no al oleoducto keystone xl

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Hay mejores modos de crear empleo, sin poner en peligro el medioambiente.Editorial NYT.

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A menos que se recupere la sensatez, parece cada vez más probable que el Departamento de Estado apruebe el oleoducto Keystone XL, que transportaría un ácido y grueso crudo desde el norte de Alberta, en Canadá, hasta las refinerías en la Costa del Golfo de Tejas. Eso sería un error.
En agosto el Departamento de Estado, que tiene autoridad en el asunto porque el oleoducto atraviesa fronteras internacionales, emitió su declaración final sobre el impacto medioambiental del proyecto. Concluyó que Keystone XL no tendría un "impacto significativo" sobre los recursos hídricos y terrestres a lo largo de su trayecto. Nosotros, y muchos otros, no lo creemos.
Un oleoducto existente que transporta petróleo de arenas alquitranadas -de propiedad de TransCanada, el operador de Keystone XL- fue cerrado para reparaciones después de que sufriera -en Dakota del Norte y Kansas en mayo pasado- dos filtraciones. Es una de las razones por las que Dave Heineman, el gobernador republicano de Nebraska, ha pedido que el nuevo oleoducto pase por otro lugar. Teme que una filtración pueda contaminar el Acuífero Ogallala, una fuente crucial de agua debajo de las Grandes Llanuras.
Desgraciadamente, el Departamento de Estado parece haber sido convencido por los partidarios del oleoducto, que afirman que el oleoducto ayudará a que Estados Unidos reduzca su dependencia del petróleo de fuentes políticamente difíciles en Oriente Medio. Esto tampoco lo creemos.
Lo que los partidarios del oleoducto -incluyendo a los cabilderos del petróleo y a los republicanos de la Cámara que han tratado de forzar una decisión favorable- no mencionan es que gran parte del petróleo de arenas alquitranadas que serían refinadas en la Costa del Golfo está destinado a la exportación. Seis compañías ya han reservado tres cuartos del petróleo. Cinco de ellas son extranjeras y el modelo de gestión de la compañía estadounidense -Valero- está orientado hacia la exportación.
El informe tampoco reconoce que aunque las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la producción de arenas alquitranadas se han reducido en las últimas dos décadas, la extracción y producción de petróleo de arenas alquitranadas todavía causan muchas más emisiones que el crudo convencional.
Tenemos gran simpatía por un argumento: que la construcción del oleoducto crearía empleos en momentos de enorme incertidumbre económica. TransCanada declaró que el oleoducto de tres mil 600 kilómetros crearía veinte mil nuevos empleos en Estados Unidos. El Departamento de Estado concluye que la cifra real debe estar más cercana a los seis mil empleos.
Cualquiera sea el cálculo correcto, debería estar claro, de acuerdo a muchos estudios, que la mejor esperanza para la creación de empleos a largo plazo provendrá del desarrollo de fuentes energéticas alternativas renovables. Algunos de los más ruidosos partidarios de Keystone XL están decididos a terminar con el apoyo oficial a las nuevas compañías que están desarrollando tecnologías de energía limpia.
Además de eso, no creemos que los beneficios de Keystone XL superen ni los seguros daños ni riesgos potenciales: el desmonte de la selva boreal canadiense, la carga extra de carbón en la atmósfera y la amenaza a las fuentes de agua del Midwest.
También existe la interrogante mayor de si este país debe continuar haciendo lo de siempre -esto es, sucumbiendo al status quo político y a los intereses de las grandes compañías del petróleo- o si enfrentará en serio la realidad del cambio climático. Nuevamente instamos a la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, a decir no a Keystone XL.
[La foto viene de aquí.]
23 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

gobierno acosa a poder judicial

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columna de lísperguer

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Ministro de Justicia amenaza con truncar carrera de jueces si no adoptan mano dura del gobierno contra manifestantes detenidos.

Como si el gobierno no tuviese suficientes problemas, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, le abrió un nuevo y duro frente en el poder judicial: en términos que no dejan lugar a dudas amenazó a los jueces con truncar sus carreras en el poder judicial si no acataban las instrucciones de gobierno sobre cómo deben tribunales tratar a los detenidos por desorden público. "Hay que tener claro que [...] que los ascensos de los jueces no [son] un tema exclusivo de los jueces, sino que [son] un tema donde también participan otros poderes del Estado", dijo, refiriéndose al hecho de que en el nombramiento de los jueces el ministerio de Justicia y el propio presidente de la república también deciden (en La Tercera). A la hora de proponerlos, dijo, se considerará el "criterio jurídico" de los candidatos, queriendo decir que si estos se han apartado, en los casos en sus manos, de las instrucciones del gobierno de aplicar mano dura contra los manifestantes detenidos, no serán ascendidos.
Este es un descarado y grave intento de extorsión. Nunca antes declaró un personero de gobierno que los nombramientos de los jueces son en realidad políticos y que el ascenso en sus carreras depende de su acatamiento de las instrucciones de sus patrones. Para todos está claro que nunca ha sido de otro modo. El último descarado caso que recordamos es el nombramiento, en el gobierno de Lagos, de candidatos de extrema derecha, que desde entonces no han hecho otra cosa que utilizar su posición en la Corte Suprema para defender a criminales pinochetistas ignorando los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos sin que el gobierno ni la clase política hayan hecho nunca nada para impedirlo ni para expulsar del poder judicial a sus elementos parias.
La reacción del presidente de la Corte Suprema, que rechaza la extorsión ministerial es correcta, pero insuficiente. El Parlamento debe intervenir y acusar constitucionalmente a Ribera por su intento de colocar al poder judicial bajo el mando directo del Ejecutivo para se que interprete y aplique la ley según los criterios políticos que maneja el equipo de gobierno. Las amenazas y la exigencia de dictar fallos políticos contra los manifestantes que el gobierno considera de izquierdas son absolutamente intolerables. Así lo ha entendido la bancada de la Democracia Cristiana, que ha llamado al ministro a dar explicaciones. Pero, en realidad, Ribera debe marcharse.
lísperguer

jueces rechazan amenazas de ministro

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Juica responde a ministro de Justicia: "Los jueces están para respetar el estado de derecho". El presidente de la Corte Suprema se mostró sorprendido por los dichos de Teodoro Ribera, quien dijo que el gobierno analizará los fallos de los jueces cuando estos sean candidatos a un ascenso en el Poder Judicial.

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Santiago, Chile. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se mostró sorprendido por las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien dijo que el Ejecutivo analizará los fallos de los jueces cuando estos sean candidatos para ascender en el Poder Judicial.
Juica dijo que "me parece naturalmente sorprendente, porque no hay un motivo que uno pudiera entender para qué se hacen estas declaraciones, sobre todo sobre el tema de los nombramientos que todo el mundo sabe cómo se nombran los jueces. No sé por qué se puede enfatizar el criterio que puede tener un Poder Ejecutivo para hacer las designaciones porque eso está en la ley y se supone que él tendrá que elegir los mejores jueces que están en la terna".
Juica agregó que "nos llama la atención las expresiones de poco criterio hacia los jueces y, en general, las explicaciones que se dan respecto de que los jueces están para defender los intereses superiores del Estado, lo cual nos parece que es muy ambiguo".
El juez, agregó que el Estado "actúa naturalmente a través de su órganos y sus órganos representan también algunas cosas. Hoy hay acciones penales que están dirigidas o patrocinadas por el Ministerio del Interior o las intendencias y esos son órganos del Estado ¿son esos los intereses superiores o de una de las partes? Entonces es lamentable que se hagan este tipo de declaraciones, especialmente en un momento en que la ciudadanía requiere cierta cautela, un cierto apaciguamiento, sobre todo de las autoridades para buscar fórmula de solución de los grandes conflictos sociales que todo el mundo observa".
El presidente del máximo tribunal informó que el Pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento de estas declaraciones, porque él se lo informó durante el desarrollo de las Jornadas de Reflexión en la ciudad de Concepción.
"No sé si el Pleno va a tomar alguna decisión pero preocupó naturalmente por la forma en que se emiten opiniones sobre todo en un momento de cierta complicación que todos entendemos y estamos muy preocupados por los grados de conflictividad que se han producido en el paí­s, con las marchas y con los actos de violencia. Todos estamos preocupados, pero enfatizar en la preocupación de los jueces nos parece preocupante, porque los jueces naturalmente están para respetar el estado de Derecho, respetar la institucionalidad, creer y proteger los derechos y garantías de los justiciables y por tanto eso lo tiene que hacer con una absoluta independencia. Y la absoluta independencia pasa porque los poderes del Estado no intervengan en esas materias tan importantes para la sociedad chilena", dijo Juica.
Consultado si estas declaraciones eran una presión para el Poder Judicial, dijo que "no hay otra explicación de dar explicaciones sobre cómo se deben nombrar los jueces enfatizando en que se deben preocupar de aquellos jueces que defienden los intereses del Estado. Nos parece sí­ una manera indirecta de hacer una presión sobre los jueces. Y en eso nosotros vamos a ser muy firmes. Vamos a respetar hasta el último momento la independencia de los jueces".
Agregó que "siempre esperamos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuando le corresponda utilice naturalmente un cierto grado de justicia, de examen completo de antecedentes de los postulantes y no empiecen a escrudiñar la manera cómo resuelven los conflictos para decidir el nombramiento de ellos".
Consultado el presidente de la Corte Suprema si esto se puede entender como un veto dijo: "No sé, el tiempo lo dirá cómo va a pasar el sistema, pero desde luego es muy preocupante para nosotros que el ministro de Justicia esté en una actitud que ya había partido hace pocos días con las declaraciones muy poco felices del ministro señor Chadwick y del subsecretario Ubilla, quienes también hicieron  comentarios muy desafortunados en relación a la independencia de los jueces".
23 de octubre de 2011
22 de octubre de 2011
©la tercera

conmoción por asesinato de gadafi

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La ONU, Amnistía Internacional y el gobierno ruso exigen una investigación. La organización de DD.HH. dijo que el asesinato de Khadafi podría constituir un crimen de guerra. La ONU pidió que se determine si Khadafi fue muerto en combate o si fue ajusticiado. Rusia dice que se violó el tratado de Ginebra.

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Mientras la muerte de Muammar Khadafi hizo las delicias de algunos líderes occidentales, otros se manifestaron contra lo que tildaron de una expresa violación a los derechos humanos. La voz cantante la llevaron Naciones Unidas, Amnesty International y Rusia. La organización pro derechos humanos dijo que el asesinato de Khadafi podría constituir un crimen de guerra. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que la ejecución del fundador de la Jamahiriya (República de Masas) constituyó una violación al tratado de Ginebra. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió ayer a través de su vocero que se determine si Khadafi fue muerto en combate o si fue ajusticiado.
"Nosotros creemos que hay necesidad de una investigación. Se necesitan más detalles para determinar si murió en alguna forma de enfrentamiento o si fue ejecutado tras su captura", dijo el vocero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville. En ese mismo consejo se había conformado un panel independiente para investigar abusos en Libia durante la revuelta contra Khadafi, que incluye al presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Phillipe Kirsch. En las últimas horas un alto funcionario del Consejo Nacional de Transición (CNT) confirmó la llegada a Trípoli de una delegación de la CPI para investigar la muerte del coronel. Este organismo había pedido la detención del segundo hijo del coronel, Saif al Islam, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las tempranas protestas. Cuando Trípoli cayó ante el asedio de los rebeldes, el vocero del régimen mandó al diablo a la CPI al ser consultado sobre su pedido de captura. En Ginebra, Colville no confirmó si el panel recomendará una investigación formal a nivel nacional o internacional.
El cadáver de Khadafi, exhibido en un frigorífico de Misrata como trofeo de guerra, aún no recibió sepultura. Los peritos quieren determinar qué ocurrió en el momento intermedio entre que las imágenes de su captura lo muestran vivo y luego muerto. "Los dos videos de teléfono celular que aparecieron, uno de él vivo y otro de él muerto, son, juntos, muy perturbadores", dijo Colville.
En los primeros videos caseros que registran el momento en que Khadafi está con vida, se ve a los rebeldes llevándolo a la rastra, golpeando e insultándolo. Un ensangrentado Khadafi forcejeaba con ellos, tropezando, gritando y resistiéndose, mientras los combatientes lo subían por la fuerza a la caja de una camioneta, con la aparente intención de pasearlo como trofeo tras su captura a las afueras de Sirte. El otro material del que se dispone es del coronel ya sin vida sobre el pavimento. El cadáver fue paseado sobre el capot de un auto por Misrata.
"Si el coronel Khadafi fue asesinado después de su captura, constituiría un crimen de guerra y sus responsables deberían ser juzgados por ello", dijo ayer Claudio Cordone, uno de los directores de AI. La organización advirtió al CNT que se necesita llevar a cabo una investigación transparente sobre la muerte de Khadafi, y respaldó a la ONU y la CPI. "Si las nuevas autoridades libias son incapaces de garantizar una investigación imparcial e independiente, ésta debería ser llevada a cabo por organismos internacionales como la CPI o la ONU", dijo AI en el comunicado. El primer ministro libio, Mahmud Jibril, había informado en un primer momento que Khadafi había sido herido gravemente en la cabeza durante un tiroteo, mientras que otras fuentes del CNT dijeron que se desangró camino al hospital o que fue asesinado por soldados después de su captura. A la luz de las desinformaciones, AI le pidió al CNT una investigación transparente. "La nueva Libia debe construirse sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia, no en la venganza por los errores del pasado", aseveró Cordone.
Mientras tanto el canciller ruso también pidió una investigación exhaustiva. "Debemos apoyarnos en los hechos y los tratados internacionales", dijo Lavrov. "Aquéllos establecen que un actor capturado en un conflicto armado debería ser tratado de cierta manera. Sea como fuere, un prisionero de guerra no debería ser ultimado", aseguró el alto funcionario. Moscú ya venía anticipando su postura al vetar en el Consejo de Seguridad un paquete de sanciones contra Siria. En aquella oportunidad, el presidente Dimitri Medvedev aclaró que no quería en Damasco un escenario similar al de Libia, en donde las facultades de la OTAN para proteger vidas civiles se tornaron en una incursión bélica para derrocar al declarado enemigo de Occidente.
El interés de Rusia también es comercial. Una de las preocupaciones pasa por saber si las nuevas autoridades respetarán los acuerdos rubricados durante el período de Khadafi. Además del intercambio de armamento y petróleo, el Ferrocarril Ruso se había asegurado un contrato de 2000 millones de libras esterlinas para construir una ruta que conectara Sirte con Benghazi.
El otro Brics que vetó el paquete de sanciones contra el presidente sirio Bashir al Assad había adoptado con el caso libio una postura similar durante los meses que duró el conflicto. China rehusó apoyar a los rebeldes y fue muy crítico con la incursión bélica de la OTAN.
"Una nueva página se escribirá en Libia", arriesgó ayer la vocera del Ministerio de Exteriores, Jiang Yu. Una actitud más morigerada comenzó a hacerse ostensible hacia el final del conflicto, que se vio reflejada en los medios estatales, que al comienzo se referían a Khadafi como el hombre fuerte del mundo árabe y finalmente terminaron tildándolo de demente.
El mandatario de Venezuela siempre mantuvo su apoyo al régimen y no tardó en decir que a Khadafi se lo recordará como un mártir y recordó la amistad de larga data que los unía. El líder bolivariano dijo que mientras se encontraba en Cuba, Fidel Castro le había anticipado la suerte de Khadafi. Otro país latinoamericano en repudiar su muerte fue Ecuador. El vicecanciller, Kintto Lucas, dijo se trata de un caso de asesinato extrajudicial. "El gobierno de Ecuador repudia toda violación de los derechos humanos que se siga cometiendo por una parte o por la otra y a los bombardeos de la OTAN", aseveró.
22 de octubre de 2011
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gobierno amenaza a jueces

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Gobierno dice que evaluará el criterio de los jueces antes de decidir su promoción. El ministro de Justicia dijo que cuando realiza las nóminas de los postulantes a la Corte Suprema o de Apelaciones también estudia la "jurisprudencia y criterio jurídico" de los magistrados.

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Santiago, Chile. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera dijo que el gobierno evaluará los fallos de los jueces de garantía sobre los detenidos por desórdenes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial, al señalar que el marco de decisión de los jueces debe "ser razonable y prudente".
Ribera señaló que "hay que tener claro que también en los ascensos de los jueces no es un tema exclusivo de los jueces, sino que es un tema donde también participan otros poderes del Estado, por eso que quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa considerar adecuadamente los intereses individuales y los intereses colectivos".
"Por lo menos el Ministerio de Justicia, cuando le corresponde participar en el nombramiento de ministros de la Corte de Apelaciones y participar en la proposición que el Presidente de la República hace a la Corte Suprema, obviamente que revisa la jurisprudencia, los criterios de juez, su moralidad pública y privada y los informes que ha hecho sobre ellos las propias Corte Suprema y Corte de Apelaciones", dijo Ribera.
El ministro agregó que es en el marco de la interpretación legal donde se denota la calidad técnica de los jueces, por lo que indicó que "obviamente que cuando uno tiene que hacer planteamientos de nuevos miembros para la Corte Suprema y tiene que enviarlos al Senado de la República, uno también estudia su jurisprudencia y su criterio jurídico".
Ribera además señaló que el tema le preocupa al gobierno y a la ciudadanía "tener un juez en algún tribunal que solamente se preocupa del orden público, pero no de la seguridad de los imputados, es tan terrible como tener un juez que solamente se preocupa de los imputados y no del bien común que es también la seguridad colectiva", indicó.
22 de octubre de 2011
21 de octubre de 2011
©la tercera

no es bueno gobernar a palos

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columna de lísperguer

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Pese a palabras de presidente del Senado, ministro Chadwick acusa a senador Girardi de apoyar a los manifestantes.

El que miente es ciertamente Chadwick. Pero aparte sus habituales y torpes falsedades, la decisión de Girardi simplemente impidió que las cosas pasaran a peor, si se considera la salvaje violencia que emplean las fuerzas especiales especialmente cuando agreden a mujeres y niños chilenos. Luego de desplegar los lienzos y de la intervención del presidente del Senado, los manifestantes se marcharon y la sesión pudo continuar. Si se hubiese hecho caso al ministro o a Chadwick, los matones asilvestrados de la fuerza pública habrían entrado al edificio, se habrían ensañado golpeando a mujeres y niños y otros ciudadanos indefensos y desarmados, habrían dejado lleno el local de gases lacrimógenos, alguno más asilvestrado que otros le habría disparado a algún niño por la espalda y hoy las cosas estarían mucho peor. No es buena receta gobernar a palos. Con su actitud y arrogancia, el gobierno está empujando al país a una ruptura constitucional que hará imposible que Piñera siga gobernando. Se tendrá que marchar a casa y llamar a elecciones presidenciales mucho antes del término legal de su gobierno.
La situación actual nos reitera la urgencia de recuperar la democracia para Chile e introducir reformas como el muy necesario plebiscito presidencial revocatorio: cuando el apoyo ciudadano al gobierno descienda por debajo del 30%, y si ese 30% se mantiene durante semanas en un clima ingobernabilidad, el presidente debería llamar a plebiscito para decidir su continuidad. De perderlo, debería convocar a elecciones presidenciales en el más corto plazo posible.
lísperguer

orden de detención contra harguindeguy

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Albano Harguindeguy, señalado como responsable en 34 homicidios y más de 200 secuestros y torturas. El arresto del ex ministro del Interior de la dictadura, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa, lo dictó el juez Daniel Rafecas.

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Argentina. A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.
Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. "Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto", recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron "un error político". Su consecuencia fue que "ganamos la guerra pero perdimos la paz", dijo.
El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.
El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.
Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un "procedimiento antisubversivo" en junio de 1977.
Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso "operativo antisubversivo", seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un "enfrentamiento armado", ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.
22 de octubre de 2011
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retos de la transición en libia

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El cruento asesinato del coronel Gadafi subraya las dificultades que deberá enfrentar el nuevo gobierno. El país se encuentra al borde de su autodestrucción en ruta a convertirse en un estado fallido.

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[David D. Kirkpatrick] Túnez. Como la huida del dictador de Túnez o el juicio del de Egipto, la captura el jueves en la tarde del coronel Moamar al-Gadafi cautivó al mundo árabe, creando una renovada sensación de poder y esperanzas. Pero las fotografías de su cadáver ensangrentado que circularon momentos después en celulares y pantallas de televisión morigeraron rápidamente esa euforia, haciendo recordar los numerosos conflictos no resueltos que ha desencadenado la Primavera Árabe.
"Esto no es justicia", dijo el activista sirio Mustafa Haid, 32, mientras miraba las transmisiones de Al Yazira en una oficina de Beirut. El coronel Gadafi debería haber sido llevado a juicio, sus delitos debiesen haber sido investigados, Libia debe reconciliarse para tener confianza en la ley, dijo, como si todavía esperara algo mejor de la rebelión regional que empezó con pacíficas demostraciones de unidad nacional en Túnez y El Cairo.
En toda la región, el sangriento fin del coronel Gadafi nos ha vuelto a recordar la creciente conciencia de los retos que deben ser superados: el equilibrio entre la venganza y la justicia, entre la impaciencia por obtener trabajo y el lento ritmo de la recuperación económica, entre la fidelidad al islam y la tolerancia de las minorías, y entre la necesidad de estabilidad y el impulso a derrumbar los pilares de los antiguos gobiernos.
"Es un camino difícil para todos nosotros porque nuestra guerra es contra nosotros mismos", dijo Ahmed Ounaies, ex embajador tunecino que fue brevemente ministro de Relaciones Exteriores después del derrocamiento del presidente Zine el-Abidine Ben Ali. "Tenemos que respetar nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestro presente, contra todo el pasado que hemos vivido. Es una prueba difícil, y el éxito no es seguro."
El camino de Libia es de muchos modos el más tortuoso de las revoluciones norafricanas. Cuando el coronel Gadafi llegó al poder hace 42 años, Libia estaba dividida entre tres provincias apenas confederadas y decenas de tribus insulares. Convirtió a Libia en una sola nación, construida en torno a su propio y bizarro culto a la personalidad. No levantó ninguna institución nacional; insistió en que Libia era una democracia directa de comités populares que no necesitaban ningún gobierno -que pudiera amenazar su poder.
Incluso después de que huyera de Trípoli, la persecución para capturarlo servía como un pegamento que mantenía unida a la incierta confederación de las brigadas locales que derrocaron su gobierno. El gobierno provisional en Bengasi, incapaz de resolver la lucha entre varios centros de poder por posiciones de gobierno, pospuso la redistribución prometida hasta después de la captura del último bastión y escondite del coronel Gadafi, Sirte, lo que quiere decir que ahora deberán reanudar esa tarea.
"Libia va a pasar por momentos terribles", dijo Lisa Anderson, una politóloga que estudia a Libia. "Durante largo tiempo, lo que los unió fue una especie de morbosa fascinación con Gadafi, y hasta ahora todo el mundo pensaba, hasta que vieron su cadáver, que casi podría volver, como un vampiro", dijo Anderson, que es presidente de la Universidad Americana en El Cairo. Pero cuando la euforia atempere descubrirán que "no tiene ninguna institución creíble en todo el país", dijo. "No tienen nada que los una."
Túnez, preparada para celebrar sus primeras elecciones libres el domingo, puede ser el estado árabe en mejor posición para una transición exitosa hacia una democracia liberal. Entre los factores a su favor está el hecho de que es un país con una población relativamente pequeña y homogénea de doce millones de habitantes, con niveles de educación comparativamente altos, una amplia clase media, fuerzas armadas apolíticas, un movimiento islámico moderado y una larga historia como una identidad nacional unificada.
Pero con la remoción del conservador Ben Ali, la élite tunecina se ha dividido encarnizadamente por muchas de las cosas que Libia deberá enfrentar pronto, especialmente el papel del islam en su nueva sociedad, legislación y gobierno. En los últimos días de la campaña electoral, el partido liberal laico más grande ha prometido tratar de formar una coalición de gobierno que excluya a los islámicos, mientras el líder de los islámicos dijo que los miembros de su partido "ocuparán las calles" si creen que les han robado las elecciones.
Ni Túnez ni Egipto han resuelto las frustraciones de los ejércitos de jóvenes desempleados que participaron en las revueltas por razones económicas, no para luchar por las libertades civiles. En la atribulada ciudad de Kasserine al sur de Túnez, por ejemplo, muchos dicen que se sienten tan desilusionados por la falta de cambios -el desempleo- desde la revolución, que ya no piensan votar.  "¿Quieren que yo vaya a votar para que ellos puedan obtener un escaño?", dijo Mabrouka Nbarki, 43, cuyo hijo de diecisiete fue uno de las decenas de jóvenes asesinados en Kasserine durante la revuelta.
"¿Por qué debería votar yo?", dijo, sollozando. "No tiene sentido."
Su hijo de siete años, dijo, soñaba con crecer para ser agente de policía de manera que pudiera llevar a la justicia al que mató a balazos a su hermano mayor. Pero el hijo menor murió de fiebre; su madre cree que fue la angustia.
Egipto, además de sus niveles mucho más altos de pobreza y analfabetismo, también está luchando contra profundas tensiones religiosas. Su movimiento islámico está dividido entre facciones ansiosas de incorporar los códigos morales islámicos en el código civil y otras comprometidas con la tolerancia liberal. El debate abierto sobre el futuro del país ha agregado tensiones con su minoría cristiana cóptica, que conforma cerca del diez por ciento de la población.
Luego está la contradictoria situación de las fuerzas armadas de Egipto. Aunque proporcionó el tipo de estructura nacional para un cambio de gobierno del que Libia carecía, sigue aferrándose al poder desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si fue una "revolución" o un "golpe". La mayoría de los actores políticos cree que los militares quieren algunas garantías de su autonomía e influencia bajo el nuevo gobierno civil.
"La gente que veía los beneficios de esto al principio, ahora están empezando a ver los costes", dijo Anderson, de la Universidad Americana de El Cairo. "Todos tendrán que decidir qué parte de esos costes podrán soportar, incluyendo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas".
Sin embargo, los militares parecían estar interesados en una negociación gradual "en un tipo de gobierno más civil", dijo, observando que "nunca renunció nadie al poder sin negociación".
Algunos en la región dicen ahora que esperan que el éxito de la rebelión libia con el derrocamiento del coronel Gadafi sin la ayuda de una institución como las fuerzas armadas egipcias, y por la fuerza de las armas antes que por persuasión moral, podría reforzar a los activistas en las violentas luchas en otros países, especialmente Siria y Yemen.
El presidente Ali Abdullah Saleh, de Yemen, con su débil estado, fragmentado ejército nacional y fuertes lealtades tribales, puede ser la analogía más cercana a Libia –menos el petróleo, dijo Paul Sullivan, politólogo de Georgetown.
"La brutalidad del régimen de Assad en Siria y el régimen de Saleh en Yemen todavía se sienten", dijo. "Pero con la muerte de Moamar al-Gadafi, la luz al final del túnel es mucho menos tenue".
O, agregó, Libia podría seguir el camino de Yemen hacia el caos. "Libia todavía puede convertirse en un estado fallido", dijo.
Sin embargo, Ounaies, el ex embajador tunecino, argumentó que, de cierto modo, el gobierno del coronel Gadafi preparó al pueblo libio para evitar ese destino. "Ahora están todos bien preparados para no aceptar el gobierno de un líder o de un partido único", dijo.
"Y esta experiencia de liberaciones desde dentro es en sí misma una experiencia de unidad e integración nacional", dijo. "A través del martirio, a través del sacrificio, a través del heroísmo, han construido una unión fuerte, una Libia fuerte, y eso es muy importante para la construcción de una nación".
[Anthony Shadid contribuyó al reportaje desde Beirut, El Líbano, y Heba Afify desde El Cairo.]
22 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer