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se sentían como nuestros dueños


Ex militantes relataron el horror en centro clandestino. "Ellos se sentían como nuestros dueños".
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Dos ex militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) secuestradas por un grupo de tareas de la dictadura y torturadas en un centro clandestino al que llamaban "La Casita" declararon ayer ante el Tribunal Oral que juzga delitos de lesa humanidad. Anatilde Bugna y Stella Vallejos señalaron como uno de sus torturadores al suboficial de Inteligencia del Ejército ya fallecido, Nicolás Correa (‘el Tío’), que fue asesor del ex gobernador Jorge Obeid entre 1996 y 1999 y ratificaron las denuncias que vienen haciendo desde hace 25 años contra cinco de los seis imputados que lograron llevar a juicio: el ex juez Víctor Brusa y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevi, Héctor Colombini y Eduardo Ramos. Sin embargo, dos de ellos, Colombini y Ramos, prefirieron no escuchar las acusaciones porque abandonaron el banquillo con el permiso de los jueces. "Ellos se sentían como nuestros dueños", dijo Bugna al relatar los días de terror y vejaciones.
Perizzotti ya admitió que a fines de marzo de 1977 trasladó a diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino. Dos de ellas eran Bugna y Vallejos. Reveló que el operativo se había hecho por orden del ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y que el jefe del traslado fue el segundo del Destacamento de Inteligencia Militar, mayor Jorge Roberto Diab, hoy teniente coronel y detenido en la mega causa que investiga crímenes del terrorismo de estado en Santa Fe.
Según Perizzotti, él no llegó hasta el chupadero, recibió las detenidas en un sitio intermedio: un descapampado en Santo Tomé, que ubicó a unos 200 o 300 metros del final de la avenida Luján. Ese fue el lugar del trasbordo. Las mujeres llegaron en tres automóviles, las subieron a un camión del Servicio Penitenciario y las trasladaron hasta la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde él les sacó las vendas de los ojos.
Perizzotti dijo que en el operativo lo acompañaron en su auto dos personas: su chofer y un suboficial, pero no identificó a ninguno de ellos y negó que hubiera participado su ex secretaria María Eva Aebi, con quien comparte el banquillo. Pero, ayer una de las denunciantes lo desmintió. Bugna ratificó que Perizzotti y Aebi llegaron hasta el chupadero, donde reconoció la voz de una mujer que preguntaba: "¿A quién hay que llevar?". Y después, en el trasbordo de los autos al camión penitenciario, esa misma mujer le apuntó con un arma en la cabeza: "Perdiste, flaca", le dijo. Escuchó el ruido del gatillo. Y después, le volvió a decir: "Zafaste, flaca". Vallejos ratificó que ella también sufrió un simulacro de fusilamiento en el mismo lugar.
Más tarde, cuando llegaron a la GIR y les sacaron las vendas, pudieron ver por primera vez a Perizzotti, Aebi y a una tercera persona: (el sargento ayudante Manuel Carlos) Ríos. "Ahí les vemos las caras", dijo Bugna. Y asoció la voz de la mujer del centro clandestino y del simulacro de fusilamiento con la de Aebi.
Perizzotti había dicho que en el traslado lo habían acompañado su chofer y un suboficial. Ayer, las denunciantes dijeron que "uno de los choferes era (Eduardo José) Córdoba", que ya fue mencionado en el juicio. Y aseguraron que el suboficial que las destabicó en la GIR era Ríos.
Bugna y Vallejos relataron el alto precio que pagaron por sus sueños de juventud. Ambas fueron secuestradas el 23 de marzo de 1977 y padecieron la perversión de "La Casita". Anatilde fue torturada junto con su novio de entonces, Juan José Perassolo, con quien se casó en la cárcel de Rawson, en 1979, ya fallecido. Y en la sala de tormentos le hacían escuchar la música de Los Beatles con lo discos que le habían robado a su hermano Rafael. Vallejos no pudo contener el dolor y las lágrimas cuando dijo que en el centro clandestino la habían violado dos veces.
Anatilde identificó a dos represores: a Colombini porque participó en la detención de su hermano, Rafael Bugna, en agosto de 1976. Y a Ramos porque lo reconoció en su secuestro. "Tocaron el timbre, no sé por qué. Mientras unos esperaban en la puerta, los otros asaltaban el patio. Reconocí a Ramos, porque habíamos sido compañero en la escuela primaria Juan José Paso", dijo. Y para probarlo entregó al Tribunal varias fotos de la época con los alumnos de su curso y entre ellos señaló quién era ella y quién Ramos.
Tres meses después de la detención, en junio de 1977, "nos abren una causa federal", dijo Bugna. "Me tomaron declaración a la noche. Era un salón con piso de madera que ya reconocimos. Entro y lo veo al doctor Brusa, al que yo conocía de la Facultad de Derecho. Me dijo que era el secretario del Juzgado Federal. Había otra persona con una máquina de escribir al que presenta como el ’Toto’ Núñez. Tenía en sus manos la declaración de ’La Casita’, entonces yo le dije que iba a denunciar las torturas y todo lo que había vivido" en el centro clandestino. "Brusa se puso furioso, iracundo, y empezó a tirar golpes de karate. Y me dijo: ’Agradecé que podés contarlo’. Y hoy, yo le digo al doctor Brusa: ’Le agradezco porque desde entonces no paré de contarlo’", concluyó Anatilde.

20 de octubre de 2009
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madre coraje


"Vi a mi hija por última vez en el ’77". Primer testimonio de una madre de plaza 25 de Mayo en el juicio a represores. Adela de Forestello relató el secuestro de su hija que tenía una beba de un año. Cuando terminó de declarar, el público lanzó el emblemático ‘Madres de la Plaza, el pueblo las abraza’.
[Sonia Tessa] Argentina. "Nunca más la vi", dijo en un hilo de voz Adela Panelo de Forestello, madre de la desaparecida Marta María Forestello, una de las prisioneras que estuvo en la Quinta de Funes. La mujer, de 86 años, fue la primera Madre de la Plaza 25 de Mayo que testimonió en el juicio oral y público de la causa Guerrieri. Relató que su hija fue secuestrada el 19 de agosto de 1977, en Lavalle entre 9 de Julio y 3 de Febrero. Estaba con su beba de un año. También rememoró las intensas gestiones para tener noticias sobre Marta María y su nieta Victoria. Fue a la sede del Comando del 2o Cuerpo de Ejército y presentó hábeas corpus. La respuesta era negativa. En la búsqueda de "la nena", concurrió a un Juzgado de Menores, donde le informaron que su nieta estaba en una dependencia policial. Cuando el testimonio terminó, el público aplaudió, se levantó y lanzó el emblemático ‘Madres de la Plaza, el pueblo las abraza’. La presidenta del Tribunal, Beatriz Barabani de Caballero, llamó al "orden y disciplina" y amenazó con desalojar la sala de audiencias, pero eso no ocurrió. También declararon ayer el periodista Reynaldo Sietecase y Jorge Gurmendi, hermano de la desaparecida Ana María Gurmendi, secuestrada junto a su esposo Oscar Capella el 15 de agosto de 1977, en la casa que compartían en el barrio Industrial.
El testimonio más esperado era el de Panelo de Forestello. El hostigamiento de los represores a la familia de Adela comenzó el 1o de junio de 1976, a la 1 de la madrugada, sufrió el primer allanamiento en el departamento en el que vivía junto a su esposo y otra hija. Cuando les preguntó quiénes eran, respondieron que las fuerzas conjuntas de la policía, el Ejército y la Prefectura. En esa oportunidad, buscaban a Marta María pero no se llevaron nada. Un mes después, el 1? de julio, volvieron a irrumpir en su domicilio, y esta vez "robaron todo lo que pudieron". Antes de irse, les dijeron: "Si pueden duermen". Ahora, Adela indica: "Sabían que una había quedado nerviosa".
Después de esos dos episodios, la familia decidió irse a vivir a Europa. Partieron los tres, ya que Marta María no quiso. "Ella dijo que no tenía por qué irse si no había hecho nada. Además, tenía una hija chiquita que había nacido en mayo", rememora Adela. "En España sabíamos todo lo que ocurría acá. Vivíamos en estado nervioso. A tal punto que mi marido tuvo un infarto masivo que le provocó la muerte en sólo dos días. Ahí decidí volverme costara lo que costase", subrayó la mujer. En los primeros días de noviembre de 1976 pudo volver.
Fue en el verano del 77 cuando vio a su hija por última vez. Quedaron en encontrarse en la plaza Alberdi. Estaban también su yerno, Miguel Angel Tosetti y la beba. Fueron hasta la costa del río y luego ellos la alcanzaron, pero en Oroño y Urquiza, Marta María le dijo: "Mami, no te puedo llevar más al centro". "Fue la última vez que la vi, nunca más la vi", lamentó la mujer. En agosto de 1977, tras la llamada de Tosetti (como mencionó a su yerno) a un familiar, se enteró de que habían secuestrado a Marta María, y que iba con la nena. Entonces, comenzó un largo peregrinar. En el Comando le decían que volviera la semana siguiente, y negaban conocer el paradero de la joven. Mucho después, por dichos de José Baravalle, Adela pudo saber que su hija y su nieta estuvieron dos días en el Servicio de Informaciones de San Lorenzo y Dorrego. Pero entonces no supo nada.
Después del secuestro, buscó por cielo y tierra. Su nieta apareció en la dependencia policial de Cafferata y Catamarca, dirigida entonces por Leyla Perazzo. "Estaba muy deteriorada. Con pañales sucios de varios días, sarna y piojos. Me amargó la vida, pero por lo menos ya estaba conmigo", relató. Desde entonces, crió a su nieta como "una madre, un padre y una abuela".
Los grupos de tareas allanaron la casa de su hija, en Rueda al 5500, y se llevaron el boleto de compra venta, único documento que acreditaba la propiedad. Luego, se mudó allí un policía de apellido Ojeda. Aunque Adela logró hacerlo salir de la casa, nunca pudo recuperar la propiedad porque el anterior dueño realizó una venta fraudulenta.
Al año siguiente, su yerno la llamó para solicitarle ver a la niña. Ella accedió y se encontraron en el rosedal del Parque Independencia, adonde Tosetti llegó para encontrarse un rato con Victoria. "Le pregunté qué sabía de Marta María porque yo no tenía ningún dato. Me dijo que no me preocupara, que ella estaba bien", indicó la mujer. Respecto de la fecha de este encuentro se generó una controversia en la audiencia, pero el pedido de la defensora Mariana Grasso para cotejar ese dato con el brindado en una declaración anterior fue considerado extemporáneo, ya que la testigo se había retirado de la sala.
El último testimonio de la jornada fue el de Jorge Gurmendi, hermano de una de las desaparecidas que pasó por ese centro clandestino de detención. Ana María Gurmendi fue secuestrada en el barrio Industrial, y su hermano no sabe si estuvo en algún otro centro antes de ser derivada a la Quinta de Funes. Su padre también presentó hábeas corpus en la justicia provincial y federal, pero nunca obtuvo respuesta. En el Comando les dijeron que su hermana y el esposo habían logrado escapar. Por vecinos pudo saber que su hermana estaba llegando a la casa cuando la sorprendió el operativo. Vieron cómo la subían al auto sujetada de brazos y piernas, con la cabeza para atrás. En enero de 1978, una familia amiga invitó a los padres de Jorge y Ana María Gurmendi a un viaje por el sur del país, para que se distrajeran de la angustia que significaba la situación de la joven. Jorge relató que sus padres estaban en la orilla del lago Argentino cuando una enorme ola los arrastró, y sus cuerpos desaparecieron para siempre. "Lo único bueno de esa terrible muerte fue que terminaron con el sufrimiento que les provocaba la desaparición de Ana María", relató. El testigo dejó en claro que su hermana no sabía usar armas, y que siempre había sido una persona solidaria, interesada en los trabajos sociales. Por eso había empezado a militar en la Juventud Peronista. "¿Era esa persona malvada y violenta capaz de empuñar un arma?", se preguntó ante el Tribunal. "Lo niego rotundamente", afirmó, antes de valorar el "altísimo valor simbólico de los juicios".

20 de octubre de 2009
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testimonios complican a ex secretario


Testimonios que complican al ex secretario del juez Fernando Mántaras, Víctor Manuel Montti. Ya había sido denunciado años atrás, pero había logrado zafar y reciclarse en la justicia de Mar del Plata. Perfil de Montti.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Cuatro testimonios en el juicio al ex juez federal Víctor Brusa y compañía por crímenes de lesa humanidad complicaron a su colega, Victor Manuel Montti, ex secretario del juez federal de la dictadura, Fernando Mántaras, que después se recicló en democracia hasta su retiro como fiscal general en Mar del Plata, hace algunos años. Montti ya es investigado en una causa que se desdobló de la que hoy se juzga en el Tribunal Oral de Santa Fe y en la que están procesados por "asociación ilícita" los seis del banquillo: Brusa y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, Héctor Colombini, Mario Facino, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, más el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, que zafó del juicio por su estado de salud. En las audiencias, uno de los declarantes, Orlando Barquín, lo acusó de haberlo presionado para que firme una declaración arrancada bajo tortura en la comisaría 4ª, mientras que otro, Roberto Cepeda, le imputó no haber hecho nada ante los tormentos que había padecido en centros clandestinos.
En los años oscuros, Montti era el secretario de Mántaras, un activo colaborador de la represión ya fallecido. El otro era Brusa. Los dos escalaron alto. Brusa llegó a ocupar el mismo cargo de Mántaras, juez federal Nº 1, hasta su destitución en marzo de 2000. Montti fue juez federal Nº 2 de Santa Fe durante un año "desde setiembre de 1983 a octubre de 1984 , aunque después marchó hacia el sur del país para desempeñar otras funciones "fiscal y juez de Cámara en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Arturo Puriccelli hasta que se jubiló como fiscal general en Mar del Plata.
El nombre de Montti comenzó a sonar ya en el arranque del juicio, el 16 de setiembre, cuando declararon dos ex delegados gremiales de UPCN secuestrados a fines de 1975, Barquín y Francisco Klaric. Pero esta semana, lo volvieron a señalar otros dos sobrevientes de la dictadura, Cepeda y José Villarreal.
Barquín ratificó que Montti lo presionó para que firme una declaración que le habían arrancado a punta de picana en la comisaría 4ª. "Me dijo: `ya viste que mal la pasaste, si no ratificas esto ante mi presencia, volvés y te va a pasar exactamente lo mismo’", recordó ante el Tribunal. Mientras que Klaric lo definió como un integrante de la "patota judicial". "Sabíamos quiénes eran Mántaras, Montti, Brusa y (el ex juez federal ya fallecido Miguel Angel) Quirelli. Era la patota judicial", precisó.
Cepeda relató su primer encuentro con Mántaras, Montti y Brusa en la comisaría 4ª, donde lo interrogaron. Lo sacaron de un calabozo. "Tenía olor a muerto" por la tortura. "Estaba muy mal, con cicatrices, golpeado, con una perforación en el pie que me habían hecho con un soplete. Me faltaba una parte del cuero cabelludo. Estaba podrido en vida", dijo. Entonces, preguntó cómo le podían tomar declaración en ese estado. "Mántaras y Montti se chocaron para decirme que había tenido suerte, que otros no habían tenido esa oportunidad", afirmó.

¿Usted les advirtió sobre sus torturas?- le preguntó el defensor oficial Fernando Sánchez.
Sí, pero me dijeron que la saqué barata- respondió. Cepeda había sido secuestrado en mayo de 1977, en Córdoba, donde pasó por dos centros clandestinos: La Perla y La Rivera. Después, lo trajeron a Santa Fe a bordo de un Renault 12 que conducía "un torturador" del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Eleodoro Jorge Hauque "al que le decían "Lolo" o "Tío". El jefe del traslado era un capitan del Ejército de apellido Morales", dijo. Hoy, uno de los detenidos en la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad es el teniente coronel Manuel Morales.

Otro ex preso político, José Villareal también recordó una entrevista con Montti y Brusa en medio de sus martirios en la cárcel de Coronda y en la comisaría 4ª. Estaba con otros detenidos. "Fuimos pasando de a uno. Montti estaba con Brusa y un escribiente, no muy alto, peinado para atrás. Tuvimos una discusión con Montti por los términos del interrogatorio. Intervino Brusa, que dijo: "Si se pone en duro lo bajamos/matamos y ya". Después, nos llevaron de nuevo a la 4ª, donde había un régimen de abandono, no nos daban de comer, ni nos sacaban para ir al baño".
En ese interrogatorio de Monti y Brusa, cuando Brusa dijo eso, ¿qué pasó con Monti?-, le preguntó una jueza del Tribunal Oral, Lilia Carnero.
En todos los interrogatorios había una complicidad entre los que nos golpeaban y los jueces, había coincidencia con lo que querían que dijéramos.Y entre ellos dos había complicidad. Yo le decía a Montti que no me iba a hacer cargo de nada de lo que ellos querían. Y entonces, Brusa dijo eso "le contestó Villarreal.

¿Cómo estaban vestidos los funcionarios judiciales?- quiso saber la magistrada.
De traje, como cualquiera de ustedes acá. Como se visten ustedes, de traje- retrucó el declarante.

En realidad, Barquín ya había denunciado a Montti hace 26 años, en 1983, pero a pesar de que se abrió un expediente en el Juzgado Federal de Santa Fe (Nº 188/83 recaratulado Nº 150/84 "Barquín, Orlando y Klaric, Francisco s/denuncia"), nunca hubo un "proceso judicial" contra el ex secretario de Mántaras, según una sentencia de la Cámara Federal de Rosario que se conoció el 12 de agosto último. La Cámara confirmó una resolución del conjuez Ricardo Lazzarini que quince meses antes "el 9 de mayo de 2008 consideró "los hechos que se le imputan a Montti" como "delitos de lesa humanidad" y por lo tanto, "imprescritibles"; rechazó el planteo de "cosa juzgada" que había interpuesto el imputado y anuló el "sobreseimiento parcial y definitivo" y la resolución que había ordenado el archivo de la causa.
Lazzarini observó que Montti nunca prestó "declaración indagatoria" y concluyó que "había sido sobreseído", a pesar de "no haber existido un verdadero proceso judicial en el que el imputado nunca fue indagado ni molestado" y por lo tanto, "resulta nulo (el sobreseimiento), al igual que el archivo" de la causa.
La Cámara Federal citó también una declaración de Barquín acerca de que "lo habían torturado en la comisaría 4ª y por eso efectuó una confesión y que días después, lo llevaron a declarar a la Policía Federal o al Juzgado Federal y expresa que "ahí con la declaración que yo había efectuado en la tortura, el doctor Montti me dice que la firme porque si no me van a volver a torturar y no me acuerdo si la firmé".
"Sin juzgar sobre el mérito de los declarado o acerca de su real existencia, ese hecho concreto denunciado por Barquín, por sus características y por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se habría producido, comunes a aquellos que ya se invetigan en la causa principal, podría ser compatible con delitos de lesa humanidad como afirmó el juez (Lazzarini), resultando, por ende, imprescriptible, todo lo cual determina la necesidad" de una investigación, agregó la Cámara.

18 de octubre de 2009
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denuncia por apropiación de menores


Denuncian apropiación y sustitución en Paraná.
Argentina. Gustavo y Diego López Torres radicaron ayer en el Juzgado Federal de Paraná una nueva denuncia penal por apropiación de menores y sustitución de identidad ocurrido durante la última dictadura militar. Se trata de los hijos del matrimonio de Graciela Susana Capocetti (en la foto) y Guillermo Angel López Torres, quienes fueron secuestrados el 18 agosto de 1977 de su vivienda de bulevard Segui 3198 de Rosario, cuya madre estaba embarazada y fue llevada al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.
La denuncia se formuló sobre la descendencia, dado que se desconoce el sexo y si fue uno o dos chicos los que tuvo Graciela Capocetti que en el momento del secuestro, y según testigos, estaba en un estado avanzado de gravidez.
La justicia investigará una serie de datos que indican que una detenida desaparecida en Rosario, en el centro de detención de la Quinta de Funes, que está siendo investigado por la Justicia, habría sido trasladada a Paraná para dar a luz a sus hijos, que podrían haber sido mellizos.
En función de esa información Gustavo López Torres, presentó la denuncia para que se investigue la pista del posible parto en el hospital Militar de Paraná que funcionó como una maternidad clandestina. Antes de la presentación en el Registro Unico de la Verdad, la abogada Marina Barbagelata, señaló que se trabaja sobre la hipótesis de la posible ruta que tomó la madre de Gustavo y Diego, estando embarazada. Con esos elementos se decidió desdoblar la denuncia por la desaparición y sobre el destino del bebé.
Según la abogada, vecinos hablan de que la detenida presentaba un embarazo avanzado. Además recordó que conscriptos que declararon en la causa Area Paraná mencionaron la presencia de una embarazada en Comunicaciones, entre septiembre y octubre de 1977. Esto, sumado al nacimientos de otros bebés, hablan de la mecánica establecida en el hospital Militar que corroboran la hipótesis que se maneja.
De igual manera la letrada reconoció que "fue un gran aporte toda la investigación que se ha hecho tanto en la causa Hospital Militar como en la causa Area Paraná, en la que han declarado distintos conscriptos que se desempeñaron en distintos lugares de lo que era Cuarteles, y cada uno de ellos ha venido dando elementos que nos ha permitido por las fechas ir reconstruyendo la historia de los hijos de Graciela Susana Capocetti".
En la denuncia realizada por el coordinador del Registro Unico de la Verdad en mayo de 2005 se logró la restitución de la hija apropiada de Raquel Negro y el procesamiento de Juan Amelong, Walter Pagano, Marino Héctor González, Juan Zaccaría, Jorge Fariña y Pascual Guerrieri.

15 de octubre de 2009
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testimonio de un hijo de desaparecidos


Hijo de desaparecidos brindó su testimonio. El hijo de Marta Benassi y Carlos Laluf apareció en una plaza de Santa Fe el 4 de septiembre de 1977. Lo criaron sus tíos maternos, quienes intuían que la pareja había desaparecido. La familia recibió cartas hasta marzo de 1978.
[Sonia Tessa] Rosario, Argentina. Carlos Ignacio Laluf tenía dos años cuando apareció en la plaza de Las Banderas de Santa Fe, el 4 de septiembre de 1977, con un bolso en el que había ropa y pañales en mal estado, un gato de peluche y cartas dirigidas a Carlos Laluf, su abuelo paterno y a Carlos Benassi, su tío materno. En esa carta, Carlos Laluf y Marta Benassi dejaban instrucciones para el cuidado del niño. Sus familiares intuyeron que la pareja había sido privada de la libertad, pero durante años no tuvieron certezas. Después supieron que los dos estuvieron secuestrados en la Quinta de Funes y aún hoy continúan desaparecidos. El pequeño, en los primeros tiempos de vida con sus tíos, vivía asustado, en estado de desasosiego. Si escuchaba una sirena, o gritos, se escondía debajo de la cama. Lloraba mucho, y acudía ansioso cuando sonaba el timbre. "Uno se aferra a querer estar con ellos. Lo mismo me pasaba cuando tocaban el timbre en mi casa. Siempre estaba ilusionado con que vinieran mis padres a buscarme. Cada vez que iba a la puerta, sufría una desilusión. Más allá de que nunca me faltó nada, me pasé muchos años esperando ese momento", dijo ayer sobre las secuelas del terrorismo de Estado en su vida. Por eso, al finalizar su testimonio ante el Tribunal Federal Oral número 1, afirmó: "Quiero decir que fui, soy y seré una víctima".
El testimonio de Carlos fue el último de la jornada de ayer del juicio oral y público de la causa Guerrieri. Antes habían declarado Alicia Genolet de Benassi y Carlos Benassi, quienes se hicieron cargo de la crianza del niño por expreso pedido de Marta, la hermana de Carlos. Alicia relató que habían salido a dar una vuelta ese domingo 4 de septiembre de 1977 y cuando llegaron a su casa encontraron en la puerta a Lita, la abuela paterna de Carlos Ignacio, con el nene de la mano. La mujer lloraba desconsolada y decía: "Algo pasó, algo pasó". Desde ese momento, Carlos Ignacio vivió con ellos. Alicia Genolet relató los indicadores del sufrimiento del niño, así como los esfuerzos de su familia para incorporarlo sin retacearle su identidad. "Marta era mi cuñada. Teníamos una relación muy cercana desde mi ingreso a la familia Benassi", relató la mujer.
Por eso, la posterior suspensión de las comunicaciones telefónicas fue otro indicio de que no eran libres. Tras reconstruir la historia, la familia supone que el secuestro se produjo entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre de 1977, y que el niño estuvo secuestrado junto a sus padres, por eso llegó con la ropa tan deteriorada a Santa Fe.
Lo más desconcertante para la familia fueron las cartas. Hubo unas 13, desde el 4 de septiembre de 1977 hasta el 10 de marzo de 1978. En la primera misiva, la que llegó con Carlos Ignacio, Laluf y Benassi aseguraban estar bien, en un lugar seguro. Pero a su familia algo no le cerraba. La segunda la recibieron en noviembre de 1977. El intermediario de estos contactos era Carlos Laluf padre. La pareja recibía las cartas que sus familiares les escribían en una casilla postal a nombre de Miguel Vila, en la sucursal de correo número 3 de Rosario, en Ituzaingo 1059.
Laluf padre, fallecido en 2005, luchó hasta su muerte por saber el destino de su hijo y su cuñada. El fue quien dio testimonio ante la Conadep, en 1984, y quien intentó impulsar juicios, posteriormente abortados por las leyes de obediencia debida y punto final. Según los testimonios que se conocieron después de 1984, durante el tiempo que enviaron cartas, la pareja estuvo secuestrada en la Quinta de Funes. Laluf (hijo, estando secuestrado) viajó a México con un nombre falso en 1978, en la llamada Operación México, que procuraba matar a la cúpula montonera. Después del fracaso de ese intento, en enero de 1978, todos los secuestrados en la Quinta de Funes fueron trasladados a la escuela Magnasco y de ahí a La Intermedia, donde fueron asesinados, según contó a este diario uno de los imputados, Eduardo Costanzo.
El segundo testimonio de la mañana fue el de Carlos Benassi, cuyas palabras estuvieron cargadas de amor a su hermana. El testigo hizo explícito el homenaje a "don Laluf", cuya voz pudo oírse en el juicio en una entrevista que le hizo el periodista de Rosario/12, Juan Carlos Tizziani, y que él mismo reprodujo durante su testimonio en este proceso. El corresponsal de este diario en Santa Fe también había aportado copias de las cartas, que ayer fueron certificadas por el secretario Osvaldo Facciano, ya que Carlos llevó los originales.
Carlos recordó el "compromiso de vida" de su hermana, y más de una vez su voz se quebró. Cuando recordó a Laluf padre, por ejemplo, y también cuando la fiscal Mabel Colalongo le preguntó si algo en las comunicaciones le hacía suponer que Marta estaba privada de la libertad. "En cada una de las cartas de mi hermana se nota la desesperación y el destrozo que le provoca la separación de su hijo", dijo Benassi, quien citó que en la última misiva, Marta escribió: "Si no me reencuentro pronto con mi hijo voy a morir de tristeza". En ese momento, el hombre no pudo contener la emoción. "¿Comprende señorita fiscal?", expresó para subrayar que ése era un indicio claro de la situación de su hermana.
También indicó que si bien tanto los padres de Carlos como los de Marta recibieron llamadas telefónicas, que justamente los custodios de Carlos Ignacio no fueran contactados por esa vía era otro indicio de que los captores "estaban ejerciendo un control completo sobre ellos".
También Benassi subrayó que algunas cartas estaban fechadas en Asunción del Paraguay, San Pablo y Río de Janeiro, pero ese dato también era incierto para ellos, porque al mismo tiempo indicaban que "una familia amiga de Rosario" seguiría intermediando las comunicaciones. Después supieron que nunca hubo tal familia amiga y creen que la pareja tampoco estuvo fuera del país.
Benassi también recordó que junto a Laluf padre llegaron hasta Rosario, a la casa de Barra 2730, donde vivía la pareja antes del secuestro. "Fue después de que dejamos de tener noticias de ellos, en marzo del 78. Estuvimos durante mucho tiempo buscando el último domicilio, que yo no conocía y del que don Laluf tenía un recuerdo fugaz". Cuando finalmente encontraron el lugar, allí vivía una mujer. Ella les dijo que la casa se la había dado un militar amigo. Otra persona, una vecina de la pareja, les contó que primero se llevaron a las personas, y luego un camión del Ejército retiró los muebles de la casa. Cuando la fiscal le preguntó si la misma vecina les dio más detalles sobre el secuestro, Benassi lo negó. Sí subrayó que -según los dichos de la misma mujer su hermana era muy querida en el barrio, porque trabajaba como maestra particular. "Siempre estuvo en nosotros la esperanza de encontrarlos vivos", expresó emocionado el hermano de la víctima.
Un rato antes, su esposa había subrayado el valor de este juicio. "Esta es una oportunidad para nosotros de poner en lo público un sufrimiento familiar, para que se haga justicia, por Carlos Ignacio y por todos nosotros", dijo Alicia Genolet, la tía de aquel niño al que crió como una madre.

15 de octubre de 2009
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amelong, el que está en el banquillo


En febrero del 77, los tres hermanos Novillo fueron secuestrados en una casa de Arroyito y trasladados a La Calamita. Dos de ellos, Carlos y Alejandro, fueron liberados, pero Jorge está desaparecido. Ayer, los sobrevivientes señalaron a Amelong.
[José Maggi] Argentina. Carlos Novillo tenía 17 años el 28 de febrero de 1977. Ese día había llegado desde Venado Tuerto junto a su hermano Alejandro para darle una mano con la mudanza a otro de los Novillo, Jorge, que dejaba una propiedad ubicada en pasaje Nelson, en Arroyito. Desde allí se los llevaron hacia La Calamita donde estuvieron detenidos 14 días trágicos que marcaron a fuego la vida familiar de los Novillo: Carlos y Alejandro padecen aún hoy las secuelas del encierro y de la desaparición de Jorge. Ayer por la tarde Carlos, el menor de los tres, describió con emotividad los 32 años que los separan de aquella jornada: un año después su padre murió de un infarto; su madre tomó la posta batallando en cada lugar durante nueve largos cuando se le declaró un cáncer de pulmón que terminó con su vida. Fue después de despejar sus dudas sobre el destino de Jorge, "el Ignacio" secuestrado en Quinta Funes. "El Ejército no dejaba prisioneros vivos", le dijo el autor de Recuerdos de la muerte, Miguel Bonasso. Ayer también su hermano Alejandro enfrentó al Tribunal Oral Federal Nº 1, y concretó una de las medidas más contundentes desde el inicio del juicio: a pedido de la fiscal Mabel Colalongo, y con acuerdo del presidente Otmar Paulucci, se dio vuelta, y apuntando con su dedo índice identificó claramente a uno de sus captores: "Ese es el subteniente Juan Daniel Amelong", aseguró.
Aquel 28 de febrero, relató Carlos, no solo se llevaron a los tres hermanos desde la casa de pasaje Nelson, que estaban desalojando para mudarse, el grupo de tareas también se apropió de un Fiat 125 que utilizaron después en La Calamita. Esa también era una práctica habitual: la de quedarse con los bienes de quienes secuestraban.
De su cautiverio, Carlos recordó que fue llevado a La Calamita, de la que describió la cocina con azulejos blancos, la escalera debajo del cual lo esposaron junto a Alejandro, asi como la presencia de "seis o siete personas vendadas sentadas en silencio". Uno de ellos, el único que se animó romperlo, se identificó como "Ruffa, un profesor de San Luis".
Una puerta vaivén los separaba de la sala de torturas: desde allí escucho gritar a Jorge. "Les voy a decir todo, pero hay cosas que no sé", decía mientras era brutalmente torturado. En medio del silencio también quedaron grabados en sus oídos los golpes de puño a un joven estudiante universitario, que los sufría y caía pesadamente sobre el piso.
El ruido de trenes, el sonido de aviones, el recuerdo de una radio a través de la cual se comunicaban sus captores, el sabor del plato de arroz con pollo podrido, con el que los alimentaban por las noches, y los tiros que repiqueteaban en el exterior fruto de ejecuciones simuladas, fueron también parte del relato.
El testimonio de Alejandro fue clave para la jornada: según recordó mientas estaba cautivo alguien se le acercó desde atrás y le preguntó dónde había hecho el servicio militar y a quién había conocido allí. "Lo hice en Santo Tomé y ahí conocí al subteniente Amelong", le contó. "Esa era su voz, la misma además de la persona que nos liberó junto a mi hermano cerca de la avenida de Circunvalación", reveló. Después, giró y lo señaló sin dudarlo entre los cinco imputados sentados delante del blindex.
"No me anima el odio ni la venganza, soy cristiano y lo siento por las familias de los imputados. Sólo quiero justicia y verdad", remató Carlos luego de describir las escenas del horror cotidiano que vivió durante estos treinta años, con lágrimas en sus ojos.

14 de octubre de 2009
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cómo secuestraron a mercedes domínguez


Mercedes Domínguez estuvo secuestrada. Reconoció el recinto, pero no a sus secuestradores.
Argentina. Mercedes Domínguez fue la única testigo que declaró ayer por la mañana en el juicio oral y público por la causa Guerrieri, en la que están imputados Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. La mujer relató que el 6 de julio de 1977, un grupo de hombres ingresó al departamento de sus tíos, donde ella pasaba la noche, y la secuestró. La patota ingresó sin tocar el timbre de abajo, y luego la llevó en un auto que estaba estacionado en la cochera. Después del episodio, su tío pudo saber por los vecinos que el acceso al edificio fue franqueado porque allí vivía la pareja de Costanzo. En la misma jornada, la querellante Ana María Figueroa pidió que, en caso de no lograrse la extradición de Gustavo Bueno, el Tribunal se constituya en Belem do Pará (Brasil), donde está detenido, para tomarle declaración.
Domínguez permaneció una semana privada ilegítimamente de su libertad, en un lugar que en 2007 pudo reconocer como el centro clandestino de detención La Calamita. Fue interrogada en dos oportunidades. La primera vez le asestaron fuertes golpes que la hicieron caer. Entre los captores, pudo reconocer a un hombre de mayor jerarquía, cuya voz definió como aguardentosa. A ese individuo los otros captores le decían "comandante".
En el primer interrogatorio las preguntas fueron más generales, pero en una segunda oportunidad se concentraron en un abogado apodado ‘Tato’, que los secuestradores creían que era su cuñado. Por eso insistían en el paradero de su hermana, que también estuvo secuestrada en La Calamita. De hecho, tras el secuestro de Mercedes, las fuerzas de seguridad estuvieron largas horas en la casa de los padres de las hermanas Domínguez para capturar a su hermana.
Domínguez fue liberada junto a su hermana y su amiga Graciela Zitta en la madrugada del 14 de julio de 1977. "Cuando nos liberaron, yo creí que nos iban a fusilar, fueron momentos de gran incertidumbre. La única fortaleza era mi fe", indicó la testigo ante una pregunta de Figueroa.
La testigo refirió haber visto sólo un rostro durante su secuestro, ya que permaneció vendada. Se trató del hombre que tocó la puerta de su casa para secuestrarla. "Pero fueron segundos, recuerdo que tenía bigotes, era corpulento y llevaba un gamulán. De inmediato me bajó la cabeza y me vendó", indicó Domínguez. El presidente del tribunal, Otmar Paulucci le preguntó si ella podía reconocer a alguno de los imputados como el hombre que irrumpió en el domicilio de sus tíos en 1977. "Los rostros cambian, han pasado más de 30 años", indicó la testigo. Le expusieron un mosaico de fotografías de los imputados, que la testigo no reconoció.

14 de octubre de 2009
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nuevo juicio por terrorismo de estado


Procesaron por asociación ilícita al ex coronel Domingo Marcellini. El ex Jefe de Inteligencia Militar en Santa Fe durante la última dictadura había zafado del juicio oral por terrorismo de Estado en virtud de su estado de salud. Sigue en Mendoza donde cumple arresto domiciliario.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, zafó del juicio oral y público a los represores santafesinos por su estado de salud, pero sumó otra acusación. El conjuez Ricardo Lazzarini lo procesó por el delito de "asociación ilícita" que ya pesa sobre los otros seis imputados en el banquillo: el ex juez Víctor Brusa y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romero Colombini, Mario Facino, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. El fallo afirma que "Marcellini concurría regularmente a los centros clandestinos de detención, donde se llevaban a cabo las sesiones de tormentos".
El conjuez ya había procesado a Brusa y compañía por "asociación ilícita" el 28 de abril último, pero tuvo que trajinar para indagar a Marcellini. No le fue fácil. Resolvió interrogarlo el 7 de julio en su propio departamento en la ciudad de Mendoza, donde cumple arresto domiciliario. Un planteo del defensor oficial con un argumento conocido: el estado de salud del militar lo obligó a posponer la audiencia hasta el 4 de agosto. El 28 de julio, la defensa pidió una nueva postergación que el conjuez rechazó. Finalmente, el 4 de agosto, Lazzarini indagó a Marcellini en su departamento del microcentro de Mendoza, en calle Godoy Cruz al 500.
El ex jefe de Inteligencia fue acusado de integrar "un aparato estatal organizado en forma estable y duradera en el tiempo, integrado por personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad", que tenía cinco objetivos:

"-Capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia;

"- Conducirlos a lugares situados en unidades militares o policiales bajo su dependencia;

"- Interrogarlos bajo tormentos y/o agresiones psico físicas, para obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas;

"- Someterlos a condiciones de vida inhumanas para quebrar su resistencia moral;

"- Y realizar todas esas acciones en la mas absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche y mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar de alojamiento".

En la resolución, Lazzarini describió el circuito represivo. "Los detenidos fueron trasladados de manera ilegal a la comisaría 4ª, a la Guardia de Infantería Reforzada y a otros centros clandestinos de detención como la que llaman "La Casita", donde fueron sometidos a torturas y/o vejaciones y/o amenazas", dijo.
"Las declaraciones de las víctimas son totalmente concordantes" sobre la participación de efectivos del Ejército y de la Policía de Santa Fe en las detenciones. "Estos procedimientos habrían sido cumplidos en forma organizada, sistemáticamente y conjunta, sin orden de detención o de allanamiento, o sin los recaudos legales correspondientes", señaló el conjuez.
El fallo subraya también "el rol que le cupo a Marcellini dentro de la mentada organización, y su conexión con los restantes integrantes del grupo" y en ese sentido señala que "varias de las víctimas declararon haber sido aprehendidas o torturadas por el ‘Pollo’ Colombini o por el ‘Tío o Nicola’ (Correa)". Y recuerda que "Marcellini declaró que el primero (Colombini) era el enlace entre la Policía y el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que él comandaba y el segundo (Correa) revistaba precisamente en dicha unidad militar".
El conjuez cita también un testimonio ante la Conadep en 1984 que asegura que "Marcellini (aunque no torturaba en forma personal) concurría regularmente a "las casas" (lugares de detención clandestinos) donde se llevaban a cabo las sesiones de tormentos."
"En síntesis, puede sostenerse (...) que Marcellini desde su Destacamento, aportaba una colaboración esencial para que se llevaran a cabo los hechos que se investigan. Y ello es así, desde el momento en que sin ese aporte no se hubiera podido definir contra quién dirigir lo que fue, en definitiva, un accionar delictivo (...) Lo que se sostiene es que Marcellini, por su función específica tenía pleno conocimiento del "uso" que se le iba a dar a la información que él entregaba y que luego iba a aprovechar, en ejercicio de esa misma función, de los datos que se hubieran obtenido mediante tortura, en un fundamental aporte del todo".
"Resulta más que ilustrativo el legajo militar del imputado, con un promedio de 100 puntos y evaluado por sus camaradas como "uno de los pocos sobresalientes para su grado". Esta calificación de su conducta en el Ejército hace reflexionar que el imputado poseía aptitudes suficientes para desempeñar su cargo con la mayor eficiencia y, en razón de la ubicación que ostentaba en la cadena de mandos, además de conocer a la perfección la ilicitud del sistema, habría impartido órdenes y/o brindaba los medios materiales para concretar los hechos ilícitos mencionados". Por lo tanto, "no podía desconocer el accionar de sus subalternos, mucho menos al no tratarse de un hecho aislado".
"Ha quedado acreditado que la organización delictiva contaba con medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la fuerza, sin orden de autoridad judicial correspondiente, sin dar explicación alguna, sustrayendo bienes muebles a discreción, secuestrar y, eventualmente disponer de cualquiera otra persona que se encontrara en la vivienda", concluyó Lazzarini.

13 de octubre de 2009
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