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por qué perpetua para todos


Lo que dejó el inicio de los alegatos en el juicio por robo de bebés en Paraná. Los querellantes solicitaron la pena máxima para los seis represores acusados por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro, ya que pidieron que se les aplique la figura de la desaparición forzada de personas para el caso del mellizo varón.
[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. Los propios querellantes reconocen haber formulado una acusación tan novedosa como osada para un juicio por robo de bebés, al solicitar que se aplique la figura penal de la desaparición forzada de personas para el caso del mellizo varón que Raquel Negro dio a luz en el Hospital Militar de Paraná mientras se encontraba privada de su libertad.
Así, el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos incorporó otro elemento que podría sentar un precedente judicial.
En su alegato, los abogados querellantes apelaron a una figura incorporada este año al Código Penal y que castiga "al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona" y considera que el hecho se verá agravado "si la víctima fuere una mujer embarazada o una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre".
Esta postura implica un cambio en el panorama que enfrentan los acusados Pascual Óscar Guerrieri, Jorge Alberto, Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González, Walter Salvador Pagano y Juan Antonio Zaccaría; y esto es así en virtud de que todavía se desconoce el paradero del mellizo varón. Si el tribunal admite esta tesis legal, los represores serían condenados a prisión perpetua. Pero, a sabiendas de que su tesis podría no ser recepcionada, los querellantes realizaron un pedido subsidiario para que se dicte una condena a 25 años de prisión, por considerar que se trata de dos hechos independientes de sustracción, retención y ocultamiento de menores y supresión de sus estados civiles, lo que duplicaría las penas previstas por cada caso.
Los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti, en cambio, coinciden en que se trata de dos hechos de sustracción de menores y supresión de estado civil, pero entienden que el criterio para el pedido de penas debe ser el que regía al momento en que se cometieron los delitos, en virtud del derecho de los acusados a que se les aplique la ley penal más benigna, y por eso pidieron 14 años de prisión para Guerrieri -el máximo posible-, 13 años para Fariña, Amelong y González, como autores mediatos; y 11 años Pagano y el médico Zaccaría, como partícipes necesarios.
Este asunto es parte de un debate jurídico no saldado aún. Hay quienes consideran que se trata de un delito de acción continuada, que en el caso de Sabrina Gullino cesó recién en el año 2008, pero que se mantiene para su mellizo; otros, en cambio, entienden que debe aplicarse el principio de la ley más benigna, vigente al momento en que se cometieron los delitos. Ese es el contrapunto central entre la segunda postura de los querellantes y la acusación del Ministerio Público Fiscal.
En la vereda de enfrente, los abogados defensores, que realizarán sus alegatos a partir del jueves, es posible que planteen que la sustracción de menores y la sustitución de identidad no configuran delitos permanentes y ni siquiera son de lesa humanidad y, por lo tanto, podrían pedir la prescripción de la acción penal, a pesar de que esa cuestión ya ha sido saldada por la jurisprudencia.

Lo Que Se Probó
Como sea, los acusadores coincidieron en que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, procedente del centro clandestino de detención La Intermedia, y que permaneció al menos 15 días en la sala de guardia, donde estuvo custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas.
Asimismo, consignaron que el parto fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio castrense y que tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.
Enseguida, los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva y luego trasladados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad. "No sabemos dónde estuvo el nene en esos seis días", advirtieron los querellantes.
Ambos egresaron del instituto privado el 27 de marzo y la nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano, en las afueras de Rosario, y luego dada en adopción legal. Hoy se sabe que se trata de Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, quien recuperó su identidad en 2008. "El destino del niño aún es incierto, continúa como desaparecido", apuntaron los abogados.
En ese sentido, consideraron que los represores trazaron una "versión falseada" para pretender que el mellizo varón había fallecido, con el objetivo de que nadie siguiera buscándolo. Los querellantes destacaron que Guerrieri, Fariña, Amelong, González y Pagano "son coautores por dominio funcional del hecho, por haber integrado un grupo que actuaba en la clandestinidad y en forma organizada; mientras que Zaccaría no tenía control sobre el destino de Raquel Negro, pero prestó una ayuda sin la cual el hecho no pudo haberse cometido" y concluyeron que en el caso de los integrantes de la patota, "el dominio del hecho les corresponde a todos; no son autores de partes sino coautores del todo"; mientras que el médico hizo aportes "imprescindibles" y "esenciales" para la concreción de los hechos.
9 de octubre de 2011
©rosario 12

dialogan sobre marihuana terapéutica


La comisión de Drogas y Alcohol de la Asociación Chilena de Municipalidades, se dio un plazo de 90 días para estudiar el tema y crear un informe para presentar al Congreso sobre la posibilidad de legislar sobre le uso medicinal de la droga.
Santiago, Chile. Tras el fallo de la Corte Suprema en referencia al uso medicinal de la marihuana, la Asociación de Municipalidades, a través de su comisión de Drogas y Alcohol, decidió crear una comisión amplia, que estudie el tema y emita un informe para ser presentado al Congreso, abriendo el diálogo en el tema de la marihuana terapéutica.
Los ediles, representados por el presidente de la comisión de Drogas y Alcohol de la asociación, el concejal Francisco Olea, proponen a través del trabajo de esta nueva entidad, un debate amplio y sin tabúes sobre el uso medicinal de la droga que hoy se encuentra tipificada como prohibida por la ley 20.000.
Olea señaló que se hace necesario el debate de esta materia, más cuando cada días más países hacen la distinción entre el uso recreativo y el recreacional de la cannabis sativa, recordando que Israel hace pocos meses legisló sobre la materia.

¿Droga o Medicina?
Agregó que el plazo fijado es de 90 días y se espera que las recomendaciones puedan ser enviadas al Congreso para enriquecer el debate legislativo.
"Nosotros esperamos que en 90 días esta comisión de análisis, comprensión, debate y recomendación, pueda entregarnos un informe, serio, profundo, coherente y con fundamento", dijo.
El concejal explicó que "no podemos cerrar los ojos ante el universo de temáticas que se están abriendo en un Chile moderno, en una sociedad altamente crítica y donde nuestros contribuyentes y vecinos quieren cada día opinar y que su opinión y su punto de vista sea valorado, respetado y considerado en definiciones de políticas públicas y obviamente en definiciones de políticas normativas".
Dentro de los convocados al debate están los municipios, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, el mundo académico y actores de la sociedad civil, entre ellos los editores de la revista Cáñamo, además del abogado Alfredo Morgado, en su calidad de jurista destacado.
9 de octubre de 2011
©la nación

ángela urondo habla sobre su padre


Cuando era chica, le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente de auto. Por cuentagotas, se fue enterando de la verdad. Angela Urondo, hija de Paco y Alicia Raboy, habla aquí de la reconstrucción de su identidad y del descubrimiento de su condición de niña secuestrada.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Tenía 16 o 17 años. Iba en el auto con su madre adoptiva. Salían del Club Náutico Bouchard, por Libertador, a la altura de la Escuela de Mecánica de la Armada. La mujer, que manejaba, soltó un insulto dirigido a un militar. Angela preguntó por qué. "¿Cómo por qué? ¿Vos me preguntás por qué? Si los militares mataron a tus papás." Angela se quedó helada, en shock, se le caían las lágrimas. En Vicente López la mujer volvió a hablar: "Pero si vos sabías... te lo dije muchas veces". Pero no. "A tus papás los mataron los militares, cómo no los puteás", es el primer registro de Angela sobre lo que a partir de ahí y de a poco comenzó a reconstruir como su propia historia. "Pero entonces... ¿y el accidente de auto?", se quedó pensando. Angela Urondo no vota, dice Angela Urondo. Angela Urondo no tiene un documento que diga Angela Urondo. Pero Angela Urondo existe. Y cómo. Dibuja, escribe, es esposa, madre de dos niños pequeños e impulsa varios juicios. El que acaba de terminar en Mendoza en el que se juzgó el asesinato de su padre y la desaparición de su madre, los procesos contra los funcionarios judiciales que hicieron todo lo posible para evitar que ese juicio se concretara y otro más, para recuperar su nombre, el nombre de sus padres en la partida de nacimiento y acabar con lo único que todavía la une a su familia adoptiva: los papeles, el DNI.
Angela Urondo es hija de Francisco ‘Paco’ Urondo y Alicia Raboy. Pero a ella no le fue tan fácil saberlo. El 17 de junio de 1976, en Guaymallén, Mendoza, el auto en el que viajaban los tres junto a René Ahualli fue
interceptado y atacado a balazos. Urondo, poeta, periodista y desde hacía unas semanas responsable de la regional Cuyo de Montoneros, les dijo a las mujeres que había tomado la pastilla de cianuro para que ellas se fueran, se escaparan. No era cierto. Lo asesinaron a los golpes, con un culatazo en la cabeza. Raboy fue secuestrada y llevada al D2, el centro clandestino más grande de la provincia. Hasta hoy sigue desaparecida. ‘La Turca’ Ahuali fue herida pero logró escapar. Angela tenía once meses. Fue encontrada por su familia veinte días después en la Casa Cuna. Antes, pasó también por el D2.
"Sé que estuve en el D2 y sé que estuve en la Casa Cuna, porque los recuerdo. Cumplí un año estando ahí. Siempre tuve sueños recurrentes y de grande me di cuenta que podían responder a estos lugares. Había como un jardín de infantes, como edificios con pabellones que se continuaban, habitaciones oscuras con niños, mirillas que se abrían en las puertas o ventanas angostas... Cuando me di cuenta, fui a Mendoza a buscar los lugares y los encontré. Soñaba con unas ventanitas angostas y largas por encima de la altura de la cabeza y eso está en la Casa Cuna. Hablé con unas señoras que trabajaban ahí desde aquella época y se acordaban de mí. Lo que no tengo es certeza de en qué momento fui trasladada del D2 a la Casa Cuna. Es muy impresionante porque yo dibujé esos lugares, hice cuadros, ensamblando tal vez dos o tres lugares, la perspectiva de una esquina, pero desglosando pedazos de arquitectura fui encontrando cosas muy particulares. Yo pensaba que del D2 me habían llevado enseguida a la Casa Cuna porque no sabrían qué hacer con los niños, pero durante el juicio escuché testimonios de otros sobrevivientes y hay muchos casos de chicos que pasaron por ahí y fueron llevados a la sala de torturas y tratados como si fuesen adultos. Fui tomando conciencia de mi propia situación y de que lo de los chicos fue sistemático. Se habla bastante de los niños apropiados, pero también hubo niños detenidos desaparecidos."
Por el asesinato de Urondo, la desaparición de Raboy y delitos de lesa humanidad contra otras 22 víctimas del terrorismo de Estado, el jueves fueron condenados en Mendoza a prisión perpetua el ex comisario Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smaha Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de prisión.

"Todos me preguntan cómo me siento después del juicio y siento alivio --dice Angela-- Pero también me pasa... hasta ahora el Estado siempre me había quitado: asesinó a mis padres, me quitó mi nombre y me quitó la posibilidad del resarcimiento porque había sido adoptada. Con el impulso del Ejecutivo, del Legislativo tuvimos este juicio. Y estamos trabajando en Mendoza para producir una limpieza en el Poder Judicial. Siento que el Estado me está devolviendo algo y eso de alguna forma desvictimiza. Si hubo dos crímenes, los asesinatos y las desapariciones y la impunidad, el primero no tiene forma de ser resuelto, el segundo sí, no por los 35 años que pasaron pero sí para el futuro".

El viernes, Angela se durmió pensando en los represores condenados en ese juicio que duró casi un año. En que seguramente se estaban adaptando al frío del pabellón, al olor de la cárcel, a los fideos moñito. Pero también en que tuvieron un proceso justo, con todas las garantías y que nadie los va a torturar ni violar y los van a cuidar si se enferman.

Los Principios de Angela
El pelo largo y abundante, los ojos grandes, los rasgos definidos, los tatuajes. Angela Urondo no pasa desapercibida. Tiene, lo que se dice, presencia. También habla segura, tal vez porque la mayoría de sus palabras son producto de reflexiones anteriores. Escribe en un blog Pedacitos los relatos con los que fue re-armando su vida. Y en otro, Infancia y Dictadura, recopila anécdotas, sueños, momentos vividos por quienes fueron niños durante el terrorismo de Estado.

¿Por dónde empezamos? –pregunta en la mesa de un bar del barrio del Abasto. ¿Por el principio?
¿Y cuándo es el principio? ¿Cuando nací, cuando me enteré, cuando me secuestraron? Creo que es a los 20, cuando supe la verdad.

¿Y antes cómo fue? ¿Cómo saliste de la Casa Cuna?
La compañera de mis padres que sobrevive avisa a Montoneros y a mi familia. Después de muchas vueltas por distintas instituciones logran averiguar que yo estaba en la Casa Cuna y me van a buscar. Me retiran, sin papeles, porque ya era viernes a la noche y porque el juez de turno se había ido a su casa. Mi tía paterna, Beatriz Urondo y mi abuela materna, Teresita, fueron a la Casa Cuna con una foto mía y la que era la vicedirectora del lugar me entregó. Ella misma me lo contó. Le muestran a la vicedirectora una foto mía y ella les deja verme. Yo me les prendo al cuello y ella ya no se atreve a separarnos y firma un acta haciéndose responsable de entregar esa nena a esas personas. Después se arrepiente. Va a la casa del interventor del Consejo del Menor y la Familia a explicarle y a decirle que nos podían ir a buscar al hotel. La que tuvo más actitud de encontrar algo fue mi tía, de hecho me encontró a mí en la Casa Cuna y además encontró el cadáver de mi papá y logró recuperarlo de la Morgue Judicial y enterrarlo acá en Buenos Aires. Le propuso a mi abuela ir a buscar a mi mamá y mi abuela tuvo mucho miedo. Creo que mi abuela pensaba que ella estaba muerta, pero ahora yo tengo mis dudas. Mi abuela le promete a mi tía que me iban a criar juntas pero en algún momento entre julio y diciembre cambia de opinión.

¿Y con quién te quedaste?
Mi abuela hizo algunas reuniones con sus hijos y la parte materna de la familia para decidir qué iban a hacer conmigo. Sentía que no podía hacerse cargo de mí, tenía leucemia y murió unos años después. Sentía que al quedarme con ella iba a sufrir una nueva pérdida. Por otro lado, mi hermana (Claudia, la hija mayor de Urondo, desaparecida en diciembre de 1976) reclamaba mi tenencia porque lo había hablado con mi papá, que si a alguno de los dos les pasaba algo, el otro se hacía cargo de los chicos. Ella ya tenía hijos. En el momento que mi hermana va a reclamar, mi abuela se escapa de esa situación. En diciembre, mi hermana desaparece y a mí me entregan a quienes mi familia materna decide que van a ser mis padres. Mi madre adoptiva era prima de mi madre biológica. Mis abuelas materna y adoptiva eran hermanas y muy cercanas. Vivían en la misma cuadra, en dos edificios que daban espalda con espalda y compartían el teléfono con el cable.

Pero hubo una decisión de ocultarte tu historia...
El marido de la prima de mi madre era un hombre que necesitaba tener un control absoluto sobre las cosas. Ellos estaban queriendo tener hijos hacía varios años (después tuvieron) y la situación que se dio no era lo que querían, pero era lo que más se acercaba a la posibilidad de tener hijos. El plantea que si va a ser el padre, va a ser el padre, todo el resto desaparece bajo la faz de la tierra. Ahí se termina de decidir la separación de mi familia, que era una familia muy expuesta, por el apellido, porque era muy politizada, pero era mi familia, era lo que me correspondía a mí.

¿Y qué te dijeron?
Siempre supe que era adoptada, pero no era algo que nadie mantuviera presente. Cuando tenía tres o cuatro años, jugando con mi prima detrás de una cortina, ella me dice "¿vos te acordás de tu otra mamá?". En cuanto me lo dijo, me acordé. Mi padre adoptivo reprimió la situación. Preguntaba por qué alguien me estaba hablando de eso. Yo seguía teniendo contacto con mi abuela biológica, pero ella no me hablaba de su hija, ejercía su rol de abuela, lo compartía con su hermana, pero nadie hablaba de mi madre, nadie la recordaba, no había fotos de ella. En el único lugar donde yo la vi era en las fotos del casamiento de mis padres adoptivos, ella aparecía entre los invitados, era una carita requetechiquitita y estaba ahí porque era el casamiento de ellos. Fotos de mi mamá existían y no estaban ahí para mí. A mi padre lo quisieron correr por algunas razones y por otras razones a mi madre también la fueron omitiendo.

¿Y de tu papá no decían nada de nada?
No había lugar para preguntar. Yo no preguntaba. Fui a vivir con esa familia cuando todavía no sabía hablar y ellos nunca me enseñaron a hablar sobre este tema, a hacer preguntas sobre este tema, no me enseñaron palabras que pudieran abordar este tema. Y yo no preguntaba.

¿Y tu mamá se había muerto porque...?
En un accidente de auto en Mendoza. En el accidente había una figura paterna nebulosa, él también había muerto ahí, pero como si ellos no supieran nada de él. Yo me entero en etapas. Primero creía que era hija de una madre soltera, después había un padre nebuloso, después tenía un nombre, se llamaba Francisco y no me acordaba cómo era el apellido. Y así fuimos hasta los 17 años. Ellos me responsabilizan a mí porque no preguntaba, como si hubiesen estado dispuestos a contarme todo. Yo tenía sueños espantosos que hubieran tenido lógica y no podía ponerles palabras. Me despertaba espantada porque había soñado con un jardín de infantes y unas puertas que se abrían y no podía verbalizar nada. Ahora entiendo muchas cosas, para mí fue muy aliviador saber la verdad porque muchísimas cosas tuvieron sentido. Todavía estoy atando cabos, todo el tiempo.

Los Urondo
Después del día en que recibió aquel "cómo no puteás a los militares si mataron a tus papás", Angela se fue enterando cosas por cuentagotas. Un poco más, cuando sus padres adoptivos se separaron. Algunos datos fueron apareciendo de a poco y ya no sabe cuándo los supo. "Tu papá escribía libros... de economía". Y ella iba, sin suerte, a las librerías a buscar algo sin saber bien qué. Una vez alguien le dio una foto en blanco y negro y, otra vez, la fotocopia de un poema. Pero sabe el momento preciso en que fue consciente de que tenía otra familia. Su familia.
En 1994, cuando los familiares de desaparecidos empezaron a recibir las indemnizaciones, su familia materna organizó un cónclave "para discutir si correspondía invitar a Angelita a que charlemos si quiere ir a cobrar o no". Decidieron que sí. Le preguntaron. Ella contestó que sí. "Era la primera vez que me invitaban a hacer algo como quien yo era", invoca.
Así fue, con su madre adoptiva, a la Secretaría de Derechos Humanos. Las atendió una chica joven. Angela dijo:

Vengo por la Ley 24.411.
Bueno, ¿tus familiares quiénes son?, le preguntó la chica.

Soy hija de Alicia Raboy y Francisco Urondo –cuenta que dijo y ahora agrega "que para mí no era nadie".

A la chica en cuestión se le llenaron los ojos de lágrimas.

¿Vos los conocías? ¿Eras amiga de ellos? –preguntó.
A tu mamá no la conocía, a tu papá sí. Leí sus libros.

Ah... yo no.

"Yo pensaba ‘qué le pasa a esta chica, si escribía libros de Economía, un embole’. Ella me miró como con compasión y estuvo a punto de regalarme un libro, yo le vi la intención. Pero estaba mi madre adoptiva al lado y se notó la situación."
Cuando el trámite volvió a sus cauces burocráticos, le pidieron el documento y resultó que, como tenía una adopción plena, no estaba acreditada legalmente para acceder al beneficio. "Había perdido mi carácter de heredera y mi derecho a cobrar la indemnización, no así quienes fuesen herederos directos de mis padres. Entonces decimos que en el caso de mi mamá los herederos pasarían a ser sus hermanos, y como ellos de alguna manera me habían propuesto ir a cobrar, supuse que no iba a haber problema. Pero de mi papá no tenía ni idea. Ahí fue la primera vez que pensé en quiénes serían los herederos de mi papá, si tendría padres, hermanos, hijos. De mi papá no sé nada, digo. Hasta ese momento yo tenía registro que existía un padre, el nombre del padre, pero nunca jamás pensé en que había una familia alrededor de ese padre. Nos vamos y en el auto, mi madre adoptiva empieza a hablar, a decir todo lo que sabía y hasta ese momento había sostenido que no sabía. Me dice que bueno... que creería recordar que mi papá habría tenido unos hijos antes con otra esposa, con lo cual serían más grandes que yo mis hermanos. A mí se me puso la piel de gallina, no podía creer que tenía hermanos en el mundo y no los conocía, que existían personas en el mundo que eran mis hermanos y yo me los podía haber cruzado en el colectivo. Y ella seguía hablando y decía que no estaba segura de si esos hermanos míos habrían sobrevivido a la dictadura, que ella creía que mi hermana mayor... –y yo veía que tenía una hermana mujer y un hermano varón– había sido desaparecida por los militares también. Ella sabía un montón de cosas que me las estaba largando como una fresca total. En ese momento yo dije que los iba a buscar y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias para obligar a esa familia a que me dé mi parte de la indemnización. A mí me acababan de dar permiso para ser hija de mis padres por la indemnización, así que yo me agarraba a eso. Ella me aclaró que mi hermana estaba muerta, que me encargue de buscar al hermano. Y a partir de ahí, un mes o dos meses después ya estaba en contacto con mi hermano, Javier".

Pero ¿cómo fue?
La mujer de mi hermano trabajaba con una mujer que había sido amiga de mi mamá de la secundaria, que a la vez era conocida de una amiga de mi madre adoptiva... hubo un permiso de que todas esas puertas se abrieran. Los contactos existieron todo el tiempo. Todo el tiempo ellos conocían, sabían. Ahí descubrí que tenía familia.

¿Y cómo fue el encuentro?
Una semana después, de la secretaría me preguntaron si yo tenía interés en contactarlo, que había alguien que podía llegar a conocerlo. Yo tenía que dar el OK para que le pasasen el teléfono. Javier me había conocido cuando yo era chiquita. Se acordaba de mí. Tenía fotos mías de bebé. Lo llamé pensando en escuchar la voz y cortar, pero no le pude cortar. Cuando me preguntó dónde estaba me di cuenta de que él no sabía de verdad dónde estaba yo. Se vino a mi casa. Mi madre adoptiva estaba presente en ese primer encuentro. Yo no entendía por qué no me habían venido a buscar, pensé que había sido una elección de ellos. En ese momento, con mi madre adoptiva haciendo el cafecito, mi hermano me explicó como pudo que las cosas no habían sido tan así, que ellos no habían tenido posibilidad de encontrarme, que les habían cerrado todas las puertas, y de a poco yo empecé a darme cuanta de que había estado cautiva para esa gente y después me di cuenta que había sido lo mismo respecto de mí, que ellos habían estado aislados de mí.

¿Y cuándo dijiste uy..., mi papá es Paco Urondo?
Nunca fui muy cholula en ningún rubro. Nunca tuve ídolos.

Bueno, pero hay algo que hace que, por ejemplo, la persona que te atendió en la Secretaría de Derechos Humanos se emocione.
Capaz me di cuenta ese día. Me pasó un día que escuchando la radio había unos viejos leyendo unos poemas. Los viejos eran Juan Gelman y mi papá y yo lo supe recién cuando terminó el programa. Y fue muy shockeante haber estado escuchando su voz. Igual, cuando yo me reencontré con mi familia no había sido rescatada su figura pública como hoy, que es mucho más fácil acceder a su obra y a la memoria de su persona.

¿Y cuándo fuiste entendiendo el compromiso político de tus padres?
Sobre la marcha. Cuando me encuentro con mi hermano y le pregunto por qué no aparecieron en veinte años, para entender eso tuve que empezar a leer libros de historia. A la vez, mientras estudiaba la historia, me estudiaba a mí misma en otro contexto, me ponía en situación todo el tiempo. Sentía que un montón de cosas tenían lógica y que yo también tenía un rol social.

¿Y ahora qué lectura hacés de ese compromiso?
Uno como hijo de desaparecidos pasa por muchas etapas. Por etapas de enamoramiento y por tener a los padres como idealizados y por etapas de muchísimo enojo y durísimas críticas y cuestionamientos, por ejemplo de por qué se dio prioridad a los ideales y no a los hijos, como si no fueran lo mismo. Más de grande uno tiene a sus hijos y también entiende que la vida no es ajena a la paternidad. Me costó mucho encontrar y reconstruir cuál había sido la militancia y la vida de mi mamá. Mi papá escribía sus propias ideas, yo ya no necesitaba intermediarios, nadie que me contara como era. El me lo estaba contando todo el tiempo. El dejó obras que yo no puedo leer de manera abstracta, todo el tiempo creo que lo que escribió me lo escribió a mí en clave, porque todo tiene un sentido especial, aunque lo haya escrito muchos años antes de saber que lo iban a matar, él está dando un contexto a esa situación que después iba a ocurrir. Y a partir de que empiezo a tener acceso a todo esto empiezo a sentir la falta de mi mamá. Recién este año pude ir averiguando a raíz de una mujer que se contactó conmigo que había militado con ella, pude ir recuperando lo que fue la militancia de mi mamá entre el ’74 y el ’76. Por eso también el juicio me emocionó especialmente por mi madre.

También hay una crítica tuya a la supuesta moral de las organizaciones armadas, porque a ellos se los cuestionó como pareja.
Creo que mis padres fueron leales hasta último momento con la organización y la organización no les fue igualmente leal, por el hecho de que mi papá inicia una relación con mi mamá sin haberse separado de otra mujer. Ella se entera, se enoja y lo manda a enjuiciar. Y ella estaba a cargo de toda la rama femenina de Montoneros, era una mujer con mucho poder. A mi papá le hacen juicio revolucionario y se decide su traslado a Mendoza a pesar de que él había pedido que no lo mandaran a Mendoza o a Santa Fe porque eran lugares donde había vivido y lo podían reconocer. No era su deseo dar la vida, pero no se descomprometió de la situación. Creo que algún día después de que todos los genocidas estén presos y que esté claro que ellos son los genocidas, habría que hacer algún tipo de revisión, creo que nos deben alguna explicación sobre la desprotección.

¿Qué te pasó cuando fuiste al juicio la primera vez?
Todos me preguntaban qué te pasa con ver a estos hombres por primera vez y yo decía "no, yo a ellos ya los vi". Es muy duro. Uno de ellos, Eduardo Smaha, se me quedó mirando a los ojos y nos mantuvimos la mirada por cinco minutos. Yo me acuerdo de él. No sé qué con él. Pero me acuerdo de esa cara. Me inquieta más lo que no me acuerdo que lo que sí me acuerdo.

¿Cuál es tu situación con tu nombre?
Todavía sigo en situación de adoptada, pero firmamos un acuerdo de desvinculación y espero que salga pronto.

¿Con las condenas de esta semana cerrás una etapa?
Desde que supe mi historia sentí que esto debía ocurrir. No podía entender cómo había impedimentos legales para que esto ocurriera, por qué no había habido justicia. No lo vivo como algo feliz. A veces la gente confunde y piensa que uno celebra. Para mí es muy triste tener que pasar por esto. Darte cuenta que pasaron un montón de chicos por salas de torturas, es horrible. Pero además de lo personal, siento que los juicios terminan con discusiones que se dan en la cola del banco, en la vereda, en el taxi, con gente que cree que tiene derecho a opinar que algo habrán hecho. Ahora todas esas discusiones se dirimen del otro lado del blíndex que nos separa del juez, en la sentencia. Falta mucho camino por recorrer. Hay muchos genocidas sueltos. A por ellos.
9 de octubre de 2011
©el país

qué pasó con josé lagos


La dura y triste realidad del jardinero que aclaró violaciones de derechos humanos.
Santiago, Chile. José Lagos, testigo clave en el juicio contra Michael Townley por la muerte de Carmelo Soria y Orlando Letelier, vive con una pensión de gracia de $83 mil que no le alcanza para cubrir los gastos de su esposa que sufre Parkinson y demencia senil. Avergonzado, asegura que no ha recibido ayuda de ningún familiar de las víctimas a las cuales, arriesgando todo, ayudó.
"Este es el pago de Chile", asegura don José Lagos con los ojos llenos de lágrimas y destapando la olla con el desayuno, almuerzo y cena del día, un caldo transparente donde flota un poco de papa picada y algo de verduras.
Testigo clave en el juicio de los asesinatos del diplomático español Carmelo Soria, el ex vicepresidente Bernardo Leighton, el ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier y del ex químico militar Eugenio Berríos, el hombre de 66 años sólo recibe una pensión de gracia de $83 mil.
Dinero que sumado a la pensión de su esposa, Delia Santander (67), suman un poco más de $160 mensuales que deben estrujar para comprar los remedios que ayudan a controlar las crisis diarias de la mujer que sufre de Parkinson y demencia senil. Las cuentas básicas del pequeño departamento de San Bernardo, la comida y la ropa son gastos secundarios para la pareja que lleva 50 años de matrimonio.
El apoyo que le dan sus vecinos ha sido el empujón de caridad que le han permitido a José Lagos enfrentar su triste y durísima realidad. A veces son ellos que la cuidan para que él salga a hablar por teléfono o hacer algún trámite. También los que la ayudan a cargarla en sus crisis, trasladarla al consultorio o, simplemente, conseguir algo para echarle a la olla.

Consecuencias
"No me importa no tener luz y agua, me importa poder tener bien a la Delia y para eso son necesario sólo los remedios. Ella es mi vida, no renunciaría nunca a estar a su lado y por eso me atrevo a pedir alguna ayuda al gobierno o a las familias a las que ayudé con mi testimonio", cuenta el ex jardinero de Michael Tawnley.
El matrimonio, que trabajó durante 4 años en las labores domésticas de la casa de Vía Naranja bajo las órdenes de Mariana Callejas, hoy sufre las consecuencias de todo el estrés, miedo y persecución que vivió por agentes de la Dina.
"Todo esto es consecuencia de haber contado lo que vivimos, no me arrepiento porque, sino, hasta ahora no se sabría nada de esas personas. Pero me da pena que Chile no me agradezca ni siquiera con una silla de ruedas o pañales para mi esposa, que son cosas indispensables para su diario vivir", confiesa don José mientras mira sus manos dañadas por la artritis reumatoide que lo aqueja.

Necesidades
Delia se atiende de manera gratuita en el consultorio Raúl Braña de San Bernardo gracias a que el Parkinson esta incluido en el programa AUGE, y por el cual recibe de manera periódica ‘Quitalpina’, pastillas para tratar su enfermedad.
El problema: los medicamentos que le entregan en el centro de salud no son los que ella realmente necesita, por lo que el propio médico debe entregarle recetas para comprar fuera del consultorio ‘Asicot’, remedio que puede llegar a costar casi $60 mil la caja.
"El 13 de mayo de este año el abogado Nelson Caucoto envió una carta al Presidente Sebastián Piñera, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, contándole mi caso y pidiendo un aumento de mi pensión de gracia para poder solventar los gastos de mi esposa. Todavía no tengo ninguna respuesta", cuenta Lagos.
El Parkinson es una enfermedad degenerativa que tiene a Delia con un diagnóstico de "postrada moderada" que no la deja movilizarse por sus propios medios, pero que no es suficiente para entrar al "programa de apoyo a cuidadores de postrados severos" que entrega el estado, o hacerla acreedora de una silla de ruedas.
9 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
©la nación

atentado no fue delito de ddhh


Los atentados de la guerrilla no fueron delitos de lesa humanidad. Debate saldado. A partir de la decisión del juez Bailaque de hacer lugar a un pedido para que se reabra una causa prescripta por el atentado a un micro de la policía rosarina en el 76, abogadas de derechos humanos señalaron que "no fue un crimen de lesa humanidad".
[Lorena Panzerini] Argentina. Abogadas querellantes en causas que se siguen en Rosario aseguraron que el atentado explosivo que se adjudicó Montoneros en setiembre de 1976 --en un micro donde se trasladaban 32 policías-- "de ninguna manera es un crimen de lesa humanidad". En el hecho murieron nueve efectivos y dos civiles, y ahora el hijo de uno de los policías fallecidos reclamó a la Justicia Federal que se reabra la causa prescripta como una "reparación histórica". Según indicó el abogado del demandante, el juez federal Marcelo Bailaque hizo lugar al pedido, pero no confirmó que sea un hecho de lesa humanidad. "Sería como intentar que se investigue un hurto cometido 30 años atrás", señaló Gabriela Durruty, quien se manifestó en contra de la resolución de Bailaque, junto con las abogadas Jésica Pellegrini y Daniela Asinari. En ese marco, aseguraron que "se intenta reeditar un debate que hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene saldado, y que es el caballito de batalla de los sectores que defienden los crímenes de la última dictadura militar". Para las abogadas, el juez "debió desestimar inmediatamente la denuncia, por ser un delito claramente prescripto". Aunque ya se habían intentado reapertura de causas, ésta es la primera vez que se hace.
Luego de que Gabriel Alfonso, hijo del oficial fallecido Domingo Alfonso, presentara una demanda para que el hecho sea considerado delito de lesa humanidad y se reabra la causa, el juez habría resuelto a su favor, aunque se trata de un delito prescripto. En este sentido, las letradas del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario indicaron que "la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) ratificó que los atentados de la guerrilla no son delitos de lesa humanidad: en un fallo del 24 de marzo de este año, el máximo tribunal penal del país emitió un pronunciamiento en el que dejó clara la diferencia entre el terrorismo de Estado y la acción de las organizaciones armadas de los ’70. No pueden parangonarse con los crímenes cometidos por la dictadura. No son lo mismo. Aquí no hubo una guerra".
Por su parte, la abogada Ana Oberling dijo a LT8 que "es una estrategia de la derecha, que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino".
En tanto, insistieron con "hacer hincapié en estos conceptos a fin de evitar su tergiversación y su utilización por parte de los sectores que están intentando reactivar la teoría de los dos demonios y de la existencia de una guerra en el país, que justificaría el genocidio perpetrado por la última dictadura militar y que obligan a la Justicia a pronunciarse y actuar claramente rechazando de plano estos intentos".
Para las letradas, "lo que debe hacer el fiscal (Marcelo Degiovanni) es cumplir con la normativa nacional e internacional en la materia y establecer que se trata de un hecho que no puede ser objeto de investigación alguna por los mismos motivos".
A modo de ejemplificar la "ilegalidad" de la situación, las letradas citaron un fallo publicado el 24 de marzo pasado, en el que fueron sobreseídos por "prescripción" ex integrantes de la agrupación Montoneros. En tanto, en el caso de José María Salgado y Rodolfo Walsh, también sindicados como autores, no pudieron ser sobreseídos: el primero está muerto y el segundo, desaparecido desde 1977. En este caso, la investigación giraba en torno a un atentado de Montoneros del 2 de julio del ’76, en Buenos Aires, cuando estalló un artefacto explosivo en el casino de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal.
En aquel momento, los familiares de algunos de los muertos, representados por el ex juez de la dictadura Norberto Angel Giletta y José María Sacheri, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, "iniciaron la acción judicial para poner a un mismo nivel los atentados guerrilleros y la represión de Estado". Sin embargo, la sala primera de la Casación, con las firmas de los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Mariano González Palazzo, estableció la diferencia: "Los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados sus derechos básicos por el delito, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad es atacada y anulada".
Puede definirse como crímenes contra la humanidad a una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio, el encarcelamiento, la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz.
8 de octubre de 2011
©rosario 12

represión de inmigrantes como negocio


Compañías utilizan represión contra la inmigración para hacer plata.
[Nina Bernstein] Los hombres se aparecieron por un pequeño pueblo en el campo de Australia a principios del año pasado, ofreciendo buenos dólares por los alojamientos disponibles. En cuestión de días, su compañía, Serco, estaba trayendo reclutas de destinos tan lejanos como Londres, y llevándolos desde los remolques para trabajar como gendarmes en turnos de doce horas en un remoto campamento donde se detiene indefinidamente a inmigrantes que solicitan asilo.
Australia ha dejado en manos de compañías de seguridad privadas la administración de centros de detención en lugares como Perth.
Es sólo una pequeña muestra de un esquema que se repite en tres continentes, en los que un puñado de compañías de seguridad multinacionales están convirtiendo la represión de los inmigrantes en una floreciente industria global.
Especialmente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, gobiernos de diferente orientación han dependido de esas compañías para extender la detención y mostrar a los votantes que están implementando leyes de inmigración más duras.
Algunas de las compañías son enormes -una de ellas está entre los mayores empleadores privados del mundo- y dicen que satisfaciendo la demanda más rápidamente y a menor coste que lo que podría hacer el sector público.
Pero el auge de la detención privatizada se ha visto acompañada por duros informes de inspección, demandas y denuncias de abusos y abandono generalizadas, a veces con consecuencias letales. Organizaciones de derechos humanos dicen que la detención no ha ni funcionado como disuasivo ni ha acelerado la deportación, como dicen los gobiernos, y algunos se preocupan por la creación de un "complejo de detención industrial" con su propia dinámica.
"Son muy buenos en los folletos elegantes", dijo Kaye Bernard, secretario general del sindicato de trabajadores de la detención en territorio australiano en las Islas Navidad, donde el año pasado estallaron disturbios entre solicitantes de asilo y guardias. "En el terreno, es casi ridículo el caos y la incapacidad de funcionar."
Las cárceles privadas en Estados Unidos han provocado polémica desde el principio. Pero mientras que ha habido estudios contradictorios sobre sus costes y beneficios, no existen comparaciones sistemáticas para la detención de inmigrantes, dicen académicos como Matthew J. Gibney, politólogo de la Universidad de Oxford que estudia sistemas de inmigración.
Sin embargo, Gibney y otros dicen que las deficiencias de la tercerización de la implementación de la ley de inmigración se han hecho evidentes en los últimos quince años. "Cuando algo sale mal -una muerte, una fuga-, el gobierno puede atribuirlo a una especie de error de mercado antes que a un error de contabilidad", dijo.
En Estados Unidos -con casi cuatrocientas mil detenciones en 2010, de 280 mil en 2005- las compañías privadas controlan ahora casi la mitad de todas las camas de detención, en comparación con sólo el ocho por ciento en prisiones federales y estaduales, de acuerdo a cifras oficiales. En Gran Bretaña, siete de once centros de detención y la mayoría de los sitios de detención breve para inmigrantes son dirigidas por contratistas privados.
Ningún país ha tercerizado más completamente la implementación de la ley de inmigración, con más resultados inquietantes, que Australia. Bajo leyes de detención inusualmente severas, el sistema ha sido dirigido por una sucesión de tres compañías que cotizan en la Bolsa desde 1998. Las tres son ahora actores importantes a nivel internacional del negocio de encerrar y transportar a extranjeros indeseados.
La primera, la compañía de prisiones GEO Group con sede en Florida, perdió su contrato australiano en 2003 en medio de las conclusiones de una comisión de que los niños detenidos eran sometidos a tratos crueles. Una auditoría del gobierno australiano informó que el contrato no había entregado el valor de la inversión. En Estados Unidos, GEO controla siete mil de las 32 mil camas de detención.
La segunda compañia, G4S, un conglomerado anglo-danés con más de seiscientos mil empleados en 125 países, fue responsabilizada por abandono con resultado de muerte y uso abusivo del aislamiento en Australia. Hacia mediados de la década pasada, después de que niños refugiados cosieran sus labios durante huelgas de hambre en campamentos como Woomera y Curtin, y comisiones del gobierno descubrieran que los ciudadanos australianos y residentes legales estaban siendo detenidos arbitrariamente y deportados, las protestas empujaron al Partido Liberal en el gobierno a desmantelar algunas partes del sistema.
Pero en 2009 después de un promisorio retorno al trabajo del sector público, un gobierno laborista otorgó un contrato de cinco años de 370 millones de dólares a Serco. Desde entonces el valor del contrato ha aumentado explosivamente a 756 millones de dólares, los recintos de detención se han cuadruplicado, a 24, y el número de detenidos pasó de mil a seis mil setecientos.

Problemas Peligrosos
El año pasado, disturbios, incendios y protestas suicidas causaron millones de dólares en daños en centros dirigidos por Serco desde las Islas Navidad hasta Villawood, en las afueras de Sidney, y las agresiones suicidas por detenidos aumentó en doce veces, muestran documentos del gobierno. En agosto, un informe de una inspección oficial mencionó condiciones de hacinamiento peligrosas, personal inadecuado y mal preparado, ausencia de control de crisis y ninguna exigencia de que Serco aumente su personal cuando la población supere su capacidad.
En el centro de detención de Serco en Villawood, un inmigrante habló de detenciones prolongadas e indefinidas, que los vuelven locos. Alwy Fadhel, 33, un indonesio cristiano que dijo que necesitaba asilo contra la persecución islámica, mostraba largas matas de pelo negro después de más de tres años de detención, entrando y saliendo de la celda de castigo.
"Hablamos solos", dijo Fadhel. "Hablamos con el espejo. Hablamos con las paredes."
Naomi Leong, una tímida niña de nueve años, nació en un campo de detención. Durante más de tres años, a un coste de cerca de 380 mil dólares, ella y su madre fueron retenidas detrás de alambre de púa. Los psiquiatras dijeron que Naomi estaba creciendo muda, se golpea la cabeza contra las paredes mientras que su madre, Virginia Leong, una ciudadana de Malasia acusada de tratar de utilizar un pasaporte falso, se hundía en la depresión.
Naomi y su madre se convirtieron en una causa célebre en protestas contra el sistema de detención obligatoria, lo que condujo a la liberación de ambas con una escasa visa humanitaria. Ahora son ciudadanas.
"He venido a traer un poquito de esperanza a la gente" dijo Leong durante una visita reciente a Villawood, donde los carteles exhiben los principios con que se rige Serco, que empiezan con "fomentamos una cultura empresarial."

Soluciones de Libre Mercado
Las compañías dicen a menudo que perder un contrato es la última responsabilidad.
"Estamos agudamente conscientes de nuestras responsabilidades y estamos comprometidos con dar un tratamiento humanitario, justo y decente a todos los que está bajo nuestra custodia", dijo un portavoz de Serco en un e-mail. "Seguiremos trabajando con nuestros cliente en todo el mundo y trataremos de mejorar los servicios que proveemos."
Pero los contratos de detención perdidos son escasos y son fácilmente reemplazables en este siempre creciente negocio. La carpeta de diez mil millones de dólares de Serco incluye muchos otros negocios, desde el control de tráfico aéreo hasta el procesamiento de visas en Estados Unidos, mantenimiento de armas nucleares, vigilancia por video y programas de asistencia social al empleo en Gran Bretaña, donde también administra varias cárceles y dos "centros de remoción de inmigrantes."
"Si un área o territorio decae, podemos mudarnos donde esté el crecimiento", dijo Christopher Hyman, presidente ejecutivo de Serco, hablando con inversionistas el año pasado, después de informar que los beneficios habían aumentado en un 35 por ciento. Esta primavera, Serco informó un aumento del trece por ciento de los beneficios.
Su rival G4S entrega dinero en efectivo a bancos en la mayoría de los continentes, se encarga de la seguridad de los aeropuertos en ochenta países y tiene mil quinientos empleados en implementación de la ley de inmigración en Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, donde sus servicios incluyen la escolta de ilegales de vuelta a la frontera con México para el ministerio de Seguridad Interior.
Nick Buckles, presidente ejecutivo de G4S no hizo comentarios. Pero el año pasado contó a analistas cómo había florecido su negocio de "justicia" en Holanda en una semana después del asesinato de un político con un programa autoritario y anti-inmigrantes.
"No hay nada como una crisis política para estimular un poco de cambio", dijo Buckles.
En Gran Bretaña el otoño pasado la compañía fue investigada criminalmente por la asfixia de un hombre angoleño que murió cuando tres empleados de G4S lo acompañaban en un vuelo de British Airways. Poco después las autoridades de inmigración británicas anunciaron que la compañía había perdido su licitación para renovar su contrato de escoltas para deportaciones por 48 millones de dólares porque había sido superada por un competidor.
Incluso, G4S tiene más 1.1 billones de dólares en contratos con el gobierno en Gran Bretaña, dijo un portavoz, y sólo cerca de 126 millones de dólares provenientes de las autoridades de inmigración. Reemplazó rápidamente los beneficios perdidos con contratos para construir, alquilar y administrar más comisarías de policía y cárceles.
En 2007, la Comisión de Derechos Humanos de Australia del Norte constató que choferes G4S habían ignorado los gritos de los detenidos encerrados en una furgoneta al sol, deshidratándose tanto que uno de ellos se bebió su propia orina. La compañía fue condenada a pagar medio millón de dólares por tratos inhumanos, pero tres de las víctimas ya fueron deportadas. Funcionarios de inmigración, sobre la base de informaciones erróneas de la compañía, había desechado sus quejas sin investigarlas, determinó la comisión.
Causó conmoción pública cuando un aborigen murió en otra furgoneta de G4S en circunstancias similares el año pasado. Un juez de instrucción resolvió en 2009 que G4S, los choferes y el gobierno compartían la culpa. Más tarde la compañía recibió un contrato de cinco años para el transporte de reos en otro estado, Victoria, por setenta millones de dólares, sin licitación.
G4S se declaró culpable de negligencia en la muerte en la furgoneta este año, y debió pagar una multa de 285 mil dólares. Buckles, su presidente ejecutivo, aludió al caso en una reunión con analistas en marzo.
"Sólo hay dos o tres actores importantes, normalmente sólo dos", dijo Buckles. "Con el tiempo, seremos ganadores en ese mercado porque en la tercerización hay un montón de oportunidades y no hay demasiados competidores."
En agosto, cuando GEO, la compañía de la cárcel de Florida informó un aumento del cuarenta por ciento en los beneficios del segundo trimestre, sus ejecutivos en Boca Ratón hablaron del nuevo negocio de la inmigración a ambos lados del Atlántico.
John M. Hurley, ejecutivo de GEO para las operaciones en Norteamérica, mencionó "el continuado crecimiento de la población extranjera con antecedentes", recintos más grandes y contratos federales más largos, algunos de hasta veinte años.
En el Centro de Detención del condado de Reeves en Tejas, de la compañía, los inmigrantes retenidos ahí se amotinaron en 2009 y 2010 después de que varios detenidos murieran en celdas de castigo. Los ejecutivos de GEO se negaron a hacer comentarios. Pero hablando con accionistas, atribuyeron gran parte del aumento de diez millones de dólares del trimestre en beneficios internacionales a la expansión del centro de detención en Gran Bretaña, donde la inmigración fue un candente tema en las elecciones de 2010.

Política Fracasada
"Gran Bretaña ya no tiene guantes de seda", dijo el ministro de inmigración Damien Green en agosto de 2010 cuando visitó el centro, cerca del Aeropuerto de Heathrow, para reabrir los pabellones que se incendiaron en 2006 durante motines de los reos bajo diferentes operadores privados.
Los disturbios empezaron el día en que el inspector jefe de prisiones emitiera un devastador informe sobre los abusos constatados, incluyendo esperas excesivas para la deportación. Meses después de la aparición de Green, una comisión de supervisión independiente se quejó de que en el centro ampliado -ahora el más grande de Europa con 610 reos- al menos 35 hombres llevan más de un año esperando que se les deporte, incluyendo a uno que lleva tres años y siete meses en una celda de castigo a un coste mínimo de 237 mil dólares.
El campamento que Serco ocupó en el campo australiano, el Centro de Detención de Inmigrantes Curtin, también había sido cerrado tras motines y huelgas de hambre en 2002. Pero fue reabierto el año pasado paras absorber un aumento de los solicitantes de asilo que llegaron por mar, pese a que el gobierno impuso una moratoria para el procesamiento de sus peticiones de refugio. Restaurado para trescientas personas, el campamento se encuentra en una vieja base aérea donde se retiene a más de mil quinientos detenidos en chozas y tiendas detrás de una valla electrificada. Los guardias de Serco compararon el recinto con una granja avícola al aire libre.
El 28 de marzo, un joven afgano de diecinueve años de una organización perseguida por el Talibán se colgó después de diez meses de detención: el quinto suicidio en siete meses. Una docena de gendarmes, con falta de sueño y formación, tuvieron que luchar con cientos de reos enfurecidos por el cuerpo del adolescente.
"Perdimos el control", dijo Richard Harding, que trabajó durante diez años como inspector jefe de prisiones de Australia Occidental. No es enemigo de la privatización, y su elogio de una cárcel administrada por Serco se puede leer en la página web de la compañía. Pero dijo que Curtin hoy es emblemático de "un arreglo torcido que va a salir mal sin importar quién lo esté dirigiendo."
"Estas grandes compañías globales, en relación con actividades específicas, son más poderosas que los gobiernos con los que tienen tratos", agregó.
[Matt Siegel contribuyó al reportaje desde Sydney, Australia.]
8 de octubre de 2011
29 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

latinos huyen después de fallo


Después del fallo sobre inmigración, los hispanos de una ciudad de Alabama se marchan.
[Campbell Robertson] Albertville, Alabama, Estados Unidos. El desplazamiento empezó el miércoles noche cuando las familias más asustadas cargaron sus coches con sus cosas y se marcharon tan pronto oyeron la noticia.
Abandonaron casas rodantes, vendieron sus muebles por menos de mil dólares. O simplemente cerraron y, en un gesto de optimismo, dejaron las llaves con un vecino. Alimentaron a los perros por última vez; si no encontraban otro hogar, simplemente se los abandonaba.
Dos, cinco, diez años de vivir aquí, y luego desaparecidos en cuestión de días, en ruta hacia Tennessee, Illinois, Oregon, Florida, Arkansas, Mexico -¿quién sabe? A cualquier parte, menos Alabama.
El éxodo de inmigrantes hispanos empezó apenas horas después de que un juez federal en Birmingham ratificara la mayor parte de las disposiciones de una ley estadual de inmigración de amplias consecuencias.
La juez, Sharon Lovelace Blackburn, aceptó las partes de la ley que permiten que las policías local y del estado controlen la documentación de inmigración durante controles policiales rutinarios, convierten los contratos con inmigrantes ilegales en inejecutables y obligan a las escuelas a verificar el estatus de inmigración de los niños cuando se matriculan.
Cuando la jueza Blackburn terminó, Alabama quedó con lo que el gobernador llamó la "ley de inmigración más fuerte del país." Entró en vigor inmediatamente, aunque el fallo fue recurrido por el ministerio de Justicia y una coalición de organizaciones de derechos civiles.
Desde entonces, los superintendentes escolares han asegurado a los padres -un superintendente lo hizo incluso por televisión, en español- que nada cambiaba para los niños que ya estaban matriculados. Algunos departamentos de policía del estado dijeron que estaban esperando instrucciones sobre cómo implementar la ley.
Sin embargo, para muchos inmigrantes esperar era demasiado peligroso. Para el lunes en la tarde, 123 alumnos se habían retirado de las escuelas en esta pequeña ciudad en las colinas del norte, dejando atrás a compañeros de escuela tristes y confundidos. Decenas más estuvieron ausentes. En el estado, el viernes faltaron a clases 1988 estudiantes hispanos, cerca del cinco por ciento de toda la población hispana en el sistema escolar.
John Weathers, un hombre de negocios de Albertville que alquila casas y ha vendido a muchos vecinos hispanos, dijo que su ocupación había bajado repentinamente en un cuarto y podría seguir bajando, dependiendo de lo que pase la próxima semana. Dos personas que ya habían pagado sus hipotecas, llamaron para preguntar si podían vender sus casas de vuelta, dijo Weathers.
Tiendas de abarrotes y restaurantes fueron notoriamente menos frecuentados, lo que en algunos casos puede haber sido una buena noticia, porque algunos empleados no llegaron al trabajo. En algunos vecindarios, las calles están inusualmente tranquilas, como después de algún tipo de arrebato.
Atraídos por el trabajo en las numerosas plantas procesadoras de pollo, los inmigrantes hispanos han estado llegando a Albertville durante años, los suficientes como para que algunos de los mayores puedan recibir amnistía por la ley de inmigración de 1986. Pero los inmigrantes están llegando en mayores números durante la última década y ahora los letreros en la Calle Principal son en su mayoría bilingües, cuando incluyen al inglés.
Lo que significa a gran escala la nueva ley de inmigración quedará más claro en un lugar como Albertville, sea creando empleo y protegiendo a los contribuyentes o augurando el desastre económico como temen los opositores.
Los críticos de la ley, especialmente granjeros, contratistas y constructores civiles dicen que la medida ya ha sido devastadora, hay una crítica escasez de mano de obra y los cultivos se pudren en los campos. Dicen que incluso trabajadores hispanos totalmente legales se están marchando, una conclusión que se deriva de las entrevistas. El estatus de parientes es a menudo mezclado -a menudo los hijos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos-, pero la decisión de quedarse reposa en el eslabón más débil.
Partidarios de la ley reconocen que podría ser disruptiva en el corto plazo y que demostrará su efectividad a largo plazo.
"Tomará algún tiempo para que la fuerza laboral local vuelva a desarrollarse", dijo el senador del estado Arthur Orr, republicano de Decatur, "pero la fuerza laboral extranjera no puede ser traída y echada cada vez que deje de ser conveniente y los pongamos fuera del negocio."
Orr dijo que ya había indicios de que la ley estaba teniendo efecto, señalando que el centro de libertad condicional de Decatur, a unos ochenta kilómetros al noroeste, no hace mucho era incapaz de encontrar trabajo para reos en las plantas avícolas o en talleres. Desde que la ley fuera promulgada, dijo, el centro ha estado colocando más y más reos en esos trabajos, ahora más de ciento cincuenta al día.
Un lunes en la mañana, una planta procesadora de aves en Albertville abrió una feria de empleo, la que atrajo a una enorme multitud, una mezcla de trabajadores hispanos, blancos y negros, que hicieron fila frente a la planta, en la calle.
"Esto debió haber sido hecho hace años", dijo sobre la ley Shannon Lolling, 36, que ha estado desempleado durante más de un año.
Lolling tenía problemas con el sistema que había traído aquí a los trabajadores inmigrantes ilegales, no con los trabajadores mismos.
"Es por eso que nuestros trabajos se fueron a México", dijo. "Pagan menos y se quedan con el dinero, y nos impiden encontrar trabajo."
No lejos de la planta, en los vecindarios hispanos, es difícil diferenciar el silencio de los días de trabajo, el silencio del abandono o el silencio de un miedo que te inmoviliza.
Muchos hispanos que han preferido quedarse, de momento, dicen sin demasiada convicción que seguramente la ley será bloqueada por el presidente, el juez, "el gobierno." Hasta entonces, no abandonarán sus casas a menos que sea absolutamente necesario. Envían a otros a hacer las compras y les obligan a sus hijos a dejar el club de fútbol y a volverse inmediatamente a casa después de la escuela. Hay una avalancha de rumores sobre allanamientos y controles carreteros, y aunque la nueva ley no tenga nada que decir sobre esas cosas, la desconfianza está sembrada de anécdotas, como una contada por un pastor hispano local que dijo que fue detenido en un control de carretera en las afueras de Birmingham el miércoles, a apenas horas del fallo. Su amigo, que conducía -y que reside ilegalmente en Estados Unidos-, ahora está en la cárcel por un delito no relacionado, dijo el pastor, agregando que aunque estaba en libertad, un agente de policía le dijo que ya no era bienvenido en Alabama.
"Tengo miedo de ir a la iglesia", dijo un trabajador de una planta procesadora de pollos llamado Candelaria, que agregó: "La señora que me lleva en coche al trabajo dijo que se marcha. Dijo que se siente como prisionera."
Durante todo el verano, Allen Stoner, abogado de Decatur, ha estado ayudando a sus clientes hispanos a rellenar formularios nombrando a amigos y parientes como tutores de sus hijos, los que en muchos casos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos. De este modo, los hijos no pueden ser transferidos a servicios sociales si los padres son arrestados o deportados.
Gran parte d esto ya se había hecho para cuando el juez dictó su fallo, aunque la semana pasada los clientes de Stoner empezaron a contactarlo inmediatamente para preguntar qué deberían hacer. El lunes estuvo tranquilo.
"Tuvimos un montón de llamadas el jueves y viernes", dijo Stoner, "pero se han reducido fuertemente."
No lo sabía con certeza, pero suponía que sus cientes se habían marchado.
8 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

jury de romano tiene fecha de inicio


Pese a que el ex camarista mendocino está en Chile, donde se le concedió una visa de ocho meses y pidió asilo político, el Consejo de la Magistratura igualmente podrá iniciar el proceso que lo juzgará bajo el cargo de "mal desempeño de sus funciones".
Argentina. Por ser cómplice en 103 delitos de lesa humanidad durante su desempeño como fiscal de Mendoza y juez subrogante entre 1975 y 1983 en la misma provincia. El jury comenzará el 14 de noviembre a las 9 y está previsto que antes de fin de año dictamine.
En el jury declararán entre 45 y 50 testigos ofrecidos por la fiscalía y por la defensa oficial que ejerce Fabiana León, ya que el juez suspendido se fugó a Chile sin designar abogado en el caso. Como acusadores actuarán los consejeros por el oficialismo, Hernán Ordiales y el diputado kirchnerista Carlos Moreno.
Por cargos similares ya fue destituido un ex colega de Romano, el ex camarista mendocino Luis Miret, quien sí afrontó el jury en su contra en el que fue encontrado responsable por los cargos de "mal desempeño".
Además del "mal desempeño" y su complicidad, a Romano también se le reprocha el archivo prematuro de una causa por la apropiación de Rebeca Manrique, todos hechos por los cuales tiene procesamientos confirmados y va camino a juicio oral en la justicia de su provincia.
En una resolución anterior, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender el pago del salario a Romano mientras permanezca en condición de prófugo. En tanto, el juez federal de Mendoza, Walter Bento, requirió su captura internacional, que no puede ser implementada porque aún conserva los fueros de la magistratura, algo que cambiará si es destituido.
8 de octubre de 2011
7 de octubre de 2011
©página 12