dos tipos muy peligrosos
11 de octubre de 2009
[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque procesó esta semana a dos miembros del aparato represivo: se trata de Joaquín Tomás Gurrera -jefe de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia del Ejército- y a Ariel Antonio López -Personal Civil de Inteligencia como coautores de 26 casos de secuestros y torturas y por 16 homicidios, de detenidos que pasaron por Quinta de Funes, La Intermedia, Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Se les dictó un embargo de 4 millones 400 mil pesos a cada uno de ellos, y se ordenó su prisión preventiva en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
Para Bailaque "los elementos probatorios reseñados y valorados hasta aquí alcanzan para tener por acreditada con el grado de probabilidad requerido la comisión por parte de Joaquín Tomás Gurrera y de Ariel Antonio López en carácter de coautores en relación a los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos en diecinueve oportunidades que damnificaron a Jaime Feliciano Dri; Tulio Valenzuela; Raquel Negro; Carlos Alberto Novillo; Alejandro Novillo; Marta María Benassi; Daniel Óscar Capella, Fernando Dante Dusse, Ana María Gurmendi, Stella Hildbrand de Del Rosso, Carlos Laluf, María Adela Reyna Lloveras, Jorge Novillo, Pedro Retamar, Teresa Soria de Sklate, Eduardo José Toniolli, Miguel Ángel Tossetti, María Marta Forestello y Liliana Nahs de Bruzone en concurso real con el delito de homicidio en catorce oportunidades, respecto de Marta María Benassi, Daniel Óscar Capella, Fernando Dante Dussex, Ana María Gurmendi, Stella Hildbrand de Del Rosso; Carlos Laluf; María Adela Reyna Lloveras, Jorge Novillo, Pedro Retamar, Teresa Soria de Sklate, Eduardo Jose Toniolli, Miguel Ángel Tossetti, María Marta Forestello y Liliana Nahs de Bruzone".
También se los procesó por los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos en siete oportunidades que damnificaron a Adriana Elba Arce, Juan Antonio Rivero, Ramón Aquiles Verón, Olga Regina Moyano, Hilda Yolanda Cardozo, Susana Miranda y Ariel Morandi, en concurso real con el delito de homicidio en dos oportunidades respecto de los dos últimos mencionados.
Bailaque también dicto la traba de embargo sobre los bienes de los encartados, hasta cubrir la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($ 4.400.000), para cada uno de ello, y para el caso de no poder efectivizarse, sus respectivas inhibiciones general de bienes para poder disponer de ellos.
"Ello, en el entendimiento de que el monto antes enunciado resul ta ser el necesario para asegurar las eventuales penas pecuniarias y costas del proceso", reseña en su fallo.
Se encuentra acreditado que Joaquín Tomás Gurrera se desempeñaba como Jefe de la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, ostentando el grade de capitán, en el momento en que ocurrieron los hechos endilgados. Ello surge de su legajo personal en donde puede leerse que ingresó al Ejercito Argentino el 20/1/1964. El 22/12/77, con el grado de Teniente Primero, continuó sus servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe . EI 30/11/77 se le otorgó la "Aptitud Especial de Inteligencia" Y el 30/12/77 hace su presentación en la Unidad del Destacamento de Inteligencia 121 , ascendiendo el 31 del mismo mes y año al grado de Capitán.
El 1/3/78 se lo designa Jefe de la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia dentro del Destacamento 121 hasta el 16/10/79, fecha en la cual pasa a continuar sus Servicios en la Escuela Superior de Guerra Tte. Gral. Luis Maria Campos, como cursante del curso RC 010 ‘Básico de Comando’, en la provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que se encuentra probado que en aquellos años existió en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino, una asociación ilícita conformada por miembros de la mencionada repartición militar, tanto civiles como militares, quienes desplegaron su actividad ilícita en distintos Centros Clandestinos de detención cuya investigación conforma el objeto procesal de la presente causa.
Siguiendo las conclusiones establecidas por la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad que confirmó el auto por el cual se procesó a Juan Andrés Cabrera "supone un significativo indicio de que aquellos miembros de la citada repartición que actuaron en el centro clandestino de detención ‘Fábrica de Armas’, probablemente lo hicieron también en otros lugares semejantes que funcionaron durante aquellos años en la órbita del citado destacamento. Tal hipótesis se ve robustecida por el hecho de que esté acreditada la coincidencia subjetiva entre los protagonistas de los hechos presuntamente acaecidos en todos los centros clandestinos de detención antes mencionados, habiendose confirmado los respectivos procesamientos de Jorge Fariña, Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Alberto Pelliza, Marino González y Ariel Porra en las causas ‘Jordana Testoni’ y ‘Guerrieri’.
Se desprende también, de un análisis pormenorizado de la prueba obrante en autos, que en el marco de esa asociaci6n ilícita, quien se desempeñaba formalmente como Jefe de la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia, dentro del Destacamento de Inteligencia 121, tenía entre sus tareas ilícitas, dentro del aparato represivo y secreta instaurado, la dirección de los distintos centros clandestinos de detención. Así, en el libro ‘Recuerdo de la Muerte’, cuyo contenido fue ratificado por el testigo Jaime Dri en sede judicial, se afirmó que: "... En aquel momento no podía asociarla a un rostro, ahora se vinculaba a las facciones despejadas e inteligentes de Sebastián, el oficial de Ejército que conducía el chupadero ... ". No debemos olvidar que, como ya ha quedado establecido, "Sebastián" era el apodo con el cual se conocía a Jorge Alberto Fariña, Capitán por aquel entonces y Jefe de la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia.
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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Describió la escena como si fuera una trama de terror. Era el otoño de 1977, en una habitación de la comisaría 4ª. En un rincón, el sumariante del Juzgado Federal escribía a máquina, pero no lo veía porque el hombre estaba de espaldas y de cara a la pared. Le sacaron la venda de los ojos y lo sentaron en una silla. Después, apareció Víctor Brusa, que comenzó a darle vueltas a su alrededor ("iba y venía", dijo). Recordó que Brusa le mostró un papel: era la declaración que los torturadores de ‘La Casita’ un centro clandestino de detención en las afueras de Santo Tomé le habían arrancado a punta de picana. Los tormentos lo habían postrado. "Me costaba caminar, me arrastraba, no controlaba esfínteres. Hubo mucho ensañamiento". Y se lo dijo a Brusa, pero éste reaccionó con burla: "No hay torturas en la Argentina. Y si querés saber lo que son, te llevo a la piecita de al lado", le contestó.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal Reinaldo Rodríguez indagó ayer al ex juez de Menores, Luis Vera Candioti y al coronel Carlos Enrique Pavón en la megacausa que investiga medio centenar de crímenes de lesa humanidad y en la que ambos están imputados como supuestos partícipes de la "supresión, sustracción y ocultamiento de identidad" de una niña de un año y medio que fue la única sobreviviente a la masacre de su familia biológica, en febrero de 1977. Recién veinte años después, María Carolina Guallane, pudo saber que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que su padre biológico, Enrique Cortassa, estaba desaparecido y su madre, Blanca Zapata, había agonizado dos semanas con un tiro en la cabeza en el hospital José María Cullen, donde dio a luz un bebé muerto. Ella pudo recuperar los restos de Blanca en 1998. Vera Candioti y Pavón salieron del Tribunal por la puerta por la que habían entrado porque el juez Rodríguez consideró que no hay riesgos que puedan burlar la acción de la justicia y les concedió la eximición de prisión.
Argentina. El Tribunal Oral Federal que juzga a seis represores santafesinos, entre ellos el ex juez Víctor Brusa y cinco policías, realizó ayer el primer reconocimiento judicial a la comisaría 1ª, que nunca antes había sido recorrida por magistrados y fiscales, a pesar de que está en pleno microcentro de la ciudad y denunciada desde hace 30 años como centro de detención de la dictadura. "La primera funcionaba como un campo de concentración y torturas", dijo Patricia Isasa, una de las víctimas que identificó los lugares donde fue sometida a tormentos y vejámenes cuando tenía 16 años. En la recorrida participó otro testigo en el juicio, Mario Millán Medina.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal Reinaldo Rodríguez concedió ayer el beneficio del arresto domiciliario a dos de los militares detenidos en la megacausa por delitos de lesa humanidad: el primer gobernador de facto de la dictadura, coronel José María González y el general de brigada Carlos Alberto Settel y hoy indagará al ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y al coronel Carlos Enrique Pavón, ambos involucrados en la supresión de identidad de María Carolina Guallane, una joven que sobrevivió a la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando tenía apenas un año y recién dos décadas después descubrió que su verdadero nombre era Paula Cortassa. Su papá biológico, Enrique Cortassa, está desaparecido y su madre, Blanca Zapata, agonizó dos semanas en el hospital José María Cullen con un disparo en la cabeza, donde dio a luz un bebé muerto.
[Mariana Carbajal] Argentina. El gobierno propone a una abogada cordobesa como candidata a jueza de la Corte Penal Internacional. La elegida es Silvia Alejandra Fernández, diplomática de carrera, con una larga y destacada experiencia como jurista en cuestiones de derecho internacional, derecho internacional humanitario y derechos humanos. Ayer fue recibida en la Comisión de Acuerdos del Senado, en una audiencia pública como parte del proceso de selección, el mismo que se aplica para los jueces de la Corte Suprema, que incluye consultas a organizaciones de la sociedad civil y entidades profesionales y académicas. Su nominación no recibió ninguna impugnación ni observación. Y podría aprobarse en la sesión especial de mañana en la Cámara alta. Compite por una vacante en la CPI –que corresponde a la región de Latinoamérica y el Caribe– con una chilena, un colombiano y un guyanés.
[Sonia Tessa] Rosario, Argentina. Juan Carlos Tizziani fue el primer testigo que declaró ayer en el juicio contra Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. El periodista de Rosario/12 se refirió a las entrevistas que mantuvo con los padres de Carmen Nahs Bruzzone y Carlos Laluf. El objetivo periodístico de Tizziani era averiguar sobre cartas recibidas después del secuestro de los militantes que hoy continúan desaparecidos. El padre de Laluf -ya fallecido- le dio copias de 13 cartas recibidas desde septiembre de 1977 hasta marzo de 1978, que el Tribunal aceptó recibirlas como documentos en el juicio. El segundo testimonio de la mañana fue el de Adriana Quaranta, quien fue secuestrada el 4 de julio de 1977 en el departamento de pasillo en el que vivía Graciela Zitta, en Tucumán entre Sarmiento y San Martín.
[José Maggi] "Mi testimonio es quizás lo último que pueda hacer para tratar de saber qué pasó con él". La frase resonó ayer en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 1, en la voz emocionada de María Luisa Rubinelli, quien desde hace 32 años busca incansablemente a su esposo Aníbal Antonio Mocarbel, secuestrado junto ella el 28 de febrero de 1977. Su búsqueda la llevó a distintas cárceles argentinas, a los tribunales donde presentó hábeas corpus, al Ministerio del Interior, a la Vicaria castrense, al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a la Organización de Estados Americanos, a Amnesty Internacional, y hasta la Cruz Roja. "Me llevó muchos años dormir sin tener pesadillas y algo más poder disfrutar de algunas cosas", confió Rubinelli.