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una rata llamada sinclair


Fallo establece responsabilidad institucional de mandos del ejército. Sinclair era vicecomandante en jefe cuando se planificaron las muertes de cinco frentistas.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.
El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.
Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.
Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.
Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.

Como Canje por Carreño
En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.
El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.
Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.
Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.
Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.
La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.
Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.
Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de Sinclair
"Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite", le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.
Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.
De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.
El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A Bordo del Puma
La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los Últimos Desaparecidos
José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país "por lo que es dable suponer que aún no retorna". Fue rechazado su recurso de amparo.

Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, "por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia". El recurso de amparo a su favor fue rechazado.

Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.

Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.

Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un "caso sobre el cual existe prohibición de informar", sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

18 de julio de 2008
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estudian hallazgo de osamentas


Indagan si osamentas halladas son de detenidos desaparecidos. Los restos aparecieron cerca de la localidad de Diego de Almagro en la Tercera Región. Anoche llegó a la zona un equipo de cuatro especialistas del SML, encabezado por el antropólogo alemán, Udo Kremzer.
[Christian Palma] Diego de Almagro, Chile. En octubre de 1973, dos pirquineros anónimos trabajaban cerca de la localidad de Diego de Almagro, en la Tercera Región.
De pronto, el silencio del lugar fue roto por unos disparos, voces y el sonido de vehículos que levantaron columnas de polvo. No dijeron nada. Al día siguiente, fueron al lugar y encontraron los cadáveres de dos sujetos. Rápidamente, ambos mineros enterraron a los muertos, huyeron y callaron por un largo período.
Al tiempo, la historia fue divulgada a un tercero, quien al cabo de 35 años contó, a manera de confesión, su inusual secreto a un cura.
Esa sería la historia que un sujeto narró al actual cura párroco de Freirina, Eduardo Chepillo Flores, y que develó la existencia de dos cuerpos enterrados de manera ilegal a unos 20 kilómetros al noroeste de Diego de Almagro.
La noticia, estremeció a los familiares de detenidos desaparecidos de la zona, pues se presume que podría tratarse del ex gerente general de la hoy División el Salvador de Codelco, el socialista Ricardo García y del dirigente del Sindicato Nº 1 del mismo yacimiento, el miembro de las Juventudes Comunistas, Benito Tapia, ambos desaparecidos tras el paso de la ‘Caravana de la Muerte’ por la región de Atacama en octubre de 1973.
Según cercanos al caso, que viven en esta ciudad nortina, también podría tratarse de Maguindo Castillo, otro dirigente desaparecido en esa fecha. Esta fuente, señaló que los tres desaparecidos aparecen en los registros como fusilados tras un juicio de guerra y enterrados en el cementerio de Copiapó.
No obstante, añade, en medio de sus investigaciones, que el juez Juan Guzmán recorrió el recinto sin encontrar los cuerpos de los dirigentes.

Cuerpos
La Nación estuvo presente en el lugar del hallazgo. Un fémur y algunas falanges sirvieron para que la Policía de Investigaciones (PDI) cercara el lugar a la espera de peritos del Servicio Médico Legal (SML) que anoche llegaron desde Santiago para continuar con las excavaciones y establecer a quién pertenecen los restos.
El equipo está encabezado por el coordinador del área técnica del programa de DDHH del SML, antropólogo Udo Krenzer, e integrado por la odontóloga forense, Claudia Garrido, la sicóloga Francisca Pesce y el fotógrafo Agustín Hernández.
El fiscal de Diego de Almagro, Juan Ignacio Henríquez, confirmó que se trató de una confesión de un párroco y no descartó que sean detenidos desaparecidos. Tal apreciación es compartida por el Seremi de Gobierno, Armando Flores, quien dijo que si bien no hay certeza, se trataría de víctimas de la dictadura.
La autoridad regional comentó que, dada la importancia del hallazgo, la Presidenta Michelle Bachelet decidió programar inmediatamente una reunión con familiares de los detenidos desaparecidos de Copiapó.
Aprovechando que se encontraba en la zona, se entrevistó con ellos durante la tarde de ayer. Tras la cita, la Mandataria precisó que hasta el momento "no hay ninguna evidencia que pudiera corresponder a alguno de los ejecutados acá, que están desaparecidos".
Agregó que la primera pericia que habrá que realizar es la prueba de carbono 14 "para conocer si estos restos tienen que ver con una data correspondiente a aquellos años o no", y que luego se enviarán los restos para hacer su identificación con las pruebas de ADN fuera del país".

18 de julio de 2008
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hallan restos de ejecutados


Expectación por osamentas de presuntas víctimas de Pinochet. Peritos del SML e Investigaciones encabezarán exhumación en Atacama. Gobierno se declaró "contento". Ex gerente de Salvador, Ricardo García, en lista de Dd.Dd. de la zona.
Copiapó, Chile. Cercado se encuentra desde este miércoles, a la espera del arribo esta tarde de los expertos del Servicio Médico Legal y los efectivos de la Brigada Especial de Investigaciones, el lugar de Atacama en que fueron encontradas osamentas de presuntos detenidos desaparecidos.
Los restos de dos cadáveres fueron ubicados a unos 20 kilómetros al noreste de la localidad de Diego de Almagro, ubicada al este de la capital regional Copiapó y a unos 900 kilómetros al norte de Santiago.
Las osamentas fueron encontradas ayer por la Policía de Investigaciones que realizó diversos peritajes en el lugar, al que llegaron por los datos entregados a través de una confesión a un sacerdote, que estampó una denuncia con los antecedentes que recibió.
Esa posibilidad, llevó hoy a La Moneda, en voz del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, a reconocer su expectación en torno a que se trate de víctimas de la Caravana de la Muerte a su paso por la zona en 1973.
"Nosotros estamos muy contentos. En la medida que se vayan recuperando los cuerpos son familias que se quedan más tranquilas que por fin saben que pasó", dijo la autoridad.
Recordó también que "el objetivo principal de la Mesa de Diálogo (de Derechos Humanos, en que participó el Ejército entre otros actores) era saber que había pasado con los detenidos desparecidos y después encontrar sus cuerpos si era posible".
En la zona el secretario regional de Gobierno de Atacama, Armando Flores, confirmó que "podrían, en base a la denuncia, estar relacionados con detenidos desaparecidos".
Agregó hoy que "esta tarde vamos a tener aquí la presencia de personal especializado que va a realizar las pericias correspondientes en el Instituto Médico Legal y de una brigada especial que trabaja en esta materia".
En alusión a la visita de Michelle Bachelet a Copiapó esta tarde, comentó que "por preocupación especial de la Presidenta de la República que va a estar en la tarde en la zona, recabamos información para entregarle antecedentes".
En la lista de detenidos desaparecidos en manos de la llamada Caravana de la Muerte en la zona se encuentran Ricardo García Posada, ex gerente de la actual división Salvador de Codelco, y los dirigentes sindicales salvadoreños Benito Tapia y Maguindo Castillo.
De los 1.297 detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990), desde que Chile recuperó en 1990 la democracia hasta ahora, se han encontrado en fosas clandestinas en diversos lugares del país alrededor de unos 200 restos de estos, la mayoría aún sin identificar.

18 de julio de 2008
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procesan a general sinclair


Derechos Humanos: Juez procesa a general (r) Sinclair. El otrora hombre fuerte de Augusto Pinochet y ex senador institucional fue procesado junto al ex general Hugo Prado y al coronel en servicio activo Marcos Bustos por la muerte de cinco frentistas en 1987.
Santiago, Chile. El ministro Mario Carroza procesó al coronel en servicio activo Marcos Bustos y a los ex generales Hugo Prado y Santiago Sinclair por el delito de homicidio calificado referente a la desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ocurrido en septiembre de 1987.
El proceso conocido como causa de los cinco es considerado emblemático por la comunidad de derechos humanos pues se trata de uno de los últimos crímenes de la dictadura.
En el caso, el magistrado indaga las causas que rodearon el asesinato de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, investigación en que también están procesados otros 18 militares en retiro, entre los que figura el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) general (r) Hugo Salas Wenzel.
Destaca en la resolución, el nombre del general Sinclair, considerado como mano derecha en su momento de Augusto Pinochet y quien incluso ostentó el grado de vicecomandante en jefe del Ejército.
Sinclair fue designado senador institucional en representación del Ejército hasta 1997.

18 de julio de 2008
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histeria antidrogas llega a tribunales


Poder Judicial recibió fondos para realizar control de consumo de drogas. El dinero será empleado para el control de 186 funcionarios elegidos de manera aleatoria.
Santiago, Chile. A través de un convenio entre el ministerio del Interior y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) se entregaron durante junio recién pasado, los recursos necesarios para realizar el control de consumo de drogas a una muestra aleatoria de sus funcionarios.
El gasto total alcanza la suma de 36 millones 386 mil pesos. Estos montos fueron solicitados en diciembre del 2007 por la CAPJ y el Convenio de colaboración financiera entre el Ministerio del Interior y la CAPJ fue recibido en el mes de junio, y el traspaso efectivo de los fondos se realizó con fecha 3 de julio.
El dinero será empleado para el control de 186 funcionarios elegidos de manera aleatoria, correspondiendo a 49 funcionarios del escalafón primario, 36 del escalafón secundario, 85 del de empleados y 16 de la CAPJ.
Los exámenes ya se efectuaron a los ministros de la Corte Suprema y a los directivos de la CAPJ.
El programa de control de consumo de drogas se hará en el Poder Judicial a través de un examen de pelo y el dinero restante del monto entregado por el ministerio del Interior, si existe excedente, será utilizado -con acuerdo del Conace- para realizar talleres de capacitación para las distintas entidades gremiales del Poder Judicial.

18 de julio de 2008
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más ratas a la cárcel


Seis oficiales (R) condenados por víctima de Tejas Verdes. Entre ellos figuran algunas caras nuevas de la represión. Entre ellos figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Seis oficiales en retiro fueron condenados por el juez Alejandro Solís a penas de presidio, entre ellos nuevamente el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, como coautores del secuestro calificado de Rebeca Espinoza Sepúlveda, desaparecida desde el 3 de enero de 1974 desde el campo de concentración de Tejas Verdes, en la ciudad de San Antonio en la Quinta Región.
Entre los condenados figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.
Los autores afectados con penas de presidio son Contreras, 15 años y un día; el prefecto de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo, 5 años y un día; el teniente coronel Raúl Quintana Salazar, 5 años y un día; teniente coronel David Miranda Monardes, 5 años y un día; coronel Claudio Kossiel Hornig, 5 años y un día; y el médico con grado de coronel Vittorio Orvietto Teplitzki, 5 años y un día.
A todos, salvo Contreras que ya cumple prisión por otras causas, se les hará efectiva la pena de presidio una vez que la sentencia quede a firme después de que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que las cortes mantengan las penas aplicadas y no las rebajen, otorgándose beneficios a los condenados que les permitan cumplir las sentencias en libertad.
Rebeca Espinoza tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos.
Entre los oficiales de Ejército que operaron en Tejas Verdes está el actual alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, quien ha sido interrogado en las causas por los desaparecidos desde este campo de concentración. Hay varios ex prisioneros que mencionan la presencia de Labbé en ese lugar, incluso lo acusan de presenciar torturas, pero hasta ahora ninguno le imputa cometer personalmente los tormentos. En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.
El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio. Con él trabajó estrechamente el periodista Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA, que después ingresó a Televisión Nacional y en 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del montaje de Rinconada de Maipú. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.

16 de julio de 2008
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nueva condena contra manuel contreras


Nueva condena afecta a Manuel Contreras por el caso de Tejas Verdes. Esta vez la sentencia fue de 15 años y un día de presidio. Otros cinco colaboradores de la dictadura fueron condenados.
Santiago, Chile. El ministro de fuero Alejandro Solís Muñoz dictó condena en la investigación por violaciones a los derechos humanos conocida como ‘Tejas Verdes, episodio Rebeca Espinoza’, en contra de seis personas que sirvieron en el recinto militar ubicado en las cercanías del puerto de San Antonio, incluido el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia, General (r) Manuel Contreras.
Para el sindicado como la mano derecha del General Augusto Pinochet, el juez Solis lo sentenció en primera instancia a 15 años y un día. En tanto, para sus colaboradores Nelson Valdés, Raúl Quintana, David Miranda, Klaudio Kosiel y Vittorio Orvietto, fueron condenados a 5 años y un día. Por otra parte, Patricio Carranca fue absuelto por "falta de participación".
Los ex funcionarios del organismo de inteligencia del gobierno militar fueron procesados por el delito de secuestro calificado en contra de Rebeca Espinoza Sepúlveda, hecho ocurrido a partir del 4 de enero de 1974.
Esta es la décimo séptima condena dictada en investigaciones por violaciones a los derechos humanos en primera instancia en el año 2008.

15 de julio de 2008
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estado discrimina a abogados


1.409 abogados defienden a narcos. Contraloría los tiene registrados. Desde 2005 se elabora un registro en virtud de la Ley de Drogas, para evitar que uno de esos profesionales se desempeñe en alguna área del Estado. Tampoco puede hacer clases en universidades públicas.
[Viviana Candia] Santiago, Chile. La opinión pública se sorprendió cuando se supo que un ex guitarrista del conjunto Amerikan Sound, el también abogado Ariel Marín, era el representante legal del líder de la banda de narcotraficantes los ‘Car’e Jarro’.
Pero el nombre del profesional no era desconocido para todos.
Desde enero de 2005, cuando se comenzó a aplicar el artículo 61 de la nueva Ley de Drogas -que plantea inhabilitaciones para los abogados que asuman causas relacionadas con drogas- la Contraloría comenzó a elaborar una nómina con los profesionales que representan a imputados por delitos que van desde el microtráfico al tráfico mayor.
En este momento son 1.409, y la cifra se actualiza diariamente.
La justificación de la medida es verificar que ninguno de estos juristas tenga actividades laborales en algún ente fiscal, lo que incluye las universidades estatales, por el peligro de penetración de las redes del narcotráfico.
Prevención no menor si se considera que el desbaratamiento de la banda del capo de La Victoria, Iván Alejandro Cavieres, dejó en evidencia la compleja red de apoyo que tenía el grupo de narcos.
Los tentáculos de los ‘Car’e Jarro’ incluían a gendarmes, carabineros, funcionarios judiciales y hasta conexiones con un miembro de la misma fiscalía que los desarticuló. Un enjambre de alto nivel que además del Ministerio Público está siendo investigado por las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel.

Antes Había Restricciones, pero No Listas
Antes de promulgarse la Ley 20.000 existían impedimentos para que abogados, estudiantes y egresados habilitados para actuar judicialmente, que se desempeñaran en funciones del Estado, pudieran representar a acusados por delitos de drogas.
Sin embargo el artículo en cuestión -51 de la Ley 19.366- no señalaba el órgano que debía fiscalizar esa situación, por lo que en la práctica nadie sabía si se cumplía o no.
Por eso, tras varios debates, la Ley de Drogas de 2005 asignó esa supervisión a la Contraloría y redujo la prohibición sólo a los abogados "que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente".
No se aplica a los abogados que se desempeñen en la Defensoría Penal Pública o como prestadores del servicio de defensa penal pública, ni a los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Ello, obviamente, para mantener el principio del derecho a la defensa de cada imputado.
Uno de los puntos que causó polémica en la nueva norma fue aquel que estableció que "el juez de garantía o el Ministerio Público, en su caso, deberá informar a la Contraloría General de la República sobre la identidad de los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley".
De hecho, a los pocos meses de promulgarse, el Colegio de Abogados emitió una declaración, afirmando que la medida "constituye una amenaza para los abogados, un atentado al derecho a la privacidad y a la libertad de trabajo, una trasgresión al derecho de defensa que tiene toda persona".

Cómo Opera el Sistema
Los antecedentes que envían los tribunales pasan a integrar la base de datos de la Contraloría.
En la cuenta pública del año 2007, aparece la cifra de 1.409 profesionales que participaron en defensas de imputados por infracción a la ley N° 20.000, respecto de los cuales se efectuó el análisis correspondiente para determinar si revestían la calidad de funcionario público.
El listado se actualiza diariamente. El trabajo lo hace la Subdivisión Jurídica de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República.
Si se detecta que uno de los abogados tiene actividades en el Estado, la Contraloría debe aplicar una infracción que consiste en la destitución del cargo o el término del contrato, según corresponda, medida que deberá ser adoptada por el servicio al que pertenezca el infractor y de conformidad al proceso disciplinario respectivo.

Sólo para Profesionales del Derecho
Durante la discusión en el Congreso algunos parlamentarios observaron que las incompatibilidades y sanciones sólo eran para los abogados y no se tocaba a contadores, médicos ni cualesquiera de los otros profesionales que presten servicios a personas imputadas de la comisión de alguno de los delitos contemplados en esta ley.
El senador Alberto Espina (RN) señaló durante ese debate en la Cámara Alta que los narcotraficantes buscan a los abogados por las amplias conexiones que tienen en la sociedad, de modo que limitar su contratación era una forma de arrinconar al narcotráfico.
Y ahora el parlamentario refrenda su opinión advirtiendo que "lo lógico es que una persona que trabaja en el Estado de Chile, en cualquiera de sus órganos, no pueda ser abogado de un imputado de estos delitos. Es conocido que el narcotraficante tiene como fin infiltrar las distintas instituciones con el propósito de obtener prebendas y provecho para sus operaciones ilícitas".
El legislador asegura que este tipo de prohibiciones "existe en casi todos los países del mundo", pero rechaza que la idea haya sido crear una "lista negra".
"Lo que hay es una nómina de personas que trabajan para el Estado, entonces lo que hace el tribunal es enviar una nómina a la Contraloría para que verifique si esa persona es funcionario del Estado o no, nada más", asegura.

Ministro de Justicia: "No Afecta Ejercicio de la Profesión"
Hasta ahora la autoridad no ha recibido quejas por esta normativa.
Así lo asegura el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien aclara que lo que se pretende con informar a la Contraloría es "prevenir cualquier infracción a la prohibición que establece la ley".

¿Pero no cree que inhibe el ejercicio del abogado?
La discusión valórica se dio en el Parlamento en su minuto, pero nosotros como Ejecutivo no hemos analizado ninguna iniciativa para modificar esa norma ni hemos recibido ninguna petición en tal sentido.
Reconoce el ministro de Justicia que a veces estas restricciones implican cierta afectación de derechos, "pero eso es una colisión de intereses... Qué es más valioso socialmente, si la protección del aparato estatal frente a la posible penetración de las redes de tráficos, versus el libre ejercicio de la profesión, que tampoco está afectado a nuestro entender".
Este chequeo, recalca, "no tiene la connotación de decir que son abogados de narcotraficantes. El único sentido es que respete la prohibición. Pero si alguien se siente afectado, que considera que no es constitucional o no es legítima la norma, puede ejercer las acciones pertinentes: intentar algún recurso judicial y luego recurrir al Tribunal Constitucional".
Carlos Maldonado plantea que en el mundo "se han buscado todas las fórmulas posibles para tratar de impermeabilizar de la mejor manera posible a los órganos del Estado de la influencia del tráfico de drogas, que por los volúmenes de dinero que mueve tiene una capacidad corruptora mayor que otras actividades. Y ese es el propósito de esta norma".

14 Mil Abogados en 10 Años
En la última década en Chile han jurado 14.421 abogados. Afiliados al colegio de la orden están 7.282 de estos profesionales, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 106 años.
Representó a la ‘geisha’ Anita Alvarado, a Augusto Pinochet Hiriart y está defendiendo a Dante Yutronic, dueño de la ‘Casa del Espía’, vinculado con el crimen del martillero Fernando Oliva.
Pero entre los clientes del abogado Aldo Duque también hay personas imputadas por ilícitos de la ley de droga.
Asegura que la norma que obliga a informar a Contraloría de los abogados que actúan en causas relacionadas con tráfico "no me inhibe en lo más mínimo para ejercer mi profesión. Pero considero que es una norma inconstitucional, discriminatoria, que atenta contra la libertad de trabajo y estoy estudiando seriamente hacer una presentación al Tribunal Constitucional, porque la norma se refiere solamente a personas que hemos defendido a personas imputadas en delitos relacionados con la ley 20.000, pero no dice qué pasa cuando la persona es declarada inocente, culpable o se acoge a una medida alternativa" reclama.
Es que, recalca, "si el imputado es declarado inocente, no tiene ningún tipo de restricciones, pero el abogado queda en una lista negra. Por eso (el registro) es inconstitucional, discriminatorio y arbitrario".

¿Ha sentido el costo social de ser calificado como abogado de narcotraficantes?
Evidente, y no solamente eso sino que a usted se le entiende inserto en el contexto del narcotráfico, como que forma parte de una estructura. Es decir, que uno es parte de la estructura delictiva y eso es gravísimo.
Agrega que "de la misma forma en que se cuestiona a los abogados podría cuestionarse a los médicos que atienden a una persona imputada del delito, a la asistente social o cualquier profesional que se relacione con personas imputadas por delitos de drogas. Yo creo que no debe haber ninguna limitante, porque las personas imputadas por la ley 20.000 no son ciudadanos de segunda clase.

Pero se plantea que los narcotraficantes pagan con dinero mal habido.
Si fuera así todos los abogados que defendemos a personas imputadas por la ley 20.000 debiéramos estar formalizados por lavado de dinero. Todos, sin excepción.

En lo personal, ¿ha tenido algún problema por defender a estos imputados?
Por cierto que sí. No una sino que muchas veces. Incluso me han tildado como abogado de narcos y a mis hijos han intentado estigmatizarlos en el colegio. Lo absurdo es que si uno defiende a un pedófilo que ha atacado a 500 criaturas no tiene problemas, pero si defiende a alguien imputado por la ley 20.000, queda en un registro.

Abogada Helhue Sukni: "No Alimento a Mis Hijas por Lo Que Diga la Sociedad"
’’Hay penalistas que dejan botados a sus clientes. Yo no, yo les trabajo de corazón o de pana, como dicen ellos’’.
Desde hace diez años que la abogada Helhue Sukni se dedica a defender a imputados por tráfico de drogas. Sabe que "siendo abogado de narcotraficantes a una la ponen en una lista negra, como tachada", pero decidió asumir el riesgo -dice- por dos razones: "Todo el mundo tiene derecho a defensa" y, además, siente que su trabajo es tan legítimo como el de quienes defienden causas civiles.
"Es verdad que tiene un costo social, pero a mí me da lo mismo, porque no alimento a mis tres hijas por lo que diga la sociedad. Mi pega es la que me da para vivir, pagar el colegio y todo lo demás, y mientras yo no salga de lo lícito, ¿cuál es el problema?", pregunta la profesional que ha defendido a Franco Marchesotti de la temible banda de la Legua ‘Los Cara de Pelota’ y a Miguel Gutiérrez y Giovanni Ciufardi (primo del tenista nacional Fernando González), relacionados con el grupo de Lo Espejo, los ‘Carne Amarga’.
En su despacho donde abundan las fotos familiares. También hay una de Osama Bin Laden.
De religión musulmana, asegura que nunca he tenido problemas con su clientela. "Es más, creo que es más difícil ser abogado de ladrones, porque los traficantes son más pasivos".

Cuando estudió Derecho, ¿pensó que terminaría defendiendo a narcotraficantes?
No jamás. Yo pensaba ser diplomática, pero me di cuenta de que de diplomática no tengo nada, así es que pienso que me hubiesen echado de inmediato.
Abogada de la Universidad Central, tuvo entre sus profesores al secretario de la Corte Suprema Carlos Meneses, a la senadora Soledad Alvear y al subsecretario general de la Presidencia Edgardo Riveros.
Su primer cliente fue un preso que conoció en la Penitenciaría cuando hizo la práctica. El sujeto volvió a caer cuando la abogada ya estaba recibida y recurrió a ella.
"Me dijo que estaba pato, que no tenía un peso pero que él me podía conseguir clientes y con eso pagaba los honorarios. Al principio me mandó como dos o tres gallos, los saqué y después esos mismos me fueron recomendando con más gente. En el lapso de seis meses tenía una cartera de como 80 a 100 clientes", recuerda.
Hoy tiene en su archivo más 500 causas.
"Me fui p’arriba de un paraguazo, pero soy sumamente responsable. Voy a las cárceles todos los días, me comprometo con las causas porque hay millones de abogados que reciben la plata y después dejan botados a sus clientes. Yo no, yo les trabajo de corazón o de pana, como dicen ellos, palabra del coa. Yo les hablo como hablan ellos, me comprometo con ellos y con su familia, porque además de pagarme depositan la confianza en mí", cuenta.
Asegura que su fórmula es siempre decirles la verdad: "Tratándose de delitos de droga, quien no se acoge al artículo 22, que es delatar a otro para que caiga con drogas, lo más probable que se quede haciendo cinco años y un día".

Se argumenta que abogados como usted podrían recibir honorarios de dineros provenientes de la droga, que sería como lavado de dinero.
¿Y los ladrones cómo pagan? ¡Con lo que juntan de los robos! Si es igual. Fuera por ello no existiría ningún abogado penalista.

La detención del líder de los ‘Car’e Jarro’, liderada por Alejandro Cavieres, dejó al descubierto la infiltración que había logrado la banda en distintos estamentos.

14 de julio de 2008
©la segunda
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