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la regalona del winnipeg


Agnes América Winnipeg nació en el emblemático navío que trajo a miles de refugiados españoles hace 70 años. Orgullosa de su origen, su historia la convierte en símbolo de un episodio de esperanza y gratitud que hoy forma parte de la impronta de estas familias y sus descendientes.
[Fernanda García] Valparaíso, Chile. Nació el 6 de agosto a la altura del Cabo Finisterre, dos días después de que el Winnipeg zarpara del puerto de Burdeos. Agnes América Winnipeg Alonso Bollada fue la primera guagua que llegó al mundo en medio de la tragedia de más de dos mil refugiados que venían a bordo de la embarcación, convirtiéndose en símbolo de esperanza para quienes abordaron la nave obligados a dejar atrás a sus familias y su patria. Su nacimiento en tales circunstancias sólo podía ser interpretado como la posibilidad para esta gente en travesía, de ir rumbo a una nueva vida.
Aunque nació chiquita, de escaso peso y sin uñas, seguro por las adversas condiciones que provocaron adelantar el parto atendido por un médico y un enfermero ambos franceses, para Piedad Bollada y su esposo Eloy Alonso la llegada de la pequeña Agnes fue una bendición, más aún cuando estuvieron a punto de no ser incluidos entre los pasajeros dado el notorio avance del embarazo.
Siguiendo el protocolo, el poeta Pablo Neruda trató de impedir que Piedad abordara el Winnipeg aduciendo que las mujeres embarazadas eran derivadas al hospital y no estaban autorizadas a embarcarse. No obstante ella, decidida a no transar y a defender lo más preciado y único que le quedaba -su familia-, increpó al poeta con estas palabras: "Al barco o al mar, y usted será responsable de estas vidas…", le dijo señalado su vientre y a Justo su hijo mayor de 8 años a quien llevaba tomado de la mano. El autor de los 20 Poemas de Amor le insistió que no estaba en condiciones de viajar, pero Piedad como buena vasca se impuso y espetó una vez más: "¿Al barco o al mar…?". Finalmente Neruda permitió que abordaran el Winnipeg y fue así como la familia Alonso Bollada emprende su aventura hacia Valparaíso.

Los Orígenes
Piedad y Eloy eran ambos de Bilbao. Ella de la localidad de Baracaldo; él, marino mercante, era de Abanto y Ciérvana. Su primera parada en su condición de refugiados fue en Barcelona y de ahí, cruzando Los Pirineos, llegaron a Francia donde fueron destinados al campo de concentración de Argelés Sur Mer, donde vivieron una verdadera pesadilla, presenciando la muerte de muchos de sus compatriotas. Las mujeres y los niños dormían en barracas de madera y los hombres en la arena. Gran cantidad de ellos fallecieron porque la sed intensa los obligaba a tomar agua de mar ocasionándoles serias infecciones estomacales que terminaban por fulminar a los más débiles.
No obstante, Eloy y Piedad tuvieron la satisfacción de haber recuperado al pequeño Justo, a quien habían alejado de sus padres llevándolo mucho antes que a ellos a Francia. Como cualquier mamá desesperada, no cejó en su búsqueda hasta encontrarlo, por eso, abordar el Winnipeg pudieron hacerlo todos juntos.
Esto también contribuyó a que sus recuerdos durante la travesía que duró casi 30 días sean de felicidad y optimismo. Contrariamente a la experiencia de muchos, ellos siempre transmitieron a sus hijos una sensación positiva de este viaje a lo desconocido.
Agnes, bautizada así en honor a la esposa del capitán, quienes se transformaron en sus padrinos, era la regalona de a bordo. Junto a su madre tenía un sitio especial en la torre de mando donde las ubicaban para que estuvieran tranquilas y tomaran sol; eso ayudó a que en poco tiempo la pequeñita superara las deficiencias por su estado prematuro en el que nació.
Así, cuando llegaron a Valparaíso, la madrugada del 3 de septiembre, era una bebé sana y rozagante que no figuraba en la lista de embarcados que habían despachado de Francia a Chile.
Ahí se iniciaba una historia de insospechadas calamidades para Agnes América Winnipeg que fue inscrita en el Registro Civil de Valparaíso con nacionalidad chilena, además de haber quedado inscrita en el primer distrito de París adquiriendo también la francesa por haber nacido en una embarcación de bandera gala, lo que 50 años después le costaría lágrimas sudor y sangre en su pretensión de obtener, por derecho propio, su nacionalidad española.
De eso, ella no tuvo nociones cuando niña. Creció en Valparaíso donde su padre Eloy decidió asentarse, pensando que podría, cerca al mar, reconstruir su vida de marino mercante. Pero no fue posible, por eso tuvo que buscar otros rumbos, derivando finalmente como funcionario de una fábrica de muebles, donde estaba a cargo del personal. Piedad se dedicó a la crianza de los niños, incluido Félix, que nació siete años después de haber anclado en el Puerto y de haber instalado su residencia en la subida Cumming en el Cerro Alegre.

Bodas de Oro
Estaba estudiando el Instituto Comercio cuando Agnes conoció a su marido, Marcos Raúl Vergara Quintana. El encuentro fue por intermedio de los papás de él que eran evangélicos. Ella había entrado a esa iglesia motivada por las obras misioneras en las que participaba un gran contingente de jóvenes.
A Agnes, la propia madre de Marcos le pidió que lo visitara porque estaba enfermo. El encuentro cambió definitivamente el futuro de ambos; no sólo se conocieron, también se enamoraron y se casaron. Ella, a los 19 años, abandonó sus estudios y se trasladó a Viña del Mar donde Marcos vivía dedicado al corretaje de seguros. Tuvieron dos hijos Elizabeth Matilde y Marco Alejandro que crecieron siempre escuchando los relatos de la increíble historia de su madre y sus ascendientes.
Pero fue cuando la celebración de los 50 años de la llegada del Winnipeg a Valparaíso que Agnes encontró un inesperado significado a su nacimiento en el emblemático vapor.
Hasta ese momento no se había preocupado de adquirir antecedentes acerca de su nacionalidad, siempre pensando y sintiéndose como una vasca de tomo y lomo. Sin embargo, las celebraciones la motivaron a explorar si realmente estaba inscrita como francesa. Escribió a Francia desde donde le remitieron su certificado de nacimiento; sabía entonces que era chilena y también francesa…pero y ¿española?... Aquí fue cuando le cayó el balde de agua fría al darse cuenta que en ninguna parte figuraba como española, lo que le parecía inconcebible atendiendo a que toda su familia de origen lo era y ella estaba excluida…Del consulado le dijeron que nada podían hacer pero su alma vasca se impuso y empezó a mover hilos. Primero mandó una carta a Felipe González, en esa época presidente español, de quien recibió la respuesta que nada podía hacer y que el trámite tenía que seguirlo en el consulado en Chile, donde le insistían que ella era franco-chilena.

Con los Reyes de España
Sin rendirse, esperó la celebración a la que asistieron los Reyes de España y a la que fue invitada, sin saber por qué siendo que no la había reconocido como española. En esa ocasión aprovechó la oportunidad para regalarle a la Reina Sofía el libro ‘Los españoles que llegaron en el Winnipeg’, de Jaime Ferrer, del que había comprado varios ejemplares para regalar a sus hijos. Uno de estos, lo destinó a los monarcas, a quienes incluyó una notita al interior del volumen.
Después de un tiempo, todavía obsesionada con obtener la nacionalidad de sus progenitores, decidió enviar una carta al Palacio de la Moncloa, directamente a los reyes. Lo que en un principio pareció una gestión más, se convirtió tres meses después en un llamado desde el consulado de España donde la citaron para hacerle entrega de su pasaporte español. "¡No lo podía creer!"….Hasta hoy Agnes se emociona con este relato que también lo llevó a la tierra misma de sus padres, Bilbao a donde viajó, ya con su nueva nacionalidad, a reencontrarse con sus raíces.
La misma experiencia, esa de volver a su patria, la alcanzó a vivir una vez don Eloy antes de ser fulminado por una fibrosis pulmonar, en 1994, mismo año en que también Agnes sufrió, tres meses antes, la pérdida de su marido a causa de una afección cardiaca. Con la partida de su padre y de su esposo, se dedicó a cuidar a Piedad su madre que murió hace tres años, a la edad de 93 años.
Invitada esta semana a La Moneda donde la Presidenta Michelle Bachelet rendirá homenaje a los nacidos y llegados en el Winnipeg, además de otras celebraciones, Agnes se reencuentra nuevamente con su pasado, el mismo que le ayudó a forjar orgullosa de sus orígenes, su presente con su marido, sus hijos, sus cinco nietos: Macarena y Paula hijas de Elizabeth, y Arantxa, Marcos y Baltasar hijos de Marcos, y toda su descendencia.

31 de agosto de 2009
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ex agentes pagados por el ejército


Ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército. Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército.
En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo ‘Cacho’ Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la ‘Dama del Pentotal’, la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal.
"Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el ‘Cacho’ al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton.
Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico.
Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".
El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena.
Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C.
"Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003.
En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984.
Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.

Jefe de ‘Leopardo’
El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional".
Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis.
Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como ‘El Ronco’, en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

El Fiscal Cea
Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información.
Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación.
Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito.
Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái.

Un Iturriaga en Mulchén
Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén.
"Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA".
Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid.
Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".
Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército.
El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay.
En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez.
Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".
Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas.

Familiares: "Vergüenza nacional"
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos "de todos los chilenos" a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura "es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos".
Agrega que "esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar".
Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que "esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales".
Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. "Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno", señala.
Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que "esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa".

30 de agosto de 2009
©la nación 
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dos ratas contra ted kennedy


Pablo Longueira y Juan Antonio Coloma encabezaron turba de atacantes. Eran otros tiempos, y el entonces dirigente de la opositora Alianza Democrática Gabriel Valdés Subercaseaux y el actual canciller Mariano Fernández fueron a recoger a Kennedy al aeropuerto. Los acechaba una turba de la UDI al mando de Pablo Longueira y Juan Antonio Coloma.
[Mariela Vallejos M.] Santiago, Chile. ¿Así nomás?, ¿cómo hijo de vecino? Hoy sería impensable. Fue osado, por decir lo menos, el arribo del senador Edward Kennedy a Santiago en 1986. Su fallecimiento esta semana trajo a colación la accidentada visita a Chile de Ted en tiempos de dictadura, cuando el menor del clan norteamericano arribó invitado por la oposición, sin la seguridad de rigor que proporciona un gobierno amigo a las autoridades extranjeras ni el apoyo logístico que recibiría hoy de su embajada en Santiago. El hombre que había conseguido que Estados Unidos prohibiera la venta de armas al régimen de Pinochet en 1977 se vino a meter a la boca del lobo.
Eran otros tiempos, y el entonces dirigente de la opositora Alianza Democrática Gabriel Valdés Subercaseaux y el actual canciller Mariano Fernández fueron sin resguardo a recogerlo al aeropuerto. No sospecharon que un grupo de partidarios de la UDI, entre quienes estaban Pablo Longueira y Juan Antonio Coloma, los acechaba en el camino. ¿Cómo supieron los atacantes por dónde y a qué hora pasaría el auto que traía al senador? Misterio. Lo que evidencian las imágenes de la época -difundidas esta semana por CNN- es que no estaban ahí por casualidad y no se trató de un exabrupto del momento. La turba de manifestantes premunida de piedras y palos emboscó el paso del vehículo y lo acribilló a golpes.
En su autobiografía "Sueños y memorias", el ex senador Valdés recuerda que a Kennedy tuvo que sacarlo un helicóptero de Carabineros que lo condujo directamente a la Embajada de Estados Unidos. Entretanto, él fue bombardeado con huevos por los manifestantes, quienes arruinaron el elegante traje que vestía.
Peor librado salió el dueño y conductor del auto, Mariano Fernández. El actual canciller no ha olvidado la encerrona: "Al salir del aeropuerto, en mi auto, de propiedad mía, personal -subraya-, con don Gabriel y, si mal no recuerdo, con Máximo Pacheco, gente de la UDI conocida, conocida hasta el día de hoy, me apalearon el auto, me lo abollaron entero. ( ), cuando don Gabriel se bajó para pedirles calma, lo taparon a golpes, le tiraron huevos, tomates, le arruinaron la ropa ( ) y tuvimos que salir con el senador Kennedy en helicóptero, escoltados por carabineros, ( ) fue una situación extremadamente peligrosa", relató.
Fernández cree que los salvó su pericia de conductor: "Como manejo bien, puse marcha atrás, evitando que los palos con que me rompieron el auto dejaran un incidente mayor para cada uno de nosotros", dijo. Mientras retrocedían, la turba destrozaba a palos el parabrisas del vehículo.
Luego de la emboscada caminera de la que salvó providencialmente ileso, el senador Kennedy tuvo una intensa agenda de encuentros con representantes de organismos de derechos humanos y líderes de la oposición al régimen. El cardenal Raúl Silva Henríquez fue uno de los que lo recibió. También llegó a conversar con él una delegación de familiares de detenidos desaparecidos.
Nadie compensó a Valdés ni a Fernández por sus pérdidas: "Gabriel, que andaba con un terno italiano muy fino, se lo cobra a Longueira hasta el día de hoy", contó el canciller. Y consultado agregó: "Yo, en verdad, no sé a quién cobrarle, pero todavía me deben la reparación del auto, que me salió bastante cara, sobre todo en esa época que era bastante más caro que reparar un auto hoy", comentó.
Una relación que comenzó con una enmienda dictada por el Senado de Estados Unidos, se afianzó con las visitas de 1986 y de 1990, esta última cuando Kennedy asistió al traspaso del mando de Pinochet a Aylwin.
El viaje de 1986 quedó en la memoria de muchos. El ministro Sergio Bitar aún conserva algunas fotos de la recepción que ofreció la embajada norteamericana a Ted Kennedy. Entonces hacía poco que el actual ministro de Obras Públicas había vuelto al país desde el exilio. Nunca olvidó que, cuando estuvo preso en Isla Dawson, fue el propio hermano del asesinado Presidente Kennedy quien ayudó a gestionar la liberación de los prisioneros.
Mariano Fernández recuerda: "Fue una visita muy impresionante. Nosotros lo conocíamos de antes, él era particularmente amigo de Gabriel Valdés. Vinimos al Círculo Español, aquí en Santiago, apoyando al movimiento de las elecciones libres, apoyando a la gente que estaba luchando contra el estado de sitio y contra la dictadura ( ), estuvo siempre muy comprometido con la democracia y esa visita fue extraordinaria. Yo recuerdo a los sindicalistas, Manuel Bustos, que en paz descanse, un gran amigo, recibió un gran apoyo. Para la dictadura, fue un llamado de atención en el sentido de que la gente que luchaba por la democracia en Chile no estaba sola, (estaba) acompañada por una de las figuras más simbólicas de la democracia de Estados Unidos, un senador de una influencia enorme y, de una familia muy importante, que se jugó entero por nosotros y después que regresó la democracia no solamente acompañó al Presidente Aylwin en la toma del mando, sino que en los años siguientes continuó trabajando con Chile".
Tres décadas más tarde, la Presidenta Bachelet viajó a la costa de EEUU para imponer a Kennedy la Gran Cruz de la Orden Bernardo O’Higgins a nombre del gobierno de Chile como un homenaje final a la trayectoria de colaboración y amistad con nuestro país. El canciller la acompañó y se mantuvo en contacto con el ex senador. "La última cosa que tengo es una carta que me envió pocos días antes de morir, felicitándome en mi nombramiento como canciller, pero pidiéndome además que le envíe otra carta, justamente a Gabriel Valdés, felicitándolo por sus 90 años", comentó.

30 de agosto de 2009
©la nación
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memorial de ejecutados políticos


Emotiva inauguración en memorial de detenidos y ejecutados políticos. "Yo quería salvar vidas y los entregué a la muerte", fueron las palabras de un sacerdote lajino que revivió conmovedores episodios vividos en septiembre de 1973.
Laja/San Rosendo, Chile. Se reencuentran hoy con 21 de sus conciudadanos, señalaban coincidentes los oradores en la ceremonia de inauguración del memorial en recuerdo a los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos de ambas comunas.
Junto al memorial, que se sitúa a un costado de la laguna Señoraza, se congregaron familiares de la agrupación de detenidos-desaparecidos; representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; de la Asociación de ex Presos Políticos; Programa Prais; Gobernación Provincial; Agrupación de Ejecutados Políticos; autoridades eclesiásticas y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, al igual que los alcaldes de San Rosendo, Duberli Valenzuela, y de Laja, Vladimir Fica Toledo, cuyo padre -ex edil y militante del Partido Comunista- fue víctima de la represión del gobierno militar.
En la ceremonia efectuada en la mañana de ayer, se recordaron de varias maneras los episodios vividos durante los primeros días del régimen, cuando efectivos de Carabineros procedieron a detener a 21 personas en ambas comunas. En su mayoría, eran trabajadores de CMPC y de Ferrocarriles del Estado, además de dos directores de escuelas de Laja y dos regidores.
Todos desaparecieron entre el 13 y el 20 de septiembre de 1973, siendo hallados sus cuerpos seis años más tarde en el cementerio de Yumbel y en el fundo San Juan, de Laja.
Según se leía en reportes de prensa de la época, el funeral de las víctimas se realizó el 27 de noviembre de 1979. Todo el pueblo de Laja, en un emotivo gesto solidario, se volcó a las calles de la ciudad, donde más de 15 mil personas daban un emocionado adiós a las víctimas.
En una crónica de la época, el padre José Aldunate señalaba que "fueron llegando de todos los ángulos; los papeleros recién terminado su turno; mujeres, con sus niños; parecía que ni los perros quedaron en su casa. La muchedumbre saludaba a las víctimas".

Informe Rettig
Según consta en el Informe Rettig, todos los detenidos desaparecidos de Laja y San Rosendo fueron trasladados en la madrugada del día 18 de septiembre supuestamente hacia el regimiento de Los Ángeles, lugar al que nunca habrían llegado.
El 11 de octubre de l973, algunos de los cuerpos fueron descubiertos por lugareños enterrados en una fosa de arena en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Este hecho fue denunciado al Juzgado de Yumbel, que tomó conocimiento, ordenó el levantamiento de los cuerpos y posteriormente su inhumación en el Cementerio Parroquial de esa localidad.
El Arzobispado de Concepción presentó una querella en el Juzgado del Crimen de Laja el 24 de julio de 1979, causa rol Nº2.770, en contra de Carabineros del mismo lugar, a raíz de la cual se inició una investigación judicial, designando la Corte de Apelaciones de Concepción un ministro en visita. La investigación permitió identificar a las víctimas y determinar que habían sido ejecutadas por efectivos policiales de Laja, el l8 de septiembre en el mismo lugar en que fueron encontrados sus restos.
Los antecedentes expuestos, todos debidamente acreditados, permitieron a la Comisión Rettig formarse convicción que las 20 personas identificadas previamente fueron víctimas de grave violación de sus derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado quienes los detuvieron, los ejecutaron al margen de todo proceso, ocultaron sus cuerpos e impidieron a sus familiares saber de su suerte y sepultarlos.

Ex Párroco de Laja
"Yo quería salvar sus vidas y los entregué a la muerte". Emotivas y conmovedoras resultaron principalmente para los familiares de detenidos-desaparecidos, las palabras del sacerdote Félix Eicher, en ese entonces párroco de Laja.
"Yo quería salvar vidas y los entregué a la muerte", dijo el presbítero, hoy de 84 años de edad, quien junto al monolito, rememoró los momentos en que recibió en la parroquia Cristo Rey a hombres que llegaron a contarle que hasta sus domicilios habían ido carabineros a buscarlos y no sabían qué hacer.
Por la parroquia pasó la gran mayoría de los hombres de los cuales jamás se supo, y por quienes sus familiares recorrieron cada lugar de sus respectivas comunas en busca de una explicación o novedad.
Sus palabras fueron emotivas, y calaron profundo en el corazón de los familiares, junto a quienes inauguró el memorial en la Laguna Señoraza.

Directora del Programa de Derechos Humanos
"Que el memorial convoque a la reflexión". Como un día "simbólico" definió la jornada vivida ayer la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rose Marie Bornar, durante su intervención en la ceremonia realizada en Laja.
Dijo que "durante el gobierno militar, no estaba permitido soñar ni menos pensar en hacer realidad cambios de justicia y equidad social proclamados por el Presidente Salvador Allende", al hacer alusión a las muertes de trabajadores, dirigentes sindicales de la CMPC y de Ferrocarriles del Estado, dirigentes políticos, estudiantes, profesores, obreros, regidores, comerciantes y contratistas.
Agregó que "esta sufrida tierra sureña tiene hombres que soñaron y a los se debe recordar", al referirse a la memoria histórica por la cual fue construido el memorial.
"Las ejecuciones estuvieron al margen de todas las normas legales inherentes a un estado de derecho y de convivencia de una sociedad civilizada. Se eliminó brutalmente y de raíz a los que soñaron. Soñar no estaba permitido", reflexionó, al destacar la importancia de la obra.
"Nuestras víctimas descansan, rodeados desde ahora del recuerdo público de la comunidad", expresó.

Presidenta de Familiares
"Guardamos la esperanza de conocer del paradero de dos desaparecidos". "La historia no sirve si sólo recogemos la memoria y la guardamos en un museo o una biblioteca", aseveró en su intervención Gloria Urra Parada, presidenta de la Agrupación Comunal de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja y San Rosendo.
A su juicio, la memoria es necesario difundirla, expandirla y darla a conocer a todos, con la esperanza de encontrar el paradero de dos de las víctimas de represión en Laja y San Rosendo y de las cuales, a 34 años del gobierno militar nada se sabe.
Se trata de Luis Sáez Espinoza y Emiliano Cuevas, por quienes seguirán luchando hasta conseguir saber qué ocurrió los ellos tras su captura durante los primeros días del gobierno militar.

29 de agosto de 2009
©la tribuna
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recuerdan a detenidos desaparecidos


Una jornada de doce horas marcará hoy en la región la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Iquique, Chile. Para esto la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua espera desarrollar una jornada cultural y de reflexión programada para hoy entre las 9 y 21 horas en la Plaza Condell.
Héctor Marín, presidente de la entidad, indicó que durante el día esperan presentar una exposición sobre el recuerdo dejado por los detenidos desaparecidos tras el golpe militar de 1973.
Informó que el acto central está programado para el mediodía, donde dirigentes y familiares recordarán a cada una de las víctimas que aún están desaparecidas.
"A las 12 en punto recordaremos uno a uno con un momento de reflexión", dijo Héctor Marín.
El programa contempla que en la jornada vespertina y nocturna se realizará una exhibición de videos alusivos al tema.
El dirigente precisó que la actividad servirá también para difundir la campaña nacional impulsada por el Servicio Médico Legal denominada "Vives en nosotros" y que busca realizar una toma de muestras de sangre para así permitir una identificación de los detenidos desaparecidos.
El 2006 fue instaurado como Día Nacional del Detenido Desaparecido el 30 de agosto, como una forma de recordar el secuestro y muerte de tres profesionales en 1985, cuya tragedia es conocida como el Caso Degollados.

29 de agosto de 2009
©estrella de iquique
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la economía de la droga


La legalización del negocio de las drogas es la aceptación del mal menor, habida cuenta del fracaso inevitable de la prohibición.

[Alfredo Zaiat] La producción de la materia prima, elaboración y comercialización de estupefacientes prohibidos por ley es una actividad económica. El análisis de ese mercado, a diferencia de otros muchos, está dominado por conceptos generales acerca de la moral y cuestiones vinculadas con la salud. Estos dos aspectos son tan potentes en el debate cotidiano que queda postergado el entendimiento sobre el modo de desarrollo de ese sector de la economía. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal, sino de saber cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora que la que ofrece el discurso conservador. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de conocer las características de la economía de la droga. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal brinda la oportunidad de acercarse con un poco menos de prejuicios a una actividad económica que ha mostrado un creciente dinamismo en las últimas décadas.
Por esas paradojas de la corriente conservadora, destacados representantes del liberalismo han ofrecido los argumentos económicos más contundentes sobre los beneficios de la legalización del negocio vinculado con la producción y comercialización de drogas prohibidas. Su referente moderno, Milton Friedman, ha sido uno de los principales economistas que enfrentó las pasiones del pensamiento dominante represivo. En una entrevista que le realizaron en 1991 en el Foro Americano sobre Drogas, un programa de debate nacional sobre asuntos públicos, afirmó que "si se observa la guerra contra las drogas (se refiere al gobierno de Estados Unidos) desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cartel de las drogas. Esta es la realidad, literalmente". El periodista le preguntó: "¿Lo hace bien?". El Premio Nobel de Economía contestó: "Excelentemente. ¿Qué quiero decir con esto? En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo esencialmente lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cartel de Medellín, que tienen suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así. Además de eso, al no permitir esos productores y arrestar, por ejemplo, a los cultivadores locales de marihuana, el Gobierno mantiene alto el precio de esos productos. ¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo". Para ejemplificar la situación, Friedman afirmó que "ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol".
En enero de 1920 la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida vulgarmente como ley seca) no prohibió el consumo, pero sí la fabricación, transporte y venta de bebidas que superaran los 0,5 grados de graduación alcohólica. "Se trataba de poner en marcha lo que se denominó el ‘noble experimento’ con el fin de planificar una sociedad conforme a los criterios morales de la clase dominante de aquellos años", explica Francisco Moreno en un artículo publicado en liberalismo.org. Se tuvo que impulsar un enmienda (la Nº 18) de la Constitución de EE.UU. para instrumentar esa norma. Para cumplir con esa ley se creó una agencia ejecutiva específica llamada Bureau of Prohibition, dependiente del Departamento del Tesoro. Sus agentes federales eran conocidos con el nombre de prohi’s; con el tiempo pasaron a ser controlados por el Departamento de Justicia. Moreno detalla que "esa prohibición tuvo efectos perversos en el interior del país: se encareció el precio de la bebida, cientos de miles de personas comenzaron a fabricar artesanalmente bebidas alcohólicas, se fomentó el mercado negro, muchas veces con bebidas sustitutivas adulteradas o altamente tóxicas. Se incrementó el consumo de licores destilados en detrimento de cervezas o vinos, así como la demanda de otras drogas anteriormente poco consumidas. Se extendió la delincuencia y fue el comienzo de la puesta en pie de un colosal imperio criminal de bandas organizadas como nunca antes se había visto en la historia de los EE.UU.". Ese desarrollo económico tuvo su origen en el excedente adicional generado por la fijación de un precio por encima del equilibrio de un bien demandado, similar a una renta "monopólica" en este caso alimentada por el plusvalor originado en el riesgo de violar la prohibición.
En la mencionada entrevista a Friedman le comentan que "hay quienes dicen que cuando desapareció la prohibición, el consumo se incrementó enormemente y que eso sería...". Friedman interrumpe y dice que "eso sencillamente no es verdad. Las cosas no fueron así. Existen cifras estadísticas en publicaciones acerca de la cantidad de alcohol consumida. Esas cifras suben abruptamente inmediatamente después de la época de la prohibición, pero se refieren al consumo ‘ilegal’ de alcohol. Si tomamos, como he hecho, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos adonde estaba y durante el período posterior si se ha movido ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos". Según un estudio de la Universidad de Columbia, en vísperas de la Volstead Act (1919) el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en los EE.UU. era de 6 litros al año. En 1921 bajó a medio litro aproximadamente, pero a lo largo de los años siguientes esa media fue progresivamente aumentando hasta alcanzar los 5 litros a inicios de los años ’30. Esto es casi a los mismos niveles previos a la prohibición.
La administración Nixon declaró una guerra sin cuartel contra las nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, que prohibió toda una serie de drogas casi con las mismas razones enarboladas durante la ley seca. Se creó un estado generalizado de persecución contra dichas sustancias que influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra su comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los estupefacientes. Nixon impulsó la redacción de la Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas. La unanimidad de los gobernantes de aquellos tiempos en la prohibición de los estupefacientes fue abrumadora (no importando la ideología política o religiosa) y subsiste hasta hoy.
El resultado de esa política es resumido por el semanario conservador The Economist, en un artículo publicado el 5 de marzo de este año: "La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución menos mala". Después de un documentado recorrido sobre la fallida acción mundial en los últimos cuarenta años en la guerra contra la droga, The Economist concluye que "la legalización no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como deben ser tratados". Concluye que los gobiernos así recaudarían impuestos y deberían regular el comercio de drogas, además de aplicar los fondos obtenidos (de las cargas tributarias sobre la droga, como hoy sobre el cigarrillo y las bebidas alcohólicas) y de reasignar los inmensos presupuestos del combate al narcotráfico para educar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar las adicciones.

29 de agosto de 2009
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reconocimiento de afro-chilenos


Proyecto establece el reconocimiento de la etnia afrodescendiente en Chile.
Valparaíso, Chile. La iniciativa señala que el Estado de Chile reconoce la existencia de la etnia afrodescendiente que habita su territorio y el derecho de sus comunidades e integrantes a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, instituciones y tradiciones sociales y culturales.
La moción (boletín 6655), fue presentada por los diputados Antonio Leal (PPD), Iván Paredes (PS), Fulvio Rossi (PS), Carolina Goic (DC) y Ximena Valcarce (RN), y será estudiada por la Comisión de Derechos Humanos.
Asimismo, la iniciativa señala que el Estado reconoce, valora y respeta la cultura afrochilena, que comprende normas de convivencia, costumbres, tradiciones, formas de trabajo, religión, conocimiento, técnicas, instituciones, expresiones artísticas y valores que los distinguen de la cultura global; y tiene el deber de proteger esta cultura que forma parte del patrimonio de la diversidad del país.
Para los efectos de la ley, se entiende por individuos pertenecientes a la etnia afrodescendiente a las personas que presentan características raciales específicas propias de su origen y/o se auto reconozcan en esta calidad.
Los censos de población nacional deberán incluir la variable afrodescendiente dentro de los grupos étnicos; y el Estado deberá establecer, en el sistema educativo nacional, una unidad programática que posibilite a los alumnos el adecuado conocimiento de la historia y cultura de los afrodescendientes y promover sus expresiones artísticas y culturales.
Por último, el proyecto establece que los órganos de la administración del Estado deberán oír la opinión de las agrupaciones u organizaciones afrodescendientes cuando decidan sobre planes, programas y proyectos sociales o culturales que tengan injerencia o relación directa con cuestiones que les afecten.
En los antecedentes de la moción, se señala que en 2002 los afrodescendientes crearon la Agrupación Oro Negro. Un año después nace la Agrupación de Afrodescendientes chilenos Lumbanga; organización que ha impulsado varios proyectos con la finalidad de rescatar su cultura. Y el año 2005 una nueva organización vio la luz, se trata de Anca Negro, agrupación de afrodescendientes que persigue también los objetivos de perpetuar y dar a conocer las costumbres afro.
Para poder conocer certeramente el número de descendientes, la organización Lumbanga postuló al Fondart el proyecto ‘Sensibilización del Patrimonio Inmaterial Afrochileno en Tarapacá: Hacia el Censo Afro’.
El registro se realizará en dos etapas: una fase de concientización sobre la raíces afroariqueñas y posteriormente la realización del censo en las provincias de Arica e Iquique.
Hoy las organizaciones de afrodescendientes están organizadas y representadas a través de la Alianza de Organizaciones Afrodescendientes Chilenas, y han llegado a la ultima etapa para realizar la primera caracterización de población Afrodescendiente en la Region de Arica y Parinacota que ellos han denominado ‘Pre Censo Afro’ en conjunto con el INE, el Gobierno Regional y la Corporación Norte Grande. Esto permitirá tener por primera vez después de 100 años un estudio sobre la situación social, cultural y económica de este segmento poblacional.

29 de agosto de 2009
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quieren endurecer presidio perpetuo


Moción deroga libertad condicional en caso de presidio perpetuo calificado.
Valparaíso, Chile. El proyecto indica que dado que han mejorado las expectativas de vida, que en 2020 se situarán cerca de los 85 años, es probable que los 40 años de presidio perpetuo calificado no sean suficientes para evita que un condenado haya disminuido su peligrosidad y vuelva a delinquir.
La propuesta legal (boletín 6653) fue presentada por los diputados PPD Felipe Harboe, Ramón Farías, Antonio Leal y Eugenio Tuma; por el UDI Marcelo Forni y por el independiente Tucapel Jiménez.
En sus fundamentos se señala que el 2001, mediante la ley 19.734, se abolió en Chile la pena de muerte, estableciéndose en su reemplazo el presidio perpetuo calificado, por medio del cual se priva de la libertad de por vida al condenado, excluyéndosele además de la posibilidad de ser objeto de cualquier beneficio intrapenitenciario o de cualquier otro a que pueden acceder comúnmente los condenados en razón de la conducta demostrada.
Sin embargo, se establece además en el Código Penal la posibilidad de que una vez transcurridos 40 años de privación de libertad efectiva, el condenado pueda aspirar a que se le conceda la libertad condicional.
Al respecto, los legisladores sostienen que seguramente el legislador en el 2001 consideró un tiempo suficiente para mantener separado de la vida social a un delincuente que ha cometido delitos gravísimos el lapso de 40 años y que seguramente saldría solamente a morir o a soportar su vejez.
No obstante, añaden que debido a que la expectativa de vida en nuestro país ha aumentado con el mejoramiento de las condiciones sociales y hoy se sitúa cerca de los 78 años y se espera que al 2020 se sitúe cerca de los 85 años, "puede resultar posible que 40 años de prisión no sean suficientes para evitar que un individuo, de las características que poseen los que son condenados a este tipo de penas, haya disminuido su peligrosidad y vuelva a delinquir provocando graves daños al cuerpo social".
Asimismo, consignan los diputados que de acuerdo a encuestas recientes, "la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas no entienden el concepto de presidio perpetuo calificado asociado a la posibilidad de obtener la libertad transcurrido un determinado lapso de tiempo".

29 de agosto de 2009
©diario de la cámara
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