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condenas por ragone


El veredicto por la desaparicion del ex gobernador. El militar Carlos Mulhall y los policías Miguel Gentil y Joaquín Guill fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición del ex mandatario salteño. Dos absueltos.
Argentina. La condena llegó a más de 35 años del 11 de marzo de 1976, cuando militares y policías mataron al ex gobernador de Salta Miguel Ragone, en el marco de una ola de violencia que precedió al último golpe de Estado que sufrió el país. El Tribunal Oral Federal de Salta condenó al militar y a los policías retirados Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guill a prisión perpetua por el homicidio del ex mandatario y su desaparición, ya que aún no hay datos sobre el paradero de sus restos. Otro ex policía y un miembro de la Triple A fueron sobreseídos. Las condenas, leídas por la presidenta del tribunal, Marta Snopek, ante el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, familiares de las víctimas y algunos de los imputados, tuvieron en cuenta también los delitos cometidos contra dos vecinos, Santiago Arredes y Margarita Martínez de Leal, atacados por ser testigos de la muerte de Ragone. Arredes fue asesinado; Martínez de Leal sobrevivió.
La lectura de los cargos, determinados de manera unánime por los camaristas Snopek, Carlos Jiménez Montilla, de Tucumán, y Luis Giménez, de Tierra del Fuego, además del cuarto juez, el riojano José Quiroga Uriburu, llegó luego de la negativa de los acusados a realizar una última declaración.
Mulhall, ex jefe de la guarnición militar local; Gentil, ex jefe de la policía salteña, y Guill, ex jefe de Seguridad de esa fuerza, fueron condenados a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua". El tribunal los consideró autores mediatos penalmente responsables de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Miguel Ragone". En cuanto al caso de Arredes, los acusados fueron condenados por "homicidio doblemente agravado con el propósito de ocultar otro delito, asegurar su resultado y lograr impunidad, y por el concurso premeditado". En relación con lo ocurrido a Martínez de Leal, el delito fue el mismo, pero en grado de tentativa. Para los jueces, los tres casos son delitos de lesa humanidad.
En tanto, el tribunal penó con dos años de prisión condicional a los ex efectivos Pedro y Nelson Herrera por encontrarlos responsables de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento". El ex vocero de la Triple A Héctor Zanetto y el policía Andrés Soraire, por su parte, fueron absueltos. El octavo imputado en la causa era el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, pero el 1º de junio pasado fue separado del proceso por razones de salud.
La familia del gobernador asesinado recibió la sentencia con ambivalencia. La viuda de Ragone, Clotilde, y algunos otros familiares "han sentido cierto temor porque quedaron libres dos de los imputados" y se sintieron "un poco desilusionados", según explicó el nieto del funcionario desaparecido, Fernando Pequeño Ragone. "Sin embargo, otra parte de la familia, entre los cuales me incluyo, pensamos que ha sido un logro importante" que permitirá "seguir trabajando sobre la responsabilidad del ex juez federal Ricardo Lona", y en la "ubicación del cuerpo y de los ejecutores" del secuestro de Ragone.
13 de octubre de 2011
12 de octubre de 2011
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riesgos de los reclamantes en antioquia


La CNRR regional Antioquia presentó un mapa de riesgo para reclamantes de tierras con base en información de las autoridades y organizaciones no gubernamentales.
Colombia. En 44 municipios del departamento de Antioquia, reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas tienen algún nivel de riesgo, según un análisis sustentado en factores de violencia realizado por la sede regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).
Los hallazgos fueron obtenidos luego de cruzar información proporcionada por diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales bajo cinco variables específicas: presencia violenta de grupos armados ilegales, número de combates, desplazamiento forzado, incautación de sustancias psicoactivas e incautación de explosivos registrados entre los años 2010 y 2011.
Para determinar el grado de violencia en los 125 municipios de Antioquia se tuvieron en cuenta factores como números de combates registrados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac); la tasa de expulsión de desplazados durante el año 2009 según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); y los mapas de riesgo realizados por la Defensoría del Pueblo, la Corporación Nuevo Arco iris y la Misión de Observación Electoral (Moe).
José Arley Muñoz coordinador regional de la Cnrr afirmó, en rueda de prensa, que de los 2.324 predios registrados entre 2010 y 2011 como objetos de reclamo ubicados en 91 municipios de Antioquia, 1.774 están en alto riesgo.
Las zonas más críticas son Urabá, el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño. Los municipios más representativos son Turbo uno de los grandes ejemplos de expulsión de campesinos con 45.614 personas desplazadas, Granada que pasó de tener 20.000 habitantes hasta quedar con tal solo 4.300 y el Bajo Cauca, con tres municipios afectados: Tarazá, Caucasia y Cáceres.
Al respecto, Nelson García Amaya, Alcalde de Granada, Oriente antioqueño, afirmó que la situación en esta localidad no es tan crítica como dicen: "en los últimos 3 años no hemos tenido ni una sola muerte por parte de los grupos armados ilegales y se ha trabajado de la mano del Ejército y la Policía para monitorear la zona y realizar un acompañamiento conjunto con la ciudadanía. De esta manera, estamos buscando que las personas que perdieron sus tierras puedan retornar sin ningún peligro."
La idea de construir este mapa surgió de las recomendaciones realizadas por la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Ruta de Seguridad y Protección a las Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia, en la que confluyen distintas instituciones del orden nacional, departamental y municipal, así como algunas agencias internacionales, tras evaluar algunas debilidades que rodean la atención en seguridad de los reclamantes de tierras y de los líderes de organizaciones de víctimas.
El objetivo de este trabajo apuntó a identificar aquellas zonas y situaciones donde las víctimas tienen un mayor nivel de amenazas y vulnerabilidades, "evaluando la oportuna respuesta de la institucionalidad, diferenciando los casos individuales y colectivos, procurando disminuir los riesgos y aumentar las capacidades de esta población".
Con ese mapa, según Muñoz, se espera que las autoridades competentes puedan conocer la difícil situación que viven reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas de 44 municipios de Antioquia. "Este trabajo llegará a manos del Ministerio de Agricultura, la Vicepresidencia de la República y los demás estamentos que tengan poder de acción", indicó el funcionario.
A la par de la divulgación del mapa de riesgo, la Mesa Interinstitucional presentó una serie de falencias en la atención del riesgo de los reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas del conflicto armado, frente a las cuales planteó una serie de recomendaciones.
Una de las preocupaciones centrales es el desconocimiento que tienen algunos de los organismos y funcionarios responsables de la ruta de atención contemplada en el Decreto 1737 de 2010, complementario de la Ley de Justicia y Paz, para aquellas personas que tienen problemas de seguridad, lo que se traduce "en la no oportuna y eficaz atención inmediata o de emergencia que se le debe brindar a la víctima".
Hasta el día de hoy han sido asesinadas 59 personas que buscaban reclamar sus tierras. Según Antonio Madariaga delegado de la Mesa Nacional de Víctimas dijo que "la mayor parte de las muertes han ocurrido en la región norteña de Montes de María y los departamentos de Antioquia y Córdoba". En Urabá han muerto alrededor de 10 personas relacionadas con la reclamación de predios y el liderazgo de organizaciones de víctimas.
Los casos más complejos se han registrado en Tulapas, donde el pasado mes de septiembre el Magistrado de Control de Garantías Olimpo Castaño Quintero ordenó cancelar los títulos fraudulentos y notificar que los predios volverán a sus reales dueños. Una de las exigencias del Castaño Quintero, fue velar por la protección de las personas restituidas por medio de brigadas de seguridad tanto del Ejército como de la Policía. Su decisión busca evitar que luego de que se realice la restitución, las personas sean asesinadas como fue el caso de Hernando Pérez en Turbo.
Frente a ello, la Mesa de Seguridad planteó "avanzar en la construcción de una estrategia de protección de manera participativa con una ruta clara y afinando las responsabilidades de cada instancia e institución, escuchando de manera permanente las voces de las víctimas y sus organizaciones". Además, sugirió la impresión de cartillas e instructivos didácticos, jornadas de socialización, capacitación y el uso de los medios de comunicación, "así como la implementación de procesos de prevención que contemplen el concepto de autoprotección".
La Mesa Interinstitucional también señaló como falencia los trámites administrativos que debe surtir cualquier gasto de la Policía Nacional para brindar atención de emergencia a las víctimas, "lo cual dificulta la atención inicial y oportuna a las víctimas, vulnerando sus derechos y aumentando los riesgos en su seguridad".
Ante esa situación, solicitó a la Policía Nacional "definir un mecanismo efectivo que permita brindar la atención oportuna de emergencia a la víctima", como lo contemplan las normas al respecto, y "buscar estrategias que aseguren el alojamiento y la alimentación de las víctimas en riesgo, ya sea por medio del establecimiento de un albergue de paso, contratos con hoteles, kit de alimentación y aseo, entre otros".
Otra de las preocupaciones expresadas por la Mesa Interinstitucional está relacionada con la cantidad de dependencias a las que debe seguir una víctima para acceder a las garantías de seguridad, previa a la valoración del riesgo. "Este aspecto demora el proceso de protección", advierte.
Para enfrentar esa falencia y teniendo en cuenta que la mayoría de casos de solicitudes de restitución de tierras y bienes se concentra en el Urabá antioqueño, sobre todo en el norte de esta subregión, se propuso diseñar una estrategia de seguridad "pensada desde lo local, con instituciones que tengan injerencia en la zona, estableciendo una Unidad de Atención Especial con sede en Turbo, que permita visibilizar la problemática, brindar atención oportuna y hacer seguimiento a los casos". Asimismo, se sugirió construir un directorio de enlaces, que le permita a las instituciones remitir a las víctimas en todo momento y sin intermediarios.
Otro de los temas que reveló la Mesa como uno de los obstáculos de la búsqueda de protección tiene relación con los "niveles de desconfianza de las víctimas hacia la fuerza pública", lo cual, según se dijo, se podría superar "generando espacios de confianza que permitan fortalecer los canales de comunicación entre víctimas e instituciones" y, en algunos casos, "ofreciendo acompañamiento a la víctima por parte del Ministerio Público".
Finalmente se alertó sobre la presencia de actores armados ilegales en las distintas subregiones del departamento, lo que también "dificulta los procesos de restitución y aumenta los niveles de riesgo de las víctimas reclamantes", por lo cual se dijo que si bien en la actualidad las victimas que se encuentran en procesos de restitución tienen un mayor riesgo, "no se debe subestimar la situación de otras víctimas en especial aquellas que ejercen un nivel de liderazgo y representación.
Con este conjunto de medidas, se espera que tanto reclamantes de tierras como líderes de organizaciones sociales se sientan acompañados por las instituciones y se le reduzca el espacio a la inseguridad en su legítimo derecho como víctimas.
13 de octubre de 2011
10 de octubre de 2011
cc verdad abierta

los puntos críticos de justicia y paz


La reforma a Justicia y Paz propuesta por la Fiscalía pone al descubierto problemas, entre ellos, su vigencia y su lentitud. La propuesta de descongestión cuenta con adeptos y críticos que buscan un mejor futuro para el sistema.
[Fundación Ideas para la Paz, FIP] Colombia. Al cumplirse 6 años de la ley de Justicia y Paz en julio pasado, volvió a plantearse el debate sobre las bondades y vicios que ha escondido el proceso de sometimiento de miles de paramilitares y guerrilleros.
La principal crítica que se le ha hecho a la Ley ha sido el escaso número de sentencias (cuatro en total y sólo una en firme) que se han proferido y la dificultad para una mejor atención a víctimas de grupos armados.
Uno de los primeros espacios de discusión sobre Justicia y Paz fue el que abrió el propio presidente de la Comisión de Paz del Senado, senador Roy Barreras, quien como parte de su iniciativa "Marco Legal para la Paz" incluyó una mesa de discusión sobre reforma a la Ley 975 que trabajó durante los últimos cuatro meses.
Como resultado de esta iniciativa se llegó a la conclusión que una reforma a la Ley era urgente para superar obstáculos como la vigencia y los retrasos presentados en su implementación.
En lo que tiene que ver con la vigencia se conocía que la Ley formalmente no cobijaba a los desmovilizados después del 25 de julio de 2005 (fecha de promulgación de la Ley). Así mismo, algunos expertos pronosticaron que este proceso concluiría en 96 años si mantenía los tiempos y términos bajo los cuales funciona en la actualidad.
Hoy en día la posibilidad de una reforma a Justicia y Paz se ha vuelto mucho más real. Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, coincidió con las conclusiones de Roy Barreras al afirmar que efectivamente "hay una serie de inconvenientes, problemas y preocupaciones que se tienen respecto al estado de la ley de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional… todos queremos acertar en la mejor ley (de reforma) para mejorar Justicia y Paz…".
Sin embargo, algunas diferencias persisten a la hora de hacer propuestas. En apariencia no existe un consenso entre funcionarios de gobierno, de la rama judicial, congresistas y académicos sobre dos puntos claves para el futuro de Justicia y Paz: la posibilidad de aplicar este mecanismo frente a futuras desmovilizaciones y la posibilidad de priorizar y seleccionar crímenes cometidos por estos grupos armados en lugar de investigar hecho por hecho como se viene haciendo hasta hoy.
Hace un par de semanas, la propia Fiscalía General de la Nación presentó un proyecto de reforma ante el Congreso que pretende resolver estos y otros "puntos críticos" de la Ley.
Si bien el proyecto abarca gran parte de estos puntos como el exceso de audiencias y la congestión de los procesos, existen otros problemas que deberían ser abordados dentro del mismo como la falta de criterios de postulación y la ampliación de la vigencia de este sistema de justicia transicional.
A la luz de este escenario, la FIP presenta un análisis de los principales problemas que padece la Ley actualmente e identifica algunas propuestas sobre reforma a Justicia y Paz que han sido debatidas en los últimos meses.

La Vigencia
Hecho: El texto de la Ley 975 de 2005 establece que este mecanismo de justicia transicional se aplicaría a aquellos grupos que se hubieran desmovilizado antes del 25 de julio de 2005, fecha de expedición de la Ley. Así mismo, contempla que la misma cobijaría únicamente delitos cometidos antes de esta misma fecha y únicamente con ocasión de su pertenencia al grupo armado (Artículo 2 de la Ley).

Problema: De los más de 4800 postulados a Justicia y Paz, casi un 80% se desmovilizó después de la fecha de expedición de la Ley, mientras que algo más de 3600 hechos confesados dentro del proceso, ocurrieron con posterioridad al 25 de julio de 2005.

Propuestas: A través de una reforma legal (un nuevo proyecto de Ley) podría establecerse una nueva vigencia para la Ley que bien podría ajustarse a la fecha de expedición de la nueva Ley que reforma Justicia y Paz o a la fecha de desmovilización de cada uno de los paramilitares y guerrilleros que actualmente están postulados a Justicia y Paz o que podrían ser candidatos a postulación.

Las Penas
Hecho: La Ley de Justicia y Paz establece que la pena alternativa que tendrían que pagar los desmovilizados postulados a la Ley oscilaría entre 5 y 8 años dependiendo de los delitos cometidos y de su gravedad.

Problema: En los últimos meses se ha desatado gran polémica alrededor de la posibilidad que un número importante de desmovilizados sea puesto en libertad. Teniendo en cuenta que ya se han cumplido 6 años desde la promulgación de la Ley, en teoría, varios postulados a quienes se les aplicaría eventualmente la pena mínima de Justicia y Paz (5 años), ya habrían cumplido los términos de su pena y estarían en condiciones de pedir su libertad.

Propuestas: Tal y como ha sido planteado en varios escenarios de debate sobre reforma a la Ley de Justicia y Paz, la pena alternativa es sólo un beneficio que se aplica en el momento de cumplir con todos los requisitos que establece la Ley. En tanto no se cumplan estos requisitos, lo que incluye una sentencia de Justicia y Paz, aplica en principio los tiempos de la pena ordinaria que tendría el desmovilizado por los hechos de los cuales es responsable.

Por ahora y ante la posibilidad del cumplimiento de las penas, las propuestas incluyen dejar a decisión de jueces y magistrados el estudio de cada caso para estimar si es posible la excarcelación de cada desmovilizado, o dejar en libertad a la totalidad de desmovilizados postulados bajo la figura de libertad condicional sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que serían reglamentados por la nueva ley de reforma.

Los Tiempos
Hecho: Transcurridos 6 años desde la promulgación de la Ley, existen actualmente sólo cuatros sentencias proferidas por los Tribunales de Justicia y Paz, de las cuales sólo una ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Problema: Con los tiempos, términos y número de audiencias bajo los cuales funciona actualmente el proceso de Justicia y Paz, expertos han asegurado que el proceso podría tomar alrededor de 96 años para que todos los postulados tuviesen una sentencia en firme.

Propuestas: Diversos actores públicos y privados coinciden en la necesidad de acelerar el proceso de Justicia y Paz a través de las siguientes fórmulas: reducción del número de audiencias eliminando por ejemplo la audiencia de formulación de cargos; implementando la audiencia preliminar como mecanismo expedito para aceptar cargos desde el arranque del proceso; trasladar el incidente de reparación (a víctimas) después de la expedición de la sentencia; aumentar la planta de personal de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía así como la de los Tribunales de Justicia y Paz (en especial, aumentar el número de magistrados de control de garantías).

El proyecto actual de reforma que propuso la Fiscalía aplica la mayoría de estas fórmulas, además que fija tiempos exactos y cortos entre cada etapa del proceso. Por ejemplo, el proyecto fija un plazo de 36 horas entre la terminación de las versiones libres y el inicio de la audiencia de formulación de imputación.

Las Postulaciones
Hecho: La Ley 975 de 2005 le otorga la facultad al gobierno para decidir quienes son los candidatos a ser postulados.

Problema: En la actualidad no hay claridad sobre los criterios que maneja el gobierno para realizar las postulaciones a Justicia y Paz. Al parecer se han presentado casos en los que los mismos fiscales de Justicia y Paz han ofrecido postulaciones a desmovilizados a cambio de confesiones totales; al tiempo, algunos desmovilizados han solicitado su postulación años después de su desmovilización o al momento de ser capturados luego de reincidir en delitos.

Propuestas: En las opciones estudiadas para superar los problemas de las postulaciones se incluye: mantener la facultad del gobierno para postular pero atendiendo a requisitos claros y verificables o asignar obligatoriamente al mismo Ejecutivo la facultad de estudiar cada caso y postular atendiendo a una lista específica de causales.

Los Requisitos de Elegibilidad
Hecho: Los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 establecen una serie de requisitos bajo los cuales el desmovilizado puede acceder a los beneficios que contempla la Ley de Justicia y Paz, entre ellos, "que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional; que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal; que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutado; que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita".

Problema: La Ley de Justicia y Paz define los mismos requisitos de elegibilidad tanto para desmovilizados individuales como para colectivos al igual que para rasos y comandantes. El problema surge al el momento de verificar el cumplimiento de requisitos como la entrega de bienes y de menores de edad que, por obvias razones, no pueden ser aplicados indistintamente para desmovilizados colectivos e individuales. Por ejemplo, en muchos casos no sería razonable esperar que un guerrillero raso entregara bienes al momento de su desmovilización. En ese sentido se vuelve imposible cumplir con todos los requisitos, impidiendo a un buen número de desmovilizados acceder al beneficio de la pena alternativa.

Propuestas: Existen tres propuestas con relación al ajuste que debe hacerse a los criterios de elegibilidad: primero, modificar los requisitos y adaptarlos de acuerdo con la realidad, se trate de desmovilizaciones colectivas o individuales (por ejemplo, permitir la entrega de menores por parte de desmovilizados individuales). Segundo, establecer criterios para evaluar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de acuerdo al tipo de desmovilización, sea colectiva o individual (cuáles requisitos deben acreditar los comandantes y los desmovilizados individuales). Tercero, que por decisión de los jueces se determine si se han cumplido o no los requisitos necesarios para acceder a los beneficios de la Ley.

El Enfoque
Hecho: La Ley 975 de 2005 establece en su artículo 15º: "la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales".

Problema: La Ley 975 enfrentó de partida dos problemas en su implementación: como el primer esquema de Justicia Transicional empleado en la historia de Colombia tuvo que pasar por un proceso de adaptación interno que, sumado a los vacíos del texto de la Ley, se vio traducido en la aplicación paulatina por parte de jueces y fiscales de Justicia y Paz de estándares y criterios extraídos desde la justicia ordinaria. El resultado de esta ejercicio fue la aplicación de un modelo de justicia transicional con enfoque de justicia ordinaria: ante la necesidad de avanzar en la implementación y al mismo tiempo estar apegados a la Ley, los operadores de Justicia y Paz terminaron definiendo procedimientos, tiempos y decisiones apegados a criterios ordinarios, lo que terminó congestionando el proceso hasta el punto que seis años después sólo existen cuatro sentencias proferidas.

Sin duda, el enfoque actual de la Ley es el de un "modelo reactivo de persecución penal" en donde las investigaciones penales se han planteado hecho por hecho, situación que ha terminado dilatando el proceso.

Propuestas: Las propuestas sobre este asunto, incluso por parte del propio Gobierno Nacional, apuntan a ajustar el enfoque hacia un modelo de "investigación de patrones sistémicos de macro-criminalidad" empleados por los grupos armados ilegales. Es decir, emplear un enfoque de investigación que, en lugar de investigar hecho por hecho, apunte a identificar lógicas y patrones de acción empleados por estos grupos armados. En teoría, este enfoque estaría complementado con investigaciones sobre "casos graves" de violaciones de derechos humanos. Sobre este último punto, también se han puesto de manifiesto propuestas encaminadas a establecer criterios de selección y priorización de casos a ser investigados, modelo que se ha aplicado en escenarios como el de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Argentina y Centroamérica.

El Balance
Para junio de 2011, las cifras oficiales reportan 55.317 desmovilizados, de los cuales 4.801 se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz. Sobre este universo de postulados y frente al cumplimiento de los estándares de verdad y justicia establecidos en torno al proceso de Justicia y Paz, se han proferido cuatro (4) sentencias judiciales, producto de las 2.757 audiencias de versión libre que se han iniciado, las cuales a su vez, arrojaron como resultado la identificación de 331.398 víctimas. Con base en lo anterior, se han enunciado 57.131 hechos y han sido confesados otros 29.416, relacionando a un total de 104.446 víctimas.
De las víctimas identificadas, tan sólo un 30,1% han sido relacionadas en los hechos que han sido conocidos por las autoridades judiciales en el marco de los procesos de Justicia y Paz. Por otra parte, las autoridades judiciales han proferido sentencias condenatorias únicamente frente al 0,08% de los desmovilizados postulados a Justicia y Paz.

Los Números del Proceso
Total de víctimas registradas: 346.057 víctimas
Total de Hechos Delictivos Registrados: 292.127 hechos delictivos
Total de Postulados: 4801 postulados
Total de Versiones Libres: Iniciadas: 2.757 versiones
Terminadas: 1382 versiones
En curso: 1369 versiones
Programadas: 144 versiones
Total hechos enunciados en versión libre: 57.131 hechos
Copias compulsadas a justicia ordinaria: 9616 casos de militares, políticos y funcionarios públicos.
[Foto viene de círculo bolivariano.]
13 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
cc verdad abierta

perpetua para tres represores


Por la desaparición de Ragone. [En la foto, Carlos Alberto Mulhall.]
Argentina. El Tribunal Oral Federal de Salta dictó la pena máxima para el extitular de la guarnición militar local, Carlos Mulhall, el excomisario de la Policía, Miguel Gentil, y el exjefe de Seguridad de la fuerza, Joaquín Guill, acusados del secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976. En tanto, los expolicías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera fueron condenados a dos años de prisión condicional. Quedaron absueltos, por "el beneficio de la duda", el exvocero de la Triple A, Jorge Héctor Zanetto, y el expolicía Andrés del Valle Soraire.

La desaparición de Ragone ocurrió a metros de su domicilio, cuando se dirigía al Hospital San Bernardo, donde trabajaba como médico. Y en el proceso que abrió por ese hecho también se investigó el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. El juicio duró seis meses, pasaron casi un centenar de testigos y la lectura de la sentencia fue presenciada por varios integrantes de organizaciones de derechos humanos, que organizaron un acto en el Archivo Nacional de la Memoria en la capital salteña.
Los defensores de los imputado habían pedido la absolución de todos porque, en su criterio, la desaparición de Ragone "no pueden ser considerada de lesa humanidad", por haber sucedido antes del golpe de Estado. Por su parte, la querella coincidió pedir para Mulhall, Gentil, Guill y Soraire (que finalmente fue absuelto) la pena de prisión perpetua. En tanto, a Zanetto (libre, también) lo acusaron de coacción agravada.
Los tres condenados a perpetua fueron considerados autores mediatos penalmente responsables de la comisión de los delitos de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Miguel Ragone". Además, fueron condenados por el "homicidio doblemente agravado con el propósito de ocultar otro delito, asegurar su resultado y lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Santiago Arredes", y del mismo delito pero en grado de tentativa en perjuicio de Margarita Martínez de Leal.
Los jueces declararon estos delitos de "lesa humanidad" y mantuvieron la modalidad de cumplimiento de la prisión vigente, y decidieron condenar a los ex policías Pedro y Nelson Herrera "a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional", por ser autores materiales penalmente responsables de la comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento".
El octavo imputado en la causa era el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, pero el 1º de junio fue separado del proceso por razones de salud, ya que en mayo fue intervenido quirúrgicamente por una afección cardíaca.
La audiencia comenzó pasadas las 10, cuando el tribunal le dio la posibilidad a los siete imputados en la causa de hacer uso de la palabra, pero luego de la negativa a utilizar ese derecho, se pasó a un cuarto intermedio. El encuentro se reanudó pasadas las 12.30, ante la presencia del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; los familiares de Ragone encabezados por la viuda, Clotilde de Ragone; funcionarios provinciales y municipales y una importante cantidad de público y militantes de organizaciones de derechos humanos.
[Foto viene del blog casa pueblos.] 
11 de octubre de 2011
©página 12

cuánto cuesta la prohibición


En el debate sobre las drogas en Estados Unidos, esta es la opinión de un jefe de policía de Los Angeles en retiro.
[Stephen Downing] Los prohibicionistas de las drogas, como el zar de las drogas de la Casa Blanca, Kevin A. Sabet, parecen sentir pánico por la transmisión del documental de Ken Burns, de PBS, ‘Prohibition’, debido a su claro y convincente paralelo con la igualmente desastrosa guerra contra las drogas actual. El primer experimento duró menos de catorce años, pero la fallida prohibición de hoy fue declarada por el presidente Nixon hace cuarenta y ha costado al país más de un trillón de dólares en dinero y mucho más en inconmensurables daños sociales.
Como estudioso de la historia y subdirector retirado del Departamento de Policía de Los Angeles, puedo testificar que el daño que provocó la prohibición del alcohol desaparece en la nada en comparación con el daño que ha provocado la prohibición de las drogas. En los últimos cuarenta años, el dinero de las drogas ha alimentando el crecimiento de la violencia de las pandillas en las calles de Los Angeles, de dos (Bloods y Crips) con menos de cincuenta miembros antes de la guerra contra las drogas, a veinte mil pandillas con cerca de un millón de miembros en todo Estados Unidos, de acuerdo al ministerio de Justicia de Estados Unidos. Estas pandillas se encargan de la distribución y de las cobros y son sicarios de los carteles mexicanos que el ministerio de Justicia dice que están activos en más de mil ciudades de Estados Unidos.
Sabet, ex asesor para la política de drogas de la Casa Blanca, ignora los daños creados por la prohibición y no menciona las casi cincuenta mil personas asesinadas en México en los últimos cinco años durante la guerra de los carteles por el control de las rutas, territorios y recaudación. La detención o muerte de un líder de un cartel, no causa ningún impacto en el comercio de la droga y sólo sirve para crear más violencia, a medida que traficantes de pequeña escala luchan por los sitios nuevos más importantes.
Funcionarios policiales estadounidenses informan que hasta el setenta por ciento de los beneficios de los carteles provienen de la marihuana. No hay duda de que poner fin hoy a la prohibición de las drogas, empezando por la marihuana, causaría más daño a los carteles que cualquier grado de intervención policial o dedicación.
Peor que ser inefectiva, sin embargo, esta guerra contra las drogas crea peligrosas distracciones para los agentes de policía que deberían más bien concentrarse en mejorar la seguridad pública. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Angeles anunció esta semana que sacará a ciento cincuenta agentes de la calle para encargarse del traslado de reos a los condados. El estado debe hacer esto para cumplir con la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de reducir la abultada población carcelaria del estado inducida por la guerra contra las drogas, de más de treinta mil, y nuestro estado ya ha despedido a miles de maestros gracias en parte a que los fondos fueron destinados a la construcción de más prisiones y la contratación de más gendarmes.
Esto se produce inmediatamente después de otra reasignación de recursos policiales en Los Angeles cuando el Departamento de Policía de Los Angeles y el Departamento del Sheriff de Los Angeles se encontraran con un atraso de tres años en los casos de violación. Los laboratorios de criminalística sólo tienen una cantidad finita de recursos, y el análisis de las drogas a menudo es más relevante que otros casos que exigen atención. Los detectives (y las víctimas) esperan durante meses los resultados de los análisis de laboratorio de casos relacionados con violaciones y otros delitos graves, mientras que los análisis de marihuana y otras drogas en casos de posesión toma precedencia.
No hay duda de que la violencia, el crecimiento de los carteles y las pandillas, la sobrepoblación en nuestras prisiones y el despilfarro de los recursos policiales no ocurrirían si elimináramos los beneficios ilegales de las drogas e implementáramos una aproximación no-criminal en relación con las drogas. Lo hicimos en el pasado con el alcohol, y no hay razón para no hacerlo con otras drogas hoy.
11 de octubre de 2011
6 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

del río y el asesinato de marino lópez


Las autodefensas de los hermanos Castaño asesinaron al campesino Marino López Mena, en febrero de 1997 y, al parecer, recibieron apoyo de tropas del Ejército comandadas por el exoficial.
Colombia. "La muerte de Marino López Mena fue de conocimiento del exgeneral Rito Alejo Del Río, quién permitió y coordinó con los paramilitares acciones conjuntas", afirmó el fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán al solicitarle al Juez Octavo Especializado de Bogotá que condene al entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército por ese crimen, perpetrado el 27 de febrero de 1997 en Bijao, Chocó.
Para el representante del ente acusador, quien se apoyó en testimonios recogidos durante el desarrollo del juicio, el exoficial "era conocedor de las actividades de los paramilitares y de la incursión en Bijao, pero se mostró ajeno y dejó en manos de ellos esa zona".
A esa conclusión llegaron también el representante de la Procuraduría General de la Nación y el apoderado de las víctimas, quienes respaldaron la petición de condena tras considerar que Del Río es responsable, como autor mediato, del homicidio de López Mena, pues quedó demostrada su participación, por lo menos indirecta, en la operación irregular que llevó a los paramilitares a Biajo, donde ocurrió el crimen del labriego.
Tanto para la Fiscalía como para la Procuraduría y las víctimas, Del Río tenía el control de las tropas del Ejército que, estando muy cerca de la zona en donde operaban los paramilitares, no intervinieron para impedir su accionar en contra de los pobladores de la región del Cacarica.
José Enrique Caballero Quintero, procurador delegado para el caso, consideró que el exoficial hizo alianzas con el paramilitarismo en la zona del Urabá y sus subalternos unieron sus fuerzas a las de las estructuras ilegales de las Accu. "López Mena fue uno de las tantas víctimas de las luchas concertadas entre militares y paramilitares", aseguró el representante del Ministerio Público.
Por su parte Liliana Ávila, apoderada de las víctimas, aseguró que las pruebas dejaron en evidencia que en Urabá hubo un proyecto conjunto entre paramilitares y militares. Sobre el homicidio de López Mena, aseguró que hubo una omisión del Ejército para evitar la incursión de los paramilitares en el caserío de Bijao, debido a que había un plan orquestado entre las Accu y la Brigada XVII.
La abogada fue enfática en preguntarse "¿cómo no hubo acciones del Ejército en contra de la incursión de los paramilitares, que duró 10 días, estando en desarrollo la operación Génesis tan cerca del sitio donde hacia presencia las autodefensas?". Al final de su exposición ante el juez pidió que se le aplique la máxima condena al militar por su responsabilidad en el asesinato de López Mena, la cual podría ser de 40 años de cárcel.

El Crimen de Marino
En desarrollo de su estrategia de expansión, las Accu diseñaron la llamada ‘Operación Cacarica’, con la cual pretendían avanzar hacia la subregión del Atrato medio, con el fin, según ellos, de enfrentar al Frente 57 de las Farc y quitarles sus zonas de dominio.
La operación, según lo ha relatado Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, fue ejecutada por un comando paramilitar integrado por 60 hombres, 40 de ellos integrantes del frente Chocó y 20 más del Arlex Hurtado, todos ellos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). La acción comenzó el 23 de febrero y finalizó el 5 de marzo.
La base de las Accu para esta operación fue instalada en la Loma de Cacarica, desde donde el grupo de paramilitares emprendió la incursión hacia los caseríos de la zona. Al día siguiente de la llegada a ese sitio, el comando armado ilegal se desplazó por la margen izquierda del río Perancho buscando llegar a Tamborales, más al sur, pero al llegar al caserío de Bijao advirtieron la presencia de un reducto de la guerrilla de las Farc y hubo un intercambio de disparos, sin que se presentaran muertos o heridos de lado y lado. Luego de varios registros, el comando de las Accu se instaló en un cultivo de maíz, armó allí un campamento y así pasó la noche.
Al amanecer, los paramilitares se preparaban para partir hacia las cabeceras de los caseríos de La Balsa y Salaquí cuando observaron que un hombre salió del monte, guardó un paquete al borde del caño, lo atravesó y se dirigió a una pequeña tienda donde compró varias docenas de cigarrillos, entre otras cosas, e intento regresar.
Antes de pasar nuevamente el caño fue interceptado por alias ‘Manito’, del cual no se conoce su nombre real, quien le inquirió por lo que llevaba en la bolsa. Marino respondió que "cigarrillos y otras cosas", y agregó que él solo era un campesino de la zona. Al escuchar eso, el paramilitar lo obligó a coger unos cocos.
De acuerdo con la versión que han dado algunos exintegrantes de las Accu, entre ellos alias ‘el Alemán’, Marino intentó atacar a alias ‘Manito’ con un machete y éste, en su reacción, le cercenó la cabeza. No obstante, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha documentado el caso que hoy tiene a las puertas de una condena al exgeneral Del Río.
Uno de los documentos de esa organización no gubernamental se lee el relato de un sobreviviente de esa incursión armada a Bijao, quien describe la manera cómo fue asesinado Marino López Mena: "Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos".

Rito Alejo con Jefes ‘Paras’
El desarrollo de la llamada ‘Operación Cacarica’ coincidió con la ejecución de la Operación Génesis, que adelantaban tropas especiales del Ejército contra la guerrilla de las Farc en una vasta zona selvática del Chocó y en la cual participaron doce guías de las Accu, según versiones de paramilitares entregadas a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
La Operación Génesis se realizó entre el 24 y el 28 de febrero de 1997 con el fin de atacar facciones de las Farc asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, ubicados en el departamento del Chocó, con el fin de atacar posiciones de varias facciones del Frente 57 de las Farc asentadas en esos territorios. La orden de incluirlos provino del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y fue autorizada por Rito Alejo del Río.
Alias ‘El Alemán explicó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que entre 1995 y 1997 los paramilitares coordinaron con altos mandos de la Brigada XVII acciones ofensivas contra la guerrilla de las Farc: "Rodrigo Doblecero, Elmer Cárdenas, Carlos Correa y yo nos reunimos con el general Rito Alejo Del Río para coordinar la operación Cacarica realizada en febrero de 1997".
El nivel de connivencia al parecer fue tan estrecho que en mayo del año pasado, en desarrollo de una audiencia de Justicia y Paz, alias ‘el Alemán’ aseguró que le había enviado un mensaje al exgeneral para que contará la verdad sobre lo ocurrido en Urabá.
"Me parece, General, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted General, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos", sostuvo ‘el Alemán’ en el mensaje enviado al exgeneral a través de un emisario de quien no precisó su nombre por razones de seguridad ni la fecha de la gestión.
De esas relaciones entre Accu y Ejército también han hecho referencia en diversas ocasiones los paramilitares Salvatore Mancuso y Ever Velosa, alias ‘HH’, quienes han coincidió en señalar que Del Río era uno de sus principales aliados. Esos testimonios hacen parte del proceso que se le sigue al exoficial.

Rito Alejo Se Defiende
Durante la última etapa del juicio en su contra, Rito Alejo pidió que se le declarara inocente del homicidio de Marino López Mena. Según el ex general, en ningún momento participó o tuvo conocimiento de las acciones de los paramilitares en el Urabá chocoano.
"No he tenido relaciones con grupos armados al margen de la ley y la operación Génesis no tenía nada que ver con los paramilitares", aseguró Del Rio.
Sobre la operación Génesis, el ex general aseguró que única y exclusivamente se trató de una operación para rescatar a diez infantes de marina, secuestrados por las Farc en la toma a Juradó, Chocó.

Juicio al ‘Pacificador de Urabá’
Del Río, quien se encuentra detenido desde el 5 de septiembre de 2008, ha sido llamado por diversos sectores sociales, económicos y políticos como el ‘Pacificador de Urabá’, pese a que ha sido señalado de ser uno de los apoyos más importantes del paramilitarismo en la región de Urabá desde la comandancia de la Brigada XVII del Ejército entre los años 1995 y 1997.
Una de las exaltaciones más connotadas ocurrió el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama de Bogotá, en la que participaron cerca de 1.500 personas, cuando se le rindió un homenaje en respuesta a su destitución por decisión del entonces presidente Andrés Pastrana.
El exoficial fue llamado a calificar servicios cuando se desempeñaba como comandante de la Brigada XIII de Bogotá, a donde fue trasladado desde el 16 de diciembre de 1997 justamente como premio a sus labores en Urabá.
Durante el homenaje, el entonces ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que "nadie mejor que el general del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la Ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente"; recordó que al intervenir en la subregión del Urabá como gobernador de Antioquia, "en todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del General"; y por último lo calificó como "un buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia".
En su defensa, Del Río ha dicho durante la etapa de juicio que nunca conoció sobre la presencia de grupos paramilitares en Urabá y manifestó que supo de la presencia de esos grupos a nivel nacional, pero nunca información concreta sobre acciones de estos grupos en la zona de Urabá. "Para esa época sabíamos de las Autodefensas de Córdoba… algunos de estos grupos estaban bien encubiertos en las diferentes zonas del país", dijo en una ocasión.
Se espera entonces que en las próximas semanas el juez que lleva el caso convoque a una nueva audiencia para dar a conocer el sentido del fallo que proferirá en el caso de Rito Alejo Del Río. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría y las víctimas esperan que se atiendan sus peticiones y el exoficial reciba una condena ejemplar.
11 de octubre de 2011
6 de octubre de 2011
5 de octubre de 2011
cc verdad abierta

el patio de jorge 40


’Jorge 40’ utilizó al frente Resistencia Motilona para despojar tierras en Cesar y Norte de Santander. Varios desmovilizados contaron en Justicia y Paz el robo de 40 bienes a campesinos.
Colombia. Del Frente Resistencia Motilona solo se sabía el nombre. Se supo cuando varios desmovilizados del Bloque Norte de las Auc le confesaron a la Fiscalía que ellos hicieron parte de uno de los quince brazos armados que tuvo Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’ en la costa caribeña pero que, a diferencia de los demás, delinquieron más hacia al sur de esta región, en el corazón del Cesar y su frontera con el departamento vecino, Norte de Santander.
Entre 2001 y 2004, este grupo llegó a tener 600 hombres y su jefe fue Jeferson Enrique Martínez López alias ‘Omega’, un lugarteniente de ‘Jorge 40’ que fue asesinado en noviembre de 2007 en una finca en Copacabana, Antioquia.
Hace un par de meses, tres de los 17 postulados a Justicia y Paz de este grupo contaron cómo delinquieron en esa zona y que la convirtieron en una especie de ‘patio’ donde cometieron todo tipo de desmanes para despojar tierras y financiar al Bloque Norte.
"Nosotros éramos ilegales dentro la legalidad", repitió Jovannis Manuel Lobo alias ‘Bachiller’ durante una versión libre para dar una idea de cómo infiltraron la economía y la política de por lo menos 12 municipios de esta región, considerada un corredor agrícola pero además una ruta del narcotráfico entre el Sur de Bolívar y el Catatumbo.
Las confesiones de alias el ‘Bachiller’ se han sumado a las de Jaime Luis Granados alias ‘Chacal’ u ‘Oreja mocha’ y de Wilson Poveda alias ‘Rafa’, este último subalterno de alias ‘Omega’. Hasta el momento los ex paramilitares han enunciado algunos detalles de cómo despojaron a decenas de campesinos de sus tierras con la amenaza de "se va o se muere", dijeron los ex paramilitares.

La Disputa
Los paramilitares que delinquieron en Cesar desde finales de la década de 1980 eran conocidos como las Autodefensas del Sur de Cesar, pero a la hora de su desmovilización en 2006 se rebautizaron como Frente Héctor Julio Peinado Becerra y como parte del Bloque Norte. Sin embargo, reconocieron como jefe no a ‘Jorge 40’ sino a Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, promotor de las autodefensas en ese departamento.
Según lo han contado varios ex paramilitares, esa adhesión además de acordarse para la desmovilización no fue fortuita. En 2004 alias ‘Juancho Prada’ le entregó la zona urbana de Aguachica a ‘Jorge 40’, después de una disputa con el Bloque Central Bolívar, de alias ‘Julián Bolívar’, que había comenzado a meterse en los terrenos de Prada.
Así ’Jorge 40’ empezó a tener más injerencia sobre la zona en la que los Prada estaban durante más de veinte años.
En versión libre, los tres ex paramilitares contaron que el Frente Resistencia Motilona apareció en 2001 por orden de ‘Jorge 40’ para reagrupar a los diferentes grupos paramilitares que delinquían desde varias haciendas ganaderas de la región. En Cesar, como sucedió en otras regiones del país, los paramilitares se financiaron en gran parte con los pagos voluntarios que recibieron de muchos finqueros así como de los ‘impuestos’ que también obligaron a pagar a otros por hectárea.
Con este primer músculo financiero, los paramilitares del centro del Cesar se expandieron hacia el vecino departamento, en Norte de Santander, donde delinquieron hasta 2004.

La Expansión
El Frente Resistencia Motilona tuvo como jefe a alias ‘Omega’, un cómplice de ‘Jorge 40’ y que según ha documentado Justicia y Paz empezó a delinquir en el Cesar como sucesor de otros tres paramilitares conocidos en la región por haber sido jefes de los grupos que ‘cuidaban’ las fincas.
Sus antecesores fueron Martín Velasco Galvis alias ‘Jimmy Velasco’, paramilitar enviado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, y que delinquió en Pailitas. Otro fue alias ‘Pasos’, conocido a mediados de la década de 1990 como alias ‘Manaure’, que delinquió en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Con el tiempo, ‘Jimmy Velasco’ y ‘Manaure’ encargaron a alias ‘Julio Palizada’ y a alias ‘Rafa’ para que delinquieran como jefes militares en estos cuatro municipios del Cesar. En 2001, alias ‘Palizada’ le designó a alias ‘Omega’, quien a su vez dejó a ‘Rafa’ como su segundo.
Los ex paramilitares contaron que empezaron a delinquir principalmente en Pailitas, donde instalaron dos bases de entrenamiento en armas y táctica militar. Luego subieron por lado y lado de la vía Panamericana que conduce hacia la costa y se multiplicaron por Poponte, Chiriguaná, Chimichagua y Curumaní. Entre 2001 y 2002 delinquieron en tres municipios de Magdalena, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco, y a mediados de 2002 cruzaron la frontera del Cesar esparciéndose por Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto y Hacarí, en Norte de Santander.
Según el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, de Acción Social, precisamente es en estos municipios de donde salieron más personas expulsadas. En 2001 en Cesar, por ejemplo, 1.645 personas denunciaron desplazamiento en Pailitas, 1.161 en Chiriguaná y 1.363 en Curumaní. En 2002 en Norte de Santander salieron desplazadas 8.368 personas del municipio de Convención y 3.807 de Teorama.

Las ‘Finanzas’ y el Control
Como los demás grupos paramilitares, los desmovilizados contaron en versión libre que el Frente Resistencia Motilona cobró cuotas ilegales a todos los negocios lícitos e ilícitos que produjeran dinero. Entre ellos, los alimentos y combustibles. "Todas las bombas eran nuestras", dijo uno de los ex paramilitares explicando que se "pegaban al tubo" (oleoducto) y se robaban la gasolina con la que surtieron las estaciones de servicio en los municipios donde delinquieron.
También robaron ganado de las fincas donde los dueños no les pagaban la ‘vacuna’, cobraron cuotas al narcotráfico por cada kilo de coca o mancha de amapola que pasara del Catatumbo al Sur de Bolívar y viceversa. "Le rendíamos cuentas a una secretaria que tenía ‘Jorge 40’ en Curumaní", dijo un ex jefe paramilitar en la versión libre.
Entre las confesiones mencionaron además presuntos vínculos con la policía local. Uno de los desmovilizados dijo que dos jóvenes de un pueblo denunciaron el tráfico de droga ante una estación de policía. "A cambio de $500 mil pesos, los policías nos contaron quiénes habían sido y los matamos", dijo un ex paramilitar en versión libre.
Solo en los primeros días de confesiones, los tres ex paramilitares identificaron 40 bienes de los cuales VerdadAbierta.com omite sus nombres y ubicación, porque la Fiscalía ya compulsó copias a la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz para que comience a investigar su tradición y más adelante estos predios sirvan para reparar a las víctimas en esta zona del país.
Los desmovilizados reconocieron que utilizaron diferentes modalidades de despojo, entre ellas la complicidad con notarías para obtener escrituras falsas, ventas forzadas y asesinatos en sitios estratégicos. Según la confesión de uno de los paramilitares, por ejemplo, a una mujer le arrendaron un terreno para instalar una bomba gasolina. Cuando se cumplió el contrato, los paramilitares le dijeron que les vendiera el terreno a un precio inferior a lo que valía la tierra. Bajo amenazas, la víctima aceptó. Luego la asesinaron y le quitaron el dinero a la familia.
En la política los desmovilizados del Frente Resistencia Motilona aseguran que las elecciones populares fueron infiltradas por ellos. Según contaron, hicieron pactos con varios candidatos locales para que apenas resultaran electos les entregaran los listados de los contratistas. Así el grupo paramilitar cobró extorsiones a todas las empresas o personas que trabajaran para los municipios del Cesar y Norte de Santander donde ellos delinquieron.
En la jornada electoral los paramilitares tuvieron injerencia sobre las mesas de votación. "Nosotros marcábamos los votos de los que no habían votado y reclamábamos los certificados electorales. A todos los candidatos que no fueran amigos nuestros les decíamos que no podían participar", dijo uno de los tres ex paramilitares en versión libre.
La Unidad de Justicia y Paz seguirá realizando versiones libres a alias ‘Bachiller’, ‘Chacal’ y ‘Rafa’ para que confiesen los crímenes que cometieron cuando fueron paramilitares del Frente Resistencia Motilona, un subgrupo del Bloque Norte que delinquió desde la Serranía de Perijá hasta las riveras del río Magdalena.
Los nombres de los políticos y otros funcionarios del Estado que al parecer fueron cómplices de los paramilitares también se reservan porque apenas han sido mencionados en versión libre, y por tanto la Fiscalía comenzó el proceso de compulsa de copias a la justicia ordinaria para que los investigue.
[*La Fiscalía tendrá que investigar todo lo que han confesado los ex paramilitares en versión libre, que es una etapa preliminar antes de llevarlos a juicio ante un magistrado de Justicia y Paz.]
11 de octubre de 2011
7 de octubre de 2011
cc verdad abierta

francia prohíbe ketchup en cantinas


Bueno, es permitido con una guarnición. Pero ponerlo en la ternera o en el bife bourguignon ahora está prohibido en las escuelas del país. El gobierno francés prohíbe el ketchup en cantinas escolares y universitarias, excepto con papas fritas.
[Kim Willsher] París, Francia. Francia construyó primero una muralla en torno a su lenguaje para protegerlo de los perniciosos invasores anglosajones.  Ahora está levantando otro escudo para protegerse de otra amenaza percibida contra su cultura y civilización: el ketchup.
En un intento de promover la comida sana y, se ha sugerido, para proteger la tradicional cocina gala, el gobierno francés ha prohibido en las cantinas de escuelas y universidades a nivel nacional la oferta del condimento americano a base de tomates con cualquier tipo de comida, excepto las papas fritas.
Como resultado, los estudiantes ya no pueden usar ketchup en platos tan tradicionales como guiso de ternera, sin importar lo cartilaginoso, y el bife bourguignon, independientemente de su contenido graso.
Además, las papas fritas sólo se pueden ofrecer una vez a la semana, usualmente con steak hache, o hamburguesa. No está claro si la policía gastronómica enviará a los estudiantes a prisión si untan sus hamburguesas en el ketchup que acompaña las papas fritas.
"Francia debe ser un ejemplo para el mundo en cuanto a la calidad de su comida, empezando con sus hijos", dijo Bruno Le Maire, ministro de Agricultura y Alimentación.
La Casa Blanca de Ronald Reagan puede haber considerado el ketchup -hecho famoso por Henry John ‘H J.’ Heinz, que produjo la primera botella en 1876. Pero gastrónomos galos lo miran con el mismo desdén que a las series de televisión estadounidenses, las palabras inglesas y los restaurantes McDonalds: indeseados impostores culturales.
Jacques Hazan, presidente de la Federation of School Pupils’ and College Students’ Parents Councils, dijo al Times de Londres que las nuevas regulaciones son una "victoria."
Las normas obligan a funcionarios escolares a reducir los alimentos grasos e introducir más verduras, fruta y productos lácteos. Cada día deben servirse cuatro o cinco platos con una ración de verduras cocidas o crudas, preferentemente estacionales. Los pupilos pueden pedir pan y agua ilimitadamente.
Las recomendaciones que incluyen la reducción del ketchup fueron hechas por investigadores del gobierno hace más de cuatro años, pero el decreto entró en vigor sólo esta semana, un mes después del inicio del año escolar. Se implementará de inmediato en todas las cantinas en escuelas y reparticiones de gobierno, excepto en las que sirvan menos de ochenta comidas al día. Las cantinas deben llevar archivos para que los inspectores sanitarios escolares sepan qué se ha servido.
Las normativas dejan a los jóvenes amantes del ketchup sin gran alternativa. Los escolares franceses no pueden llevar almuerzos hechos en casa a la escuela y deben sea comer en la cantina o volver a casa a almorzar. Las cantinas de escuelas y universidades sirven mil millones de comidas al año, de acuerdo al gobierno.
Le Maire explicó que los cambios fueron introducidos porque el sentido común sobre nutrición no ha sido escuchado en las escuelas del país.
"Seis millones de niños comen en cantinas todos los días, pero uno de cada dos alumnos queda con hambre", dijo. "Las reglas de nutrición no son ni aplicadas ni controladas. Las estamos haciendo obligatorias y revisaremos los menús."
El gobierno reconoce en su página web que menos de la mitad de los estudiantes de universidades y escuelas secundarias creen que el alimento en las cantinas escolares es bueno. Al mismo tiempo, las cifras publicadas en la página web del ministerio de Agricultura dice que menos de la mitad de los jóvenes franceses consumen suficientes productos lácteos en su dieta en casa.
Christophe Hebert, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Restaurantes Colectivos, sugirió que una gran parte del chovinismo cultural también está detrás de las nuevas reglas.
"Las cantinas tienen una función de salud pública y también una función educativa. Tenemos que asegurarnos de que los niños se familiaricen con recetas francesas de modo que puedan enseñarlas a la generación siguiente", dijo al Times de Londres.
"Tenemos que impedir que los niños puedan servirse todos esos tipos de salsas con cualquier plato. Los niños tienen la tendencia a usarlas para encubrir el sabor de cualquier cosa que se lleven a la boca."
"Aquí la comida es muy importante", dijo Hazan, de la federación de apoderados, "y no podemos tolerar que los niños coman cualquier cosa vieja."
11 de octubre de 2011
6 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer