chile

lo mataron por orden de pinochet

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Escrito vincula a Pinochet con la muerte de Tucapel Jiménez. El documento, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo y diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el ex director de la DINA, general Manuel Contreras.

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Santiago, Chile. Un documento firmado por ex colaboradores de la dictadura militar revela que Augusto Pinochet dio la orden de asesinar al jefe sindical Tucapel Jiménez Alfaro, en febrero de 1982.
El escrito, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo del sindicalista, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA, según la misma fuente.
El texto corresponde, siempre según ese informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo Álvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
"Me interesa que se sepa la verdad", dijo el diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la veracidad del documento.
La declaración de Álvarez, quien cumple una condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la declaración en el recinto de reclusión.
"Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este documento, se confirmaría", dijo el parlamentario. El ex dictador, fallecido en diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.
El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando problemas de salud.
La línea de investigación en torno al ex general fue descartada por Muñoz, quien cerró el caso en 2001 y condenó al mayor en retiro Carlos Herrera como autor material y confeso del crimen, y a Arturo Álvarez, Manuel Contreras y Francisco Ferrer, entre otros.
Tucapel Jiménez fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 kilómetros de Santiago, donde fue asesinado mediante disparos en la cabeza y degollado.
Una persona confesó por escrito ser el autor del crimen del sindicalista y luego se suicidó.
Sin embargo, se demostró en el proceso que había sido asesinado y que su testimonio era falso.

19 de abril de 2008
©la nación

derechos humanos y comunicación

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Por qué cubre la prensa sólo reluctamente temática de derechos humanos.

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[Beatriz Brinckmann] Chile. La temática de los derechos humanos es uno de los ámbitos donde más claramente se manifiesta la falta de ecuanimidad y la autocensura de los medios de comunicación. Esto se hace especialmente patente en todo lo que dice relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros –con la anuencia de las autoridades civiles cercanas al régimen militar- durante la dictadura de Pinochet.
Sin duda, la decisión de darle la menor cobertura posible a este tema está íntimamente relacionada con el pacto de impunidad contraído antes del término de la dictadura por los representantes de la derecha y de la Concertación, y mantenido hasta el día de hoy (1). El razonamiento es sencillo y certero: mientras menos informada esté la opinión pública sobre los horrendos pormenores de los crímenes cometidos y las medidas ideadas para garantizar su impunidad, tanto más fácil será implementar esas medidas y menor el costo político que deberán asumir sus autores.
Para romper el cerco informativo e impedir la aprobación de leyes que hubiesen significado la consagración de un punto final para los procesos judiciales por casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, los familiares de las víctimas han debido recurrir incluso a huelgas de hambre –como sucedió en 1993 contra el denominado proyecto de ley Aylwin- para sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública.
Un ejemplo reciente de impunidad encubierta lo constituyen los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema, a través de los cuales se han rebajado de tal manera las penas impuestas por los jueces a los violadores de derechos humanos que éstos han quedado en libertad. El hecho fue denunciado el 13 de noviembre de 2007 por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en una declaración pública. Pero fuera de circular este documento a través de medios electrónicos alternativos, no fue publicado por ningún diario ni menos mencionado por algún canal de televisión. Por este motivo, varios miembros de dicha agrupación –en conjunto con otros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)- ingresaron el 15 de noviembre del año pasado al edificio de la Corte Suprema y se sentaron en los pasillos, negándose a hacer abandono del lugar. Su desalojo forzoso sí fue motivo de noticia y apareció en los canales de televisión, pero sucedió lo que pasa habitualmente en estos casos: se informó del hecho pero muy poco sobre la motivación de los familiares. Una vez más, en muchos televidentes se reforzó probablemente la imagen distorsionada de ellos como personas conflictivas, siempre disconformes, que actúan por cálculo político y que, al decir del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, "han optado por pasearse por la vida en condición de víctimas perpetuas"(2).
Algo similar sucede cada año con la información que se difunde sobre la marcha y el acto realizado el 11 de septiembre por los organismos de derechos humanos y por todos quienes desean recordar y honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en el Cementerio General. Por la acción de jóvenes que escapan al control de los organizadores -o de francos provocadores- se producen violentos desmanes y son estos hechos, obviamente repudiables, los que se convierten en noticia para los medios de comunicación; y no la memoria histórica ni los sentimientos que mueven a quienes, junto con recordar a los seres queridos que les fueron cruelmente arrebatados, persiguen que hechos tan deleznables nunca vuelvan a ocurrir en nuestra patria.
El mismo cerco comunicacional que sufren las declaraciones y conferencias de prensa de las agrupaciones de familiares de víctimas rige también para los organismos de derechos humanos e incluso para los parlamentarios preocupados por este tema, como lo señaló recientemente el diputado Tucapel Jiménez en una entrevista concedida a la revista Reflexión de CINTRAS(3).
Pero la deuda de los medios de comunicación con la vigencia y el respeto a los derechos humanos en la sociedad chilena va más allá de ignorar informaciones y opiniones coyunturales. Además, ellos han omitido el importante rol que podrían haber jugado en la superación de la perversa dicotomía que sufrió la sociedad chilena y que aún persiste como onerosa herencia de la dictadura.
Las víctimas y sus familiares durante la dictadura fueron estigmatizados, deshumanizados, llegando a calificárseles de "humanoides". Para reparar el daño que les fue infligido no basta con pensiones vitalicias o memoriales construidos en alguna plaza o cementerio. Es preciso devolverles la dignidad, rescatarlos en el imaginario colectivo como hombres y mujeres con responsabilidad social, movidos por ideales y un profundo compromiso con la lucha por mayor justicia social. Pero no ha habido espacio comunicacional para ello. Por el contrario, la estigmatización y marginación se mantienen, por lo que incluso las escasas medidas de reparación no son comprendidas por algunos sectores de la población, considerándolas "privilegios" inmerecidos.
Al no existir en la sociedad un conocimiento global, profundo y diferenciado de lo acontecido durante la dictadura militar -construido a través de información y debates públicos que permitan expresarse a todos los sectores implicados- las breves noticias sobre algún proceso en que se aplica la ley de amnistía, contraviniendo gravemente la normativa internacional de derechos humanos, caen en el vacío, sin alcanzar repercusión en la sociedad. Por el mismo motivo, las múltiples imágenes transmitidas por los canales de televisión el año 2003 -al cumplirse 30 años del golpe de Estado- más que contribuir a su sensibilización en relación a este delicado tema, produjeron saturación y rechazo en vastos sectores de la población.
Otro ámbito, íntimamente relacionado con el anterior, en que sería imprescindible la realización de debates públicos a través de los medios de comunicación -en especial la televisión- es el concerniente a la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, como las convenciones sobre desaparición forzada de personas de la OEA y la ONU. Estos tratados constituyen importantes logros en la defensa de los derechos humanos fundamentales a nivel regional y universal; pero sus contenidos son ampliamente desconocidos en nuestro país. Un debate con participación de organismos de derechos humanos y de todos los sectores políticos significaría –entre otras bondades- que para todos quedaría claro que estos tratados no tienen efecto retroactivo y que, por lo tanto, si la derecha impide su ratificación, la única explicación posible para esta actitud es que persigue el objetivo de mantener el camino libre para volver, eventualmente, a cohonestar dichas atrocidades en el futuro.
No podemos concluir sin dejar de mencionar el grave cerco informativo que ha impedido que la opinión pública conozca a cabalidad el trasfondo de la problemática actual del pueblo mapuche. Y que, específicamente, esté al tanto de las graves vulneraciones de derechos fundamentales que ellos padecen, así como de las reacciones frente a aquellas de las comunidades mapuches. Vulneraciones que llevaron a que un grupo de ellos reaccionara con una huelga de hambre quetuvo al borde de la muerte a la joven Patricia Troncoso; y cuyo cerco informativo constituyó uno de los factores para que casi se llegara a un resultado fatal.

(1) Ver artículo de Felipe Portales: "Las iniciativas de impunidad de los gobiernos de la Concertación", en Reflexión Nº 34, noviembre de 2007.
(2) La Nación, 13 de noviembre de 2007
(3) Reflexión Nº 34, noviembre de 2007

19 de abril de 2008
©libertad de expresión

no aplicarán ley antiterrorista

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Gobierno descarta aplicar ley antiterrorista a indígenas.

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Santiago, Chile. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, desistió de aplicar a los movimientos indígenas, durante su mandato, la ley antiterrorista impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Lo anticipó hoy Rodrigo Egaña, comisionado presidencial para asuntos indígenas, durante un diálogo con la prensa extranjera en el que sostuvo que "la presidenta ha dicho claramente que durante su gobierno no ha aplicado ni va a aplicar la ley antiterrorista".
La ley ha sido motivo de fricción y de condenas al gobierno por parte de organismos internacionales dedicados al tema indígena, debido al procesamiento de mapuches por la aplicación de una norma contra el terrorismo. La aplicación de la ley es solicitada continuamente por grandes propietarios de tierra y empresas forestales cuyos predios en la zona sur son atacados por grupos indígenas en acciones directas dentro de lo que denominan "recuperación de tierras ancestrales".
Egaña agregó que "hay procesos que vienen de antes, en los cuales se aplica la ley antiterrorista y que ya han sido sancionados en los tribunales en los cuales hay casos juzgados". Egaña informó que está en contacto con los indígenas a quienes se aplicó esta ley con anterioridad y que reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Esperamos llegar a una solución amistosa adecuada con aquellos que acudieron a la CIDH porque consideraron que fueron violados sus derechos", aseveró. "La ley antiterrorista no es una ley diseñada en función de una política indígena sino una ley general de la República para enfrentar los temas del terrorismo", explicó. Egaña informó, asimismo, que el gobierno trabaja en la solución de los problemas de fondo que originan los enfrentamientos entre propietarios y comunidades indígenas "para darles una adecuada solución al más breve plazo posible".
"Se trata fundamentalmente de demandas por tierras, en algunos casos de regularizar tierras ocupadas por comunidades (indígenas) y en otros de tierras demandadas por comunidades y cuyo tema no ha estado resuelto. Esa es una prioridad a resolver", subrayó. Egaña destacó, asimismo, la aprobación parlamentaria del convenio 169 de la OIT de reconocimiento a los pueblos indígenas, anunció que el Tribunal Constitucional ya informó positivamente ese acuerdo y sólo falta que el organismo internacional lo ratifique para que la presidenta Bachelet lo promulgue como ley. "Pero nosotros el convenio 169 es válido y trabajamos como si se hubiese promulgado", aseveró. Egaña precisó, empero, que no se dará a los pueblos indígenas ningún tipo de autonomía territorial.
"Claramente no es nuestra política hablar de autonomía ni territorial ni política de ningún grupo especial en el país. Sí queremos fortalecer el sistema político democrático y allí reconocer un espacio propio de representación para los pueblos indígenas", aseveró.
"Una república, un estado y una nación en la cual conviven pueblos distintos y donde tenemos que trabajar para mejorar esa convivencia", resumió Egaña.

19 de abril de 2008
©la nación

no quieren investigar muerte

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Acusan a Carabineros no instruir sumario por muerte de René Palma. Joven falleció la noche del 29 de marzo en Villa Francia, luego de ser herido y estar horas sin recibir atención médica.

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Santiago, Chile. El Senador Jaime Naranjo Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, denunció que Carabineros "no haber instruido una investigación administrativa en relación a la actuación de los funcionarios policiales la noche del 29 de marzo de 2008 que culminaron con la muerte del joven René Palma Mansilla en la Villa Francia, como había señalado".
Dijo que todos los chilenos "quedaron impactados por la forma en que murió este joven luego de no recibir atención médica por varias horas, situación que sembró un manto de dudas en relación a cómo actuaron los funcionarios del SAMU y las fuerzas policiales para ir en su ayuda mientras se encontraba gravemente herido. En dicha ocasión Carabineros, señalo públicamente que iba a investigar la actuación de sus funcionarios.
Con el fin de corroborar esta situación con fecha 4 de abril de 2008, envía un Oficio a través del Senado al General Director de Carabineros General José Bernales solicitándole me informara detalladamente acerca de una eventual investigación administrativa en relación a la actuación del personal de su institución en la serie de hechos y situaciones que culminaron con la muerte de René Palma Mansilla.
"Ante mi sorpresa el General de Carabineros Secretario General - señor Alfonso Muñoz Medina mediante Oficio de fecha 9 de abril de 2008 responde que "sobre el particular, es preciso señalar que, en relación con los hechos consultados, no se ha instruido investigación administrativa alguna".
Me parece muy grave esta hecho, ya que existen legitimas presunciones en la opinión pública de que Carabineros no actuó con la diligencia necesaria que hubiese permitido salvar a René Palma Mansilla; dudas que esta institución se comprometió a aclarar. Los chilenos y los familiares de la víctima merecen una explicación".

19 de abril de 2008
©la nación

queman imagen de virgen del carmen

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Iglesia lamentó atentado contra imagen de la virgen. El obispo Alejandro Goic indicó que espera la actuación de la justicia para develar quien fue el responsable del atentado contra la figura de la virgen del Carmen que se encuentra en la Catedral Metropolitana.

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Santiago, Chile. La Iglesia Católica reaccionó ante el ataque perpetrado por un desconocido en contra de una estatua de la Virgen del Carmen ubicada en la capilla del Sagrario al interior de la Catedral Metropolitana.
El presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Alejandro Goic, relató que lamentamos "profundamente que se hiera la fe, el amor y la devoción que el pueblo de Chile tiene tradicionalmente a la madre de Dios, una imagen histórica venerada por todo el pueblo chileno. No sabemos quién es, la justicia debe actuar"
Indicó que se interrumpió la Asamblea Plenaria y dentro de las próximas horas se realizará una misa de desagravio en la misma Catedral.
Esta mañana un desconocido quemó la figura de la virgen generando la inmediata reacción del clero y de la policía que se constituyó en el lugar.
La versión de testigos indica que el autor del atentado sería una persona vestida con ropa negra, de unos 35 años. Hasta ahora, los efectivos policiales han chequeado la identidad de cuatro personas, posiblemente vinculadas al hecho.

19 de abril de 2008
©la nación

detenidos en caso woodward

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Detenidos oficiales (r) de la Armada procesados en caso Woodward.

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Valparaíso, Chile. Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".
En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda tras el golpe militar de 1973.
A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.
En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.
La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso.
Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.
Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.
La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.
Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

"Un Paso Adelante"
Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante".
"Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.
El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.
Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

Los Procesados
Adolfo Walbaum Wieber: Además de su cargo naval, fue el primer intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.
Guillermo Aldoney Hansen: Tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual comandante en jefe de la Armada. En 1982, asumió la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- Guillermo Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.
Juan Mackay Barriga: es vicepresidente del consejo de almirantes y generales (r) de Valparaíso. En 1973 habría asistido a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso.
Sergio Barra Von Kretschmann: era jefe de inteligencia naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA. El capitán Riesco trabajó a sus órdenes.
Carlos Costa Canessa: siendo medico en el hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

18 de abril de 2008
©la nación

viven en vertedero

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Indigentes habitan en basural del sector norte.

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[Percy Avendaño] Iquique, Chile. Al menos cuatro familias viven en condiciones extremas en un terreno baldío que existe en el sector de calle Videla con 18 de Septiembre. El terreno corresponde al espacio donde estaba antiguamente la Ganadera Portales. Hace más de quince años que el sitio permanece eriazo y es continuamente utilizado como un vertedero clandestino.
Vecinos de la población Villa Santa Ana ven con preocupación como el terreno de 4.000 metros cuadrados aproximadamente es ocupado como un vertedero de basura, fardos de ropa y desechos, que en ocasiones gente de otros sectores viene a arrojar en vehículos o camiones.
La presidenta de la junta vecinal Villa Santa Ana, Elba Valenzuela, sostiene que el problema de la basura en esa zona es cíclico. "Personal del municipio limpia y luego vuelve a llenarse de basura".
Ahora el problema aumentó. Afirma que algunas personas que vivían en el antiguo albergue municipal, que fue demolido el mes pasado, ahora habitan en ese sitio baldío. Incluso es común que los indigentes quemen neumáticos y otros desechos con el objetivo de extraer el metal. De esta manera las fogatas y el humo son recurrentes.

Gobernadora
La gobernadora de Iquique, Miriam Escobar, explica que tienen identificado esta zona. De acuerdo al catastro que manejan, ahí viven cuatro familias que suman cerca de 13 personas. Tres familias viven hace dos años, y una, habita hace menos de doce meses.
También descartó que la presencia de estas personas en ese sitio sea una toma de terreno, "son personas que viven una situación de calle", sostiene.
A la gobernación no ha llegado ningún reclamo o solicitud de desalojo por parte del dueño del terreno.
El concejal de Iquique, Francisco Prieto, llegó hasta la zona junto a la dirigenta vecinal Elba Valenzuela. De acuerdo a la información que maneja el edil, el sitio pertenece a una entidad bancaria.
Prieto comprometió su gestión para solicitar la acción del municipio y de la seremi de Salud. "El municipio debe cursar multas al dueño del terreno por no tener cierre perimetral. En tanto que la Seremi e Salud debe emitir las órdenes respectivas para la limpieza del sitio", dijo la autoridad.

18 de abril de 2008
©estrella de iquique

queman cadáveres en cementerio

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Denuncian cremación ilegal de cadáveres en cementerio de Quilpué. El administrador del recinto niega todas las acusaciones señalando que "no tienen fundamento alguno".

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[Francisco Núñez] Quilpué, Chile. "En el Cementerio Católico de Quilpué queman ataúdes con los cuerpos adentro en una especie de horno que existe al interior del recinto. Al quemar los esqueletos, y para que no salga olor del hueso quemado que es muy fuerte, los incineran con mucha madera", señala una grave denuncia realizada a reporteros del diario La Estrella y que afecta a este tradicional camposanto de la región.
La denuncia agrega que "este cementerio tiene sus terrenos casi agotados y desde hace algunos meses hay una campaña para extender los lugares para enterrar gente, generando que se realicen estas cremaciones ilegales a cuerpos que ya nadie reclama".
También se denunció que se realizan exhumaciones ilegales, "donde se mueven cadáveres sin la presencia de sus parientes, incluso se construyó un camino para el acceso de vehículos y se sacaron muchas tumbas que eran perpetuas".

Huesos Cambiados
Otra de la serie de denuncias que se realizó en contra del camposanto quilpueíno, que se ubica en el sector de El Belloto, se refiere a un supuesto cambio de "huesos".
"Aquí llegan personas después de muchos años preguntando por los huesos de sus parientes y muchas veces les entregan huesos de otras personas y la gente no se da ni cuenta, ya que no existe lo que se llama "una huesería" y todo funciona bastante al lote", se señaló.

Visita al Camposanto
La Estrella visitó ayer el Cementerio Católico de Quilpué. Según los datos entregados por el denunciante logramos llegar hasta el supuesto crematorio ilegal. Pudimos comprobar la existencia de una construcción de cemento con una tapa metálica, donde se notaba que se había encendido algo en su interior. A su alrededor estaba lleno de tablas de madera.
En ese mismo sector del camposanto se observaban numerosas tumbas con la sigla perpetua, pero en muy malas condiciones y de abandono.
También se comprobó que se habían realizado trabajos en el sector, específicamente la construcción de un camino.

Administrador
El administrador del cementerio, Raúl Pino, señaló que "ninguna de las acusaciones realizadas tiene fundamento alguno y rechazamos totalmente estas denuncias y desconocemos las causas por las que se están realizando".
El administrador agregó que "es imposible que realicemos exhumaciones ilegales, ya que todas se llevan a efecto con los parientes como testigos y con toda la documentación necesaria".
Raúl Pino fue enfático en señalar que "tampoco se realizan cremaciones en este cementerio, y eso es una denuncia que se descarta totalmente ya que nosotros cumplimos con todas las exigencias que entrega el Código Sanitario".
El administrador agregó que "aquí no hay hornos crematorios, por lo tanto la denuncia no tiene sentido".

17 de abril de 2008
©estrella de valparaíso