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descubren oro de dictador 1


[A. Chaparro S./J. Molina S.] Encuentran en Hong Kong más de mil lingotes de oro a nombre de Pinochet. De acuerdo a las primeras estimaciones superan los 180 millones de dólares.
El metal precioso está guardado a nombre del ex dictador. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ayer un escrito para que el ministro a cargo pueda decretar medidas cautelares sobre estos bienes.
Una reservada gestión realizó ayer el Consejo de Defensa del Estado (CDE) luego que fueran descubiertos más de mil lingotes de oro que Augusto Pinochet mantenía guardados en un banco de Hong Kong por una suma que se calcula llega a los 180 millones de dólares.
El metal precioso estaba en las bodegas de una entidad financiera de la ciudad asiática a nombre del propio Pinochet y no había aparecido hasta ahora ni en la indagatoria del llamado caso Riggs en Chile, como tampoco en la investigación que realizó en 2004 el Senado de los Estados Unidos.
Según las fuentes consultadas por La Nación, el escrito del organismo fiscal solicitó al tribunal que remitiera los antecedentes sobre la aparición del oro en Hong Kong a la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones.
La información también es publicada esta mañana por el diario El Mercurio donde se afirma que los lingotes, que alcanzan 9 mil kilos, fueron ubicados en el Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC).
El medio cita al "gerente de asuntos externos de Hong Kong", Garet Hewett, quien optó por responder con un "sin comentarios" para luego señalar que no está en condiciones de "confirmar ni desmentir" los antecedentes.
En ese tribunal continúa pendiente la implicancia presentada por el abogado Pablo Rodríguez -defensor de Pinochet- en contra del ministro de fuero Carlos Cerda, recurso que busca alejarlo permanentemente de la sustanciación del proceso.
Junto a la mencionada acción judicial, se tramita paralelamente una orden de no innovar (ONI) que al haber sido acogida por el tribunal de alzada, mantiene a la causa sin movimiento y al juez instructor que reemplaza a Cerda, sin la posibilidad de decretar diligencias. De esta manera, la estrategia judicial del CDE es modificar esa medida para que el tribunal actúe sin trabas.
De acuerdo con los antecedentes recabados por este diario, el oficio del CDE busca que se decreten medidas cautelares sobre el metal y evitar así que tanto Pinochet, como su defensa -o bien abogados que pudiera haber contratado en Hong Kong-, puedan retirarlos y perderles así el rastro.
Por esta razón para el CDE es importante que la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino levante la ONI.
La idea es que no suceda lo mismo que con los fondos que Óscar Aitken, el ex albacea de Pinochet, guardaba en Suiza. Las autoridades del país helvético declinaron iniciar una investigación y retener los dineros del Aitken y por el contrario le entregaron los poco más de tres millones de dólares que depositó hace algunos años.

Primer Metal, Más Dinero
Desde que en 2004 el Senado de Estados Unidos dio a conocer la investigación que reveló la telaraña de cuentas y empresas en paraísos fiscales y bancos de Europa que mantuvo Pinochet y su familia, nunca se habló ni escuchó de la existencia de oro, otros metales preciosos o joyas.
Así, el ex dictador agrega otra danza de millones de dólares a los casi 33 que ha comprobado tanto la justicia como el CDE y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Hasta ahora no hay claridad respecto en qué suma quedará la fortuna ilícita del ex dictador, aunque bien se podría especular respecto del origen del metal precioso. O fue comprado en el extranjero o bien pudo haber salido de las arcas fiscales una vez que condujo el golpe militar de 1973.
En cualquier caso, la aparición de estos más de mil lingotes abre una nueva veta de misterio no sólo sobre el origen de los mismos, sino respecto a quién fue el operador con el banco asiático, en momentos en que el caso Riggs perdía notoriedad pública.

Corte Ya Acogió Otra Orden de No Innovar
La batería de recursos que han anunciado las defensas del caso Riggs para mantener marginado al juez Cerda de la causa, continúan tramitándose en distintas salas de la Corte de Apelaciones de Santiago. Así, aunque el ministro ‘gane' la primera implicancia que presentó en su contra el abogado Pablo Rodríguez, deberá enfrentar otros incidentes.
La sala acogió en septiembre otra orden de no innovar. Esta vez por la resolución que dispuso la desacumulación de la causa y que permitió cerrar sumario en la arista tributaria y falsificación de pasaportes.
De esta manera, la defensa del ex uniformado adelantó la posibilidad que la Corte deseche la anterior presentación y la nueva ONI mantendría paralizada la investigación.
Pero aunque la Séptima Sala acogió la ONI, no ha podido revisar el recurso de hecho para conceder o negar la apelación a la defensa de Pinochet. Esto, porque el juez Cerda comunicó al tribunal que no informará a la instancia hasta que el pleno resuelva la implicancia que lo alejó del caso.
Aunque esta segunda ONI no tiene efectos inmediatos en el proceso, cobrará importancia si los ministros deciden desechar el incidente original contra el magistrado, ya que impide que el juez pueda realizar actuaciones en las aristas que cerró.
Así, aunque haya decretado el cierre de sumario Cerda no podría acusar debido a que la ONI automáticamente paraliza ambas aristas, lo que en definitiva significaría una nueva traba para retrasar la investigación.
En este mismo asunto, también continúan pendientes la serie de presentaciones que hicieron –tras conocer el cierre parcial del sumario- el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la mayoría de las defensas.
Todos pidieron la reapertura por quedar diligencias pendientes que podrían modificar los montos adeudados por Pinochet, su familia y ex colaboradores.

24 de octubre de 2006
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pedófilos


[L.Ramírez / A.Carmona] Cómo y por qué cientos de chilenos explotan sexualmente a menores de edad.
Los tildan de enfermos. Pero son padres de familia, dulces abuelos o amables vecinos. Ricos y pobres. Jóvenes y viejos. Saben que es un delito. Pero pagan y no obligan nadie, se justifican. Lo grave es que la sociedad los tolera.
"Hay un sujeto, de 70 años, cuya hija sabe que lleva niños a su departamento. Los niños van a lavarle el auto o las alfombras, pero se quedan a dormir. Su hija sabe lo que pasa, pero hace vista gorda y lo toma como un acto caritativo". Seguramente el anciano explotador de menores también se ve asimismo como un buen tipo. Muchos de los explotadores así lo creen: hay una oferta, ellos pagan por un ‘servicio' y su dinero ‘ayuda' a esos ‘pobres chicos' que de todas maneras harían lo que hacen. Porque no obligan a nadie, se justifican.
De hecho la mayoría siente que lo que hacen es legítimo, aunque reconozcan que es contrario a la ley. Lo ven como un negocio. Una transacción entre partes iguales. Ellos ofrecen, nosotros compramos. Pero la realidad indica que siempre es el cliente el que tiene la última palabra. "Un chico puede decir que sólo ofrece francesas (sexo oral), pero cuando va a escena está sometido al poder del adulto. Hay niños que terminan tirados y golpeados. O en vez de un cliente aparecen tres", señala la socióloga de la Universidad Arcis Inés Recca, quien junto a su colega Pabla Ávila y el sicólogo Javier Quintanilla llevan tres años estudiando a quienes demandan comercio sexual infantil en el país.
Casos como el del anciano no abundan, según los investigadores. La mayoría de los explotadores oculta el delito a su familia. Aunque en este tipo de fenómenos no hay generalidad que valga. La gama de personas que pagan por tener sexo con niños es tan amplia como impredecible. Pertenecen a todas las clases sociales. Desde choferes de micro hasta gerentes de empresas, pasando por profesionales, políticos y técnicos. De las más diversas edades. "Aunque la mayoría tiene entre 40 y 50 años y son conservadores, casados y con familias bien constituidas", dice Quintanilla. Los solitarios no faltan. Por eso los expertos cuestionan que se diga que se trata sólo de un un problema de gente enferma. "Creerlo sólo irresponsabiliza a los explotadores y permite que la sociedad reduzca el problema al individuo cuestionado, pese a que se trata de un fenómeno generalizado".

Redes y Facilitadores
En este delito las redes e intermediarios juegan un rol fundamental. Los niños también son víctimas de esas personas. Los "clientes primero buscan en las calles guiados por datos. Cuando el contacto se hace más habitual recurren a intermediarios, como los taxistas, que son sindicados como los principales facilitadores de comercio sexual infantil. Si hay más habitualidad algunos clientes les regalan celulares a los pequeños para tener cierta exclusividad.
En este contexto de transacción económica no son pocos los explotadores que creen que el pago es un gesto de buena voluntad, pues está instalada la idea de que bien podrían no pagar. "Eso coloca a la explotación como una alternativa a la violación".

Los Por Qué
Qué hace que un adulto busque niños para tener sexo. Razones hay varias. En los más jóvenes predominan las relaciones homosexuales. No son gay, pero quieren probar nuevas experiencias. "Muchos buscan experimentar y probar lo atractivo que tiene un cuerpo inocente e ingenuo. Hay una suerte de acción pedagógica. De enseñarle algo nuevo a ese niño". Otros sienten que así establecen una relación sexual sincera. Un adulto -prostituta/o- puede fingir. Un niño, creen, no miente si siente placer o no. Tampoco tienen que rendir cuentas sobre la calidad de su performance.
Quienes prefieren a los más chicos, dicen que lo hacen para protegerse del sida. Pero los expertos indican que tras el deseo de intimar con un menor siempre está la infancia como espacio prohibido, lo que los alienta a sobrepasar los límites. Para el sicólogo el tema es que se ve a los niños como objetos de obediencia y seres asexuales. "Lo último legitima la idea de transgredir ese límite social y no levantar contradicciones por tener sexo con alguien del mismo sexo.
También está la erotización de las niñas. Y eso se nota en el símbolo de la colegiala: una mujer peinada como niñita y que hable como tal es un objeto erótico para los hombres. "Lo que habla de nuestros guiones culturales y tolerancias sobre el tema", dice el sicólogo. No extraña entonces que los explotadores estudiados, al ser consultados por la relación de pareja a la que aspiran digan lo que cualquiera de nosotros: una relación estable, amor, confianza y sexo interesante.

"Un Cliente Tenía un Master en Psicología Infantil"
Cristián Vega, inspector de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile, tiene claro que hay sectores en la capital que son utilizados frecuentemente por aquellos hombres que buscan tener sexo con menores. "El sector norte de la capital es el que más hemos tenido en la mira, de hecho comenzamos una investigación en la zona en el año 2004. Las esquinas de Guanaco con Dorsal sigue siendo súper visitadas por hombres, todos con buena situación económica", dice Vega.
Si bien no puede definir un patrón determinado de cliente, sí puede decir que hay ciertas características comunes que pueden encontrarse en quienes buscan a estos menores: "Yo he visto desde jóvenes hasta adultos de 70 años, pero siempre sobre los 25 años. Tienen un ingreso económico estable".
Vega cuenta que uno de los casos que más lo han sorprendido es el de Isidro Benavides, un hombre que utilizaba niñas para videos pornográficos en la comuna de Conchalí y que hasta un master en psicología infantil tenía. "Parece que hubiese escuchado que Chile era un paraíso de pedófilos", lanza. Benavides vivió cerca de Plaza de Armas, luego arrendó una casa en Huechuraba y organizaba fiestas con menores a las que les pagaba cinco mil pesos. "Hay niñas que reciben hasta 200 ó 500 mil pesos. Ahora está en la cárcel en Argentina, pero tuvimos que ir a declarar a la Corte en Washington, pues es norteamericano y debe ser extraditado".

¿Cómo tomaban esos niños la explotación?
Hablamos de niños solos, con graves problemas en sus casas. Algunos incluso pensaban que él era un tipo bueno, porque los trataba bien. A veces los buscaba en la calle, los llevaba a su casa y después les daba comida. Los niños pensaban que era normal que él siguiera con las orgías.

¿Qué otro tipo de clientes hay?
La mayoría son hombres casados, con estudios, ingenieros, magíster, no eran personas faltas de educación.

¿Cuál es su modo de operar?
En la calle Dorsal con Guanaco, por ejemplo, las niñas van caminando, un sujeto se les acerca y les hacen señas. Generalmente estos sujetos les dan dos mil pesos por el sexo oral y un poco más si hay algo más, pero no hay un precio establecido. Buscan lugares apartados y donde hay menos luz y poco control policial. El sector de La Pirámide, detrás del regimiento de Renca también.

¿Hay grupos o clientes establecidos?
Tras las investigaciones nos hemos percatado que hay muchos taxistas detrás de la explotación sexual infantil. Generalmente son el nexo entre los clientes y los pequeños.

¿Cree que han aumentado los casos?
Si pudiera hacer un diagnóstico, los casos han aumentado y siento que mucha culpa de esto la tiene la pasta base, ya que muchos aceptan la situación para tener dinero y seguir consumiendo droga, aunque sean 500 pesos. Incluso en Conchalí tuvimos un caso de una madre que era consumidora de pasta base y para esto aceptaba que hombres se llevaran a sus dos hijas.

2e de octubre de 2006
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dictador quiere evitar condena


[Jorge Escalante] Pinochet inició batalla decisiva para evitar primera condena. Por los crímenes de Villa Grimaldi que investiga el ministro Solís.

El abogado Pablo Rodríguez intenta sacarlo del proceso por el expediente de la "deteriorada salud mental", lo que podría retardar en un año la primera sentencia en su contra. Querellantes pidieron su procesamiento.
El ex dictador Augusto Pinochet se dispone a librar, por primera vez, una batalla decisiva en tribunales: impedir la primera sentencia en su contra por los crímenes durante su régimen. Si el ministro Alejandro Solís la dicta, pasará a la historia como el primer juez que lo condenó.
Consciente de que ese es el rumbo del proceso por los delitos cometidos con los prisioneros en Villa Grimaldi, además de la reconocida celeridad con que el ministro Solís trabaja, su defensa liderada por el abogado Pablo Rodríguez se juega la carta de sacar a Pinochet de la causa, recurriendo al repetido expediente de la "deteriorada salud mental" del ex jefe superior de la DINA, razón por la que fue desaforado por las cortes en ésta y otras causas en curso.
Es el mismo camino que le dio resultado en el juicio por los asesinados de la Caravana de la Muerte, cuando el 1 de julio de 2002 la Sala Penal de la Corte Suprema sobreseyó definitivamente a Pinochet por "demencia progresiva incurable" y lo sacó del juicio.
Antes, el 9 de julio de 2001, la Sexta Sala de Apelaciones había sobreseído en el caso Caravana a Pinochet, sólo temporalmente.

Nadie Lo Quiere Ver
No obstante, esta vez el ex gobernante de facto y su defensa saben que los tiempos son distintos y las cortes corren en su contra. Una notable mayoría de los magistrados ya no lo respalda, como sí sucedió hace unos años.
Rodríguez pidió el viernes el sobreseimiento definitivo de Pinochet al ministro Solís, y el juez resolvería hoy o mañana. Para ello tendrá a la vista los primeros tests practicados al general (R) en la causa Caravana, como en el proceso por la Operación Colombo. Todo indica que Solís negará la petición, y la defensa recurrirá a la Corte de Apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema mediante una casación.

¿Y Si Ya No Está?
Entretanto, está pendiente que el juez Solís, habiéndolo ya interrogado, procese a Pinochet por 23 casos de tortura en la querella interpuesta por los sobrevivientes de Villa Grimaldi; otros 33 casos de secuestro con desaparecimiento, y el homicidio de Alejandro Ávalos Davidson, dado que sus restos fueron hallados posteriormente.
La estrategia de Pablo Rodríguez es ganar tiempo en los tribunales superiores para retardar al máximo la primera sentencia condenatoria en contra de su defendido, noticia que daría la vuelta al mundo.
Porque nadie duda que el juez lo condenará, dados los cuantiosos antecedentes del expediente que así lo ameritan. En el proceso Caravana, entre las resoluciones de ambas cortes, pasó un año. Y algunos sostienen que en un año más Pinochet puede morir, lo que lo salvaría de una condena y se iría a la tumba invencible.
Como en ámbitos castrenses se comenta, el problema no es que Pinochet vaya a la cárcel (aun a una VIP) porque no ocurriría por su edad, sino el peso moral que tiene una primera sentencia condenatoria.
Ayer los abogados del Codepu, Hiram Villagra y Federico Aguirre, presentaron al ministro Solís el escrito por el que le solicitaron el auto de procesamiento de Pinochet por los 23 sobrevivientes de la tortura. De la misma manera sería el primer encausamiento y condena del ex dictador por el mencionado ilícito.
Sin tener de por medio la tardanza o entrabamiento por los trámites que iniciará el abogado Rodríguez en las cortes, se estima que el ministro Solís podría cerrar pronto la fase investigativa (cerrar el sumario) de la causa Villa Grimaldi que se encuentra muy avanzada, y en dos o tres meses dictaría sentencia. Las cartas están tiradas y la batalla decisiva de Pinochet ya se inició.

23 de octubre de 2006
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amnistía duele


[Luis Narváez] Gobierno optará por derogar el polémico decreto ley.
Aunque ha causado molestia en la DC y el PPD, el Ejecutivo prepara proyecto para terminar con la norma. Comisión de partidos, abogados y agrupaciones de derechos humanos también elaboran documento donde se propone modificar el Código Penal Civil y ampliar el recurso de revisión.
Por estos días no hay espina que duela más que el Decreto Ley de Amnistía que dictó Augusto Pinochet en 1978. Una democracia y una posición económica modelo en la región se han visto empañadas por la herida que no cierra: las violaciones de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Estado chileno y le ordenó adecuar su legislación a las normas internacionales que ha suscrito sobre la materia, ante el caso de un ejecutado cuyo proceso judicial fue cerrado amparado por la amnistía.
Las intenciones de terminar con esta norma autoritaria no son nuevas y ya en abril de este año, diputados de la Concertación, especialmente del Partido Socialista, presentaron un proyecto. Sin embargo, el fallo del organismo internacional nuevamente le pisó los talones al típico y lento ritmo que llevan las cosas en el Congreso Nacional, sobre todo porque por un error técnico, ese proyecto de ley debe ingresar por el Senado.
De ahí que hace una semana la Presidenta Michelle Bachelet anunciara, desde el parque memorial instalado en Villa Grimaldi, que el Gobierno asumiría la resolución de la comisión y trabajaría en una iniciativa de ley para terminar con la amnistía.
Y aunque los máximos dirigentes de la DC (Soledad Alvear) y del PPD (Sergio Bitar) se molestaron por no haber sido consultados, el Ejecutivo ha avanzado a paso raudo en el texto que, según las fuentes consultadas, buscará derogar el polémico decreto ley.
La Mandataria le encargó la misión a la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, quien como se recordará es abogada ex integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde el punto de vista técnico, la secretaria de Estado recurrió a quien más sabe de proyectos de ley en La Moneda: Carlos Carmona. El abogado es el jefe jurídico de la misma cartera y mantiene en su oficina todos los proyectos de ley enviados por los gobiernos de la Concertación, desde marzo de 1990 en adelante.
La derogación sería el camino más viable para el Gobierno, considerando que la anulación de una ley –que nunca se ha hecho en la historia de Chile– implicaría un proceso que terminaría siendo objetado por la oposición y llevado al Tribunal Constitucional, donde se requieren un alto quórum para su aprobación.

Comisión de Trabajo
Como una forma de distender la evidente molestia planteada por la DC, el senador y presidente el Partido Radical, José Antonio Gómez, propuso y armó una comisión integrada por representantes de los partidos de la Concertación, de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y abogados defensores de los derechos humanos.
Ya llevan dos reuniones –una cada semana–, en las que se ha planteado la discusión acerca de la mejor forma de adecuar el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para terminar con la amnistía.
Las fuentes consultadas en dicha instancia indican que "el grupo designará a un abogado encargado de la redacción de un documento que será entregado a la Presidenta Bachelet como insumo. De esta forma se dará por considerada la opinión de todos los sectores en el proyecto final que envíe el Ejecutivo".
El viernes trascendió que los diputados Antonio Leal (PPD) y Francisco Encina (PS) habían tenido acceso al borrador que está preparando el Gobierno. Consultado, el legislador socialista no confirmó ni desmintió dicha información: "Yo no he leído nada. El viernes estuve con la ministra Veloso, pero por otros temas. En todo caso, yo me vine a mi zona [IV Región] y no revisé mi correo electrónico".
Así como el Gobierno evalúa como prioridad la derogación de la amnistía, el grupo que trabaja en la propuesta, considerando también la postura de los diputados socialistas, encabezados por Juan Bustos –un reconocido abogado penalista–, considera agregar o modificar el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que en su actual inciso tercero consagra como eximente de responsabilidad la amnistía.
Pero también existe debate al interior de esta comisión respecto de las responsabilidades civiles, que también consagra la Ley de Amnistía, porque en este punto se tocarían las reparaciones. "Si se elimina este artículo, también debiera plantearse alguna modificación en lo civil, donde los períodos en que se puede hacer exigible la responsabilidad son mucho más cortos", consigna otra fuente del grupo.
En otro sentido, también se discute ampliar las causales que permiten interponer recursos de revisión, como una fórmula de que en los hechos la polémica norma no tenga efectos. Esta acción judicial permite que la Corte Suprema vuelva a conocer de un juicio que ya ha sido sentenciado y ejecutoriado, en virtud de nuevos antecedentes que puedan vulnerar el derecho. La misma fuente explica que "en este punto se propone incluir en las causales de este recurso los aspectos que las normas internacionales indican sobre delitos de lesa humanidad".
Todo indica que será en este Gobierno donde se dará el paso legislativo más importante para terminar con la Ley de Amnistía. Pero en tribunales, la Corte Suprema ya ha fijado una doctrina y en todas las causas que han llegado a estrados, después de 1998, no hay lugar para amnistiar y prescribir delitos de lesa humanidad.

21 de octubre de 2006
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vuelve casa de putas


[José Miguel Jaque] Regulación de comercio sexual: vuelve la casita feliz. Intendencia entregó las conclusiones de la Mesa Técnica para normar el tema.
Luego de cinco sesiones, autoridades de diversas áreas delinearon acciones legales, preventivas y de seguridad para regular el comercio sexual. Una de las más comentadas es la vuelta de las llamadas ‘casas de tolerancia'.
Ellas las llaman ‘casas de citas'. Es el nombre que más les gusta. Aunque reconocen que son más populares por uno más vulgar: casas de putas. Pero el nombre es lo menos relevante a estas alturas. Lo que realmente importa es que están de vuelta. Ésa fue una de las conclusiones de la Mesa Técnica de Comercio Sexual, convocada por el intendente Víctor Barrueto a fines de agosto tras la polémica por el cierre del barrio El Golf y que ayer entregó sus líneas de trabajo. En ella trabajaron autoridades municipales, de salud, Carabineros, Investigaciones y el Ministerio Público.
"Abrir las casas de tolerancia va a ser muy importante para eliminar el comercio callejero", comenta el concejal transexual de Lampa, Felipe González, quien participó en las cinco reuniones de trabajo. "También se podrá fiscalizar de mejor manera el comercio sexual infantil", agrega. Según González las casas de citas mejorarán las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, porque permitirá terminar con los abusos y violencia en las calles.
También se planteó en la mesa la necesidad de poner fin a los cuartos oscuros de las discotecas gays y fiscalizar de mejor manera las enfermedades de trasmisión sexual y sida. "No podemos seguir mirando al techo y hacer como que no existe el comercio sexual", comentó el intendente Víctor Barrueto. "Lo que hemos hecho es reconocer esta actividad y estamos logrando acuerdo en torno a su reglamentación. Que las trabajadoras sexuales sepan cuáles son sus deberes y sus derechos".
Las ‘casas de tolerancia' destinadas al comercio sexual fueron prohibidas en 1984, cuando el gobierno militar aprobó el Decreto Nº 362. Para que vuelvan abrir se requiere una modificación al artículo 41 del Código Sanitario.
Aún no hay fecha, pero quedó estipulado una segunda ronda de sesiones para ejecutar estas líneas de trabajo. "Para empezar estamos bien. Trabajamos con los alcaldes en la mesa, así que no creo que ahora pongan problemas porque hay ‘casas de tolerancia' en sus comunas", agrega el concejal de Lampa.
Otras propuestas de trabajo planteadas son la regularización de estudios de la población que ejerce el comercio sexual, posibilitar su acceso a cursos de capacitación, reformar el Código Sanitario para que se regule el uso y fiscalización del carné de sanidad como instrumento de carácter público y definir los puntos donde ocurren hechos de violencia contra los trabajadores sexuales a fin de evitarlos.

Barrios Rojos
La instalación de un barrio rojo dentro de la cuidad también fue tema, pero será un trabajo más a largo plazo. Por lo mismo, no se analizó la propuesta de TravesChile de crear este tipo de barrios en el Parque O'Higgins o en el sector de El Trapiche, en Peñaflor.
Barrueto anunció que aún está pendiente un nuevo encuentro con los alcaldes para analizar ese punto específico. "Todos entienden que este tema no es algo rápido, que tiene que madurar en el mediano y largo plazo y que no necesariamente se habla de un barrio rojo, sino que pueden ser varios", comentó el intendente. "Los alcaldes me cuentan que esto se da en otros países y -por lo tanto- lo que tenemos que hacer es normarlos, darles estructura y posibilidades de desarrollo, porque incluso pueden convertirse en una actividad económica importante para algunas comunas".

20 de octubre de 2006
©la nación
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aprueban anular ley de amnistía


Cámara de Diputados aprueba proyecto para anular ley de amnistía.
El diputado socialista Sergio Aguiló manifestó su satisfacción con la votación de la Cámara de Diputados siete a dos a favor del proyecto que elimina la Ley de Amnistía en los casos de secuestro, desaparición forzosa y tortura, siendo considerados éstos como imprescriptibles e inamnistiables.
El parlamentario señaló que "ello, por supuesto, nos pone expectantes debido a la trascendencia que implica anular la Ley Amnistía que ha significado un constante obstáculo a la hora de buscar verdad y justicia en los casos de violaciones de derechos humanos".
Además, el parlamentario instó a los sectores de la Alianza a "manifestarse a favor de esta iniciativa que es de suma importancia, ya que con ésto se da cumplimiento al fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a nuestro país por la aplicación de la ley de Amnistía en la detención y fusilamiento del profesor comunista, Luis Almonacid Arellano, ocurrido en 1973".
Cabe consignar que el proyecto, presentado en septiembre de 2003, es un refundido de iniciativas presentadas por los diputados socialistas, Sergio Aguiló y Juan Bustos, patrocinado además por los parlamentarios Alberto Robles (PRSD), Enrique Accorsi (PPD), Fulvio Rossi (PS).

19 de octubre de 2006
©la tercera
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pinochet interrogado por torturas


Dice que no recuerda nada.
Santiago, Chile. El ex dictador Augusto Pinochet dijo no acordarse de las actividades de su temida policía secreta y no tener culpa por ellas al ser sometido el miércoles a un interrogatorio por su presunta responsabilidad en el secuestro y torturas a detenidos en una cárcel secreta.
"Muchas veces respondió que no se acuerda de los hechos", afirmó a la prensa tras el interrogatorio de una hora el juez Alejandro Solís.
El juez Solís, quien conduce uno de los procesos por violaciones a los derechos humanos en que aparece involucrado Pinochet, se presentó en la mansión capitalina del ex gobernante de facto en un sector elegante de Santiago.
Durante una hora Pinochet, de 90 años, debió responder a 15 preguntas del magistrado, quien lo inculpa de cuatro secuestros y 19 casos de torturas en Villa Grimaldi, uno de los peores centros secretos de detención tras el golpe militar de 1973.
También fue indagado por otros 36 casos.
Villa Grimaldi fue el lugar en que la presidenta Michelle Bachelet y su madre fueron detenidas y torturadas en 1975. El sitio, por donde pasaron miles de detenidos y donde desaparecieron unos 250, hoy está convertido en un Parque de la Paz y fue visitado el sábado por la mandataria.
Solís dijo a la prensa que Pinochet señaló al ser consultado por las acusaciones de torturas y secuestros que no se acuerda de las actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta que dependía directamente del ex jefe de estado chileno.
El magistrado deberá resolver si somete a proceso a Pinochet, quien la semana pasada perdió su fuero por este caso. Pero además el ex dictador, quien gobernó entre 1973 y 1990, enfrenta otro proceso por la desaparición de 119 izquierdistas y uno por corrupción por el manejo de cuentas secretas con 27 millones de dólares.

18 de octubre de 2006
©miami herald
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rechazan fallo de corte interamericana


[Andrea Chaparro] Presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, dijo que dictamen no es vinculante en Chile. Suprema no reabrirá caso amnistiado pese a fallo de la Corte Interamericana.
Pese a la felicidad que provocó en los familiares de detenidos desaparecidos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Chile por aplicar de la ley de amnistía en el caso de Luis Almonacid, las dificultades no tardaron en aparecer.
Y el encargado de comunicarlas fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, quien aseguró que el dictamen de la CIDH era sólo una "recomendación" y que no debía interpretarse como una "resolución vinculante" aplicable de manera inmediata.
En esta misma línea, agregó que la reapertura de la causa estaba descartada y que, con la actual legislación los jueces se pronuncian y resuelven caso a caso.
De esta manera, Tapia deslizó que debiera ser el ejecutivo el llamado a zanjar el problema de la aplicación o derogación de la amnistía y no los tribunales de justicia, que sólo cumplen con lo que establece la ley.

La Procuraduría
La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz también sostuvo que está en manos del estado promover la supresión del Decreto Ley 2.191 y disponer una normativa que impida que los tribunales continúen funcionando en la lógica de la amnistía y la prescripción en los delitos de lesa humanidad.
En su opinión, "la doctrina claramente lo que plantea es que no se pueden aplicar esos dos institutos a esta clase de delitos, pero la forma en que Chile acate dependerá del estado".
No obstante, la abogada no estuvo de acuerdo con la posición de Tapia en que la resolución de la CIDH no es vinculante.
Por el contrario, aseguró que el fallo sí puede ser aplicado a la legislación chilena.
Añadió que justamente ésta es la doctrina que ha venido sosteniendo el CDE en materia de violaciones de los derechos humanos.
En junio pasado, el organismo fiscal modificó su criterio y resolvió que en adelante impugnaría la aplicación de la ley de amnistía en casos de desapariciones forzosas.
El fin de semana, la presidente Michelle Bachellet, dijo que se harán los esfuerzos para ajustar los procedimientos al fallo de la CIHD y no descartó la presentación de un proyecto de ley para anular la amnistía.

Intromisión en Legislación Local
A juicio del abogado Carlos Manns -defensor de varios ex uniformados- el fallo de la CIDH no es vinculante, e incluso consideró que podría existir en el dictamen una intromisión en el ordenamiento jurídico local. Explicó que el dictamen pone sobre el tapete un conflicto de intereses entre el derecho internacional y la legislación chilena. Esto porque se pone en cuestión un dictamen por la sola aplicación de la ley de amnistía, que está en vigencia.

17 de octubre de 2006
©la nación
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