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indignados se toman wal street


Los indignados con la avaricia del sistema financiero y el alto desempleo de Estados Unidos. Autodenominado "A ocupar Wall Street", entró en su tercera semana de manifestaciones. Al mismo tiempo se extiende por otras ciudades del país y amenaza con contagiar a Chicago, a Los Angeles y a Seattle.
Nueva York, Estados Unidos. Los indignados se hicieron escuchar durante el fin de semana en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde cerca de 700 personas fueron detenidas el sábado cuando intentaban cortar el puente de Brooklyn. El movimiento que protesta por la crisis económica, autodenominado Occupy Wall Street ("A ocupar Wall Street"), entró en su tercera semana de manifestaciones. Al mismo tiempo se extiende por otras ciudades del país y amenaza con contagiar a Chicago, Los Angeles y Seattle. La organización, que se expresa en contra de la avaricia del sistema financiero, las ejecuciones bancarias y el alto nivel de desempleo vigente en Estados Unidos, amenazó ayer con instalarse en el sur de Manhattan durante varios meses. Hoy convocan a un nuevo acto de reclamo frente al Ayuntamiento de la ciudad, para manifestarse contra las detenciones del sábado. La acción de la policía neoyorquina, criticada por el alto nivel de fuerza utilizado, desató la polémica.
El cruce de acusaciones entre manifestantes y autoridades fue ventilado y dirimido en las redes sociales y algunos medios de comunicación, donde los indignados denunciaron que habían sido engañados por la policía para que abandonaran las zonas peatonales del puente de Brooklyn, donde finalmente fueron detenidos. Por su parte, la institución insistió en que los manifestantes habían sido advertidos con megáfonos, "claramente y en múltiples ocasiones", para que no invadieran la calzada. Para argumentar su posición, ambos sectores subieron videos a YouTube. Los jóvenes intentaron demostrar que no habían recibido ningún aviso, mientras la policía señaló que había avisado por megáfono que habría detenciones si se obstaculizaba el tránsito del famoso puente.
Según fuentes policiales, prácticamente todos los detenidos fueron liberados al cierre de esta edición. No obstante, la mayoría de los indignados tendrá que comparecer en menos de 30 días ante una Corte penal de Manhattan para responder a cargos por alteración del orden público y obstaculizar el tránsito en el puente.
A pesar de las detenciones, los indignados neoyorquinos decidieron reunirse en el céntrico Zucotti Park, ubicado en el sur de la ciudad, en la zona donde comenzaron a acampar el pasado 17 de septiembre, en pleno corazón del centro financiero. Durante el fin de semana, distribuyeron un diario de cuatro páginas, editado por dos periodistas independientes, al que bautizaron como The Occupied Wall Street Journal. A través de este medio dan a conocer sus reivindicaciones y su manifiesto. Desde Twitter, ese grupo de protesta comparó las detenciones que la policía de Nueva York realizó el sábado, con las manifestaciones que en 1999 ocurrieron en la ciudad de Seattle (Washington) contra la globalización mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC). "Hubo más de 600 detenidos en las protestas de Seattle contra la OMC. La policía de Nueva York detuvo a más de 700 en cinco horas", señalaron los indignados neoyorquinos en la red social, y pidieron a sus seguidores que no realizaran acciones violentas directas. Otro seguidor de la protesta, como Jason Pollock, señaló que este movimiento se puede considerar como parte del principio físico que enuncia que cada acción tiene su reacción. "Por años hemos visto a Wall Street dirigir el mundo", dijo.
Además de Nueva York, protestas y reuniones similares tuvieron lugar ayer en otras grandes ciudades de Estados Unidos como Los Angeles, Boston, Filadelfia, Seattle y Chicago, entre otras. Sin un liderazgo visiblemente definido, grupos defensores de las libertades civiles y ciudadanos particulares intentaron expresar su solidaridad con los seguidores de Occupy Wall Street. Del mismo modo, también quisieron mostrar su posición sobre la crisis económica, la desigualdad social y la avaricia de los más ricos.
En Raleigh (Carolina del Norte), un grupo denominado Occupy Raleigh convocó a activistas, sindicatos, iglesias y comunidades a una reunión para organizar protestas similares en esa ciudad. Mientras que en Filadelfia se reunieron en la Iglesia Metodista Unidad de Arch Street para organizar un Occupy Philadelphia. En Los Angeles hubo protestas en el Ayuntamiento, donde unas 2 mil personas se manifestaron el sábado para protestar por la crisis que atraviesa Estados Unidos e impulsar el cambio social y una mayor presencia en la política.
El jueves próximo, en ocasión del décimo aniversario del comienzo de la guerra en Afganistán, los manifestantes tratarán de hacer escuchar su voz ante Barack Obama, culpable, a juicio de muchos de ellos, de haber traicionado las promesas de un cambio radical. Se espera para ese día una sentada en Freedom Plaza, lugar a mitad de camino entre la Casa Blanca y Capitol Hill.
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
©página 12

quién era samir khan


Nacido en una familia de clase media de Estados Unidos, terminó en una guerra mediática por al Qaeda. En 2009 empezó una revista para yihadistas llamada ‘Inspire.’
[Robbie Brown y Kim Severson] Charlotte, Carolina del Norte. Desde el sótano de casa de sus padres en una parte de la ciudad donde las casas tienen montones de dormitorios y la mayoría de los hijos van a la universidad, Samir Khan se hizo, con su blog, camino hasta los círculos más altos de al Qaeda, llegando a librar una guerra en los medios, la que creía que era tan importante como las batallas con armas en el terreno.
Sus padres -una respetable y discreta pareja que, tras vivir en Queens, se había marchado al sur en 2004- estaban preocupados sobre el giro cada vez más radical de la filosofía de su hijo y los crecientes informes en la prensa que la exponían.
Hablaron con más de once miembros de sus comunidades religiosas para que transmitieran a su hijo universitario los peligros de ese modo de pensar y su conducta.
No funcionó. En 2009, dejó su cómoda vida en Charlotte y se marchó a Yemen, donde empezó una lograda revista para yihadistas llamada Inspire que incluía artículos políticos y consejos prácticos escritos en un atractivo inglés estadounidense y siguió esquivando digitalmente los intentos de civiles y del gobierno de detener lo que llamaba una "guerra santa mediática."
Su vida terminó el viernes en Yemen cuando Khan, de veinticinco años, murió en el ataque de un avión no tripulado que también mató al clérigo radical Anwar al-Awlaki y a otros dos hombres, de acuerdo a funcionarios estadounidenses y yemeníes.
En la Sociedad Islámica del Gran Charlotte, pocas de las varias centenas de personas que se reunieron para la Oración del Viernes querían hablar sobre Khan.
"Es un camino muy peligroso salir a matar a alguien de esta manera", dijo Ayeb Suleiman, 25, un médico residente. "Sólo era un editor. Sólo escribía."
Otros expresaron pesar por la familia que había perdido a un hijo, sin importarles la naturaleza de las actividades del hijo.
El padre de Khan, Zafar Khan, es un ejecutivo en una compañía de tecnología de la información y un estimado y devoto creyente que compró para su familia una casa de ladrillos de dos plantas cerca de una cancha de golf.  Hablaba a menudo sobre cricket con Yasin Raja, un colega estadounidense de origen paquistaní.
"Si atraparon a Samir en algo, eso es asunto suyo", dijo Raja.
Steve Glocke, que vive al frente de la familia, vio crecer a Khan desde que era un amable adolescente que jugaba al baloncesto con su hermano en la calle, en un tranquilo joven extremista. Cuando Khan se marchó a Yemen, dijo: "Pregunté cómo estaba y me dijeron que no lo sabían."
Sus padres estaban preocupados incluso antes de que la familia se mudara de Queens. Mustapha Elturk, imam y presidente de la Organización Islámica de América del Norte, conoció a la familia a mediados de los años noventa durante un programa educativo en una mezquita en Flushing, Queens. Khan estaba interesado en el islam como un modo de "apartarse de la presión de sus compañeros durante su adolescencia", dijo.
Pero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la atracción que sentía Khan por las páginas web militantes en Internet y sus opiniones extremistas llegaron al punto de que su padre creyó oportuno intervenir.
"Hizo lo que pudo para que su hijo hablara con todo tipo de imames y estudiosos para disuadirlo de esas opiniones", dijo Elturk, que habló con el padre de Khan el jueves para entregarle sus condolencias. "Te dio la impresión de que cambiaría."
La temprana intervención de los miembros de la comunidad local es clave para prevenir la radicalización de la juventud musulmana, dijo Sue Myrick, miembro del Congreso que representa a Charlotte, donde vivía Khan.
El último número de la revista Inspire, de Khan, llegó a los quioscos esta semana. Tiene veinte páginas, más pequeñas que las demás, y dedicada en gran parte a los atentados del 11 de septiembre. Ha perdido algo del descaro de las primeras ediciones, que describían qué esperar de la guerra santa y tenían titulares como ‘Cómo Hacer una Bomba en la Cocina de Tu Mami’ [Make a Bomb in the Kitchen of Your Mom].
En esta edición, deja en claro el papel que creía que jugaba él en la guerra. "Mientras Estados Unidos se concentraba en combatir a los muyahedines en las montañas de Afganistán y las calles de Iraq", escribe, "los medios yihadistas y sus simpatizantes iban en quinta."
[Robbie Brown informó desde Charlotte, y Kim Severson desde Atlanta. Matt Flegenheimer contribuyó al reportaje desde Nueva York.]
4 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

contra la corrupción institucionalizada


Ley permite que funcionarios públicos puedan recibir obsequios de cabilderos. Obama le quiere poner fin. Editorial MNYT.
En su primer día en el cargo, el presidente Obama rompió una lanza por el buen gobierno con su orden presidencial prohibiendo que los funcionarios por nombramiento político acepten obsequios de cabilderos. Ahora el gobierno está proponiendo, y con toda razón, extender la prohibición a todos los empleados federales de carrera -2.6 millones de personas.
La prohibición, sobre la que el público puede hacer comentarios hasta mediados de noviembre, terminaría la actual excepción que tolera que un cabildero pueda ofrecer a un funcionario hasta cincuenta dólares al año en obsequios, incluyendo comidas, espectáculos e invitaciones a eventos.
Más significativamente pondría fin a la prática de permitir que los empleados federales tengan acceso gratuito a funciones comerciales y sociales patrocinadas por cabilderos si son consideradas "ampliamente visitadas." En sus normas propuestas para una prohibición más estricta, la Oficina de Ética Gubernamental dijo que el peligro de esa laguna no provenía tanto del descarado quid pro quo, sino más bien del cultivo de familiaridad y acceso" que los cabilderos usan como su especialidad.
El proyecto no restringe la asistencia de funcionarios de carrera a eventos educativos y profesionales. Pero la Liga Americana de Cabilderos está advirtiendo, sin embargo, que la restricción implicará una "disminución del nivel de gobierno" si quiere frenar interacciones supuestamente valiosas -como si las recepciones para clientes de cabilderos hubiesen sido alguna vez fuentes de información independiente. La liga ofreció una sensata crítica al observar que la prohibición afecta solamente a cabilderos reconocidos e ignora a las organizaciones de interés especial sin fines de lucro que pueden tener lazos con organizaciones de cabilderos. Ellas también deberían ser incluidos en la prohibición.
Según la propuesta, la norma codificaría la prohibición de modo que permanezca después del gobierno de Obama. Cualquier sucesor que quiera rescindirlo, tendría que explicar por qué él o ella determinó poner los intereses de K Street por sobre los del resto del país.
3 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

menores reclutados por el alemán


Una magistrada de Justicia y Paz aceptó la acusación a ’El Alemán’ por el reclutamiento de 309 menores de edad para las filas de las Auc. Ninguna de las víctimas participó en el proceso.
Colombia. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá acusó formalmente a Fredy Rendón Herrera alias ’El Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, por el reclutamiento de 309 menores de edad.
Durante la audiencia de la lectura de los cargos en contra de Rendón Herrera, el ex jefe paramilitar aceptó su responsabilidad en el reclutamiento de estos adolescentes, con lo que concluye una etapa del juicio en Justicia y Paz. El siguiente paso será la audiencia de reparación a las víctimas, muchos de ellos ausentes en la fase de investigación y juzgamiento.
Seis casos de menores reclutados quedaron por fuera del proceso debido a que ocurrieron después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. ‘El Alemán’ tendrá que comparecer ante la justicia ordinaria por estos hechos.
Inicialmente la Fiscalía acusó a ‘El Aleman’ por el reclutamiento de 428 menores, pero a lo largo del juicio sólo le fue posible probar 309 casos, de los cuales a la fecha dos ya fallecieron.
Parte de la lista de los menores fue recogida con ayuda del mismo ex jefe paramilitar, quien aportó los nombres de 150 jóvenes que fueron devueltos a sus familias en septiembre de 2005, en una ceremonia realizada en un taller en Necoclí, Antioquia, al que se le dio el nombre de "Re-constructores Sociales Juveniles- Jóvenes gestores de paz".
A pesar de que los defensores de las víctimas acusaron a Rendón Herrera de intentar ocultar la presencia de los menores por medio de esta entrega, la Fiscalía pudo constatar que la ceremonia fue conocida por la Alta Consejería para la Paz y que respondió a un llamado del gobierno para que se desvincularan del conflicto a los menores antes de la desmovilización.
Según el DIH, en el protocolo adicional uno de la Convención de Ginebra, "las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose en reclutarlos para sus fuerzas armadas.". Así mismo en el Estatuto de Roma se considera como crimen de guerra el reclutamiento de niños de 15 años.
En Colombia el reclutamiento de menores es considerado crimen de guerra y contra el Derecho Internacional Humanitario que se aplica a toda persona menor de 18 años involucrada directa o indirectamente en situaciones de conflicto armado.
Con base en estas normas, y teniendo en cuenta que el reclutamiento se entiende como la prohibición de la participación directa o indirecta (con esto se entiende la prohibición de cualquier caso de reclutamiento, admisión, inducción, alistamiento) de los menores en hostilidades o en acciones armadas, aun de manera voluntaria, la magistrada que conoció el caso aseguró durante la audiencia que: "hay evidencia suficiente para afirmar que Freddy Rendón Herrera reclutó a 309 menores en el grupo armado denominado Bloque Elmer Cárdenas".
A pesar del alto número de víctimas, la Fiscalía no tuvo conocimiento de que alguna de ellas, o sus familiares, se hiciera presente a lo largo de la investigación o que colocaran algún tipo de denuncia en contra del ex jefe paramilitar por este crimen.
La mayoría de quienes fueron reclutados siendo menores aseguró haber entrado voluntariamente a las autodefensas, e incluso dijeron contar con el apoyo y aprobación de sus padres.
A pesar de esto, la magistrada de Justicia y Paz dictaminó, luego de ver la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que los menores habían ingresado al grupo engañados.
"Debe entenderse que las reales causas de su pertenencia se deben a la mala situación económica, la explotación infantil, la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar entre otras", dijo la juez.
En la audiencia se conocieron varios testimonios que corroboraron que llegaron a los grupos paramilitares por engaño. Uno de los menores contó que "después de la entrada al grupo para algunos vino la desilusión." Dicen que fueron objetos de malos tratos como es el caso de Ángel Quejada Maturana que mencionó las agresiones cercanas a  la tortura que sufrieron él y su madre, luego de intentar abandonar la organización. En otro caso una menor contó las agresiones sexuales que sufrió por parte de varios integrantes del Bloque.
Luego de la admisión, los menores eran llevados a las escuelas de entrenamiento utilizadas por el bloque durante los 11 años de existencia que se conocieron con los nombres de El Totumo, El Guayabito, El Roble, Nueva Luz, La Barracuda, El Parque, Escuela Gabriel Withe, Loma de Queso, Escuela de Mundo Medio, Escuela la 35, El Sábalo, La Palomera, El Mapalao, Samuel Hernández y Glavelino.
En estos centros los jóvenes estuvieron entre uno y tres meses, durante los cuales fueron preparados para participar en combates.
El entrenamiento que recibieron no se diferenció del que recibieron sus compañeros mayores de edad, como tampoco con las labores que tuvieron que ejercer dentro de las autodefensas.
Según las pruebas aportadas durante el proceso, los adolescentes trabajaron como patrulleros, escoltas, enfermeros de combate, encargados de seguridad, encargados de preparar alimentos, comandantes de escuadra, comandantes de compañía y rancheros. A cambio recibieron un "salario" que osciló entre los 270 mil y $400 mil pesos.
De los 309, 98 tenían 17 años, 84 eran de 16 años, 79 tenían 15 años, 26 tenían 14 años, 15 tenían 13 años, 2 tenían 12 años, 4 tenían 11 años y uno tenía 10 años.
Con esta evidencia la magistrada dijo que "para la sala es imposible que El Alemán no supiera la edad de los menores que estaba reclutando. Además así trate de justificar el desconocimiento de la edad real de quienes pretendían entrar a la organización los hechos demuestran lo contrario. Las reglas de la experiencia enseñan que la contextura física y la forma de actuar de un niño o niña de 12, 13 o 14 años no se puede confundir con la de los jóvenes de 18 años."
"En su calidad de comandante siempre estuvo pendiente de cada uno de los frentes de su bloque. Sabía lo que sucedía en cada uno de ellos porque los visitaba, iba a las escuelas de formación e incluso compartía las fiestas decembrinas. Entonces no es creíble el desconocimiento de la edad de los integrantes de la organización que comandó por varios años.".
Al finalizar la audiencia el abogado defensor de víctimas señaló que la falta de representación para los menores evitó que estuvieran presentes en el juicio. Durante el mismo, a pesar de los repetidos llamados de la Fiscalía para que los menores se presentaran y buscaran un abogado, estos no se comunicaron.
La audiencia cerró con la lectura del cargo en contra de Rendón Herrera, quien lo aceptó sin apelar la decisión, y el anuncio de la búsqueda de una fecha para iniciar el incidente de reparación a las víctimas.
3 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

fallo contra la violencia sexual


Fallo simbólico contra la violencia sexual en el conflicto armado. Cinco expertas internacionales, que fungieron como juezas, estudiaron siete casos de violencia sexual en el conflicto y emitieron un fallo simbólico para que no queden impunes.
Colombia. Cinco expertas internacionales en violencia contra la mujer sentenciaron que la justicia colombiana ha sido incapaz de procesar los delitos sexuales que cometen los grupos armados ilegales en medio del conflicto armado y que estos quedan en la impunidad.
Este veredicto surgió de un Tribunal Simbólico compuesto por una chilena, una estadounidense, dos españolas, y una guatemalteca, que "condenaron" "la negligencia y tolerancia" con la que ha actuado la Justicia colombiana frente a este crimen.
El fallo simbólico de siete páginas hizo varias recomendaciones, entre ellas, reparar de forma integral a las víctimas, promover mecanismos eficaces de acceso a la justicia y crear una Comisión de la Verdad que reconstruya la memoria histórica de los delitos sexuales ocurridos en el país.
El pronunciamiento fue entregado a las autoridades "como una forma para combatir la impunidad", reiteraron las diferentes organizaciones de derechos humanos que convocaron a este tribunal, que el 26 de septiembre de 2011 estudió siete casos de violencia sexual que todavía siguen archivados en la justicia ordinaria.
Con anticipación, las expertas internacionales tuvieron acceso a los archivos de los casos y se entrevistaron con las víctimas. Durante la audiencia simbólica, los casos fueron presentados y revisados también por otras abogadas que dieron sus conceptos sobre las obligaciones internacionales del Estado.
"El Tribunal es simbólico pero la justicia en Colombia tiene que ser real", dijo Julissa Mantilla, abogada de ONU Mujer, quien advirtió que si no se falla sobre estos casos "la impunidad envía un mensaje a los perpetradores de que sigan cometiendo estos delitos".
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz, actualizados a julio de 2011, de los 29.879 crímenes confesados por los ex paramilitares en versiones libres, solo 55 corresponden a violencia sexual. Otros datos de la Fiscalía señalan que en Colombia hay denunciados 13.466 casos de desaparición de mujeres, siendo Antioquia, Valle y Cundinamarca los departamentos más críticos.
Sin embargo, hasta la fecha solo 133 cuerpos de mujeres han sido recuperados en fosas, principalmente en Antioquia, Putumayo y Magdalena.
Aunque desde 2005 en el país existe la Ley de Justicia y Paz, que obliga a los paramilitares desmovilizados a contar los crímenes cometidos, "muy pocos han confesado haber cometido crímenes de género", dijo Cecilia Barraza, una vocera de la Corporación Humanas, una organización no gubernamental que documenta los crímenes cometidos por grupos armados ilegales y agentes del Estado en contra de mujeres.
Hasta el momento, dijo Barraza, quienes han reconocido algunos hechos son Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte; Salvatore Mancuso, ex jefe del Bloque Catatumbo; Hernán Giraldo alias ‘El Viejo’, ex jefe del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, y Hébert Veloza alias ‘H.H.’, jefe del Bloque Bananero y del Bloque Calima.

La Tragedia Archivada
En la mayoría de los casos presentados, las víctimas, pese a haber sido amenazadas, denunciaron los hechos ante las autoridades pero la justicia archivó sus procesos. Las ignoró, les pidió pruebas y en los casos más dramáticos las acusó de ser las culpables de lo ocurrido.
El primero de los casos conocidos en este tribunal, reconstruyó la tragedia de una madre del municipio de La Dorada, Putumayo, que perdió a cuatro de sus hijas que fueron abusadas sexualmente por paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Auc.
Según lo contó en la audiencia simbólica, su tragedia ocurrió el 1 de enero de 2001 cuando un grupo de paramilitares la obligaron a ella y a su familia a salir de su casa. "Me quitaron a mis hijas y me las mataron. Las autoridades no me ayudaron. (Los paramilitares) me amenazaron y después de diez años fui yo misma quien encontré los cuerpos en una fosa", dijo la mujer.
El segundo caso agrupó tres historias de violaciones a mujeres en diferentes barrios y veredas de Antioquia.
En uno de ellos una sobreviviente narró cómo paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Auc entraron a su vivienda, la secuestraron y agredieron sexualmente. Cuando la víctima fue a denunciar el delito, un policía le dijo: "Eso le pasa a las mujeres por estar en la calle". Ante la zozobra la mujer huyó del barrio y hoy se encuentra desplazada.
El tercer caso documentó la forma cómo una población de mujeres indígenas del norte del Cauca fue sistemáticamente violada por guerrilleros de las Farc.
Según lo contado por varias víctimas, en 2010, un grupo de ellas denunció que las Farc las agredió sexualmente y luego asesinó a una integrante del cabildo por haberle vendido minutos de celular a miembros del Ejército.
"Las indígenas, afrodescendientes, campesinas y desplazadas somos las más vulnerables", dijo una de las líderes ante el Tribunal.
El cuarto caso se refirió a la barbarie ocurrida en la rivera del río Cacarica, en Chocó, en donde una comunidad afrodescendiente fue desterrada por paramilitares del Bloque Bananero de las Auc. Según contó una líder en la audiencia simbólica, los ‘paras’ agredieron sexualmente a varias mujeres para sembrar el terror y quedarse con sus tierras, unas de las más fértiles del país por estar ubicadas en el Urabá colombiano.
Otros casos se refirieron a los crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar-Sur Bolívar en el Magdalena Medio. Dos mujeres narraron cómo los paramilitares en Barrancabermeja, Santander, y Santa Rosa, sur de Bolívar, las esclavizaron sexualmente.
"El Estado no es solo responsable cuando es victimario sino también por falta de acción, prevención y judicialización de los casos de violencia sexual", dijo la abogada Julissa Mantilla.
En su fallo simbólico, las juezas internacionales concluyeron que en Colombia existe una práctica sistemática de violencia sexual, "que se ha utilizado como un arma de guerra por todos los grupos armados (fuerza pública, grupos paramilitares y guerrillas) con el propósito de obtener réditos en el desarrollo de las hostilidades". Los crímenes incluyen violación, desnudez forzada, anticoncepción forzada, esclavitud sexual y embarazo forzado, delitos relacionados a su vez con otros crímenes como homicidio, desaparición forzada, secuestro y tortura.
3 de octubre de 2011
28 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

crímenes de las auc en cajibío


En una versión libre varios postulados del Bloque Calima confesaron cómo incursionaron a ese municipio de Cauca. Allí mataron, saquearon  y dejaron cientos de desplazados.
Colombia. A mediados de noviembre de 2000, el terror paramilitar llegó a las apartadas zonas rurales de Cajibío con acentos paisa y costeño, bajo la guía de algunos de sus propios habitantes.
Según contó en versión libre Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’, unos cuantos campesinos del corregimiento de Ortega, que se defendían de la guerrilla con escopetas hechizas y un par de fusiles, acudieron al Bloque Calima en busca de apoyo.
Es así como entre finales de octubre y principios de noviembre de ese año, alrededor de 30 campesinos con rasgos indígenas fueron entrenados por los paramilitares en una finca de la vereda Lomitas, ubicada en Santander de Quilichao.
"Los indios de Ortega fueron entrenados por ’Carlos’, ’Nechí’ y ’El Cabo’", contó ’El Cura’, quien para esa fecha era el jefe de la zona rural del norte de Cauca, que estaba a cargo del Frente Farallones del Bloque Calima.
"Pensábamos en reforzarnos. Allá no había presencia del Estado", señaló uno de los postulados que rindió versión libre y es oriundo de esa región. Otro declaró que no esperaban recibir un entrenamiento por parte de los paramilitares, sino que iban para que los dotaran de armas.
Luego de terminar la ’capacitación’, el Bloque Calima envió a un grupo de 40 hombres bajo el mando de alias ’Chilapo’ y alias ’Orlando’ para que incursionaran en Cajibío. Los guías de ese "operativo" fueron algunos de los habitantes de Ortega, quienes estaban encargados de orientarlos en la zona y señalarles a los supuestos integrantes de la subversión.
’El Cura’ contó que el objetivo principal de ese grupo era asentarse en la región de Tierradentro después de incursionar en Cajibío. "’Chilapo’ y ’Orlando’ se iban a quedar allá con un grupo, luego de dejar a los indios de Ortega (…) Se podía salir a la costa por este sitio y el objetivo era llegar a Guapi (municipio del Pacífico caucano). La guerrilla usaba la costa para financiarse y meter armas", dijo el ex jefe paramilitar.
Ese grupo paramilitar llegó a Ortega, y desde allí ingresaron a varios corregimientos en los que dejaron su estela de violencia y dolor.

Incursión a Dinde
En la mañana del 21 de noviembre los paramilitares incursionaron en ese vecino corregimiento de Ortega. Allí retuvieron a dos personas, pero liberaron a una. La otra persona fue torturada y asesinada en la vereda La Diana.
Al parecer, la víctima era comerciante y fue desaparecida en una fosa común. "’Nechí’ lo asesinó a punta de garrote. Lo interrogaba sobre si la ropa y la comida que tenía era para la guerrilla", confesó alias ’El Pocho’. Los restos de esta persona fueron exhumados en octubre del año pasado por medio de la información que entregó el postulado alias ’Romario’ a la Fiscalía de Justicia y Paz.
En este corregimiento los paramilitares también hurtaron comida, ropa y varias mulas en las que transportaron la mercancía.

Masacre de El Carmelo
En la madrugada del 22 de noviembre los paramilitares se tomaron el corregimiento de El Carmelo. Una parte del grupo se quedó en los alrededores del pueblo prestando seguridad, mientras la otra se encargó de sacar a los habitantes de sus casas y reunirlos en la cancha.
Los paramilitares separaron a los hombres de las mujeres y con lista en mano, les pidieron la cédula a las personas que aparecían en su texto de sentenciados. Llegaron a amarrar alrededor de diez personas, pero sólo se llevaron a tres y los asesinaron con armas de fuego a orillas de la carretera.
En esta ocasión la ’ruleta rusa’ de los paramilitares acabó con la vida de Javier Rojas, de 61 años; de Alcibíades Camayo, de 40, y de Iner Campo, de 22. Estas personas eran reconocidas por la comunidad como comerciantes y agricultores.
’El Cura’, quien no estuvo presente en el lugar de los hechos, pero participó en la planeación de esa incursión a Cajibío, reconoció que sus hombres "actuaron bajo la información de los informantes y ’Chilapo’ tenía la autonomía de ejecutarlos bajo esa información".
Además del listado de supuestos milicianos o colaboradores de la guerrilla, los guías de los paramilitares señalaron que algunas motos y una casa pertenecían a integrantes de la subversión. Por esa razón quemaron cuatro motos y la casa de un supuesto comandante con el alias de ’Patecuca’. Alias ’Motas’ confesó que incineró el inmueble por órdenes de alias ’Orlando’.
Los paramilitares también pintaron grafitis en las fachadas de las casas, en los que amenazaban de muerte a los "sapos, milicianos y colaboradores de la guerrilla". Este hecho, sumado a las amenazas de los jefes a cargo del "operativo" y la toma del corregimiento, causaron que por temor varios pobladores abandonaran El Carmelo.
En este sitio también fueron saqueados los graneros, los almacenes y las droguerías.
Respecto al trato que recibió la población civil, ’El Cura’ dijo que sus hombres "llegaron a meterle terror a la población para hacerse sentir y que les dieran información", y agregó que "la gente se desplazaba por temor de que volvieran a suceder estos hechos".
Los paramilitares estuvieron en El Carmelo aproximadamente hasta el mediodía y luego se dirigieron a Casas Bajas, en donde sostuvieron un fuerte enfrentamiento con la guerrilla hasta las seis de la tarde, según contaron varios postulados.
A raíz de ese enfrentamiento los paramilitares se separaron y luego se encontraron en un sitio conocido como La Laguna. Desde allí marcharon hacia Timba, en donde estaba una de las bases del Frente Farallones. Según contó un postulado, en ese sitio la mayoría de los hombres de Ortega pidieron la baja y unos cuantos se quedaron en las filas del Bloque Calima.

Masacre de La Pedregosa
El 24 de noviembre incursionó en este corregimiento de Cajibío otro grupo paramilitar del Frente Farallones. Eran los hombres de alias ’Franco’, a quienes ’El Cura’ envió como refuerzo en caso de que el grupo de ’Chilapo’ y ’Orlando’ necesitara apoyo.
En este sitio el modo de actuar de los paramilitares fue similar al de El Carmelo. Llegaron en las primeras horas de la mañana, unos rodearon al pueblo y otros sacaron a las habitantes de sus casas y detuvieron a las personas que transitaban por la carretera. También les pidieron sus documentos de identificación y los señalados por el informante de la región fueron amarrados.
En esta ocasión las víctimas fueron cuatro hombres jóvenes, a quienes los llevaron a la parte trasera de la iglesia, los tendieron en el piso bocabajo y los ajusticiaron. Tras los disparos, los paramilitares fueron atacados por la guerrilla y combatieron casi todo el día.
Según contaron los paramilitares, la magnitud del enfrentamiento fue tan grande, que tuvieron que pedir refuerzos por fuera de la zona. Desde el municipio de Buenos Aires ’El Cura’ les envió un grupo de refuerzo bajo el mando de ’Clavijo’.
Durante ese enfrentamiento el informante de los paramilitares fue asesinado y resultaron heridos el jefe ’Franco’ y alias ’Machín’. Los paramilitares se refugiaron en el centro de salud y destruyeron sus vitrinas para usar las dotaciones médicas.
Los postulados relataron que los guerrilleros los atacaron desde las afueras del pueblo indiscriminadamente y que en este corregimiento no había presencia de la fuerza pública. Cuando fueron cuestionados sobre por qué asesinaron a las cuatro personas, alias ’Pipas’ contestó que "se le dio credibilidad a lo dicho por el guía y en ningún momento se verificó su información".
Sobre los posibles vínculos con terceras personas y la complicidad con autoridades para cometer estos hechos, ’El Cura’ respondió que "teníamos conocedores del sector. No hubo coordinación, hasta donde sepa".
Las autoridades deben verificar los hechos confesados por los postulados del Bloque Calima durante la versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz.
3 de octubre de 2011
28 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

problemas con el acento latino


El acento puede entorpecer la carrera de los maestros.
[Marc Lacey] Phoenix, Estados Unidos. Cuando Guadalupe V. Aguayo se lleva la mano al corazón en un rincón de su aula y dirige a sus alumnos de segundo básico en la Jura de la Bandera, pronuncia algunas de las palabras -como "pledge", "republic" e "indivisible"- con un claro acento.
Guadalupe V. Aguayo, maestra de Phoenix, entabló una demanda después de ser advertida que su acento no le permitía enseñar inglés a los alumnos.
Cuando pide a sus estudiantes -en su mayoría latinos- que terminen el desayuno, se sienten y preparen los deberes o escriban con mayúscula la primera letra de una frase, se puede oír ese mismo acento.
La señora Aguayo es una veterana maestra de la Escuela Básica Pública Creighton en Phoenix central y también una inmigrante del norte de México que aprendió inglés siendo adulta y lo enseña como segundo idioma. Confrontada sobre su acento por el director de su escuela hace algunos años, Aguayo se inscribió en un curso de actuación en la universidad, consultó con un logopeda y con un especialista en reducción de acentos, pero ninguno de ellos cambió su pronunciación.
Sin embargo, mientras Aguayo se esforzaba, algo había cambiado. Arizona, después de casi una década de enviar inspectores a las aulas escolares en todo el estado para controlar la articulación de los maestros, cambió hace poco radicalmente de política. Una investigación federal sobre posibles violaciones a los derechos civiles llevó al estado a cancelar su policía lingüística.
"Que yo sepa, no existen políticas similares en otros estados", dijo en una entrevista Russlynn H. Ali, subsecretario federal de Educación para derechos civiles. Dijo que era una "buena noticia" que Arizona haya modificado su política.
Silverio García Jr., del Centro de Derechos Civiles del área de Phoenix, fue el que presionó sobre el tema del acento para impugnar la discriminación. En mayo de 2010 presentó una demanda colectiva al departamento federal de Educación reclamando que los maestros habían sido transferidos injustamente, negando a los alumnos que se educaran con esos maestros. El ministerio de Justicia se unió a la investigación, pero los investigadores federales archivaron la demanda de García en agosto pasado después de que el estado empezara a modificar su política.
"Aquí había una cultura diciéndole a otra que no hablaba correctamente", dijo García.
El estado dice que sus revisiones de maestros estaban en conformidad con la ley federal adoptada hace diez años No Child Left Behind Act, que exige que sólo instructores que hablen el inglés fluidamente pueden enseñar a alumnos que están aprendiendo inglés. Funcionarios de educación del estado dicen que los acentos no fueron nunca el centro de sus inspecciones.
"Lo que buscábamos era patrones reiterados de mal uso del lenguaje o mala pronunciación del idioma", dijo Andrew LeFevre, portavoz del departamento de Educación del estado. "Es muy importante que los maestros sean modelos cuando se trata del lenguaje."
Pero la revisión federal constató que el estado había amonestado a maestros por pronunciar ‘the’ como ‘da’, ‘another’ como ‘anuder’ y ‘lives here’ como ‘leeves here.’
Los maestros que tenían acentos muy pronunciados no fueron despedidos, pero sus distritos escolares debieron trabajar con ellos para mejorar su habla. Ese fue el caso incluso cuando los funcionarios escolares locales ya habían evaluado a los maestros como fluyentes en inglés.
"Es una forma de discriminación", dijo Araceli Martínez-Olguín, abogado del
Legal Aid Society-Employment Law Center de San Francisco, que representa a Aguayo en una demanda por discriminación. "La gente oye un acento y cree que significa algo."
John Huppenthal, superintendente de educación pública, ha enviado mensajes contradictorios sobre la posición del estado en el tema de los acentos. En un reciente artículo en The Arizona Republic, dijo que pediría permiso a la Legislatura para que el estado pueda supervisar la fluidez de los maestros en inglés.
Pero el portavoz de Huppenthal, LeFevre, dijo la semana pasada que Huppenthal había hecho esos comentarios antes de que tuviera toda la información sobre el asunto y que no tenía intención de proseguir la materia con los legisladores en la próxima sesión legislativa.
La Escuela Básica Pública Creighton, donde cerca de una docena de maestros llamaron la atención de los inspectores del estado, trajo el año pasado, desde Canadá, a un especialista en reducción de acentos, Andy Krieger.
Krieger, que ha enseñado a actores, ejecutivos de empresas y otros en todo el mundo a hablar el inglés estadounidense correctamente, dijo que algunos de los maestros tenían lo que él consideraba acentos pesados.
"No creo que haya habido uno que no necesitara ayuda", dijo. "Si diez es realmente malo, algunos no pasaron de siete u ocho, y algunos recibieron un diez."
De las varias decenas de maestros que siguieron su curso, dijo, cinco o seis hicieron notables progresos. Pero sólo un profesor, dijo, aceptó su ofrecimiento de seguir más tarde en Skype.
"Muchos de estos maestros son buenos profesores y poseen otras grandes cualidades", dijo Susan Lugo, directora de recursos humanos en el distrito Creighton, donde el95 por ciento de los estudiantes son miembros de minorías y un tercio de los alumnos no tienen al inglés como lengua materna.
Lugo se negó a hacer comentarios sobre el caso de Aguayo.
Fue el director de Aguayo, y no los inspectores del estado, el que primero cuestionó su acento y sugirió que se incorporara al curso de Krieger, dijo Aguayo. Debido a que le dijeron que el programa del estado le prohibía enseñar a alumnos que estaban aprendiendo inglés, presentó una queja ante la Comisión Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment Opportunity Commission.)
"Tengo las mismas credenciales que todo el mundo, y no creo que sea justo que se me haya señalado a mí", dijo Aguayo, agregando que su escuela tenía profesores con una variedad de acentos estadounidenses regionales. "Yo sé que hablo con acento. Es muy difícil superarlo. Creo que siempre hablaré así."
Arizona aprobó en un plebiscito en el 2000 limitar la enseñanza escolar al inglés. Antes de eso, el estado contrataba a cientos de maestros de América Latina para que enseñaran a niños de origen hispano en su lengua nativa.
Cuando se trata del problema de los acentos, no hay unanimidad.
"Los niños deben concentrarse en la materia, no en tratar de traducir lo que dice el maestro", dijo Bryan Miller, estudiante de la Universidad de Arizona que estudió la secundaria en Tucson.
"Si un niño está aprendiendo, son productivos y entienden bien lo que dice un profesor con un pesado acento, ¿por qué debería importar?", contraatacó Kimberly Lujan, contable de Peoria, un suburbio de Phoenix.
Con una creciente población de estudiantes de habla hispana, los funcionarios de la educación estadual de Arizona han impulsado una variedad de políticas que han llamado la atención de los funcionarios federales de los derechos civiles.
El método del estado para decidir qué estudiantes califican para la enseñanza especial de inglés, su separación de los estudiantes que aprenden inglés de otros estudiantes y su examen para determinar si los estudiantes han alcanzado un nivel de competencia han sido todos investigados por el departamento federal de Educación el año pasado.
Como hizo con el problema del acento, el estado aceptó modificar sus procedimientos para decidir quién necesita enseñanza especializada en inglés. El cambio podría dar derecho a una enseñanza especializada del inglés a más de diez mil niños adicionales, dicen funcionarios federales.
El sistema del estado para enseñar a estudiantes con limitaciones en inglés también está siendo investigado, y los investigadores federales están revisando cómo separa el estado a los que son nuevos para enseñarles inglés durante cuatro horas al día. Críticos como García argumentan que esos estudiantes nunca estarán al mismo nivel que sus compañeros y se les niega la oportunidad de aprender inglés de sus compañeros anglohablantes.
"Estamos realmente en medio de la investigación", dijo Ali, del departamento federal de Educación.
[Salvador Rodríguez contribuyó al reportaje.]
3 de octubre de 2011
24 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

demoras injustificadas


Críticas al tribunal de la causa Díaz Bessone. El señalamiento consta en un informe que hizo la Comisión Interpoderes que evalúa la marcha de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se sustancian en el país.
Argentina. La Comisión Interpoderes -que integran representantes del máximo nivel de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo- evaluó que los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura sufren "injustificadas demoras" y citó en concreto al Tribunal Oral Federal Nº 2 que lleva adelante la Causa Díaz Bessone. La comisión exhortó a los jueces a cargo de este proceso a "imprimirle la mayor celeridad posible" de modo de no desvirtuar "lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado". Por su parte el Movimiento Evita adhirió al dictamen "en especial con la megacausa del TOF Nº2 que investiga los crímenes del Servicio de Informaciones de Rosario, sobre el que desde sus inicios en 2010 advertimos sobre la metodología de su implementación, principalmente por los cientos de testigos. Lamentablemente teníamos razón, y hoy los imputados no sólo esperan su sentencia en libertad, sino que la mora es ostensible, y estos son sólo los primeros tramos", señaló el diputado Gerardo Rico.
La "exhortación" a los jueces que llevan esta causa fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes).
Del encuentro participaron los responsables de la unidad fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma, y su secretario general, Javier Carbajo; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y su secretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, y el juez federal Daniel Rafecas.
También integran el cuerpo el secretario de Justicia, Julián Alvarez; Juan Martín Mena, del ministerio de Justicia; la senadora Blanca Osuna y el diputado Luis Cigogna.
"Con sustento en la Acordada N° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios", sostuvo el documento.
La comisión consideró "imprescindible" que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, "procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes", en especial los testigos.
Además de denunciar la "excesiva prolongación y retraso" de las horas de debate en algunas causas, la Comisión exhortó a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.
El juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como la ex causa Feced, comenzó a ventilarse en julio del 2010 ante el TOF Nº 2 que integran los camaristas Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe.
En tanto para el diputado Rico, "es vital cuando la Comisión Interpoderes señala como "imprescindible incluír la mayor cantidad de casos posibles, evitar su atomización y el desgaste de las partes. Es un llamado de atención para el cambio en el método de los procedimientos, cosa que instamos desde el año pasado. Debemos tomar esta exhortación como una bandera de lucha, y tratar de imponer estos criterios para que al fin la memoria y la verdad, sean definitiva justicia".
3 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
©rosario 12