colombia y los paramilitares
Colombia quiere hacer las paces con los grupos paramilitares de extrema derecha. Les ofrece impunidad por el asesinato de decenas de miles de personas.
En 2003 el gobierno colombiano ofreció a los jefes paramilitares de extrema derecha preocupados de ser extraditados a Estados Unidos un ventajoso trato: paguen una multa y no serán encarcelados. Tras el escándalo de la opinión pública, el gobierno modificó la propuesta: los miembros de los paramilitares, incluyendo a importantes traficantes de drogas y asesinos en masa, podrían deponer las armas a cambio de breves períodos en la cárcel. Podrían conservar sus botines de guerra y no serían obligados a colaborar con los investigadores. Podría continuar siendo mafiosos y criminales, sin que nadie les molestara. El embajador de Estados Unidos en Colombia apoyó públicamente ambas propuestas. Afortunadamente otros países que colaboran en el proceso de paz en Colombia no lo hicieron, y el plan fue desechado.
El presidente Álvaro Uribe ha mejorado nuevamente la propuesta de desmovilización, justo a tiempo para una reunión hoy en Cartagena con representantes de los países donantes. Todavía pueden no aprobar ese plan. Mientras que la última propuesta es algo más dura, es todavía demasiado vaga y llena de lagunas para desmantelar estas organizaciones criminales. A las nuevas ideas también les faltan algunas piezas claves. Para comenzar, el gobierno exigirá que los jefes paramilitares confiesen sus crímenes antes de obtener condenas reducidas, pero no los castiga por mentir o por omisiones.
Los paramilitares colombianos han asesinado a decenas de miles de personas y se han enriquecido robando las tierras de cientos de miles más. Controlan un 40 por ciento de las exportaciones de cocaína de Colombia. Su riqueza las transforma en una peligrosa fuerza. Un jefe paramilitar fanfarroneó que los grupos de extrema derecha controlaban a un tercio del Congreso.
El gobierno de Uribe parece haberse convertido para consumo internacional, y puede abandonar las modificaciones del plan tan pronto como reciba el dinero. Uribe debe volver a reunirse con los donantes con una ley sólida, que implique el desmantelamiento de los grupos paramilitares y reparaciones a cambio de condenas de cárcel reducidas. Cualquier cosa menos que eso no merece apoyo internacional.
3 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
En 2003 el gobierno colombiano ofreció a los jefes paramilitares de extrema derecha preocupados de ser extraditados a Estados Unidos un ventajoso trato: paguen una multa y no serán encarcelados. Tras el escándalo de la opinión pública, el gobierno modificó la propuesta: los miembros de los paramilitares, incluyendo a importantes traficantes de drogas y asesinos en masa, podrían deponer las armas a cambio de breves períodos en la cárcel. Podrían conservar sus botines de guerra y no serían obligados a colaborar con los investigadores. Podría continuar siendo mafiosos y criminales, sin que nadie les molestara. El embajador de Estados Unidos en Colombia apoyó públicamente ambas propuestas. Afortunadamente otros países que colaboran en el proceso de paz en Colombia no lo hicieron, y el plan fue desechado.El presidente Álvaro Uribe ha mejorado nuevamente la propuesta de desmovilización, justo a tiempo para una reunión hoy en Cartagena con representantes de los países donantes. Todavía pueden no aprobar ese plan. Mientras que la última propuesta es algo más dura, es todavía demasiado vaga y llena de lagunas para desmantelar estas organizaciones criminales. A las nuevas ideas también les faltan algunas piezas claves. Para comenzar, el gobierno exigirá que los jefes paramilitares confiesen sus crímenes antes de obtener condenas reducidas, pero no los castiga por mentir o por omisiones.
Los paramilitares colombianos han asesinado a decenas de miles de personas y se han enriquecido robando las tierras de cientos de miles más. Controlan un 40 por ciento de las exportaciones de cocaína de Colombia. Su riqueza las transforma en una peligrosa fuerza. Un jefe paramilitar fanfarroneó que los grupos de extrema derecha controlaban a un tercio del Congreso.
El gobierno de Uribe parece haberse convertido para consumo internacional, y puede abandonar las modificaciones del plan tan pronto como reciba el dinero. Uribe debe volver a reunirse con los donantes con una ley sólida, que implique el desmantelamiento de los grupos paramilitares y reparaciones a cambio de condenas de cárcel reducidas. Cualquier cosa menos que eso no merece apoyo internacional.
3 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
suicidio de mi torturador
[Pedro Alejandro Matta Lemoine] Hace unos días se suicidó un coronel, ex miembro del servicio secreto de Pinochet, por sentirse acosado. Aquí los recuerdos de un hombre al que estuvo a punto de matar.
Conocí a Barriga -mejor dicho, él me conoció a mí- en Villa Grimaldi, a mediados de mayo de 1975. Él en su calidad de torturador y yo, en mi calidad de "prisionero de guerra" y detenido-desaparecido en Villa Grimaldi, vendado, amarrado, torturado e identificado tan sólo por un número, el 209.
La noticia de su suicidio un par de semanas atrás, me sorprendió fuera de Santiago. No puedo decir que su muerte me entristeció. No se entristece un torturado al enterarse de la muerte de su torturador. Sin embargo, ella no me causó ninguna alegría: me causó decepción. Esperaba y confiaba que en algún momento me encontraría con Barriga en un careo judicial. Era lo que esperaba como resultado de la querella por torturas que ingresé a los Tribunales de Justicia el año 2002 y que se encuentra actualmente en trámite. Allí individualizaba a Barriga, "don Jaime", como el comandante de la unidad de la DINA responsable de la represión al Partido Socialista en 1975 y como uno de mis principales torturadores.
No sentí ni he sentido nunca odio contra Barriga. El odio, ante la inconmensurable crueldad de los crímenes cometidos, parece un sentimiento casi banal... Sentí -y siento- un profundo desprecio y una gran repugnancia hacia él y hacia todos aquellos que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a personas.
Creí que iba a tener la oportunidad de poder mirarlo directamente a los ojos. En Villa Grimaldi estuve siempre permanentemente vendado, amarrado y físicamente destrozado. Al enfrentarlo cara a cara, esperaba poder tratar de entender qué es lo que hay dentro de un sujeto que es capaz de hacer pasar las ruedas delanteras de una camioneta por encima de las piernas de un detenido (caso de Ariel Mancilla Ramírez, constructor civil detenido desaparecido y amigo mío, torturado de esa forma en Villa Grimaldi en marzo de 1975); un individuo que es capaz de colgar de los testículos a otro detenido desde un árbol que aún existe, el gran ombú que domina lo que hoy es el Parque por la Paz (caso del médico amigo mío y anterior diputado del Partido Socialista, Carlos Lorca Tobar, detenido desaparecido en Villa Grimaldi en junio de 1975); un sujeto que es capaz de torturar con electricidad y asesinar a una mujer que se encontraba en su octavo mes de embarazo (caso de Michelle Peña Herreros, ciudadana española, también en Villa Grimaldi en la misma época) o un ente que es capaz de torturar a una joven mujer -integrante de la estructura del P.S. a la que yo pertenecía- introduciéndole un palo de escoba en la vagina -sucesos que ocurrieron en los mismos días en que yo me encontraba en Villa Grimaldi.
O, como en mi caso, ordenar y participar en torturas -colgamientos- que provocaron lesiones "por torsión y tracción" de acuerdo al informe pericial del Instituto Médico Legal relacionado a mi querella, las cuales persisten hasta el dia de hoy en mi hombro izquierdo.
Pero para Barriga no era importante tan sólo destruir al enemigo' a través de brutales torturas. También era igualmente necesario denigrarlo y humillarlo, forzando dentro de la boca del prisionero que permanecía con los ojos vendados y amarrado a la parrilla, los excrementos que habian sido expelidos de su cuerpo como efecto de la pérdida de control de los esfínteres por las descargas eléctricas durante la sesión de tortura. Y puedo dar fe de ello porque así ocurrió en mi caso. Y Barriga no era peor que sus subordinados o sus jefes inmediatos.
Y se suman a este breve recuento y experiencia personal referida a Barriga, los centenares de casos de torturados, con sus desconocidos detalles y decenas de desaparecidos de los cuales Barriga debería haber dado cuenta antes de morir, incluyendo las víctimas de Calle Conferencia, caso que lo llevo a saltar al vacio.
Ese era el tipo que se suicidó. No creo que haya sido una gran pérdida para la humanidad.
Barriga sólo permaneció un breve tiempo en detención. Y ésta se llevó a cabo en el entonces recinto de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén. El mencionado recinto de detención -el cual tuve oportunidad de conocer- era un pequeño parque arbolado que contaba con seis cabañas de las cuales se asignaba una a cada militar detenido por violación a derechos humanos. Las cabañas contaban con dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, teléfono, computador conectado a internet y televisor conectado a cable, y estaban distribuidas alrededor de una piscina común. Barriga jamás pisó una cárcel, al menos en calidad de detenido.
Barriga se quejaba de que su pensión de retiro como oficial de ejercito, ascendiente a más de $ 700.000, le era insuficiente para vivir y, por tanto, se veía obligado a trabajar para obtener ingresos extras.
Barriga jamás entregó información útil para dilucidar casos de violación de derechos humanos.
Ello lo hizo objeto de la funa [reunión frente al domicilio de torturadores descubiertos], a la cual Barriga en su carta póstuma también culpó de su muerte.
Participé en la primera funa que se realizó en este país, el 1° de Octubre de 1999, funa que se dirigió a un médico torturador.
Posteriormente y de acuerdo a mis disponibilidades de tiempo, participé en muchas otras, incluyendo la funa al propio Barriga frente a su domicilio, el departamento que poseía en Irarrázaval con Campos de Deportes.
No pude asistir -porque me encontraba en actividades académicas fuera del país- a la funa que lo denunció como alto empleado de Supermercados Líder, pero si hubiera estado en Chile con seguridad habría ido pues suscribo absolutamente los objetivos de la funa: creo que es extremadamente importante y necesario informar a los vecinos de los distintos barrios de los torturadores y violadores de derechos humanos que viven en su entorno inmediato. Como así mismo, informar a los trabajadores de distintas empresas e industrias de aquellos asesinos que trabajan junto a ellos, o que los dirigen. Asesinos o torturadores que viven ocultando su identidad y su pasado. Y esta actividad de denuncia pública, la funa, se efectúa siempre sin violencia, portando pancartas y lienzos alusivos, distribuyendo volantes con la fotografía, la dirección, y la biografía del funado, tocando música, cantando canciones y demostrando genuina alegría -la alegría que se produce naturalmente por saber que se esta haciendo lo correcto y lo decente- y donde jamás han existido daños a la propiedad pública o privada -incluida la del funado-, con personas -mayoritariamente jóvenes- que van a rostro descubierto y que no se ocultan bajo identidades falsas o rehuyen responsabilidad por la actividad que han decidido apoyar. ¡Qué distinta actitud comparada con la asumida por sujetos como Barriga o sus colegas! Ante el suicidio del torturador se ha afirmado por parte del Comandante en Jefe del Ejercito que Barriga vivió con honor. Sólo me cabe reflexionar sobre el contenido y significado de esas palabras.
Concluyo entonces que el concepto de honor militar del actual Comandante en Jefe está necesariamente a la altura del torturador suicidado. Conozco y respeto a otros militares -de Fuerzas Armadas de otros países- y sé que su concepto de honor militar no coincide con rendir visitas de pésame a la familia de un torturador y efectuar un homenaje póstumo a un criminal. Es un sui géneris concepto del honor militar y de la dignidad del que hicieron gala Barriga y sujetos de su misma calaña y que hoy es recogido por el Comandante en Jefe del Ejército. Es también una demostración más de que el ejército de Chile continúa siendo el ejército de Pinochet y que el proceso de reconstrucción moral de sus efectivos durará todavía por muchos años, hasta que el último de los oficiales de Pinochet -Cheyre incluido- hayan desaparecido y su legado de horror y su concepto del "honor militar" hayan sido borrados por la historia, por los procesos judiciales y por la civilidad.
2 de febrero de 2005
©lanalhue noticias
Conocí a Barriga -mejor dicho, él me conoció a mí- en Villa Grimaldi, a mediados de mayo de 1975. Él en su calidad de torturador y yo, en mi calidad de "prisionero de guerra" y detenido-desaparecido en Villa Grimaldi, vendado, amarrado, torturado e identificado tan sólo por un número, el 209.La noticia de su suicidio un par de semanas atrás, me sorprendió fuera de Santiago. No puedo decir que su muerte me entristeció. No se entristece un torturado al enterarse de la muerte de su torturador. Sin embargo, ella no me causó ninguna alegría: me causó decepción. Esperaba y confiaba que en algún momento me encontraría con Barriga en un careo judicial. Era lo que esperaba como resultado de la querella por torturas que ingresé a los Tribunales de Justicia el año 2002 y que se encuentra actualmente en trámite. Allí individualizaba a Barriga, "don Jaime", como el comandante de la unidad de la DINA responsable de la represión al Partido Socialista en 1975 y como uno de mis principales torturadores.
No sentí ni he sentido nunca odio contra Barriga. El odio, ante la inconmensurable crueldad de los crímenes cometidos, parece un sentimiento casi banal... Sentí -y siento- un profundo desprecio y una gran repugnancia hacia él y hacia todos aquellos que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a personas.
Creí que iba a tener la oportunidad de poder mirarlo directamente a los ojos. En Villa Grimaldi estuve siempre permanentemente vendado, amarrado y físicamente destrozado. Al enfrentarlo cara a cara, esperaba poder tratar de entender qué es lo que hay dentro de un sujeto que es capaz de hacer pasar las ruedas delanteras de una camioneta por encima de las piernas de un detenido (caso de Ariel Mancilla Ramírez, constructor civil detenido desaparecido y amigo mío, torturado de esa forma en Villa Grimaldi en marzo de 1975); un individuo que es capaz de colgar de los testículos a otro detenido desde un árbol que aún existe, el gran ombú que domina lo que hoy es el Parque por la Paz (caso del médico amigo mío y anterior diputado del Partido Socialista, Carlos Lorca Tobar, detenido desaparecido en Villa Grimaldi en junio de 1975); un sujeto que es capaz de torturar con electricidad y asesinar a una mujer que se encontraba en su octavo mes de embarazo (caso de Michelle Peña Herreros, ciudadana española, también en Villa Grimaldi en la misma época) o un ente que es capaz de torturar a una joven mujer -integrante de la estructura del P.S. a la que yo pertenecía- introduciéndole un palo de escoba en la vagina -sucesos que ocurrieron en los mismos días en que yo me encontraba en Villa Grimaldi.
O, como en mi caso, ordenar y participar en torturas -colgamientos- que provocaron lesiones "por torsión y tracción" de acuerdo al informe pericial del Instituto Médico Legal relacionado a mi querella, las cuales persisten hasta el dia de hoy en mi hombro izquierdo.
Pero para Barriga no era importante tan sólo destruir al enemigo' a través de brutales torturas. También era igualmente necesario denigrarlo y humillarlo, forzando dentro de la boca del prisionero que permanecía con los ojos vendados y amarrado a la parrilla, los excrementos que habian sido expelidos de su cuerpo como efecto de la pérdida de control de los esfínteres por las descargas eléctricas durante la sesión de tortura. Y puedo dar fe de ello porque así ocurrió en mi caso. Y Barriga no era peor que sus subordinados o sus jefes inmediatos.
Y se suman a este breve recuento y experiencia personal referida a Barriga, los centenares de casos de torturados, con sus desconocidos detalles y decenas de desaparecidos de los cuales Barriga debería haber dado cuenta antes de morir, incluyendo las víctimas de Calle Conferencia, caso que lo llevo a saltar al vacio.
Ese era el tipo que se suicidó. No creo que haya sido una gran pérdida para la humanidad.
Barriga sólo permaneció un breve tiempo en detención. Y ésta se llevó a cabo en el entonces recinto de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén. El mencionado recinto de detención -el cual tuve oportunidad de conocer- era un pequeño parque arbolado que contaba con seis cabañas de las cuales se asignaba una a cada militar detenido por violación a derechos humanos. Las cabañas contaban con dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, teléfono, computador conectado a internet y televisor conectado a cable, y estaban distribuidas alrededor de una piscina común. Barriga jamás pisó una cárcel, al menos en calidad de detenido.
Barriga se quejaba de que su pensión de retiro como oficial de ejercito, ascendiente a más de $ 700.000, le era insuficiente para vivir y, por tanto, se veía obligado a trabajar para obtener ingresos extras.
Barriga jamás entregó información útil para dilucidar casos de violación de derechos humanos.
Ello lo hizo objeto de la funa [reunión frente al domicilio de torturadores descubiertos], a la cual Barriga en su carta póstuma también culpó de su muerte.
Participé en la primera funa que se realizó en este país, el 1° de Octubre de 1999, funa que se dirigió a un médico torturador.
Posteriormente y de acuerdo a mis disponibilidades de tiempo, participé en muchas otras, incluyendo la funa al propio Barriga frente a su domicilio, el departamento que poseía en Irarrázaval con Campos de Deportes.
No pude asistir -porque me encontraba en actividades académicas fuera del país- a la funa que lo denunció como alto empleado de Supermercados Líder, pero si hubiera estado en Chile con seguridad habría ido pues suscribo absolutamente los objetivos de la funa: creo que es extremadamente importante y necesario informar a los vecinos de los distintos barrios de los torturadores y violadores de derechos humanos que viven en su entorno inmediato. Como así mismo, informar a los trabajadores de distintas empresas e industrias de aquellos asesinos que trabajan junto a ellos, o que los dirigen. Asesinos o torturadores que viven ocultando su identidad y su pasado. Y esta actividad de denuncia pública, la funa, se efectúa siempre sin violencia, portando pancartas y lienzos alusivos, distribuyendo volantes con la fotografía, la dirección, y la biografía del funado, tocando música, cantando canciones y demostrando genuina alegría -la alegría que se produce naturalmente por saber que se esta haciendo lo correcto y lo decente- y donde jamás han existido daños a la propiedad pública o privada -incluida la del funado-, con personas -mayoritariamente jóvenes- que van a rostro descubierto y que no se ocultan bajo identidades falsas o rehuyen responsabilidad por la actividad que han decidido apoyar. ¡Qué distinta actitud comparada con la asumida por sujetos como Barriga o sus colegas! Ante el suicidio del torturador se ha afirmado por parte del Comandante en Jefe del Ejercito que Barriga vivió con honor. Sólo me cabe reflexionar sobre el contenido y significado de esas palabras.
Concluyo entonces que el concepto de honor militar del actual Comandante en Jefe está necesariamente a la altura del torturador suicidado. Conozco y respeto a otros militares -de Fuerzas Armadas de otros países- y sé que su concepto de honor militar no coincide con rendir visitas de pésame a la familia de un torturador y efectuar un homenaje póstumo a un criminal. Es un sui géneris concepto del honor militar y de la dignidad del que hicieron gala Barriga y sujetos de su misma calaña y que hoy es recogido por el Comandante en Jefe del Ejército. Es también una demostración más de que el ejército de Chile continúa siendo el ejército de Pinochet y que el proceso de reconstrucción moral de sus efectivos durará todavía por muchos años, hasta que el último de los oficiales de Pinochet -Cheyre incluido- hayan desaparecido y su legado de horror y su concepto del "honor militar" hayan sido borrados por la historia, por los procesos judiciales y por la civilidad.
2 de febrero de 2005
©lanalhue noticias
la detención del jefe de policía secreta
[Rodrigo Frey, Ana María Sanhueza y Francisco Artaza] Las gestiones secretas del Ejército para impedir que Contreras volviera a ser un foco de tensión. Hace 10 años, el ex jefe de la Dina puso las reglas de cómo y cuándo entrar a la cárcel. El viernes, en cambio, lo hizo esposado y rodeado de detectives que, a la fuerza, lo sacaron de su casa, lo filiaron en un cuartel y lo llevaron a los tribunales para que lo notificaran.
El pasado miércoles, cuando al general (R) Manuel Contreras le quedaban sólo 48 horas para comenzar a cumplir una nueva condena de 12 años de presidio, llegó hasta su casa el general Patricio Cartoni, jefe de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana. Acompañado de un abogado del Ejército, el alto oficial iba a comunicarle que el ministro Alejandro Solís, el juez que había condenado a la cúpula de la Dina por el secuestro y desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval en 1975, pretendía notificarlo el viernes del cúmplase de la sentencia.
En los días previos, Solís había pedido al Ejército que se encargara de comunicar a los oficiales (R) las citaciones del viernes 28 al tribunal, desde el que partirían indefectiblemente a la cárcel. El ministro, previendo incidentes, resistencias y rebeliones, creía que la mejor forma de evitarlas era que los condenados fuesen llevados al tribunal con el apoyo de sus ex camaradas de armas.
Para cumplir la solicitud del juez, distintos oficiales del comando administrativo del Ejército y de la Guarnición de Santiago contactaron ese mismo miércoles al brigadier (R) Miguel Krassnoff y a los coroneles (R) Marcelo Moren Brito y Fernando Laureani, los demás condenados, para explicarles que el Ejército, por instrucción de la Comandancia en Jefe, pretendía trasladarlos desde sus domicilios hasta el tribunal en vehículos institucionales y con el debido resguardo, para garantizar que su comparecencia ante el juez y su entrega a Gendarmería tuviera lugar con la "mayor dignidad posible".
Los tres oficiales aceptaron el ofrecimiento. No así Contreras. Irritado como estaba, advirtió al general Cartoni que no pretendía volver a ir a la cárcel después de los cinco años y dos meses que había pasado en Punta Peuco entre 1995 y el 2000 por el caso Letelier. "No voy a ir a ninguna cárcel", insistió, empleando la misma frase que usara el '95, cuando logró demorar, bajo circunstancias políticas radicalmente distintas, por más de cuatro meses su ingreso a la cárcel.
Aunque el jueves el Ejército siguió intentando convencer al ex jefe de la Dina que optara por la sensatez, en paralelo comenzó a planificar el escenario más temido: que Contreras, declarado en rebeldía, opusiera resistencia y debiese ser detenido por la fuerza por la Policía de Investigaciones, el único organismo con facultades para arrestarlo.
Por la noche del jueves, el prefecto inspector Rafael Castillo, jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales de la policía civil, reunió a sus hombres en el primer piso de la vieja casona que ocupa su unidad en Avenida Independencia 56. Horas antes, un subordinado del general Javier Urbina -el comandante en jefe (S) del Ejército- le había advertido de la pertinaz negativa de Contreras, y agregado un dato preocupante: el general (R) mantenía armas en su poder, y no era descartable que amagara con utilizarlas para evitar su detención.
Aunque Castillo trazó varios escenarios para ese complejo cuadro, el Ejército apostó por efectuar un último esfuerzo de convicción en la madrugada del viernes, antes de que venciera el plazo límite de las 8 horas que el juez había fijado.
Alrededor de las 6 de la madrugada del viernes, cuatro camionetas del Ejército recogieron en sus domicilios a Krassnoff, Moren Brito y Laureani, y los trasladaron hasta tribunales. Aunque al llegar, poco antes de las 8, medio centenar de familiares de detenidos desaparecidos los imprecó, los condenados lograron llegar hasta el subterráneo de Tribunales sin grandes inconvenientes. Allí, de boca de la actuaria de Solís, oyeron su sentencia y fueron entregados a Gendarmería, que los llevó a la cárcel.
A esa misma hora, en el condominio Club de Campo Norte, el jefe de la Policía Militar del Ejército ingresaba a la casa de Contreras para intentar, por última vez, que se sometiera a la justicia. Las cosas eran bastante más complejas. El general (R) estaba acompañado por Nélida Gutiérrez, su ex secretaria en la Dina y pareja por 30 años; por dos de sus cuatro hijos, Alejandra y María Teresa, y el esposo de ésta, el brigadier (R) Orlando Carter. Vestido de sport, rechazó por más de una hora todos los argumentos, hasta que el oficial, ya resignado, comunicó a sus superiores que Contreras no partiría por su voluntad.
Castillo aguardaba el resultado de la última gestión del Ejército. Había llegado alrededor de las 9 junto a un grupo de unos 10 detectives, previendo que en cualquier momento tendría que entrar en acción. Ese momento llegó cerca de las 10, cuando entró al domicilio para ofrecerle por última vez ahorrarse una detención por la fuerza.
La Última Negociación
Castillo estuvo 20 minutos intentando convencer a Contreras para que saliera rumbo a tribunales. Pero el general (R) tenía una idea fija: se quedaba en su casa sí o sí. Sus hijas y sus yernos lo apoyaban en su idea, mientras Nélida Gutiérrez estaba tan apesadumbrada que ya ni hablaba.
-Dígale a su ministro que no voy a salir- fue la última palabra de Contreras.
-Yo no soy recadero de nadie-, contestó el subprefecto.
El policía, incluso, le pidió que sus hijas y sus yernos salieran de la casa. Un nuevo "no" salió de boca de Contreras.
-Ellos son mi familia y me van a defender.
Sólo entonces Castillo dio la orden a los detectives, que esperaban afuera de la casa, para que entraran a detener al rebelde ex jefe de inteligencia de Pinochet. Sandro Gaete, subprefecto de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, era el hombre mandatado por el juez Solís para notificarlo de su arresto.
El ingreso de Gaete, quien mostró la orden de detención a la familia, fue acompañado de gritos y alboroto. Mientras las hijas de Contreras forcejeaban con los policías, el general (R) aprovechó para salir del living rumbo a su escritorio. Gaete lo vio de reojo y temió lo peor. Corrió y trató de trabar la puerta con su pie, pero Contreras dio un portazo. Transcurrieron unos pocos segundos, y el ex jefe de la Dina ya tenía la pistola Walter calibre 765 y lo apuntaba.
El policía debía quitarle el arma. Si bien estaba previsto dentro de los escenarios analizados la noche anterior que Contreras se resistiera al arresto, la posibilidad cierta de que disparara contra el detective, o bien optara por suicidarse, había surgido.
Gaete le pidió que bajara la pistola, pero el general (R) permaneció en silencio, negándose a soltar el arma. El detective se acercó, forcejeó con Contreras hasta tomarle el brazo y logró que la Walter color negro de 765 milímetros apuntara al suelo. En el intertanto, una de las hijas de Contreras lanzó un grito:
-¡La pistola, la pistola!
Gaete sintió que alguien trataba de sacarle su arma de servicio, que tenía enganchada en su cinturón. A esas alturas, el escritorio de Contreras estaba repleto de policías. Unos ocho a 10 detectives lo rodearon, lo sacaron arrastrando de su casa y lo introdujeron a un auto policial, en el que le leyeron los derechos del detenido y se lo llevaron esposado rumbo al cuartel de Investigaciones.
Atrápame Si Puedes
Contreras y Castillo son dos viejos conocidos. El detective, ahora prefecto inspector, investigó el caso Letelier y su rol fue clave en las condenas que en 1995 dictó el ex supremo Adolfo Bañados en contra de Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza. La primera vez que se vieron fue en 1988, cuando el policía trabajaba en la Brigada de Homicidios e investigó el crimen del mayor de la CNI Joaquín Molina, en el que estaba involucrado Manuel Contreras Valdebenito, el hijo menor del ex jefe de la Dina.
Pero Castillo le ha seguido también en el caso Prats, un proceso que se sabe al dedillo. Tanto, que el 2000 declaró en el juicio oral en Argentina contra el ex Dina Enrique Arancibia Clavel. También conoce al autor material del crimen, el ex agente Michael Townley, el mismo hombre que asegura que Contreras fue quien dio la orden de eliminar de un bombazo en Buenos Aires, en 1974, al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. El caso lo investiga en Chile Alejandro Solís, el juez que condenó al general (R) por el secuestro de Sandoval.
En el cuartel de Independencia, Castillo ordenó la filiación de Contreras. Le tomaron una fotografía, lo obligaron a estampar su huella digital y a firmar. Un parte policial dejó constancia del incidente en la casa. A esas alturas, el ex jefe de la Dina estaba levemente más calmado.
-No tengo nada en contra de ustedes-, dijo a los detectives.
En Investigaciones, donde el general (R) y los policías constataron las lesiones, Gaete le sacó las esposas a Contreras con el compromiso de que "se comportara" al llegar a tribunales. El subprefecto estaba preocupado por la seguridad. Sabía que una multitud estaba agolpada frente a la puerta de Morandé del Palacio de los Tribunales esperando ver -y gritar- al ex jefe de la Dina.
El sonido de una baliza alertó de la llegada de Contreras a tribunales. Afuera, los manifestantes estaban enardecidos. Tenían muchos huevos, tomates y monedas para lanzarle, y lo hicieron.
El general (R) vestía pantalón azul marino y polera celeste de manga corta. Sus muñecas se veían irritadas. Era la huella de las esposas en los antebrazos. Su imagen no tenía ninguna relación con su ingreso en 1995 a Punta Peuco, cuando tras resistirse más de cuatro meses, entró a cumplir condena de traje oscuro y corbata roja.
El subterráneo del Palacio de los Tribunales, donde están los calabozos, era el escenario para su notificación. En una pequeña sala lo esperaba la actuaria de Solís -el juez estudo toda la mañana en su despacho del cuarto piso-, y Juanita Godoy, secretaria civil de la Corte de Apelaciones y encargada de actuar como ministra de fe.
-Buenas tardes- dijo Contreras minutos después de entrar a toda velocidad a tribunales para tratar de evitar los proyectiles de los manifestantes. Estaba molesto. Se sentó, juntó sus manos, entrecruzó los dedos y apoyó la cabeza sobre sus manos. La actuaria le leyó la sentencia y lo notificó de su ingreso a cumplir la condena de 12 años.
Esta vez, el general (R) no lanzó ninguna inprecación, a diferencia de otras ocasiones. Cada vez que lo procesan, suele alegar por la figura del secuestro calificado, ironizando con que los desaparecidos están ocultos en su casa. Sólo preguntó por sus "descuentos", es decir, el tiempo que tiene abonado a su sentencia por sus diversos períodos de prisión preventiva en su domicilio.
La respuesta no lo satisfizo. Tenía apenas algo más de un año a su favor, y le quedan poco menos de 11 por cumplir en el penal Cordillera, una ex unidad de la Policía Militar del Ejército contigua al Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén, que fue entregada en comodato a Gendarmería.
Dos Condenas Cumplidas en Mundos Distintos
"No voy a ir a ninguna cárcel", dijo Manuel Contreras ayer, cuando el Ejército y la Policía de Investigaciones intentaban que se presentara voluntariamente ante el ministro Alejandro Solís para comenzar a cumplir su segunda condena, esta vez de 12 años.
La frase fue la misma que repitió la noche del 30 de mayo de 1995, horas después que la Corte Suprema confirmara, por unanimidad, la sentencia a siete años que el ministro Adolfo Bañados le había impuesto por el homicidio, en 1976 en Washington, del ex canciller Orlando Letelier.
Esa vez, el general (R) tuvo al país en vilo por casi cuatro meses, al lograr dilatar su entrada al penal de Punta Peuco.
En menos de 10 años, las diferencias eran, sin embargo, radicalmente distintas.
Hasta 1995 ningún oficial de Ejército había sido condenado por casos de DD.HH., el general Augusto Pinochet permanecía en la Comandancia en Jefe del Ejército y Contreras, pese a llevar 16 años en retiro, seguía siendo una figura respetada dentro de la institución.
Su encarcelamiento era visto como un símbolo y como la ruptura de una barrera hasta entonces infranqueable, al punto que el gobierno de Frei debió negociar con Pinochet la construcción de una cárcel especial para él y los oficiales que, se suponía entonces, lo seguirían por los juicios de DD.HH.
Contreras, tensionando al máximo la transición y presionando al Ejército, logró ingresar al Regimiento Sangra en Puerto Montt, donde permaneció por unas horas. Días después, sin que el gobierno estuviera siquiera informado, dejó su campo en el sur y fue trasladado al Hospital Naval de Talcahuano, donde permaneció cuatro meses. Su ingreso a la cárcel, el 20 de octubre del '95, también tuvo garantías. Tras volar en un helicóptero hasta un recinto militar en Colina, Contreras se cambió de ropa y, acompañado de su mujer, entró a la nueva cárcel en Tiltil, que contaba con un anillo de seguridad del Ejército situado más adentro que el de Gendarmería.
Esta vez no hubo dilación. Por más que el fallo de la Suprema que condenó a Contreras barriera con la Ley de Amnistía e irritara profundamente al Ejército, la institución presidida por el general Cheyre sólo intentó que la entrada del general (R) a la cárcel fuese "digna". Cuando éste se negó a presentarse por sus medios al tribunal, la institución le quitó la protección que le brindaba y dejó que Investigaciones hiciera su trabajo.
En un Ejército que ha hecho esfuerzos por sacudirse la pesada carga del régimen militar y reinsertarse en la sociedad, que ha efectuado su "nunca más" y admitido la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH., no había espacio para otra cosa.
31 de enero de 2005
©la tercera
El pasado miércoles, cuando al general (R) Manuel Contreras le quedaban sólo 48 horas para comenzar a cumplir una nueva condena de 12 años de presidio, llegó hasta su casa el general Patricio Cartoni, jefe de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana. Acompañado de un abogado del Ejército, el alto oficial iba a comunicarle que el ministro Alejandro Solís, el juez que había condenado a la cúpula de la Dina por el secuestro y desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval en 1975, pretendía notificarlo el viernes del cúmplase de la sentencia.En los días previos, Solís había pedido al Ejército que se encargara de comunicar a los oficiales (R) las citaciones del viernes 28 al tribunal, desde el que partirían indefectiblemente a la cárcel. El ministro, previendo incidentes, resistencias y rebeliones, creía que la mejor forma de evitarlas era que los condenados fuesen llevados al tribunal con el apoyo de sus ex camaradas de armas.
Para cumplir la solicitud del juez, distintos oficiales del comando administrativo del Ejército y de la Guarnición de Santiago contactaron ese mismo miércoles al brigadier (R) Miguel Krassnoff y a los coroneles (R) Marcelo Moren Brito y Fernando Laureani, los demás condenados, para explicarles que el Ejército, por instrucción de la Comandancia en Jefe, pretendía trasladarlos desde sus domicilios hasta el tribunal en vehículos institucionales y con el debido resguardo, para garantizar que su comparecencia ante el juez y su entrega a Gendarmería tuviera lugar con la "mayor dignidad posible".
Los tres oficiales aceptaron el ofrecimiento. No así Contreras. Irritado como estaba, advirtió al general Cartoni que no pretendía volver a ir a la cárcel después de los cinco años y dos meses que había pasado en Punta Peuco entre 1995 y el 2000 por el caso Letelier. "No voy a ir a ninguna cárcel", insistió, empleando la misma frase que usara el '95, cuando logró demorar, bajo circunstancias políticas radicalmente distintas, por más de cuatro meses su ingreso a la cárcel.
Aunque el jueves el Ejército siguió intentando convencer al ex jefe de la Dina que optara por la sensatez, en paralelo comenzó a planificar el escenario más temido: que Contreras, declarado en rebeldía, opusiera resistencia y debiese ser detenido por la fuerza por la Policía de Investigaciones, el único organismo con facultades para arrestarlo.
Por la noche del jueves, el prefecto inspector Rafael Castillo, jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales de la policía civil, reunió a sus hombres en el primer piso de la vieja casona que ocupa su unidad en Avenida Independencia 56. Horas antes, un subordinado del general Javier Urbina -el comandante en jefe (S) del Ejército- le había advertido de la pertinaz negativa de Contreras, y agregado un dato preocupante: el general (R) mantenía armas en su poder, y no era descartable que amagara con utilizarlas para evitar su detención.
Aunque Castillo trazó varios escenarios para ese complejo cuadro, el Ejército apostó por efectuar un último esfuerzo de convicción en la madrugada del viernes, antes de que venciera el plazo límite de las 8 horas que el juez había fijado.
Alrededor de las 6 de la madrugada del viernes, cuatro camionetas del Ejército recogieron en sus domicilios a Krassnoff, Moren Brito y Laureani, y los trasladaron hasta tribunales. Aunque al llegar, poco antes de las 8, medio centenar de familiares de detenidos desaparecidos los imprecó, los condenados lograron llegar hasta el subterráneo de Tribunales sin grandes inconvenientes. Allí, de boca de la actuaria de Solís, oyeron su sentencia y fueron entregados a Gendarmería, que los llevó a la cárcel.
A esa misma hora, en el condominio Club de Campo Norte, el jefe de la Policía Militar del Ejército ingresaba a la casa de Contreras para intentar, por última vez, que se sometiera a la justicia. Las cosas eran bastante más complejas. El general (R) estaba acompañado por Nélida Gutiérrez, su ex secretaria en la Dina y pareja por 30 años; por dos de sus cuatro hijos, Alejandra y María Teresa, y el esposo de ésta, el brigadier (R) Orlando Carter. Vestido de sport, rechazó por más de una hora todos los argumentos, hasta que el oficial, ya resignado, comunicó a sus superiores que Contreras no partiría por su voluntad.
Castillo aguardaba el resultado de la última gestión del Ejército. Había llegado alrededor de las 9 junto a un grupo de unos 10 detectives, previendo que en cualquier momento tendría que entrar en acción. Ese momento llegó cerca de las 10, cuando entró al domicilio para ofrecerle por última vez ahorrarse una detención por la fuerza.
La Última Negociación
Castillo estuvo 20 minutos intentando convencer a Contreras para que saliera rumbo a tribunales. Pero el general (R) tenía una idea fija: se quedaba en su casa sí o sí. Sus hijas y sus yernos lo apoyaban en su idea, mientras Nélida Gutiérrez estaba tan apesadumbrada que ya ni hablaba.
-Dígale a su ministro que no voy a salir- fue la última palabra de Contreras.
-Yo no soy recadero de nadie-, contestó el subprefecto.
El policía, incluso, le pidió que sus hijas y sus yernos salieran de la casa. Un nuevo "no" salió de boca de Contreras.
-Ellos son mi familia y me van a defender.
Sólo entonces Castillo dio la orden a los detectives, que esperaban afuera de la casa, para que entraran a detener al rebelde ex jefe de inteligencia de Pinochet. Sandro Gaete, subprefecto de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, era el hombre mandatado por el juez Solís para notificarlo de su arresto.
El ingreso de Gaete, quien mostró la orden de detención a la familia, fue acompañado de gritos y alboroto. Mientras las hijas de Contreras forcejeaban con los policías, el general (R) aprovechó para salir del living rumbo a su escritorio. Gaete lo vio de reojo y temió lo peor. Corrió y trató de trabar la puerta con su pie, pero Contreras dio un portazo. Transcurrieron unos pocos segundos, y el ex jefe de la Dina ya tenía la pistola Walter calibre 765 y lo apuntaba.
El policía debía quitarle el arma. Si bien estaba previsto dentro de los escenarios analizados la noche anterior que Contreras se resistiera al arresto, la posibilidad cierta de que disparara contra el detective, o bien optara por suicidarse, había surgido.
Gaete le pidió que bajara la pistola, pero el general (R) permaneció en silencio, negándose a soltar el arma. El detective se acercó, forcejeó con Contreras hasta tomarle el brazo y logró que la Walter color negro de 765 milímetros apuntara al suelo. En el intertanto, una de las hijas de Contreras lanzó un grito:
-¡La pistola, la pistola!
Gaete sintió que alguien trataba de sacarle su arma de servicio, que tenía enganchada en su cinturón. A esas alturas, el escritorio de Contreras estaba repleto de policías. Unos ocho a 10 detectives lo rodearon, lo sacaron arrastrando de su casa y lo introdujeron a un auto policial, en el que le leyeron los derechos del detenido y se lo llevaron esposado rumbo al cuartel de Investigaciones.
Atrápame Si Puedes
Contreras y Castillo son dos viejos conocidos. El detective, ahora prefecto inspector, investigó el caso Letelier y su rol fue clave en las condenas que en 1995 dictó el ex supremo Adolfo Bañados en contra de Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza. La primera vez que se vieron fue en 1988, cuando el policía trabajaba en la Brigada de Homicidios e investigó el crimen del mayor de la CNI Joaquín Molina, en el que estaba involucrado Manuel Contreras Valdebenito, el hijo menor del ex jefe de la Dina.
Pero Castillo le ha seguido también en el caso Prats, un proceso que se sabe al dedillo. Tanto, que el 2000 declaró en el juicio oral en Argentina contra el ex Dina Enrique Arancibia Clavel. También conoce al autor material del crimen, el ex agente Michael Townley, el mismo hombre que asegura que Contreras fue quien dio la orden de eliminar de un bombazo en Buenos Aires, en 1974, al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. El caso lo investiga en Chile Alejandro Solís, el juez que condenó al general (R) por el secuestro de Sandoval.
En el cuartel de Independencia, Castillo ordenó la filiación de Contreras. Le tomaron una fotografía, lo obligaron a estampar su huella digital y a firmar. Un parte policial dejó constancia del incidente en la casa. A esas alturas, el ex jefe de la Dina estaba levemente más calmado.
-No tengo nada en contra de ustedes-, dijo a los detectives.
En Investigaciones, donde el general (R) y los policías constataron las lesiones, Gaete le sacó las esposas a Contreras con el compromiso de que "se comportara" al llegar a tribunales. El subprefecto estaba preocupado por la seguridad. Sabía que una multitud estaba agolpada frente a la puerta de Morandé del Palacio de los Tribunales esperando ver -y gritar- al ex jefe de la Dina.
El sonido de una baliza alertó de la llegada de Contreras a tribunales. Afuera, los manifestantes estaban enardecidos. Tenían muchos huevos, tomates y monedas para lanzarle, y lo hicieron.
El general (R) vestía pantalón azul marino y polera celeste de manga corta. Sus muñecas se veían irritadas. Era la huella de las esposas en los antebrazos. Su imagen no tenía ninguna relación con su ingreso en 1995 a Punta Peuco, cuando tras resistirse más de cuatro meses, entró a cumplir condena de traje oscuro y corbata roja.
El subterráneo del Palacio de los Tribunales, donde están los calabozos, era el escenario para su notificación. En una pequeña sala lo esperaba la actuaria de Solís -el juez estudo toda la mañana en su despacho del cuarto piso-, y Juanita Godoy, secretaria civil de la Corte de Apelaciones y encargada de actuar como ministra de fe.
-Buenas tardes- dijo Contreras minutos después de entrar a toda velocidad a tribunales para tratar de evitar los proyectiles de los manifestantes. Estaba molesto. Se sentó, juntó sus manos, entrecruzó los dedos y apoyó la cabeza sobre sus manos. La actuaria le leyó la sentencia y lo notificó de su ingreso a cumplir la condena de 12 años.
Esta vez, el general (R) no lanzó ninguna inprecación, a diferencia de otras ocasiones. Cada vez que lo procesan, suele alegar por la figura del secuestro calificado, ironizando con que los desaparecidos están ocultos en su casa. Sólo preguntó por sus "descuentos", es decir, el tiempo que tiene abonado a su sentencia por sus diversos períodos de prisión preventiva en su domicilio.
La respuesta no lo satisfizo. Tenía apenas algo más de un año a su favor, y le quedan poco menos de 11 por cumplir en el penal Cordillera, una ex unidad de la Policía Militar del Ejército contigua al Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén, que fue entregada en comodato a Gendarmería.
Dos Condenas Cumplidas en Mundos Distintos
"No voy a ir a ninguna cárcel", dijo Manuel Contreras ayer, cuando el Ejército y la Policía de Investigaciones intentaban que se presentara voluntariamente ante el ministro Alejandro Solís para comenzar a cumplir su segunda condena, esta vez de 12 años.
La frase fue la misma que repitió la noche del 30 de mayo de 1995, horas después que la Corte Suprema confirmara, por unanimidad, la sentencia a siete años que el ministro Adolfo Bañados le había impuesto por el homicidio, en 1976 en Washington, del ex canciller Orlando Letelier.
Esa vez, el general (R) tuvo al país en vilo por casi cuatro meses, al lograr dilatar su entrada al penal de Punta Peuco.
En menos de 10 años, las diferencias eran, sin embargo, radicalmente distintas.
Hasta 1995 ningún oficial de Ejército había sido condenado por casos de DD.HH., el general Augusto Pinochet permanecía en la Comandancia en Jefe del Ejército y Contreras, pese a llevar 16 años en retiro, seguía siendo una figura respetada dentro de la institución.
Su encarcelamiento era visto como un símbolo y como la ruptura de una barrera hasta entonces infranqueable, al punto que el gobierno de Frei debió negociar con Pinochet la construcción de una cárcel especial para él y los oficiales que, se suponía entonces, lo seguirían por los juicios de DD.HH.
Contreras, tensionando al máximo la transición y presionando al Ejército, logró ingresar al Regimiento Sangra en Puerto Montt, donde permaneció por unas horas. Días después, sin que el gobierno estuviera siquiera informado, dejó su campo en el sur y fue trasladado al Hospital Naval de Talcahuano, donde permaneció cuatro meses. Su ingreso a la cárcel, el 20 de octubre del '95, también tuvo garantías. Tras volar en un helicóptero hasta un recinto militar en Colina, Contreras se cambió de ropa y, acompañado de su mujer, entró a la nueva cárcel en Tiltil, que contaba con un anillo de seguridad del Ejército situado más adentro que el de Gendarmería.
Esta vez no hubo dilación. Por más que el fallo de la Suprema que condenó a Contreras barriera con la Ley de Amnistía e irritara profundamente al Ejército, la institución presidida por el general Cheyre sólo intentó que la entrada del general (R) a la cárcel fuese "digna". Cuando éste se negó a presentarse por sus medios al tribunal, la institución le quitó la protección que le brindaba y dejó que Investigaciones hiciera su trabajo.
En un Ejército que ha hecho esfuerzos por sacudirse la pesada carga del régimen militar y reinsertarse en la sociedad, que ha efectuado su "nunca más" y admitido la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH., no había espacio para otra cosa.
31 de enero de 2005
©la tercera
máquina de matar en argentina
El periodista británico Robert Cox señaló el viernes en el juicio por genocidio, tortura y terrorismo contra el ex marino Adolfo Scilingo que durante la dictadura argentina (1976-1983) funcionó "una máquina de matar" para acabar con todos aquellos disconformes con el régimen.
Madrid, España. "Ellos tuvieron la idea de aniquilar gente que no estaba de acuerdo con ellos", señaló Cox, antiguo director del Buenos Aires Herald y ex corresponsal de publicaciones como el Washington Post en la capital argentina entre 1968 y 1979, en referencia al régimen militar.
Al principio, decían que la idea del golpe militar de marzo de 1976 "era traer la democracia de vuelta", pero "ellos querían hacer mucho más, querían cambiar la sociedad", afirmó Cox, citando las palabras de un compañero de profesión.
Cox, cuyo diario fue de los pocos que se atrevió a denunciar la existencia de desapariciones durante el régimen militar, señaló en la décima jornada del juicio contra Scilingo que él mismo tuvo que salir del país debido a que las amenazas se hicieron agobiantes, llegando incluso a ser detenido durante unos días.
En su comparecencia como testigo ante el tribunal, el periodista británico aseguró que en aquella época se vivía una situación "esquizofrénica en la que la gente veía, pero al mismo tiempo prefería no ver".
"La gente estaba negando las cosas que estaban pasando. Mucha gente aceptó las desapariciones. Las Madres (de Plaza de Mayo) si tuvieron coraje (para denunciar), pero mucha gente estaba negando lo que estaba pasando", afirmó Cox, relatando como algunas detenciones se hacían a plena luz del día.
El mismo vio un día desde la carretera como "un camión entraba en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), se abría y de él salían entre cuatro y seis personas con las manos en la cabeza".
La ESMA, donde entre 1977 y 1978 estuvo destinado Scilingo, quien en 1997 confesó haber participado en dos vuelos de la muerte, fue uno de los principales centros de detención de la dictadura argentina por la que pasaron unos 5.000 de los 30.000 detenidos-desaparecidos del régimen militar.
En jornadas anteriores, Scilingo, para el que la acusación ha pedido 6.626 años de cárcel, había asegurado que él no veía llegar detenidos a la ESMA porque eran trasladados directamente a zonas restringidas.
Cox aseguró que en el mundo se daba la imagen de que el golpe de marzo de 1976 era "un golpe sin sangre", pero él quiso mostrar que "no era un golpe sin sangre y que también había censura y autocensura por el miedo".
"A los pocos meses del golpe, nos llamaron de la casa de gobierno dando la orden de no publicar nada sobre actos violentos o secuestros sin aviso oficial, yo dije que esto no podía ser, que teníamos que informar y decidimos publicar los habeas corpus (que se presentaban para averiguar el paradero de los desparecidos). Con esto teníamos algo oficial", dijo Cox.
El periodista británico fue el único testigo que compareció el viernes en el juicio contra Scilingo, que cierra su segunda semana y se reanudará el próximo martes con las declaraciones de más testigos.
29 de enero de 2005
©mi punto
Madrid, España. "Ellos tuvieron la idea de aniquilar gente que no estaba de acuerdo con ellos", señaló Cox, antiguo director del Buenos Aires Herald y ex corresponsal de publicaciones como el Washington Post en la capital argentina entre 1968 y 1979, en referencia al régimen militar. Al principio, decían que la idea del golpe militar de marzo de 1976 "era traer la democracia de vuelta", pero "ellos querían hacer mucho más, querían cambiar la sociedad", afirmó Cox, citando las palabras de un compañero de profesión.
Cox, cuyo diario fue de los pocos que se atrevió a denunciar la existencia de desapariciones durante el régimen militar, señaló en la décima jornada del juicio contra Scilingo que él mismo tuvo que salir del país debido a que las amenazas se hicieron agobiantes, llegando incluso a ser detenido durante unos días.
En su comparecencia como testigo ante el tribunal, el periodista británico aseguró que en aquella época se vivía una situación "esquizofrénica en la que la gente veía, pero al mismo tiempo prefería no ver".
"La gente estaba negando las cosas que estaban pasando. Mucha gente aceptó las desapariciones. Las Madres (de Plaza de Mayo) si tuvieron coraje (para denunciar), pero mucha gente estaba negando lo que estaba pasando", afirmó Cox, relatando como algunas detenciones se hacían a plena luz del día.
El mismo vio un día desde la carretera como "un camión entraba en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), se abría y de él salían entre cuatro y seis personas con las manos en la cabeza".
La ESMA, donde entre 1977 y 1978 estuvo destinado Scilingo, quien en 1997 confesó haber participado en dos vuelos de la muerte, fue uno de los principales centros de detención de la dictadura argentina por la que pasaron unos 5.000 de los 30.000 detenidos-desaparecidos del régimen militar.
En jornadas anteriores, Scilingo, para el que la acusación ha pedido 6.626 años de cárcel, había asegurado que él no veía llegar detenidos a la ESMA porque eran trasladados directamente a zonas restringidas.
Cox aseguró que en el mundo se daba la imagen de que el golpe de marzo de 1976 era "un golpe sin sangre", pero él quiso mostrar que "no era un golpe sin sangre y que también había censura y autocensura por el miedo".
"A los pocos meses del golpe, nos llamaron de la casa de gobierno dando la orden de no publicar nada sobre actos violentos o secuestros sin aviso oficial, yo dije que esto no podía ser, que teníamos que informar y decidimos publicar los habeas corpus (que se presentaban para averiguar el paradero de los desparecidos). Con esto teníamos algo oficial", dijo Cox.
El periodista británico fue el único testigo que compareció el viernes en el juicio contra Scilingo, que cierra su segunda semana y se reanudará el próximo martes con las declaraciones de más testigos.
29 de enero de 2005
©mi punto
detienen a generales chilenos
[Carmen Gloria Vitalic] Contreras se niega a ser notificado de condena y juez ordena su detención. Fue condenado a 12 años de cárcel. El ex jefe de la Dina fue trasladado al cuartel de Investigaciones de calle Borgoño. Versiones judiciales dicen que el general (R) habría intentado agredir a funcionarios policiales al momento de su detención.
Santiago, Chile. Poco antes de las 11:00 de la mañana, el general (R) Manuel Contreras fue arrestado por el Departamento Quinto de Investigaciones, sacado de su domicilio y llevado en medio de un fuerte operativo de seguridad al Palacio de Tribunales para ser notificado de la sentencia de 12 años de prisión en su contra por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval.
Luego de que el ex militar se negara a acudir al llamado del juez Alejandro Solís y de rechazar el intento de notificación de la Policía Militar, el jefe del Departamento Quinto de Investigaciones acudió hasta la casa de Contreras en Peñalolén para arrestarlo y llevarlo ante el juez.
Versiones judiciales dicen que al momento de ser detenido, Contreras habría intentado agredir a funcionarios de Investigaciones. Esta situación habría motivado que la comitiva que lo llevaba a Tribunales desviara su rumbo al cuartel policial de calle Borgoño. Las mismas fuentes dicen que en este lugar se estaría estampando el parte policial por el intento de agresión. En todo caso, no existe confirmación alguna de que esta sea la razón de que haya sido llevado a Investigaciones.
En el cuartel policial también se encuentran detenidas dos hijas del ex militar.
Contreras salió a bordo del segundo auto de una caravana de ocho vehículos que abandonó la villa militar Club de Campo Norte en el sector alto de la capital, rumbo del centro de Santiago.
El juez Solís dictaminó que Contreras debe cumplir su arresto en el recientemente creado penal Cordillera al interior del Comando de Telecomunicaciones.
Este trámite pondrá fin a la libertad de Contreras, ya que será trasladado a un recinto penal para cumplir su condena.
Contreras había anticipado ayer que "sólo a la fuerza" lo sacarían hoy de su domicilio en el condominio Club de Campo Norte en Peñalolén, donde en estos momentos se encuentra montado un fuerte operativo de seguridad de Carabineros y la Policía Militar.
A las 9:10 de la mañana, su abogado Juan Carlos Manns se hizo presente en la Corte de Apelaciones para notificarse como apoderado del Manuel Contretras, pero pese a eso el magistrado ordenó detener al ex jefe de la Dina.
Mientras, cuatro de los cinco miembros de la cúpula de la Dina condenados por la desaparición Sandoval ya fueron notificados de sus condenas y salieron poco después de las 10 de la mañana rumbo a sus lugares de reclusión. Godoy deberá permanecer en Punta Peuco y los otros cuatro ex uniformados serán transportados al penal Cordillera, el nuevo centro de reclusión que se encuentra al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército.
A partir de las 7:00 AM comenzaron a llegar los ex militares para ser notificados de sus condenas. El primero en llegar a la puerta de Morandé 345 fue el ex teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy, condenado a cinco años como cómplice de la desaparición de Sandoval.
A las 7:30, se hizo presente el brigadier (R) Miguel Krassnoff, condenado a 10 años por el mismo delito, quien incluso saludó a la prensa que se apostaba en el lugar. Diez minutos más tarde y en el más completo hermetismo, lo hizo el coronel (R) Marcelo Moren Brito y a las 7:50, el brigadier (R) Fernando Laureani, sentenciado a cinco años como cómplice.
Las condenas de los ex oficiales son emblemáticas, ya que se trata del primer caso de derechos humanos, en el que la Corte Suprema ratifica una condena por el delito de secuestro calificado, pasando por encima de la Ley de Amnistía.
Los Condenados
General (R) Manuel Contreras: Ex jefe de la DINA, condenado a 12 años como autor de secuestro calificado
Brigadier (R) Miguel Krassnoff: 10 años
Coronel (R) Marcelo Moren Brito: 10 años
Brigadier (R) Fernando Laureani: 5 años, cómplice
Teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy: 5 años, cómplice
El Emblemático Caso
Miguel Ángel Sandoval, un sastre de 26 años y militante del MIR, fue detenido en Santiago el 7 de enero de 1975 por agentes de la DINA. Fue visto por última vez con vida al interior de Villa Grimaldi, pero en muy malas condiciones a causa de las torturas a las que fue sometido.
Por este caso, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones condenó a la cúpula de la DINA el 5 de enero 2004, luego que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema anuló la ley de amnistía en los procesos relacionados a la desaparición forzada de Enrique Poblete Córdoba, Julio Fidel Flores Pérez, Anselmo Radrigan Plaza y Roberto Aranda, entre otros casos. Todos estos casos estaban sobreseídos por la justicia militar con investigaciones pendientes.
Al respecto la Corte Suprema rechazó en forma unánime la aplicación de Amnistía en este caso el 18 de noviembre recién pasado, argumentando que el secuestro es un delito de ejecución permanente y que por lo tanto no se puede aplicar la amnistía ni la prescripción de la acción penal. Este es el primer caso en que el máximo tribunal se pronuncia sobre la aplicación de dicha normativa respecto a un detenido desaparecido.
28 de enero de 2005
©la tercera
cadena perpetua para general salas wenzel
Santiago, Chile. Poco antes de las 11:00 de la mañana, el general (R) Manuel Contreras fue arrestado por el Departamento Quinto de Investigaciones, sacado de su domicilio y llevado en medio de un fuerte operativo de seguridad al Palacio de Tribunales para ser notificado de la sentencia de 12 años de prisión en su contra por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval.Luego de que el ex militar se negara a acudir al llamado del juez Alejandro Solís y de rechazar el intento de notificación de la Policía Militar, el jefe del Departamento Quinto de Investigaciones acudió hasta la casa de Contreras en Peñalolén para arrestarlo y llevarlo ante el juez.
Versiones judiciales dicen que al momento de ser detenido, Contreras habría intentado agredir a funcionarios de Investigaciones. Esta situación habría motivado que la comitiva que lo llevaba a Tribunales desviara su rumbo al cuartel policial de calle Borgoño. Las mismas fuentes dicen que en este lugar se estaría estampando el parte policial por el intento de agresión. En todo caso, no existe confirmación alguna de que esta sea la razón de que haya sido llevado a Investigaciones.
En el cuartel policial también se encuentran detenidas dos hijas del ex militar.
Contreras salió a bordo del segundo auto de una caravana de ocho vehículos que abandonó la villa militar Club de Campo Norte en el sector alto de la capital, rumbo del centro de Santiago.
El juez Solís dictaminó que Contreras debe cumplir su arresto en el recientemente creado penal Cordillera al interior del Comando de Telecomunicaciones.
Este trámite pondrá fin a la libertad de Contreras, ya que será trasladado a un recinto penal para cumplir su condena.
Contreras había anticipado ayer que "sólo a la fuerza" lo sacarían hoy de su domicilio en el condominio Club de Campo Norte en Peñalolén, donde en estos momentos se encuentra montado un fuerte operativo de seguridad de Carabineros y la Policía Militar.
A las 9:10 de la mañana, su abogado Juan Carlos Manns se hizo presente en la Corte de Apelaciones para notificarse como apoderado del Manuel Contretras, pero pese a eso el magistrado ordenó detener al ex jefe de la Dina.
Mientras, cuatro de los cinco miembros de la cúpula de la Dina condenados por la desaparición Sandoval ya fueron notificados de sus condenas y salieron poco después de las 10 de la mañana rumbo a sus lugares de reclusión. Godoy deberá permanecer en Punta Peuco y los otros cuatro ex uniformados serán transportados al penal Cordillera, el nuevo centro de reclusión que se encuentra al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército.
A partir de las 7:00 AM comenzaron a llegar los ex militares para ser notificados de sus condenas. El primero en llegar a la puerta de Morandé 345 fue el ex teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy, condenado a cinco años como cómplice de la desaparición de Sandoval.
A las 7:30, se hizo presente el brigadier (R) Miguel Krassnoff, condenado a 10 años por el mismo delito, quien incluso saludó a la prensa que se apostaba en el lugar. Diez minutos más tarde y en el más completo hermetismo, lo hizo el coronel (R) Marcelo Moren Brito y a las 7:50, el brigadier (R) Fernando Laureani, sentenciado a cinco años como cómplice.
Las condenas de los ex oficiales son emblemáticas, ya que se trata del primer caso de derechos humanos, en el que la Corte Suprema ratifica una condena por el delito de secuestro calificado, pasando por encima de la Ley de Amnistía.
Los Condenados
General (R) Manuel Contreras: Ex jefe de la DINA, condenado a 12 años como autor de secuestro calificado
Brigadier (R) Miguel Krassnoff: 10 años
Coronel (R) Marcelo Moren Brito: 10 años
Brigadier (R) Fernando Laureani: 5 años, cómplice
Teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy: 5 años, cómplice
El Emblemático Caso
Miguel Ángel Sandoval, un sastre de 26 años y militante del MIR, fue detenido en Santiago el 7 de enero de 1975 por agentes de la DINA. Fue visto por última vez con vida al interior de Villa Grimaldi, pero en muy malas condiciones a causa de las torturas a las que fue sometido.
Por este caso, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones condenó a la cúpula de la DINA el 5 de enero 2004, luego que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema anuló la ley de amnistía en los procesos relacionados a la desaparición forzada de Enrique Poblete Córdoba, Julio Fidel Flores Pérez, Anselmo Radrigan Plaza y Roberto Aranda, entre otros casos. Todos estos casos estaban sobreseídos por la justicia militar con investigaciones pendientes.
Al respecto la Corte Suprema rechazó en forma unánime la aplicación de Amnistía en este caso el 18 de noviembre recién pasado, argumentando que el secuestro es un delito de ejecución permanente y que por lo tanto no se puede aplicar la amnistía ni la prescripción de la acción penal. Este es el primer caso en que el máximo tribunal se pronuncia sobre la aplicación de dicha normativa respecto a un detenido desaparecido.
28 de enero de 2005
©la tercera
cadena perpetua para general salas wenzel
[Carmen Gloria Vitalic] El general (R) y ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel fue sentenciado a cadena perpetua por la llamada Operación Albania, en la que personal de la CNI terminó con la vida de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 15 y 16 de junio de 1987.
Santiago, Chile. El dictamen, de primera instancia, fue dado a conocer por el ministro en visita Hugo Dolmesch, quien también informó las sentencias para más de 25 procesados involucrados en la causa.
Entre ellos, el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, fue condenado a 15 años y un día de cárcel, mientras que el ex oficial de Carabineros Iván Quiroz deberá permanecer 10 años y un día tras las rejas.
"Hay 15 condenados y 11 absueltos, una cadena perpetua, para Salas Wenzel, porque tiene una responsabilidad directa en la planificación, en la orden. El no está confeso. El trabajo, además de ser arduo e intenso, hay una satisfacción porque se ha podido establecer la verdad material de cómo ocurrieron los hechos. Estoy conforme con el fallo", dijo Dolmestch.
Añadió que también "está reconocida la existencia de ordenes directas
En la sentencia, de cerca de 300 páginas, Dolmestch ordena penas de cinco años y un día y de tres años y un día para los ejecutores y absuelve a todos aquellos que detuvieron a los frentistas, pero que no participaron en los homicidios.
La investigación por la Operación Albania lleva abierta 18 años y hay 26 procesados, entre ellos ex militares, carabineros y agentes de la CNI.
28 de enero de 2005
©la tercera
Santiago, Chile. El dictamen, de primera instancia, fue dado a conocer por el ministro en visita Hugo Dolmesch, quien también informó las sentencias para más de 25 procesados involucrados en la causa.
Entre ellos, el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, fue condenado a 15 años y un día de cárcel, mientras que el ex oficial de Carabineros Iván Quiroz deberá permanecer 10 años y un día tras las rejas.
"Hay 15 condenados y 11 absueltos, una cadena perpetua, para Salas Wenzel, porque tiene una responsabilidad directa en la planificación, en la orden. El no está confeso. El trabajo, además de ser arduo e intenso, hay una satisfacción porque se ha podido establecer la verdad material de cómo ocurrieron los hechos. Estoy conforme con el fallo", dijo Dolmestch.
Añadió que también "está reconocida la existencia de ordenes directas
En la sentencia, de cerca de 300 páginas, Dolmestch ordena penas de cinco años y un día y de tres años y un día para los ejecutores y absuelve a todos aquellos que detuvieron a los frentistas, pero que no participaron en los homicidios.
La investigación por la Operación Albania lleva abierta 18 años y hay 26 procesados, entre ellos ex militares, carabineros y agentes de la CNI.
28 de enero de 2005
©la tercera
secreto de torturador suicida
[Ana María Sanhueza, Diana Huerta y Paola Eynaudi] El secreto que guardaba el coronel (R) que se lanzó al vacío. El suicidio de Germán Barriga Muñoz sacudió al Ejército y volvió a poner en la agenda la situación de los procesados por DD.HH. Aunque en los tribunales el ex miembro de la Dina Germán Barriga optó por no colaborar, el año 2000 se había acercado al Ejército para entregar información a la Mesa de Diálogo sobre cuerpos de detenidos-desaparecidos arrojados al mar. Su suicidio lo preparó cuidadosamente.
Santiago, Chile. El lunes 17 de enero Germán Barriga Muñoz trabajó hasta poco antes de las 10 de la mañana en su computador. A Judith Cosmelli, su esposa, no le llamó la atención que estuviera sentado frente a la pantalla. Era una rutina del coronel (R), aficionado a la tecnología. Le gustaba enviar emails a sus amigos y a sus tres hijos y estar informado de los últimos adelantos digitales, sobre todo si se trataba de cámaras fotográficas.
Barriga se despidió a las 10 en punto de su mujer. "Voy a hacer unos trámites", le dijo.
En su escritorio dejó tres CD y un sobre blanco que decía "abrir cuando". Su esposa no los vio sino hasta la tarde, cuando su hija María Isabel los encontró.
Germán Barriga (59) llevaba tres semanas buscando trabajo. Quedó cesante el 28 de diciembre de 2004, cuando la empresa D&S, donde hacía clases a los guardias de seguridad de sus supermercados, le informó que su contrato no sería renovado. 17 días antes, frente al local, la comisión Funa había hecho una manifestación en su contra: "No compre en Lider... financia torturadores", decían los panfletos junto a su nombre, su fotografía y carnet.
Era la tercera vez que perdía su trabajo y la segunda que lo "funaban". Su paso por la Brigada Purén de la Dina y la CNI manchaban su currículum y, a partir de 2003, cuando se iniciaron sus procesamientos por cuatro casos de violaciones a los DD.HH., también sus antecedentes personales.
"Todos tenemos un límite para soportar cosas de esta vida. Estoy llegando a ese extremo, porque donde voy sólo encuentro trabas. Me cortan los caminos laborales y sufro una implacable persecución política (...) Todos dicen que las instituciones funcionan, que los tribunales apliquen la ley, cuando el problema no es judicial, es político, y nadie es capaz de cortar el queque", escribió el 15 de diciembre en un email a su hija María Isabel.
"Abrir cuando"
Los amigos del coronel (R) se sorprendieron al enterarse que el hombre que el 17 de enero se lanzó desde el piso 18 de un edificio a un costado de la Escuela Militar, era Germán Barriga. Sabían que pasaba por un momento difícil. Su mujer sufre una serie de enfermedades crónicas que lo obligaban a gastar en remedios y tratamientos cerca de 500 de los 690 mil pesos mensuales de su jubilación. A ello se sumaba la falta de trabajo y sus procesamientos. Pero no pensaron que estuviera al borde del suicidio.
Ni la familia ni los amigos habían tomado en serio un par de frases que Barriga repetía constantemente: "Prefiero morir a ir preso", y "esta persecución se va a acabar sólo cuando me muera".
Sus abogados Marcelo Cibié, quien lo defendía por el caso Calle Conferencia, y Gustavo Collao, en los homicidios de Jorge Lamich y Héctor García, tampoco se percataron de los planes de su cliente.
Cibié lo vio por última vez después de Navidad. Barriga le llevó una botella de wisky de regalo.
"Estaba más serio, más parco, desilusionado. Fue una decisión premeditada. Salió de la casa con las cartas escritas, convencido".
Dos semanas antes de que saltara al vacío, María Isabel quedó preocupada con el semblante de su padre, que evitaba traspasar sus problemas a la familia. Era reservado. También lo fue con su trabajo en la Dina.
"Lo encontré deprimido, pero a su manera: no me dijo nada. Lo fui a ver, porque por el teléfono lo noté compungido. Llevaba tres semanas tratando de conseguir trabajo y todas las respuestas eran no'".
Pero un asado familiar que Barriga organizó junto a su esposa, el 14 de enero, cambió la percepción de María Isabel. El coronel (R) se veía especialmente animado. Hasta aprovechó de tomar fotografías.
No dejó nada al azar. "Lo hizo como todo lo que hizo en su vida: programado, claro, preciso y efectivo. Se fijó una misión, definió un procedimiento y lo previó todo. Era un oficial de Estado Mayor... ¡y comando!", dice uno de sus amigos, el general (R) Julio Cerda.
El martes 11 de enero, Cerda y otros dos amigos almorzaron con Barriga para ofrecerle un pequeño capital para que iniciara un nuevo negocio. Ya sabían que su empresa de seguridad, con la que había trabajado para Lider y la Autopista del Sol, tendría que cerrar en marzo, porque Carabineros no le renovaría el permiso en vista de sus procesamientos.
"Se fue bien contento. Ibamos a volver a vernos más adelante", cuenta Cerda.
Pero Barriga tenía otras intenciones. El domingo 16 fue a la Iglesia Santa Teresa de Los Andes. Se confesó y comulgó. Un día después subió al piso 18 del edificio simulando ser un posible comprador.
Tan planificado fue su suicidio, que en el sobre que dejó sobre su escritorio con la frase "abrir cuando", guardó su argolla de matrimonio, una cadena, un reloj, sus documentos y varias instrucciones a la familia sobre cómo pagar las cuentas, a quién llamar tras saber de su muerte y cómo continuar con el tratamiento de su esposa Judith.
También dejó tres cartas: una para su mujer, otra para los amigos y la última a la opinión pública: "No quiero ser un cacho viviente, lleno de dificultades y malestares sin solución en esta vengativa sociedad (...) Me han perseguido y presionado para sacarme de mis últimos tres trabajos. Desde que estoy en retiro, se fueron cerrando totalmente las posibilidades laborales... todo por vivir y cumplir órdenes en el gobierno militar".
El Secreto de Barriga
El 27 de diciembre de 2004 fue la última vez que Barriga pisó Tribunales. Iba una vez al mes a firmar el libro de procesados bajo fianza.
En los expedientes del caso Calle Conferencia, Barriga está identificado como uno de los agentes más duros' de la Dina, junto a sus superiores: el general (R) Manuel Contreras, los brigadieres (R) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff y el coronel (R) Marcelo Moren Brito.
En junio de 2003, Guzmán lo encausó por la desaparición de la cúpula del PC en 1976. Le imputó 12 secuestros calificados y lo sometió a prisión. Luego, la magistrada María Stella Elgarrista lo procesó por los homicidios de Jorge Lamich y Héctor García; Raquel Lermanda lo hizo por el secuestro de Julia Retamal, y Joaquín Billard por la desaparición de Miguel Rodríguez.
Don Jaime' o Capitán Silvio' eran sus chapas en la Dina. Así aparece en los expedientes de Guzmán y también en los del juez Alejandro Solís, quien lo interrogó en noviembre como inculpado y le preguntó, nombre por nombre, por 170 desaparecidos en Villa Grimaldi.
"No tengo antecedentes", respondió. Estaba a punto de ser procesado.
Hasta esta semana, el coronel (R) era sólo uno más de los cerca de 160 ex uniformados procesados, pero tras su última decisión dejó de ser uno más. La forma en que murió lo convirtió en una suerte de símbolo dentro del Ejército, al punto que la catedral castrense se repletó para su funeral. En éste coincidieron al actual Alto Mando, encabezado por el comandante en jefe (S) del Ejército, Javier Urbina, y varios ex Dina, la mayoría a punto de entrar a cumplir condenas.
La señal de Barriga sacudió a otros ex uniformados procesados, que piden que sus casos se aceleren. Según acaba de constatar la Corte Suprema, un 90% de las causas está aún en sumario, y sólo un 10% en su fase final. Su suicidio puso el tema en la agenda: el gobierno, a través del Vicepresidente José Miguel Insulza, señaló la necesidad de agilizar las causas.
Pero Barriga guardaba un secreto, que fue otro motivo por el que su suicidio provocó fuerte conmoción al interior del Ejército: su colaboración en la Mesa de Diálogo el 2000, en la que entregó, según fuentes militares y un alto personero de gobierno, información sobre el destino de detenidos desaparecidos lanzados al mar. Sus datos fueron incorporados en el informe que entregó la institución a esa instancia y que hablaba de 180 víctimas, 130 de ellas arrojadas a las aguas. Esos antecedentes fueron remitidos a la Suprema, que los derivó a jueces especiales.
Su colaboración con la mesa, en la que la protección de su identidad estaba garantizada por ley, contrastó con su actitud en tribunales, donde sí arriesgaba condenas, sobre todo después que la Suprema dejara sin efecto práctico la Ley de Amnistía.
Frente a los jueces, que habían establecido en sus procesamientos su presunta participación en desapariciones y torturas en sus procesamientos, Barriga nunca entregó información. Aunque sí reconoció haber trabajado en la Dina como jefe de la Brigada Purén y señaló los nombres de sus superiores -Contreras, Krassnoff, Moren Brito y Gerardo Urrich-, nunca reveló quién le dio las órdenes. Y aunque negó su participación en las desapariciones, admitió haber perpetrado detenciones sólo de "manera extraordinaria, como en Fiestas Patrias, 11 de septiembre y el Te Deum".
Declaró que era "analista", es decir, lo que la mayoría de ex Dina dicen en los tribunales: "Mis labores eran más que nada de registro y conseguir información (...) Trabajaba con fuentes abiertas, no con información de otras vías, como libros o papeles incautados en allanamientos".
Su principal reconocimiento fue asumir que ejecutó algunas operaciones, aunque sin especificarlas. "Participé en tres operativos de la Dina, que derivaron en detenciones de personas", declaró hace unos meses, pero negó haber visto heridos en los centros de detención.
Lo que lo distanciaba nítidamente de otros ex agentes era su trato con los jueces. Mientras Contreras, Moren o Krassnoff, ironizaban cuando eran procesdos ("tengo a los secuestrados debajo de mi cama", han dicho algunos encausados), Barriga tenía otro tono.
Su Relación con el Alto Mando
Otro factor que acrecentó el impacto de su muerte fue la cercana relación del coronel (R) con varios miembros del actual alto mando, a quienes conoció en sus diferentes destinaciones. Después de su paso por la Dina y la CNI, entró a la Academia de Guerra en 1978. Más tarde cumplió una misión en Punta Arenas, y luego fue comandante del ex Regimiento de Infantería N°15 de Calama.
El general Juan Carlos Salgado, ex representante del Ejército en la Mesa de Diálogo, es el padrino de su hija menor, y el general Urbina, jefe del Estado Mayor, fue su compañero en la Academia de Guerra.
En 1999, Barriga -ya retirado- trabajó a contrata en la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Era analista internacional, pero el 2002 fue despedido después de que la entonces ministro de Defensa, Michelle Bachelet, le pidiera a Cheyre desvincularlo de la institución junto a otros ex uniformados en retiro conectados con casos de DD.HH., como los brigadieres Jaime Lepe y Miguel Krassnoff.
El viernes, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, interrumpió sus vacaciones para visitar a la familia de Barriga y entregarle personalmente sus condolencias.
"No tuve amistad social con el coronel Barriga. No nos visitábamos en nuestras casas, pero sí tuvimos un año de diferencia en la Escuela Militar y un año de diferencia en la Academia de Guerra. Coincidí con él cuando ambos fuimos subtenientes en la Escuela de Infantería; nos casamos prácticamente en la misma época, mandábamos regimientos en una misma división", dijo Cheyre a La Tercera.
Dos Efectos
La muerte de Barriga y el modo que reaccionó Cheyre trajo -en el análisis del Gobierno- dos hechos nuevos. El primero es que la desaprobación hacia la forma en que Augusto Pinochet ha actuado respecto al problema de los DD.HH., preocupándose sólo de su situación personal, no sólo está instalada en el actual Alto Mando, sino que también se ha extendido hacia los demás procesados, que esta semana lo criticaron por "haberlos dejado solos".
El segundo tiene que ver directamente con el general Cheyre, quien tras condolerse con la realidad de las familias de las víctimas y hacer dos gestos históricos el 2003 y el 2004, primero con su "nunca más" y luego con el reconocimiento de la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH., debió esta semana enviar señales hacia el interior del Ejército y a las familias de los oficiales encausados.
A inicios de diciembre, mientras Cheyre preparaba su discurso para el seminario sobre DD.HH. que tendría lugar el 10 de ese mes en la Escuela Militar, su esposa, María Isabel Forestier, se encontró con Barriga en el hospital institucional y le comentó a su marido lo apesadumbrado que lo había visto. Cheyre escribió, pensando en él, un párrafo de ese mensaje: "Conozco a algunos que se alejaron de la recta doctrina. No obstante censurar su actuar, no puedo olvidar que ellos soñaron vivir su vocación en una realidad diferente. El comprobar las frustraciones de proyectos de vida truncados, el peso de las conciencias, el dolor de las familias, la pérdida de la ilusión, me lleva a exponer (esa realidad) ante esta audiencia".
El día de Navidad, Cheyre visitó la cárceles de Punta Peuco y Peñalolén para expresarle a condenados y procesados -como él mismo había dicho antes- que el Ejército, "en todo lo debido y en nada de lo indebido", no los ha abandonado. Tras la muerte de Barriga, es probable que esos gestos se repitan.
El Fallo de la Suprema Que Inquietaba a Barriga
Desde noviembre, el coronel (R) Barriga estaba particularmente complicado por sus problemas judiciales. Pensaba que, de seguro, el fallo que dictó ese mes la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando condenó a la plana mayor de la Dina sin aplicar la amnistía en el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval, marcaría también su destino.
"(El caso Sandoval) me hace pensar que correré la misma suerte. Y peor, ya que lo mío no es por un secuestrado, sino por doce que, según la justicia e instituciones que funcionan en Chile, yo mantengo secuestrados", escribió a su hija María Isabel en un correo electrónico en diciembre.
Los condenados fueron cinco ex Dina: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Fernando Laureani y Gerardo Godoy. Todos están a días de ingresar a Punta Peuco. Los tres primeros asistieron al funeral de Barriga.
Aunque en la justicia chilena no existe la jurisprudencia, tanto en el mundo de los DD.HH. como en el militar, esa resolución se esperaba con ansiedad. Era la prueba final para saber si la Suprema ratificaría la tesis del secuestro calificado para los casos de detenidos desaparecidos, o aplicaría la ley de amnistía, creada por el régimen militar para cubrir los delitos perpetrados entre 1973 y 1978.
Los supremos habían dejado su postura como un gran misterio en junio de 2000, cuando desaforaron a Augusto Pinochet por el caso Caravana de la Muerte.
Esa vez, una mayoría del pleno sólo afirmó que los detenidos-desaparecidos permanecían secuestrados mientras no aparecieran sus cuerpos y que la amnistía y la prescripción, de aplicarse, sólo correrían al final de la investigación y una vez identificados a los responsables.
Ese planteamiento dio espacio a los jueces de causas de derechos humanos para procesar por secuestro calificado. Y ahora, tras el fallo de Sandoval, saben que pueden condenar por ese mismo delito, incluso aplicando tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad.
La única duda pendiente a estas alturas es si la Suprema tampoco aplicará la amnistía en caso de homicidios, en los que los cuerpos ya están identificados.
26 de enero de 2005
©la tercera
Santiago, Chile. El lunes 17 de enero Germán Barriga Muñoz trabajó hasta poco antes de las 10 de la mañana en su computador. A Judith Cosmelli, su esposa, no le llamó la atención que estuviera sentado frente a la pantalla. Era una rutina del coronel (R), aficionado a la tecnología. Le gustaba enviar emails a sus amigos y a sus tres hijos y estar informado de los últimos adelantos digitales, sobre todo si se trataba de cámaras fotográficas.Barriga se despidió a las 10 en punto de su mujer. "Voy a hacer unos trámites", le dijo.
En su escritorio dejó tres CD y un sobre blanco que decía "abrir cuando". Su esposa no los vio sino hasta la tarde, cuando su hija María Isabel los encontró.
Germán Barriga (59) llevaba tres semanas buscando trabajo. Quedó cesante el 28 de diciembre de 2004, cuando la empresa D&S, donde hacía clases a los guardias de seguridad de sus supermercados, le informó que su contrato no sería renovado. 17 días antes, frente al local, la comisión Funa había hecho una manifestación en su contra: "No compre en Lider... financia torturadores", decían los panfletos junto a su nombre, su fotografía y carnet.
Era la tercera vez que perdía su trabajo y la segunda que lo "funaban". Su paso por la Brigada Purén de la Dina y la CNI manchaban su currículum y, a partir de 2003, cuando se iniciaron sus procesamientos por cuatro casos de violaciones a los DD.HH., también sus antecedentes personales.
"Todos tenemos un límite para soportar cosas de esta vida. Estoy llegando a ese extremo, porque donde voy sólo encuentro trabas. Me cortan los caminos laborales y sufro una implacable persecución política (...) Todos dicen que las instituciones funcionan, que los tribunales apliquen la ley, cuando el problema no es judicial, es político, y nadie es capaz de cortar el queque", escribió el 15 de diciembre en un email a su hija María Isabel.
"Abrir cuando"
Los amigos del coronel (R) se sorprendieron al enterarse que el hombre que el 17 de enero se lanzó desde el piso 18 de un edificio a un costado de la Escuela Militar, era Germán Barriga. Sabían que pasaba por un momento difícil. Su mujer sufre una serie de enfermedades crónicas que lo obligaban a gastar en remedios y tratamientos cerca de 500 de los 690 mil pesos mensuales de su jubilación. A ello se sumaba la falta de trabajo y sus procesamientos. Pero no pensaron que estuviera al borde del suicidio.
Ni la familia ni los amigos habían tomado en serio un par de frases que Barriga repetía constantemente: "Prefiero morir a ir preso", y "esta persecución se va a acabar sólo cuando me muera".
Sus abogados Marcelo Cibié, quien lo defendía por el caso Calle Conferencia, y Gustavo Collao, en los homicidios de Jorge Lamich y Héctor García, tampoco se percataron de los planes de su cliente.
Cibié lo vio por última vez después de Navidad. Barriga le llevó una botella de wisky de regalo.
"Estaba más serio, más parco, desilusionado. Fue una decisión premeditada. Salió de la casa con las cartas escritas, convencido".
Dos semanas antes de que saltara al vacío, María Isabel quedó preocupada con el semblante de su padre, que evitaba traspasar sus problemas a la familia. Era reservado. También lo fue con su trabajo en la Dina.
"Lo encontré deprimido, pero a su manera: no me dijo nada. Lo fui a ver, porque por el teléfono lo noté compungido. Llevaba tres semanas tratando de conseguir trabajo y todas las respuestas eran no'".
Pero un asado familiar que Barriga organizó junto a su esposa, el 14 de enero, cambió la percepción de María Isabel. El coronel (R) se veía especialmente animado. Hasta aprovechó de tomar fotografías.
No dejó nada al azar. "Lo hizo como todo lo que hizo en su vida: programado, claro, preciso y efectivo. Se fijó una misión, definió un procedimiento y lo previó todo. Era un oficial de Estado Mayor... ¡y comando!", dice uno de sus amigos, el general (R) Julio Cerda.
El martes 11 de enero, Cerda y otros dos amigos almorzaron con Barriga para ofrecerle un pequeño capital para que iniciara un nuevo negocio. Ya sabían que su empresa de seguridad, con la que había trabajado para Lider y la Autopista del Sol, tendría que cerrar en marzo, porque Carabineros no le renovaría el permiso en vista de sus procesamientos.
"Se fue bien contento. Ibamos a volver a vernos más adelante", cuenta Cerda.
Pero Barriga tenía otras intenciones. El domingo 16 fue a la Iglesia Santa Teresa de Los Andes. Se confesó y comulgó. Un día después subió al piso 18 del edificio simulando ser un posible comprador.
Tan planificado fue su suicidio, que en el sobre que dejó sobre su escritorio con la frase "abrir cuando", guardó su argolla de matrimonio, una cadena, un reloj, sus documentos y varias instrucciones a la familia sobre cómo pagar las cuentas, a quién llamar tras saber de su muerte y cómo continuar con el tratamiento de su esposa Judith.
También dejó tres cartas: una para su mujer, otra para los amigos y la última a la opinión pública: "No quiero ser un cacho viviente, lleno de dificultades y malestares sin solución en esta vengativa sociedad (...) Me han perseguido y presionado para sacarme de mis últimos tres trabajos. Desde que estoy en retiro, se fueron cerrando totalmente las posibilidades laborales... todo por vivir y cumplir órdenes en el gobierno militar".
El Secreto de Barriga
El 27 de diciembre de 2004 fue la última vez que Barriga pisó Tribunales. Iba una vez al mes a firmar el libro de procesados bajo fianza.
En los expedientes del caso Calle Conferencia, Barriga está identificado como uno de los agentes más duros' de la Dina, junto a sus superiores: el general (R) Manuel Contreras, los brigadieres (R) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff y el coronel (R) Marcelo Moren Brito.
En junio de 2003, Guzmán lo encausó por la desaparición de la cúpula del PC en 1976. Le imputó 12 secuestros calificados y lo sometió a prisión. Luego, la magistrada María Stella Elgarrista lo procesó por los homicidios de Jorge Lamich y Héctor García; Raquel Lermanda lo hizo por el secuestro de Julia Retamal, y Joaquín Billard por la desaparición de Miguel Rodríguez.
Don Jaime' o Capitán Silvio' eran sus chapas en la Dina. Así aparece en los expedientes de Guzmán y también en los del juez Alejandro Solís, quien lo interrogó en noviembre como inculpado y le preguntó, nombre por nombre, por 170 desaparecidos en Villa Grimaldi.
"No tengo antecedentes", respondió. Estaba a punto de ser procesado.
Hasta esta semana, el coronel (R) era sólo uno más de los cerca de 160 ex uniformados procesados, pero tras su última decisión dejó de ser uno más. La forma en que murió lo convirtió en una suerte de símbolo dentro del Ejército, al punto que la catedral castrense se repletó para su funeral. En éste coincidieron al actual Alto Mando, encabezado por el comandante en jefe (S) del Ejército, Javier Urbina, y varios ex Dina, la mayoría a punto de entrar a cumplir condenas.
La señal de Barriga sacudió a otros ex uniformados procesados, que piden que sus casos se aceleren. Según acaba de constatar la Corte Suprema, un 90% de las causas está aún en sumario, y sólo un 10% en su fase final. Su suicidio puso el tema en la agenda: el gobierno, a través del Vicepresidente José Miguel Insulza, señaló la necesidad de agilizar las causas.
Pero Barriga guardaba un secreto, que fue otro motivo por el que su suicidio provocó fuerte conmoción al interior del Ejército: su colaboración en la Mesa de Diálogo el 2000, en la que entregó, según fuentes militares y un alto personero de gobierno, información sobre el destino de detenidos desaparecidos lanzados al mar. Sus datos fueron incorporados en el informe que entregó la institución a esa instancia y que hablaba de 180 víctimas, 130 de ellas arrojadas a las aguas. Esos antecedentes fueron remitidos a la Suprema, que los derivó a jueces especiales.
Su colaboración con la mesa, en la que la protección de su identidad estaba garantizada por ley, contrastó con su actitud en tribunales, donde sí arriesgaba condenas, sobre todo después que la Suprema dejara sin efecto práctico la Ley de Amnistía.
Frente a los jueces, que habían establecido en sus procesamientos su presunta participación en desapariciones y torturas en sus procesamientos, Barriga nunca entregó información. Aunque sí reconoció haber trabajado en la Dina como jefe de la Brigada Purén y señaló los nombres de sus superiores -Contreras, Krassnoff, Moren Brito y Gerardo Urrich-, nunca reveló quién le dio las órdenes. Y aunque negó su participación en las desapariciones, admitió haber perpetrado detenciones sólo de "manera extraordinaria, como en Fiestas Patrias, 11 de septiembre y el Te Deum".
Declaró que era "analista", es decir, lo que la mayoría de ex Dina dicen en los tribunales: "Mis labores eran más que nada de registro y conseguir información (...) Trabajaba con fuentes abiertas, no con información de otras vías, como libros o papeles incautados en allanamientos".
Su principal reconocimiento fue asumir que ejecutó algunas operaciones, aunque sin especificarlas. "Participé en tres operativos de la Dina, que derivaron en detenciones de personas", declaró hace unos meses, pero negó haber visto heridos en los centros de detención.
Lo que lo distanciaba nítidamente de otros ex agentes era su trato con los jueces. Mientras Contreras, Moren o Krassnoff, ironizaban cuando eran procesdos ("tengo a los secuestrados debajo de mi cama", han dicho algunos encausados), Barriga tenía otro tono.
Su Relación con el Alto Mando
Otro factor que acrecentó el impacto de su muerte fue la cercana relación del coronel (R) con varios miembros del actual alto mando, a quienes conoció en sus diferentes destinaciones. Después de su paso por la Dina y la CNI, entró a la Academia de Guerra en 1978. Más tarde cumplió una misión en Punta Arenas, y luego fue comandante del ex Regimiento de Infantería N°15 de Calama.
El general Juan Carlos Salgado, ex representante del Ejército en la Mesa de Diálogo, es el padrino de su hija menor, y el general Urbina, jefe del Estado Mayor, fue su compañero en la Academia de Guerra.
En 1999, Barriga -ya retirado- trabajó a contrata en la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Era analista internacional, pero el 2002 fue despedido después de que la entonces ministro de Defensa, Michelle Bachelet, le pidiera a Cheyre desvincularlo de la institución junto a otros ex uniformados en retiro conectados con casos de DD.HH., como los brigadieres Jaime Lepe y Miguel Krassnoff.
El viernes, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, interrumpió sus vacaciones para visitar a la familia de Barriga y entregarle personalmente sus condolencias.
"No tuve amistad social con el coronel Barriga. No nos visitábamos en nuestras casas, pero sí tuvimos un año de diferencia en la Escuela Militar y un año de diferencia en la Academia de Guerra. Coincidí con él cuando ambos fuimos subtenientes en la Escuela de Infantería; nos casamos prácticamente en la misma época, mandábamos regimientos en una misma división", dijo Cheyre a La Tercera.
Dos Efectos
La muerte de Barriga y el modo que reaccionó Cheyre trajo -en el análisis del Gobierno- dos hechos nuevos. El primero es que la desaprobación hacia la forma en que Augusto Pinochet ha actuado respecto al problema de los DD.HH., preocupándose sólo de su situación personal, no sólo está instalada en el actual Alto Mando, sino que también se ha extendido hacia los demás procesados, que esta semana lo criticaron por "haberlos dejado solos".
El segundo tiene que ver directamente con el general Cheyre, quien tras condolerse con la realidad de las familias de las víctimas y hacer dos gestos históricos el 2003 y el 2004, primero con su "nunca más" y luego con el reconocimiento de la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH., debió esta semana enviar señales hacia el interior del Ejército y a las familias de los oficiales encausados.
A inicios de diciembre, mientras Cheyre preparaba su discurso para el seminario sobre DD.HH. que tendría lugar el 10 de ese mes en la Escuela Militar, su esposa, María Isabel Forestier, se encontró con Barriga en el hospital institucional y le comentó a su marido lo apesadumbrado que lo había visto. Cheyre escribió, pensando en él, un párrafo de ese mensaje: "Conozco a algunos que se alejaron de la recta doctrina. No obstante censurar su actuar, no puedo olvidar que ellos soñaron vivir su vocación en una realidad diferente. El comprobar las frustraciones de proyectos de vida truncados, el peso de las conciencias, el dolor de las familias, la pérdida de la ilusión, me lleva a exponer (esa realidad) ante esta audiencia".
El día de Navidad, Cheyre visitó la cárceles de Punta Peuco y Peñalolén para expresarle a condenados y procesados -como él mismo había dicho antes- que el Ejército, "en todo lo debido y en nada de lo indebido", no los ha abandonado. Tras la muerte de Barriga, es probable que esos gestos se repitan.
El Fallo de la Suprema Que Inquietaba a Barriga
Desde noviembre, el coronel (R) Barriga estaba particularmente complicado por sus problemas judiciales. Pensaba que, de seguro, el fallo que dictó ese mes la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando condenó a la plana mayor de la Dina sin aplicar la amnistía en el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval, marcaría también su destino.
"(El caso Sandoval) me hace pensar que correré la misma suerte. Y peor, ya que lo mío no es por un secuestrado, sino por doce que, según la justicia e instituciones que funcionan en Chile, yo mantengo secuestrados", escribió a su hija María Isabel en un correo electrónico en diciembre.
Los condenados fueron cinco ex Dina: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Fernando Laureani y Gerardo Godoy. Todos están a días de ingresar a Punta Peuco. Los tres primeros asistieron al funeral de Barriga.
Aunque en la justicia chilena no existe la jurisprudencia, tanto en el mundo de los DD.HH. como en el militar, esa resolución se esperaba con ansiedad. Era la prueba final para saber si la Suprema ratificaría la tesis del secuestro calificado para los casos de detenidos desaparecidos, o aplicaría la ley de amnistía, creada por el régimen militar para cubrir los delitos perpetrados entre 1973 y 1978.
Los supremos habían dejado su postura como un gran misterio en junio de 2000, cuando desaforaron a Augusto Pinochet por el caso Caravana de la Muerte.
Esa vez, una mayoría del pleno sólo afirmó que los detenidos-desaparecidos permanecían secuestrados mientras no aparecieran sus cuerpos y que la amnistía y la prescripción, de aplicarse, sólo correrían al final de la investigación y una vez identificados a los responsables.
Ese planteamiento dio espacio a los jueces de causas de derechos humanos para procesar por secuestro calificado. Y ahora, tras el fallo de Sandoval, saben que pueden condenar por ese mismo delito, incluso aplicando tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad.
La única duda pendiente a estas alturas es si la Suprema tampoco aplicará la amnistía en caso de homicidios, en los que los cuerpos ya están identificados.
26 de enero de 2005
©la tercera
campesinos linchan a dos ladrones
Dos supuestos ladrones fueron linchados por campesinos de la comunidad de Cullpa Baja, localidad ubicada en la provincia de Huancayo, en la sierra central de Perú, confirmó la policía peruana.
Lima, Perú. Los supuestos delincuentes fueron acusados de haber robado unos 1515 dólares a un empresario dedicado a la ganadería, tras lo cual fueron golpeados y ahorcados hasta la muerte.
Los cadáveres de los dos linchados fueron descubiertos por la policía peruana en un río cercano a Cullpa Baja con las manos atadas hacia atrás con una soga.
Los cuerpos mostraban señales de torturas, golpes, quemaduras con queroseno en la espalda y el cuello, hematomas en el rostro y glúteos, además de evidentes síntomas de asfixia.
Según la policía, el linchamiento fue cometido después de que los dos hombres fueran atrapados por los pobladores cuando robaban a un ganadero de la localidad junto con otras cuatro personas que pudieron huir en un automóvil.
Los pobladores de Cullpa Baja declararon hoy a los periodistas que "todos son culpables" del linchamiento y que si la justicia los quiere procesar por asesinato, "deberá llevar a la cárcel a todo el pueblo".
Manifestaron, además, que "no están arrepentidos" de lo que han hecho porque "el olvido" de las autoridades los ha llevado a tomar la justicia con sus manos.
El fiscal penal de Huancayo, Rony Salinas, dijo que inició las investigaciones "dada la magnitud del caso" para determinar quienes fueron los culpables de los asesinatos y que se ha designado a un grupo especial de la policía para que se encargue de las pesquisas correspondientes.
En el 2004 se perpetraron 18 muertes en 2000 intento de linchamiento en Perú, 700 de los cuales se realizaron en las zonas marginales de Lima y 1300 en las otras regiones del país, según el ministerio del Interior
Los peruanos que deciden "tomar la justicia con sus manos" recurren a quemaduras, cortes con tijeras y cuchillos, crucifixión, apedreamiento y atropellamiento, entre otras formas de tortura, según el informe ministerial.
26 de enero de 2005
©univisión
Lima, Perú. Los supuestos delincuentes fueron acusados de haber robado unos 1515 dólares a un empresario dedicado a la ganadería, tras lo cual fueron golpeados y ahorcados hasta la muerte.Los cadáveres de los dos linchados fueron descubiertos por la policía peruana en un río cercano a Cullpa Baja con las manos atadas hacia atrás con una soga.
Los cuerpos mostraban señales de torturas, golpes, quemaduras con queroseno en la espalda y el cuello, hematomas en el rostro y glúteos, además de evidentes síntomas de asfixia.
Según la policía, el linchamiento fue cometido después de que los dos hombres fueran atrapados por los pobladores cuando robaban a un ganadero de la localidad junto con otras cuatro personas que pudieron huir en un automóvil.
Los pobladores de Cullpa Baja declararon hoy a los periodistas que "todos son culpables" del linchamiento y que si la justicia los quiere procesar por asesinato, "deberá llevar a la cárcel a todo el pueblo".
Manifestaron, además, que "no están arrepentidos" de lo que han hecho porque "el olvido" de las autoridades los ha llevado a tomar la justicia con sus manos.
El fiscal penal de Huancayo, Rony Salinas, dijo que inició las investigaciones "dada la magnitud del caso" para determinar quienes fueron los culpables de los asesinatos y que se ha designado a un grupo especial de la policía para que se encargue de las pesquisas correspondientes.
En el 2004 se perpetraron 18 muertes en 2000 intento de linchamiento en Perú, 700 de los cuales se realizaron en las zonas marginales de Lima y 1300 en las otras regiones del país, según el ministerio del Interior
Los peruanos que deciden "tomar la justicia con sus manos" recurren a quemaduras, cortes con tijeras y cuchillos, crucifixión, apedreamiento y atropellamiento, entre otras formas de tortura, según el informe ministerial.
26 de enero de 2005
©univisión
policía impotente frente a maras
[Carlos Arrazola] Miles de jóvenes delincuentes, integrantes de las pandillas Mara 18' y Mara Salvatrucha', siembran a diario el terror en Guatemala con asesinatos, violaciones y asaltos sin que las fuerzas de seguridad puedan contenerlos.
Guatemala. Se trata de muchachos de ambos sexos de entre 12 y 25 años de edad, en su mayoría habitantes de áreas periféricas y barrios marginales de las ciudades, consumidores y vendedores de drogas, que tatúan sus cuerpos con variedad de motivos que los identifican como pandilleros.
Aunque los primeros crímenes siniestros cometidos por estos grupos empezaron a intensificarse en 1996, después de una guerra interna de 36 años que azotó a este país centroamericano, la presencia de las maras' en Guatemala se siente desde los años 80.
Las fuerzas de seguridad atribuyen a estos grupos la mayoría de los cerca de doce asesinatos que se cometen a diario en Guatemala, así como de violaciones, asesinatos de mujeres y asaltos a los autobuses de pasajeros.
'Aunque es claro que no sólo los mareros' (como se llama a los pandilleros juveniles) son los responsables de los hechos de violencia, según nuestras estadísticas, en uno de cada diez casos registrados hay participación de éstos'', explicó un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).
De igual forma, un portavoz de los Bomberos Voluntarios dijo a EFE que, 'de los cerca de 40 hechos de violencia que cubrimos a diario, en más de la mitad hay participación de las maras, ya sea que ellos (los pandilleros) sean las víctimas o que hayan sido los victimarios''.
No existen datos certeros sobre la cantidad de maras y sus integrantes que operan en el país, pero sólo en la capital guatemalteca, según la PNC, existen 39 pandillas compuestas por unos 4,200 miembros.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad sostienen que los jóvenes que integran estos grupos superan los 50,000 a nivel nacional, lo cual hace ''imposible que se puedan controlar'', según el portavoz de la PNC.
Para combatir a las maras, las fuerzas de seguridad sólo cuentan con unos 5,800 agentes efectivos, ya que, de los 22,000 que tiene la PNC, cerca de 14,000 trabajan por turnos alternos cada 24 horas y el resto está suspendido por diversas causas o goza de vacaciones.
Al contrario que en El Salvador y Honduras, que han aprobado una legislación especial contra las maras, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, se niega a hacer lo mismo y ha preferido impulsar programas de rehabilitación para los jóvenes de estos grupos.
Los vínculos de las maras con el crimen organizado las hacen más poderosas que los agentes de la PNC, que debe combatirlos.
25 de enero de 2005
©el nuevo herald
Guatemala. Se trata de muchachos de ambos sexos de entre 12 y 25 años de edad, en su mayoría habitantes de áreas periféricas y barrios marginales de las ciudades, consumidores y vendedores de drogas, que tatúan sus cuerpos con variedad de motivos que los identifican como pandilleros.Aunque los primeros crímenes siniestros cometidos por estos grupos empezaron a intensificarse en 1996, después de una guerra interna de 36 años que azotó a este país centroamericano, la presencia de las maras' en Guatemala se siente desde los años 80.
Las fuerzas de seguridad atribuyen a estos grupos la mayoría de los cerca de doce asesinatos que se cometen a diario en Guatemala, así como de violaciones, asesinatos de mujeres y asaltos a los autobuses de pasajeros.
'Aunque es claro que no sólo los mareros' (como se llama a los pandilleros juveniles) son los responsables de los hechos de violencia, según nuestras estadísticas, en uno de cada diez casos registrados hay participación de éstos'', explicó un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).
De igual forma, un portavoz de los Bomberos Voluntarios dijo a EFE que, 'de los cerca de 40 hechos de violencia que cubrimos a diario, en más de la mitad hay participación de las maras, ya sea que ellos (los pandilleros) sean las víctimas o que hayan sido los victimarios''.
No existen datos certeros sobre la cantidad de maras y sus integrantes que operan en el país, pero sólo en la capital guatemalteca, según la PNC, existen 39 pandillas compuestas por unos 4,200 miembros.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad sostienen que los jóvenes que integran estos grupos superan los 50,000 a nivel nacional, lo cual hace ''imposible que se puedan controlar'', según el portavoz de la PNC.
Para combatir a las maras, las fuerzas de seguridad sólo cuentan con unos 5,800 agentes efectivos, ya que, de los 22,000 que tiene la PNC, cerca de 14,000 trabajan por turnos alternos cada 24 horas y el resto está suspendido por diversas causas o goza de vacaciones.
Al contrario que en El Salvador y Honduras, que han aprobado una legislación especial contra las maras, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, se niega a hacer lo mismo y ha preferido impulsar programas de rehabilitación para los jóvenes de estos grupos.
Los vínculos de las maras con el crimen organizado las hacen más poderosas que los agentes de la PNC, que debe combatirlos.
25 de enero de 2005
©el nuevo herald