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duret fue entregado en cristo redentor


El coronel condenado por el secuestro y la desaparición de Carlos Labolita fue entregado por la policía de Chile. Un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución, el militar condenado a 15 años de prisión se fue a Chile. Anteayer lo expulsaron y la policía chilena lo entregó ayer por la tarde a la Gendarmería en el Cristo Rendentor.
Argentina. La Policía de Investigaciones de Chile detuvo ayer al mediodía en la casa de un abogado amigo al coronel retirado Alejandro Duret, condenado a quince años de prisión en la Argentina por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad de Néstor Kirchner. A las cinco de la tarde, el represor fue trasladado al cruce fronterizo del Cristo Redentor donde fue entregado a la Gendarmería. Pasó la noche en la Unidad 32 de los tribunales mendocinos. El juez federal Carlos Rozanski pidió un lugar en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, donde será alojado para cumplir la pena. El coronel había cruzado la cordillera por Mendoza un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución.
No hubo necesidad de tramitar un pedido de extradición. El intendente de la VII Región de Chile, Rodrigo Galilea, firmó la orden de expulsión de Duret anteayer. Página/12 publicó el sábado pasado que el coronel había cruzado a Chile y curiosamente no había regresado con su ex compañero del arma de Artillería, el coronel Héctor Osvaldo Miranda. En medios diplomáticos estimaban que el gobierno de Sebastián Piñera optó por resolver rápido el tema y lo diferenciaron de la situación del ex camarista mendocino Otilio Romano, quien también huyó a Chile: "Romano está apenas suspendido por el Consejo de la Magistratura. Duret, en cambio, está condenado por delitos de lesa humanidad".
Los registros de Migración indicaron que Duret viajó en un Peugeot 206, patente EVC743 junto con Miranda y su esposa, Ana María Groppa, quienes regresaron a Mendoza en un par de horas. Miranda es socio de otro artillero, Francisco Casares, en la empresa de seguridad Kustos. Casares es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de San Luis. El entramado de vinculaciones que alimentaron las sospechas sobre cómo se enteró Duret de su inminente detención se completa con que Casares es el cuñado del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, pasado a retiro por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, acusado de operar en su contra.
El fiscal Daniel Adler advirtió que Duret se había ido del país y pidió de inmediato su detención. Una cuestión burocrática retrasó la ejecución del pedido. En el Tribunal que debía firmar la orden sólo estaba Rozanski ya que los otros dos integrantes del tribunal, Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris, tuvieron un accidente y pidieron licencia. Ante el pedido urgente de reemplazantes realizado por Rozanski, Casación designó dos jueces subrogantes. Finalmente ayer el propio Rozanski y Lidia Soto emitieron la orden lo cual le permitió a la Gendarmería recibir de manos de la policía chilena al represor expulsado.
Duret ya había viajado a Chile a mediados de septiembre. Su hijo Alejandro es instructor de esquí en Portillo y esta vez pasó a visitarlo antes de recalar en la casa de su abogado amigo, donde fue detenido.

El Horror
Labolita era un militante de la Juventud Peronista que estudiaba en La Universidad Nacional de La Plata. Compartió la pensión con Néstor Kirchner y más de un grupo de estudio con Cristina Fernández. La redada militar-policial que dejaba el tendal de víctimas entre la militancia apenas instaurada la dictadura convenció a Labolita y su compañera, Gladis, de volver a su pueblo, Las Flores. Los estaban siguiendo: a él lo detuvieron primero legalmente y lo convirtieron en secuestrado apenas lo trasladaron a Azul, regimiento donde actuaba el por entonces joven oficial Duret. La madre de Labolita y la propia Gladis, sobreviviente de aquel horror, identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo de secuestro. En el libro ‘La Presidenta’, de Sandra Russo, Gladis recordó que cuando la secuestraron a ella lo llevaron a él para que lo viera masacrado por la tortura.
En un fallo sin precedentes, los jueces Jarazzo y Esmoris desestimaron el testimonio de la madre de Labolita y absolvieron a Duret. Lo definieron como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del Regimiento y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul, por considerarlos potenciales imputados.
En el tribunal todavía recuerdan que en la primera hilera de la sala de audiencias la esposa de Duret departía con la esposa del juez Jarazzo. Mientras uno de los abogados del represor Eduardo Sinforiano San Emetero, ex chofer del general Otto Paladino y ex agente de la SIDE durante la dictadura, se regodeaba con la resolución del tribunal.
Ese fallo de agosto de 2009, apenas semanas después de que el kirchnerismo perdiera las elecciones legislativas, fue apelado. "Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado", escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín. "Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas", ironizaron.
El lunes pasado, Casación, en una decisión histórica, revocó la absolución del represor. Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos destacaron la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron "competencia positiva" en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Jaranzo y Esmoris lo dejaron en libertad.
Condenado ahora a 15 años de prisión, Duret pasó la noche en la Unidad 32 de los Tribunales Federales de Mendoza. La Gendarmería custodiará su traslado hasta el penal de Marcos Paz. Seguramente allí, en el pabellón de lesa humanidad, el coronel de 59 años encontrará un auditorio fiel para desarrollar la tesis que lo obsesionó durante su alegato en el juicio: sentenció que nada de lo que pasó en los ’70 hubiera pasado si Marx no hubiera escrito ‘El Capital’, y se quejó porque lo estaban condenando con el Código Penal del enemigo.
6 de octubre de 2011
©página 12

reconstitución ratifica asesinato


Ex sargento Millacura disparó contra Manuel Gutiérrez. Por más de cuatro horas duró se extendió el procedimiento encabezado por la fiscal militar Paola Jofré, que investiga la muerte del joven producida el pasado 25 de agosto en el marco del paro nacional de la CUT.
Santiago, Chile. La reconstitución de escena del fallecimiento de Manuel Gutiérrez, producido el 25 de agosto en el marco del paro nacional de la CUT, corroboró que los disparos que causaron la muerte del joven fueron realizados por el ex sargento de Carabineros Miguel Millacura Cárcamo.
El procedimiento investigativo fue encabezado por la fiscal militar Paola Jofré, duró por más de cuatro horas (comenzó a las 21:00 del miércoles y finalizó a las 1:30 de este jueves) y se llevó a cabo en la avenida Américo Vespucio, a la altura del pasaje Amanda Labarca.
Tras la reconstitución, la fiscal declaró que "se tomaron antecedentes y datos nuevos, pero finalmente se corrobora que efectivamente el disparo fue efectuado por el funcionario Millacura en el mismo lugar donde él dice que fue. Con las distancias y con el peritaje balístico se confirma que el ángulo es exactamente el mismo".
Los testigos Gerson Gutiérrez, hermano de la víctima, y Giussepe Ramírez, amigo, participaron de la diligencia.

Abogado: "Hay Pruebas para Establecer la Responsabilidad de Millacura"
Washington Lizana, abogado de la familia de Manuel Gutiérrez, se refirió al acusado y criticó su actitud, ya que "ha ido modificando su declaración a medida que se ha ido conociendo cada detalle y científicamente la manera en que ocurrieron los hechos".
Según el profesional, "el objetivo de él es tratar de justificar su accionar, planteando distintas coartadas. Primero negó los hechos, con posterioridad señala que él habría disparado al aire y después cambia su versión y dice que ya no fue al aire sino que en diagonal".
"Hay pruebas más que suficientes para establecer la responsabilidad de él y que el proceder que se realizó el día 25 de agosto fue injustificado", agregó.
6 de octubre de 2011
©la nación

perpetua para cuatro fascistas


Dictan perpetua para cuatro represores.
Argentina. En la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar contra 24 víctimas, entre ellas el escritor Francisco ‘Paco’ Urondo, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza dictó la máxima condena al ex comisario Eduardo Smaha, el ex policía Celustiano Lucero, el policía Alberto Rodríguez Vázquez; y el ex comisario general (re) Juan Agustín Oyarzábal. En tanto, Angel Bustelo fue penado con doce años de prisión por privación abusiva de libertad agravada y absolvió al al ex teniente Dardo Migno.
El proceso judicial que comenzó el 17 de noviembre de 2010 es el segundo juicio que se realiza en Mendoza por delitos de la dictadura, luego del realizado en San Rafael el año pasado.
6 de octubre de 2011
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el pacto de paz eln-farc


Un singular pacto de paz Eln-Farc. Luego de una cruenta guerra entre guerrillas en Arauca, que dejó mil muertos, estas sellaron un acuerdo de no agresión. VerdadAbierta.com revela cómo se fraguó este inusual pacto.
Colombia. A finales de agosto de 2010, los jefes de los frentes 10 y 45 de las Farc, conocidos con los alias de ‘Arcesio Niño’ y ‘El Viejo’, salieron de sus campamentos entre Tame y Fortul a un lugar desconocido de la frontera con Venezuela. Hicieron su recorrido sin agrado, sobre todo porque no les cayó bien la orden que les impartió el máximo jefe de esa guerrilla, Guillermo Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’: cumplirle una cita a los jefes del Frente Domingo Laín del Eln, con quienes llevaban cinco años de confrontación y sellar con ellos un acuerdo de paz. Cuatro fuentes diferentes que conocieron bien los hechos pero que prefieren no revelar sus nombres coincidieron en esta versión de cómo se dio este encuentro.
La orden también la cumplían a regañadientes los jefes del Eln en esa región, alias ‘Pablo’, ‘Lenin’ y ‘Nacho’, quienes por esos días habían logrado que las Farc se replegaran temporalmente hacia Boyacá, Casanare y los santanderes. El comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, cerró así el acuerdo pactado con Cano en diciembre de 2009 para finalizar la confrontación entre las dos organizaciones guerrilleras que se había originado cuando las Farc intentaron desterrar de Arauca al Frente Domingo Laín del Eln.
En la cita, los jefes guerrilleros debían firmar su paz, y, a su estilo, anunciar que no volverían a atacar a las comunidades y les devolverían los bienes que les habían arrebatado a la fuerza. Así fue cómo se cocinó esta suerte de ley del monte que el 14 de septiembre pasado cumplió un año en medio de temores.
Gabino y Cano pactaron cerrar las heridas provocadas tras continuas fricciones por temas como la injerencia en la clase política y las administraciones locales, los cultivos de coca, el secuestro, el cobro de vacunas a las petroleras y ganaderos, el manejo de los negocios en la frontera y la alianza que hizo con el Ejército alias ‘Ernesto’, comandante de la Comisión Martha Elena Barón del Eln, y quien fue fusilado por sus compañeros.

El Inicio de la Guerra
El Eln había llegado a Arauca en 1980 y conformó un frente al que bautizaron Domingo Laín, un sacerdote español que intentó seguir los pasos de Camilo Torres y quien murió en combate en El Bagre, Antioquia, el 20 de febrero de 1974. Los guerrilleros que llegaron buscando refugio a Arauca y que eran sobrevivientes de la Operación Anorí, realizada por el Ejército en Antioquia en 1973.
Los ‘elenos’ se ubicaron en el piedemonte y parte de la sabana, y como se iniciaba la exploración y explotación de petróleo, encontraron en la extorsión a las petroleras y a sus contratistas una jugosa fuente de financiación para recuperarse. Cuando no cedían a su chantaje, volaban el oleoducto causando estragos ambientales. Además, también a bala, empezaron a tomarse el poder político, imponiendo desde concejales hasta alcaldes y gobernadores.
Las Farc llegaron a la zona después, a mediados de los ochentas porque vieron el "éxito" que estaban teniendo sus pares del Eln y entraron a disputarle el dominio de la región. Fue así como, Jacobo Arenas, el jefe histórico de las Farc, decidió enviar a Arauca castigado por indisciplina a Germán Briceño alias ‘Grannobles’, hermano del jefe del Estado Mayor del Bloque Oriental (Embo), Jorge Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, a tomarse esa región.
En el inicio de esa confrontación, el Eln asesinó a Jesús María Piedrahita, conocido con el alias de ‘El Che’, quien era el segundo al mando de lo que se llamó el minibloque, un grupo de 500 guerrilleros compuesto por cuatro frentes y once compañías del Bloque Oriental al que habían destinado para la incursión en Arauca.
‘El Che’ cayó asesinado a manos de ‘La Ñeca’, uno de los mandos del Domingo Laín, en diciembre de 2006 cuando intentaban solucionar diferencias a punta de licor. A partir de ahí, ‘Grannobles’, ordenó borrar del mapa todo lo que tuviera que ver con los ‘elenos’ en Arauca, Boyacá y Casanare. El hermano del Mono Jojoy dispuso de toda su fuerza militar para acabar con el Eln.
La reacción del Eln a esta declaratoria de guerra hizo que el Comando Central de esta guerrilla –más conocido como el Coce- ordenara mover de Casanare hacia Arauca al Frente José David Suárez que se unió con el Domingo Laín, integrado por más de 400 hombres de 13 estructuras armadas y dos frentes de guerras, además de un grupo móvil conocido como Rungo o de explosivos y las Tropas Especiales. Estas últimas eran conocidas en la región porque fueron las que rescataron de la cárcel de Arauca en 2009 a Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, uno de los mandos del Coce y comandante del Frente de Guerra Oriental (FGO).
 "A partir de ese momento, la guerrilla dividió al departamento en dos: de un lado las Farc y del otro, el Eln", recuerda un habitante de Saravena que pidió anonimato.
Según el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Arauca, la confrontación armada provocó el desplazamiento de 54.000 personas entre 1998 y 2008. Sólo en el área rural de Arauquita 4.500 familias terminaron desarraigadas y veredas como Aguchica, El Oasis y Caranal, quedaron prácticamente desiertas. Además esta guerra entre guerrillas hirió o mató a unos 500 campesinos y militares con minas antipersona.
La Defensoría del Pueblo denunció que, entre 2006 y 2008, los grupos armados lanzaron toda suerte de amenazas a la población civil y en contra de alcaldes, diputados, concejales de Arauca y funcionarios municipales de Arauca capital, Tame, Arauquita y Fortul.
En 2008, la situación era dramática. En agosto de ese año, Codhes y la Defensoría revelaron que, además de los permanentes asesinatos selectivos en veredas y cascos urbanos del piedemonte araucanos, las guerrillas asesinaron a 50 líderes sociales y mil familias abandonaron la zona.
 Y la tragedia de los araucanos siguió empeorando. A la muerte y zozobra provocada por las dos guerrillas, miembros no desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca (BVA), las Águilas Negras y el Erpac, comenzaron a matar pobladores acusándolos de cómplices de ‘elenos’ o de ‘farianos’. La Fuerza Pública, según los campesinos, hizo las veces de espectador en unos casos y en otros dirigió sus operaciones militares acudiendo a informantes y desertores, quienes comenzaron a señalar a los habitantes. En esos operativos, de acuerdo con Codhes y las organizaciones sociales del departamento, se capturaron alrededor de 250 personas en detenciones masivas, a quienes sindicaban de ser colaboradores de la guerrilla.
En noviembre de 2008, por ejemplo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), denunció la detención por parte de la Policía y del Ejército, 10 labriegos afiliados a la Asociación Campesina de Arauca (ACA), y 13 líderes sociales de del municipio de Arauquita, todos sindicados de rebelión.
Al mismo tiempo, y pescando en río revuelto, antiguos integrantes de los paramilitares del BVA, las Águilas Negras y del grupo de Pedro Oliveros alias ‘Cuchillo’ conocido como el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), hicieron de las suyas en Tame, Saravena, Puerto Rondón y Cravo Norte, en donde comenzaron a amenazar y a cometer crímenes selectivos, con lo que terminaron por aumentar el drama de los habitantes de Arauca.
Desde 2007 hasta agosto de 2010, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Pastoral Social, el Obispo de Arauca, la Defensoría del Pueblo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Asojuntas, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional, la Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca, la Asociación de Educadores de Arauca, la Asociación de Mujeres por Arauca y los sindicatos regionales, entre otros, buscaron en vano llamar la atención del Estado para evitar que los siguieran matando.
Una de esas voces fue la del director de Caritas Arauca, padre Deisson Mariño, quien al valorar la respuesta de organismos internacionales y nacionales no estatales, advirtió que la crisis humanitaria del departamento empeoraba por la escasa respuesta de las autoridades, la ingobernabilidad y la poca credibilidad que la población tenía en las instituciones.
"La legitimidad de los mandatarios está cuestionada por las constantes denuncias e investigaciones que adelantan los organismos de justicia y de control por las alianzas oscuras hechas con grupos armados al margen de la ley para llegar al poder", señaló el director de Caritas, al tiempo que mostraba preocupación por los índices de corrupción política y administrativa y la cuestionada inversión de las regalías petroleras, que no ayudaba a mejorar el nivel de vida de los araucanos.

Los Intentos de Paz
La sociedad civil intentó hacer entrar en razón a los dos grupos guerrilleros. Para parar la matazón, la Conferencia Episcopal encargó al obispo de Arauca, monseñor Carlos Mesa Ruiz y a los sacerdotes Teodoro González y Deisson Mariño, a que conminaran a los jefes del Eln y las Farc a buscar un acuerdo que pusiera fin a la confrontación.
El 24 de diciembre de 2006, monseñor Mesa Ruiz y los dos sacerdotes fueron a una cita con los jefes del frente Domingo Laín del Eln, ‘Pablito’, ‘Lenín’ y ‘David’, en la que intentaron convencerlos de poner fin a la guerra con las Farc, para evitar que continuara el desangre de la población civil. Los guerrilleros dijeron que harían llegar las propuestas al Coce para negociar la paz pero no se pusieron de acuerdo.
Al tiempo, los dos bandos continuaron con la intimidación de la población. Los campesinos eran los que más sufrían con esta situación, y prueba de ello es que el Frente 10 de las Farc les notificó el 23 de marzo de 2006, lo que vendría más adelante:

"Población civil, simpatizantes de las dos organizaciones, milicianos del Eln, les invitamos a permanecer al margen de un proceso que debe ser definido por las fuerzas armadas, quien no lo haga es consciente de las consecuencias que traerá su acción, no vamos a atacar indiscriminadamente siempre tomaremos en consideración la responsabilidad individual", sentenciaron las Farc en un panfleto que distribuyeron en la zona.

Este fue uno de los interminables comunicados en los que tanto el Eln como las Farc se echaban el agua sucia. Salían en defensa de lo que consideraban sus bases sociales, hacían reflexiones sobre el daño a la población civil y en otros boletines de prensa cargados de encendida prosa política, aparecían como defensores de los civiles afectados y renegaban del enfrentamiento.
En esa confrontación, los dos bandos plantearon el desarrollo de dos modelos de revolución, pero terminaron devorándose entre sí.
Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en 2002, el gobierno implementó, como parte de su Política de Seguridad Democrática, cuatro zonas de rehabilitación en el país, y Arauca había sido uno de los departamentos escogidos. En la estrategia de las Fuerzas Militares se promovió la deserción de guerrilleros. Muchos huyeron de las filas guerrilleras y se convirtieron en informantes del Ejército, en especial de la Brigada XVIII.
El punto de quiebre de esta guerra llegó en 2006. Salvo en el municipio de Arauquita, el departamento de Arauca votó por la reelección de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que aún la política local estaba controlada por el Eln y las Farc, como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en dos fallos que profirieron contra el ex gobernador y ex congresista José Vicente Lozano Fernández y el ex gobernador y el también ex gobernador Héctor Federico Gallardo, por nexos con los grupos armados por procesos de Farc-política y Eleno-política.
"De manera progresiva, para los años noventa, especialmente a partir de 1992 el grupo insurgente se especializó en el apoderamiento de los dineros públicos a través de la contratación en las administraciones departamentales de Arauca (alcaldías, gobernación, gerencias de institutos descentralizados) contando con el apoyo de contratistas vinculados a la región, pero igualmente afectos a la organización subversiva", dijo la Corte Suprema de Justicia al condenar a Lozano Fernández el 10 de septiembre de 2010.
El fenómeno Uribe llevó a varias interpretaciones: habitantes de Arauca capital y Arauquita, concluyeron que su votación fue una especie de castigo a la guerrilla por todas sus arbitrariedades e incongruencias.
Lo problemático de la colaboración de los desmovilizados con la Fuerza Pública ha sido que muchas veces en lugar de denunciar a los guerrilleros, señalaron a sus víctimas: a líderes sociales, sindicalistas, concejales, diputados y aspirantes a la Gobernación, y estos, luego, fueron capturados y judicializados por la Fiscalía. Según informes de la Fundación Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con la política de Seguridad Democrática fueron detenidas más de 2.000 personas.´
Según la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), en la región aun no se olvida lo sucedido el 12 de noviembre de 2002, cuando luego de un operativo militar, llevaron a unas 2.000 personas detenidas al Coliseo Jacinto Jerez de Saravena. De éstas, 96 fueron conducidas a la sede del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro (Brigada XVIII) y finalmente 43 fueron judicializadas en llevadas a las cárceles de La Picota y Buen Pastor en Bogotá por más de tres años.
Cuando llegó el gobierno Santos al poder en agosto de 2011, las detenciones no siempre justificadas en el debido proceso, sino en el mero señalamiento de ex guerrilleros, han continuado. De acuerdo con la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), desde comienzos de 2011, ha habido un nuevo proceso de detenciones masivas.

La Negociación en la Frontera
Fue la ofensiva militar la que debilitó a las dos guerrillas en conflicto, y las forzó a buscar un pacto de no agresión mutua.
‘Gabino’ y ‘Alfonso Cano’ fueron los que finalmente discutieron y acordaron que sus jefes en Arauca debían encontrarse a discutir los términos de un "cese de hostilidades". Cano ordenó que los guerrilleros ‘Arcesio’ y ‘El Viejo’ se sentaran en un lugar de la frontera con Venezuela con ‘Pablito’, ‘Nacho’ y ‘Lenín’, del Frente Domingo Laín.
Al principio entre los guerrilleros hubo tensión, según le contaron a VerdadAbierta.com testigos de este encuentro, pero, luego entraron en confianza,  y comenzaron a discutir que era necesario un nuevo encuentro en el que se discutirían los límites y condiciones de la paz.
No era la primera vez que los mandos de estos frentes subversivos intentaban buscar una salida a la guerra a muerte que entre 2005 y 2010, llevó a la tumba a unos 500 civiles y más de 600 subversivos, según se deduce de cruzar las estadísticas del seguimiento al conflicto que hacen las organizaciones sociales, la Policía, Medicina Legal con las cuentas de habitantes en Arauquita, Tame y Saravena.
El escenario de paz que estaban buscando los guerrilleros en agosto de 2010, generaba dudas en la mayoría de los 274.000 araucanos. Sobre todo porque no se olvidaba el encuentro que tuvieron con los sacerdotes Meza, Gonzalez y Mariño, a finales de 2006, que sucumbió por la arrogancia de la guerrilla que pensó más en sus intereses que en las vida de miles de personas.
Las comisiones guerrilleras se volvieron a reunir dos veces más, en las que, además de recordar las épocas de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y los fracasados diálogos de Caracas y Tlaxcala, México, entre 1991 y 1992, definieron lo que sería el futuro de los dos grupos guerrilleros en Arauca.
Al son de estos recuerdos, reconocieron los mandatos de ‘Cano’ y de ‘Gabino’ quienes ordenaron poner fin a las confrontaciones, las agresiones contra la población civil y permitir el retorno de los campesinos a sus tierras. Además, aseguran las fuentes que estuvieron en la reunión o la conocieron de cerca, los jefes guerrilleros ordenaron a sus subalternos araucanos devolverle a la gente el ganado robado, devolver a sus manos la dirección de proyectos productivos y educativos que les habían quitado y las sedes de cooperativas y las juntas de Acción Comunal despojadas.
Según los líderes regionales que también conocieron de los puntos discutidos, el pacto de no agresión involucró frentes guerrilleros de Arauca, Casanare, Boyacá, y parte de los santanderes, hasta donde se había trasladado la guerra entre el sub-bloque de las Farc y el Domingo Laín.
También se registró otro debate que los mantuvo un tiempo ocupados y fue que Grannobles pidió trasladar de Arauca a los mandos regionales del Eln, pero curiosamente las cosas le resultaron al revés.
‘Cano’ sacó al hermano del ‘Mono Jojoy’ de Arauca, y lo reemplazó por alias ‘El Viejo’, lo mismo ocurrió con alias ‘Arcesio’ y ‘Misael’ del Frente 28, quienes fueron reemplazados por otros mandos cuyos nombres aún se desconocen.
También discutieron cómo se dividirían su guerra en Arauca. Y acordaron que las Farc se quedarían con Cravo Norte, el suroriente de Tame, Puerto Rondón y un tramo de Arauquita, desde la inspección de Aguachica hasta Panamá de Arauca, mientras que el Eln se quedó con los municipios del piedemonte Llanero.
Quedaron entonces dos puntos que producían los peores roces: el manejo de la frontera y el tráfico de gasolina.
Alias ‘Pablito’ les notificó a los guerrilleros de las Farc que no cedería este negocio y su interés era seguir controlando el contrabando de gasolina especialmente en las zonas de El Amparo, Isla Reinera, La Victoria, Puerto Contreras y Puerto Lleras.
Por último, los guerrilleros acordaron que, mientras se generaba confianza, no podía haber combatientes de otros grupos en las zonas repartidas, "ni tropa en territorios de una organización u otra y no se permite el paso de estructuras, columnas ni comisiones guerrilleras", como se conoció después en un comunicado.
Bajo esas circunstancias, el 14 de septiembre de 2010, finalmente, los guerrilleros del Eln y las Farc emitieron un comunicado en el que decretaron el fin de su guerra y se comprometieron a no seguir matando a los pobladores en sus zonas de influencia.
En el comunicado, leído en casi todas las emisoras del departamento, las dos antiguas guerrillas aceptaron la responsabilidad en la tragedia a la que llevaron a Arauca, se excusaron con los afectados y reconocieron los daños causados a la población civil. Algunas personas de la zona dicen que incluso los grupos guerrilleros indemnizaron a pobladores de algunas veredas por los daños que les causaron.
"Somos autocríticos en reconocer los daños y afecciones causadas a la población, son dolorosos los episodios y lamentable las consecuencias. Por tanto, presentamos nuestros sentimientos de consideración y excusas a todos los afectados", se leyó, en uno de los apartes del comunicado que también fue publicado en las páginas de internet de los dos grupos.
Algunas familias, con cierto temor, están regresando a sus veredas, según lo afirman voceros del Comité Permanente por los Derechos Humanos y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Pero a pesar de los mea culpa públicos y el pacto de las dos guerrillas, en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón y parte de Cravo Norte, los habitantes aún no están tranquilos. Saben que las fronteras invisibles trazadas por los guerrilleros en los municipios del piedemonte llanero son muy frágiles. Además, muchos sienten que ni las tardías y débiles excusas, ni el pacto de no agresión son suficientes para reparar las miles de vidas perdidas, el sufrimiento y sueños de progreso rotos. Siguen en la guerra y con ella seguirán trayendo sus miserias.
6 de octubre de 2011
29 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

duret será deportado


El gobierno chileno expulsará al represor condenado Alejandro Duret.
Argentina. El coronel Alejandro Duret, quien huyó a Chile la semana pasada luego de ser condenado por la Cámara de Casación Penal a 15 años de reclusión por el secuestro, la tortura y el asesinato de Carlos Alberto Labolita, va a ser depositado en la frontera por las fuerzas de seguridad chilenas para que pueda volver a la Argentina a cumplir su pena. El pasado martes, el Ministerio Público Fiscal pidió la captura internacional del represor.
El jueves pasado la Sala IV de Casación confirmó la condena de Duret, cuya responsabilidad en el crimen de Labolita había permanecido impune durante 35 años. El condenado, en lugar de ir a la cárcel, prefirió huir.
Hoy, el represor será expulsado de Chile y entregado a las autoridades argentinas para que cumpla su condena.
En abril de 1976, Duret se desempeñaba como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. El 27 de abril, Labolita fue detenido en su casa en Las Flores, donde había ido a protegerse porque evaluó que podía ser peligroso seguir viviendo en La Plata, donde compartió la militancia en la Juventud Universitaria Peronista y la pensión con el ex presidente Néstor Kirchner, quien al poco tiempo de asumir la presidencia lo homenajeó en su pueblo.
Ese día, Labolita fue trasladado de su casa al regimiento en Azul. Los policías que lo habían levantado de su casa pidieron, sin éxito, una constancia de la entrega y vieron a Duret ponerle una capucha al detenido que ese día pasó a estar desaparecido.
El 1º de mayo, un grupo de tareas allanó la casa de su familia acompañado por Labolita, quien tenía heridas visibles provocadas por la tortura. El jefe de esa patota era un oficial alto y rubio a quien, casi diez años después –en 1985–, la madre de Labolita identificó en un careo como Duret.
Los jueces platenses del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que estuvieron al frente del caso, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, consideraron que Duret era en 1976, cuando secuestraron a Labolita, un oficial de bajo rango –aunque integraba el Estado Mayor del regimiento– y decidieron descartar los testimonios de la madre de Labolita y de los ex policías que lo trasladaron a Azul, por considerarlos potenciales imputados. En consecuencia, absolvieron a Duret.
En agosto, en una audiencia ante la Sala IV de Casación, el fiscal Horacio Azzolin y el abogado César Silvo explicaron los problemas que detectaron en el proceso, como la discrecional selección de pruebas. "Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas contra el acusado", afirmaron Azzolin y el fiscal Daniel Adler al apelar el fallo. "Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidos", ironizaron. En consecuencia con estos argumentos, pidieron la condena del ex coronel. Los jueces que revocaron su absolución fueron Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda. Antes de que se conociera la sentencia, Duret "se fue de viaje" y cruzó la cordillera. Atravesó la frontera en auto desde Mendoza junto con otro militar y su esposa. A diferencia de Romano, el secuestrador de Labolita no llegó a solicitar asilo político en Chile. Su partida provocó la reacción por parte del Ministerio Público Fiscal, que pidió la captura internacional del condenado. Al volver, Duret deberá cumplir su condena en la cárcel.
6 de octubre de 2011
5 de octubre de 2011
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chacal contreras quiere salir a la calle


‘Mamo’ Contreras presenta recurso para que le den la salida dominical. Autor de cientos de asesinatos, fue condenado a más de 300 años y dos perpetuas.

Santiago, Chile. Ex director de la DINA recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago ante negativa de Gendarmería para concederle el beneficio. Alega que ya cumplió más de seis años preso por uno de sus crímenes. Hasta marzo pasado, estaba condenado a más de tres siglos de cárcel y a dos cadenas perpetuas.
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, ex director de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), presentó este miércoles un recurso de protección en contra de Gendarmería, porque la entidad le negó el beneficio de la salida dominical.
El general (R) Contreras cumple sus numerosas condenas en el penal Cordillera de Peñalolén. Entre los años 1974 y 1977, "El Mamo" encabezó la brutal represión del régimen de Augusto Pinochet en contra de cualquier tipo de disidencia.
Hasta marzo pasado, el ex director de la DINA estaba sentenciado a más de 300 años de cárcel y a dos cadenas perpetuas por diversos crímenes, entre ellos torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los más graves son los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats.
El "Mamo" Contreras recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago por estimar que tiene derecho a la salida dominical, después de cumplir más de seis años encarcelado por el secuestro permanente (desaparición) del mirista Miguel Angel Sandoval en 1975.
El tribunal de alzada capitalino solicitó a Gendarmería que explique las razones del rechazo para resolver en los próximos días el recurso del "Mamo". En opinión de Contreras, la negativa de la entidad carcelaria es "arbitraria e injusta".
El general (R) tiene 82 años (nació el 4 de mayo de 1929) y sufre de cáncer al colon, diabetes, hipertensión y trombosis.
El penal Cordillera se ubica al interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén. Este recinto y el de Punta Peuco, en Tiltil, no tienen problemas de hacinamiento. Todo lo contrario, son considerados penales "5 estrellas".
El domingo 6 de marzo pasado, en el blog "El once de un gran mes", Contreras escribió que "después de haber reflexionado profundamente acerca de la situación que viven los presos políticos militares (…) si el gobierno cumple con lo prometido y los uniformados regresan a sus hogares, seremos los primeros en apoyarlos para que continúen otro período".
5 de octubre de 2011
©la nación

fiscal peña conspiró para delinquir


columna de lísperguer
Fiscal Sabas Chauán pedirá informe a Fiscalía Sur por caso bombas.
Lamentablemente el caso del fiscal Peña no es un incidente aislado. El suyo sólo se agrega a una larga lista de actos que rayan en lo ilícito o son derechamente delictivos. No es posible creer que esto sea sólo producto de la incompetencia profesional del fiscal y sus subordinados. Es evidente que existía la intención de conseguir condenas a cualquier precio y para ello se manipularon evidencias, se falsificaron documentos y se plantaron pruebas. Si se hubiese el fiscal salido con la suya, algunos de los encausados hoy sobreseídos definitivamente, serían condenados a prisión perpetua. Estas conductas no pueden quedar impunes. El fiscal que mintió y manipuló e inventó pruebas y falsificó documentos y pagó a informantes debe ser castigado severamente, con su inhabilitación perpetua y pena de prisión. El fiscal conspiró y utilizó recursos del estado para arruinar permanentemente la vida de ciudadanos inocentes, acusándolos injustamente de terroristas, manipulando evidencias para marcarlos como culpables y pidiendo para ellos reclusión perpetua sabiendo que eran inocentes. ¿Sus motivos? Entregar al gobierno y a la opinión pública a un grupo de falsos culpables y ganar más influencia y prestigio y avanzar a zancadas en su carrera para consuelo y encubrimiento de sus propias deficiencias.
Por esto es además intolerable que el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, como el subsecretario Ubilla, minimicen el terrible daño que habría causado el fiscal Peña a esas personas y pretendan todavía que lo más importante no es que esos ciudadanos inocentes no estén en prisión y hayan recuperado la libertad y estén con sus familias, sino que los "atentados terroristas" con petardos han disminuido, estableciendo una relación no probada entre una cosa y la otra. En otras palabras, al fiscal nacional tampoco le interesa la verdad, sino los efectos de ciertos actos, pero concebidos de manera mágica. De él no se puede esperar nada serio.
El fiscal Peña debe ser excluido a perpetuidad de toda función relacionada con asuntos policiales y judiciales.
lísperguer

gobierno prefiere el matonaje


columna de lísperguer
Gobierno envía al Congreso proyecto de ley que sanciona delitos contra el orden público.

Este es un proyecto completamente innecesario que sólo surge de la necesidad del gobierno de tapar su propia incompetencia y sus propios errores y falencias, desviando la atención de la opinión pública: ciertamente, el delito que ha afectado a más chilenos (La Polar) no llama la atención del presidente, pese a que sería una buena oportunidad de imponer penas más duras para delitos de este nivel de conmoción social. Los delitos económicos graves, como el de La Polar y otras empresas similares, debiesen ser imprescriptibles y llevar la pena adicional de inhabilitación perpetua para cargos públicos y para participar en actividades económicas. Los graves delitos que cometen carabineros: torturas, malos tratos, humillaciones, allanamientos ilegales, destrucción de enseres, cobros ilegales, asesinato de manifestantes, montajes policiales, infiltración de movimientos sociales, seguirán igual, pese a que son muchísimo más graves que los destrozos que causan los encapuchados. Y los agentes del Estado (incluyendo las agencias de espionaje) que espíen a senadores y otros ciudadanos chilenos debiesen sufrir también penas duras. Esos eran los temas que nos ocupaban hasta la renuncia del general Gordon, y no los hemos olvidado.
El evidente intento de criminalizar las protestas sociales es una decisión infame y contraproducente que no ataca las causas del problema. Castigar a los estudiantes exaltados y a infiltrados ajenos al movimiento social, y dejar sin castigo de prisión efectiva e inhabilitación a los ejecutivos de La Polar, sólo puede explicarse de una manera: esos delincuentes de cuello blanco pertenecen a la misma clase que el presidente y han sido y son colaboradores y socios del presidente, y, como ha informado la prensa, pertenecen también a los círculos de amigos del presidente.
Quiere uno creer que los políticos binominales mostrarán sensatez y se abstendrán de aprobar este proyecto inútil. Esto es, si quieren tener alguna esperanza de ser elegidos democráticamente una vez que recuperemos la democracia, cuando en Chile vuelva a tener sentido el uso del voto como castigo. Si persisten, cuando vuelva la democracia los ciudadanos, y los otros chilenos que no lo son plenamente, ajustarán cuentas con ellos.
lísperguer