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dudas sobre declaración de etchcolatz


El comisario Etchecolatz aseguró que tiene datos sobre la nieta de Chicha Mariani. En el marco del juicio por el circuito Camps, Etchecolatz dijo que podría "aportar datos y elementos de prueba" sobre la desaparición de Clara Anahí Mariani, secuestrada a la edad de tres meses en 1976. Los querellantes descreen de la sinceridad del represor.
[Alejandra Dandan] Argentina. El represor Miguel Etchecolatz abrió con su declaración indagatoria una nueva jornada del juicio oral por el circuito Camps. Pronunció varias veces el nombre del desaparecido Julio López, lo llamó caso "politizado" y testigo "aleccionado". Se presentó como "preso político" y se quejó de los escraches de los "jóvenes idealistas". Con una frase confusa prometió que iba a aportar "datos y elementos" de prueba sobre Clara Anahí Mariani, la nieta de Chicha Mariani, aquella beba de tres meses secuestrada en noviembre de 1976 cuando en el operativo de la casa de la calle 30 de La Plata asesinaron a su madre, Diana Teruggi, y a otros cuatro militantes. "Podría aducir muchos ejemplos, pero los reservaré para otra oportunidad", dijo en ese momento. "Como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado. Fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas por integrantes del despiadado y perverso terrorismo". Los querellantes desconfían. Ya otras veces prometió información y sólo pareció regodearse en la renovación del dolor que provoca.
Chicha Mariani, que es una de las personas que aún espera esos datos, no estaba en la sala porque como es testigo del juicio no puede escuchar a quienes hablan hasta no hablar ella. Sin embargo, estaban los familiares y querellas de los organismos de derechos humanos que le bajaron el tono convencidos de que muy probablemente el comisario no vaya a decir nunca nada, porque ya pronunció alguna otra vez esa promesa que luego no cumplió. "Es un tema delicado", dijo Inti Pérez Aznar, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "Ojalá algún día diga lo que sabe, pero es tan cínico que al día de hoy sigue jugando con la esperanza de los sobrevivientes y en el caso de Chicha Mariani, sobre el paradero de su nieta."

La Declaración
Etchecolatz no permitió preguntas ni de querellas ni de los jueces. Se presentó como "policía", no como "policía retirado" como sus camaradas. Cuando Rozanski le preguntó con qué se mantiene dijo que con el sueldo de policía, un dato que anotaron con sorpresa las abogadas de las querellas de Justicia Ya!, Lucía Vera y Guadalupe Godoy. Antes de la proclama lloró por las mudanzas, los "escraches de los jóvenes idealistas" a "la dueña del departamento que era mi suegra (que) se vio obligada a vender el departamento de Capital", porque "no les permitían a mi esposa y a la madre circular por la calle porque eran interceptadas".
Luego avanzó con la causa: "Hoy al encontrarme ante ustedes me vienen a la memoria procesos judiciales anteriores que en una sola audiencia sería imposible desarrollar con calidad y hechos concretos sobre las arbitrariedades que deliberadamente se cometieron en esos juicios", dijo. "Hoy en mi condición de ciudadano convertido en prisionero político por haber tenido que actuar para impedir que el terrorismo y la sedición perversa y apátrida convirtieran a la patria en su rehén, me encuentro enfrentado nuevamente ante un juicio."
Y habló de López: las causas "se llevan a cabo pretendiendo aquí demostrar participaciones en hechos en los cuales yo no he participado como el del politizado caso López". Y agregó que "el gobierno de turno" y "organizaciones de seudo derechos humanos se permiten que la opinión pública considere esa versión deformada con relación a la desaparición de un testigo aleccionado, relacionado con un juicio contra mi persona".

El Resquebrajamiento
Detrás suyo el Tribunal indagó a otros. Hugo Alberto Guallama y Luis Vicente Patrault no declararon pero sí lo hicieron Norberto Cozzami y Carlos "El Oso" García. Sus declaraciones marcaron para las querellas otro eje del día, y un punto que tensará el correr del debate: parecen empezar a mostrar cierto indicio de ruptura en la vieja cadena de mandos. "Parece que empezaron a abrir el grifo", dijo Guadalupe Godoy. "Cozzami le reclamó a Roberto Antonio Cabrera y Sergio Verduri que hablasen de Puesto Vasco. Y García acusó a Eros Amílcar Tarela de obligar a Guallama a escribir la carta en la que lo imputa de los hechos de la calle 30."
Cozzami, que entonces tenía poco más de 20 años, venía de la Triple A a integrar la custodia de Etchecolatz, donde fue uno de sus hombres de confianza. Está acusado de formar parte de las patotas de Puesto Vasco, de privación ilegal de la libertad y tormentos. En la indagatoria contó en primera persona, hasta donde contó, cómo funcionó el aparato por adentro. Reconoció que instruyó el caso Graiver; que encabezó los operativos de secuestros. Que grabó al lado de Ramón Camps los careos entre Lidia Papaleo y Jacobo Timerman después de los interrogatorios en Puesto Vasco.
"En esos 26 meses que estuve de policía –dijo Cozzami–, quizá rompí la media normal, no porque fui a desaparecer personas ni tiré a alguien de un avión sino porque pensé y trabajé." Y dijo: "Con alguien que nos expresara la cantidad de delitos que nosotros íbamos a cometer, la cantidad de figuras jurídicas, realmente creo que se hubieran roto filas y el noventa por ciento de los que estábamos formados hubiera roto filas".
Cozzami contó en el caso Graiver 62 detenidos en una lista que él mismo actualizaba: "Yo hacía acopio de información no en origen sino en la Dirección General de Investigaciones, en un escritorio reunía la información procedente de los interrogadores del caso Graiver". Y luego: "Armé dos carpetas que se entregaban los viernes, una al general Suárez Mason y otra a la Secretaría General de Presidencia de la Nación para Villareal, para el general Videla. Ese fue mi acopio de información". Y dijo: "No había delincuentes peligrosos de ninguna naturaleza, eran delincuentes económicos, eran subversivos económicos".
Buena parte de su testimonio está contado por él mismo en un libro, y figura en la causa Camps. En la audiencia, los jueces le preguntaron por Timerman. "De la detención no puedo explicar nada, sí de la predetención", dijo. "48 horas antes de la detención, se produce un atentado explosivo muy importante en el que muere el comisario Benítez". La explosión fue en la comisaría de Ciudadela Norte. Murieron policías y civiles, dijo. "Siendo las ocho de la noche o nueve, nos desplazamos como custodias del director de Investigaciones, nos fuimos a la comisaría de Ciudadela Norte y nos quedamos en la vereda de enfrente porque la maquinaria de Vialidad iba rescatando cuerpos. Estando trabajando se producen movimientos y aparece una caravana de autos y se hace presente Harguindeguy, lo saluda a Etchecolatz, yo estaba a tres metros, y le dice: ‘No tuve tiempo de hablar con Camps pero quiero que se defina rápido el Operativo Amigo’. Cozzami dijo después: "El que dio la orden fue Harguindeguy, porque después cuando tuve que preparar las carpetas el título era ‘Operativo Amigo’".
Los abogados describieron a Cozzami como un cuadro de la dictadura, pese a la edad, por el lugar que ocupó en la estructura. Los jueces le preguntaron varias veces por Puesto Vasco. El dijo que alguna vez había entrado, pero sólo diez minutos. Que llevaba vales de nafta. Que su lugar estuvo en Investigaciones. "He llevado personas detenidas a Puesto Vasco, del caso Graiver imagínese hubo un montón de detenidos y yo entiendo perfectamente cuando se cuestiona que no era el lugar apropiado", indicó y cuando le repreguntaron por eso dijo que no era apropiado porque era muy pequeño para "la cantidad" de detenidos en cuestión. "Lo que tenemos que entender, desde mi punto de vista, es el contexto y con qué apuro se les dijo hay que apagar el incendio, eso que yo digo: que hubo bomberos voluntarios de uno y otro lado."
Otro dato del día apareció en el testimonio de García. El Oso García dijo que no participó en las patotas pero que sí hubo una patota desde 1976 en la Jefatura, comandada por Julio César Garachico y Manuel Aguiar, dos de las personas que denunció Julio López en su declaración sobre la comisaría V sobre las que aún no se avanzó, dijeron las abogadas de Justicia Ya! Las indagatorias aún siguen pendientes en la causa residual.
4 de octubre de 2011
©página 12

sindicalistas asesinados por paras


Paras detrás de la mitad de crímenes a sindicalistas.
Colombia. Según un informe de la Fiscalía, en el que se analizaron 354 sentencias entre 2000 y 2011, el 53 por ciento de los crímenes contra sindicalistas fueron cometidos por las Autodefensas.
Un estudio realizado por la Fiscalía General de la Nación mostró que más de la mitad de los crímenes cometidos contra sindicalistas en el país, entre 2000 y 2011, fueron cometidos por paramilitares.
La Fiscalía publicó un informe titulado "Judicialización de los crímenes contra sindicalistas (descargar documento)", en el que evaluó las acciones de la justicia frente a los delitos de los que son víctimas miembros de los sindicatos.
Ese estudio concluyó que siete de cada diez crímenes fueron cometidos entre 2000 y el 2004, fechas que coinciden con la época de mayor presencia y auge de grupos paramilitares.
De las sentencias estudiadas en el territorio nacional, más de la mitad se concentran en cinco departamentos: Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Antioquia y Norte de Santander, zonas dominadas por paramilitares y en el que se registraron la mayoría de crímenes contra sindicalistas.
De acuerdo al análisis, el 99 por ciento de estos delitos responden a "homicidios agravados por la calidad sindical de la víctima y homicidio en persona protegida", los cuales son generalmente acompañados por desaparición forzada y violación de derechos humanos.
El estudio realizado por la Fiscalía señala también que el principal móvil de los crímenes contra organizaciones sindicales ha sido: "la presunta colaboración o pertenencia de la víctima a un grupo subversivo".
Uno de los casos más representativos en este sentido fue la condena a 26 años de prisión del exjefe paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40,’ por el asesinato del profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis, a quien las Auc sindicó de pertenecer a un grupo guerrillero.
Por este asesinato fue también condenado recientemente el ex director del DAS Jorge Noguera.
Si bien no se pudo establecer un patrón de persecución a una agremiación específica, fueron los educadores y los empleados de empresas los más afectados por crímenes en contra de sindicalistas.
Sin embargo, sólo en contados casos se pudo establecer a que compañías pertenecían las víctimas.
Algunas de las empresas citadas por el informe son la multinacional Drummond, Ecopetrol, Empresas Públicas de Medellín, Electrificadora de Santander y Electrificadora del Meta.
En uno de cada tres casos no se pudo determinar la asociación sindical de la víctima, no obstante la Fiscalía señaló en su informe que la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC) y el sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) fueron los sindicatos más afectados por la violencia.
Con el objetivo de mejorar la celeridad de los procesos judiciales de los crímenes en contra de sindicalistas, el estudio identificó los elementos más importantes para estos casos: caracterización de las víctimas, responsabilidades penales, tipos de delitos, participación de grupos al margen de la ley, regiones críticas y sectores laborales más afectados.
La Fiscalía también recomendó identificar plenamente las personas acusadas por estos delitos sobre todo en los procesos contra paramilitares en Justicia y Paz, ya que para confundir y eludir la acción de la justicia un mismo acusado utiliza diferentes nombres, alias o identidades.
De los 354 casos estudiados, a un 35 por ciento de los condenados les fueron impuestas penas de 30 a 40 años de prisión mientras solo se dictó la absolución de 36 de los acusados.
A pesar de los resultados expuestos por el Informe de la Fiscalía, la Ong Human Rights Watch continua clasificando a Colombia como el país más peligroso del mundo para la actividad sindical, denunciando que la mayoría de crímenes en contra de sindicalistas aún permanecen en la impunidad.
Cabe aclarar que el análisis de la Fiscalía no corresponde con la totalidad de los crímenes efectivamente ocurridos sino sólo con aquellos en los que los victimarios han sido judicializados.
Por otra parte aunque el informe revela una disminución del número de crímenes en contra de sindicalistas a partir de 2005, esto podría explicarse con el inicio del proceso de negociación con grupos de las autodefensas.
4 de octubre de 2011
cc verdad abierta


el alemán y el narcotráfico


Durante la audiencia de legalización de cargos a Freddy Rendón Herrera en Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar se negó a aceptar la acusación por narcotráfico. La Fiscalía mostró sus cartas para acusarlo por este delito en la justicia ordinaria.
Colombia. Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ deberá enfrentar una investigación por narcotráfico en la justicia ordinaria, luego de que la Fiscalía lo acusó por cuatro hechos y que el ex jefe paramilitar se negó a aceptar.
La abogada de ‘El Alemán’ argumentó que no podía aceptar estas sindicaciones, porque ni la droga, ni los cultivos pertenecieron al Bloque de autodefensas que él comandó, y negó que este grupo se dedicara a este negocio ilegal.
A mediados del 2009, ‘El Alemán’ fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por encontrarlo culpable de delitos federales de narcotráfico. Esta petición fue negada por la Corte Suprema de Justicia debido a que se consideró más importante el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos por ‘El Alemán’, que el delito de narcotráfico por el cual estaba siendo pedido.
Por otra parte al momento de la solicitud, la fiscalía 48 de Justicia y Paz pidió iniciar de manera parcial el juicio al ex jefe paramilitar por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, porte ilegal de insignias militares, reclutamiento forzado de menores, el asesinato del alcalde de Unguía, Chocó, Alberto de Jesús Castro Mora, y narcotráfico.
A pesar de la negativa de la Corte Suprema de Justicia al gobierno de Estados Unidos, la Sala de Justicia y Paz encargada del juicio decidió continuar con el mismo. Durante las 45 sesiones de audiencia de legalización y formalización de cargos, iniciada el 17 de Agosto de 2010, el fiscal Mauricio García Cadena aportó pruebas que demuestran que ‘El Alemán’ participó en tres casos de tráfico de estupefacientes y uno por financiación de plantaciones ilícitas.
Tanto ‘El Alemán’ como su abogada dijeron durante el juicio que eran hechos circunstanciales, ya que el Bloque Elmer Cárdenas en ningún momento había traficado con droga, ni había poseído cultivos de coca o marihuana.
El único contacto había sido por medio del cobro de un "impuesto" a los narcotraficantes por kilo de droga trasportada dentro de la zona controlada por el grupo armado.
El área de influencia del Bloque eran los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño. En el Chocó actuaba en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio; y en el occidente de Antioquia su influencia pasaba por Mutatá, Dabeiba, Uramita, y llegaba hasta Frontino, Cañas Gordas y Caicedo.
El cobro de este impuesto, dijeron, fue única y exclusivamente un medio para financiar la guerra contra la guerrilla, que era el objetivo del grupo de autodefensas.
Según ha documentado la Fiscalía, el narcotráfico contribuyó a las finanzas de esta organización ilegal, al punto que se calcula que el 80 por ciento de los ingresos del Elmer Cárdenas fue por narcotráfico. La Fiscalía contabilizó que a ese grupo armado ingresaron 123.870.000 millones de pesos, de los cuales el 25 por ciento debió ser enviado a la Casa Castaño, y lo restante compartido con el jefe paramilitar ‘Diego Vecino’.
Por la negativa de ‘El Alemán’ de aceptar los cargos de narcotráfico, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se declaró impedida para legalizar el cargo imputado por la Fiscalía, lo que dio pie para abrir la investigación a Rendón Herrera en la justicia ordinaria.
A pesar de este incidente la Sala consideró que ‘El Alemán’ ha cumplido hasta el momento con los requisitos para permanecer dentro de la justicia transicional, por lo que, al final de la audiencia, dio paso a la apertura del incidente de reparación de las víctimas de los crímenes de la legalización parcial realizada hasta el momento.

Los Delitos por los Que Lo Acusan
Son 4 casos en que la Fiscalía demostró la participación o responsabilidad de ‘El Alemán’ por los delitos de narcotráfico.
El primer caso documentado fue la incautación y devolución posterior de una lancha rápida que trasportaba de 1000 a 1500 kilos de cocaína de propiedad de Éver Veloza alias ‘HH’. En esta operación sirvió como intermediario entre los dos jefes paramilitares Jesús Ignacio Roldán alias ‘Monoleche’, y la droga fue recogida por dos paramilitares de quienes la Fiscalía sólo ha recogido los alias, ‘Marihuano’ y ‘Megateo’. Este hecho fue reconocido y contado por ‘El Alemán’.
El segundo caso documentado fue el de un cargamento de entre 500 y 800 kilos de cocaína que fueron "rescatados" por el Élmer Cárdenas, luego de que el avión que trasportaba la droga aterrizara de emergencia en Necoclí, Antioquia. ’El Alemán’ dijo que por temor de que la Policía acusara a su grupo de narcotráfico ordenó esconder el cargamento y quemar el avión. Posteriormente, la droga fue devuelta a su propietario, Hernando Gómez alias ‘Rasguño’, quien les pagó una recompensa de 500 millones de pesos.
El tercer caso que documentó la Fiscalía, también contado por ‘El Alemán’, fue el de 4 toneladas de cocaína ocultas en El Mellito, las cuales estaban siendo movilizadas por Carlos Domingo, quien al parecer trabajaba para una red de narcotraficantes de Bogotá.
Por último, la Fiscalía demostró que ‘el Alemán’ participó en cultivos ilegales, cuando autorizó a los campesinos de la Vereda la Coraza a sembrar coca, con la condición de que no podían comprar carros o motos lujosas. A cambio, los campesinos tuvieron que entregarle una suma de dinero.

Bienes Entregados para Reparación de Víctimas
Por otra parte durante la audiencia se hizo lectura de los bienes entregados por Rendón Herrera y otros miembros del Bloque Élmer Cárdenas para la reparación de las víctimas.
El Tribunal dejó en claro que los bienes entregados hasta el momento son insuficientes para la reparación integral de las víctimas de ese grupo de autodefensas, pero que al estar en una etapa preliminar del juicio, en la que sólo se ha hecho una acusación parcial del total de delitos cometidos, son suficientes para cumplir con los requisitos que exige la Ley de Justicia y Paz.
Los bienes entregados por ‘El Alemán’ son: un apartamento ubicado en el barrio El Poblado en Medellín; las fincas La Verraquera, La Esplendorosa, El Convenio y La vega; una camioneta Toyota; dos motocicletas; 400 cabezas de ganado, Mil 600 millones de pesos en efectivo; 8 millones en un CDT; y tres embarcaciones, una de las cuales es conocida como La Sofía.
Otros bienes entregados por ex paramilitares de este grupo son las fincas La Esperanza, La Ilusión y El Gallinazo; tres casas urbanas, un aserrío, acciones de una sociedad de un complejo turístico llamado Ocaso Tres, un predio en Carepa, una casa lote en Necoclí y una camioneta doble cabina.
Por otra parte, de los bienes incautados que pertenecieron a este grupo paramilitar, la Fiscalía pasó a la Sala el listado, clasificado en dos grupos: los que fueron entregados para el fondo de reparación y no han sido objeto de medida cautelar, y los que tienen medida cautelar pero no solicitud de extinción de dominio, por existir petición de victimas sobre los mismos.
Algunos de los bienes mencionados en esta lista del primer grupo son: las fincas  La Esperanza, La Cabaña, La Paz, No hay Como Dios, El Rosario, Dios si Sabe, Costa Azul dos, El Delirio, La Jordania, Primavera, Nuevo Paraíso, El Delirio dos, Mi Ranchito, Costa Azul uno y No Hay Como Dios dos.
Los bienes sobre los cuales se solicitó la extinción de dominio mencionados fueron: un apartamento en el poblado, y varios TES por valor de 31 millones pesos, 42 millones, 180 millones, Un millón y medio, y ocho millones 700 mil pesos en un CDT y dos motores fuera de borda.
4 de octubre de 2011
28 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

alabama avergüenza a estados unidos


Una severa ley innecesaria e incomprensiblemente cruel contra la inmigración ilegal extiende el temor entre extranjeros y ciudadanos por igual y castiga a los grupos más vulnerables. Editorial NYT.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos sólo cerca del 3.5 por ciento de la población de Alabama nació en el extranjero. En 2010, los inmigrantes indocumentados constituían gruesamente hablando el 4.2 por ciento de su fuerza laboral -según cifras del Pew Hispanic Center. Pero quienes redactaron la dura ley de inmigración de Alabama querían convertir su estado en el territorio más hostil del país hacia los inmigrantes ilegales. Están teniendo éxito, como pueden testimoniar los residentes más vulnerables de Alabama.
La ley entró en vigor el fin de semana, después de ser sostenida en gran parte por un juez de distrito federal. Los voluntarios de la línea directa de una organización de derechos de los inmigrantes dijeron que desde entonces han recibido más de mil llamadas de mujeres embarazadas que temen acercarse a los hospitales, víctimas de delitos temerosas de ir a la policía a plantar denuncias, padres con miedo a enviar a sus hijos a la escuela.
Los superintendentes escolares y directores de escuela en todo el estado confirman que la asistencia a clases de niños hispanos se ha reducido considerablemente desde que se divulgara el rumor de que los funcionarios escolares ahora controlan la situación de inmigración de los alumnos nuevos y sus padres.
Esa normativa hace parte del violento intento de la ley de restringir los derechos de los indocumentados, y de complicar sus vidas haciéndoles imposible cerrar contratos, encontrar trabajo, alquilar casas o acceder a servicios oficiales. En otras palabras, los inmigrantes sin papeles se encuentran condenados a vivir aislados, sin empleo, pobres, indefensos y sin educación.
La represión en la educación es particularmente insensata e inconstitucional. En 1982, la Corte Suprema resolvió que todos los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a la educación pública, cualquiera sea la condición de inmigración de sus padres. El razonamiento de los jueces fue inspirado no por compasión, sino por un sentido práctico: no le conviene al país perpetuar a una subclase de gente sin educación.
Funcionarios en Alabama -algunos bien intencionados, otros menos- insistieron en que nada en la nueva ley tiene la intención de privar a los niños de educación.  Se supone que los distritos escolares, observaron, deben sólo recopilar los números de niños sin papeles, no sus nombres.
"No sé de dónde viene esa información errónea", dijo el superintendente interino de escuelas del estado, Larry Craven, a NPR. "Si tienen dificultades para entender el idioma, ¿quién sabe que otras cosas les han contado?" Con comentarios como este, no sorprende que muchos de "ellos" se sienten amenazados.
El gobierno de Obama tenía razón en entablar una demanda para tratar de impedir la ley de Alabama. Necesita seguir presionando con su apelación del fallo e impugnar leyes similares en Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur.
El presidente Obama debe mostrar un mayor liderazgo en su defensa de valores estadounidenses fundamentales frente a la hostilidad que se ha apoderado de Alabama y tantos otros estados. Puede empezar anulando el programa de Comunidades Seguras, que fomenta las operaciones de captura de policías de inmigración locales y refuerza la falsa idea de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad del país.
En cuanto a Alabama, uno debe preguntarse de dónde viene tanta y contraproducente crueldad. ¿Quieren los niños de Alabama ir asustados a la escuela? ¿Deben las mujeres embarazadas tener miedo a la hora de buscar ayuda médica? ¿A quién le puede beneficiar eso?
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

julián bolívar confesó asesinato


‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe. En audiencia de formulación de cargos, un fiscal de Justicia y Paz le formuló cargos por el delito de homicidio agravado al exjefe del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez, alias ‘Julián Bolívar’.
Colombia. "Si su señoría, acepto", dijo sin vacilaciones Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, cuando el Magistrado con funciones de Control de Garantías le preguntó si aceptaba el cargo de homicidio agravado por la muerte del ganadero y comerciante Luis Alberto Villegas Uribe, formulado por un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz durante una audiencia en la que le formularon cargos por 104 hechos ocurridos en Antioquia y Santander.
El nombre de Villegas Uribe, quien fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus, de San Roque, Antioquia, salió a la luz pública hace algunos meses, cuando dos paramilitares, en entrevista con el Representante a la Cámara Iván Cepeda, lo referenciaron como un financiador de las estructuras armadas ilegales que operaron en el Nordeste antioqueño y amigo del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, con quien tuvo negocios de compraventa de tierras.
En esta audiencia, realizada en Medellín el 29 de septiembre, se observó una variación en relación con la tipificación del delito que se deriva del crimen de Villegas Uribe. El pasado 3 de mayo, durante la audiencia de imputación, el fiscal que lleva el proceso le imputó a alias ‘Julián Bolívar’, excomandante militar del Bloque Central Bolívar de las Auc, el delito de homicidio agravado en persona protegida.
No obstante, cuatro meses después y tras corroborar la información, el fiscal de Justicia y Paz le formuló cargos a alias ‘Julián Bolívar’ por homicidio agravado, tras considerar que Villegas Uribe no murió por su condición de miembro de la población civil, sino por ser integrante de grupos paramilitares que actuaban en el Nordeste antioqueño.
"Con la confesión ofrecida por el mismo postulado, corroborada por otras versiones, se puede constatar que el señor Villegas era colaborador del Bloque Metro y del Central Bolívar, por tanto hacía parte de las hostilidades en calidad de colaborador financiero, involucrado en las actividades propias del grupo ilegal y no podía considerarse como población civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario", argumentó el fiscal, quien fue apoyado en su decisión por la representante de la Procuraduría General de la Nación.
Una de las pruebas que expuso el ente acusador para reformular el cargo fue la versión entregada por alias ‘Julián Bolívar" el 23 de septiembre de 2009 ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín. En esa ocasión, el excomandante militar del Bloque Central Bolívar dijo que Villegas Uribe era "amigo y colaborador" de los comandantes del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
"Era tal la cercanía de este señor con los comandantes ‘Panadero’ y ‘Jota’ que se asociaron para instalar un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda Minas del Vapor del municipio de Puerto Berrío, el cual fue ubicado y destruido por tropas del Batallón Calibío", explicó el exjefe paramilitar.
De acuerdo con Pérez Alzate, el ganadero intentó ocultar su responsabilidad en ese asunto del narcotráfico ante la comandancia del las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) señalando a miembros del bloque Central Bolívar como propietarios del laboratorio desmantelado. Este hecho generó la reacción adversa de Carlos Castaño Gil, quien a través de la página web denunció a los comandantes del Bloque Central Bolívar como narcotraficantes.
"El mes de mayo del año 2003 marcó definitivamente el surgimiento de la confrontación entre los bloques Central Bolívar y el Bloque Metro en zonas aledañas a Puerto Berrío", continuó narrando alias ‘Julián Bolívar’. "En ese entonces, Luis Villegas venía siendo acosado por los comandantes ‘Jota’ y ‘Panadero’, quienes cada vez le exigían más dinero y colaboración. Ante el inminente enfrentamiento, se presentó ante mí con el propósito de negociar su dispensa a cambio de información sobre la ubicación y actividades de los miembros del Bloque Metro. Esto estratégicamente representaba una valiosa ventaja sobre nuestro enemigo, por lo tanto accedí a la propuesta y pasó a ser informante el Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque Central Bolívar".
Según la versión de este postulado, una vez finalizó la confrontación entre estructuras paramilitares, y para efectos de mantener el control territorial en las regiones en donde anteriormente operaba el Bloque Metro, Vicente Castaño Gil coordinó la redistribución del territorio.
"Fruto de esa reasignación, se dispuso que los municipios de Maceo, Caracolí y el corregimiento San José del Nus quedaran bajo la jurisdicción militar y política del Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque Central Bolívar", precisó Pérez Alzate, quien una vez tuvo bajo su control esas localidades, tomó la decisión de prohibir el hurto de combustible en la zona, actividad ilícita que adelantaba el Bloque Metro.
Según alias Julián Bolívar, la orden no fue atendida por Villegas Uribe, quien era propietario de estación de gasolina ubicada en San José del Nus. "Para agravar la situación, el señor Villegas denunció ante las autoridades como responsables del hurto de combustible a los miembros de las autodefensas. Ante esa situación y cerciorarme del asunto, ordené su ejecución".
Tras la exposición de motivos, y una vez se precisó los alcances del cambio de tipificación del delito, el magistrado con funciones de control de garantías Olimpo Castaño procedió a preguntarle a alias ‘Julián Bolívar’ si aceptaba el cargo formulado por el fiscal de Justicia y Paz. "Si acepto", respondió el postulado.
El proceso para este exjefe paramilitar continuará en los próximos meses en Bogotá, cuando su caso sea presentado ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz de Conocimiento del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
4 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

juicio por la represión de 2001


Una década después, el primer juicio por la represión del 2001.
Argentina. Cuatro oficiales de asuntos internos de la Policía Federal irán a juicio acusados de matar a Alberto Márquez durante el estallido social de diciembre de 2001. Los agentes de seguridad serán los primeros juzgados por la represión que causó 36 asesinatos en todo el país durante la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, quien fue sobreseído por los crímenes. El Tribunal Oral Federal 6 fijó para el 11 de junio del 2012 el inicio del juicio.
Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, y Orlando Oliveiro, son los policías acusados de balear en proximidades del Obelisco a Alberto Marquez, el 20 de diciembre de 2001, cuando estaba vigente el Estado de sitio decretado por el expresidente. Los cuatro policías que dispararon contra los manifestantes mientras se desplazaban en un auto particular, llegarán al juicio en libertad.
De la Rúa fue sobreseído en las causas por esos crímenes, pero aún esperan juicio varios de sus funcionarios del área de seguridad. En esa situación están el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal Raúl Andreotti y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, acusados por la represión.
Además de Márquez, de 57 años, también murieron durante la represión en el centro porteño Gastón Riva, de 31 años; Carlos Almirón, de 24; Gustavo Benedetto, de 30; Jorge Cárdenas, de 51 y Diego Lamagna, de 27.
El Tribunal Oral en lo Federal 6 fijó para el 11 de junio del 2012 el inicio del juicio contra los cuatro policías de la división asuntos internos acusados de balear en proximidades del Obelisco porteño a Alberto Márquez, durante el estallido social de diciembre de 2001. Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, y Orlando Oliveiro, quienes llegarán al juicio en libertad, serán los primeros acusados en ser juzgados a partir de junio del año próximo 2012, por los 36 asesinatos cometidos durante la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.
Luego de diez años, varios funcionarios del área de seguridad esperan el juicio por los hechos sucedidos el 19 y 20 de diciembre, después de que el ex presidente decretara el estado de sitio y previo a su precipitada renuncia. El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal Raúl Andreotti y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, acusados de la represión, serán sometidos a un sobreseimiento (igual proceso por el que tuvo que pasar De la Rúa).
Durante aquella fatídica jornada en el centro porteño, además de Márquez (57), murieron Gastón Riva, de 31 años; Carlos Almirón, de 24; Gustavo Benedetto, de 30; Jorge Cárdenas (51) y Diego Lamagna (27).
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
©página 12

el silencio de etchecolatz


El ex Director de Investigaciones destacó que él fue "testigo presencial" del asesinato de Diana Teruggi de Mariani y del posterior robo de su beba.
Argentina. Durante una nueva audiencia del juicio por el Circuito Camps, el represor Miguel Etchecolatz, quien cumple una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, anunció que tiene "datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani", la nieta de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani.
Durante su declaración ante el Tribunal Federal Oral N°1 de La Plata, Etchecolatz afirmó que "podría aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani a quien pueda estar necesitándolo, porque fui testigo presencial de aquellas circunstancias" y no profundizó más.
Al principio de su declaración, Etchecolatz negó estar vinculado con la desaparición de Jorge Julio López, el albañil que había sido testigo fundamental para la condena del ex comisario y desapareció en 2006, cuando se dirigía a una de las últimas jornadas del juicio contra Etchecolatz.
"Yo soy víctima de un deliberado propósito, donde se me adjudica una responsabilidad penal con hechos que no conozco. En las causas que se tramitan se busca demostrar mi participación en hechos en los cuales yo no he participado, como el politizado caso López", se despachó el represor.
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Novelli, dijo no estar sorprendido por el "alegato político" dado por el ex comisario, pero cuestionó que no haya dado precisiones sobre la información que asegura poseer sobre la nieta de la dirigente de Abuelas.
Novelli destacó que todos que "los acusados del ’Circuito Camps’ esconden información sobre chicos secuestrados" y reiteró que "el mejor ámbito para darla a conocer es el tribunal federal". Ahora, se esperan eventuales medidas de la Justicia para que Etchecolatz revele toda la información de la cual dice disponer sobre este emblemático caso de supuesta apropiación de bebés.
Acerca de este episodio, un testigo dio años atrás una información vital, ya que contó que tras el operativo en la casa del matrimonio Teruggi-Mariani vio cómo se llevaban a una beba envuelta en una manta.
Diana Teruggi y Daniel Mariani eran militantes montoneros que vivían en una casa de calle 30 entre 55 y 56 de La Plata, donde tenían una imprenta en la que editaban la revista "Evita Montonera". El 24 de noviembre de 1976 decenas de efectivos de las fuerzas de represión rodearon la casa y la acribillaron. Allí murieron la mujer y otros ocupantes de la vivienda. De ese lugar, según testimonios, se llevaron a la nena y le dijeron a la familia que había muerto en el tiroteo. En tanto, Daniel Mariani, que no estaba en la casa, fue asesinado por la los militares el 1 de agosto de 1977.
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
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encuentran fosa en andalucía


En la zona operó un centro de detención, tortura y ejecución utilizado por las fuerzas de Franco. La Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar presentaron las conclusiones de un estudio en el que encontraron restos de personas fusiladas durante la Guerra Civil Española.
[Adrián Pérez] España. Con ánimo perplejo, la audiencia mundial asistió en el último tiempo a cientos de entierros colectivos descubiertos en tierras tan distantes como Colombia, Ruanda o Kosovo. La semana pasada, la Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar presentaron las conclusiones de un estudio sobre la mayor fosa común encontrada en Andalucía. Y, tal vez, una de las más importantes de España. Desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1937, el Cortijo de Marrufo funcionó como cuartel del Ejército, la Guardia Civil y la Falange y fue utilizado como campo de concentración, donde se detuvo, torturó y ejecutó a hombres, mujeres y niños. Testimonios de antiguos pobladores indican que las fuerzas de Franco habrían enterrado entre 300 y 600 cuerpos en ese sitio.
El Cortijo de Marrufo se abre paso entre un frondoso bosque ubicado en el valle de la Sauceda, en el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga. En 1936 su población se estimaba en 2 mil personas. En tiempos de la República, antes del alzamiento de los franquistas, muchos creían que en esa región se realizaría la reforma agraria. Pero con la llegada de los militares golpistas, las tropas nacionales –encabezadas por el ejército sublevado, falangistas, carlistas y la Guardia Civil– avanzaron a fines de octubre de ese año desde el sur de Cádiz hacia el norte y nordeste de la provincia.
Fernando Sigler es doctor en Historia y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Olvera. Como coordinador de la investigación histórica, señala que en su intento por escapar de las tropas sublevadas, mil personas huyeron hacia la zona donde se encontró la fosa. El investigador estima que una cantidad similar permaneció detenida en el Cortijo de Marrufo, convirtiendo a esa finca en un centro de detención, tortura y exterminio masivo. Se cree que entre ocho y diez personas fueron detenidas a diario en un lapso de seis meses. "Los refugiados estuvieron en el valle de la Sauceda, último reducto de resistencia republicana en la provincia de Cádiz, hasta el 1º de noviembre de 1936, cuando la zona fue completamente ocupada", apunta. Los bombardeos de la aviación nazi también dejaron su impronta, arrasando la Sauceda.
En Marrufo, una pequeña iglesia ofició de prisión para mujeres y niños. Los hombres fueron encerrados en otros edificios. Por la cantidad de ajusticiamientos practicados sin juicio previo, Sigler afirma que el período que se extiende entre noviembre del ’36 y marzo del ’37 se conoce como la época del "terror caliente". "A través de testimonios y documentos históricos llegamos a la conclusión de que en Marrufo se produjo una matanza masiva, donde fueron asesinadas entre 300 y 600 personas", calcula. "La propia documentación oficial del bando sublevado dice que hubo ‘una limpieza’ en la zona", agrega.
Concretamente, la fosa común se encontró en una meseta, en forma de pendiente, situada a 250 metros de un caserío libre de vegetación. Según los testimonios, cuando finalizaban los fusilamientos se colocaban piedras encima de las fosas y cruces de hierro para señalar el lugar, pero con el tiempo fueron desapareciendo. La investigación demandó diez años de trabajo. El proceso de excavación se dividió en dos fases, señala Jesús Román, coordinador arqueológico de la búsqueda. En junio y agosto se hizo una exploración electromagnética de terreno con detectores de metales.
"Testimonios de familiares y testigos de la época indicaron que allí estaban enterradas personas fusiladas por las tropas franquistas durante la Guerra Civil", sostiene el arqueólogo. En esta etapa, el objetivo fue localizar evidencias de presencia balística (vainas y proyectiles, tanto de armas largas como de armas cortas) que pudieran haber estado relacionadas con los fusilamientos. Entre casquillos y vainas se hallaron 70 piezas correspondientes a rifles máuser. También pirotecnia sevillana y de fabricaciones de Toledo, munición utilizada por el Ejército y las fuerzas sublevadas. El terreno explorado fue de cinco hectáreas, espacio similar al que podrían ocupar diez canchas de fútbol profesional.
Con los proyectiles y vainas a mano, se procedió a la apertura del terreno –a través de excavaciones de un metro por dos– para verificar la existencia de restos humanos. De cinco sondeos, dos dieron positivo. En ambos casos se encontraron restos humanos pertenecientes a cuatro personas, enterrados a una profundidad de 30 a 50 centímetros. Los arqueólogos también dieron con cráneos perforados por impactos de bala.
El proyecto finalizó una vez comprobada la existencia de la fosa común. No obstante, resta un proyecto de exhumación de mayor envergadura, que los investigadores estiman podría comenzar en junio de 2012. "Hace falta que en esta etapa el gobierno de España y la Junta de Andalucía se involucren más, pero con la mano y el corazón abiertos, para que los familiares cierren un duelo que ya lleva 75 años", advierte el arqueólogo español. En diálogo telefónico con Página/12, el contador José María Pedreño no duda del uso que se le dio a la hacienda andaluza en el pasado. En este sentido, traza una comparación con los delitos cometidos por el terrorismo de Estado y las dictaduras en América latina: "Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937, el Cortijo de Marrufo fue un centro de detención, tortura y ejecución utilizado como cuartel general de los golpistas. Las vejaciones que allí se cometieron podrían compararse con las aberraciones que tuvieron lugar tanto en Argentina como en Chile. Ha sido un lugar tan tétrico como la ESMA o Villa Grimaldi".
4 de octubre de 2011
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