américa latina

nadie quiere a honduras

mqh - 04 de mayo de 2010 - 21:45 - américa latina

Repudio al golpismo. La mayoría se mantiene crítica frente a Honduras. Perú y Colombia son los únicos que reconocen como legítimas las elecciones convocadas en Honduras por el golpista Roberto Micheletti en las que ganó el empresario conservador Porfirio Lobo.

[Fernando Cibeira] UNASUR. A diferencia de la postulación de Néstor Kirchner, que salió rápido y casi sin discusión, la posición del bloque frente a Honduras se les presentó a los cancilleres como el hueso más duro de roer. Tanto que anoche levantaron la sesión cuando ya se había hecho la hora de la cena y quedaron en seguirla hoy temprano, antes de que arranquen los presidentes. La mayoría de los países del bloque son partidarios de mantenerse intransigentes frente al gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas por el golpista Roberto Micheletti, mientras que Colombia y Perú –acorde con la postura de Estados Unidos– abogan por que se reconozca su legitimidad.
Los cancilleres incluso continuaban conversando anoche en la mesa principal donde cenaban, en el restaurante del primer piso del hotel Sofitel Los Cardales. El canciller Jorge Taiana junto con el embajador brasileño Ennio Cordeiro –el canciller Celso Amorim no participó porque se encuentra en Nueva York– sostenían la posición más dura en cuanto a reclamar una serie de cuestiones al gobierno de Lobo antes de considerar normalizada la situación en Honduras. Por ejemplo, que se le permita retornar al país al presidente depuesto, Manuel Zelaya, quien continúa en un exilio forzoso. Además, que se investigue el asesinato de seis periodistas ocurridos en los últimos meses, todos ellos aún impunes.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ya viajó a Tegucigalpa para constituir una Comisión de la Verdad que investigue estos hechos y las muertes anteriores ocurridas durante el gobierno de facto de Micheletti, pero al gusto argentino el proceso marcha demasiado lento.
Se sabía que el tema sería complicado. Cristina Kirchner ya había tenido una muestra el día en que recibió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la Casa Rosada y mantuvieron un cruce que luego aceptaron hacer público. Estados Unidos considera que las elecciones convocadas por Micheletti fueron "libres" y que a partir de la asunción de Lobo corresponde dar vuelta la página. Sudamérica en su conjunto, en cambio, con Argentina y Brasil a la cabeza, nunca reconoció esa legitimidad y ahora le parece que están lejos de darse las condiciones para considerar el tema superado.
Pero ayer quedó claro que la posición no es unánime. Colombia y Perú ya habían considerado válidas las elecciones e impulsan, a tono con la Casa Blanca, que se legitime a Lobo. Hay otros en el continente que piensan lo mismo. Por ejemplo, el mes pasado, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, también pidió a la Unasur que reconsidere su posición.
El tema es crucial. Argentina y Brasil consideran que avalar la salida hondureña significaría sentar un peligroso antecedente de un golpe "pseudo constitucional", donde se depone a un presidente que no gusta a determinados sectores para armar un nuevo gobierno acorde a su paladar. El peligro, explicaban, lo corrían las democracias "débiles" de la región como Bolivia o Paraguay, que cada tanto sufren un cimbronazo.
Honduras fue expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y para volver necesita el aval de dos tercios de sus miembros. Si los países de la Unasur continúan con su negativa, la cantidad de votos zanjan la cuestión. Fuera de la OEA, Honduras sufre las penalidades de quien se encuentra fuera del marco legal como, por ejemplo, acceder a créditos del BID. Justamente, los dos presidentes ausentes de la cumbre serán el colombiano Alvaro Uribe y el peruano Alan García. Les tocará a sus cancilleres llevar el peso del debate si se traslada a la sesión.
Los otros temas que se trataron no generaron mayores discusiones. La ayuda por los terremotos en Haití y Chile, el estado de excepción dictado por Fernando Lugo en Paraguay, la situación de Malvinas y una condena a la ley antiinmigrantes dictada en Arizona.

4 de mayo de 2010
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esclavos en tiempos de evo

mqh - 25 de abril de 2010 - 20:20 - américa latina

Dificultades en la implementación de la ley de reforma agraria permite subsistencia de prácticas esclavistas.

[Santiago O’Donnell] En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.
Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, "ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales".
Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.
Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.
El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.
Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.
Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.
La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.
Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.
Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.
"Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno", dice el informe. "Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse."
Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. "Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’... Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante", señala el documento.
Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. "La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra", explica la comisión.
En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: "Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote... siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’".
Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.
Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.
El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.
La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.
Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.
"Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia", dice el informe.
En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.
La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.
Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.

25 de abril de 2010
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asesinan a otro periodista en honduras

mqh - 22 de abril de 2010 - 19:31 - américa latina

El gobierno asegura que ningún caso tiene connotaciones políticas. Los grupos de la resistencia y defensores de derechos humanos denuncian un clima de inseguridad total e impunidad de las fuerzas del orden.

[María Laura Carpineta] Honduras. Lo sorprendió un hombre armado cuando salía del canal, luego de terminar su programa. Georgino Orellana era un periodista conocido en Honduras y el sexto que es asesinado en lo que va del año. Según la policía, nadie vio nada; sin embargo, ya barajan la hipótesis de un robo, una teoría que el Palacio Presidencial acompaña. El ministro de Seguridad del gobierno electo bajo dictadura, Óscar Álvarez, condenó el asesinato, pero descartó que Orellana o los otros cinco periodistas hayan sido asesinados por su trabajo. Para él los crímenes fueron resultado de las "situaciones particulares" de cada una de las víctimas; para la Resistencia, en cambio, las coincidencias son demasiadas.
"Es cierto que a veces uno no sabe qué sucede exactamente. Hay casos en que muere un miembro de la Resistencia y la policía dice que era un delincuente común, y hay casos en que realmente son criminales, pero la policía los detiene y los mata. El problema es que estamos viviendo en un clima de inseguridad total, en el que los policías y los militares pueden y hacen lo que quieren", relató a este diario un periodista y militante de la Resistencia, que fue secuestrado y torturado el año pasado y que se vio forzado a exiliarse en la vecina Nicaragua. En Semana Santa decidió volver al país –"Me atreví y entré por un punto ciego"– y aún no se anima a salir de la clandestinidad. Prefiere no dar su nombre. "Pensé que con el cambio de gobierno iba a bajar la tensión, para ganar credibilidad ante el mundo. Pero realmente no ha sucedido eso", señaló.
El caso de Georgino Orellana no es tan claro como el de los anteriores periodistas asesinados, secuestrados o amenazados. Orellana trabajaba en el canal privado de San Pedro Sula, Televisión Nacional de Honduras, como conductor del programa periodístico del horario central En vivo con Georgino. "Representaba un golpismo moderado", concluyó después de pensarlo un rato largo Andrés Pavón, director del Codeh, uno de los principales organismos de derechos humanos del país.
Orellana era además profesor en la Escuela de Periodismo de San Pedro Sula, y hasta el golpe de Estado era una de las estrellas de la Corporación Televicentro. Según colegas citados en los medios hondureños, el periodista habría renunciado a Televicentro por la postura abiertamente golpista de la empresa.
Pero Orellana no se pasó al bando de los derrotados. Sólo dos medios nacionales siguen acompañando a la Resistencia, Radio Globo y Canal 36. El presidente Lobo se ocupó de hacer desaparecer cualquier vestigio de oposición dentro de los medios públicos al nombrar al hombre que arrestó al ex presidente Manuel Zelaya, el general (ahora retirado) Romeo Vázquez Velásquez, como director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.
Por eso, el motivo del asesinato de Orellana no está claro para Pavón. "Lo único que sí se puede decir es que se trató de un típico asesinato al estilo de los sicarios", explicó. Según el relato de la policía, el periodista de 50 años recibió un disparo en la cabeza cuando salía del canal, alrededor de las 9 de la noche, al término de su programa. No detallaron quién llamó a la ambulancia ni cuánto tardó en llegar, pero cuando lo ingresaron al hospital ya estaba muerto.
Pavón no descartó la hipótesis del robo, pero igual acusó al gobierno de Lobo de dirigir una política de represión sistemática contra el periodismo, más o menos crítico, y contra todos los miembros de la Resistencia. "Ayer (por el martes) secuestraron por la tarde a uno de nuestros voluntarios y recién lo liberaron esta mañana (por ayer). Durante su cautiverio escuchó la noticia de la muerte de Georgino Orellana y escuchó a sus secuestradores decir: ‘Esos locos se nos adelantaron’", contó el director del Codeh.
El voluntario secuestrado es Óscar Flores, un militante de la Resistencia de la primera hora, a quien, según contó más tarde, lo confundieron con un dirigente sindical del gremio de los trabajadores de las universidades. Flores había participado junto con una columna de ese gremio en una marcha realizada el martes en la capital en reclamo por una Asamblea Constituyente, un pedido que le valió la presidencia a Zelaya.
Por ahora son todas versiones y rumores, pero los sucesivos asesinatos de periodistas forzaron inclusive a los "golpistas moderados" a reconocer que existe un problema. Ayer el Congreso, el mismo que fue elegido en comicios vigilados y organizados por la dictadura de Roberto Micheletti, le pidió a Lobo que investigara los crímenes.
El gesto se suma a la reciente propuesta de Lobo de crear una comisión de investigación especial para los crímenes contra periodistas. Entre los militantes de la Resistencia desconfían de la palabra del presidente, el mismo hombre que asumió con la promesa de reconciliar al país y aún no retiró a los militares de las calles.

22 de abril de 2010
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por asesinato condenan a ex canciller

mqh - 22 de abril de 2010 - 19:09 - américa latina

Ex canciller uruguayo es condenado a 20 años de cárcel por caso de desaparecida. Juan Carlos Blanco se encuentra en prisión desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Uruguay. El ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, que ejerció su cargo durante parte de la dictadura militar (1973-1985), fue condenado a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
El juez penal de primer turno Juan Carlos Fernández Lecchini achacó a Blanco el delito de "homicidio muy especialmente agravado", indicaron las fuentes.
El ex ministro de Relaciones Exteriores se encuentra en prisión desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos.
El magistrado dio lugar al pedido de procesamiento solicitado por la fiscal del caso, Mirtha Guianze, pero cambió la carátula del expediente de "desaparición forzada", solicitada por esta, por la de "homicidio especialmente agravado", agregaron los informantes.
"Todavía no he sido notificada del fallo, pero seguramente será en la tarde de hoy", dijo Guianze a Efe.
La maestra Elena Quinteros desapareció el 28 de juno de 1976 tras ser detenida por fuerzas de seguridad en los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, donde intentaba pedir asilo.
El caso derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay, que fueron reanudadas el 1 de marzo de 1985, con el retorno de la democracia y la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente.
Blanco se encuentra en prisión desde 2006 por los asesinatos del senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.
El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry, que llegó democráticamente al poder en 1971 y se transformó en dictador tras el golpe de Estado de 1973, también fue procesado junto con Blanco en 2006.
Bordaberry cumple condena actualmente, bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, por otros 10 homicidios y por el delito de atentado contra la Constitución, que en febrero pasado le costó una pena de 30 años.

22 de abril de 2010
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honduras en lista negra de la cidh

mqh - 16 de abril de 2010 - 06:17 - américa latina

CIDH incluye a Honduras en ‘lista negra’ junto con Cuba, Venezuela, Colombia y Haití. Honduras cumple tres de los cinco criterios que el organismo valora para incluir a un país en el Capítulo IV de su reporte anual.

OEA. Honduras entró hoy por primera vez en la ‘lista negra’ del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para países que no cumplen estándares básicos de derechos humanos y en la que repiten un año más Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
Según el informe del año 2009 presentado hoy en Washington, el motivo de la inclusión de Honduras es que, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el país centroamericano cumple tres de los cinco criterios que la CIDH valora para incluir a un país en el Capítulo IV de su reporte anual sobre naciones que merecieron una "atención especial" por la situación de los derechos humanos.
A juicio de la CIDH, tras el golpe, Honduras se convirtió en uno de los "Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares", en el que además "el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto suspendido" y donde "existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos".
Para la inclusión de Honduras en la ‘lista negra’, la CIDH se basa ampliamente en el informe que elaboró tras la visita ‘in loco’ al país centroamericano en agosto del año pasado y que, según concluye en el reporte anual dado ahora a conocer, "considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país".
En esta ‘lista negra’ repiten entretanto otros cuatro países del hemisferio: Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
En el caso de Colombia, la CIDH, aunque reconoce la "compleja situación que enfrenta tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil", considera que el país "aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales".
Asimismo, dice "mantener su preocupación" frente a los "ataques registrados en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados al margen de la ley y la guerrilla" y también por el escándalo de escuchas de los servicios de inteligencia del DAS que estalló el año pasado.
El caso de Cuba ocupa un amplio espacio del informe, en el que resalta que, un año más, en la isla "existen situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos" y reclama de nuevo la "liberación inmediata e incondicional" del alrededor de medio centenar de disidentes aún en prisión tras su condena durante la "primavera negra" de 2003.
Para la CIDH, las "restricciones a los derechos políticos, la ausencia de elecciones libres, la falta de garantías del debido proceso legal y de independencia del poder judicial", así como la "privación de libertad de los disidentes políticos, las restricciones a la libertad de expresión y los hostigamientos a los defensores de los derechos humanos", entre otros, "configuran una situación permanente de transgresión de los derechos fundamentales".
Además, la CIDH dice observar con preocupación la "práctica de torturas en contra de presos políticos" y califica de "sumamente grave la reiterada utilización de juicios sumarísimos sin garantías del debido proceso", instando entre otros a la derogación de tipos penales como el de "peligrosidad social predelictiva" que denuncia constituye una "herramienta de persecución política" del gobierno.
"Cuba es el único país de las Américas donde se puede afirmar categóricamente que no existe ninguna garantía para el ejercicio de la libertad de expresión", subraya la CIDH en su informe, en el que se apunta la posición contraria al reporte de su presidenta, la venezolana Luz Patricia Mejía, al considerar que el organismo no tiene "competencia material y territorial" en Cuba por la no reintegración de la isla a la OEA, cuestión legal que disputan el resto de los miembros de la Comisión.
Haití también repite en la "lista negra" de la CIDH sobre todo por las "graves situaciones de violencia, las serias crisis institucionales y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales".
En el caso de Venezuela, la CIDH se remite al informe sobre este país publicado a finales de febrero y en el que advertía que la "intolerancia" ante la disidencia política, la falta de independencia del poder judicial, las "restricciones" a la libertad de expresión o la "impunidad" de las violaciones de derechos humanos contribuyen a un "debilitamiento" de la democracia en el país sudamericano.
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, rechazó dicho informe, que tachó de "basura", y amenazó con sacar a Venezuela de la CIDH, aunque todavía no ha dado ningún paso en ese sentido.
Con todo, altos funcionarios venezolanos se han quejado reiteradamente del "acoso" que dicen sufrir por la CIDH, que se defiende afirmando que el país figura de los últimos en número de peticiones que decide aceptar -donde Perú, con 46 en 2009 y Argentina, con 28, encabezan la lista- o a la hora de otorgar sus medidas cautelares, tal como muestran las estadísticas también incluidas en el Informe Anual.

16 de abril de 2010
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condenado por asesinar a monja

mqh - 13 de abril de 2010 - 18:48 - américa latina

Brasileño condenado a 30 años por asesinar a una monja de EEUU. La religiosa, que tenía 73 años, fue asesinada en una zona rural de Anapu en 2005.

Brasil. Un tribunal brasileño condenó hoy a 30 años de prisión al hacendado Vitalmiro Bastos de Moura, al considerarlo culpable de ordenar el asesinato en 2005 de la monja estadounidense Dorothy Stang, una defensora de los campesinos sin tierra en la Amazonía.
La decisión del segundo Tribunal del Jurado en Belén, la capital del estado de Pará, anunciada hoy en la pagina web del Tribunal de Justicia de ese estado, se tomó tras quince horas de deliberaciones por parte de los miembros del jurado.
Este ha sido el tercer juicio al que ha sido sometido Bastos de Moura, que fue condenado en primera instancia y absuelto en el segundo proceso.
El hacendado, conocido como ‘Bida’, fue condenado en mayo de 2007 a 30 años de prisión por haber ordenado y pagado por el asesinato de la misionera estadounidense, que recibió varios disparos en febrero de 2005 en una remota región en el estado amazónico de Pará.
En un segundo juicio en 2008, al que tuvo derecho debido a que la legislación permitía ese beneficio para personas condenadas a más de 20 años de prisión, el hacendado fue absuelto en una decisión que fue criticada hasta por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y calificada como un premio a la impunidad.
Como un juez de segunda instancia anuló ese fallo absolutorio por errores en el proceso, el segundo Tribunal del Jurado comenzó ayer en Belén el tercer juicio, en principio previsto para el 31 de marzo pero aplazado debido a que la defensa no se presentó.
Pese a que el nuevo defensor de Bastos de Moura pidió un nuevo aplazamiento al alegar que asumió recientemente el caso y no lo conoce muy bien, el juez Raimundo Moisés Flexa rechazó su petición y pidió que los siete jurados escuchasen a los testigos.
Para garantizar los derechos del acusado y ante la decisión de los abogados del hacendado de abandonar de nuevo el juicio, el juez nombró a dos defensores públicos como responsables de la defensa.
La religiosa, que tenía 73 años, fue asesinada en una zona rural de Anapu, remota localidad amazónica donde lideraba un proyecto para asentar a campesinos sin tierra.
Los dos pistoleros que la asesinaron ya fueron condenados, así como otro hacendado que sirvió de intermediario entre los homicidas y los inductores del crimen.
El autor de los seis disparos, Rayfran das Neves Sales, quien confesó el crimen, fue condenado a 28 años de prisión, y su cómplice, Clodoaldo Carlos Batista, que le acompañó en el ataque aunque desarmado, a 17 años de cárcel.
El hacendado Amair Feijoli da Cunha, que admitió haber sido el intermediario del crimen, fue condenado a 18 años de prisión.
Además de Bastos de Moura, el también hacendado Regivaldo Pereira Galvao es acusado de haber sido uno de los inductores del crimen y aún no ha sido juzgado.

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nueva condena de cidh contra chile

mqh - 06 de abril de 2010 - 14:37 - américa latina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda al Estado chileno "reparar integralmente" a la mujer, quien perdió la tuición de sus hijas en 2004 debido a su orientación sexual.

[Andrea Chaparro] Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que Chile vulneró los derechos de la jueza Karen Atala Riffo, quien perdió la tuición de sus tres hijas por decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2004, debido a su orientación sexual.
Junto con ello, la instancia hizo recomendaciones al Estado chileno en orden a reparar el daño causado a la familia y a evitar la ocurrencia de situaciones similares en el futuro.
En su informe final, del 18 de diciembre de 2009, la comisión recomienda a Chile "reparar integralmente" a Karen Atala por haberse vulnerado su "derecho a vivir libre de discriminación".
También se sugiere compensar el daño causado a sus hijas M., V., y R.L.A.
Asimismo, el texto recomienda al Estado chileno "adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia".
Lo anterior, precisa el informe de la CIDH, debe ser acompañado de recursos humanos y económicos que permitan garantizar la implementación de estas medidas y la capacitación para los funcionarios encargados de hacerlas cumplir, con el objeto de asegurar estos derechos.

Plazo para Medidas
Para la adopción y cumplimiento de estas medidas, la comisión dio un plazo de dos meses, a contar de diciembre último. No obstante, la Corte Suprema sólo recibió el 25 de marzo pasado un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se detallaban las conclusiones de la CIDH en relación al caso Atala y se pedía al Poder Judicial informar al respecto.
El caso y sus antecedentes fueron revisados por el pleno del máximo tribunal el jueves pasado y se resolvió dejar "en acuerdo" el tema.
Se espera que en los próximos días la Corte Suprema remita a la cartera una respuesta oficial.
La jueza Karen Atala Riffo continúa trabajando en el Poder Judicial, actualmente ejerce como magistrada del 14º Juzgado de Garantía de Santiago.

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inquietan asesinatos en honduras

mqh - 04 de abril de 2010 - 23:12 - américa latina

Cunde alarma en Honduras por ejecuciones de periodistas. En marzo fueron asesinados cinco profesionales. La violencia subraya la persistente inestabilidad de Honduras nueve meses después del golpe de estado que derrocó al presidente liberal Manuel Zelaya.

[Alex Renderos y Tracy Wilkinson] Ciudad de México/San Salvador. Nueve meses después de que un golpe militar empujara a Honduras al caos político, organizaciones de derechos humanos denuncian lo que ven como una alarmante serie de ataques contra periodistas, incluyendo el asesinato de cinco profesionales solamente en marzo.
Nadie ha sido arrestado por estos asesinatos, y circulan numerosas especulaciones sobre los motivos. La violencia ilustra la profundidad de la inestabilidad en Honduras, pese a la elección, en noviembre, de un nuevo presidente y su investidura en enero en medio de promesas de que se superarían las divisiones nacionales.
Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa llamaron al presidente Porfirio Lobo a investigar completamente los asesinatos y a ponerles fin.
"Estos ataques restringen seriamente la libertad de expresión y socavan el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre temas de interés público", dijo en una declaración Carlos Lauria, del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York. Calificó la violencia de "sin precedentes".
Los cinco periodistas asesinados este mes fueron atacados en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y otras ciudades, desde vehículos en movimiento. Algunos eran conocidos por su adhesión al derrocado presidente Manuel Zelaya; otros no tenían inclinaciones políticas conocidas.
Independientemente de la política, Honduras tiene una alta tasa de homicidios, y varios de los periodistas trabajaban en partes de Honduras controladas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al contrabando.
José Bayardo Mairena, periodista de la emisora de radio Excelsior, y Manuel Juárez, que trabajaba para Radio Super 10, viajaban el viernes en la provincia de Olancho, a unos ciento veinte kilómetros al norte de Tegucigalpa, cuando un grupo de hombres armados pasaron junto a su coche y les dispararon, dijeron sus colegas.
Otros periodistas fueron asesinados en ataques similares el uno, once y catorce de marzo. Una de las víctimas, Joseph Hernández Ochoa, fue asesinada cuando conducía con su colega Karol Cabrera, una presentadora de un telediario conocida por haber apoyado el golpe de estado, que resultó herida. Tres meses antes, desconocidos habían disparado contra el coche de Cabrera, matando a su hija embarazada de dieciséis años. Cabrera dice que ha recibido numerosas amenazas de muerte.
"Creo que con estos asesinatos empezamos a darnos cuenta de que todavía actúan fuerzas oscuras", dijo en una entrevista telefónica desde Tegucigalpa, el profesor de derecho Leo Valladares, que fue el defensor de los derechos humanos en Honduras durante una década.
Observó que la extrema derecha, que ha sido siempre el poder dominante en Honduras, y la extrema izquierda, tienen razones para sembrar el temor. Muchos en la derecha se oponen a cualquier intento del gobierno de Lobo de realizar un diálogo con los partidarios de Zelaya y otros disidentes. Muchos en la izquierda se niegan a reconocer a Lobo debido a que fue elegido mientras gobernada un represivo gobierno de facto que, dicen, blanqueó el golpe.
José Osman López, presidente del Comité por la Libertad de Expresión en Honduras, dijo que los asesinatos son parte de un deterioro más amplio de los derechos humanos que ha afectado especialmente a opositores al golpe y que contradicen los llamados a la reconciliación.

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