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américa latina

obama y el golpe en honduras


Estados Unidos se mueve con cuidado en crisis hondureña. Funcionarios del gobierno de Obama buscan una solución política y no amenazan con sanciones.
[Paul Richter] Washington, Estados Unidos. El lunes, después de fracasar en impedir el golpe militar en Honduras, el gobierno de Obama trata con cautela de deshacerlo, dejando intactas áreas claves de influencia y llamando a Honduras y otros países en la región a buscar un compromiso.
La estrategia del gobierno está diseñada para evitar dañar los lazos con los aliados de Estados Unidos que respaldan el golpe que removió violentamente de su cargo al presidente Manuel Zelaya ni con las potencias regionales que han sido unánimes en su condena.
El presidente Obama expresó "gran preocupación" por el conflicto, y funcionarios estadounidenses asistirán hoy a una sesión de la Organización de Estados Americanos en Washington que tratará la situación hondureña.
"Creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras, el presidente que fue elegido democráticamente", dijo Obama después de una reunión con el presidente colombiano Álvaro Uribe. "En eso nos hemos unido a todos los países de la región, incluyendo a Colombia y la Organización de Estados Americanos".
Pero aunque condena el derrocamiento, los funcionarios estadounidenses no exigieron la reinstalación de Zelaya. El gobierno dejó a su embajador en Honduras en su lugar, aunque varios gobiernos de la región han retirado a los suyos.
Y pese al control de millones de dólares en ayuda y una enorme influencia económica, el gobierno no amenazó con sanciones o castigos contra los hondureños por haber formado un nuevo gobierno al día siguiente de que Zelaya fuera sacado de la cama y del país el domingo pasado.
Antes del domingo, funcionarios del gobierno de Obama estaban al tanto de la agudización de la crisis y dijeron que hablaron con funcionarios hondureños con la esperanza de resolver la disputa y prevenir una transferencia violenta de poder.
Sin embargo, altos funcionarios de gobierno dijeron que los militares hondureños pusieron fin a esas discusiones el domingo y se negaron a aceptar más llamadas.
Ahora, cuando funcionarios norteamericanos sopesan las secuelas del primer derrocamiento militar en América Central en dieciséis años, el lunes dejaron en claro que estaban buscando un compromiso que pudiera restablecer la democracia sin correr el riesgo de provocar mayores trastornos o de destruir la frágil economía de Honduras.
La secretario de Estado, Hillary Rodham Clinton, dijo que la crisis política "se ha convertido en un golpe de estado". Pero personeros estadounidenses no han decidido legalmente que la intervención sea en realidad un golpe -una conclusión que conduciría a reducciones en la ayuda norteamericana.
Clinton dijo que Estados Unidos se había unido a potencias regionales en la condena de la intervención militar, y estaba trabajando con otros países latinoamericanos para encontrar el modo de restaurar "completamente el orden democrático y constitucional del país".
Funcionarios estadounidenses están "considerando las implicaciones" de la intervención.
"Ha habido un conjunto muy rápido de circunstancias en los últimos días", dijo Clinton. "Si fuéramos capaces de volver... a un status quo que permita el retorno del estado de derecho y del orden constitucional dentro de un período de tiempo relativamente breve, creo que eso sería un buen resultado".
Zelaya ha tratado en los últimos años de inclinar su país hacia la izquierda, forjando lazos más estrechos con líderes regionales, como Hugo Chávez, de Venezuela, y los hermanos Castro, en Cuba, que son declaradamente antinorteamericanos. Cuando Zelaya intentó en las últimas semanas [realizar una consulta popular para] reformar la Constitución y enmendar el término del mandato [presidencial], provocando el rechazo de las fuerzas armadas y de la clase política, funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación.
Sucesivos gobiernos estadounidenses han cultivado estrechos lazos políticos, militares y económicos con Honduras. En los años ochenta, oficiales hondureños colaboraron con Estados Unidos en su guerra contra el gobierno de izquierda de Nicaragua y los revolucionarios salvadoreños.
Las remesas de los inmigrantes hondureños en Estados Unidos dan cuenta de casi un cuarto del producto nacional bruto del país, y el setenta por ciento de las exportaciones hondureñas van a Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses mantienen fuertes lazos con las elites política y comercial que se oponen al gobierno de Zelaya, incluyendo su intención de remover los límites a su propio mandato presidencial.
Y las fuerzas armadas estadounidenses tienen fuertes lazos con los militares hondureños, que enviaron tropas a Iraq en una muestra de apoyo a la campaña norteamericana allá. En la Base Aérea de Soto Cano -a unos cien kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital- permanecen cerca de seiscientos militares.
Pero funcionarios de gobierno no explicaron por qué las conversaciones para impedir el golpe se interrumpieron, lo que permitió que Venezuela dirigiera las críticas contra Estados Unidos, diciendo que el país tenía algo que ver con el derrocamiento -una acusación que el gobierno rechazó.
Sin embargo, Obama ofreció una franca reflexión sobre la historia de Estados Unidos en la región, refiriéndose a la participación de Washington en muchos de los golpes de estado en la región en el siglo pasado.
"Estados Unidos no ha apoyado siempre, como debió haberlo hecho, algunas de esas nacientes democracias", dijo en la Casa Blanca.
"Pero en los últimos años creo que tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos han reconocido que queremos defender la democracia, incluso si los resultados no impliquen siempre que los presidentes de esos países tengan una posición favorable hacia Estados Unidos".

30 de junio de 2009
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derogan leyes de la selva


El congreso anuló las leyes privatizadoras de las tierras de la Amazonia. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos treinta y cuatro muertos, más de sesenta desaparecidos y más de un centenar de heridos.
[Carlos Noriega] Bagua, Perú. El movimiento indígena peruano logró una histórica victoria, luego de que el Congreso anuló ayer las llamadas "leyes de la selva", por una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. "Hemos ganado, nos sentimos triunfadores, pero es lamentable que el gobierno, que pudo haber solucionado esto antes, haya esperado que se dé tanta violencia, que hayan tantos muertos, para derogar estas leyes", le dijo a Página/12 Salomón Awananch, presidente del comité del paro amazónico. Fue un triunfo que les costó sangre a los nativos de la Amazonia. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos 34 muertos, más de 60 desaparecidos y más de un centenar de heridos. Además, los indígenas han debido soportar la persecución contra sus principales dirigentes y una implacable campaña de satanización en su contra.
Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota política del presidente Alan García desde que asumió el poder, hace tres años. La protesta indígena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el país, y no tuvo otra alternativa que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tenía jaqueado al gobierno no le dejó al presidente García otra salida que retroceder.
Con la anulación de las leyes rechazadas por los indígenas por facilitar el ingreso de las transnacionales a sus tierras, el movimiento indígena llamó a sus bases a terminar la huelga que empezó el 9 de abril y a desbloquear las carreteras. Los nativos comenzaron a replegarse. Daysi Zapata, quien reemplaza en el liderazgo del movimiento indígena a Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, calificó la jornada de ayer como "un día histórico". "Se ha demostrado que nuestras demandas eran justas", dijo Zapata. La oposición también celebró la derogatoria de las cuestionadas leyes. Los congresistas del oficialismo insistieron en defender las leyes rechazadas por los indígenas, pero al final votaron por su anulación.
"Apoyamos estas leyes, pero votamos en contra de ellas por razones de Estado", dijo Mauricio Mulder, congresista y secretario general del oficialista partido aprista, justificando el cambio de posición de su bancada, que hace dos semanas, antes de que se produzca la matanza de Bagua, había impedido la anulación de estas leyes. El cambio de postura del oficialismo comenzó el último domingo, cuando el presidente García varió su discurso confrontacional, dejó de lado sus amenazas de endurecer la represión y, por primera vez, habló de diálogo. Al día siguiente, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con los indígenas para anular las leyes, lo que finalmente se concretó ayer. El miércoles en la noche, García dio un mensaje al país admitiendo que el gobierno había cometido errores en su trato con los indígenas y dijo que había que "volver a empezar".
Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos. Entre ellos se respira un ambiente de desconfianza y temor. La derogatoria de las leyes rechazadas por los indígenas fue tomada con satisfacción y alivio por la población no indígena de la ciudad de Bagua, que apoyó la lucha de los nativos y que también sufrió la represión policial. Ahora, la ciudad exige que se eliminen el estado de emergencia y el toque de queda, que rige a partir de las nueve de la noche.
Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas, que reúnen a unos 300 mil pobladores, y el gobierno. Pero ese diálogo no será fácil. La primera exigencia de los indígenas será el cese de la persecución contra sus principales dirigentes, que tienen orden de captura. El líder indígena, Alberto Pizango, debió viajar el martes a Nicaragua como asilado político, luego de que el gobierno lo acusara de "azuzar a la violencia" a los nativos y se ordenara su captura. "Para continuar el diálogo, vamos a exigir que se anulen las órdenes de captura contra nuestros dirigentes, incluido Pizango. Son cerca de veinte dirigentes que tienen orden de captura. También exigiremos que se libere a los que siguen encarcelados (quedan 18 detenidos). Si el gobierno no hace eso, entonces nos retiraremos del diálogo. Estamos felices por la anulación de las leyes, pero seguimos muy afectados y dolidos por la forma cómo nos trató el gobierno", le señaló a este diario Salomón Awananch antes de viajar a Lima para incorporarse al diálogo con el gobierno.
El gobierno se la jugó a fondo por unas leyes que buscaban facilitar el ingreso de las transnacionales a la Amazonia y terminó perdiendo. Ahora debe comenzar un diálogo con los indígenas con las heridas de la represión todavía abiertas y en una situación de mucha desconfianza. Lo que se viene no será fácil.

19 de junio de 2009
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izquierda y derecha en centroamérica


En América Central, es difícil distinguir entre izquierda y derecha. Las diferencias son cada vez menos claras.
[Tim Rodgers] San Salvador, El Salvador. Mientras en América Central el último presidente que se define como derechista limpia su escritorio y se prepara para dejar el cargo, la región, que fue en el pasado un bastión de dictaduras de extrema derecha y gobiernos conservadores neoliberales, es ahora marcadamente de izquierda.
El lunes el presidente salvadoreño Tony Saca, el aliado conservador más cercano de Estados Unidos en América Central, entregará el poder al presidente entrante, Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El Salvador y Nicaragua serán gobernados ahora por ex movimientos de guerrillas marxistas, mientras que Guatemala y Honduras son dirigidos por sus propias versiones de gobiernos de izquierda, las primeras administraciones socialistas en más de cincuenta años.
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, sigue siendo el abanderado de la centro-derecha de la región, mientras que el presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, un magnate de los supermercados, que asumirá la presidencia el 1 de julio, parece ser la nueva esperanza de los conservadores en la región. Pero en términos más amplios, el péndulo del poder en América Central ha oscilado claramente de la derecha a la izquierda en los últimos años.
Ahora la pregunta es: ¿Y así, qué?
En una era de democracia moderna y economía global, la distinción entre izquierda y derecha se ha enturbiado e incluso convertido en irrelevante -una construcción anacrónica que significa más durante campañas presidenciales que en gobiernos reales.
"Es tentador decir que América Central se ha movido hacia la izquierda, pero esa es una manera bastante superficial de ver lo que está pasando", dijo Michael Shifter, vicepresidente de política exterior para Diálogo Interamericano, un laboratorio ideológico de Washington, D.C., sobre América Latina.
Shifter dice incluso que los dos nuevos presidentes electos en El Salvador y Panamá, que representan ostensiblemente extremos opuestos del espectro político, tienen "más similitudes que diferencias" en cuanto a que ambos hicieron campaña como desconocidos que retaban a un status quo fatigado. "No sería sorprendente descubrir que, como presidentes, Funes y Martinelli gobiernen de manera similar", dijo Shifter.
"Sus opciones en política económica son muy limitadas y dejan poco espacio para experimentos".
Incluso intelectuales citados por la izquierda dicen que las etiquetas de izquierda y derecha se han convertido en descripciones carentes de sentido.
El intelectual estadounidense Noam Chomsky, cuyos escritos han sido citados por el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, dijo al Miami Herald, en un mensaje por correo electrónico, que los términos derecha e izquierda han sido completamente corrompidos por la propaganda".
Quizás en ningún lugar en América Central es la confusión más turbia que en Nicaragua, donde el presidente sandinista Daniel Ortega -testaferro de la izquierda de la vieja escuela- ha forjado nuevas alianzas políticas con líderes de la oposición conservadora y la iglesia católica. Esos pactos han conducido a medidas revolucionarias como la eliminación de varios partidos políticos minoritarios y a una nueva ley que prohíbe el aborto terapéutico.
Pese a los reclamos de Ortega de que es socialista, el manejo de su gobierno de la estabilidad presupuestaria y macroeconómica ha sido celebrado por fiscalizadores conservadores, incluyendo al Fondo Monetario Internacional.
"Si tuviera que usar un adjetivo para describir el manejo macroeconómico de la economía por los sandinistas, las palabras que se me vienen a la mente son responsabilidad y, Dios me libre, conservador", dijo el legislador de oposición Francisco Aguirre, del Partido Liberal Constitucionalista y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
En El Salvador, la distinción entre izquierda y derecha también es algo enmarañada, incluso antes de que Funes asumiera el cargo. El ex periodista de televisión elegido en la lista del FMLN está tratando de mantener un difícil acto de equilibrio centrista y ha mantenido la distancia de líderes como Ortega y Chávez, pese a reunirse con el presidente venezolano el 19 de mayo.
Sin embargo, Funes dijo que no se unirá al club socialista de Chávez -la Alternativa Bolivariana para las Américas- y en lugar de eso ha recurrido al FMI y otras instituciones crediticias internacionales pidiendo ayuda para superar la crisis.
En Panamá, la reciente elección de Martinelli ha dado a la sitiada derecha de Centroamérica la sensación de estar volviendo.
En Costa Rica, el Partido Movimiento Libertario, de extrema derecha, está organizando una reunión de políticos centroamericanos de similar orientación para el mes que viene en San José, donde el invitado de honor es Martinelli. La reunión, de acuerdo a un comunicado de prensa, quiere unir a los políticos conservadores para "rescatar a América Central de las políticas irresponsables, estériles y empobrecedoras del populismo autoritario y retomar la ruta hacia el bienestar, desarrollo y modernización en nuestros países".
Pero los conservadores que están en el poder no parecen compartir ese mismo celo ideológico por cambiar.
Incluso el presidente colombiano Álvaro Uribe, el último presidente de derechas del hemisferio, dice que la diferencia entre la derecha y la izquierda es en gran parte simbólica.
"En todo el continente estamos comprometidos con la democracia, de modo que las viejas divisiones se han convertido en obsoletas, polarizadoras y de poco uso práctico", dijo Uribe durante un discurso reciente ante una audiencia de hombres de negocios en Ciudad de Panamá.
Lo que Uribe no dijo es que él y sus contrapartes de izquierda en América Latina también comparten la intención de permanecer en el poder más allá de los términos establecidos, incluso si eso significa torcer las reglas de sus propias democracias. Uribe es el último presidente en el hemisferio que busca un referéndum que le permita presentarse a la reelección en 2010 -una aspiración que la oposición llama "dictatorial".
En realidad, en América Latina el objetivo común del poder político parece ser acabar con un triunfo cualquier diferencia ideológica menor.

Tim Rogers es editor del The Nica Times en Nicaragua.

12 de junio de 2009
6 de junio de 2009
©miami herald 
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garcía en ruta a dictadura neoliberal


Indígenas de Perú en repliegue, llaman protesta general.
[Marco Aquino] Bagua Grande, Perú. Indígenas amazónicos de Perú comenzaron a retornar el lunes a sus aldeas, luego de desafiar al gobierno neoliberal de Alan García con violentas protestas que dejaron decenas de muertos, mientras los sindicatos llamaban a una jornada nacional de protesta.
Unos 200 indígenas congregados en Bagua Chica, departamento de Amazonas, fueron los primeros en partir hacia sus comunidades y serían seguidos el martes por casi un millar de otros nativos refugiados en un centro católico de Bagua Grande, dijeron sus dirigentes.
El repliegue comenzó al tiempo que organizaciones encabezadas por la mayor central sindical del país, CGTP, convocaban para el jueves 11 una ‘Jornada Nacional de Lucha’, acentuando la mayor crisis política enfrentada por García, quien completará en julio el tercer año de su segundo mandato quinquenal.
La convocatoria sindical y una dura respuesta de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, parecían alejar posibilidades de diálogo para superar la crisis desatada por las protestas de los indígenas contra una ley de inversiones que consideran una amenaza para los recursos naturales de la extensa Amazonía.
"El presidente García es el responsable de la matanza", dijo en conferencia de prensa el líder de la CGTP, Mario Huamán, al llamar a la protesta, que incluirá una marcha en Lima y será acompañada por los indígenas con un "paro amazónico".
El sindicalista amenazó con un posterior paro nacional si el gobierno mantiene sus medidas en favor de inversionistas extranjeros en hidrocarburos y minerales y continúa la persecución al líder indígena Alberto Pizango, cabeza de las movilizaciones en tres departamentos amazónicos.
Cabanillas, mostrando una firmeza que parecía destinada a desvirtuar rumores de una crisis ministerial, dijo a reporteros que la "jornada de lucha" del jueves sería parte de un plan antidemocrático y denunció que "en septiembre va a ser la segunda intentona para derrocar al presidente Alan García".
Dirigentes indígenas, que aseguraron que su protesta seguía en pie pese al repliegue, negaron que Pizango hubiera huido al extranjero.
La presunta huida de Pizango fue aprovechada el fin de semana por García para denunciar que las protestas eran una "conspiración anti peruana" alentada por gobiernos extranjeros "competidores", que no identificó.
Medios locales advirtieron que la tensión continuaba en la también amazónica de Yurimaguas, donde otros millares de indígenas mantenían bloqueada una carretera.
La defensora del pueblo, Beatriz Merino, exhortó "a la paz, a que no se repitan hechos de violencia lamentable", revelando que el gobierno se proponía dispersar a los aproximadamente 5.000 indígenas concentrados en la vía entre Yurimaguas y Tarapoto.

"No ha Huido
El paradero de Pizango, contra quien la justicia emitió una orden de captura, continuaba siendo un misterio aunque sus allegados aseguraron que estaba refugiado en Lima.
"Nuestro líder está aquí, dialogando con los líderes de la Amazonía (...), él no está huido, simplemente está garantizando su vida", dijo en conferencia de prensa Deisy Zapata, vicepresidenta de la organización nacional de los indígenas conocida por su sigla AIDESEP.
La ministra Cabanillas, quien no ahorró calificativos para los "criminales homicidas" líderes indígenas, emplazó a Pizango a presentarse ante la Justicia para responder por los delitos que, según dijo, derivaban de su convocatoria a las protestas.
"El que la hace la paga (...), ese crimen no va a quedar impune, por muy nativo que sea", afirmó.
El gobierno dijo el fin de semana que tenía informes de que Pizango habría huido a la vecina Bolivia, donde sería respaldado por el gobierno del presidente indígena Evo Morales.
La Paz negó injerencia en el conflicto peruano y dijo que investigaría si el líder de la AIDESEP, quien no estaba ubicable desde el mediodía del viernes, ingresó a su territorio.

Repliegue
Indígenas de varias etnias hallaron refugio en Bagua Grande tras protagonizar el viernes y sábado choques con la fuerza pública en una carretera y en una estación de bombeo del oleoducto principal del país.
Líderes indígenas dijeron que esa violencia dejó al menos 30 manifestantes muertos, pero el gobierno informó que hasta el lunes había confirmado el deceso de sólo nueve indígenas, además de 24 policías "cruelmente asesinados".
La violencia en las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica estalló cuando la policía y el ejército intentaron dispersar a los indígenas que bloqueaban una carretera regional, al día siguiente de que el Congreso desistiera de revisar un polémico paquete de leyes pro inversiones.
Los indígenas consideran que esas leyes -defendidas por el gobierno de García como imprescindibles para atraer inversiones hacia los hidrocarburos y otros recursos de la selva- violan sus derechos sobre el territorio amazónico.
"Regresamos a nuestras comunidades para conversar sobre lo que ha pasado, pero no estamos derrotados porque seguiremos con nuestra lucha", dijo en Bagua Nérida Díaz, una de las dirigentes de los indígenas, mayormente de las etnias aguarunas y huambisa.
"Vamos a seguir peleando porque no en vano nuestros muertos están en la Curva del Diablo", agregó Díaz, refiriéndose al lugar de la carretera amazónica donde se produjeron los choques más graves entre indígenas y los uniformados.

Escrito por Carlos A. Quiroga. Editado por Juana Casas.

8 de junio de 2009
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denuncian desaparición de indígenas


Según la prensa local decenas de nativos deambulan por esa ciudad y otros puntos de la región para encontrar a sus familiares desaparecidos.
Perú. El dirigente de la comunidad awajun, Nérida Díaz, denunció hoy desde el centro parroquial de Bagua Grande, la desaparición de 100 aborígenes durante la represión lanzada el viernes por el gobierno del Presidente peruano, Alan García, quien sigue hablando de influencia "extranjera" en las protestas.
Por su parte, el ministro del Interior (s), Wilson Hernández, desmintió la existencia de fosas comunes y el hallazgo de otros 15 indígenas asesinados, tras una denuncia de nativos, en el marco de una crisis en la región en la que abundan denuncias de crímenes atroces y amenazas a medios locales de difusión.
Representantes de Bolivia, Chile y Venezuela condenaron la violencia y solicitaron investigaciones que lleven al castigo de los responsables de la matanza de indígenas.
El ex mandatario Alejando Toledo, pidió a García que identifique a los supuestos "extranjeros" que según dijo están "conspirando" contra el país, mientras diputados oficialistas apuntaron al Presidente de Bolivia, Evo Morales, y al dirigente nacionalista Ollanta Humala.
Hernández, quien se encuentra también en esa localidad, a unos 40 minutos de Reposo, en Amazonas, respondió que las autoridades están buscando a los "supuestos" desaparecidos.
Vladimir Portilla, comisionado de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bagua Grande, dijo hoy tras un recorrido por la periferia de esa localidad, que no encontraron a los indígenas cuya desaparición es denunciada por sus familiares.
Los representantes de la Defensoría señalaron no haber registrado denuncias por violaciones a los derechos humanos entre 36 detenidos en la localidad, cuya situación jurídica es vigilada por el Ministerio Público.
En tanto, el periodista Carlos Torres, de la radio La Voz de Bagua, relató hoy que decenas de nativos deambulan por esa ciudad y otros puntos de la región, para encontrara a sus familiares desaparecidos.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, descartó que hayan sido hallados entre 12 y 15 cadáveres, y dijo que en la zona no se encontró ningún cuerpo ni fosa común, pero estas afirmaciones contrastan con denuncias que van multiplicándose con el paso de las horas.
Merino reclamó un diálogo urgente entre el gobierno y las comunidades nativas para evitar la violencia, como así mismo le pidió a la policía y a la justicia identificar a los responsables de las muertes de nativos y uniformados.

8 de junio de 2009
©la tercera
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atrapan a espías cubanos


Ex funcionario y su esposas son acusados de espiar para Cuba. La fiscalía dice que Walter Kendall Myers y Gwendolyn Steingraber Myers, ambos en los setenta, trabajaban para el régimen de Fidel Castro.
[Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. Durante casi treinta años, el ahora retirado funcionario del Departamento de Estado, y su esposa, conspiraron para entregar al gobierno cubano informaciones reservadas, empezando con secretos guardados en carritos de supermercado y culminando en mensajes de correo electrónico codificados enviados desde cybercafés, informaron el viernes las autoridades federales.
Walter Kendall Myers, 72, era conocido para sus contactos como ‘Agente 202’, de acuerdo a la acusación y querella criminal presentadas aquí en un tribunal federal. Gwendolyn Steingraber Myers, 71, era la ‘Agente 123’.
Funcionarios del ministerio de Justicia dijeron que, sobre la base de lo que pueden haber transmitido a Cuba en el curso de los años, la pareja, especialmente Kendall Myers, representaba un serio peligro para la seguridad nacional.
"Las actividades clandestinas descritas en la acusación, que se extendieron durante casi tres décadas, son increíblemente graves", dijo David Kriss, fiscal asistente para la seguridad nacional.
La pareja se declaró inocente en la comparecencia ante la corte el viernes tarde para responder a la acusación de haber trabajado como agentes clandestinos del gobierno cubano, y estafa electrónica. Fueron detenidos en régimen de prisión preventiva a la espera de la audiencia de acusación este miércoles.
Representantes en Washington del gobierno cubano no pudieron ser localizados para pedir sus comentarios. Thomas Green, un abogado identificado como defensor de la pareja, tampoco pudo ser localizado.
La acusación sugiere con dramáticos y extensos detalles que los Myers espiaron por simpatía hacia Cuba y su líder Fidel Castro, y llevados por las ansias de aventura.
La pareja recibía poco a modo de pago, dicen los documentos. En lugar de eso, se dice que recibieron medallas del gobierno comunista -y que incluso tuvieron un encuentro de cuatro horas con Castro en 1995. De acuerdo a los documentos, Castro visitó a la pareja en una pequeña casa en Cuba donde estaban alojando después de viajar por México con identidades falsas.
La fiscalía dice que la pareja también viajó a Trinidad y Tobago, Jamaica, México, Brasil, Ecuador y Argentina, para reunirse con contactos cubanos.
La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, ordenó un sumario interno del caso, un "estudio comprehensivo de los daños, en coordinación con la comunidad de inteligencia" y una completa revisión de procedimientos de seguridad actuales y pasados del Departamento de Estados para prevenir ese tipo de brechas en el futuro.
"La secretaria de Estado toma muy en serio este asunto, como cualquier otra acusación de conductas delictivas", dijo el ministerio en una declaración.
La detención de los Myers, dijo el ministerio, se produjo después de una investigación conjunta del FBI y la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado que duró tres años, que empezó como una pesquisa interna de Kendall Myers como "probable" agente cubano.
Él y la que entonces era su novia fueron reclutados en 1978 después de que visitaran la isla por invitación de un funcionario del gobierno cubano en Nueva York. En esa época Kendall Myers trabajaba como instructor en el Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado.
"Cuba es muy excitante", escribió Kendall Myers en un diario de vida que escribió durante el viaje, de acuerdo a la acusación de la fiscalía. También escribió que Cuba era mejor que Estados Unidos en cuanto a seguro médico y otros servicios sociales.
Agentes de inteligencia en Cuba presuntamente estudiaron a Kendall Myers y lo consideraron un posible recluta, para lo cual enviaron a un operativo a visitar a la pareja en Dakota del Norte. Supuestamente los dos accedieron a trabajar como agentes clandestinos.
Cuba entonces ordenó a Kendall Myers dirigirse a Washington y conseguir un trabajo en el Departamento de Estado o en la CIA, de modo que estuviera en mejor posición para espiar al gobierno de Estados Unidos, dice la acusación.
Aparentemente el plan funcionó mejor de lo que se habían imaginado en Cuba.
"Se introduce [en el ministerio] y empieza a recibir emisiones de radio en onda corta desde Cuba en su departamento aquí en Cathedral Avenue", dijo un funcionario del ministerio de Justicia, que habló a condición de conservar el anonimato debido a que la investigación aún continúa.
Kendall Myers trató primero de conseguir empleo en la CIA, pero no tuvo éxito. Pero empezó pronto a trabajar con el Buró de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado. Desde 2001 hasta su jubilación en octubre de 2007, fue analista para Europa, donde tenía acceso a informaciones confidenciales como especialista en análisis de inteligencia.
En su último año en el Departamento de Estado, Kendall Myers revisó más de doscientos informes reservados sobre Cuba, la mayor parte de ellos con el sello ‘Secret’ o ‘Top Secret’, dice la acusación.
Steingraber Myers, que trabajaba en un banco, nunca obtuvo una autorización de seguridad del gobierno. Pero se la acusa de haber hecho gran parte del trabajo pesado de la operación de espionaje, especialmente en la entrega de la información.
En un momento empezó a pasar información en un carrito de supermercado, dice la acusación, porque "ahora tienen cámaras" en las tiendas.
En los últimos años, se dice que los dos dejaron de espiar y tenían miedo de ser atrapados. Indicaron que tenían interés en marcharse "a casa" -Cuba- en un velero, dice fiscalía.
Pero el 15 de abril, hombre que dijo que era colega del contacto cubano de Kendall Myers lo paró en la calle, le dio un cigarro por su cumpleaños y le propuso un encuentro.
El hombre se reunió varias veces con la pareja, que parecieron estar interesados en ayudar a Cuba y accedieron a utilizar un nuevo aparato para codificar mensajes de correo electrónico, dice la acusación.
Presuntamente la pareja entretuvo al nuevo contacto con historias de sus logros, pero cuando llegaron para una reunión con él el jueves a un hotel en Washington, fueron arrestados discretamente. El contacto, dice la fiscalía, era un agente encubierto del FBI.
Su detención se produce en momentos en que el gobierno de Cuba intenta acercarse a Cuba y busca aliviar décadas de restricciones, incluyendo de cubano-americanos a la isla.
Si llegan a ser condenados, los Myers arriesgan sentencias máximas de hasta veinte años de cárcel cada uno por cargos de fraude electrónico, y hasta quince años por cargos de conspiración y por haber servido como agentes secretos de un gobierno extranjero.

6 de junio de 2009
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violentos incidentes en perú


Decenas de víctimas en enfrentamientos en un control de carretera.
[Simón Romero] Lima, Perú. Enfrentamientos entre manifestantes indígenas y fuerzas de seguridad en una remota carretera en la selva al norte de Perú dejó el viernes más de dos decenas de víctimas mortales, entre las cuales once agentes de policía, aumentando la tensión sobre las intensas protestas de grupos indígenas contra los planes el gobierno de abrir extensas áreas de la selva para permitir la explotación del petróleo y de maderas y la construcción de una presa hidroeléctrica.
Los manifestantes indígenas que luchan contra las operaciones petroleras y madereras bloquearon el viernes una carretera en el norte de Perú, que la policía trató de disolver [disparando y] arrojando bombas lacrimógenas.
Se conocen varias versiones sobre los primeros enfrentamientos. Líderes indígenas dijeron aquí que la matanza ocurrió el viernes en la mañana después de que la policía disparara desde helicópteros contra los cientos de manifestantes que habían bloqueado la carretera en la norteña provincia de Bagua, provocando la muerte de al menos veintidós civiles. La Asociación Médica Chachapoyas, en el región donde ocurrió la matanza, dijo que las víctimas indígenas sumaban veinticinco.
La ministro del Interior de Perú, Mercedes Cabanillas, dijo que la policía no inició la carnicería, sino que fueron "víctimas del pánico". El primer ministro Yehude Simon dijo el viernes noche que habían muerto once agentes de policía y tres indios, y que treinta y ocho agentes de policía y un ingeniero civil habían sido secuestrados por los manifestantes.
Las protestas son parte de una bien organizada campaña de grupos indígenas que se han inspirado en parte en movimientos similares en Bolivia y Ecuador.
Indignados por la renuencia del gobierno a involucrarlos en los proyectos, los grupos indígenas de Perú sorprendieron a las autoridades con su repentina fortaleza y organización y ahora amenazan con embotar los intentos del presidente Alan García por atraer a inversores extranjeros a la región.
"El presidente pensaba que aceptaríamos dócilmente planes que cambiarán completamente nuestras técnicas de caza y agrícolas, y no los aceptaremos", dijo Juan Agustín, 41, indio shipibo y presidente de la Asociación de Desarrollo Interétnico de la Selva Peruana, una organización paraguas de más de trescientas mil personas de decenas de grupos indígenas.
Las protestas han interrumpido la producción de petróleo y los oleoductos, bloqueado el comercio en las carreteras y vías fluviales y detenido los vuelos a aeropuertos remotos. Aunque existen informes sobre escasez de combustible y alimentos en algunas zonas de la selva, la verdadera preocupación es que las protestas logren interrumpir el suministro de energía hacia importantes ciudades costeras.
Las víctimas de los enfrentamientos del viernes en Bagua, cerca de un oleoducto que fue blanco de los manifestantes, representan un serio reto para García. Líderes indígenas han descrito los incidentes como "genocidio". Se ha declarado un toque de queda en la región para impedir [según dice el gobierno] otros incidentes violentos.
García, el 9 de mayo, ya había declarado el estado de emergencia de sesenta días en áreas afectadas por las protestas, que empezaron en abril. Pero la decisión sólo parece haber aumentado las tensiones, y las protestas se han extendido desde el norte de Perú a zonas estratégicamente importantes en el sur del país.
El fin de semana pasado unos doscientos indios machiguenga ocuparon estaciones de válvulas de los oleoductos que transportan gas natural desde el enorme proyecto Camisea en el sudeste del país. Los soldados recuperaron el control de los sitios, informó el ministro de energía. Pero líderes indígenas anunciaron que las volverán a ocupar.
Los manifestantes exigen que García derogue los decretos que han facilitado la entrada de compañías a la cuenca del Amazonas, y se han concentrado en repeler los proyectos más importantes.
Por ejemplo, líderes del grupo indígena asháninka están tratando de descarrilar un proyecto de Eletrobrás, una compañía controlada por el gobierno de Brasil, de gastar más de diez mil millones de dólares para construir cinco plantas hidroeléctricas en Perú.
"Queremos la paralización inmediata de todos los proyectos que han sido diseñados sin consultar a los que vivimos en la selva", dijo Daniel Marzano, 39, líder asháninka de la provincia de Atalaya.
Pero es la concentración coordinada de las protestas en las instalaciones de producción de energía las que han alarmado a los analistas y a las clases política y empresarial de Perú, que viven abrumadoramente en ciudades costeras.
"Los líderes tienen una visión estratégica, y golpean al país donde más duele", dijo Alberto Bolívar, experto en seguridad, que señaló la posibilidad de que protestas en algunas zonas remotas de la selva aunen fuerzas con una facción resurgente de Sendero Luminoso, la organización maoísta peruana que se [cree que se] sostiene con el comercio de la cocaína.
El viernes, los guerrilleros dispararon contra un helicóptero que transportaba tropas en el sur de Perú, matando a un soldado e hiriendo a otros cuatro.
Aldo Mariátegui, editor del diario Correo, especuló que las protestas eran alentadas por los gobiernos de Venezuela y Bolivia para derrocar a García. Es una idea que hacen suya muchos miembros de la élite política y comercial de Perú.
Sin embargo, líderes indígenas entrevistados para este artículo rechazan la especulación. En lugar de eso, dijeron que el conflicto surgió porque el gobierno abrió la selva para nuevas inversiones sin consultar previamente ni involucrar a la gente que vive allá.
En el caso del petróleo, por ejemplo, al menos 58 de las 64 áreas controladas por compañías multinacionales para la explotación del petróleo se yuxtaponen con tierras de propiedad de pueblos indígenas, de acuerdo a un estudio de científicos de la Universidad Duke el año pasado.
Explicando la posición del gobierno el mes pasado, García dijo: "Tenemos que entender que cuando se trata de recursos como el petróleo, el gas y la madera, estos no pertenecen solamente a la gente que tuvo la fortuna de nacer ahí, porque eso querría decir que más de la mitad del territorio peruano pertenece a unos pocos miles de personas".
Esas ideas encuentran eco en un país de casi treinta millones de habitantes donde casi tres cuartos de ellos viven en zonas urbanas. Pero las protestas, que muestran pocos signos de aplacarse, ofrecen una visión diferente sobre cómo debería desarrollarse el Perú.
Incluso antes de los enfrentamientos en Bagua, el gobierno utilizó esta semana a la armada para romper los bloqueos del río Napo en el norte para permitir el pasaje de barcazas de Perenco, una compañía petrolera que planea invertir dos mil millones de dólares, hacia el interior de la selva tropical.
"Ahora tenemos un gobierno que recurre a la fuerza militar para dirigir el desarrollo del Amazonas", dijo Paul McAuley, activista ecologista de Christian Brothers, una orden laica católica, en la ciudad amazónica de Iquitos. "Esta no es una estrategia sustentable".

6 de junio de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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oea levanta castigo contra cuba


Por unanimidad, los treinta y cuatro cancilleres de la región pusieron fin a cuarenta y siete años de exclusión. Después de 36 horas de tensión y caras largas, los 34 cancilleres del continente llegaron a un difícil y ajustado consenso. "Le digo al comandante Fidel Castro: ‘Hoy la historia lo absolvió’", sentenció el mandatario hondureño.
[María Laura Carpineta] Honduras. "La Guerra Fría ha terminado". Triunfante, el anfitrión de la Asamblea General de la OEA, el presidente hondureño Manuel Zelaya, sepultó la resolución que hace 47 años expulsó a Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "Le digo al comandante Fidel Castro: ‘Hoy la historia lo absolvió’", sentenció el mandatario, mientras a su lado sus pares latinoamericanos asentían con satisfacción y orgullo. Después de 36 horas de tensión y caras largas, los 34 cancilleres del continente llegaron a un difícil y ajustado consenso. "La resolución que excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano queda sin efecto", leyó una de las funcionarias de la organización y el salón principal del Club Árabe, la sede de la cumbre, estalló en aplausos.
"Hoy (por ayer) la OEA hizo historia; hoy la OEA empezó a escribir una nueva historia", le dijo a este diario horas después el canciller boliviano David Choquehuanca, intentando bajar el nivel de adrenalina que acumuló los últimos días. Anoche el gobierno cubano también consideró la decisión de la OEA como un hito histórico, pero marcó distancia de todas las especulaciones que surgieron sobre su posible vuelta a la organización que expulsó en 1962 al gobierno revolucionario de Fidel Castro por asumir la ideología marxista leninista y aliarse al bloque soviético y a la China comunista.
"Cuba no ha pedido ni quiere regresar a la OEA, una organización llena de una historia tenebrosa y entreguista. Pero reconoce el valor político, el simbolismo y la rebeldía que entraña esta decisión impulsada por los gobiernos populares de América latina", señaló el gobierno de Raúl Castro, a través de un comunicado difundido por la televisión de la isla.
Pero la aclaración de La Habana no logró opacar la sensación de victoria que reinaba ayer entre los cancilleres en la ceremonia de cierre de la 39ª Asamblea General de la OEA. "Dimos un primer paso. Ahora tenemos que dar el segundo, vencer la segunda injusticia que pesa sobre el pueblo cubano. Los representantes de los países americanos debemos pedir que se levante el embargo estadounidense contra Cuba", instó Choquehuanca, el canciller boliviano. Pero un festejo a la vez, pidió el funcionario.
Anteanoche pocos imaginaban en Honduras que la asamblea terminaría así. El debate había terminado en un aparente callejón sin salida. Estados Unidos reclamaba incluir en el texto de la resolución condiciones para una eventual vuelta de Cuba a la OEA, y los aliados de la isla –Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua– se negaban tajantemente a esa propuesta. Ayer la discusión arrancó temprano y directamente a puertas cerradas. Los grandes discursos y las palabras confrontativas habían quedado atrás; no había más tiempo para eso.
Minutos antes de las 13 (hora hondureña), el escenario cambió en la pequeña ciudad de San Pedro Sula. El canciller ecuatoriano Fander Falconi hizo el anuncio que la mayoría deseaba escuchar, pero pocos esperaban tan temprano. "Se llegó a un consenso", informó, sonriente y orgulloso.
La fumata blanca impregnó los pasillos del Club Arabe de inmediato. La tensión comenzó a ceder y a los pocos minutos todos los cancilleres se sentaron en sus sillas para hacer el anuncio formal y celebrarlo. Como es la costumbre de la Asamblea General de la OEA, no hubo votación; la resolución salió por consenso, por aclamación. "Hemos terminado con un anacronismo y una injusticia", festejó el canciller argentino Jorge Taiana.
Lo que no lograron sortear fue la disputa por las condiciones en que Cuba podría volver a la organización. La derogación de la resolución de 1962 sólo anula la prohibición, pero es la isla la que debe solicitar su reingreso. De hacerlo se abrirá una nueva discusión. "La participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA", dice el segundo y último punto de la resolución aprobada ayer.
Como todo en diplomacia, cada uno lo interpretó según su conveniencia. Para Venezuela y los aliados de Cuba en el ALBA, esa frase no implica ninguna condición concreta; para Estados Unidos, es justamente eso, la obligación de todos los miembros de cumplir con los principios de libertad de expresión y de partidos políticos que defiende la Carta fundacional de la OEA. Pero ésa es una pelea para el futuro, acordaron ayer los 34 cancilleres.
Taiana aprovechó el clima de paz y satisfacción para destacar la cooperación del gobierno norteamericano. "Resulta evidente que el gobierno del presidente Barack Obama ha iniciado un retorno a los valores y principios del multilateralismo", señaló Taiana, antes de que tomara la palabra a Thomas Shannon, el segundo de Hillary Clinton para temas latinoamericanos, que tomó su lugar en la asamblea.
"No estamos interesados en luchar viejas batallas o en vivir en el pasado", señaló el norteamericano, mostrando su lado más conciliador. Habló de respeto mutuo y de empezar a escuchar las voces diferentes, pero eso sí, aclaró, el caso cubano tiene sus particularidades. "Estados Unidos espera el día en que una Cuba democrática se reintegre en el sistema interamericano. Hasta entonces, buscaremos nuevas vías con Cuba para beneficiar a la gente de ambas naciones y del hemisferio", agregó Shannon, retornando por un instante al ceño fruncido y el tono duro que marcaron las primeras 24 horas del debate.
Para Peter Hakim, el director de Diálogo Interamericano, una ONG que impulsa desde Washington las relaciones entre los países del hemisferio, el gobierno de Obama no quería este desenlace. "Fue demasiado rápido para los tiempos que venía manejando", opinó en diálogo telefónico con este diario. "Obama empezó un acercamiento con el gobierno cubano, pero es un tema muy delicado para Estados Unidos y en Honduras se quedó visiblemente solo", agregó.
El analista recordó que no es la primera vez que un gobierno estadounidense se queda solo ante los países latinoamericanos, pero sí es la primera vez que cede para conseguir un acuerdo. "Lo verdaderamente histórico de lo que sucedió en Honduras es que América latina convirtió a la OEA en un organismo multilateral, en el que Estados Unidos ya no puede imponer sus condiciones", aseguró Hakim.

Enojo de los Republicanos
La decisión de la Asamblea General de la OEA que anuló ayer la resolución que marginó a Cuba de la organización en 1962 fue criticada en Estados Unidos, donde siete legisladores, mayoritariamente republicanos, presentaron un proyecto de ley para suspender el aporte financiero de su país a la OEA si Cuba regresa al organismo. "Que los miembros de la OEA consideren siquiera la posibilidad de readmitir a esta brutal dictadura es insensato, irresponsable y antidemocrático", señaló un comunicado de uno de los legisladores que copatrocina el proyecto, el representante republicano Connie Mack de Florida. A su vez el diputado Albio Sires declaró: "Lo que sucedió fue muy grave". Insulza no se sorprendió: "Van a surgir críticas por todos lados, los diputados de Estados Unidos no están muy contentos", dijo el secretario general del organismo.

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