colombia

destituyen a coroneles en arauca

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Dos coroneles destituidos por caso de los niños asesinados en Arauca. Además del coronel Germán Belalcázar y James Edinson Pineda, fueron retirados el mayor James Alberto Granados, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos Medina, el cabo primero Juan Esteban Sánchez Bonilla y el cabo segundo Robinson Javier Castro. Todos, adscritos a la Brigada Móvil No. 5.

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Colombia. Casi tres semanas después de la desaparición y la muerte de los tres hermanos Yenny, Yimmy y Jeferson, en Tame, Arauca, y mientras un fiscal especializado de Arauca, con apoyo de un fiscal especial en asuntos humanitarios de Cúcuta, adelanta la investigación que dé con los responsables del crimen, el general Alejandro Navas, comandante del Ejército, anunció destituciones por fallas en el ejercicio del mando y control de las tropas ubicadas en el sector de los hechos.
La medida de retiro anunciada cobija al teniente coronel Germán Belalcázar Arciniegas, al teniente coronel James Edinson Pineda Parra, al mayor James Alberto Granados, al subteniente Raúl Muñoz Linares, al sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos Medina, al cabo primero Juan Esteban Sánchez Bonilla y al cabo segundo Róbinson Javier Castro. Todos, adscritos a la Brigada Móvil No. 5.
La noticia de la destitución se conoce apenas unos días después de que el fiscal (e), Guillermo Mendoza Diago, aseguró que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se encontraron manchas de sangre en las mochilas de siete de los 60 militares que están siendo investigados, además de restos de semen en las prendas que vestía la niña. "El último informe que recibí sobre el caso dice que el uniforme de la niña tiene semen, eso facilita más las cosas, porque una muestra biológica permite una identificación indiscutible", señaló recientemente Mendoza.
Cabe recordar que según documento de la Fiscalía, conocido por SEMANA.COM, "se realizó inspección judicial al equipo de campaña y resultó hasta el momento que de 11 equipos inspeccionados con prueba de verificación de muestras en prendas con reactivo blue star, han dado positivo siete equipos, por lo que se realizó el embalaje técnico y se remitió al laboratorio de la Dijín, a efecto de solicitar que se realice estudio con mira a establecer si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN para futuro cotejo con ADN de las víctimas".
Mientras tanto, el Procurador, Alejandro Ordóñez, afirmó que la Procuraduría delegada para las Fuerzas Armadas asumió también la investigación, y el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que si en este macabro asesinato "están involucrados militares (...) lo que han hecho es una ofensa al Estado colombiano".
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que la Justicia Penal Militar no abordará el proceso de investigación por este crimen. "El gobierno condena estos hechos de la manera más enérgica y de una vez advierte que la investigación sobre los mismos no irá a justicia penal militar. Estos hechos no se pueden considerar actos del servicio, y el conocimiento y la investigación de los mismos deben ser adelantados por la justicia ordinaria", señaló el ministro Vargas Lleras.
Fuentes del Ejército habían revelado que se indaga sobre la veracidad (y la posible relación con el hecho violento) del testimonio de un soldado que prestaba guardia y que dice haber visto salir de la guarnición a un compañero que llevaba consigo, junto a su arma de dotación, un machete. El uniformado regresó horas más tarde y, de acuerdo con lo dicho por su compañero, se mostraba "alterado". Horas después, se hizo cortar el cabello y procedió a lavar la ropa que llevaba puesta. Así mismo, los investigadores buscan confirmar versiones sobre presuntos antecedentes de abuso sexual de esa persona. Esta información fue confirmada por el fiscal Guillermo Mendoza Diago.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
©semana

qué pasa en estupefacientes

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Las irregularidades en Estupefacientes. Desde peculados hasta la vulneración de los sistemas de información confidencial son algunas de las irregularidades encontradas, que obligaron a la intervención por parte del gobierno. Algunos bienes incautados a la mafia desaparecieron de la entidad.

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Colombia. La agencia antidrogas del gobierno, como se conoce a la Dirección Nacional de Estupefacientes, atraviesa su momento más crítico. Así lo expresó el propio director de la entidad Juan Carlos Restrepo.
Desde su llegada a la institución, hace menos de un mes, el funcionario encontró un conjunto de irregularidades que sólo atina en calificar como la "práctica continua de delitos".
Por eso, puso una denuncia, el pasado viernes, para que la Fiscalía adelante las investigaciones pertinentes.
Tras la denuncia, el Gobierno tomó otra medida: intervenir la Dirección y no renovar contrato a cerca de 100 funcionarios que trabajaban en la administración de bienes y en el manejo de información.
Los frentes de investigación son dos: los actos de corrupción de algunos funcionarios encargados de la administración de bienes y la vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad.
En primer lugar, los actos de corrupción de algunos funcionarios de la entidad sobre la administración de los bienes incautados a la mafia son alarmantes.
Los hallazgos de investigaciones internas advierten que los bienes de la mafia han sido objeto de una especie de piñata, de la que se han usufructuado algunos funcionarios que han sacado tajada de dicha administración.
Es una constante, según las investigaciones internas, que algunos funcionarios no tuvieran conciencia de que estos bienes incautados son parte del tesoro del Estado y que, al provenir de la mafia, haya personas que intenten sacar provecho de ellos.
Por ejemplo, hay bienes incautados que, después de superar los procesos de extinción de dominio, son vendidos a precios inferiores a los avaluados. Incluso, algunos funcionarios de la entidad pudieron sacar provecho de bienes y sociedades, con la exigencia de comisiones a cambio de entregar predios.
En los casos de las sociedades, no había la adecuada rendición de cuentas por parte de quienes administraban el bien.
En gran medida estas prácticas se presentaron por las "graves anomalías" del sistema de información de la entidad (conocido bajo la sigla de FARO)
Ese sistema carecía de seguridad y su información, mucha de ella confidencial, fue vulnerada. "Ex funcionarios de la entidad y hasta particulares han accedido a él", señala el ministro del Interior Germán Vargas Lleras.
Por esa vía de acceso "sin explicación alguna", dijo Vargas Lleras, bienes que hacían parte del control de la entidad desaparecieron, y el valor de muchos otros fue adulterado.
Según una investigación interna, durante varios años la administración de los bienes carecía de controles, en oportunidades porque los funcionarios de la entidad no tienen conocimiento y capacitación sobre políticas de control de la información.
La Dirección Nacional de Estupefacientes, según el reporte, tampoco cuenta con mecanismos de protección física de la información. Incluso, los controles y la supervisión de personal externo que visita las instalaciones es insuficiente.
La información confidencial no está debidamente encriptada, la pérdida de documentos fue constante y la propia información adulterada.
Esos hallazgos llevaron a Restrepo a presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría. Las irregularidades se hicieron más constantes desde ocho años para atrás, aunque lo cierto es que en los 30 años de vida de esta entidad, la información no contaba con el adecuado blindaje.
Otra de las irregularidades es la contratación, en 2006, de una entidad que tenía como propósito poner al día el inventario de bienes de Estupefacientes. Dos años de labor en la que el Gobierno pagó cerca de 4 mil millones de pesos y que la entidad no cumplió con el objetivo de actualizar el inventario.
Eso llevó al Gobierno a intervenir al organismo. Una decisión que tiene como objetivo que la Fiscalía descubra los posibles actos de corrupción hasta la fecha.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
©semana

corrupción en antinarcóticos

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Por corrupción, gobierno intervendrá Dirección Nacional de Estupefacientes. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno intervendrá la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de una investigación por corrupción administrativa.

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Colombia. Este martes el presidente Juan Manuel Santos reveló que la entidad que será intervenida por el gobierno dentro de una investigación por corrupción administrativa y de la que había hecho referencia como "gran foco de la ilegalidad" es la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.
El Ejecutivo aseguró que las mafias continúan manejando los bienes incautados a través de documentos falsos y que la Dirección de Estupefacientes entrega ilícitamente el manejo de los bienes de narcotraficantes a testaferros y personas relacionadas con delincuentes.
En el pasado Acuerdo para la Prosperidad del sábado inmediatamente anterior, el presidente Santos anunció la intervención de una entidad estatal. El primer mandatario aseguró que el gobierno no tendría ninguna contemplación. "Vamos a continuar con nuestro esfuerzo de lucha contra la corrupción, eso va ser una lucha que no va a parar, va a ser diaria", señaló Santos.
La intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene como propósito aclarar algunas irregularidades que habrían permitido que bienes incautados a la mafia han vuelto a caer en manos de la ilegalidad. La intervención fue impulsada luego de que el nuevo director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, haya detectado que el sistema de inventario de los bienes administrados por la DNE era vulnerable, y que a él podría acceder sin ningún control cualquier funcionario. No descartó que allí metieran manos particulares.
El ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que algunos de los bienes que eran administrados por la entidad ya no hacen parte de ésta, y que otros han sido adulterados en su valor. Fiscalía, Procuraduría y Dijin adelantan las investigaciones, que iniciaron este martes luego de ser tramitada una denuncia por el propio director de la DNE, quien dijo que la mayoría de las irregularidades corresponden a la reciente década, y además señaló, con preocupación, que una firma contratada hace cuatro años para hacer inventario de bienes, bajo tutela de la DNE, no entregó resultados.
La intervención es indefinida, mientras las autoridades y organismos de control adelantan las investigaciones. El operativo ya está en curso, y mientras una docena de miembros de la Dijin arriba al edificio de la DNE, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras se reúne con el director de la entidad y otros funcionarios.
4 de noviembre de 2010
2 de noviembre de 2010
©semana

en georgetown denuncian a uribe

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Uribe fue denunciado ante la justicia de EE.UU. por estudiantes de Georgetown. Según los universitarios, durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe "se cometieron miles de asesinatos extrajudiciales a manos de paramilitares".

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Estados Unidos / Colombia. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Georgetown dijo que ha "alertado" al Departamento de Justicia de EE.UU. sobre las violaciones de derechos humanos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que esta semana regresa a dar charlas a esa universidad.
Según la ‘Coalición Adiós Uribe’, durante los ocho años de gobierno de Uribe (2002-2010) salieron a la luz "miles de casos documentados" de asesinatos extrajudiciales a manos de fuerzas militares y paramilitares.
Además, Uribe "ha sido vinculado con escuchas electrónicas ilegales, narcotráfico y amenazas de muerte y ataques contra sus opositores políticos", argumentó el grupo en un comunicado.
Los estudiantes decidieron presentar sus denuncias al enterarse de que una división del Departamento de Justicia estaba solicitando información sobre violadores de los derechos humanos que hayan ingresado a Estados Unidos.
"Uribe debe ser llevado ante la Justicia... en vez de que se le dé una plataforma para promover una versión distorsionada" de su presidencia, dijo Charity Ryerson, estudiante de Derecho de la Universidad de Georgetown.
"Las víctimas de sus políticas merecen algo mejor", agregó Ryerson.
En su contacto con el Departamento de Justicia, el grupo dijo que destacó varias de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el mandato de Uribe, incluyendo los "falsos positivos", en los que se hacían pasar por guerrilleros de las Farc a civiles muertos en el conflicto.
También mencionaron la ‘Operación Genésis’, que produjo el desplazamiento de miles de afrocolombianos y la "usurpación de sus tierras", dijo el comunicado.
La coalición tiene previsto instalar mesas de información en el recinto universitario este miércoles para "educar a la comunidad" sobre las "atrocidades de Uribe" en Colombia. El encuentro contará con la participación de abogados, estudiantes, profesores y activistas colombianos.
A finales de septiembre pasado, un grupo de unos 80 profesores de prestigiosas universidades de EE.UU. reclamó a la Universidad de Georgetown que retire a Uribe su cargo de "académico distinguido" por considerarlo "una afrenta a los académicos y a su misión educativa" en la institución.
El grupo envió una carta al rector de la universidad, John J. DeGioia, en la que destacaron los problemas registrados en el área de derechos humanos durante el mandato de Uribe.
Los académicos salieron así a respaldar una carta abierta emitida a principios de septiembre por el jesuita colombiano Javier Giraldo, investigador y activista de derechos humanos, para protestar porque Uribe esté dando clases en Georgetown, una universidad católica regida por la Compañía de Jesús.
El ex mandatario colombiano presentó su primera conferencia en esa universidad el pasado 9 de septiembre, y regresa este lunes al recinto académico para una estancia hasta el próximo día 12.
1 de noviembre de 2010
©el espectador

la puja por los negocios de jorge 40

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Después de desmovilizarse, ‘Jorge 40’, y Hernán Giraldo, le vendieron una franquicia sobre sus negocios ilícitos a ‘Los Mellizos’. No tardaron en darse cuenta que no habían comprado la exclusividad sobre el bajo mundo del Caribe colombiano, pues varios grupos armados vinieron pronto a arrebatársela a tiros.

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Colombia. A mediados de 2006, varios meses después de la desmovilización  de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, Norte y Resistencia Tayrona, la Fiscalía inició una investigación para establecer si era cierto que los antiguos militantes de los grupos paramilitares habían seguido delinquiendo en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Los dos grupos habían desmovilizado seis mil hombres entre el 3 de febrero y 7 de marzo de 2006.
Los indicios que tenían las autoridades señalaban que los mandos medios se estaban rearmando. Además,  el grupo llamado Resistencia Wayuu, que delinquía en la Guajira, bajo el mando de alias ‘Pablo’, no se había desmovilizado y estaba pasando contrabando de gasolina y de drogas ilícitas, y seguía extorsionando, cometiendo homicidios e intentando controlar lo que sucedía en la parte alta de la península.
En Magdalena y Atlántico, hombres afines a ‘Jorge 40’, ex jefes del Bloque Norte, como Miguel Villarreal Archila, alias ‘Salomón’ o ‘Sandra’, estaban controlando el negocio del narcotráfico desde la zona norte de Cartagena hasta Ciénaga, Magdalena, por toda la línea costera. Alias ‘Salomón’, se había desmovilizado en La Mesa, Cesar, y había sido procesado en calidad de reo ausente por la devolución que hicieron varios policías de un cargamento de cocaína, incautada a narcotraficantes en 2003. Como miembro del Bloque Norte antes de la desmovilización, se movía por los municipios costeros del Atlántico.
Con base en esos indicios, la Fiscal Quinta de Derechos Humanos y DIH, ordenó la interceptación de unos abonados telefónicos y al cruzar algunos hechos criminales con las conversaciones grabadas a varios miembros de presuntas bandas criminales, encontró que efectivamente muchos ex ‘paras’ se habían reagrupado.  En Barranquilla había sido asesinado alias ‘Capulina’, quien obedecía órdenes de alias don ‘Berna’. Lo que hizo presumir que la guerra estaba declarada, pues la presencia de este desmovilizado en Barranquilla era para disputarle la extorsión financiera y el territorio a los subalternos de ‘Jorge 40’.  
En Santa Marta y La Sierra Nevada, miembros del desmovilizado grupo Resistencia Tayrona, se unieron con la denominada Oficina de Envigado, mientras que alias ‘Salomón’, desde Barranquilla, dirigía ‘La Banda de los 40’, los herederos de ‘Jorge 40’. Unos y otros estaban dedicados al cobro de cuentas del narcotráfico.
Con el paso de los meses, a finales de 2006 y comienzos de 2007, se supo que los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, ‘los Mellizos’, quienes se habían evadido de la concentración paramilitar en Santa Fe de Ralito durante las negociaciones con el gobierno de Uribe, ya habían llegado a la zona para disputarse las rutas de cocaína y otros negocios ilegales. Comenzaba a hablarse ya a comienzos de 2007 de ‘La Banda de los Nevados’, y en las conversaciones entre los militantes, interceptadas por policía judicial, se decía que en la zona se encontraban "los igualitos" y se hablaba de ellos con reverencia y temor, pues se presumía que tenían gran poder económico y militar.
La llegada de los hermanos Mejía Múnera se dio como consecuencia de la compra de la ‘franquicia’ que hicieron del territorio que había controlado Hernán Giraldo en la Sierra Nevada y en Santa Marta, y en Atlántico a ‘Jorge 40’. Miguel Ángel, conocido con los alías de ‘Pablo Arauca’ o ‘El Loco’, buscaba dominar el próspero bajo mundo del Atlántico; y Víctor Manuel (Q.E.P.D.), conocido con los alias de ‘Sebastián’, ‘El Papá’ y ‘El Señor’, quería apoderarse de los negocios turbios del Magdalena.
A pesar de haber pagado su franquicia, ‘Los Mellizos’  tuvieron que entrar a disputarse el territorio con ‘La Banda de los 40’, herederos originales de ‘Jorge 40’, durante gran parte de 2006, 2007 y 2008, con múltiples bajas de lado y lado.  A la cabeza de ‘Los 40’ estaban hombres que habían sido del grupo de ‘Jorge 40’: Miguel Villarreal Arcila, alias ‘Salomón’, Yuri Frecid Rodríguez Saab alias ‘Walter la Araña’, Ignacio ‘El Cabo Guerrero’, Edgardo Rosemberg Contreras, conocido como ‘El Chino’; y Javier Acosta Maestre, alias ‘Baltazar’.
Este imperio criminal también era pretendido por la denominada ‘Oficina de Cobros de Envigado’. Llegaron a la disputa nuevos grupos originados en el narcotráfico antioqueño, como ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’. También en puja aparecieron ‘Los Rastrojos’, un grupo armado que se formó a la sombra de alias ‘Don Diego’, un narcotraficante del Norte del Valle.
‘La Banda de los 40’ comenzó a perder negocios en Sucre, donde eran más débiles, después Bolívar y en especial Cartagena a manos de ‘Los Paisas’ encabezados para ese entonces por alias ‘Rogelio’. En 2007 la Banda iba siendo diezmada y los que quedaban vivos eran presionados para que se pasaran a las nuevas estructuras criminales.
En Magdalena y Atlántico, ´Los Mellizos’ intentaban mantener el control y le dieron un ultimátum a los cabecillas de ‘Los 40’, diciéndoles que ellos eran los que mandaban, además de exigirles que no siguieran cobrando y que quien lo hiciera "lo recogerían", un eufemismo de asesinato, común entre los delincuentes.
Eso, en efecto, ocurrió con varios, a tal punto que en una agónica conversación de alias ‘Salomón’ con uno de sus hombres, les dio la orden de esconderse, de no frecuentar los sitios que antes frecuentaban advirtiéndoles que los habían traicionado algunos de sus compañeros de mafia. "Ya ni la policía nos puede proteger’, llegó a decir en una de las conversaciones interceptadas.
El mismo ‘Salomón’ terminó renegociando el territorio con ‘Los Mellizos’ y se fue para Venezuela, pues allí no se sintió seguro. Igual camino tomaron varios de los integrantes de la banda. A mediados de 2007, el grupo de los ‘40’ habían sido absorbido parcialmente por ‘Los Mellizos’ en Atlántico y Magdalena, mientras que en Sucre y Córdoba, ‘Los Paisas’ y la ‘Oficina de cobros de Envigado’ habían asumido el control.
En Magdalena y Atlántico, el control de ‘Los Mellizos’ sobre el territorio adquirido a Hernán Giraldo y a ‘Jorge 40’ duró poco, pues no habría tregua entre las diferentes bandas y la posibilidad de maniobra fue muy estrecha. En Magdalena un grupo de  desmovilizados hizo alianza con la ‘Oficina de Envigado’, y comenzaron a denominarse ‘Águilas Negras’. Este grupo se había tomado Santa Marta y una parte de la Sierra Nevada con un grupo de sicarios y hombres con armas automáticas.
Con base en testimonios de desmovilizados, se supo que éste nuevo grupo tenía aliados en el Ejército. A tal punto era la relación que informes de inteligencia y versiones de testigos amenazados reportadas por el Sistema de Alertas Tempranas, informaron que el Batallón Córdoba en Santa Marta les suministraba material de intendencia y los apoyaba logísticamente. También tenían respaldo de algunos miembros del DAS, de fiscales y miembros de la Sijin. Denunciar era también muy peligroso, por ello los allanamientos se hacían con unidades de otras regiones y se creó una fuerza de tarea del Magdalena para combatir a los grupos ilegales, hasta que al fin fueron capturados algunos mandos de las Aguilas Negras.
Para camuflarse, cambiaron de nombre y comenzaron a llamarse ‘Bloque Arhuaco’ y su jefe era alias ‘Caucasia’, quien fue capturado a finales de 2007, lo mismo sus otros aliados conocidos con los alias de ‘55’ (Norberto Quiroga, extraditado), ‘57’, ‘101’ y ‘Macondo’. Su jefe, Villarreal Archila, alias ‘Salomón’, también fue capturado en Bucaramanga en abril de 2007 (y extraditado a Estados Unidos). Así mismo fueron enviado a prisión los hermanos Adán y José Gregorio Rojas, hijos del ‘Negro’ Adán, quien se encontraba preso desde hacía varios años en compañía de su hijo mayor Rigoberto, conocido con el alias de ‘Rigo’ o ‘El Escorpión’. También capturaron a varios sicarios, siendo desmantelada la estructura.
Al ser desmantelada esta estructura, comenzó el control de ´Los Mellizos’, aliados con un grupo de ‘Los Paisas’, y  mandos medios del Resistencia Tayrona, como alias ‘Chaparro’.
Pero la batalla no terminó ahí. A comienzos de 2008,  alias ‘Valenciano’, quien venía de la temible ‘Oficina’ se unió con parte de la familia de los Giraldo y con los pocos que quedaron de las Águilas, con el propósito de sacar a ‘Los Nevados’ de la región y se estableció en Barranquilla. ‘Los Rastrojos’, que seguían buscando su espacio, armaron su propia alianza con gente de la ‘Oficina de Envigado’ y de ‘Don Mario’, hermano del ex jefe paramilitar alias ‘El Alemán’, que había hecho un emporio del narcotráfico en los Llanos Orientales. A los seguidores de ‘Don Mario’, se les llamaban ‘Gaitanistas’.
En Magdalena coincidían todas las bandas de narcotraficantes nacionales en alianza con grupos locales. La disputa por el control territorial desató una cruenta guerra entre ellos. Entraban a una ciudad volteando con dinero a algunos, mataban a los que podían y negociaban con los que quedaban. Ese es el ciclo que se repitió cada vez en Magdalena. Eso ocurrió con los hermanos Mejía Múnera, quienes bautizaron su banda como  ‘Bloque Norte de los Nevados’, intentando aparecer tan poderosos como sus antecesores ‘Jorge 40’ y el Bloque Norte. Ellos, en un intento desesperado por mantener su poder del territorio, se aliaron con ‘los Rastrojos’, pero Víctor Manuel murió el 29 de abril de 2008 y Miguel Ángel capturado el 2 de mayo en Honda, Tolima, y después extraditado a Estados Unidos.
1 de noviembre de 2010
26 de octubre de 2010
©semana

colombia desconoce cidh

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Según el magistrado Sigifredo Espinosa, el gobierno no ha cumplido con la adopción de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para su protección y la de su familia.

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Colombia. El gobierno colombiano no ha cumplido con la adopción de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en favor del magistrado Sigifredo Espinosa y su familia, advirtió en Bogotá este letrado de la Corte Suprema de Justicia.
Espinosa señaló en una declaración pública que el Ejecutivo dejó correr el lapso de 20 días con los que contaba para informarlo de dichas medidas urgentes, que la CIDH le concedió el 13 de septiembre pasado.
Por una petición del magistrado, que hace parte de la Sala Penal de la CSJ, el órgano de derechos humanos de la OEA dispuso la adopción de medidas de protección para Espinosa y su familia.
El letrado recordó que él está entre los miembros de la CSJ que fueron sometidos a escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, central de inteligencia del Estado que también espió a políticos de oposición, periodistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos.
"Ante los graves atropellos y riesgos a que fuera sometido por parte de agentes del Estado (...) y de otros funcionarios estatales, me vi en la imperiosa necesidad de acudir a organismos internacionales (...) para solicitarles protección para mi vida y mi integridad personal y la de los miembros de mi familia", precisó.
"He sido objeto de interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos e ilegales, intento de asesinato a mí y a mi familia, amenazas, espionaje por parte de mi esquema de seguridad, monitoreo de todo lo que constituye mi vida pública y privada y toda suerte de oprobios que hacían presagiar la inminencia de un desenlace fatal", añadió.
Espinosa agregó que esta situación lo puso en la necesidad de acudir a organismos internacionales que, como la CIDH, analizó su caso y tras constatar el peligro en el que lo tenían los organismos del Estado, concedió en su favor medidas cautelares.
En ellas le notifica al gobierno la "adopción de medidas urgentes" en favor de él y su familia, agregó el magistrado, que indicó que la CIDH también instó al Ejecutivo a que las concertara de manera conjunta e informara en 20 días al organismo de los resultados de ello.
A pesar del plazo, "no he sido enterado por parte del gobierno nacional de que dichas medidas fueran concedidas en mi favor, lo cual me lleva a deducir, como así se lo informé a dicho organismo internacional, que no existe interés por parte de Colombia en atender dichas medidas", sostuvo el magistrado.
En la declaración, Espinosa no descartó recurrir a otros organismos en procura de que la vida y la integridad personal de él y de su familia sean protegidas.
Antes que a Espinosa, la CIDH dictó medidas de la misma naturaleza en favor de Yesid Ramírez, César Julio Valencia Copete, María del Rosario González e Iván Velásquez, igualmente magistrados de la CSJ.
1 de noviembre de 2010
29 de octubre de 2010
©semana

militares masacran a niños en arauca

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Barbarie en Arauca. Al horroroso hecho de que tres niños hayan sido cruelmente asesinados en Arauca se suman los preocupantes indicios de que algunos militares podrían estar involucrados en el crimen.

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Colombia. "Pánico y tristeza. Nada más", es lo que sienten los 22 niños de la escuela Alto Caño Martín, en la vereda Carraos, de Tame, Arauca, según el profesor de esta remota institución rural donde estudiaban los hermanitos Torres Jaimes, cuya muerte tiene conmocionado al país.
El profesor explica que la escuela estuvo abandonada varios días y que los menores apenas están empezando a retornar. Antes, ellos iban y regresaban solos de la escuela, en recorridos de más de una hora en burro o bicicleta. Ahora lo hacen acompañados de sus padres, pues cuando los niños ven al Ejército simplemente se niegan a salir de sus casas por físico miedo.
En estas veredas todos sospechan que las tropas están involucradas en el espeluznante asesinato, ocurrido en la tarde del pasado 14 de octubre. Ese día, José Álvaro Torres, un humilde campesino, separado, que apenas alcanzó el segundo grado de primaria, salió de su rancho en la vereda El Temblador a trabajar como jornalero en una finca relativamente cercana. En la casa, hecha con tablas de madera y paja, quedaron sus tres hijos, solos, como tantas otras veces.
Yenny, de 14 años, era la mayor y responsable de cocinar para sus hermanitos menores: Yimmy Ferney, de 9, y Jeferson Jovany, de 6. Al medio día, José llegó al rancho, almorzó con sus hijos y luego salió a trabajar de nuevo. Un poco después, le pidió a un vecino que fuera al rancho a recoger un repuesto, y este regresó con la noticia de que los niños no estaban. Sin embargo, no se alertó, pues pensó que estarían jugando en los alrededores. Pero al final del día, cuando se dio cuenta de que no regresaban, empezó su tragedia. Recorrió toda la zona preguntando por sus hijos pero nadie le dio razón.
Al siguiente día, con la colaboración de varios campesinos, emprendió una búsqueda rigurosa. En vista de que no los encontraron, José se fue para Tame a alertar a las autoridades, mientras sus vecinos seguían rastreando en el terreno. Al día siguiente, sábado, empezaron a buscar ya no solo por los caminos, sino entre los matorrales. Para entonces, una preocupación fatal rondaba el ambiente.
Efectivamente, en una zona escarpada encontraron una hojarasca que cubría dos pedazos de tierra removida. José estaba en la Sijín de Tame cuando recibió una llamada: sus vecinos le pedían que regresara cuanto antes. Al final de la tarde, cuando era claro que se trataba de una fosa con cuerpos humanos, los campesinos informaron a todas las autoridades judiciales. Sin embargo, dada la hora, ninguna acudió para hacer el levantamiento. No obstante, un grupo de la Cruz Roja Colombiana, por petición de la Fiscalía de Arauca, hizo la exhumación esa misma noche.
La escena que encontraron era tétrica: en una fosa estaban los cadáveres de los dos niños y de otro, el de Yenny, con rastros de haber sido violada. Los tres cuerpos estaban a medio vestir y tenían heridas mortales de arma cortopunzante en distintas regiones: cuello, espalda, cabeza. Esa misma madrugada los transportaron a Medicina Legal de Arauca.
El domingo, una comisión interinstitucional, transportada en helicópteros del Ejército, arribó a la zona e inspeccionó todo el sector; tomó testimonios y registró minuciosamente el terreno. Desde entonces, dos unidades de la Brigada Móvil 5 de la Octava División están bajo sospecha. Se trata de unos 60 uniformados que por esos días acamparon y patrullaron el sector.
Varios indicios han hecho que los investigadores consideren que algunos uniformados podrían estar involucrados en este crimen. Ni en la humilde vivienda ni en sus alrededores hay rastros de sangre o de violencia. Únicamente los hay en la fosa, distante a 232 metros de la casa. Ello indicaría que en ese mismo lugar fueron agredidos, asesinados y sepultados. Lo que está por explicarse es cómo pudo ocurrir esto a 254 metros del campamento militar, dado que matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área. No obstante, un testigo asegura que la víspera del crimen los militares habían abandonado el campamento. Pero en todo caso, continuaban en los alrededores.
Uno de los indicios más preocupantes es que varios campesinos dicen que los soldados solían ir a sus casas para intercambiar víveres. Los niños asesinados fueron visitados en dos ocasiones por uniformados, cuando su padre no estaba. Un oficial del Ejército que sigue de cerca el caso le confirmó a SEMANA que esas dos visitas efectivamente ocurrieron y que "estas de por sí son irregulares".
La proximidad del Ejército a la casa ha sido verificada también con una serie de elementos que los militares dejaron desperdigados cuando levantaron los campamentos y continuaron su marcha. Se trata de empaques de víveres y pertrechos rotulados como de la Compañía Buitres 2, perteneciente a la Brigada Móvil 5. Cerca de la fosa se encontraron las cenizas de una hoguera reciente.
A ese conjunto de elementos en el terreno se han ido sumando otros. Los soldados bajo sospecha, que están aislados y concentrados en Arauca, han incurrido en inconsistencias en las entrevistas hechas por el propio Ejército, que son evaluadas por la Fiscalía. También se vienen adelantado pruebas técnicas, cuyos resultados preliminares no son halagüeños.
Un informe interno de la Fiscalía, conocido por esta revista, señala que los equipos de campaña de varios militares bajo sospecha fueron sometidos a una prueba conocida como Bluestar. Se trata de una solución química que reacciona ante rastros de sangre. De 11 equipos sometidos a examen siete arrojaron positivo. Ello no quiere decir nada distinto a que hubo algún contacto con sangre, no necesariamente reciente. Los siete equipos fueron remitidos a laboratorios para establecer "si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN, para un futuro cotejo con el de las víctimas", según se lee en el informe.
Tras practicar la necropsia a los tres niños, el Instituto de Medicina Legal de Arauca tomó varias muestras que envió a Bogotá para establecer su ADN. Lo propio se hizo con los militares en cuestión y con José Álvaro, el papá de los niños, quien fue la última persona que los vio con vida. El cotejo del ADN será la prueba reina.
Mientras la investigación avanza se han conocido otros hechos que podrían complicar más la situación de los uniformados. En la Sijín de Tame existe la denuncia de una campesina que asegura que su hija de 13 años fue violada el 2 de octubre en otra vereda.
Según la denuncia, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo.
Existe otro antecedente ocurrido en la capital de Arauca el 5 de abril pasado. Ese día la Policía detuvo en flagrancia al soldado Duverney Pava Henao cuando huía entre la maleza tras violar a una colegial de 14 años en inmediaciones de la Brigada 18.
El crimen de los niños Torres Jaimes tiene en alerta al gobierno. Tanto el Ministro de Defensa como el alto mando militar han advertido que serán implacables con los responsables, incluso si son militares. El vicepresidente Angelino Garzón advirtió que se trata de un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía decidió trasladar al búnker de Bogotá el expediente, mientras que organizaciones de derechos humanos empezaron a divulgar el suceso en influyentes esferas internacionales.
Mientras tanto, José Álvaro Torres, el padre de los menores, permanece refugiado donde unos amigos tan pobres como él y asegura que nunca volverá a su casa. "¿A qué?", se pregunta. Cuando ve las noticias sobre el caso dice que teme por su vida. Él fue el primero en señalar de sospechoso al Ejército y exige castigo para los responsables. Lo exige, temblando, con desespero y a la vez con vehemencia. Igual que lo haría cualquier padre si sus hijos son asesinados de esta manera tan brutal.
1 de noviembre de 2010
30 de octubre de 2010
©semana

viaje al infierno

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María Jimena Duzán habla sobre su nuevo libro, ’Mi viaje al infierno’, de Editorial Norma, en el cual relata los detalles sobre la masacre de Cimitarra, en 1990, en la que los paramilitares asesinaron a su hermana Silvia, que también era periodista.

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Colombia. SEMANA: ¿Por qué decidió hacer un libro sobre el asesinato de su hermana después de 20 años?
María Jimena Duzán: Porque me tomó 20 años hacer el proceso de reflexión y duelo sobre lo que había pasado. Solo ahora tuve la fortaleza para indagar por qué la habían matado, cómo había quedado y quiénes habían sido.

SEMANA: ¿Por qué le costaba trabajo abordar el tema?
M.J.D.: Uno queda en una situación de fragilidad y temor. A mí me amenazaron, me tocó salirme del país y vivir tres años por fuera. Cuando regresé, escribí de todo menos de eso. Fue una decisión de supervivencia, creo yo, por temor a que pasara algo conmigo o a mi familia. Y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de las víctimas en Colombia, se quedan atemorizadas y esa inmovilidad es lo que permite que los perpetradores avancen.

¿Temor o negación?
Las dos cosas. Yo terminé haciendo lo mismo que hizo la sociedad colombiana, que hasta ahora empieza a aceptar parcialmente los horrores que sucedieron. Yo me atemoricé y decidí no ir ante la justicia, porque el general Maza me dijo: "No se meta en eso porque yo voy a hacer las cosas como Estado". Resulta que el Estado no hizo nada.

¿Qué la hizo cambiar?
Que vi a Ramón Isaza en televisión diciendo que no se acordaba de nada. Me indignó la forma como borraba de un tajo el asesinato de mi hermana.

En el libro usted cuenta muchas cosas de su vida privada. ¿Por qué?
Porque creo que era la única manera de contar la historia.

¿Como una necesidad personal o porque era la única forma para que lo que dice fuera creíble?
Era la manera de explicarme a mí misma de dónde venía el dolor que yo tenía aprisionado por tanto tiempo. Pero también el libro fue escrito para que mis hijas supieran quién era su tía y cómo sus sueños fueron aniquilados por la manera injusta en que murió.

¿Entonces decide afrontar el tema y descubre algo distinto?
Sí. Yo pensaba que a Silvia la habían matado los narcoparamilitares del Magdalena Medio. Pero no sabía que había una presencia tan real de agentes del Estado. Descubrí que en la masacre participaron por lo menos tres agentes de Policía, el comandante de la Policía de Cimitarra y el comandante del Ejército del Batallón Rafael Reyes.

¿Se comprobó la participación de ellos?
El expediente se perdió por diez años, y yo creo que detrás de esa desaparición hubo una mano secreta. Hoy estoy convencida de que lo que querían era mantener en el olvido el fallo en el que se declararon libres de toda culpa a los acusados, incluidos los agentes del Estado. Es como si la masacre no hubiera existido. Como si mi hermana y los tres líderes campesinos se hubieran suicidado.

¿Hubo testigos?
Sí, todo el pueblo. La masacre fue hecha al frente del batallón, en un bar La Tata, que estaba lleno de gente en un viernes de fiesta. Todo el mundo supo quién disparó y quiénes fueron los que protegieron a los asesinos en su huida.

¿Quiénes eran los otros?
Silvia estaba acompañada por tres líderes campesinos: Josué Vargas, Miguel Ángel Barajas y Saúl Castañeda. Los tres murieron al instante; la única que sobrevivió fue mi hermana. Descubrí que ella murió desangrada a las 3 horas, sin que nadie la ayudara. Los campesinos eran el objeto de un documental que estaba haciendo Silvia para el Canal 4 de Inglaterra.

¿Cuál era la razón para matar a Silvia?
Yo creo que la mataron porque el documental que estaba haciendo iba a reflejar la magnitud del proyecto narcoparamilitar que se estaba montando en el país. Descubrí que la venían siguiendo desde el Batallón Rafael Reyes mucho antes de que la mataran.

La historia de cómo estaban operando los grupos paramilitares en el Magdalena Medio...
Ahí comenzó todo lo que hoy estamos padeciendo. La historia de cómo, desde el Magdalena Medio, se tomaron las elecciones y la política en las regiones y se despojó a los campesinos de sus tierras comenzó hace 20 años allí, en Puerto Boyacá.

¿Las tres personas que estaban con Silvia tenían alguna militancia en la izquierda?
M.J.D.: Una semana antes, Báez los acusa a ellos de ser colaboradores de la guerrilla, pero ahora él ya no se acuerda de esas declaraciones. Sin embargo, cuando uno conoce la historia de estos campesinos, se da cuenta de que ellos fueron ante todo víctimas de las atrocidades de las Farc.

Si uno mira el trabajo periodístico que estaba haciendo Silvia y lo compara con la visión que tenemos hoy del paramilitarismo, ¿hay diferencias?
Claro. En esa época Silvia y yo pensábamos que el paramilitarismo no era tolerado. Hoy veo que ese pequeño monstruo que comenzó en el Magdalena Medio como una insurrección dentro del propio Estado fue adquiriendo una aceptación social que le permitió convertirse en un proyecto político en estos 20 años. Afortunadamente los medios y la Corte Suprema reaccionaron y destaparon la parapolítica. Pero eso solo es la punta del iceberg.

Esa realidad no necesariamente es la misma que existe después de la desmovilización...
En esa zona del Magdalena Medio la guerrilla fue desterrada. Y desde entonces hay una especie de aceptación de ese nuevo régimen político que instauró el narcoparamilitarismo.

Hace 20 años ya existían versiones sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué pudo prosperar el paramilitarismo?
Esa es una de las cosas que más me han impactado en los expedientes: todo se sabía. La manera como descuartizaban a las personas, las masacres, los despojos a los campesinos. Hay muchísimas personas que se fueron al DAS a dar declaraciones y a informar. Lo poco que han revelado los paras desmovilizados en Justicia y Paz se sabía ya hace 20 años. Pero la sociedad no se inmutó ni entonces ni ahora.

Y entonces, ¿qué pasó con los procesos?
La justicia no les dio credibilidad. Y en el caso de la masacre de Cimitarra exculpó a los asesinos, aun con pruebas y que el pueblo entero había sido testigo. Hay testimonios de miembros de la fuerza pública que se volvieron informantes del DAS o que fueron a la Procuraduría, desesperados, a hablar. Esas indagatorias están ahí, apolillándose.

O sea que la negación de la que usted nos hablaba al principio también afectó a la sociedad. Las cosas se sabían, pero no se aceptaban…
Solo ahora hay intentos por recuperar esa memoria trágica con el trabajo que está haciendo el grupo académico que lidera Iván Orozco, pero en materia de justicia, el peso de la impunidad sigue siendo implacable. No creo que la sociedad colombiana esté lista para enfrentar esa verdad. Además, yo siento que estos ’temas’ interesan muy poco.

¿Hay alguna posibilidad de que la masacre de Cimitarra se retome?
No, porque es cosa juzgada. Lo único que queda es la instancia internacional, como ha sucedido con otras masacres, la de La Rochela y la de Segovia.

¿Usted es capaz de perdonar a quienes mataron a Silvia?
Más que perdón, yo pediría sinceridad. Me molesta que no haya respuestas y que quienes saben la verdad se nieguen a revelarla. Ninguno de los jefes paras desmovilizados supo de la masacre de Cimitarra.

¿Cree que la publicación del libro sirva para eso?
En un país que no reconoce la gravedad del conflicto que ha vivido, ser víctima no es nada fácil. La sociedad colombiana todavía no sabe qué hacer con nosotros. Ojalá este libro sirva para mostrar que las víctimas en Colombia somos de carne y hueso y que a pesar del dolor y de la impunidad, tenemos una voz que no pueden acallar por más que nos invisibilicen o nos intenten estigmatizar. A este Estado y a esta sociedad hay que sacudirlos para que lo vean a uno y no solo determinen al asesino que mató al ser querido.
31 de octubre de 2010
©semana