chile

contreras, quince años más

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Dictan nueva condena a 15 años contra Manuel Contreras.

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El juez Alejandro Solís condenó a quince años de prisión al general (R) Manuel Contreras, ex jefe de la disuelta DINA, como autor del secuestro y desaparición del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Herbit Ríos Soto.
El fallo de primera instancia sentencia además a penas de prisión a otros ocho ex miembros del aparato represivo de la dictadura pinochetista. El ex brigadier Miguel Krassnoff Marchenk fue condenado también a quince años de presidio, mientras los ex oficiales Pedro Espinoza Bravo, Fernando Laureani Maturana, Marcelo Morén Brito, Rolf Wenderoth Pozo, al ex suboficial Basclay Zapata Reyes, y al civil Osvaldo Romo MENA enfrentan una condena de diez años y un día.
En tanto, a cinco años fue sentenciado el ex teniente coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima, mientras el ex coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán fue absuelto.
Herbit Ríos Soto, licenciado de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, fue secuestrado por agentes de la DINA el 3 de enero de 1975 y tras pasar por varios centros de tortura, fue hecho desaparecer.
Contreras cumple actualmente varias otras condenas a 15 años de prisión por las desapariciones del sastre Miguel Ángel Sandoval, la periodista Diana Aarón, el ingeniero Eugenio Monti y su esposa Carmen Díaz Darricarrere, también miembros del MIR.
El pasado 31 de enero fue condenado a diez años por la desaparición de tres militantes del Partido Comunista y el 19 de diciembre a una pena similar por la desaparición de los militantes del MIR Cecilia Bojavic y Flavio Oyarzún.
Anteriormente había sido condenado por los secuestros y desaparición de los ciclistas Luis Guajardo y Sergio Tormen, este último campeón chileno y panamericano de ese deporte.

30 de marzo de 2007
©la nación

confirman pena en caso joan alsina

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Derechos humanos: Confirman condena a coronel (r) por muerte de Joan Alsina.

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En el dictamen que reafirma el fallo de primera instancia del juez Jorge Zepeda, la Corte de Apelaciones consideró la muerte del sacerdote español como "un delito de lesa humanidad", al que corresponde aplicar normas del derecho internacional.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy la condena a cinco años y un día de prisión al coronel (R) del Ejército, Donato López Almarza, por el asesinato del sacerdote católico español Joan Alsina Hurtos, perpetrado días después del golpe militar de 1973.
La sentencia del tribunal de alzada reafirma el fallo de primera instancia en el caso dictado por el juez Jorge Zepeda, a cargo de la causa contra López Almarza, a quien imputó el cargo de homicidio calificado.
En su dictamen, la Corte consideró el caso como "un delito de lesa humanidad", al que corresponde aplicar normas del derecho internacional.
El mayor (R) López –único sobreviviente de la patrulla que dio muerte a Joan Alsina- comandaba un destacamento del Regimiento Yungay de San Felipe que viajó a Santiago para reforzar las acciones militares de las primeras semanas de la dictadura.
Alsina fue detenido por efectivos de ese regimiento en el Hospital San Juan de Dios, donde trabajaba, quienes lo trasladaron hasta el Internado Nacional Barros Arana (INBA) en Quinta Normal. En ese liceo, el personal del Yungay tenía su campamento y allí se mantuvo por esos días a un número indeterminado de detenidos.
El 19 de septiembre, tras haber sido torturado, fue llevado al Puente Bulnes, sobre el río Mapocho, donde, por orden de López Almarza, un recluta de 18 años, Nelson Bañados, le disparó siete balazos desde corta distancia.
Días después el cadáver de Alsina fue encontrado aguas abajo y las autoridades militares afirmaron que se trataba de un "terrorista" que había muerto en un enfrentamiento con una patrulla.
Al momento de su muerte, el sacerdote pidió al recluta Bañados que no le vendara los ojos, para poder bendecirlo y darle el perdón, según confesó el propio recluta al sacerdote Miguel Llodrá, que investigó personalmente la historia del cura Alsina.
Bañados ratificó después la versión en el juicio por el asesinato y tiempo después, agobiado por los remordimientos, se suicidó.
También murió el coronel Mario Caravés, que como capitán comandó la patrulla que detuvo al sacerdote, lo torturó y después lo condujo al puente.

Relato del Soldado
En los expedientes se consigna la declaración del soldado que disparó al sacerdote español: "Al llegar al Puente Bulnes mi capitán frenó (López). Yo me bajé como lo hacía con cada uno de los que fusilaba y saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos. Pero Juan me dijo ‘por favor, no me pongas la venda, mátame de frente, porque quiero verte para darte el perdón'. Fue muy rápido. Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto con las manos, las puso sobre su corazón, movió los labios como si estuviera rezando y dijo ‘Padre, perdónalos'. Yo le disparé la ráfaga y cayó al tiro. Quería dispararle con la pistola, pero lo hice con la metralleta para que fuera más rápido. El impacto fue tan fuerte que volteó su cuerpo y prácticamente cayó solo al Mapocho, yo tuve que darle un empujoncito no más. Otros a veces caían al piso del puente y había que levantarlos y echarlos al río. Eran las diez de la noche y de este fusilamiento no me voy a olvidar nunca más".

30 de marzo de 2007
©la nación

piden pena máxima para asesinos

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[Soraya Rodríguez] Las víctimas que inspiran el Día del Joven Combatiente. Piden máxima pena para asesinos de hermanos Vergara.

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Tras ser notificados ayer de los cargos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, por los hechos ocurridos el 29 de marzo de 1985, los abogados de los cuatro carabineros inculpados cuentan con 10 días para responder la acusación.
Los abogados de la familia solicitarán la pena máxima, esto es 20 años de presidio efectivo, para los cuatro carabineros que asesinaron a Eduardo y Rafael Vergara Toledo el 29 de marzo de 1985.
Ayer, después de seis meses de haber dictado la acusación en su contra, el ministro de fuero Carlos Gajardo notificó a los abogados de los inculpados por homicidio calificado, con premeditación y alevosía.
Tres de los cuatro carabineros implicados en los hechos, Alex Ambler Hinojosa (teniente a cargo de la patrulla), Francisco Toledo Puente y Jorge Marín Jiménez, todos en retiro, cuentan con la representación de Mauricio Unda, contratado para estos efectos por Carabineros de Chile. En tanto, el cuarto acusado y el único funcionario activo de la institución, Mauricio Muñoz Cifuentes, tiene abogado particular.
Los profesionales cuentan, en principio, con 10 días para responder la acusación, los que se podrían alargar por igual período. Así, en la primera quincena de abril debería realizarse el plenario, para, luego dictar sentencia.
La muerte de los hermanos Vergara Toledo que inspiran el Día del Joven Combatiente que se conmemoró ayer, no fue un hecho aislado. Entre el 29 y el 30 de marzo de 1985 fueron asesinadas en Santiago seis personas: Eduardo y Rafael Vergara Toledo, Paulina Aguirre, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
Los hechos registrados en un período de nuestra historia reciente, marcada por la represión de la dictadura y el intento de avance de los sectores más confrontacionales de la izquierda, tuvieron a los jóvenes en el centro de la escena y también como sus principales víctimas. En febrero de ese año fue asesinado el joven militante socialista Carlos Godoy Echegoyen, en abril el estudiante de ingeniería de 18 años, Oscar Fuentes, el 29 de marzo Eduardo (20) y Rafael (18) Vergara Toledo y Paulina Aguirre (20).

Una Joven en la Lista
Paulina Aguirre (también militante del MIR) fue asesinada por agentes de la CNI, en El Arrayán, a sólo dos horas de la muerte de los hermanos Vergara Toledo; pero a diferencia de la causa abierta por el doble homicidio de Villa Francia, en su caso hace tres años fueron procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI, por entonces al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y de José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias ‘El Paco Aravena'; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño.
Como era costumbre en ese tiempo, los agentes intentaron disfrazar el crimen como un "enfrentamiento", pero las confesiones de dos de los participantes confirmaron que Soto Duarte fue quien disparó contra la muchacha, provocándole la muerte inmediata, pero Astudillo Adonis y Andrade Gómez le siguieron disparando.
En recuerdo de la joven, sus amigos organizaron un acto en la sede de la FECH.

Un Trébol
También los amigos y familiares de Parada, Nattino y Guerrero convocaron para este sábado, a partir de las 16 horas, en la antigua sede del Colegio Latinoamericano de Integración (Los Leones con El Vergel) a un acto denominado ‘Con Memoria y Alegría, Adelante por la Vida'.
El sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada y el profesor Manuel Guerrero, fueron secuestrados desde las puertas del establecimiento por efectivos de Carabineros y sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, degollados, junto al del publicista y también militante comunista, Santiago Nattino.
"La jornada tiene el propósito de unir a distintas generaciones en un ejercicio de memoria social comprometida con el Nunca Más, desde la celebración del compromiso por la vida, la pasión por la justicia, la libertad y la creatividad que nos legaron los Manueles y don Santiago", expresó Manuel Guerrero (hijo) en la convocatoria.

El Mejor Homenaje de Sus Vecinos
Múltiples dudas persisten en el homicidio del estudiante de historia del ex Pedagógico Eduardo (Palomo) Vergara Toledo y su hermano, el "comprometido cristiano" Rafael. Una de las principales dice relación con las afirmaciones de testigos de lo sucedido esa noche del 29 de marzo de 1985, pasadas las 19 horas: ellos dicen haber visto agentes de la CNI en el sector.
Los vecinos sabían de la búsqueda de los jóvenes por parte del organismo represor. El 18 de marzo de 1984 fue allanada la casa de la familia y se llevaron a Pablo detenido. Según denunció la madre, entonces, "fuimos sindicados por la prensa como delincuentes y se dijo que nuestra casa era una casa de seguridad".
Desde entonces, la comunidad de Villa Francia ha visto cada año cómo se les estereotipa y deben, en esta fecha refugiarse en sus hogares. Así lo dijo ante Radio Cooperativa el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Estación Central, Yuri Hernández, quien aseguró que los violentistas son solamente pequeños grupos minoritarios.
Afirmó que el 29 de marzo, ‘Día del Joven Combatiente', "recuerda un episodio muy oscuro de nuestra historia, y que creo que no representa para nada lo que es un homenaje a la muerte de estos dos jóvenes vecinos de Estación Central", por eso llamó a "los vecinos a recuperar los espacios públicos".
"El mejor homenaje que se les puede hacer a los hermanos Vergara Toledo es trabajar con los niños, es trabajar con la juventud, es trabajar en forma sana, por la vida", sentenció el funcionario municipal, estudiante de Derecho y dirigente vecinal.

30 de marzo de 2007
©la nación

homenaje a socialistas asesinados

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Centro Verdad y Justicia rendirá homenaje a tres socialistas desaparecidos en ex Villa Grimaldi.

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Con un acto conmemorativo, el centro Verdad y Justicia rendirá el próximo domingo a las 11 hrs. un homenaje a tres jóvenes socialistas detenidos desaparecidos durante la dictadura en El Parque por La Paz (ex Villa Grimaldi) ubicado en José Arrieta 8.401 Peñalolén
Juan Hernández (23), Luis Muñoz (28) y Manuel Tamayo (25) eran militantes socialistas que viajaron a Argentina en el año 1975 por razones políticas y fueron detenidos en la ciudad de Mendoza en Abril del año 1976 y traídos a Chile por los organismos de seguridad de la época y llevados a Villa Grimaldi.
Además de este homenaje y al igual que todos los años, el Centro Verdad y Justicia entregará un reconocimiento a quienes han sido ejemplo de vida en la defensa de los DDHH.
En esta oportunidad, el periodista Juan Pablo Cárdenas recibirá esta distinción, por su valentía en la denuncia de actos de lesa humanidad.
Mientras el presidente del Partido Socialista y senador, Camilo Escalona, presidirá el acto.
También habrá una presentación artística a cargo de la Compañía ‘Danza Espiral' la que desarrollará el poema coreográfico ‘A pesar de Todo' de Patricio Bunster con música Víctor Jara.

30 de marzo de 2007
©la nación

los derechos de los discapacitados

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[Leyla Ramírez] Chile suscribe hoy primer tratado de DDHH del siglo XXI. Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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La ministra de Planificación, Clarissa Hardy, firmará hoy en el salón plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas este importante acuerdo, cuyos principales lineamientos -que deben ser ratificados por el Congreso chileno- ya están contenidos en la nueva Ley de Discapacidad que se tramita en el Parlamento.
Desde hoy, y tras la firma de representantes de 20 países –entre ellos, la ministra de Planificación de Chile, Clarissa Hardy-, entra en vigencia el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI: la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El texto aprobado es fruto del consenso alcanzado por 192 países miembros de la ONU y tiene como propósito promover, proteger y garantizar "el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos" de unos 650 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo (10% de la población) y más de dos millones de chilenos, según el Primer Estudio Nacional de Discapacidad, realizado el 2004.
Desde Washington, la ministra de Planificación, Clarissa Hardy, explicó a La Nación que este protocolo es fruto de una discusión global que se inició en 2002 y que en Chile contó con la activa colaboración de la sociedad civil.
Hardy destacó no sólo que nuestro país haya sido uno de los principales impulsores de esta convención, sino que se haya adelantado a la ratificación del tratado internacional en el Congreso -con lo que adquiere rango de ley- a través de la creación de una nueva ley de discapacidad. "Cuando un país suscribe esta convención, se debe ratificar en el Parlamento, tras lo cual el país está obligado a adecuar sus legislaciones para cumplir con los lineamientos de la convención. Nosotros nos anticipamos a esta fase, cuando el gobierno envió al Parlamento, en octubre de 2006, un proyecto para sustituir la actual ley de discapacidad, que incluye gran parte de los lineamientos de esta convención", dijo.
Dicho proyecto -que actualmente está en comisión- debiera a entrar a la sala en mayo, según Hardy, y ser ley antes de finalizar el 2007.
La nueva ley de discapacidad incluirá cambios en materia laboral (cuotas de empleo en trabajo público y subsidios sin tope de edad para contratación de personas con discapacidad), educación (subvenciones especiales), accesos y movilidad (no se aprobarán proyectos que no incorporen accesos para la circulación de personas con discapacidad) y discriminación, ya que por primera vez se multará a quienes pasen a llevar los derechos de estas personas.
"Hace 10 días, además, le enviamos una petición al directorio de TVN para que se adelante a la ley, como televisión pública, e incluyan el sistema 'close caption' (subtítulos) para que las personas sordas puedan disfrutar e informarse en este medio masivo de comunicación", adelantó la ministra.
De hecho, en la convención se incluyen derechos fundamentales, como la accesibilidad al entorno construido y a la información, la libertad de desplazamiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, todo ello basado en los principios de igualdad y no discriminación.

"Ficha de Protección Social No Quitará Beneficios a Nadie"
La secretaria ejecutiva de Protección Social del Mideplan, Verónica Silva, informó ayer que si bien la meta de su cartera es tener, al 30 de abril, cerca de un millón y medio de familias encuestadas con la nueva Ficha de Protección Social, los sondeos se continuarán aplicando en forma regular desde mayo a otros grupos familiares, incluyendo a todas aquéllos que viven en ciudades y que tienen más de 600 puntos. "Hasta abril se encuestarán a todas las familias rurales con CAS, más todas las urbanas con puntajes iguales o menores a 600 puntos. Nuestra meta es terminar primero el proceso masivo, pero en mayo éste sigue encuestando a otras familias. Lo que la gente tiene que tener claro es que nadie va a perder beneficios", aclaró.

30 de marzo de 2007
©la nación

devolverán libros a perú

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Perú considera "gran gesto de paz" anuncio chileno de devolver libros.

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Lima, Perú. El director de la Biblioteca Nacional de Perú, Hugo Neyra, consideró hoy como "una gran gesto de paz" la decisión de las autoridades chilenas de devolver a Lima miles de libros tomados durante la llamada Guerra del Pacífico (1879-1884).
"Es gran gesto de paz, una gran noticia, para ellos y para nosotros, la política se hace así, con gestos simbólicos," señaló Neyra al canal N de la televisión por cable local.
El director de la Biblioteca Nacional indicó que está "muy contento" por el anuncio, hecho hoy por la directora de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) de Chile, Nivia Palma.
La funcionaria explicó que los libros serán "miles" y que las autoridades chilenas tienen "la voluntad decidida de devolver estos materiales, que le pertenecen a la comunidad de Perú".
Neyra consideró que esa tarea tardará porque "los chilenos son muy formales" para cumplir los trámites y que cuando los libros lleguen a Perú serán exhibidos para que los peruanos puedan apreciarlos porque tienen "un valor incalculable".
Palma dijo hoy que las autoridades chilenas están inventariando los libros y remarcó que no se entregarán detalles ni cifras exactas de estos hasta que la decisión sea comunicada formalmente a las autoridades peruanas.
Advirtió, no obstante, que hay muchos mitos entre intelectuales en torno a la cifra de los libros y descartó de plano que éstos lleguen a 50.000, como afirmó la semana pasada el poeta chileno Raúl Zurita.

30 de marzo de 2007
©emol

origen del día del joven combatiente

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El caso que originó el Día del Joven Combatiente.

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A las 19:45 horas del 29 de marzo en 1985 dos hermanos de 18 y 20 años murieron en las cercanías de Villa Francia, en el sector de Las Rejas con 5 de abril, en la comuna de Estación Central.
Rafael y Eduardo Vergara Toledo perdían la vida a manos de agentes del estado. Se trataba de dos jóvenes pertenecientes a la célula de propaganda armada del MIR, que sin quererlo se transformaron en el motivo que hizo nacer el Día del Joven Combatiente.
El 30 de septiembre de 2003 la Corte Suprema remitió su caso al entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Sergio Muñoz, luego que en más de 20 años la Segunda Fiscalía Militar de Santiago no aclarara la muerte de los dos jóvenes.
El 9 de abril de 2005, el magistrado emitió un informe tras medio centenar de interrogatorios a testigos e inculpados y en el cual concluye que los dos jóvenes fueron asesinados por funcionarios policiales, tesis que también incluye el Informe Rettig de 1991.
En su investigación, el juez Muñoz a cargo de la causa que hoy lleva Carlos Gajardo, constató que la policía uniformada hizo un hostigamiento constante a la familia Vergara Toledo que incluyó detenciones, allanamientos y seguimientos a los padres.
Respecto al 29 de marzo, las pericias indican que ese día los hermanos militantes del MIR decidieron asaltar una panadería ubicada en Avenida 5 de Abril con Las Rejas, junto a otros cuatro jóvenes.
Sin embargo, el robo nunca se realizó porque fueron interceptados por carabineros de la tenencia Alessandri, comandados por el teniente Alex Ambler Hinojosa.
En calle Miguel de Cervantes, los efectivos divisaron a los jóvenes y comienza la persecución. Rafael y Eduardo son interceptados por el oficial Marcelo Muñoz Cifuentes y el cabo segundo Jorge Marín Jiménez que portan una subametralladora UZI y un revólver. Frente al block 972-C resuenan detonaciones.
El primer efectivo es impactado en el pecho, mientras que Rafael queda grave. Su hermano ya está muerto. Fue en ese minuto, de acuerdo a la investigación, cuando el joven sobreviviente intenta abrazar a su hermano y estando ya desarmado es golpeado en el rostro con la culata de un fusil. Los efectivos lo suben al furgón policial donde recibe un disparo en la nuca, que le ocasionó la muerte.
A continuación el cuerpo de Rafael fue colocado en la calle junto al de su hermano Eduardo. Las versiones de prensa, así como la justicia militar, afirmaban que el cabo Muñoz había sido herido por los jóvenes y que el enfrentamiento ocurrió después del asalto a la panadería.
En su informe, Muñoz hace notar que el mismo día del crimen de los hermanos Vergara, murió también Paulina Aguirre Tobar en El Arrayán en un presunto enfrentamiento, en tanto que en horas de la mañana fueron secuestrados José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, quienes fueron degollados al día siguiente.
Por los hechos se encuentran procesados el teniente (R) Alex Ambler Hinojosa y los suboficiales (R) Marcelo Muñoz Cifuentes, Francisco Toledo Puente y Jorge Marín Jiménez.
El ministro en visita Carlos Gajardo cerró el sumario el 17 de noviembre último, por lo que ahora se encuentran pendientes las condenas y las peticiones de libertad bajo fianza presentadas por las defensas de los inculpados.

29 de marzo de 2007
©la tercera

juez estuvo casada con oficial

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[Andrés López Vergara] Jueza que investiga lanzamiento de cuerpos al mar estuvo casada con oficial del Ejército. Abogados querellantes estudian presentar una recusación en su contra.

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La magistrada Rosa María Pinto procesó el pasado martes a dos suboficiales por la exhumación ilegal en Calama de 26 ejecutados de la Caravana de la Muerte, pero no encausó al general (R) Miguel Trincado, sindicado como el oficial a cargo del operativo.
Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.
En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.
La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército.

Procesamientos
El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.
Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.
Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.
"Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda", dijo el abogado.
Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.
Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.

Un Problema Llamado Trincado
Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de Trincado.
En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura militar.
Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que "ablandara" el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.
Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las aguas al interior de la policía civil durante un tiempo.

29 de marzo de 2007
©la nación