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américa latina

nuevas mafias paramilitares


Asesinato de dirigente campesino que se oponía al cultivo de la coca sugiere surgimiento de paramilitares de extrema derecha.
[Chris Kraul] Santa Rosa, Colombia. Al final, hacerse una foto con el presidente Bush y alcanzar un cierto grado de fama local no le sirvió de nada a Miguel Daza. De hecho, su popularidad puede haberle significado la muerte.
El joven campesino fue asesinado en una emboscada en febrero, cerca de este centro minero y del tráfico de drogas en el centro-norte de Colombia, aparentemente por una nueva generación de grupos criminales que han surgido en los últimos dos años desde que los paramilitares de extrema derecha se desbandaran oficialmente.
El estatus de los paramilitares tiene graves ramificaciones para el presidente Álvaro Uribe, conservador y aliado de Estados Unidos que rompió públicamente con las milicias que estaban desestabilizando al país. Pero su presidencia se ha visto amenazada por revelaciones de que muchos de sus colaboradores más cercanos tienen vínculos con pistoleros de extrema derecha.
Los grupos paramilitares, formados originalmente para defender a los hacendados y ganaderos de los insurgentes de izquierda, se volcaron subsiguientemente al tráfico de drogas y otras actividades criminales, incluyendo la extorsión y los asesinatos por encargo, acusan los fiscales.
Las nuevas bandas son más desorganizadas y carecen de la estructura jerárquica de sus predecesores. En algunas zonas, como aquí en el estado de Bolívar, se dice que han cerrado pactos con los rebeldes de izquierda para la producción y el transporte de drogas, un desarrollo que era antes anatema para los combatientes.
Cómo debería clasificarse a los nuevos grupos y si están creciendo se ha convertido en un tema de debate. El gobierno de Uribe prefiere utilizar el término de "bandas emergentes", porque se ajusta a su posición de que los paramilitares es una cosa del pasado.
Pero los críticos, incluyendo organizaciones de derechos humanos y figuras de la oposición como el senador Gustavo Petro, dicen que los grupos están causando el mismo caos y cometiendo los mismos crímenes. El gobierno está simplemente "dando un nuevo nombre al mismo fenómeno", dijo Petro.
Lo que es indiscutible es que los nuevos grupos actúan con la misma homicida eficiencia cuando alguien como Daza amenaza su control de una región y su gente.
Las autoridades suponen que fueron miembros de los infames Águilas Negras los que mataron a Daza, 37, porque se había convertido en lo que los narcotraficantes más temen: un líder comunitario que convenció a más de 250 campesinos pobres de que había una alternativa para la producción de coca.
Él mismo un ex cocalero, Daza era un ruidoso partidario de la campaña oficial de erradicación manual de las plantas y en frecuentes intervenciones públicas describió la coca como una "maldición que debe ser extirpada del corazón del pueblo".
"Lo mataron porque creó un orden social que contradecía lo que necesitan los narcotraficantes: agitación social, secreto y una sociedad sumisa", dijo León Valencia, director de Corporación Nuevo Arco Iris, una organización pacifista con sede en Bogotá, la capital colombiana.
Daza era el motor detrás de la plantación de mil hectáreas de cacao en terrenos destinados antes al cultivo de coca. La asociación de campesinos que ayudó a formar, la Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar, recibió fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la Organización de Estados Americanos.
"Había cambiado la manera de pensar de la gente", dijo Elías Bermúdez, un amigo al que Daza convenció de que se pasara de la coca al cacao. "No fue fácil porque la coca crece muy rápido y siempre hay un mercado. Pero Miguel nos hizo tomar conciencia de que había otra manera".
El coraje y liderato de Daza eran tan impresionantes que Uribe lo introdujo a Bush durante la visita del presidente a Colombia en marzo de 2007. Daza sorprendió a Bush entregándole un gigantesco cacao. Bush le preguntó a Uribe qué era el extraño fruto.
"Mi hijo era guapo", dijo su acongojada madre, Ana Cecilia Vaca, después de una ceremonia aquí el mes pasado en la que el embajador norteamericano William Brownfield le entregó una fotografía enmarcada de Daza con Bush. "Dijo que conocer a Bush iba a provocar grandes cosas".
El general José Roberto León, de la Policía Nacional de Colombia, calcula que hay al menos veintitrés "bandas emergentes", con unos dos mil doscientos integrantes, una pequeña fracción de los grupos paramilitares desmovilizados. Organizaciones pacifistas como el Grupo Crisis Internacional e Indepaz calculan que el número de pandilleros es al menos dos veces esa cifra.
La banda mejor conocida es la de los Águilas Negras, de la que se sospecha del asesinato de Daza, que opera en el valle del río Magdalena, una zona de tráfico de cocaína por excelencia. Después de acusar aquí en una rueda de prensa que las Águilas Negras habían formado una infernal alianza con el grupo insurgente de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para procesar y transportar drogas, Brownfield fue interrogado sobre sus fuentes.
"Porque aquí no hay conflicto entre ellos", dijo Brownfield. "En las regiones donde compiten por las drogas y las rutas de transporte, hay un montón de violencia".
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, dijo en una entrevista que el gobierno había logrado una importante victoria al debandar a los grupos, matando a ochocientos paramilitares y capturando a otros dos mil trescientos en los últimos dos años. En los últimos días, la policía antinarcóticos mató a Víctor Manuel Mejía Munera y capturó a su hermano Miguel, que dirigía a la banda narco-paramilitar de los Mellizos. El gobierno norteamericano había ofrecido recompensas de hasta cinco millones de dólares por cada uno.
Santos y León, el general de la policía, dijeron que la violencia en Colombia, que empezó a declinar desde que Uribe asumiera la presidencia en 2002, continúa bajando.
"Hemos logrado controlar el problema porque lo estamos siguiendo de cerca", dijo Santos, agregando que las bandas emergentes no deben ser descritas como grupos paramilitares porque no se concentran en la extorsión ni en el saqueo de las arcas públicas, como hacían sus predecesores.
Pero Petro, el senador, dijo en una conferencia telefónica que las bandas todavía estaban "matando a dirigentes sindicales, formando ejércitos privados para expulsar a los campesinos de sus tierras y amenazando a la oposición". Dijo que su madre y hermana habían huido recientemente del país tras recibir amenazas de muerte de las Águilas Negras.
Organizaciones derechos humanos, incluyendo la Corporación Nuevo Arco Iris, de Valencia, dicen que sus funcionarios están recibiendo más amenazas.
Las bandas también se parecen a los grupos paramilitares en que algunas trabajan aparentemente en colaboración con unidades militares corruptas, dijo Mark Schneider, del Grupo Crisis Internacional, de Washington. Schneider está preparando un informe sobre las bandas.
El mes pasado un grupo de detectives arrestaron a siete oficiales del ejército por sospechas de complicidad con un grupo paramilitar llamado Los Paisas que se había instalado en los estados de Antioquia y el Choco.
Frustrados por la falta de trabajo, cientos de paramilitares desmovilizados se están uniendo a los nuevos grupos criminales. Según estimaciones del gobierno, el veinticinco por ciento de los miembros de bandas capturados o muertos en los últimos dos años eran paramilitares desmovilizados, dijo Schneider.
"Esto se relaciona con la naturaleza incompleta y el fracaso de la desmovilización", dijo Schneider. "Los ex paramilitares frustrados y enfadados porque no tienen trabajo, son fáciles de reclutar".
Pero Miguel Daza no era fácil de convencer. El prometedor dirigente se había inscrito hace poco en una facultad de leyes, dedicando seis horas al estudio.
"Yo lo quería no sólo porque era mi hijo, sino porque era bueno", dijo su madre, sollozando.

chris.kraul@latimes.com

14 de mayo de 2008
4 de mayo de 2008
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para qué de la autonomía cruceña


Los puntos principales del estatuto autonomista aprobado. El estatuto autonomista da potestad al gobierno departamental sobre todos los recursos naturales, desde la tierra, el petróleo y hasta la minería, desplazando al Estado nacional, y protege a los latifundistas santacruceños.
[Sebastián Ochoa] Santa Cruz, Bolivia. El abogado Juan Carlos Urenda es asesor en temas de autonomía de la Prefectura de Santa Cruz. Se lo considera el autor principal del estatuto autonómico. Luego de emitir su voto, dijo que se sentía "feliz de participar en este proceso extraordinario". Y detalló: "Pocos procesos democráticos tuvieron dos referéndum para lograr la transformación del Estado". Sobre lo que vendrá, explicó que "en lo inmediato se dictará una norma de reorganización departamental. La prefectura va a transformarse en un gobierno departamental con 43 atribuciones". Cada una es un artículo del estatuto, considerado por el gobierno nacional "una legislación para otra república".
Su artículo 6 menciona las "competencias exclusivas" del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. Tiene "competencia para ejercer la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva", sobre salud, educación y todos los recursos naturales (tierras, bosques, áreas protegidas, agua y desarrollo de biocombustibles). Según un informe del Viceministerio de Tierras, el estatuto es "excesivamente centralista y elitista. Concentra las decisiones en el gobernador y en la Asamblea Legislativa, exagera en la asignación de competencias y prácticamente ignora al Estado. Se trata de una legislación para otra república, especialmente en materia agraria".
El gobierno departamental también tendrá potestad para crear nuevos impuestos sin la mediación de una ley del Congreso nacional, hasta ayer el único habilitado para inventar tributos.
Las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia cuentan en varios casos con el apoyo de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales. En Santa Cruz, varias organizaciones no concuerdan con las iniciativas de la prefectura y el Comité Pro Santa Cruz. Por ello, ese artículo establece que el gobierno departamental decidirá si funcionan o no las "fundaciones, asociaciones, cooperativas y ONG que desarrollen sus actividades en el Departamento".
El artículo 20 menciona las atribuciones de la Asamblea Legislativa Departamental, que incluyen "aprobar los acuerdos o convenios nacionales e internacionales de interés departamental".
El artículo 57 habla del "Salario mínimo departamental", que será "concertado en el sector privado". Establece que "el Salario Mínimo Departamental debe ser siempre superior al Salario Mínimo Nacional establecido por el Estado nacional". Y el artículo 69 determina la creación del "Organismo de Seguridad Departamental", que quitará el protagonismo de la fuerza a la Policía Nacional.
El artículo 103 reglamenta los "derechos y seguridad jurídica sobre la tierra": "Los tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social, para cada forma de propiedad agraria, serán establecidos por Ley Departamental".
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovich, aseguró ayer que "el tema tierras siempre estuvo muy mal manejado por los gobiernos. Lo hicieron mal el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y el MAS (Movimiento al Socialismo)". El MNR apoyó la revolución de 1952, cuando se creó la Reforma Agraria para redistribuir las tierras, antes en pocas manos. Esta reforma pudo aplicarse en el occidente para beneficiar a campesinos e indígenas quechuas y aymaras. Pero, en el oriente, el poder de los latifundistas hace que aún hoy sus tierras sean intocables. El Viceministerio de Tierras no es bienvenido a las estancias para constatar la legalidad de los títulos de propiedad. Tampoco puede evaluar si se cumple la Función Económica Social (FES), que es la obligación de todo propietario de trabajar un porcentaje de su tierra.
Según Marinkovich, "se acabó el conteo de vacas. En el tema tierras, lo importante no es cuántas hectáreas tiene el propietario. Lo que importa es que la tierra produzca y se pague impuestos al municipio. Ahora lo recaudado va a La Paz y lo distribuye el gobierno central. Ese dinero tiene que ir a los municipios cruceños para hacer pavimentos y dar agua potable donde falte".

6 de mayo de 2008
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reacción boliviana fuerza autonomía


El proyecto impulsado por la derecha santacruceña logró mas del 80 por ciento de los sufragios. Santa Cruz empuja a la división de Bolivia.
[Sebastián Ochoa] Santa Cruz, Bolivia. La plaza principal de esta ciudad tiene en su centro la estatua de un "gaucho", como dice el boliviano con cierto odio o cariño al argentino. Se trata del coronel bonaerense José Ignacio Warnes, enseñado en las escuelas de aquí como "guerrero de la libertad", por haber echado a los españoles en 1813. Hasta la estatua del broncíneo gaucho temblaba anoche por los gritos y los saltos de los miles de cruceños que se colgaron todo el merchandising autonómico para llenar la plaza 24 de Septiembre. Allí festejaron los primeros resultados: el 85 por ciento dijo ‘Sí’ al estatuto autonómico. Los obstáculos que pusieron los opositores al referéndum sólo afectaron al 4 por ciento de las mesas, según la Corte Departamental Electoral (CDE). Los enfrentamientos en Santa Cruz dejaron 35 heridos y un muerto, un hombre de 68 años afectado por los gases que usó la policía en el barrio Plan Tres Mil para separar a los manifestantes. Tras conocerse los resultados de boca de urna, el presidente Evo Morales dio un mensaje a la nación en el que calificó de "fracaso rotundo" a la consulta porque "dividió a los santacruceños" y llamó a los prefectos opositores a trabajar por una "verdadera autonomía basada en la nueva Constitución". Decenas de miles de personas rechazaron en El Alto, en La Paz y en otras ciudades los intentos autonomistas de los departamentos más ricos.
La tierra de las calles de Plan Tres Mil tuvo un día agitado. A la mañana, en la rotonda de ingreso a este barrio de 200 mil habitantes se juntaron vecinos que apoyan al presidente Evo Morales. Se reunieron a mascar coca y ‘empute’. Lidio Colque, que tiene un puesto en el mercado, afirmó a este diario: "Me tienen emputado estos cojudos oligarcas. No podemos permitir que nos sometan". Se juntaron cien y decidieron avanzar hacia las escuelas donde transcurría la votación.
Los conflictos en el barrio habían empezado en las primeras horas del domingo. Monseñor Nicolás Castellanos estaba en el colegio Claudina Thevenet, en el centro de Plan Tres Mil. "Anoche en el barrio Urkipiña entraron 30 personas armadas a la escuela del barrio y robaron las urnas. Y lo peor es que destruyeron una imagen de la Virgen", se quejó el prelado, y sostuvo: "Queremos democracia, estado de derecho y libertad". En esa escuela, a cada rato los gendarmes trancaban la puerta ante las amenazas de que se venían "los masistas" para detener la votación.
"Cumplo con mi obligación democrática. Es un hermoso día para votar", dijo a Página/12 Lorenzo Sánchez, mientras hacía la cola carnet en mano. Se fue contento, limpiando su meñique púrpura con papel higiénico. Los opositores al referéndum sacaron varias urnas del Instituto Boliviano Alemán. Las apilaron en la rotonda y les dieron fuego. Otros manifestantes avanzaron hacia el colegio Thevenet cantando "Que lo cierren, que lo cierren". Con palos y piedras se enfrentaron a otros vecinos afines a la consulta. Mutuamente se corrían por las calles del barrio, las figuras se perdían entre el polvo y el humo de los fuegos de artificio que llevaban ambos bandos. "Raza maldita", gritó un hombre cuando pusieron en fuga a los partidarios de Evo. Es el apelativo preferido de los orientales cuando quieren ofender a los "collas" occidentales.
En su cama del barrio Copacabana estaba enfermo Benjamín Ticona Machaca, de 68 años y nacido en La Paz. En la puerta de su casa, cerca del colegio 3 de Mayo, se enfrentaron vecinos y miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista. Cuando intervino la policía, uno de sus gases alcanzó a Ticona, que murió al instante. En Plan Tres Mil fueron detenidas 40 personas. Otro de los detenidos fue el viceministro de Producción, Amadeo Amorim, cuando intentaba salir del barrio con urnas llenas de votos, supuestamente para demostrar el fraude que habrían hecho los autonomistas.
Jaime Choque, presidente del Comité Popular del Plan Tres Mil, denunció que cuando quemaban 20 urnas descubrieron que estaban llenas de papeletas ya marcadas con el Sí. Choque dijo: "No vamos a permitir que se consume el fraude en Santa Cruz a favor de las logias. Tenemos evidencia del fraude con papeletas marcadas. Este delito debe ser sancionado y los responsables –Mario Parada, Rubén Costas y Branko Marinkovich– deben responder por este delito".
En Montero, a 50 kilómetros de esta ciudad, las peleas callejeras dejaron 10 heridos. Varias urnas del Colegio San José Obrero fueron incendiadas. La policía les quitó a ambos bandos bombas molotov y cachorros de dinamita. Un joven de 19 años fue herido en un tobillo por una explosión.
En Yapacaní, a 115 kilómetros de Santa Cruz, y en San Julián, a 145 kilómetros, la votación no se realizó. En Yapacaní había inscriptos 14.369 votantes. En San Julián, 11.296 electores. El referéndum tampoco tuvo lugar en Cuatro Cañadas, con 4165 habilitados por la CDE. En la población guaraní de Itanambikua, con 256 inscriptos; en El Puquio, donde podían votar 512 personas y en San Lorenzo, con 219 inscriptos, la consulta también fue suspendida.
En la ciudad de Santa Cruz, por ordenanza municipal, ningún auto podía circular y ningún negocio podía estar abierto. A primera hora, el prefecto Rubén Costas; el presidente de la Cámara de Senadores por Poder Democrático Social (Podemos), Oscar Ortiz, y Jorge "Tuto" Quiroga, titular de Podemos, ex presidente y ex delfín del ex dictador Hugo Banzer asistieron a la misa que dio el cardenal Julio Terrazas en la Basílica Menor de San Lorenzo Mártir. A la salida, Costas aseguró que "hoy renovamos nuestro compromiso con la libertad, con un país con mejores vidas, con mucho entusiasmo". Costas votó acompañado de los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; y de Pando, Leopoldo Fernández, quienes preparan su referéndum para el 1º de junio. En el departamento de Tarija está anunciado para el 22 de junio. El presidente de la Asamblea Preautonómica y diputado de Podemos, Carlos Pablo Klinsky, votó acompañado de Tuto Quiroga. Allí agradeció "de manera muy fraterna al gobierno nacional, que fue el mejor jefe de campaña. También agradezco a los tribilines que tiene de ministro. Con cada insulto han fortalecido este sentimiento".

6 de mayo de 2008
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uribe sigue matando


Tropas colombianas asesinan a campesinos y presentan sus cadáveres como los de rebeldes.
[Juan Forero] San Francisco, Colombia. Todo lo que vio Cruz Elena González cuando pasaron los soldados frente a su casa, fue un cuerpo envuelto en una lona y amarrado a una mula. Un guerrillero muerto en combate, murmuraron los soldados al pasar frente a su humilde vivienda en este pueblo del noroeste de Colombia.
Pronto se enteró que el cuerpo era el de su hijo de dieciséis años, Robeiro Valencia, que los soldados clasificaron como guerrillero caído en combate, una afirmación que fue más tarde desmentida por el ombudsman de derechos humanos del gobierno local. "Imagine lo que sentí cuando mi otro hijo me dijo que era Robeiro", dijo González, recordando el asesinato de agosto. "Era mi hijo".
Financiada en parte por el gobierno de Bush, la ofensiva militar lanzada hace seis años ha ayudado al gobierno a recuperar territorio controlado por las guerrillas y a matar a cientos de rebeldes en los últimos meses, incluyendo a dos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Pero según dicen funcionarios de gobierno y grupos de derechos humanos, en los últimos años debido a la intensa presión de los comandantes colombianos para reportar bajas enemigas, el ejército ha estado asesinando a campesinos pobres para presentarlos como rebeldes caídos en acción. La táctica ha desencadenado un encarnizado debate en el ministerio de Defensa entre los generales tradicionalistas que apoyan una campaña agresiva que se centra en el conteo de bajas y los reformistas que dicen que el ejército debe desarrollar otras normas para medir los logros en el campo de batalla.
Los asesinatos, cometidos por unidades de combate bajo las órdenes de comandantes regionales, han sido siempre un problema en la turbia guerra que se prolonga por 44 años y que opone al ejército contra un movimiento rebelde de base campesina.
Pero con la reciente desmovilización de miles de milicianos paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para exterminar a los rebeldes, los asesinatos de civiles cometidos por militares han aumentado marcadamente desde 2004, de acuerdo a grupos de derechos humanos, investigadores de Naciones Unidas y a la agencia de asuntos internos del gobierno. El mayor aumento se produjo durante la concentración de tropas que ha significado que las fuerzas armadas prácticamente se duplicaran a 270 mil miembros en los últimos seis años, convirtiéndose en el segundo ejército de América Latina.
Hay versiones divergentes sobre el número de ejecuciones extrajudiciales registradas, como se llama a las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de organizaciones de derechos humanos dice que existen versiones de que entre mediados de 2002 y mediados de 2007 las fuerzas armadas asesinaron a 955 civiles para clasificarlos como guerrilleros caídos en enfrentamientos -un aumento de un 65 por ciento con respecto a los años anteriores, cuando las tropas mataron a 577 civiles.
"Pensábamos que eran incidentes aislados de algunas patrullas militares descontroladas", dice Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, un grupo de abogados de Medellín que representan a ciento diez personas asesinadas en circunstancias no aclaradas. "Pero ahora nos damos cuenta de que ha sido algo sistemático".
Las víctimas son los marginales en la terriblemente estratificada sociedad colombiana. La mayoría de ellas, como Robeiro Valencia, son campesinos pobres. Otros son colombianos pobres secuestrados en las calles de la ajetreada Medellín, la capital del estado de Antioquia, donde se han cometido la mayor parte de los crímenes.
Amparo Bermúdez Dávila dijo que su hijo, Diego Castañeda, 27, desapareció en Medellín en enero de 2006. Dos meses después las autoridades llamaron para decir que había muerto en combate. Le mostraron una foto de su cuerpo, vestido con un uniforme militar de camuflaje.
"Yo dije: ‘¿Guerrillero?’", dijo. "Mi hijo no era guerrillero. Y ellos me dijeron que si yo pensaba que no era guerrillero, que entonces presentara una denuncia".
Los fiscales militares normalmente inician investigaciones cuando el ejército mata a alguien. Los casos que parecen simples crímenes pasan a manos de fiscales civiles, como ocurrió en los casos de los asesinatos de Valencia y Castañeda en San Francisco. Pero grupos de derechos humanos y fiscales dicen que las pesquisas iniciales han sido habitualmente poco profundas, y que los investigadores han sufrido la intensa presión de militares de alto rango para resolver a favor de las fuerzas armadas.
Esos problemas han hecho que el conteo de las víctimas civiles sea prácticamente imposible, aunque funcionarios de la fiscalía y el despacho del inspector general dieron a conocer en entrevistas algunas estimaciones.
El despacho del fiscal general está investigando 525 homicidios de civiles, que ocurrieron prácticamente todos desde 2002 y en los que están implicados 706 soldados y oficiales. La fiscalía tiene otros quinientos casos, que implican a cientos de víctimas más, que todavía deben ser abiertos. Entretanto, según Carlos Arturo González, vice-inspector general, el despacho del inspector general está investigando 650 casos entre 2003 y mediados de 2007 que podrían involucrar a más de mil víctimas.
"El año pasado, el número de quejas se disparó", dijo González. "Algunos dijeron que la causa podría ser que algunos militares inescrupulosos quieren mostrar resultados de operaciones falsas. Otros dicen que es el producto de la presión del alto mando por entregar resultados".
La tendencia ha despertado la preocupación de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos. El senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), presidente del subcomité de asignaciones para operaciones extranjeras del Senado, dijo que retendrá 23 millones de dólares en ayuda militar hasta que se vean progresos en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el estado.
"Hemos tenido cinco años y cinco mil millones de dólares de ayuda norteamericana. Más de la mitad se ha destinado a las fuerzas armadas colombianas, y hemos descubierto que el ejército está matando más civiles, no menos", dijo Leahy en una entrevista. "Y según los informes de grupos independientes, los civiles son simplemente detenidos, ejecutados y vestidos con uniformes para presentarlos como guerrilleros caídos en combate".
El gobierno del presidente Álvaro Uribe, que ha logrado una serie de victorias recientes en su guerra contra las FARC, se defiende de las acusaciones y afirma que estas son parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar a las fuerzas armadas. En realidad, algunos oficiales dicen que las FARC están incitando a familiares de rebeldes muertos en acción para que digan que eran civiles inocentes.
Sin embargo, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoce esas muertes de civiles y ha tomado medidas que incluyen nuevas reglas de combate, destinado inspectores a unidades de combate para que asesoren a los comandantes sobre el uso de la fuerza y mejorado la formación en derechos humanos de los soldados.
Las fuerzas armadas también están reformando su sistema de justicia y transfiriendo más casos a la fiscalía, que según dice Naciones Unidas deben desempeñar un papel más importante si se quiere erradicar las ejecuciones extrajudiciales. La fiscalía dijo que más de doscientos miembros de las fuerzas armadas han sido detenidos mientras los fiscales investigan su participación en los asesinatos de civiles. El año pasado se dictaron trece condenas.
"Le he dicho claramente: el soldado que comete un asesinato es un criminal y será tratado como criminal", dijo Santos.
Santos ha enfatizado también, en discursos y directrices, que la estrategia del ejército contra las guerrillas debería concentrarse más en generar deserciones que en acumular bajas enemigas, el método tradicional utilizado para medir avances militares. "He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero a guerrilleros desmovilizados, o guerrilleros capturados, que guerrilleros muertos", dijo Santos.
Pero los reformistas del ministerio de Defensa han sido recibidos por influyentes generales que han defendido a los oficiales acusados de los asesinatos y favorecen una estrategia más tradicional para derrotar a los rebeldes.
Ese enfoque significa dar más autonomía a los comandantes de campo y entregarles una filosofía que enfatiza atacar a los rebeldes".
"¿Cuál es el resultado de la ofensiva? El combate", dijo en una entrevista el general Mario Montoya, comandante en jefe del ejército colombiano. "Y si hay combate, hay muertos".
Organizaciones de derechos humanos ven una inquietante tendencia, y dicen que las tácticas de algunas unidades militares son similares a las que usaron los escuadrones de la muerte para aterrorizar a los civiles. Un importante relator de Naciones Unidas dijo que algunas unidades militares transportaban incluso ‘cajas’ con granadas y pistolas para plantarlas junto a los cuerpos.
"El método de asesinar a personas de las que se cree que colaboran con las guerrillas es considerado legítimo por demasiados miembros de las fuerzas armadas", dijo Lisa Haugaard, directora del Grupo de Trabajo América Latina, una coalición de organizaciones de derechos humanos de Washington.
Después de que entrevistara a varias familias de víctimas, determinó que en muchos casos los soldados "parecen haber participado en misiones, y que la detención y asesinato de civiles no es algo arbitrario", dijo.
El oficial de mayor rango implicado en los asesinatos extrajudiciales es el coronel Hernán Mejía.
El ex sargento del ejército que sirvió bajo el mando de Mejía, Edwin Guzmán, contó en una entrevista que la unidad de Mejía mataba a campesinos, los vestía con uniformes de combate y llamaba a los periodistas locales para que escribieran sobre los presuntos combates.
Guzmán, ahora un testigo de la fiscalía contra Mejía, dijo que los soldados participaban en los crímenes porque el ejército les daba incentivos -desde pagas extras hasta más días libres- si hacían más bajas. Esto está ocurriendo porque el ejército no paga recompensas por el control de territorio, sino por los muertos", dijo.

4 de mayo de 2008
30 de marzo de 2008
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uribe y la tentación de la tiranía


Ex procurador colombiano: Gobierno de Uribe quiere ’’perpetuarse en el poder’’.
Bogotá, Colombia. El ex procurador de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Álvaro López, acusó al gobierno de tramar una farsa electoral para perpetuarse en el poder. Opina que Uribe debe renunciar para limpiar el nombre del gobierno de Bogotá.
El ex procurador de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia, Álvaro López, aseguró que cuando el gobierno conservador de Bogotá habla de elecciones "es una farsa" que está armando para perpetuarse en el poder.
"Todos los miembros cercanos a él (a Uribe) se encuentran en las cárceles por su relación con la delincuencia narcotraficante y paramilitar. Entonces hablar de elecciones es una farsa que quiere montar el gobierno para perpetuarse en el poder mediante ciertos sofismas de distracción, por ejemplo, la inmensa popularidad que dicen goza el Presidente", aseguró López en entrevista exclusiva a TeleSUR.
De hecho, el primo hermano del presidente Uribe, el ex senador Mario Uribe Escobar, fue arrestado este martes luego de un intento fallido de asilarse en la embajada de Costa Rica en Bogotá. El ex parlamentario está siendo investigado por sus supuestos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de extrema derecha.
Además, el propio Uribe admitió este miércoles que está siendo investigado por haber participado en la planificación de una masacre de 15 campesinos en 1997, a pocas horas de que su primo hermano, Mario Uribe Escobar, fuera detenido por sus presuntos nexos con paramilitares de las AUC.
Para el ex funcionario colombiano la única salida posible que tiene el gobierno para "limpiar su imagen" es la renuncia del presidente Uribe, para que luego se inicie un proceso electoral y así dejar que el pueblo escoja quien debe sucederlo.
"La vía más expedita sería la renuncia del presidente de la república, para dejar al pueblo que escoja, quien debe ser su sucesor, pero en este momento unas elecciones dirigidas por un presidente de la república manchado de corrupción que ha generado dudas, en cuanto a su conducta por parte de todo el pueblo, pues es algo no editado en nuestra historia", opinó.
Álvaro López ha acusado al gobierno de Colombia de avanzar hacia un régimen dictatorial, puesto que a su juicio, el Ejecutivo no respeta la división entre los diferentes poderes del Estado, sobretodo el Judicial con el que ha sostenido fuertes conflictos, con lo cual se pone en peligro "la democracia colombiana".

26 de abril de 2008
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uribistas con paramilitares


Jefe paramilitar: Mitad de los congresistas colombianos mantiene vínculos con grupos irregulares.
Bogotá, Colombia. Desde el año 2006 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adelanta una investigación sobre casos de parapolítica que compromete a 64 parlamentarios, la mayoría de ellos pertenecen a la coalición uribista.
El jefe paramilitar Salvatore Mancuso, detenido tras su supuesta desmovilización, aseguró este miércoles que más de la mitad de los congresistas colombianos mantiene vínculos con grupos irregulares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
"La combinación de las conexiones de las autodefensas y guerrilla va a superar con creces el 50 por ciento del Congreso vinculado con estos fenómenos", afirmó Mancuso al canal de televisión colombiano RCN.
El ex jefe paramilitar señaló que "el 35 por ciento del Congreso fue elegido en zonas donde habían estado las Autodefensas (Unidas de Colombia, extrema derecha). Todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos ahí", dijo.
"Nosotros, las autodefensas, en alianzas con esta población teníamos la capacidad de elegir a los congresistas que realmente representaran los intereses de la población que son los mismos intereses de las autodefensas", explicó.
La afirmación de Salvatore Mancuso se produce tras el arresto, por sus supuestos vínculos con paramilitares, de Mario Uribe Escobar, ex presidente del Congreso de Colombia y primo del presidente, Álvaro Uribe Vélez, y luego de que la embajada de Costa Rica rechazara su solicitud de asilo por considerar que no es un perseguido político.
Desde el año 2006, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adelanta una investigación sobre casos de parapolítica que compromete a 64 parlamentarios, la mayoría de ellos pertenecen a la coalición uribista.
Mancuso fue el líder supremo de las AUC, una organización de extrema derecha acusada de la desaparición de más de 15 mil colombianos, que luego sepultó en 3 mil fosas comunes, así como de ser los culpables principales del desplazamiento de cerca de cuatro millones de personas que ha dejado el conflicto, a los que les han robado unas seis millones de hectáreas de tierras.
Esta agrupación paramilitar de ultraderecha supuestamente se disolvió a mediados del año 2006, según el gobierno colombiano, dentro de un proceso de paz de tres años y medio que implicó el desarme de más de 31 mil paramilitares.

Investigar Vínculos con la Guerrilla
En un intento de desviar la atención que hay sobre las investigaciones que realiza la CSJ sobre nexos de políticos -en su mayoría uribistas- con paramilitares, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, planteó este jueves que también se investiguen los supuestos vínculos de políticos con la guerrilla.
"Creo que no es tarde que personas que estuvieron en movimientos guerrilleros que hicieron la paz cuenten quiénes fueron sus amigos de la política, cuando ellos estaban en esa lucha", comentó el mandatario colombiano, quien aseguró que "hay hechos que ameritan una investigación".
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo el miércoles que en los computadores de Raúl Reyes, supuestamente recuperados tras el bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hay material que revela la existencia de vínculos entre el grupo rebelde y políticos colombianos.

26 de abril de 2008
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barbarie, casualidad y memoria


La comisión de amnistía del Ministerio de Justicia brasileño empieza, hoy y mañana, a conceder las primeras indemnizaciones a campesinos que hace más de treinta años fueron detenidos y torturados por el ejército.
[Eric Nepomuceno] Brasil. Todo eso ocurrió durante operaciones de combate a la guerrilla instalada en la región del río Araguaia, Pará, en la Amazonia. La ceremonia en la localidad de San Domingos deberá contemplar a 40 víctimas. Alrededor de 240 casos fueron llevados al análisis de la comisión de amnistía, que ya se definió por 120, considerando que "quedó más que comprobado" que los crímenes fueron efectivamente cometidos por las fuerzas armadas. A nombre del Estado brasileño se pedirá formalmente perdón a los moradores de aquella región.
Los militares brasileños siempre insistieron en que no quedó ningún registro oficial, ningún archivo, nada de nada sobre las operaciones contra la guerrilla del Araguaia, llevada a cabo por el Partido Comunista do Brasil (PcdoB), de tendencia maoísta. De paso, rechazaron siempre –clasificándolos de fantasía izquierdista– relatos sobre mutilaciones, degollados, torturas y violaciones llevadas a cabo por la tropa. Al no existir ninguna información oficial es imposible encontrar el lugar en que se enterraron los cadáveres de las víctimas y, menos aún, saber cómo se dieron las operaciones en el Araguaia. Al no haber registro, no hay cómo determinar sus responsables.
Entre 1972 y 1975 operaciones conjuntas del ejército, la marina y la fuerza aérea se dedicaron a aniquilar los focos guerrilleros. Los números oficiales indican que murieron en combate 59 militantes, 16 militares y diez moradores de la región. Hay causas judiciales requiriendo información sobre 22 desaparecidos, casi todos pequeños agricultores. Sobrevivientes de la guerrilla aseguran que los muertos fueron muchos más, inclusive entre las tropas del ejército. Las fuerzas armadas insisten en los números oficiales, reiterando siempre que los archivos ya no existen.
Sin embargo, la casualidad –la simple casualidad– comprobó que, al contrario de lo que dijeron y dicen los altos mandos militares, los documentos sí existen. Lo probó un trámite burocrático banal, iniciado en 1990 por un teniente retirado llamado José Vargas Jiménez. Luego de recordar sus tiempos de tropa, él concluyó que bien se merecía una condecoración. Solicitó nada menos que la Medalla del Pacificador en su grado máximo.
Empezado el trámite de rutina, Jiménez recibió en su casa, y por equivocación (al fin y al cabo, había solicitado nada más que una medalla), varios documentos con el sello de "secreto" con todas las informaciones que supuestamente no existían. Son registros de operaciones, y comprueban que al menos veinte guerrilleros fueron llevados a bases militares con las manos esposadas y luego aparecieron como "muertos en combate". Hay nombres y fechas, además de la trascripción de los testimonios prestados en los interrogatorios bajo tortura. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa llegó vivo a una base del ejército el día 24 de enero de 1974, según el registro firmado por quien lo detuvo, el mismo Vargas Jiménez. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa murió en combate el 5 de marzo de 1974, según el registro oficial de la marina, que lo mató. Entre una fecha y otra, quedó a disposición de las fuerzas armadas. Hay inclusive fotos de ese período.
Entre los documentos entregados a Vargas Jiménez estaba el "Plan de Búsqueda y Aprehensión" producido por el ejército, que señalaba a 17 campesinos como cómplices de la guerrilla. Uno aparece en la lista oficial de muertos en combate. Los otros 16 integran la relación de desaparecidos. Sus nombres constan en las listas de la comisión de amnistía del Ministerio de la Justicia y sus familias serán indemnizadas.
José Vargas Jiménez fue jefe de grupos de combate responsables por la muerte de al menos 32 guerrilleros en el Araguaia entre octubre de 1973 y febrero de 1974. "Las órdenes eran claras: disparar primero, preguntar después. Entramos para destruir, para matar, no para hacer prisioneros. La cuestión era clara: exterminar. Y no veo por qué ocultar que hubo tortura y que estamos hablando de exterminio", dice. Y cuenta más: muchos de los cuerpos fueron dejados a la intemperie, para ser devorados por animales. Recuerda el caso de tres guerrilleros que fueron degollados y tuvieron sus manos amputadas. Recuerda haber participado en la muerte del ex diputado Mauricio Grabois, principal líder de la guerrilla, en el día de Navidad de 1973. Y también de la muerte de Maria Lucia de Souza, la temible "Sonia", que hirió a tiros a dos oficiales antes de ser destrozada por ráfagas de ametralladora disparadas por los militares que la detuvieron, Vargas Jiménez entre ellos.
A tiempo: al teniente retirado le fue concedida la Medalla del Pacificador en su grado más elevado. Ahora, él contó lo que sabía y reprodujo parte de la documentación recibida en un libro llamado ‘Memorias de un guerrero de la selva’.
Enfrenta un juicio del ejército por divulgar documentos secretos. Los mismos documentos que, según el ejército, no existen. Y que por primera vez circulan a la luz del día, en una edición pequeña, casi imposible de encontrar, y que el autor, con su grado de Pacificador, pagó para imprimir.

Escritor y periodista brasileño. Su último libro es ‘O massacre’.

24 de abril de 2008
©página 12
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a uribe trataron de matarlo


Documentos muestran que durante la campaña rebeldes trataron de matar al presidente Uribe.
[Vivian Sequera] Bogotá, Colombia. Durante la campaña electoral, rebeldes de izquierda trataron varias veces de matar al presidente Álvaro Uribe. En una de esas ocasiones, con una bomba que dañó seriamente su coche blindado, de acuerdo a documentos dados a conocer por el gobierno el lunes.
Los documentos electrónicos habrían sido encontrados en un ordenador portátil perteneciente al líder rebelde Raúl Reyes, que murió el uno de marzo durante el bombardeo aéreo en territorio ecuatoriano.
El 14 de abril de 2002, el atentado fue discutido en dos de tres breves mensajes electrónicos, aparentemente enviados a los líderes rebeldes y difundidos por el despacho de Uribe el lunes, después de haber aparecido en El Tiempo, el principal periódico colombiano.
La bomba explotó cuando pasaba la caravana de vehículos de la campaña de Uribe en Barranquilla, una ciudad costera en el Caribe, matando a tres transeúntes e hiriendo a otras dieciséis personas. El coche blindado de Uribe quedó seriamente dañado, pero el presidente no sufrió lesiones.
"Fracasamos en un nuevo intento contra Álvaro Uribe", diría el mensaje fechado al 15 de abril de 2002. "Lo único que logramos fue sacudirlo".
Los tres mensajes dados a conocer el lunes estaba firmados por "Iván", o Iván Márquez, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dijo el portavoz de Uribe, César Mauricio Velásquez. Reyes, ultimado con otras veinticuatro personas en el bombardeo del campamento de las FARC que causó una crisis diplomática regional, también era miembro del secretariado.
Un mensaje fechado al 22 de abril de 2002 dice que la bomba de Barranquilla contenía "doce sacos de explosivos colocados en tres cilindros".
Explotó a cinco metros del coche de Uribe, pero "un autobús bloqueó parcialmente la onda explosiva", dice el mensaje.
El tercer mensaje, datado el 22 de noviembre de 2001, comenta dos intentos fallidos para acabar con Uribe. Los fracasos fueron achacados a "errores humanos". Uno se debió a un interruptor defectuoso, el otro a la detonación prematura de la bomba. No se mencionan fechas.
Uribe 55, fue elegido presidente la primera vez en mayo de 2002 con una plataforma que enfatizaba su deseo de derrotar militarmente a las FARC, que para financiarse ha recurrido al secuestro, extorsión y tráfico de drogas desde se alzara en armas contra el gobierno en 1964.
Otros documentos que el gobierno dice que encontró en el ordenador de Reyes incluirían cartas que sugieren que el presidente Hugo Chávez de Venezuela ofreció ayudar económicamente a las FARC. Chávez calificó esos documentos de inventos.

24 de abril de 2008
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cc traducción mQh
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