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perpetua para asesinos de paco urondo


Cinco condenas y una absolución en el primer juicio por violaciones a los ddhh en la ciudad de Mendoza. Cárcel común para los asesinos de Paco Urondo. Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo.
en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. "Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones", resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. "Pero tuvieron un juicio justo", completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.
El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.
Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un Día Histórico
Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. "Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias", arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.
El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. "¡30 mil compañeros desaparecidos!", "¡Presentes!", se recordó a las víctimas. "Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó", celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. "Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces", reflexionó ante El Sol online. "Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle", reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. "Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante", explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.
"Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar", reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. "Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros", lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién Es Quién
- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por "desbaratar bandas de delincuentes subversivos".

- Eduardo Smahá Borzuk, alias "Ruso", encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias "Piqui".

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias "Pájaro Loco", era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de "la sección investigación de la información", donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias "Mono", cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.
8 de octubre de 2011
7 de octubre de 2011
©página 12

los desaparecidos de la caja


Denuncian al interventor de la Caja de Ahorro y Seguros durante la última dictadura. La agrupación HIJOS pidió que se investigue a Héctor Walter por su responsabilidad en el secuestro de veintiséis empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Es el padre del candidato del PRO Pablo Walter, que proviene del bussismo.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Adrián Horacio García Pagliaro era empleado de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Fue secuestrado el 28 de marzo de 1977, cuando se retiraba de su trabajo. Los policías y el personal de vigilancia que estaban en el lugar cerraron las puertas para impedir que García Pagliaro se refugiara dentro. Sigue desaparecido. El 2 de junio, en la puerta de la misma institución, fue secuestrada Carmen Graciela Floriani, que fue llevada al centro clandestino Mansión Seré y luego liberada. La agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) denunció ayer ante el juez federal Daniel Rafecas a quien fuera interventor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el coronel retirado Héctor Walter, que es padre del candidato a diputado por el PRO Pablo Walter.
La denuncia realizada por HIJOS vincula a Walter con secuestros, desapariciones y posibles homicidios de 26 empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Según se menciona en la presentación judicial, Walter nació en Tucumán el 29 de abril de 1926, ingresó en el Colegio Militar el 12 de marzo de 1945 y egresó en 1947. Fue compañero de promoción de los jerarcas de la dictadura ahora condenados por delitos de lesa humanidad Antonio Domingo Bussi, Reynaldo Benito Bignone, Cristino Nicolaides, Llamil Reston, Adolfo Sigwald y Juan Bautista Sasiaiñ, entre otros. Walter se retiró del Ejército en 1974, pero el 24 de marzo de 1976 fue nombrado interventor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
En la denuncia que hizo ante la Conadep, la madre de Adrián García Pagliaro relató que su hijo "se desempeñaba desde 1972 en la Caja como ayudante, siendo delegado de oficina en la institución, y que el 28 de marzo de 1977 a las 17.15, cuando se retiraba de su empleo, fue secuestrado e intimidado por disparos de armas de fuego por seis personas vestidas de civil, de sexo masculino, que no se identificaron como pertenecientes a ninguna arma y que luego de golpearlo en reiteradas oportunidades, ante las miradas atónitas de sus compañeros y personas que transitaban, lo introdujeron en un Peugeot amarillo que era seguido por un Ford Taunus blanco con techo negro". La mujer destacó que "ambos vehículos y sus ocupantes estaban estacionados previamente en la playa reservada para la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), cuyo ingreso sólo estaba permitido a vehículos oficiales" y que "el procedimiento fue reservado por el personal de vigilancia y por un agente de la Policía Federal que estaba de custodia en la puerta de la institución que no sólo no intervinieron, sino que al intentar mi hijo reingresar a la institución, cerraron las puertas impidiéndole resguardarse y dejando encerrados dentro al resto del personal que se retiraba". Isabel García Pagliaro responsabilizó al interventor y a los jefes de seguridad del lugar. Y reveló que cuando le preguntó a Walter por lo que le había sucedido a su hijo, éste le contestó que "había sido secuestrado por elementos subversivos que habían ingresado a la playa del CAL con documentos falsos".
Carmen García Floriani contó que fue secuestrada y llevada a la Mansión Seré, donde fue torturada. Allí le dijeron que tenían a García Pagliaro.
"Walter es uno de los tantos personajes que aún no han sido imputados en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Está relacionado con personas que estuvieron secuestradas en Mansión Seré. Marca que el Poder Judicial todavía tiene mucho por investigar. Y creemos que no es casual que su hijo sea candidato del PRO. Fue senador por el bussismo y vocero de Bussi cuando tuvo que justificar su cuenta suiza. Mauricio Macri se escuda en personajes vinculados con la dictadura para formar su fuerza política", dijo a Página/12 Carlos Pisoni, de HIJOS.
8 de octubre de 2011
7 de octubre de 2011
©página 12

murió jack garner


Actor de cine y televisión y profesor de golf.
Murió el 13 de septiembre en una residencia en Rancho Mirage después de romperse una cadera en una caída hace poco el actor y profesor de golf Jack Garner, que aparecía frecuentemente en televisión con su hermano menor, James Garner -informó su familia. Tenía 84 años.

Nacido como Jack Edward Bumgarner en Norman, Oklahoma, el 19 de septiembre de 1926, fue el segundo de tres hermanos. Atleta completo en la secundaria, jugó béisbol en ligas menores antes de trabajar en una cancha de golf en Florida.
Se mudó a California en los años sesenta, se cambió su apellido a Garner y empezó a cantar en el club nocturno Cocoanut Grove en el viejo Ambassador Hotel y a actuar en televisión.
Apareció en decenas de películas en las series de su hermano James, ‘The Rockford Files’ en los años setenta y estuvo en el reparto de la serie de su hermano en 1981-82, ‘Bret Maverick.’ También tuvo roles secundarios en películas para la televisión en la serie ‘The Rockford Files.’
Garner, que también tuvo un puñado de roles secundarios en el cine, fue un jugador de golf profesional en el Oakmont Country Club en Glendale durante muchos años antes de mudarse a Palm Desert.
7 de octubre de 2011
22 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

violencia policial a la cidh


En una audiencia que se realizará 28 de Octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará a los representantes del programa Asesoría Ciudadana, del Instituto Igualdad, quienes denunciarán "violaciones de varios derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas" en Chile y criticarán la "normativa que las regula".
Santiago, Chile. El programa chileno Asesoría Ciudadana, dependiente del centro de estudios Instituto Igualdad, denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia fijada para el 28 de octubre en Washington, casos de violaciones de varios derechos humanos en el contexto de las recientes manifestaciones públicas, al tiempo que presentará cuestionamientos a las normativa que las regulan.
En un comunicado, este programa -que se presentará ante la Comisión como representantes de la sociedad civil chilena- dijo que su interés es que la CIDH "conozca lo que está ocurriendo en Chile y le manifieste al Estado chileno que los hechos de violencia no podrán volver a repetirse".

Objetivos
Nicolás Facuse, secretario ejecutivo de este programa, dijo a Nación.cl esperar "que la Comisión le recuerde al Estado chileno sus compromisos internacionales y le recomiende regular, de forma más cercana a la democracia, las convocatorias y el desarrollo de las manifestaciones".
Facuse apuntó también como muy importante el objetivo de que las autoridades chilenas "se comprometan a aclarar y castigar a los responsables de los abusos" de derechos humanos cometidos durante las manifestaciones.
Respecto a las convocatorias, Asesoría Ciudadana -agrupación de abogados que se dedica a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil-, ha criticado reiteradamente el Decreto 1.086 que establece todos los requisitos para solicitar autorización para realizar manifestaciones públicas, y ha exigido su modificación.
Para este grupo de asesores legales (formado principalmente por abogados y egresados de Derecho de las universidades de Chile, de Concepción y de Valparaíso) las autoridades deben hacerse responsable del accionar de la policía durante las manifestaciones públicas.
Al respecto, Facuse cuenta que su grupo ha asistido a varias de las manifestaciones realizadas en los últimos días, siendo testigos de abusos y visitando también comisarías para prestar asesoría a los detenidos.
En ese contexto, "el grupo ha iniciado una campaña para denunciar el abuso, ha interpuesto más de 15 querellas y se interpondrán otras decenas de denuncias de víctimas de abuso y represión", especifica el comunicado.

Asistencias
Respecto a la audiencia de fin de mes en Washington, Facuse explicó que su agrupación presentará un informe con casos a la Comisión (órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y cuya misión es cautelar el respeto y promoción de los derechos humanos en los países miembros de la OEA) y una copia al Estado chileno.
Respecto a la asistencia de las autoridades chilenas a esta audiencia, el secretario ejecutivo explicó que la Comisión cita a ambas partes, pero no hay claridad sobre si el Estado chileno se presentará al encuentro.
Ante esto Asistencia Ciudadana "espera que el Estado de Chile asista y responda a nuestra presentación".
7 de octubre de 2011
©la nación

prohibición de cannabis es ilegal


Marihuana medicinal: Suprema estimó "ilegal" prohibición del SAG. Tercera Sala, en forma unánime, acogió recurso de productora Agrofuturo Ltda. contra revocación del permiso para el cultivo de cannabis sativa con esos fines que había resuelto el Servicio Agrícola y Ganadero.
Santiago, Chile. El cultivo de marihuana con fines medicinales que pretende la empresa Agrofuturo Ltda, de la Región del Biobío, fue validado este viernes por la Tercera Sala de la Corte Suprema que en forma unánime acogió  el recurso en contra de la prohibición que determinó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El máximo tribunal determinó que la entidad de Agricultura no respetó el principio de igualdad ante la ley, al revocar un permiso inicial otorgado sin la realización de una audiencia previa en la que se permita exponer argumentos.
Destaca que inicialmente, el SAG había autorizado el cultivo, siembra, plantación y cosecha de cannabis sativa, sin embargo, "revocó" luego esa autorización tras una serie de consultas con otros organismos públicos sin aceptar la intervención de la empresa de Álvaro Gómez.

Detalles de la Resolución de la Suprema
En parte del fallo se señala que "la autoridad recurrida optó por emplear un ‘procedimiento de revocación’ que no resultaba admisible, especialmente porque no acepta la intervención de quienes podían ser afectados por la decisión".
"Si bien el órgano administrativo realizó un acto de su competencia, ejerció su potestad al margen de las formas legales, lo que le resta validez, tornándolo ilegal (…) Ha conculcado la garantía de los administrados recurrentes consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República", agrega.
Concluye que "la falsa aplicación de la normativa que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas hacía procedente el procedimiento de invalidación regulado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, potestad que exige como trámite indispensable la audiencia de los recurrentes en su posición de interesados, lo que no se llevó a cabo".
7 de octubre de 2011
©la nación

cruzada contra las libertades públicas


columna de lísperguer
Ministro Chadwick afirma que estudiantes quieren educación gratis para los ricos.
Yo creo que es de burros insistir, como hace el ministro Chadwick, que los manifestantes se vienen manifestando por la reforma de la educación desde hace cinco meses para pedir la educación gratis para los ricos. Además de ser una irritante distorsión de la posición de estudiantes y profesores -y de la opinión del 80% de los chilenos-, es de manifiesta mala fe. Resulta insólito que este ministro acuse a los estudiantes indignados de ser intransigentes. ¿Cómo podría saberlo si ni siquiera sabe interpretar correctamente el punto de vista de los proponentes de la reforma?
El proyecto de ley sobre el orden público es un claro intento de socavar las libertades públicas e intimidar a los ciudadanos, y es innecesaria. La incapacidad policial no puede ser encubierta por una ley autoritaria. El gobierno puede decir todo lo que quiera, pero desde que empezaron las manifestaciones estudiantiles los carabineros han ejercido una salvaje e injustificada violencia contra manifestantes, algunos de ellos niños de 12 o 15 años, y contra vecinos en general, arrojando bombas lacrimógenas en edificios, infiltrando las marchas, golpeando a los estudiantes en los buses, torturando, asesinando a Manuel Gutiérrez, agrediendo a niñas que bailan -y esas imágenes, además de indesmentibles, han dado la vuelta por todo el mundo. No se ha escuchado a ninguna autoridad de gobierno anunciar un proyecto de ley para castigar más severamente los abusos, atropellos, insolencias y violencias a que someten carabineros a los manifestantes.
Expresiones como "no nos va a temblar la mano" son impropias de un ministro, que no soluciona problemas blandiendo un arma. Ese tipo de frases hechas pertenecen al mundo de las películas de vaqueros, y ahí deben quedar.
lísperguer

asesinato de al-awlaki refleja cambio


Asesinato con avión no tripulado obedece a cambio en la lucha contra el terrorismo. Funcionarios estadounidenses dicen que aviones no tripulados o pilotados a distancia son baratos, seguros y una alternativa precisa para la guerra tradicional.
[Scott Shane y Thom Shanker] Washington, Estados Unidos. El ataque con un avión no tripulado de la CIA que mató a Anwar al-Awlaki, el publicista de la emergente filial de al Qaeda en Yemen, nacido en Estados Unidos, fue una demostración más de lo que funcionarios estadounidenses describen como una herramienta barata, segura y precisa para eliminar enemigos. También fue un indicio de que la campaña norteamericana contra el terrorismo empezada hace diez años, ha llegado a un punto de inflexión.
Desilusionados por los altos costes y resultados inciertos en Iraq y Afganistán, el gobierno de Obama ha adoptado decididamente el avión no tripulado, junto con acciones relámpago de pequeña escala, como la que terminó con la vida de Osama bin Laden en mayo pasado, como el futuro de la lucha contra las redes terroristas.
"Las lecciones de las grandes guerras son obvias", dijo Micah Zenko, del Consejo de Relaciones Exteriores que ha estudiado el asunto. "El coste en sangre y hacienda es inmenso, y el resultado es imprevisible. El respaldo público en casa está declinado hacia los niveles más bajos. Y la gente que has ido a liberar resiente tu presencia."
El cambio también es el resultado de los presupuestos recortados, que ya no cubrirán el despliegue de grandes contingentes en ultramar a costes anuales de casi un millón de dólares por soldado. Y ha habido mejoras en la capacidad técnica de los aviones pilotados a distancia. Uno de ellos detectó a Awlaki con live video en un mercado tribal yemení, donde es muy peligroso para las tropas estadounidenses.
Incluso los oficiales que defienden la campaña con aviones no tripulados reconocen que esas tecnología no son aplicables para todas las amenazas a la seguridad.
Sin embargo, el giro hacia los aviones no tripulados es un cambio extraordinario en la estrategia diseñada, subrayada por cambios en la dirección en el Pentágono y en la CIA. Hace apenas unos años, la contrainsurgencia hizo furor cuando el general David H. Petraeus utilizó su estrategia para revertir lo que parecía una situación sin salida en Iraq. Más tarde aplicó esas lecciones en Afganistán.
El resultado -medido en términos de estabilidad política, imperio de la ley y desarrollo económico-sigue siendo incierto en los dos países.
Ahora Petraeus (que prefiere ir por la vida con el título de director, antes que con el de generak) está a cargo de la CIA, que ha introdujo la campaña con ataques de aviones no tripulados en Pakistán. Ya no dirige las tropas cuyos números eran el corazón de la contrainsurgencia.
Y el ministro de Defensa es Leon E. Panetta, que supervisó la intensificación de los ataques con aviones no tripulados en la caótica área tribal de Pakistán mientras el director de la CIA, Panetta, el director de presupuesto durante la presidencia de Bill Clinton, debía encontrar un modo de salvaguardar la seguridad cuando el Pentágono apretara el cinturón.
Hoy, hay poco apetito político para los riesgos, costes y especialmente el largo cronograma que exige la doctrina de la contrainsurgencia, que implica construir sociedades y gobiernos que se encarguen gradualmente de la lucha contra los insurgentes y los terroristas dentro de sus fronteras.
La aparente simplicidad de un avión no tripulado, con su piloto dirigiéndolo desde Estados Unidos, puede ser engañosa. Detrás de cada nave hay un equipo de ciento cincuenta o más empleados, reparando y encargados del mantenimiento del avión y el montón de tecnología terrestre que lo mantiene en el aire, mirando horas de video y las señales de radio que recoge, y reuniendo la voluminosa inteligencia que es necesaria para realizar un solo ataque.
Oficiales de la Fuerza Aérea calculan que cuesta cinco mil millones de dólares operar la red de vigilancia aérea global, y ese monto está creciendo. El Pentágono pidió otros cinco mil millones para el próximo año para los sistemas de pilotaje remoto de aviones no tripulados.
Sin embargo, esos costes son pequeños en comparación con el precio de las grandes guerras. Un estudio de la Universidad de Brown, publicado en junio, estima que, para cuando las guerras terminen, Estados Unidos habrá gastado 3.7 trillones de dólares en Afganistán e Iraq.
Los aviones no tripulados pueden enajenar a menos personas. Han indignado a muchos paquistaníes, que resienten la violación de la soberanía de su país y las inevitables bajas civiles cuando los misiles fallan o son dirigidos con informaciones de inteligencia incorrectas. Pero mientras los expertos debaten sobre el alcance de las muertes de inocentes cuando los misiles caen en recintos sospechosos de albergar a terroristas, existe un amplio acuerdo en que los aviones no tripulados causan mucho menos víctimas no-intencionadas y producen mucho menos refugiados que la guerra terrestre o el bombardeo aéreo tradicional.
Sin embargo, existen preguntas sobre su legalidad. El equipo jurídico del gobierno de Obama debatió sobre si sería legal convertir a Awlaki en un blanco para ser asesinado -una propuesta que planteaba complejos problemas relacionados con los derechos constitucionales de Awlaki como ciudadano estadounidense, las leyes nacionales y el derecho internacional.
La Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia finalmente emitió un largo memorándum confidencial que concluía aparentemente que sería legal asesinar a alguien como Awlaki en circunstancias en que se creía que estaba planeando atentados contra Estados Unidos, y si no había modo de arrestarlo. La existencia de ese memorándum fue informada primero por el Washington Post.
El papel de los aviones no tripulados en el cambiante modo americano de hacer la guerra también ilustra la creciente militarización de la comunidad de inteligencia, a medida que las tecnologías de aviones no tripulados de la Fuerza Aérea para vigilancia y reconocimiento -y ahora armados con misiles Hellfire para ataques contra blancos terrestres- juegan un papel central en las operaciones de la CIA. La confusión de los límites de la inteligencia militar incluye a ex oficiales uniformados asumiendo altos cargos en el aparato de inteligencia y en unidades del comando militar realizando ataques bajo comando de la CIA.
Por más útiles que han hayan sido los aviones no tripulados para el contraterrorismo, su valor en otro tipo de conflictos puede ser más limitado. Contra algunos de los peligros potenciales de más envergadura -el poderío chino, por ejemplo, o Corea del Norte o Irán con armas nucleares-, probablemente los aviones no tripulados son sólo de valor marginal. Si se requiriese fuerza militar como disuasivo o para atacar, las fuerzas tradicionales llevarían la mayor parte de la carga.
Por supuesto, nuevos tipos de poderío aéreo han parecido a menudo seductores, porque ofrecen un tipo de guerra más limpia y de tecnología más alta. Oficiales militares dicen que están conscientes de que los aviones no tripulados no son la panacea.
"Es una de las muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición para perseguir a terroristas y otros", dijo un alto funcionario del Pentágono. "Pero es una herramienta que no es un arma por el arte de las armas. En muchos casos, estas armas se despliegan en áreas donde es muy difícil perseguir al enemigo con medios convencionales, porque estos líderes terroristas se instalan en algunos de los lugares más remotos."
De cierto modo, el debate sobre los aviones no tripulados versus el retiro de tropas en los primeros meses del gobierno de George W. Bush, cuando el nuevo presidente y su ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld, previeron que una revolución en la tecnología militar permitiría al ministerio de Defensa reducir sus tropas terrestres y reasignar los fondos a plataformas de inteligencia y armas ofensivas de precisión de larga distancia.
Luego llegaron los atentados del 11 de septiembre de 2001, y las guerras, primero en Afganistán y luego en Iraq, en las que las tropas de tierra realizaron la mayor parte de las misiones.
Zenko, del Consejo de Relaciones Exteriores, se preocupa sobre la creciente percepción de que los aviones no tripulados son la respuesta al terrorismo, apenas unos años después de que muchos oficiales creyeran que invadir y rehacer países sería el remedio. La reciente serie de exitosos ataques ha llevado a altos funcionarios del gobierno de Obama a sugerir que la desaparición de al Qaeda está a la vista. Pero la historia de los movimientos terroristas muestra que no terminaron casi nunca por la fuerza militar, dijo.
"Lo que se pierde son todos los otros instrumentos del poder nacional", incluyendo la diplomacia, la política comercial y la ayuda para el desarrollo", dijo Zenko. "Pero en estos días estas herramientas no son nunca adecuadamente consideradas, porque los aviones no tripulados reciben toda la atención."
[Charlie Savage contribuyó al reportaje.]
7 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

torturas y cárceles secretas en libia


Acusan a rebeldes libios de torturar a prisioneros.
[Kareen Fahim] Trípoli, Libia. Primero fueron las vendas, las esposas que te dejan cicatrices y las amenazas de muerte. Luego empezaron las golpizas y las descargas eléctricas. En la niebla del dolor, el detenido, que dijo que no había hecho nada malo, podría haber confesado cualquier cosa, recordó más tarde.
Las técnicas eran conocidas por los libios, pero no sus perpetradores: eran ex rebeldes, de acuerdo al detenido, un hombre de treinta y seis años que dijo que había trabajado en la inteligencia militar del gobierno del coronel Muamar al Gadafi.
El hombre, que pidió que no se publicara su nombre debido a que temía ser víctima de represalias de sus ex captores, contó que había sido detenido por ex rebeldes armados hace casi dos semanas, y retenido en un edificio durante cuatro días y torturado.
Fue imposible verificar inmediatamente su historia, pero mostraba lo que dijo que eran evidencia de torturas: enormes moretones y ronchas en sus piernas, rayas azules y negras en los muslos, y cicatrices en sus pies y tobillos, a los que, dijo, sus secuestradores conectaron cables eléctricos.
Más tarde fue trasladado a otro edificio en Trípoli, frente a las oficinas del gabinete del Consejo Nacional de Transición, el gobierno provisional de los ex rebeldes. Allá, en celdas con sangre fresca en las paredes, fue retenido durante otro día más, hasta que le dejó marchar, disculpándose, un oficial ex rebelde, dijo.
Ahora, dijo, se marcha a Túnez. "No confío en nadie en Libia."
Su caso ilustra la creciente preocupación sobre las brigadas armadas de los ex combatientes rebeldes en la capital libia que corrieron a llenar el vacío de poder después de que las tropas del coronel Gadafi huyeran de la ciudad hace más de un mes. En una ciudad con una autoridad central débil y un poder judicial reconstruido casi desde cero, los combatientes se han convertido en detectives, fiscales, jueces y carceleros, muchos de los cuales obedecen sólo a sus propios comandantes, o a nadie.
Los combatientes han detenido a miles de personas; algunos son posiblemente delincuentes, ex oficiales o soldados de Gadafi. Otros simplemente provienen de ciudades que se opusieron a la revolución. Algunos son retenidos en prisiones, otros en cárceles improvisadas y, a veces, también secretas.
Algunos son torturados. El calvario que vivió un detenido de 36 años presentaba similitudes con casos registrados por la organización Human Rights Watch en seis recintos de las fuerzas anti-gadafistas en Trípoli. En un informe dado a conocer el viernes, la organización dice que los detenidos denunciaron malos tratos, incluyendo golpizas y descargas eléctricas. Ninguno de los 53 detenidos entrevistados, dice la organización, han sido llevados ante un juez.
"Lo que estamos viendo es un síntoma de un problema fundamental", dijo Tom Malinowski, el director de la organización en Washington. "Los civiles tienen buenos planes, pero carecen de autoridad sobre las milicias." Malinowski atribuyó al gobierno de transición la autorización para que observadores visiten centros de detención y dijo que algunos eran bien administrados. Agregó: "Dudo que haya un funcionario civil que sepa dónde están todos esos centros."
Human Rights Watch denunció que muchas personas detenidas por las milicias, brigadas y otros grupos de seguridad asociados con el gobierno de transición eran africanos sub-saharianos o libios negros. En algunos casos, los guardias rebeldes de algunos centros de detención obligan a sus prisioneros sub-saharianos a realizar trabajo manual.
Los detenidos sospechosos de delitos más graves, como homicidio y violación, son los más maltratados, dice el informe.
El detenido de 36 años dijo que la muerte, no la culpa, había producido su detención y tortura después de que tratara de comprar un arma para reemplazar la que le había sido confiscada por los rebeldes. Pronto, el hombre fue acusado de suministrar armas a una célula de Gadafi.
A juzgar por sus acentos, supuso que algunos de sus secuestradores eran de la ciudad montañesa de Zintan. Uno de ellos se mostró amable, suavizando su venda y sus esposas. Otro le pidió que escribiera la historia de su vida en unas hojas de papel.
Se echó a llorar, recuerda. "¿Cómo voy a escribir la historia de toda mi vida? ¿Qué quieren de mí?"
Las golpizas empezaron al tercera día. Algunos guardias lo insultaron por haber sido un agente de inteligencia, y otros cantaban: "La sangre de los mártires no será derramada en vano." Lo colgaron del techo y lo golpearon en las piernas, dijo.
Al cuarto día fue transferido a un ex edificio gubernamental en Trípoli. Entre los otros detenidos, dijo, había algunos acusados de llevar un sombrero pro-Gadafi, varias mujeres y un hombre que habían ayudado al gobierno de transición a custodiar los documentos secretos del antiguo gobierno.
Lo trató un doctor, y uno de sus captores lo felicitó por haber sido liberado, y agregó: "Esta es una revolución limpia."
6 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer