reparaciones, justicia y memoria

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Terminó ayer el IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Partiendo de una "sociedad sensibilizada con la memoria", el encuentro buscó comparar políticas y resultados, y entender los conceptos que rigen en el continente la búsqueda de reparar injusticias y crímenes.

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[Diego Martínez] Argentina. "Una política de memoria es inseparable de la ampliación de derechos humanos, pero el genocidio no empezó con Videla. Tenemos que hacernos cargo de reparar también la injusticia y la opresión a lo largo de nuestra historia, y una sociedad sensibilizada con la memoria, la verdad y la justicia nos parece la mejor garantía para llevar adelante ese proceso de ampliación del concepto de derechos humanos." La reflexión de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, fue el cierre del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, que concluyó anoche en el predio de la ex ESMA.
La conferencia intentó abarcar una mirada regional sobre el tema. La abrió Samantha Viz Quadrat, historiadora del Núcleo de Estudios Contemporáneos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. La investigadora resumió las dificultades de Brasil para poner fin "a 21 años de silencio" y que "la sociedad pueda reflexionar sobre ese silencio". Destacó las iniciativas de la presidenta Dilma Rousseff de crear una Comisión por la Verdad y un Plan Nacional de Derechos Humanos, y en particular el programa "Memorias Liberadas", que apunta a permitir el acceso a documentación del gobierno militar, que sigue vedada incluso a los investigadores.
El uruguayo Alvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, remarcó "el sostén civil y político de la impunidad en Uruguay". Repasó la Ley de Caducidad, los dos plebiscitos que la legitimaron y la "teoría del maligno" que atribuyó a la guerrilla la responsabilidad por los crímenes de la dictadura. Rico marcó el giro con el ascenso de Tabaré Vázquez, quien "encontró una interpretación de la ley para que la Justicia pudiera actuar en algunos casos" (hay apenas 18 militares, policías y civiles procesados o condenados), y el intento frustrado "por las contradicciones al interior de la izquierda gobernante" para anular este año los efectos de caducidad. Celebró el fallo Gelman de la Corte Interamericana que obliga al Estado a investigar y juzgar en plazos razonables, pero advirtió que el próximo 1º de noviembre "prescribirán todas las causas en curso por violaciones de derechos humanos" durante la dictadura uruguaya.
Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, resaltó que "considerando la renuncia del Poder Judicial a investigar las violaciones a los derechos humanos, un eje obligado de las políticas de memoria ha sido establecer la verdad". Repasó el rol de las comisiones investigadoras (contabilizaron 41.470 víctimas de graves violaciones, incluidos 3216 desaparecidos y ejecutados) y las distintas formas de reparación material o simbólica, como los pedidos de perdón o los memoriales. A nivel judicial marcó el quiebre que significó la detención de Pinochet en 1998 y precisó que hay 1446 causas abiertas.
Jozami propuso "problematizar" los conceptos: "¿Estamos seguros de que queremos establecer una verdad única sobre los ’70?". "Lo importante es que el proceso político siga dejando lugar para un pluralismo político notable porque hemos vivido una operación criminal, pero también un operativo de ocultamiento de una magnitud inimaginable." "La discusión sobre la memoria es aún más complicada", planteó. Recordó que "en la historia hubo más propagandistas del olvido que de la memoria", diferenció dos etapas recientes en políticas de memoria (primero "el predominio de la víctima" al margen de los motivos, luego "el recuerdo no de víctimas sino de héroes") y se esperanzó con la idea de que "estamos pasando la segunda etapa para encontrarle un sentido a la historia, para entender el proceso de lucha popular que derivó en el golpe de Estado como respuesta de disciplinamiento a una sociedad activa, movilizada y cuestionadora".
3 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
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leyes autoritarias e irrelevantes

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columna de lísperguer

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Presidente Piñera enviará leyes contra el saqueo y disturbios públicos.

Es dudosa la necesidad de este paquete de leyes autoritarias. Muy probablemente son irrelevantes y serán pasto de lingüistas y juristas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que los saqueos, en términos de cifras y de personas perjudicadas, desaparecen en la nada si se los compara con las cifras que se manejan en casos de estafa -como la del presidente Piñera cuando era ejecutivo en Talca y robó 240 millones de dólares- y otros delitos económicos -como vender o comprar acciones con información privilegiada -otro delito del que el propio presidente se ha hecho culpable. Estos delitos, que han afectado a millones de chilenos (el escándalo de la Polar afectó a más de un millón de personas), quedan intocados. Los ladrones de la Polar, amigos del presidente, no irán a prisión. Las propuestas de convertir algunos delitos económicos de esta magnitud en delitos imprescriptibles y con inhabilitación perpetua para cargos públicos, aparentemente no han llegado a oídos del presidente.
Por otro lado, hacer más severas las penas para delitos relacionados con Carabineros y el orden público es derechamente un insulto a la inteligencia de los chilenos. No necesitamos más leyes que castiguen a los ciudadanos. Necesitamos, en cambio, leyes más severas para castigar a carabineros que disparan contra manifestantes y leyes para castigar a los jueces que les protegen y encubren. Necesitamos leyes más severas para castigar a los funcionarios policiales que se extralimiten en sus atribuciones y para castigar la corrupción. En realidad, la mayor sensación de inseguridad no la provocan los vándalos, sino la policía: son numerosas e indesmentibles las denuncias de que la propia policía infiltra las manifestaciones para provocar disturbios, la que -con la complicidad de fiscales- monta juicios falsos con acusaciones falsas y evidencias falsas, la que en democracia sigue torturando y asesinando sin pagar por ello las consecuencias. Y es mayor el peligro de un carabinero corrupto o violento que se sabe protegido por sus superiores, que un vándalo al que de todos modos puedes meter en prisión.
Estas propuestas deficientes nos permitirán juzgar nuevamente a la inútil clase política. Los que apoyen estos proyectos, quedarán marcados como enemigos del pueblo.
lísperguer

el caso mitchell

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La renuncia del muy cuestionado miembro de la Casación. Con una causa en la Magistratura por legalizar apropiaciones de bebés durante la dictadura y otra penal por supuestas coimas, el camarista presentó su dimisión. Falta ver si la Presidenta se la acepta o deja que lo procesen.

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[Irina Hauser] Argentina. Pasaron casi veinte años desde que Carlos Menem nombró a los primeros integrantes de la Cámara de Casación Penal. "Esperpentos", los llamó el entonces ministro de Justicia León Arslanian como preámbulo de su renuncia. El recambio de togas se hizo esperar, pero ahora todo indicaría que hay una transformación de fondo en marcha. No sólo por los jóvenes jueces que entran a este tribunal que revisa sentencias y detenciones, sino por los que siguen buscando la puerta de salida. Esta semana, mientras juraban dos nuevos camaristas, se conocía la renuncia de Wagner Gustavo Mitchell, flanqueado por el avance de dos investigaciones penales y en el Consejo de la Magistratura. En una de ellas está acusado de haber facilitado, como juez de menores durante la última dictadura, la apropiación de hijos de desaparecidos. En otra, se analiza su presunta participación en una trama de sobornos –junto con otros dos colegas– que estaba destinada a conseguir la libertad de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) detenida por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Mitchell presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo la semana pasada, pero la presidenta Cristina Kirchner aún debe decidir si la acepta o si deja que avancen los pedidos de juicio político en su contra, a los que se suman causas penales. Así lo confirmaron a Página/12 funcionarios del Gobierno y del Consejo. El criterio, en los últimos tiempos, ha sido aceptar las dimisiones, como sucedió con otro ex miembro de Casación, Alfredo Bisordi, denunciado por dilatar y obstaculizar causas de derechos humanos, y más recientemente con el ex fiscal ante este mismo tribunal, Juan Martín Romero Victorica, acusado por la nieta recuperada Victoria Montenegro de pasarle información de las causas a su apropiador. El razonamiento suele ser que el objetivo de que dejen de impartir justicia se cumple si dan un paso al costado. En los organismos de derechos humanos hay distintas posturas.

Juez en la Dictadura
La renuncia de Mitchell llega cuando faltan pocos días para que una ex detenida, Sara Méndez, declare en el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. La vida de esta uruguaya, citada para el 18 de octubre, estuvo signada por una decisión de Mitchell, a quien se decidió a querellar el año pasado. Sara fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Capital Federal, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. Tenía un bebé de veinte días. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A su chiquito, Simón Riquelo, se lo llevaron unos hombres de civil, que después de golpearla le dijeron que no se preocupara. "Esto no es una guerra contra los niños", alegaron. Durante 26 años ella buscó a su hijo, quien recuperó la identidad en 2002. Entonces supo que Mitchell, como juez de menores, lo había dado en guarda con fines de adopción a poco de su detención ilegal. Sin tomar medidas para ubicar a su familia, lo entregó a un subcomisario sospechado de haber participado en el secuestro de la madre.
La denuncia de Sara es parte de una investigación que se inició con una presentación de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha. Ambas eran representadas por Alejo Ramos Padilla, quien juró el viernes como juez federal de Dolores. Ramos Padilla le pidió al juez Norberto Oyarbide que analice todos los expedientes de adopción de los juzgados de menores porteños, ya que se presume que muchas apropiaciones de hijos de desaparecidos fueron disfrazadas de legalidad con mecanismos de adopción. Los legajos fueron secuestrados y los estudia el juez. A esta causa se sumó este año otra denuncia comprometedora para Mitchell, que la hizo el Tribunal Oral 6 (TOF6) al escuchar el testimonio de la titular de Abuelas Estela Carlotto, quien recordó su peregrinaje por la Casa Cuna y los juzgados en busca de su nieto nacido en cautiverio, hijo de su asesinada hija Laura. Cuando fue al juzgado de Mitchell recibió un mensaje del juez –contó– a través de un emisario que le dijo "que se cuide" porque "por lo que usted hace podría aparecer en una zanja". Carlotto aún no halló a su nieto.
Estela, Sara y Chicha fueron citadas por el Consejo de la Magistratura días atrás. Habían sido convocadas para el martes pasado, pero se reprogramó la declaración para los primeros días de noviembre, aunque queda todo sujeto al destino de la renuncia del camarista, quien antes de ser juez de menores había sido fiscal en 1973 y luego camarista en 1979.

Sobornos También
La otra historia que vino a marcar el ocaso de Mitchell –un hombre querido por la vieja tropa de Casación, donde designó a buena parte de su familia– brotó de las escuchas telefónicas de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido en una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Esas conversaciones desnudaron una trama inesperada, que habría estado manejada por el propio líder ferroviario José Pedraza, y que habría tenido como objetivo que las excarcelaciones de los imputados tramitaran en la Sala III de la Cámara de Casación y luego comprar la voluntad de los jueces para que los liberaran. En las escuchas, Juan José Riquelme, un agente de la SIDE que prestaba servicios de lobbista para su provecho personal, menciona contactos y encuentros con jueces de Casación en el marco de la causa del homicidio, por la que están detenidas diez personas, entre ellos Pedraza. Riquelme le reportaba al líder de la Unión Ferroviaria la situación y coordinaba acciones con otro de los aparentes intermediarios, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de otro de los hombres que con Mitchell integran la Sala III, Eduardo Riggi. Aráoz, a su vez, se contactaba según las evidencias con un secretario de la oficina de sorteos, Luis Ameghino Escobar (hijo), con quien había trabajado en la vocalía de Riggi, que manejaba el sistema informático de asignación de causas por el cual el expediente en cuestión "cayó" justamente en la Sala III. Como las conversaciones pudieron ser monitoreadas mientras transcurrían, la Justicia detectó el momento en que el número dos de la empresa Belgrano Cargas, Angel Stafforini, llevaba dinero al estudio de Aráoz de Lamadrid. Al rato la policía incautó un sobre con 50 mil dólares, supuestamente destinados a sobornos. En las escuchas, además, se habla de un pago anterior que no se sabe a quién llegó. En uno de los tramos más increíbles, donde se discuten los montos de las posibles coimas, Riquelme deja un mensaje a Pedraza en el que exclama: "Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes". Aclaraba que eran dólares, no pesos.
El fiscal que quedó a cargo de la pesquisa de los sobornos pidió las detenciones e indagatoria de Pedraza, Riquelme, Aráoz, Stafforini y Ameghino Escobar, pero también requirió analizar con quién se comunicaban desde noviembre hasta febrero tres camaristas de Casación: Mitchell, Riggi y Mariano González Palazzo. La realización de este chequeo fue aceptada por el juez Luis Rodríguez. En la transcripción de las escuchas, se lee un diálogo en que Riquelme le explica a Pedraza que "ya hablé con Mitchell, quedé en tomar un café con él el día martes y te manda un gran abrazo, un gran saludo y tremendo agradecimiento por tu atención (...) Mitchell me dio a entender, o sea, un poco así a buen entendedor pocas palabras (...) ‘y nosotros vamos a terminar el turno de feria y entonces esto pasa para adelante’ (...) la sala de feria lo pasa hasta que sea sorteada la sala (definitiva) a partir del 2 de febrero, lo cual favorece los planes de nuestro amigo Octavio".
Abraldes sostuvo que abundan las referencias a "atenciones de fin de año" y "discretos almuerzos". No se puede descartar, sostuvo el fiscal, "que los jueces de la Cámara Nacional de Casación (...) hayan tenido participación en los hechos sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza". Puertas adentro de Casación se abrió un sumario por otras denuncias sobre manipulación de sorteos.
La jura, el martes último, de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky como nuevos integrantes de Casación, marca un cambio de época. Otras dos vacantes están por ser cubiertas, ya hay llamado a concurso para la que dejó hace poco Juan Rodríguez Basavilbaso y se abriría una más con la salida de Mitchell, mientras circulan rumores de otra posible renuncia. Es la mitad del tribunal, que tiene trece miembros. Toda una oxigenación.
3 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
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medidas contra el terrorismo

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Medidas antiterroristas en el país plantean dudas sobre su implicancia para las libertades civiles e incluso la propia seguridad de ciudadanos y extranjeros. Editorial NYT.

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Una de las amargas lecciones de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, fue la necesidad de una mejor coordinación y el intercambio de inteligencia entre las agencias de seguridad del país, para impedir que personas peligrosas entren al país. Pero también existen preocupaciones bien fundadas sobre el funcionamiento del sistema y si acaso está siendo mal usado.
Diez años después, documentos revelados por el FBI bajo la Ley de Libertad de Información muestran que la dilatada lista de vigilancia de terroristas del gobierno sigue siendo una herramienta de seguridad defectuosa que necesita mayor transparencia y rendición de cuentas. Existen prolongadas inquietudes sobre su implementación y precisión, incluyendo la omisión de nombres de la lista que en realidad deberían estar ahí. También existe el persistente problema de marcar a la gente equivocada -incluyendo a un niño de ocho años y al menos un senador- que luego tienen serios problemas para retirar sus nombres de la lista.
Las 91 páginas de los documentos recientemente revelados, descritos por Charlie Savage, del Times, la semana pasada, incluye un memorándum de diciembre de 2010 dirigido a oficinas locales del FBI, que deja al descubierto que ni siquiera una sentencia absolutoria puede ser suficiente para sacar a alguien de la lista, si los agentes conservan una "sospecha razonable" de que la persona podría tener vínculos con el terrorismo.
La base de datos tiene ahora 420 mil nombres, incluyendo cerca de ocho mil estadounidenses. Cerca de dieciséis mil individuos no pueden viajar por aire. Timothy Healy, director del Centro de Filtración Terrorista (Terrorist Screening Center) del FBI, que revisa las peticiones para agregar o retirar nombres de la lista de vigilancia, dice que el complejo proceso de investigación de los nominados para la lista contrapesa las libertades civiles y la seguridad.
Pero el abultado tamaño de la base de datos plantea dudas, así como también la inquietante ausencia de procedimientos para notificar a las personas que están en la lista de vigilancia, o darles la posibilidad de enterarse e impugnar las acusaciones. La inclusión en la lista de vigilancia puede impedir a algunos subirse a un avión, ser sometidos a retrasos y agresivos controles adicionales en aeropuertos, controles carreteros y cruces fronterizos, e impedir que extranjeros entren al país.
Las agencias de seguridad han incrementado sus esfuerzos para evitar identificaciones erróneas, pero sigue existiendo la necesidad de que el Congreso se asegure de que los defectos del sistema sean superados.
2 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

límites de la lucha contra el terrorismo

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Casa Blanca sopesa límites de la lucha contra el terrorismo. ¿Puede Estados Unidos asesinar a los que percibe como enemigos en cualquier lugar del mundo?

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[Charlie Savage] Washington, Estados Unidos. El equipo jurídico del gobierno de Obama está dividido sobre el derecho de Estados Unidos para asesinar a militantes islámicos en Yemen y Somalia, una pregunta que podría definir los límites de la guerra contra al Qaeda y sus aliados, de acuerdo a funcionarios del Congreso y del gobierno.
El debate, de acuerdo a funcionarios familiarizados con las deliberaciones, se centra en si Estados Unidos debe apuntar sólo contra un puñado de líderes de alto nivel de las organizaciones militantes que están personalmente asociados a conspiraciones para atacar a Estados Unidos o si también debe disparar contra los miles de reclutas de bajo nivel encargados de asuntos parroquiales: controlar los territorios esencialmente autónomos cerca del Golfo de Aden, que separa a los países.
La disputa sobre los límites en el uso de fuerza letal en la región -se trata de ataques con aviones no tripulados, misiles de crucero o acciones de comandos- ha dividido al Pentágono y al Departamento de Estado durante meses, aunque a la fecha sigue siendo un desacuerdo meramente teórico. La actual política de gobierno es atacar solamente a "individuos de alto valor" en la región, como ha tratado de hacer una docena de veces.
Pero la pregunta incontestada es si el gobierno puede escalar los ataques si quiere disparar contra la tropa de al Qaeda en la Península Arábiga, con sede en Yemen, y de Shabab, con sede en Somalia. La respuesta podría sentar las bases de un cambio en la lucha contra los terroristas a medida que al Qaeda original, operando desde Afganistán y Pakistán, se debilita. Esa organización se encuentra mutilada por el asesinato de Osama bin Laden y por una feroz campaña de ataques con aviones no tripulados en las regiones tribales de Pakistán, donde la autoridad legal para atacar a militantes que luchan contra las tropas estadounidenses en la vecina Afganistán no es puesta en cuestión por el gobierno.
Un alto funcionario subestimó el desacuerdo del jueves, definiéndolo como una diferencia en énfasis político, no en opiniones jurídicas. Los abogados del ministerio de Defensa están tratando de mantener un máximo de flexibilidad teórica, mientras que los abogados del Departamento de Estado están tratando de acercarse a sus aliados europeos, que piensan que, para propósitos legales, no hay un conflicto armado fuera de Afganistán y que Estados Unidos tiene derecho a emprender acciones en cualquier lugar del mundo sólo en casos de auto-defensa, dijo el funcionario.
Pero otros funcionarios insistieron en que los abogados del gobierno no se pusieron de acuerdo sobre la autoridad legal subyacente de Estados Unidos para ejecutar esos ataques.
Robert Chesney, profesor de derecho en la Universidad de Texas en Austin que se especializa en leyes de la guerra, dijo que la disputa reflejaba un extendido desacuerdo sobre cómo aplicar las normas escritas para guerras tradicionales en un conflicto contra una red fragmentaria de terroristas -y temores de que podría conducir a una guerra "global" interminable y sin restricciones.
"Es un barullo porque la ley está pendiente", dijo el profesor Chesney. "¿Las reglas varían de región en región? ¿El conflicto armado se libra solamente en la actual zona de combate, como Afganistán, o se libra donde quiera que estén sus participantes? ¿Cómo se define una parte en el conflicto? En esos debates se juegan un montón de cosas."
Funcionarios de contraterrorismo han retratado a al Qaeda en la Península Arábiga -que fue responsable del atentado con bomba fallido contra un avión de pasajeros con destino a Detroit el 25 de diciembre de 2009- como una organización afiliada a al Qaeda que ahora puede ser más peligrosa que lo que queda del grupo original. Esos funcionarios también han expresado preocupación sobre Shabab, aunque esa organización generalmente se concentra más en temas locales y no ha sido acusada de atacar a Estados Unidos.
En Pakistán, Estados Unidos ha golpeado a al Qaeda en parte mediante asesinatos selectivos -aquellos que buscan eliminar grupos de personas cuyas identidades no son conocidas, pero a las que se considera probables miembros de una organización extremista sobre la base de indicios como seguir adiestramiento en campos terroristas. La disputa sobre estos ataques podría determinar si esta táctica podría algún día ser empleada en Yemen y en Somalia.
El director jurídico del ministerio de Defensa, Jeh C. Johnson, alegó que Estados Unidos podría ampliar significativamente sus blancos, dijeron funcionarios. Su opinión, explicaron, es que si una organización se ha alineado con al Qaeda contra Estados Unidos, este país puede atacar a cualquiera de sus combatientes, especialmente en un país que es incapaz de neutralizarlos, o no quiere hacerlo.
El abogado del Departamento de Estado, Harold H. Koh, ha aceptado que el conflicto armado con al Qaeda no se limita al campo de batalla de Afganistán y regiones adyacentes de Pakistán. Pero, dicen los funcionarios, también ha afirmado que el derecho internacional impone límites adicionales al uso de la fuerza en otros lugares. Para asesinar en otros lugares, dijo, Estados Unidos debe justificar el acto como necesario para su defensa -queriendo decir que debería concentrarse solamente en individuos que planean ataques contra Estados Unidos.
El destino de los detenidos de Bahía Guantánamo, Cuba, depende fuertemente de este debate, dijeron los funcionarios. En varios recursos de hábeas corpus, los jueces han aprobado la detención de sospechosos de al Qaeda que fueron capturados lejos del teatro de la guerra en Afganistán, así como detenidos que fueron considerados miembros de una fuerza que estaba solamente "asociada" con al Qaeda. Una parte de la disputa es si el alcance de esos fallos sobre las detenciones son relevantes para la ley.
También el Congreso debe influir en el resultado del debate. Está considerando, como parte de un proyecto de defensa pendiente, una nueva autorización para emplear fuerza militar contra al Qaeda y sus asociados. Una versión de la disposición propuesta por la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes establecería unas norma expansiva para las categorías de grupos que Estados Unidos puede señalar como blancos de acción militar, haciendo potencialmente más fácil que Estados Unidos asesine a un gran número de militantes de bajo nivel en países como Somalia.
En una entrevista, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur en la Comisión de las Fuerzas Armadas, dijo que apoyaba la versión de la Cámara y que iría más lejos. Dijo que presentaría una enmienda que autorizaría explícitamente el uso de la fuerza contra una lista de organizaciones específicas, incluyendo Shabab, así como instalaría un mecanismo para agregar otros grupos a la lista si se hiciesen culpables de algunos "actos evidentes."
"Este es un conflicto mundial, sin fronteras", alegó Graham. "Restringir la definición de campo de batalla y restringir la definición del enemigo permite que el enemigo se regenere y no disuade a la gente que mira desde fuera."
2 de octubre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

absuelven a comuneros

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Se acabo el circo". Absuelven de cargos a comuneros acusados por ley antiterrorista en juicio desarrollado en Temuco.

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Temuco, Chile. "Se acabó el circo" fueron los comentarios a los medios de prensa al salir de los tribunales por parte del comunero y poeta mapuche Mauricio Huaiquilao quien fue imputado por una serie de cargos por supuestos delitos bajo la ley antiterrorista y quien junto al comunero Luis Tralcal quedaron absueltos en lo que se denominó "un nuevo montaje del ministerio público". Cabe mencionar que Mauricio Huaquilao estuvo 2 años y dos meses en prisión y Luis Tralcal 1 año y seis meses.
Pablo Ortega, Sebastián Saavedra y Nelson Miranda fueron los abogados defensores de los comuneros mapuches Luis Tralcal y Mauricio Huaiquilao existiendo expectación por los resultados de este juicio que fue denominado por diversas organizaciones como "un nuevo montaje del ministerio público".
Al respecto, ayer se difundía en la web informativa de la organización Observatorio Ciudadano que Sebastián Saavedra Cea, abogado defensor de Luis Tralcal Quidel e integrante del Centro de Investigación y Defensa Sur, adelantaba con respecto a los cargos imputados a su defendido acusado del delito de amenaza y tenencia ilegal de munición, que "en cuanto al delito de amenaza, jamás se logró acreditar que el amenazado haya estado presente en el acto, ni que haya tomado conocimiento de este hecho, lo que ocurre solamente hasta que la propia fiscalía dio a conocer el audio donde quedó registrada la supuesta amenaza".
Más de un centenar de testigos, semanas de juicio, decenas de abogados, peritos, la policía utilizada como medio de prueba y todo un despliegue exclusivo tendiente al "castigo" impulsado por ciertos fiscales.
Finalmente los comuneros mapuches, quienes incluso arriesgaban penas de hasta 29 años de cárcel, han quedado absueltos de los diversos cargos que se le imputó, todo, en el marco de la criminalización a las demandas y protesta social del pueblo mapuche que reclama tierras ancestrales.
1 de octubre de 2011
©mapuexpress

asesinan a jefe de al qaeda en yemen

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Anwar al Awlaki habría sido ultimado por un avión no tripulado de EE.UU. A diferencia de otros dirigentes de Al Qaida, Al Awlaki era uno de los pocos propagandistas efectivos en el grupo. No dirigía a los que armaban bombas, pero sus sermones inspiraron a los musulmanes a la acción violenta.

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[Patrick Cockburn] Yemen. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebró ayer la muerte del imán Anwar al Awlaki afirmando que se trató de "un gran golpe contra Al Qaida". La Casa Blanca se negó a confirmar si el operativo fue ordenado por el propio mandatario. Consultado durante su habitual rueda de prensa, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, evitó brindar mayores detalles sobre quién dio luz verde al ataque contra Awlaki. Carney dijo que el operativo se hizo en coordinación con las fuerzas de seguridad de Yemen, pero "no voy a profundizar en las circunstancias de su muerte, ni las voy a discutir desde ningún ángulo", se excusó.
La muerte de Anwar al Awlaki por un avión no tripulado de Estados Unidos es significativa, a diferencia de otros dirigentes de Al Qaida, porque era uno de los pocos propagandistas efectivos en el grupo. No dirigía a los que armaban bombas, pero sus sermones inspiraron a los musulmanes a la acción violenta. En 2010, sus palabras llevaron a una estudiante de 21 años llamada Rashonara Choudhry en Gran Bretaña a apuñalar y herir a un miembro del Parlamento que había apoyado la guerra contra Irak. Más tarde le dijo a la policía que había decidido actuar, sin consultar a nadie, después de escuchar los sermones de Awlaki por Internet durante cien horas. "No le dije a nadie. Nadie me hubiera entendido", dijo.
Ninguna otra figura en Al Qaida tuvo el mismo poder con las palabras como Awlaki, nacido en Estados Unidos y establecido en Yemen, quien podía hablar inglés fluido. En sus conferencias en YouTube habla con soltura y claridad segura. Otra razón para que Estados Unidos esté contento con la muerte de Awlaki es que el grupo al que estaba afiliado, Al Qaida de la Península Arabe (AQAP), estaba genuinamente interesado en atacar blancos de ese país. Puede parecer evidente que Al Qaida está dedicado principalmente a la guerra santa contra grandes potencias no musulmanas, pero no es el caso, aunque éste era el objetivo de Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri.
Pero la franquicia más poderosa de Al Qaida, especialmente en Irak y hasta un cierto punto en Pakistán, ha demostrado más interés en atacar los blancos locales, como a los chiítas a los que ven como herejes, que a Estados Unidos. En la Mesopotamia, Al Qaida lleva a cabo múltiples ataques suicidas elaborados contra blancos chiítas y del gobierno iraquí, pero pocos contra las tropas en Irak y nunca contra blancos estadounidense y europeos fuera de Irak.
En Yemen, Al Qaida ha estado mucho más orientado hacia ataques sobre blancos estadounidenses. El 12 de octubre, dos terroristas suicidas dirigieron un bote lleno de explosivos al lado del US Cole en el puerto de Aden, produciendo un agujero en el lado del destructor y matando a 17 marinos. Estos ataques a Estados Unidos desde Yemen han continuado. Fue desde esta base en Yemen que Awlaki influenció al mayor Nidal Malik Hassan, el psiquiatra del ejército que llevó a cabo la balacera en la base militar de Fort Hood, Texas, en la que murieron 13 personas en 2009.
Yemen era un buen refugio para Al Qaida porque su gobierno central es débil y es posible –especialmente para esa gente con buenas conexiones tribales– encontrar refugios seguros en el país. El gobierno yemení bajo el presidente Ali Abdullah Saleh siempre supo más sobre los miembros y las ubicaciones de estos grupos de los que le admite a Estados Unidos. Sus críticos yemeníes lo acusan de manipular y exagerar la amenaza de AQAP, de quien un funcionario yemení dice que son sólo 300, para extraer armas y lograr financiamiento de Estados Unidos.
Siempre fue de interés para el presidente Saleh en Sanaa ser el aliado local de Estados Unidos contra Al Qaida, pero sin llegar a ser tan exitoso que el grupo fuera eliminado, poniendo fin a la influencia del gobierno yemení sobre Washington. Pakistán jugó el mismo juego después del 11 de septiembre, entregando militantes de Al Qaida, pero siendo más protector hacia los líderes talibán.
¿Se debilitará fatalmente ahora Al Qaida con la muerte de Al Awlaki? Probablemente menos de lo esperado, especialmente porque Al Qaida nunca fue el ejército guerrillero estructurado que decía el Pentágono, la CIA y los medios. Al Qaida no puede hacer mucho, pero tampoco lo necesita. Awlaki estaba acusado por los funcionarios yemeníes de tener contacto con Umar Farouk Abdulmutallab, el estudiante de ingeniería nigeriano, que trató de detonar una bomba cosida en sus calzoncillos en un avión que aterrizaba en Detroit en 2009. Aunque el intento fue un fracaso, tuvo éxito en llamar la atención de los medios.
Es improbable que el grupo se desvanezca totalmente. Pero, por otro lado, el total apoyo del presidente Obama a Israel y la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán significa que la motivación antiestadounidense de los grupos Jihad no desaparecerá.
[Traducción: Celita Doyhambéhère.]
©the independent
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otro represor se fugó a chile

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El ex coronel Duret, condenado el lunes a quince años de prisión, también estaría en Chile. Como pasó hace un mes con el suspendido Otilio Romano, esta vez fue Duret quien salió del país justo antes de que Casación lo condenara por considerarlo responsable del crimen de Carlos Labollita, en 1976.

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[Diego Martínez] Argentina. Atravesar la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en 1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta represores prófugos.
Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos coincidieron en destacar el valor de la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron "competencia positiva" en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Nelson Jaranzo y Alejandro Smoris lo dejaron en libertad.
Duret fue absuelto a mediados de 2009, cinco días después de la derrota electoral de kirchnerismo. El 9 de agosto último se realizó la audiencia pública en la que fiscales y abogados pidieron su condena en nombre de los familiares de la víctima, y militares retirados y allegados hicieron acto de presencia junto con Cecilia Pando. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que Casación se pronunciara. Según el Código Procesal Penal, la Sala IV debió convocar a Duret en persona para conocerlo antes de fallar. La audiencia, sobre la cual el Ministerio Público Fiscal nunca fue notificado, se habría realizado a principios de mes.
El lunes, Casación firmó la condena y ordenó notificar al Tribunal Oral marplatense. El miércoles la noticia trascendió extraoficialmente. El jueves al mediodía, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, les solicitó a los jueces que ordenaran la prohibición de salir del país para Duret. Cuando los representantes del Ministerio Público apuntaron el nombre del condenado en los registros de Migraciones (también son accesibles a los jueces) se encontraron con la novedad del viaje a Chile. Por la noche, el fiscal Adler pidió la captura nacional e internacional, sobre la que debe pronunciarse ahora el TOF de Mar del Plata, acotado esta vez a Carlos Rozanski dado que Esmoris y Jarazo están de licencia y se reponen de un accidente automovilístico ocurrido el martes.
Duret cruzó la frontera por Mendoza, como Romano, pero no en avión sino en auto. Según los registros de Migraciones, viajó en un Peugeot 206, patente EVC743, junto con un militar y su esposa. Se trata de Héctor Osvaldo Miranda, que en 2003 ascendió a teniente coronel, y su esposa Ana María Groppa, ambos radicados en el barrio de oficiales del Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza. Miranda tiene 56 años, edad con la que podría permanecer en actividad en el Ejército, aunque según bases de datos empresariales está abocado a tareas privadas en un rubro sensible a los uniformados: preside la agencia de seguridad Kustos. Migraciones también registró el retorno del matrimonio, apenas dos horas después, pero entonces a solas, sin Duret, que ya se había hecho una escapada al país trasandino el 17 de septiembre.
Funcionarios chilenos afirmaron durante el último mes que Chile respeta los derechos humanos. Tanto sus normas internas como el derecho internacional establecen que el status de refugiado no incluye a acusados (menos aún condenados) por delitos de lesa humanidad. Los trámites previstos para quien solicita el refugio, sin embargo, le permiten a Romano ganar tiempo y burlar la cárcel. En los próximos días se sabrá si el del camarista es un caso aislado o si Duret decidió acompañarlo.
1 de octubre de 2011
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