación no sería aprobada por el Estado", socio en la papelera. "Estos mensajes eran directamente extorsivos (...) Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes del grupo Graiver, la operación de venta de las acciones de Papel Prensa no se hubiera llevado adelante", postula la querella.
Como respaldo, cita varios testimonios, algunos de los cuales ya en 1985 formaban parte de la pesquisa del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Por entonces, por ejemplo, Lidia Papaleo de Graiver y su cuñado Isidoro Graiver relataban casi con idénticas palabras cómo fueron empujados a entregar Papel Prensa a los diarios. Tanto ella como Ianover ratificaron y ampliaron este año aquel viejo testimonio ante la Secretaría de Comercio y en tribunales. Precisaron que al momento del traspaso no pudieron leer lo que estaban firmando ni opinar sobre el precio, que quedó establecido en 946.600 dólares, con un adelanto de 7 mil.
Al analizar la operatoria, la denuncia enumera irregularidades, como la falta de precisión sobre cuántas acciones se traspasaban y un informe del Banco de Desarrollo que aseguraba que el precio pagado era "inferior al real". "En ese marco absolutamente irregular, pero contando con la convalidación de sus asociados de la Junta Militar –dice el texto–, Clarín, La Razón y La Nación impusieron su criterio por encima de la legislación vigente, y la cesión de las acciones Clase A que habían sido arrancadas mediante extorsión a los integrantes del Grupo Graiver, quedaba aprobada" en la asamblea de accionistas del 18 de enero de 1977.
Los propios diarios publicaban, el 19 de mayo de aquel año, una solicitada que decía que habían "adquirido las acciones Clase A de Papel Prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe", recuerda el escrito del Gobierno. Pero los Graiver y su entorno fueron detenidos. Lidia, su hermano Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver, su esposa Lidia Brodsky, Rubinstein, Ianover, Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Silvia Fanjunl (empleada de los Graiver), Lidia Gesualdi (secretaria). La mayoría sufrió torturas durante su detención y luego fueron "blanqueados", a disposición del Poder Ejecutivo.
Para investigar al grupo económico la junta nombró a un oficial preventor militar, que fue Oscar Gallino –ya fallecido–, señalado como interrogador también dentro de los centros clandestinos. Las constancias que dejaba Gallino de sus actividades forman parte de la prueba que la Secretaría entregó. El 7 de abril de 1977 a las 16.30 escribió que había recibido a "los directores y asesores letrados de La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa". Esa visita, sostiene el Gobierno, "mostraba el grado de vinculación entre la dictadura y sus asociados" en Papel Prensa. Dos días después vuelve anotar que Podestá y (otra vez) "a los presidentes de los directorios de los diarios con sus letrados" concurrieron a "producir sendos informes". También asienta la visita de las autoridades del Banco Central y del Banco Nación para considerar los casos del Banco Comercial de La Plata y el de Hurlingham. "Ese mismo día, Gallino preparaba los interrogatorios a tomar el día siguiente", sostiene la presentación.
Diez días después la Junta Militar decidió la "interdicción de los bienes de los Graiver y la prohibición" de que pudieran disponer de ellos o administrarlos. Papel Prensa no estaba en el paquete, porque ya había sido "entregada como botín de guerra a sus socios Clarín, La Nación y La Razón", denuncia el Gobierno. Los Graiver fueron condenados por asociación ilícita con Montoneros, pero en 1982 la Justicia federal revirtió esa decisión.
La Secretaría de Derechos Humanos señala que el gobierno de Raúl Alfonsín "reconoció la ilegitimidad del despojo de los bienes de los Graiver, entre ellos las acciones de Papel Prensa", y que ya durante el juicio al ex capellán Christian Von Wernich, fueron juzgadas las detenciones ilegales y torturas de algunos de los Graiver como delitos de lesa humanidad. Remarcan que esos hechos no se pueden disociar de la venta de Papel Prensa y concluyen que la dictadura apostó "al control de la prensa escrita a través del control del papel".
22 de septiembre de 2010
©página 12

0 comentarios

otro represor al banquillo

mqh - 23 de septiembre de 2010 - 01:22 - argentina

Cayó Walter Roscoe, o Ricardo Ríos. Un ex personal civil de inteligencia acusado de cuatro homicidios. El represor fue indagado el lunes por el juez Marcelo Bailaque y la fiscal Mabel Colalongo. Lo imputan del secuestro, las torturas y la desaparición de Raquel Negro, Fernando Pipa Agüero, Alberto Barber Caixal y Héctor Larrosa.

[José Maggi] Argentina. El represor Walter Roscoe cayó detenido en Rosario. El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército que utilizó el alias de Ricardo Ríos durante la última dictadura prestó declaración ante el juez federal Marcelo Bailaque y la fiscal Mabel Colalongo el último lunes. Roscoe, quien vivía en Misiones y trabajaba para el gobierno provincial, quedó detenido imputado por cuatro casos de secuestros, torturas y homicidio en perjuicio de Raquel Negro, Fernando ‘Pipa’ Aguero, Alberto Barber Caixal y Héctor Larrosa.
La foto de Walter Roscoe que ilustra la portada de Rosario/12 forma parte de una plantilla, una de las pocas que fueron preservadas del robo los tribunales provinciales en 1984. A pedido de este cronista, Eduardo Costanzo señaló a varios represores entre esas fotografías e identificó concretamente a Roscoe, sobre quien indicó que "es el que hizo los pasaportes de los cinco que viajaron para la Operación México. Hoy vive en Misiones, en Posadas. Se casó con la viuda de un teniente que mataron los Montoneros", apuntó Costanzo.
Con respecto a las víctimas por las que Bailaque imputó a Roscoe en su indagatoria, se trata de Fernando ‘Pipa’ Aguero, detenido en la Quinta de Funes. Es el ‘Pipa’ del libro de Miguel Bonasso ‘Recuerdo de la muerte’.
El Indio Rivero, compañero de militancia del Pipa, recordó: "Militábamos juntos en el Frente Revolucionario 17 de Octubre. Era empleado público en Córdoba donde fue secuestrado en 1977 y traído a Rosario".
En cuanto a la desaparición de Raquel Negro, la historia es conocida. Era la pareja de Tulio Tucho Valenzuela, quien desbarató la Operación México ideada por Leopoldo Galtieri para matar a los máximos dirigentes montoneros. Luego del fracaso de esa operación de inteligencia, se desmanteló la Quinta de Funes, y se trasladó a los detenidos a la Escuela Magnasco, para luego llevarlos a la Intermedia, la casa quinta de la familia Amelong en La Ribera, donde se llevó adelante el procedimiento de disposición final revelado por Costanzo. Según el ‘Tucu’, Negro fue llevada a Paraná donde dio a luz a sus mellizos, y traída a ese centro de detención sin vida, en el baúl de un auto. A fines de 2008, la hija de Negro recuperó su identidad, y se corroboró que había sido llevada a Paraná para dar a luz.
Finalmente, los casos de Alberto Barber Caixal y Hector Larrosa corresponden a dos militantes montoneros. El primero era director de la Escuela Industrial de Santa Fe y los dos eran ex alumnos del Politécnico. Justamente, esa casa de estudios los recordó junto a otros ex alumnos desaparecidos en la dictadura durante un acto que tuvo lugar a fines de marzo de este año. La ceremonia contó con la presencia de autoridades de esa casa de estudios, el director de Coordinación de Secretaría Académica, Claudio López, profesores y alumnos del Politécnico, quienes participaron activamente en la organización de este homenaje.
Durante el mismo se proyectó un video realizado por el secretario de Asuntos Estudiantiles Damián Villar, quien junto a un grupo de estudiantes y personal del Instituto rescataron de los archivos fotos y documentación del paso dentro del ‘Poli’ de alumnos que están desaparecidos.
En esa oportunidad, la profesora Elvira Scalona remarcó "los instantes en que fueron secuestrados y desaparecidos los ex alumnos" y además hizo hincapié "en la formación de conciencia y derechos humanos con los que se debe educar a las futuras generaciones".
Posteriormente, los asistentes al acto se trasladaron al Edificio del Instituto Politécnico y descubrieron en el Aula 02 una placa recordatoria que lleva el nombre de todos los ex alumnos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado. Este Aula pasó a llamarse ‘Aula de la Memoria’, con los nombres de Caixal, Larrosa, Alberto Britos, Mario Delfino, Alberto Mario Galimberti, Héctor Gualdo, Reinaldo Hernández Cuenca, y Rodolfo Usinger.
22 de septiembre de 2010
©rosario 12

0 comentarios

procesan a jefe de el vesubio

mqh - 22 de septiembre de 2010 - 20:36 - argentina

El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento, con prisión preventiva, para el ex oficial de inteligencia del Ejército Gustavo Cacivio, conocido como ‘el Francés’. El magistrado imputa al represor alrededor de un centenar de secuestros y torturas cometidos en su carácter de ‘jefe’ del centro clandestino de detención ‘El Vesubio’, durante la última dictadura militar.

Argentina. El procesamiento y prisión preventiva -que el ex militar cumple en la cárcel de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal- fue dictado en el marco de la "megacausa" en la que el magistrado investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.
Esas investigaciones, al igual que la causa en la que se investigan los delitos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que tramita el juez Sergio Torres, fueron reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
"La identificación, detención y ahora el procesamiento de quien, bajo el apodo ’El Francés’, fuera el conductor del citado centro de detención y tortura durante el año 1978, fue el resultado a varios años de paciente investigación", indicaron fuentes judiciales. Cacivio, de 67 años, oficial de inteligencia del ejército, capitán al momento de los hechos, y coronel retirado en la actualidad, fue mencionado "por muchos de los sobrevivientes, dado que su presencia era constante en interrogatorios y sesiones de tormentos".
El represor, coincidieron los testigos, también era quien "decidía, por ejemplo, a quién torturar y cuándo, o en qué sitio un prisionero iba a ser alojado, dentro de las tres casas que componían el centro de detención".
Las fuentes agregaron que "la detención de Cacivio se suma a los 12 ya imputados por el juez por las privaciones ilegales de la libertad y las torturas padecidas por más de 200 víctimas verificadas en `El Vesubio`". De esa docena de imputados, ocho están siendo juzgados actualmente ante el Tribunal Oral Federal Cuatro, en tanto los restantes -tres militares de alto rango y un agente del Servicio Penitenciario- fueron procesados por Rafecas el 16 de julio último.
Entre los desaparecidos que pasaron por "El Vesubio" estuvieron los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld; el director de cine Raymundo Gleyser; la Presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires Beatriz Perosio y los alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini Mauricio Wainstein, Mirta Diez y Laura Feldman.
[Foto viene de aquí].
22 de septiembre de 2010
©página 12

0 comentarios

auge de los neonazis en europa

mqh - 22 de septiembre de 2010 - 16:36 - europa

El avance de los ultraderechistas Demócratas de Suecia forma parte de una tendencia europea. La crisis económica golpeó a las socialdemocracias y benefició a las corrientes populistas y racistas, ya presentes en Europa desde los años ’80. Los ultraconservadores conquistaron espacios impensables.

[Eduardo Febbro] París, Francia. La difusión del odio y la discriminación son una fructífera inversión electoral en la Europa de la primera década del siglo XXI. "La bandera de la tolerancia fue bajada y las fuerzas oscuras terminaron finalmente por tomar como rehén a la democracia sueca", dice el editorial del diario sueco conservador Expressen. El comentario alude a los 20 diputados con los que el partido xenófobo de ultraderecha sueco Demócratas de Suecia (DS) entró el Parlamento al cabo de las elecciones celebradas el domingo (5,7 por ciento) de los votos. La crisis económica golpeó a los partidos socialdemócratas del Viejo Continente y benefició a las corrientes populistas y racistas, ya presentes en Europa desde los años ’80.
Con un discurso de duro rechazo a los extranjeros, y en particular a los árabes, y contra el multiculturalismo, la extrema derecha ha ido conquistando territorios impensables de la Unión Europea. El jefe de fila de la alianza de los movimientos de la extrema derecha europea y número dos del ultraderechista Frente Nacional francés, el eurodiputado Bruno Gollnisch, celebró ayer la inédita conquista lograda por el DS sueco. "Espero que ocurra lo mismo en otros países, en Europa e incluso fuera de Europa, porque los efectos de la globalización, es decir los estragos de la libre circulación de las personas, de las mercancías y de los capitales, pese a sus apariencias humanistas, tienen los mismos efectos destructores de las identidades de los pueblos, de su independencia y de su soberanía en todas partes", dijo Gollnisch.
El auge de los ultraderechistas Demócratas de Suecia se suma a éxitos similares obtenidos por partidos de la misma tendencia en otros países. La extrema derecha racista, discriminatoria y agresiva que cambió sus camperas negras de antaño por corbatas de seda y un lenguaje pulcro tiene los vientos favorables. El Frente Nacional francés, precursor de la conquista de las urnas, el Vlaams Belang en Bélgica, el FPÖ en Austria, la Liga del Norte en Italia, el British National Party en Gran Bretaña, el movimiento Jobbik en Hungría o el PPV en Holanda modificaron el mapa electoral europeo. La extrema derecha entró por la puerta grande en los gobiernos de Italia y en los Parlamentos de Austria, Bulgaria, Letonia, Eslovaquia, Dinamarca y, ahora, Suecia. La crisis económica, el desempleo, el discurso nacionalista, la promoción de la homogeneidad y lo nacional, el populismo rayano y el oportunismo electoralista de la derecha tradicional legitimaron una propuesta política que sólo ocupaba un margen simbólico. La extrema derecha es hoy un actor central. El estilo con que irrumpen en los Parlamentos no difiere al empleado por el DS sueco. Los Demócratas de Suecia montaron una campaña sucia en la que llegaron a usar un anuncio televisivo –censurado posteriormente– que mostraba a un grupo de mujeres musulmanas vestidas con burka adelantarse a una anciana con muletas en una carrera simbólica por apropiarse de los subsidios gubernamentales.
El blanco preferido de la ultraderecha han sido los musulmanes. A menudo, en su afán por atraer los votos de la ultraderecha, los gobiernos de derecha moderada han sacado de la galera medidas selectivas contra los musulmanes. Referendo sobre los minaretes en Suiza, prohibición de la burka en Francia y Bélgica, debate sobre la identidad nacional en Francia, adopción de esquemas represivos para los inmigrantres por parte de la Unión Europea –la iniciativa retorno por ejemplo–, islamofobia galopante y una inagotable serie de groserías dichas en la televisión por responsables políticos marcaron los últimos años de la política europea. Las sociedades del Viejo Continente con pasado colonial en Africa y los países árabes son reacias a aceptar la presencia no sólo de los inmigrantes sino, sobre todo, de los hijos de la inmigración que nacieron aquí. En Francia se los llama con un nombre hipócrita: "Las minorías visibles".
Las cifras de la inmigración, sin embargo, van en contra de los argumentos de la ultraderecha. Datos de la agencia europea Frontex revelan que la cifra de inmigrantes ilegales en Europa cayó en 36 por ciento en los tres primeros meses del año si se las compara con los índices de 2009. "Los políticos aseguran que Europa está siendo invadida, pero si uno se fija en las estadísticas, se da cuenta de que no es cierto", indica Sergio Carrera, del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas.
El debate abierto en Francia por la expulsión de gitanos hacia Rumania y Bulgaria expone un cuadro alarmante sobre una tendencia "disuasiva" que lleva al Estado a difundir un discurso de exclusión racial. Los gitanos están entre las más pequeñas minorías que viven en un país donde hay 63 millones de habitantes y en el que los inmigrantes pesan cerca del 8 por ciento. Las consultas electorales sucesivas van esbozando una expansión del hongo xenófobo. En las elecciones europeas de junio de 2009, la ultraderecha obtuvo resultados de dos dígitos en siete estados miembros de la Unión Europea (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría, Austria, Bulgaria e Italia) y entre 5 y 10 por ciento en otros seis estados (Finlandia, Rumania, Grecia, Francia, Reino Unido y Eslovaquia). Magali Balent, miembro de la Fundación Robert Schuman y especialista de las cuestiones europeas, explica que "desde el auge de los años ’80 la extrema derecha probó que se había convertido en una fuerza política significativa en el escenario europeo". Actor central y contaminante, su discurso impregnó el lenguaje de la derecha tradicional, amordazó a los socialdemócratas y logró poner en tela de juicio uno de los proyectos políticos de construcción común, de respeto de la libertad, de valores conjuntos y de expresiones multiculturales más ambicioso de la historia de la humanidad. ¿Quién ganará la partida? ¿El humanismo promovido por Europa o la versión menos gloriosa y moral de su historia?
22 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©página 12

0 comentarios

fin del cafiolo

mqh - 22 de septiembre de 2010 - 16:24 - argentina

Proyectos de la concejala Alonso para impedir la explotación sexual. La edila socialista presentó tres iniciativas para evitar la tergiversación de rubro en wiskerías y cabarets. Impide que se exija la libreta sanitaria a las alternadoras y obliga a blanquear el contrato laboral con bailarinas.

[Guillermo Zysman] Argentina. El oficialismo en el Concejo presentó ayer tres iniciativas para restringir "la explotación sexual de prostitución ajena" en Rosario. Los proyectos apuntan a regular de manera más precisa el funcionamiento de wiskerías y cabarets, que en adelante no podrán tener boxes privados, tampoco exigir libreta sanitaria a las "alternadoras" y tendrán que presentar los contratos de locación de servicios del personal que baila que certifique el vínculo laboral. "Es un fuerte mensaje político del Concejo para evitar la tergiversación de rubros y aplicar medidas urgentes en contra de la trata de mujeres con fines de explotación sexual", fundamentó la concejala Mariana Alonso, impulsora de los cambios, quien este jueves pedirá preferencia en el recinto para que la semana próxima comiencen a tratarse los expedientes en comisión. La normativa se aplicará para futuras habilitaciones y los seis cabarets que funcionan legalmente en la ciudad tendrán 60 días para adecuarse.
Acompañada de ediles de distintos bloques, legisladores provinciales, funcionarios y representantes de ONG vinculadas a la temática, la concejala Alonso destacó la decisión política de la dirigencia política de la ciudad de haber comenzado "a poner en debate iniciativas relacionadas con la trata de personas" en Rosario.
La propuesta ayer ingresada por mesa de entradas promueve modificar parcialmente la ordenanza que regula los espectáculos públicos, disponiendo requisitos particulares para la habilitación de cabarets y whiskerías. En adelante, los empresarios deberán presentar los contratos de locación de servicios del personal para bailar y alternar, por el cual certifique el vínculo con cada una de las empleadas.
La modificación implica la puesta en vigencia de nuevos requisitos edilicios, ya que quedará prohibido que en los locales del rubro existan habitaciones o boxes privados dentro del local, salvo los destinados a vestuario y camarín. Tampoco se permitirán conexiones con instalaciones o inmuebles contiguos, "no pudiendo plantearse como excepción las salidas de emergencia". Además, el municipio a través del Área de la Mujer deberá dictar cursos de capacitación dirigidos al personal sobre "Derechos Humanos de las mujeres e introducción a la problemática de la trata con fines de explotación sexual".
"La idea -destacó Alonso- es impedir la explotación sexual de prostitución ajena, evitar la tergiversación de rubros y ser rigurosos en el ejercicio de poder de policía del municipio". Según la edila del PS son "seis las wiskerías habilitadas como tal en la ciudad que deberán adecuarse en 60 días a la norma cuando se apruebe al igual que todo nuevo local que quiera abrir del rubro".
Para Alonso, el paquete de medidas propuestas "no eliminará el sexo pago en la ciudad, porque quedan otros nichos como los denominados privados, pero evitamos que bajo un paraguas legal se tergiversen rubros".
Las denominadas alternadoras, mujeres que incitan a los clientes a consumir servicios sexuales, quedarán exceptuadas de la exigencia de las libretas sanitarias, "ya que ello implicaba naturalizar la prostitución, la explotación sexual y el proxenetismo", justificó Alonso.
La legisladora destacó que "Rosario no es la primera ciudad que va a modificar la ordenanza de espectáculos públicos en lo que concierne a esta figura tan controvertida como las alternadoras. Hemos revisado ordenanzas y visto que no se les pide libreta sanitaria en otras ciudades. Si se mantiene, legalizamos la explotación sexual".
Alonso también ingresó un proyecto de ordenanza mediante el cual se crea la Mesa Municipal de Trabajo contra la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual para instalar públicamente la problemática en Rosario; promover la sensibilización y concientización a través de políticas públicas sobre el flagelo que implica la trata de mujeres y la explotación sexual, así como coordinar desde las esferas gubernamentales formas interinstitucionales de asistencia y protección de las víctimas.
22 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©rosario 12

0 comentarios

purgan ffaa paraguayas

mqh - 22 de septiembre de 2010 - 16:16 - américa latina

Hace un mes renunciaba el titular de defensa de Paraguay Lugo descabezó a las Fuerzas Armadas. "No hay inestabilidad en las fuerzas armadas", dijo el actual ministro de Defensa. Los organismos de derechos humanos se mostraron optimistas por el recambio y la oposición se quejó.

Paraguay. El presidente Fernando Lugo descabezó ayer a las fuerzas armadas paraguayas. Por tercera vez desde que asumió hace poco más de dos años, el mandatario destituyó a los jefes del ejército, la fuerza aérea y la armada. La salida del ministro de Defensa habría apurado la determinación de Lugo. Desde la oposición se quejaron. Organismos de derechos humanos se mostraron optimistas por el recambio.
Por decisión del mandatario, abandonaron sus cargos los jefes de las tres armas y otros cinco mandos militares. En su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, el presidente paraguayo designó como jefe del ejército al general Darío Cáceres, que reemplazará a Bartolomé Pineda, que el mes pasado fue imputado por la presunta omisión de la notificación del robo de tres fusiles M-16. El general de brigada Miguel Christ Jacobs sustituirá a Hugo Aranda en la fuerza aérea. En la armada, el contraalmirante Juan Carlos Benítez Fromherz ocupará el puesto de Egberto Orué Venegas. En un comunicado firmado por el portavoz castrense, el coronel Luis González Velázquez, se detalla que el general Waldino Acuña Lugo será el nuevo jefe del comando logístico en reemplazo del general Antenor Saiz Silvera.
La decisión del Ejecutivo paraguayo se produjo casi un mes después del relevo del ministro de Defensa, Luis Bareiro. Con su renuncia, el ex titular de la cartera de Defensa desactivó un proceso de juicio político abierto en el Congreso por mal desempeño de sus funciones. Los parlamentarios habían avanzado contra Bareiro después de que se negara a comparecer por el caso de los tres fusiles robados de la sede del comando del ejército. El ex ministro ya había sido criticado por haber permitido en mayo de 2009 que se realizara un encuentro de jóvenes sudamericanos de izquierda en el comando de ingeniería de las fuerzas armadas. En marzo de este año, la oposición lanzó críticas contra el ex militar por sus dichos contra la embajadora estadounidense en Asunción, a quien había calificado de "primeriza" y la había acusado por injerencia en asuntos internos.
El nuevo ministro de Defensa, Cecilio Pérez Bordón, minimizó las modificaciones al interior de las fuerzas militares. "Se debieron a la reorganización que se está previendo en las fuerzas armadas, que han vuelto al esquema de crear la pirámide en base a la jerarquía", explicó el funcionario. "No hay inestabilidad en las fuerzas armadas", respondió a las críticas de la oposición. En un acto público posterior a los anuncios, Pérez Bordón sostuvo que el proceso de renovación lleva ya dos años, en alusión al tiempo que Lugo está en el poder y que en 2008 terminó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado. Apenas comenzó su administración, el ex obispo destituyó a una veintena de generales.
El analista Horacio Galeano Perrone explicó que en las fuerzas armadas paraguayas hay una gran desorganización y calificó las remociones como intempestivas. Aunque Galeano Perrone descartó que la situación pueda derivar en una conspiración o un golpe. Pero la oposición no coincidió con los diagnósticos del especialista en asuntos militares. "Es grave. Estoy seguro de que esto producirá efectos muy adversos en la institución", dijo al diario ABC Cibar Benítez, quien fue comandante de las fuerzas militares hasta noviembre de 2009. Por su parte, el senador Alfredo Luis Jaeggli adelantó a la prensa local que le pedirá en el Senado al mandatario que explique los cambios en las cúpulas militares.
Desde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Asunción festejaron los anuncios del Ejecutivo paraguayo. "Nos parece que los cambios no tendrían que ser motivo de discusión porque se tiene que cumplir con las órdenes del comandante en jefe, en señal de que se está respetando la institucionalidad", declaró a Página/12 Vidal Acevedo, referente de ese organismo de derechos humanos. "Lugo hizo estos movimientos para que las fuerzas se alineen con lo que pide el poder civil", añadió. "Creemos que es bueno, pero los hechos de corrupción siguen siendo una moneda corriente, como fue el caso del robo de fusiles", apuntó el integrante del Serpaj.
"Esperamos que las reformas sean para el bien institucional y para que asuman el rol que deben y no el de la militarización en el campo. Tienen que cumplir con lo establecido en la Constitución y no ser portavoz de ningún sector partidario", reclamaron desde el Serpaj.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó que el cáncer que padece el presidente Fernando Lugo vaya a afectar su administración. "El presidente Lugo tiene el apoyo de todos los presidentes del continente. Lo engañaría si le dijera que escuché en alguna parte del mundo alguna opinión respecto de la gobernabilidad en Paraguay", dijo Insulza durante una breve visita que realizó ayer por Asunción. El responsable de la OEA dijo haber conocido los casos de diez o quince gobernantes afectados por graves problemas de salud, pero que eso no influyó en sus mandatos. "Por una enfermedad no se ha parado el gobierno, ni todo el mundo se ha detenido a discutir qué hacer al respecto", agregó Insulza, quien firmó en la capital paraguaya un convenio de asistencia para la gestión pública de funcionarios. Hace cerca de un mes que le diagnosticaron al ex obispo un cáncer linfático y ya se sometió a dos sesiones de quimioterapia.
22 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©página 12

0 comentarios