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muerte en frontera chilena


Murió tras pisar una mina. Chile no ha retirado las minas antipersonales de zonas fronterizas.
Valle de Azapa, Chile. El canciller Alejandro Foxley informó que un ciudadano peruano murió en territorio de su país, luego de que aparentemente pisara una mina antipersonal en suelo chileno.
Según Foxley, la víctima es "un ciudadano peruano, que entiendo, trabajaba en el Valle de Azapa, había ingresado ilegalmente al país" y puntualizó que según los datos que maneja la Cancillería, el hombre "tuvo un accidente en la frontera y se encontró su cuerpo en el lado peruano".
Según informó la policía peruana, el agricultor de 22 años, identificado como Julio César Maquera Cutipa, fue hallado sin vida 15 metros al norte del Hito 19 de la Línea de la Concordia en la frontera con Perú, con uno de sus pies completamente destruido.
Luego del accidente, Maquera fue auxiliado por dos personas, quienes le hicieron un torniquete con su propia camisa. Posteriormente, se arrastró hasta suelo peruano donde ayer se encontró su cadáver, que fue levantado y trasladado por una camioneta de la Fiscalía de Tacna hasta el Instituto de Medicina Legal de esa ciudad, donde se estableció que el desangramiento fue la causa de su muerte.
Frente a este trágico hecho, Foxley dijo "que precisamente para evitar este tipo de situaciones es que hemos tomado la decisión de crear un mecanismo para que todos los ciudadanos peruanos que están en igual condición ilegal puedan regularizar su situación en Chile".
En esa línea, el ministro lamentó lo sucedido porque "si esta persona hubiera esperado hasta hacer este trámite podría haber regresado a su país por el canal habitual, en el Paso de Chacalluta, y nos habría ahorrado este muy lamentable y penoso accidente".

3 de noviembre de 2007
©renacer de arauco
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memorial de los ejecutados


Todo listo para construir Memorial.
Calama/Tocopilla/Pedro de Valdivia/María Elena, Antofagasta, Chile. Con un Memorial Regional, recordarán a los ejecutados y detenidos desaparecidos, que en la zona suman 94 más el nombre de Salvador Allende, como presidente, serán grabados sobre un material especial que perdure en el tiempo para que la sociedad se haga partícipe de su recuerdo y conserve la memoria histórica de lo que sucedió en Chile y particularmente en la segunda región.
El anuncio lo dio a conocer Pamela Mewes, la encargada del proyecto del ministerio del interior.
Los nombres que contendrá este recordatorio, pertenecen a caídos en las ciudades de Calama, Tocopilla, Pedro de Valdivia, Maria Elena y Antofagasta.
Este proyecto se viene gestionando desde 2005, cuyo atraso se debió a diversos trámites municipales inconclusos y ahora el proyecto está adjudicado y se concretará después de 90 días de plazo que tiene la empresa constructora para ejecutarlo, cuyo inicio se realizará en enero y a fines de febrero correspondería la inauguración, con la presencia de invitados de gobierno, familiares y comunidad en general.
Es el último memorial que se construirá en el país, ya que Antofagasta era la única región que carecía de este tipo de monumentos a los caídos durante la dictadura militar.
El memorial estará ubicado en calle Iquique frente al monolito del marino Sargento Aldea (cerca del sector norte de la Vega Central) con un costo de 134 millones, financiados por el ministerio del interior, continuidad de los derechos humanos.

1 de noviembre de 2007
©estrella del norte
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preparan recuerdo de masacre


Más de un centenar de actividades por masacre de Escuela Santa María de Iquique.
Iquique, Chile. Obras de teatro, danza, recitales poéticos, cuatro ferias culturales, 26 conciertos musicales, 15 exhibiciones audiovisuales, 12 exhibiciones de arte, y 11 lanzamientos y ediciones de libros, consulta el calendario de actividades que ayer, en el edificio de la ex Aduana, fue presentado por la Coordinadora Nacional para la Conmemoración de la Masacre Obrera de la Escuela Santa María de Iquique.
Al acto de lanzamiento, que fue presidido por la intendenta regional, Antonella Sciaraffia, asistieron la alcaldesa de Iquique, Mirtha Dubost, el coordinador nacional de la conmemoración, Manuel Hernández; el coordinador de gobierno, Mario Aravena; el coordinador regional, Mauricio Gibert; el representante del Colegio de Profesores, Joaquín Ramírez y el concejal Francisco Prieto.
Para la intendenta Sciaraffia "es un tremendo orgullo que la comunidad nacional e internacional tengan sus ojos puestos en esta conmemoración".
Destacó que el gobierno regional ha entregado recursos para 28 iniciativas culturales de distintas expresiones "para que esta vivencia tan fuerte siga en la memoria de nosotros a través de la expresión cultural".
Además, dijo que Iquique "el 21 de diciembre va a con-memorar con mucho respeto una masacre que a todos nos golpea y de la que debemos sacar una gran lección. El hecho de que existan más de 100 actividades programadas, tanto en el ámbito nacional e internacional, y el hecho de que a nuestra ciudad vaya a venir la presidente de la República, hablan por sí de la gran trascendencia de esta conmemoración".

31 de octubre de 2007
©diario 21
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piden libertad de mapuches


Abogado de mapuches exigió a Bachelet libertad de los detenidos.
Chile. El abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Alberto Espinoza, presentó una carta a la presidenta Michelle Bachelet, solicitando la libertad de los mapuches que permanecen detenidos y reformas al Código Penal.
La misiva demanda adecuar la legislación antiterrorista a la normativa internacional, insistiendo que nunca más un atentado contra la propiedad sea calificado de extremista, y dijo que "exigimos el ejercicio de la facultad de indulto presidencial y que se garanticen los beneficios carcelarios".
Agrega que múltiples instancias nacionales e internacionales han visto graves atentados que empañan muchas veces a personas inocentes, "mediante la Ley Antiterrorista, y los mapuches se han visto envueltos en injusticias, debido a que muchos manifestantes son encapuchados y no tienen nada que ver con lo que se demanda".
Hoy se cumplen 21 días de movilización con huelga de hambre, por parte de Patricia Troncoso, Héctor Llaitul, Jaime Marileo, Juan Millalén, José Huenchunao (Angol), Iván LLanquileo (recluido en El Manzano) y Waikilaf Cadín Calfunao (recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago).
Las demandas que motivan la huelga son la libertad inmediata a todos los mapuches encarcelados por el Estado, la desmilitarización de las zonas en conflictos y la suspensión de la represión contra la comunidad mapuche.
Las autoridades han reiterado que los mapuches detenidos no tienen la característica de presos políticos, porque están procesados como autores de delitos comunes y de atentados contra la propiedad privada.

31 de octubre de 2007
©la nación
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reabren caso de derechos humanos


Familiares del vecino muerto en 1984 entregaron el expediente con los antecedentes al abogado Nelson Caucoto, para que estudie las próximas acciones judiciales.
Chiloé, Chile. El abogado de la Comisión de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, estudia el expediente de la muerte de Ramón Cárcamo, el castreño que registraba domicilio en la población Manuel Rodríguez y que fue muerto durante el Gobierno Militar y que según la familia, todavía no hay claridad sobre quiénes fueron los autores del crimen.
"Han pasado 23 años desde su muerte y nosotros queremos decir que no está olvidado; nuestro interés es que se haga justicia y que quienes lo mataron paguen por ello", afirmó su hija María Inés, revelando que durante mucho tiempo su familia deambuló por tribunales con la finalidad de ubicar el expediente. "Nos decían una y otra cosa hasta que por fin ubicamos los antecedentes en Valdivia (en la Fiscalía Militar)", añadió.
"En el mismo expediente se señala que hubo una sentencia, pero se culpa a un carabinero raso. Pensamos que eso no corresponde a la realidad, sino que a él le echaron la culpa", manifestó Cárcamo, con la seguridad que ahora aclararán las circunstancias de lo ocurrido el 30 de octubre de 1984, cuando su padre fue baleado en calle Chorrillo, tras ir a dejar a su hijo al concluir una jornada violenta en todo el país, a raíz de un paro nacional que dejó como saldo nueve muertos en diferentes regiones.
"Esa noche estuve en su casa y para una mayor seguridad se ofreció para ir a dejarme a la mía, después cerramos la puerta y cuando él regresaba lo balearon", recordó Patricio Cárcamo, refiriéndose a los últimos minutos de su progenitor, quien falleció al día siguiente en el hospital local, producto de la lesión con arma de fuego.

Comisión
El caso aparece en el Informe Rettig, documento que afirma que su hija declaró ante la respectiva Comisión afirmando que ese día hubo barricadas y disparos de bombas lacrimógenas. No obstante, se agrega que al caer herido su padre y llegar ella al lugar no había carabineros, quienes habrían disparado con anterioridad.
Consigna el texto también que Carabineros, respondiendo una consulta de la Comisión, señaló que "al concurrir al sector denominado Feria Magallanes encontró violenta oposición por parte de manifestantes, quienes lanzaron piedras, provocando daños en los vehículos fiscales y lesiones graves en los funcionarios policiales". Agrega que en esa situación, la policía repelió el ataque haciendo uso de su armamento de servicio, con resultado de la muerte de Ramón Óscar Cárcamo Cárcamo.
Hoy a las 20 horas en el templo San Francisco de la capital provincial se oficiará una misa en memoria del obrero de 61 años, quien era conocido en la comunidad por su labor centrada en torno al Terminal Municipal, desde donde hacía fletes de equipajes de los pasajeros que trasladaba con su carretilla.

31 de octubre de 2007
©estrella de chiloé
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el perro del supermercado lider


[Javier Rebolledo] El ‘sucio' de D&S Sergio Díaz López, ex CNI y pieza clave de la seguridad de Lider.
Chile. El experimentado agente aplicaría el ‘know how' que obtuvo en los organismos represivos de la dictadura para cuidar la seguridad de las tiendas de D&S. Aunque pesa sobre él una condena por el asesinato de un militante del PC en 1975 y suma varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos, la familia que controla el mayor holding de supermercados le confía incluso la seguridad de sus hogares.
Cada día, Sergio Díaz López llega a la casa matriz de D&S, ubicada en Quilicura, vestido con una chaqueta cuadrillé negro y amarillo. Mientras avanza a paso raudo por los pasillos del edificio corporativo, sus empleados lo saludan con diligencia. Aunque no mide más de 1,60, su figura marcial inspira un extraño respeto: lentes oscuros, mostacho y la piel bronceada curtida por el sol hacen que no pase inadvertido. Tampoco su voz ronca y dura. Quienes lo conocen relatan que pocas veces tiene un trato amable, y que cuando se ríe su rostro más bien parece la mueca de una burla. A muchos subalternos, dicho conjunto de cualidades les produce un temor difícil de explicar. Sin embargo, para el rol que desempeña Sergio Díaz en la compañía, estas características resultan fundamentales: es el subgerente de protección y gestión preventiva de negocios segundo hombre de la gerencia de seguridad corporativa , a cargo, entre otros aspectos, de supervisar la seguridad de todos los supermercados Lider y Ekono a lo largo de Chile. En la práctica, Díaz se mueve por los distintos supermercados revisando que los guardias de seguridad cumplan en forma óptima con su labor.

Prontuario Criminal
Lo que muy pocos saben es que una vez al mes, obligatoriamente, Díaz debe subir a una camioneta Chevrolet verde, propiedad de D&S, para dirigirse hasta avenida Macul 821, donde se encuentran las oficinas del programa de libertad vigilada de Gendarmería de Chile. Ahí, un asistente social lo entrevista en profundidad: le pregunta si considera que se ha rehabilitado, cómo va la relación con su mujer e hijos y, en general, si ha vulnerado algunas de las normas que la Corte Suprema hace pocos meses le impuso, como no salir del país. Pasado ese trago amargo, Díaz enciende el motor del vehículo para volver a codearse con los más altos directivos de la compañía.
Pese a su alto cargo, son poquísimos los trabajadores de D&S que están al tanto de que la chapa de Díaz en los ochenta era ‘Harry el sucio', y que hoy está libre debido a que, este año, la justicia decidió concederle la libertad vigilada luego de reducir de diez a cuatro años su condena por el crimen en noviembre de 1975 del militante del PC Luis Rivera Matus. En ese tiempo, ‘Harry' era temido y su trabajo, primero con Álvaro Corbalán en el Comando Conjunto y luego en la CNI, dejó muchas víctimas. De hecho, el juez de la Corte de Apelaciones Eduardo Fuentes Belmar lo mantiene sometido a proceso por la desaparición de los militantes del PC Luis Moraga Cruz y Ricardo González Espinoza, detenidos el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 1975, respectivamente. Además, está siendo investigado por la desaparición de otro militante del PC.
Tres décadas después, Díaz sigue despertando temor, pues las personas que dieron su testimonio, salvo los dirigentes sindicales, solicitaron que se resguardara su identidad. Le temen debido a que las prácticas del ex agente de seguridad para conservar el orden en la empresa de retail configurarían un verdadero sistema de inteligencia destinado a mantener el temor y la desconfianza entre los compañeros de trabajo. Esto incluiría la instrucción de técnicas de interrogatorio con manuales del Ejército; también habría impartido cursos de seguimiento de automóviles, y algunos que han trabajado con él confiesan que, a la fuerza, han debido aplicar este aprendizaje en compañeros de trabajo e, incluso, a los jefes de cada local.

Relación con Ibáñez
Antes de trabajar en seguridad de D&S, Sergio Díaz cumplió funciones similares en las oficinas centrales de Lan Chile. Desde ahí se habría desvinculado en 2004, poco después de que se conociera la sentencia por su participación en la desaparición de Luis Rivera Matus. Ese mismo año llegó a la compañía de los hermanos Ibáñez, como subalterno del general (r) Carlos Alberto Tagle, actual gerente de seguridad corporativa de la compañía. A los pocos meses, Díaz López se arrimó al tronco central de la empresa. Con ocasión de un robo en la casa del presidente del directorio de D&S, Felipe Ibáñez, en San Carlos de Apoquindo, éste se comunicó con la gerencia de seguridad solicitando ayuda. Díaz habría sido quien le devolvió la calma, implementando un sofisticado equipo de circuito cerrado de televisión con el que el empresario y su familia podrían dormir tranquilos.
A partir de ese momento, Díaz se habría transformado en un fiel consejero del clan Ibáñez y, poco tiempo después, se hizo cargo de la seguridad del paterfamilia, Manuel Ibáñez.
Quien da cuenta de esa relación es el general de aviación (r) Carlos Ottone, dueño de la empresa de seguridad Shields, que aporta personal a D&S en varios supermercados y también en los hogares de los dueños de la gigante del retail.
Ottone se reconoce amigo de Díaz y cuenta que éste lo llamó para resguardar las casas, porque "él es el responsable de la seguridad del hogar de Felipe Ibáñez".
Lo particular de la relación contractual de D&S con Díaz es que, si bien en las oficinas señalan que tiene un cargo de planta subgerente, con más de tres años en la empresa está a honorarios. Por lo mismo, en Dicom figura sin empleador.
El poder de ‘Harry' en la compañía sería tan grande como para ser capaz de crear un reducto en su interior, y entre sus pares se jactaría de la relación que mantiene con los dueños. Uno de sus compañeros en la gerencia de seguridad corporativa, el coronel de Ejército (r) Sergio Carrasco Concha, subgerente de coordinación y operaciones de seguridad de D&S, también trabajó con él en los ochenta. Coincidieron en la temida Escuela Nacional de Inteligencia de la CNI, donde Díaz era secretario de estudios y Carrasco profesor. Ahí forjaron su amistad.

Besos Prohibidos
Según los detractores de Díaz, éste tiene absoluta libertad para desarrollar técnicas de inteligencia militar dentro de los supermercados. Natalia Duque, presidenta de la Federación de Sindicatos Lider, relata que "es sabido que en muchos locales D&S hacen seguimientos con las cámaras. En el caso de Viña es patente, y sobre todo a los dirigentes sindicales. También cuando los trabajadores se sindicalizan los llaman a interrogatorios bastante extenuantes, donde los hacen decir por quiénes votan, etcétera. Esto fue denunciado en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados".
La líder sindical sostiene que por el extremo poder que tienen los supervisores de seguridad se dan abusos que lesionan la integridad de las personas. "Un ejemplo se dio hace dos meses en el Lider de Gran Avenida, donde dos funcionarios fueron descubiertos besándose. Claramente con la intención de humillarlos, los guardias mostraron el video a todo el personal".
Más grave es la denuncia de dos guardias de un Lider de la Región Metropolitana, quienes aseguran que es común que Díaz llegue hasta el local incluso disfrazado, para no delatar su presencia y así fiscalizar mejor el trabajo de los funcionarios de seguridad. "En una ocasión nos dimos cuenta que estaba adentro del local con un jockey, peluca, barba postiza y ropa sport. Obviamente nos asustamos", sostiene el empleado. Agrega que Díaz porta una pistola y "generalmente la lleva adentro del vehículo. Nos dice que es porque hay mucha gente que le quiere hacer daño". El guardia desconoce que, por su situación procesal, el ex agente de seguridad tiene estrictamente prohibido el porte de cualquier tipo de arma.

Lecciones de Interrogatorio
El paso de Díaz por el Comando Conjunto y la CNI pareciera, según sus críticos, enorgullecerlo, por lo que no tendría problemas para explicitar sus conocimientos operativos. En 2005, con un manual de inteligencia del Ejército, Díaz habría enseñado a los funcionarios las técnicas de interrogatorio. Les habría señalado, por ejemplo, que el foco de luz dentro de una salita debe ir directo a la cara, que el interrogado siempre debe sentirse culpable y, por ende, angustiado, manteniendo una situación de poder y tensión constante. "Nos mostraba que esto se logra manteniendo siempre al otro por debajo de uno. Es decir, que la otra persona sienta que todo el resto puede conocer sus secretos, que su familia se avergonzará de él", cuenta un funcionario vinculado con los entrenamientos.
Algunos de los que han ingresado a las oficinas de Díaz, ubicadas en el subterráneo del edificio corporativo de Quilicura, coinciden en que no sólo hay un aparato de grabación de llamados que se enciende automáticamente al momento de levantar el auricular, sino que, además, cuenta con un escáner (rastreador) de cada una de las llamadas entrantes. "A veces nos asusta su exceso de determinación, ya que cuando hay peligro de robo y debemos dar aviso a Carabineros, o sea, entregar todas las atribuciones a la policía, él nos da órdenes de intentar reducir a los ladrones, pero no contamos con armamento calificado para ese tipo de acciones".
Según los guardias, estas actitudes y demostraciones hacen que endurezcan el trato con los trabajadores de los supermercados, generando desconfianzas entre los propios compañeros. "Una vez me envió a seguir a un compañero de labores. Fue muy desagradable porque es mi compañero, pero no se puede hacer nada porque es un secreto a voces que Harry tiene intervenido todo el sistema de radios de la compañía", relata el guardia.
A pesar de esta situación, reforzada por una serie de denuncias por hostigamiento realizadas ante la Dirección del Trabajo, Great Place To Work Institute y revista ‘Capital' han reconocido a D&S durante los dos últimos años entre las 35 mejores empresas para trabajar en Chile debido a su clima laboral.

Brigada Cobra
Un ex funcionario que trabajó por dos décadas en D&S asegura que fue justamente cuando Díaz ingresó a la empresa que todo cambió. "Un día se presentó su gente a mi local. Me llevaron a una habitación y me sentaron en una silla. Delante mío estaba un tipo que me dijeron era abogado y a su lado otro que hacía las preguntas. El primero no pronunciaba palabra alguna, sólo me miraba. El otro comenzó a decir que yo le había hecho regalos a un jefe de administración, lo cual negué. Me insistió en que era así. Luego me cambió de tema. Comenzó a preguntar si había sacado cosas por bodega, lo que también negué. Él insistía que sabía, pero que no podía darme el nombre de la persona que lo había señalado. No me dejaron salir en más de una hora. Finalmente todo quedó en nada. Nunca me volvieron a tocar el tema, pero en Lider todos creen que los están mirando", denuncia el ex empleado, excusándose por no querer que aparezca su nombre por el temor de quedar en una lista negra, ya que existe una verdadera red de ex militares y carabineros a cargo de la seguridad de las grandes empresas.
Los ‘agentes' aludidos por el funcionario víctima de los apremios serían parte de un grupo de la estrecha confianza de Díaz denominado Cobra, debido a que se relacionarían a través de una frecuencia interna de radio que llaman con este nombre. La mayoría de sus integrantes también son ex miembros del Ejército y su labor se centraría en secundar los trabajos de ‘Harry'.
Según la sindicalista Natalia Duque, hay personajes en la seguridad de los supermercados que no corresponden a sus cargos y que sobrepasan la autoridad que piensan que tienen. "Yo creo que alguien les hace creer que tienen mucho poder. Las cúpulas, incluyendo jefes de seguridad y administradores, son todos ex militares. Eso es algo que está arraigado en Lider. Es algo que no van a abandonar y es parte de su entrenamiento, de su vida, de su ser. Entonces, la formación que recibieron en el Ejército la repiten en Lider, eso es algo innato".
La dirigenta agrega que los reponedores externos son las víctimas más expuestas a esta situación. "Si salen del local tienen que levantarse los pantalones hasta la rodilla, los bolsos, la polera. Los guardias les imponen el horario de entrada y salida, les retienen los carnés. Son muy maltratados por los guardias, que a veces llegan a ser violentos. A todos los trabajadores de Lider les hacen una inducción que yo le llamo abducción y les enseñan un método de trabajo donde no existe un respeto a las personas. Existe una idea muy distinta de lo que es moralidad. Si los jefes no tienen respeto por sus subalternos es obvio que éste tampoco lo va a tener, lo que genera un círculo vicioso. Los guardias tienen un comportamiento poco ético. Ellos están más preocupados de vigilar a los trabajadores que a los clientes".
Si este trato es vejatorio, peor aún es el reservado a los mecheros (ladrones de supermercados). "Hay un caso que no ha sido denunciado, pero que captaron las cámaras del local de Plaza Vespucio. Ahí, los guardias le dieron una brutal paliza a un ladrón. Además, aunque la ley no se los permite, ellos usan varillas retráctiles como las de Carabineros, que esconden en los bolsillos", denuncia otro empleado de Lider.
Aparte de estos problemas, las denuncias en contra de Díaz apuntan a que los seguimientos, escuchas y presiones laborales estarían dirigidos a beneficiar a empresas de seguridad y camaradas de armas.

Ladino y Sucio
Un oficial de inteligencia en servicio activo, que conoce toda la carrera de Díaz en el Ejército, recuerda que el sobrenombre ‘Harry el sucio', en alusión a la película protagonizada por Clint Eastwood, no se lo ganó por ser un tipo violento, como el personaje del filme, "sino porque era realmente sucio y ladino en su manera de relacionarse. Si algo lo caracterizaba es que era engreído, siempre trataba de obtener algún beneficio, en cualquier momento te podía clavar un puñal por la espalda, pero sobre todo era muy hábil para estar cerca de los jefes. Con ellos sí se relacionaba bien", cuenta. Otro funcionario de inteligencia agrega que, como Díaz estaba a cargo del Departamento Administrativo Logístico de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, encargado de entregar los recursos económicos, su actuar rayaba en la corrupción. "Si necesitábamos dinero para una operación, todo debía pasar por él, y uno sentía que si le entregaba una parte del dinero tenía más posibilidades de llevar a cabo los trabajos", asegura.
LND se comunicó con Extend, la empresa de relaciones públicas a cargo de D&S, para obtener la versión de la empresa. Al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
Tal como en los mejores años de los ochenta, Sergio Díaz mantendría todo el control. La pregunta es si logrará seguir imponiendo su estilo, si se materializa la inminente fusión entre D&S y Falabella.

El Prontuario de ‘Harry' y Corbalán
La condena sobre Sergio Díaz (originalmente de diez años y luego rebajada por la Corte Suprema a cuatro) es por la desaparición del electricista del PC Luis Rivera Matus en noviembre de 1975. El caso fue especialmente polémico debido a que, según los testimonios de la Mesa de Diálogo, el cuerpo de Rivera había sido lanzado al mar. Sin embargo, en 2002 se confirmó el hallazgo de restos óseos de su cuerpo en el Fuerte Arteaga del Ejército, en Colina. A partir de ese momento, la Mesa de Diálogo perdió peso y dividió los ánimos.
Actualmente, Díaz también se encuentra procesado, junto a Álvaro Corbalán, por el crimen del militante del PC Ricardo Weibel, el 5 de diciembre de 1975. Según los testimonios de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ese día "detuvieron a Ricardo Weibel Navarrete, siendo conducido hasta la Base Aérea de Colina, lugar desde donde habría sido sacado, junto a otros detenidos, para ser muerto en los terrenos militares de Peldehue".
Los otros dos procesamientos pendientes en contra de Díaz son por los casos de los militantes del PC Luis Moraga Cruz y Ricardo González Espinoza, detenidos el 20 de octubre y el 4 de diciembre de 1975, respectivamente. Sin embargo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Eduardo Fuentes Belmar ha logrado avances notables en la investigación de la desaparición de Víctor Vega Riquelme, también del PC, ocurrida entre fines de 1975 y principios de 1976. Según los testimonios recabados, nuevamente fueron Corbalán y ‘Harry el sucio' quienes lo sacaron del último centro de detención donde se le vio con vida.

Patricia Silva, directora del Trabajo
"La ley no permite trato policial a los trabajadores". Según el documento de la Dirección del Trabajo ‘Sociedades comerciales bajo la marca Lider con denuncia por hostigamiento 2007', este año fueron presentadas numerosas denuncias en 23 locales de Lider a lo largo de Chile. La directora de ese organismo contralor, Patricia Silva, afirma que es poco común recibir denuncias de este tipo.

¿La ley protege al trabajador frente al hostigamiento?
No. Nuestra legislación regula poco el hostigamiento relacionado con el maltrato sicológico que afecta la honra, la intimidad y el honor de las personas. En general es poco denunciado, porque se debe tener en cuenta que el hostigamiento es una denuncia que se hace cuando el trabajador tiene una relación laboral vigente. Por ende, no cuenta con fuero.

¿En qué sectores se da más este tipo de trato?
En el sector servicios, y dentro de éste los supermercados y bancos son preponderantes. Nosotros hemos emitido dictámenes tendientes a regular el control extremo y policial. En ningún caso la ley permite un trato prepolicial o preinvestigativo. Los trabajadores pueden denunciar con reserva de identidad.

28 de octubre de 2007
©la nación
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cinco fallos paradigmáticos


Condenan a represores de Pinochet. La cúpula de la policía secreta, dos coroneles retirados y varios carabineros fueron inculpados en distintos casos de derechos humanos.
Santiago, Chile. La Justicia chilena avanzó en cinco casos paradigmáticos de la represión de la dictadura pinochetista. El juez Alejandro Solís sumó una nueva acusación por el atentado contra el general Carlos Prats y su mujer, y responsabilizó a toda la cúpula de la DINA –la policía secreta del régimen de facto– por el asesinato de un joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge D'Orival. Además, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra un coronel retirado por el secuestro y fusilamiento de tres trabajadores de la empresa textil Sumar. Los otros dos casos son por la desaparición de militantes de izquierda detenidos en recintos militares en el interior del país, el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y Los Queñes.
El atentado contra Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, no sólo es un caso paradigmático de la dureza de la dictadura de Augusto Pinochet, sino también de la coordinación entre los regímenes de facto de la región, más conocida como el Plan Cóndor. El comandante en jefe del Ejército de Salvador Allende fue asesinado en Buenos Aires en septiembre de 1974, cuando una bomba explotó debajo de su auto. Ayer el juez Solís acusó al coronel retirado Juan Morales por el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado. Según su fallo, Morales habría participado junto con la cúpula de la DINA en el planeamiento del atentado. Esto viene a reforzar la acusación que dictó a principio de año contra la entonces mano derecha de Pinochet, el general Manuel Contreras, y los agentes civiles de la DINA que se ocuparon de construir y colocar la bomba.
Paralelamente, Solís dictó sentencia en otro caso que involucra a los máximos jefes de la policía secreta de Pinochet. Se trata del secuestro y desaparición de Jorge D'Orival, un estudiante de Veterinaria y militante del MIR de sólo 26 años. El objetivo en realidad era su hermano Agustín, un importante dirigente de la agrupación. Para llegar a él, Osvaldo Romo Mena, considerado el agente más cruel y sanguinario de la DINA, lo secuestró de su casa y lo pasó de un centro clandestino a otro. Después de semanas de torturas, Romo Mena lo llevó de vuelta a su casa para que su madre lo viera y se quebrara.
Los agentes de la DINA pasaron dos días con la familia intentando sacarles una confesión que nunca llegó. Mientras tanto, se volvieron a llevar a Jorge y hasta hoy sigue desaparecido. Los testimonios de su madre, su esposa y algunos de sus compañeros en los centros clandestinos de detención lograron demostrar que la orden vino directamente de la cúpula de la policía secreta. Por eso, Contreras sumó una nueva condena de 15 años de cárcel. Además, Solís sentenció a 10 y cinco años de prisión a los agentes civiles que participaron en el grupo de tareas de Romo Mena y ayudaron en el secuestro del joven mirista y la coerción a su familia.
El tercer caso que logró, después de muchos años, un cierre fue el de la represión de los trabajadores de la textil Sumar. El proceso es emblemático porque fue una de las primeras historias de persecución sindical documentada en el informe Rettig de los noventa. La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena de 12 años de cárcel contra el coronel retirado Hernán Ovalle Hidalgo por el asesinato de Ofelia Villarroel Latín, el ciudadano boliviano Donato Quispe Choque y Adrián Sepúlveda Farías, apenas doce días después del golpe de Estado de 1973. La empresa había sido intervenida por los militares el día siguiente del levantamiento de Pinochet. A partir de ese momento, todos los trabajadores eran formados al llegar y los clasificaban según su "peligrosidad". En esta categoría entraron las tres víctimas y los principales dirigentes sindicales.
Los últimos dos casos se consideran importantes históricamente porque demostraron la red de desinformación que dirigió la dictadura. Una de estas historias es la de los socialistas William Millar y Jorge Marín. Los dos jóvenes fueron convocados, poco después del golpe, para cumplir con el servicio militar. Decenas de testigos los vieron presentarse en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, feudo militar del norte chileno. Lo que sucedió después no se sabe bien. Algunos sobrevivientes dicen que fueron torturados y fusilados en el mismo predio, y por eso, el juez Joaquín Billard procesó ayer por primera vez al ex comandante del regimiento y a un carabinero que trabajaba junto a él como autores de los secuestros.
La Corte de Apelaciones de Rancagua, por su parte, también procesó a un grupo de carabineros por el asesinato de dos comandantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las principales guerrillas de aquella época. Raúl Pellegrín Friedman y Cecilia Magni fueron detenidos después de un intento fallido de tomar el retén Los Queñes en 1988. Varios días después, los carabineros informaron que los detenidos habían intentado fugarse, obligándolos a detenerlos a tiros. Ayer el tribunal desechó la versión oficial y dictaminó que los militantes habían sido fusilados.

25 de octubre de 2007
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interrogarán a stange


Corte ordena interrogar a Rodolfo Stange por muerte de frentistas.
Ministro en visita deberá tomar declaración indagatoria al ex integrante de la Junta Militar de Pinochet y ex senador de la UDI por la muerte de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, dos de los frentistas que asaltaron retén de Los Queñes en 1988. Además, el tribunal de alzada sometió a proceso a dos carabineros en retiro como autores de homicidio calificado.
La Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó al ministro en visita Raúl Mera interrogar a al ex general director de Carabineros, Rodolfo Stange, en la investigación por los homicidios de los frentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, muertos tras atacar el retén precordillerano de Los Queñes en octubre de 1988.
En la misma resolución, el tribunal de alzada rancagüino decidió someter a proceso a los carabineros en retiro Julio Verne Acosta Chavez y Carlos Mauricio Acosta Chavez como autores de los delitos de homicidio calificado del ‘Comandante José Miguel' y ‘Tamara', como eran conocidos los dos jefes frentistas.
Luego del asalto del 21 de octubre de 1988 al retén de Los Queñes, donde murió abatido un carabinero, los cuerpos de ambos frentistas aparecieron el 28 y 31 de octubre 1988, en el río Tinguiririca, con evidentes signos de haber sido torturados antes de ser ejecutados, de acuerdo a lo que estableció la Comisión Rettig.
Con lo resuelto por la corte rancagüina, se revocó el dictamen emitido por el ministro Mera, quien había ordenado el cierre de la investigación por decimonovena vez y sobreseer temporalmente la causa.
En el dictamen se acogió la tesis de la responsabilidad de mando, porque el momento de los crímenes Stange era el general director de Carabineros, e integraba en tal condición la Junta Militar de Augusto Pinochet entre 1985 y 1990. Luego, mantuvo su cargo hasta octubre de 1995, provocando una polémica con el gobierno de Eduardo Frei al negarse a abandonar la institución. En 1997, fue elegido senador de la Unión Demócrata Independiente por la Décima Región, en el período que finalizó el 11 de marzo de 2006.

Otras Medidas
Asimismo, la resolución redactada por el ex juez del Caso Coimas, Carlos Aránguiz, sugiere al ministro en visita "estudiar los antecedentes acumulados para determinar la factibilidad de hacer efectiva la responsabilidad penal de Walter Soto Medina (Coronel de Carabineros y Prefecto de Colchagua al momento de los crímenes), Juan Ernesto Rivera Iratchet (mayor de Carabineros y comisario de San Fernando) y Manuel Osvaldo Espinoza Castro (Teniente a cargo del personal del OS 4 dispuesto desde Santiago)".
Además, le ordenan profundizar la investigación en "lo relativo a la veracidad de los informes oficiales extendidos a raíz de tales hechos", develar quiénes integraron realmente los contingentes policiales que tuvieron relación con el caso para "determinar la responsabilidad que pueda asistirles en alguna calidad de partícipes en tales ilícitos", entre otras disposiciones.

23 de octubre de 2007
©la nación
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