medidas contra el terrorismo
Medidas antiterroristas en el país plantean dudas sobre su implicancia para las libertades civiles e incluso la propia seguridad de ciudadanos y extranjeros. Editorial NYT. 
Una de las amargas lecciones de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, fue la necesidad de una mejor coordinación y el intercambio de inteligencia entre las agencias de seguridad del país, para impedir que personas peligrosas entren al país. Pero también existen preocupaciones bien fundadas sobre el funcionamiento del sistema y si acaso está siendo mal usado.
Diez años después, documentos revelados por el FBI bajo la Ley de Libertad de Información muestran que la dilatada lista de vigilancia de terroristas del gobierno sigue siendo una herramienta de seguridad defectuosa que necesita mayor transparencia y rendición de cuentas. Existen prolongadas inquietudes sobre su implementación y precisión, incluyendo la omisión de nombres de la lista que en realidad deberían estar ahí. También existe el persistente problema de marcar a la gente equivocada -incluyendo a un niño de ocho años y al menos un senador- que luego tienen serios problemas para retirar sus nombres de la lista.
Las 91 páginas de los documentos recientemente revelados, descritos por Charlie Savage, del Times, la semana pasada, incluye un memorándum de diciembre de 2010 dirigido a oficinas locales del FBI, que deja al descubierto que ni siquiera una sentencia absolutoria puede ser suficiente para sacar a alguien de la lista, si los agentes conservan una "sospecha razonable" de que la persona podría tener vínculos con el terrorismo.
La base de datos tiene ahora 420 mil nombres, incluyendo cerca de ocho mil estadounidenses. Cerca de dieciséis mil individuos no pueden viajar por aire. Timothy Healy, director del Centro de Filtración Terrorista (Terrorist Screening Center) del FBI, que revisa las peticiones para agregar o retirar nombres de la lista de vigilancia, dice que el complejo proceso de investigación de los nominados para la lista contrapesa las libertades civiles y la seguridad.
Pero el abultado tamaño de la base de datos plantea dudas, así como también la inquietante ausencia de procedimientos para notificar a las personas que están en la lista de vigilancia, o darles la posibilidad de enterarse e impugnar las acusaciones. La inclusión en la lista de vigilancia puede impedir a algunos subirse a un avión, ser sometidos a retrasos y agresivos controles adicionales en aeropuertos, controles carreteros y cruces fronterizos, e impedir que extranjeros entren al país.
Las agencias de seguridad han incrementado sus esfuerzos para evitar identificaciones erróneas, pero sigue existiendo la necesidad de que el Congreso se asegure de que los defectos del sistema sean superados.
2 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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