continúan ejecuciones en honduras
20 de mayo de 2010
CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. La delegación estuvo compuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González; el Primer Vicepresidente, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero; y personal de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH tuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, se reunió con representantes del sistema de Naciones Unidas en Honduras y con embajadores del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16). En un plazo breve, la Comisión hará público el Informe sobre la visita.
Al finalizar la visita la Comisión expresa su profunda preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. Sin perjuicio de los avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. La CIDH y la Relatoría Especial han manifestado su profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. Sin perjuicio de la alta tasa de criminalidad que en general existe en Honduras, la CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia que la CIDH denunció en el Informe Honduras: derechos humanos y golpe de Estado, publicado el 20 de enero de 2010.
La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la Resistencia. Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para impedir que sigan cumpliendo con su labor.
Desde el golpe de Estado, la CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. Durante la visita, la CIDH recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo. Es fundamental que se provea a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a las medidas cautelares de la CIDH.
De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado. La Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes fueron despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin perjuicio de las motivaciones formales que pueda argumentar la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.
La Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como las que continúan ocurriendo. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, sólo 12 han sido imputadas y los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la CSJ durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
En relación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en numerosos países de la región. La Comisión ha expresado que el derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general.
La CVR ha iniciado sus funciones hace sólo 14 días. Actualmente se encuentra en el proceso de emitir su propio reglamento interno, plan de trabajo y metodología. Es fundamental que la CVR cuente con recursos, personal e independencia suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. Asimismo, es necesario que en la definición de su reglamento, plan de trabajo y metodología se incorpore como eje central de su trabajo la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La CIDH seguirá de cerca el trabajo de la CVR.
Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
Finalmente, la CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.
La visita de la CIDH contó con todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. La CIDH manifiesta su agradecimiento a los representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas. La Comisión recuerda que de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en su Reglamento, no se deben tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
©cidh 
San José, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchará el jueves y viernes testimonios en el primer caso a nivel internacional relacionado a crímenes cometidos durante la dictadura militar en Brasil entre 1964 y 1985.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. El golpe militar que derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el año pasado, dejó atrás un país amargamente dividido que sigue siendo peligrosamente tenso. Este mes, la comisión de verdad y reconciliación, formada por cinco miembros y con respaldo internacional, fue instalada oficialmente en medio de abundante fanfarria y escasas expectativas, para investigar los hechos previos y posteriores al golpe de estado.
[Daniel Hernández] Honduras. En Honduras en las últimas ocho semanas han muerto violentamente seis periodistas en una oleada de violencia contra reporteros que está aumentando las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos mientras el país lucha por mantener la estabilidad después del golpe militar del año pasado.
Caracas, Venezuela. Como embajador venezolano ante Naciones Unidas, Diego Arria trataba importantes conflictos en el Consejo de Seguridad, participando en iniciativas para llevar la paz a países como Bosnia y Somalia. 
Brasil. La Corte Suprema de Justicia rechazó la moción para modificar la ley de amnistía de modo que los oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña puedan ser juzgados. El Colegio de Abogados de Brasil había propuesto que las personas que aplicaron torturas sean excluidas de la ley de amnistía de 1979, que perdonó a personal civil y militar por crímenes cometidos durante la dictadura. La corte votó 7 contra 2 contra la moción el jueves. La mayor parte de los jueces dijeron que la ley debería permanecer como es porque había sido aprobada por la sociedad como un todo, incluyendo el Colegio de Abogados, las fuerzas armadas y los exiliados políticos. A diferencia de Argentina y Chile, Brasil no ha juzgado nunca a las fuerzas armadas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar del país.
[Freddy Cuevas y Martha Mendoza] Tegucigalpa, Honduras. Una comisión de la verdad con fuerte respaldo internacional empezó a investigar el martes el golpe de estado hondureño, que ayudaría al país a recuperar el reconocimiento perdido cuando un grupo de soldados expulsó del país al presidente Manuel Zelaya el año pasado.
Honduras. Más de tres meses después de asumir, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, puso en posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión de la Verdad, una promesa que le había hecho a Estados Unidos, Europa y la OEA. La comisión había surgido como un requisito del acuerdo firmado con el ex presidente derrocado Manuel Zelaya en octubre pasado. Sin embargo, cuando la dictadura no cumplió con su parte del trato –entregar el poder y restablecer la democracia–, Zelaya, su gente y la Resistencia desconocieron todas las negociaciones, incluida la Comisión de la Verdad. Por eso, entre las cinco personas que asumieron ayer la tarea de investigar los crímenes previos y posteriores al golpe de Estado del 28 de junio pasado no hay ningún miembro del gobierno depuesto o de sus simpatizantes.