[Craig Whitlock] Madrid, España. Jueces españoles están declarando audazmente su autoridad para procesar a altos funcionarios de gobierno de Estados Unidos e Israel, entre otros países, deleitando a activistas de derechos humanos y enfureciendo a funcionarios en sus países y provocando una reacción política en un país que actúa incómodamente como la conciencia del mundo.
De acuerdo a los fiscales, jueces de la Audiencia Nacional de España, reaccionando a demandas presentadas por organizaciones de derechos humanos, están investigando dieciséis casos de torturas, genocidio y crímenes contra la humanidad. Entre ellas, las dos pesquisas de funcionarios del gobierno de Bush por aprobar la aplicación de torturas a sospechosos de terrorismo, incluyendo a prisioneros de Bahía Guantánamo, Cuba.
Los jueces han abierto las causas invocando un principio jurídico conocido como jurisdicción universal, que bajo la ley española les otorga el derecho a investigar delitos graves contra los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, inclusive si no se relacionan con España.
Defensores del derecho internacional han saludado los desarrollos y llamado héroes a los jueces por atreverse a exigir responsabilidades a las superpotencias del planeta. Pero la proliferación de investigaciones también ha provocado un contragolpe en España, donde los legisladores e inclusive algunos funcionarios policiales criticaron a los poderosos jueces por extralimitarse de sus atribuciones, así como estropear las relaciones diplomáticas con países aliados.
"¿Cómo puede un juez español de recursos limitados determinar qué pasó realmente en Tiananmen o en el Tibet, o en las masacres en Guatemala o Dios sabe dónde?", dijo Gustavo de Arístegui, legislador y vocero de política exterior del partido de oposición, Partido Popular. "Tenemos nuestros propios problemas y nuestros propios malos".
El martes, la cámara baja del parlamento español aprobó holgadamente una resolución proponiendo una nueva ley que limitará a los jueces investigando casos con relacionados con ciudadanos españoles o con algún vínculo con territorio español. Los casos podrán ser iniciados sólo si el propio país desdeña hacerlo.
La votación fue precipitada, en parte, por dos jueces de la Audiencia Nacional que decidieron el mes pasado, separadamente, investigar a funcionarios del gobierno de Bush acusados de defender las torturas. Los jueces han continuado [sus investigaciones] pese a la oposición del fiscal general español, Cándido Conde-Pumpido, que dijo que los casos podrían convertir a la Audiencia Nacional en "un juguete" para enjuiciamientos motivados políticamente.
Otro juez anunció el jueves que acusaría a tres soldados estadounidenses por crímenes contra la humanidad, imputándoles por la muerte, en abril de 2003, de un camarógrafo español y un periodista ucraniano. Los hombres murieron cuando un tanque bombardeó el hotel bagdadí donde alojaban. El juez Santiago Pedraz dijo que proseguiría con el caso pese a que una comisión de la Audiencia Nacional, así como una investigación del ejército de Estados Unidos, recomendaron no emprender acciones judiciales contra los soldados.
La controversia sobre la jurisdicción universal ha puesto en apuros al gobierno del primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. Muchos miembros del Partido Socialista han apoyado a los jueces en el pasado. Pero las pesquisas están causando problemas diplomáticos a Zapatero, que ha tratado de mejorar su prestigio en Washington, después de años de glaciales relaciones con la Casa Blanca de Bush.
Israel y China se han quejado enérgicamente de que se investigue a sus países, dejando en claro que España pagará el precio político si continúan las pesquisas. Jueces españoles han abierto dos causas sobre los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, que data de 2002. También están realizando dos investigaciones sobre presuntos abusos cometidos por funcionarios chinos en el Tibet, y una tercera sobre la represión del movimiento Falun Gong.
Julio Villarrubia, socialista y ex parlamentario, dijo que no estaba exactamente claro cómo o cuándo el gobierno español enmendaría su ley de jurisdicción universal. Pero dijo que era necesario fijar límites.
"No hemos adoptado la resolución debido a las presiones de Estados Unidos, China e Israel, aunque esas presiones son conocidas; hay desacuerdos", dijo.
No está claro si los cambios en la ley se aplicarían retrospectivamente a los casos pendientes. En entrevistas, un funcionario del ministerio de Justicia dijo que no sería el caso, pero un fiscal de la Audiencia Nacional sugirió lo contrario.
De todos modos la mayor parte de las pesquisas guardan relación, aunque tangencial, con España. Los casos de Guantánamo, por ejemplo, se basan parcialmente en testimonios de un ciudadano español que pasó tres años en la cárcel de la base naval estadounidense en Cuba.
Portafolio GlobalLa adopción por España de la jurisdicción universal se remonta a más de una década. En 1996, el aguerrido juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, inició una investigación criminal por violaciones a los derechos humanos en Chile y Argentina.
Cuando el decrépito dictador chileno Augusto Pinochet viajó a Londres para unos tratamientos médicos en 1998, Garzón emitió una orden de detención en su contra. Funcionarios británicos cumplieron la orden y lo pusieron bajo arresto domiciliario. Pero más tarde permitieron el retorno de Pinochet a Chile, basándose en su mala salud como razón para no extraditarlo a España.
Garzón había reclamado jurisdicción porque algunas de las víctimas de la dictadura chilena eran ciudadanos españoles. Pero esa condición legal fue pronunciada innecesaria en 2005, cuando el Tribunal Constitucional de España, resolvió que los jueces pueden investigar delitos graves en derechos humanos en cualquier parte del mundo, inclusive si no tienen relación con España.
Desde entonces las organizaciones de derechos humanos se han concentrado en Madrid, donde han contratado a abogados locales para presentar demandas en la Audiencia Nacional. Los jueces españoles están obligados a examinar cada caso y a investigar si supera cierto umbral.
Según el sistema jurídico español, jueces como Garzón sirven como jueces instructores y tienen un enorme poder. Supervisan el trabajo de la policía, recaban evidencias y pueden obligar a declarar a testigos. Si concluyen que los cargos son justificados, entregan el caso a otro juez para su procesamiento.
Los jueces de la Audiencia Nacional se concentraban originalmente en países con lazos coloniales con España, tales como Guatemala, Argentina y El Salvador. Pero los jueces se han extendido hace poco a otros países, como Ruanda, Marruecos, China e Israel.
Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tibet, una organización solidaria española que pidió las pesquisas, dijo que temía que el gobierno español sucumbiera a la presión política exterior.
"Cuando países poderosos empiezan a sentirse tocados, se produce una reacción negativa", dijo. "Mezcla la propaganda y quejas estadounidenses, israelíes y chinas y al gobierno español le empezarán a flaquear las rodillas. Francamente, es patético".
Las investigaciones españolas por jurisdicción universal han resultado en una sola condena. Adolfo Scilingo, ex capitán en la Armada argentina, fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad en 2005 por empujar al vacío a treinta prisioneros sedados y atados desde aviones del gobierno en los años setenta. Fue sentenciado a más de mil años de cárcel por un tribunal español.
Carlos Slepoy, abogado argentino-español que ayudó a procesar a Scilingo, dijo que los casos de jurisdicción universal tienen valiosos efectos secundarios. Los funcionarios acusados por los jueces españoles deben tomar precauciones a la hora de viajar; en general las órdenes de detención españolas se implementan en toda Europa, pero a veces también en México y otros países.
"Cualquier país puede abrir esas causas, provisto que sean democracias que pertenezcan a Naciones Unidas", dijo Slepoy.
Inflación de CasosLos críticos dicen que los casos son políticos. Observan que la Audiencia Nacional ha sido rápida para aceptar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Israel y Estados Unidos, pero ha ignorado problemas de Siria, Corea del Norte y Cuba.
"Estos tipos no son realmente jueces, desde un punto de vista profesional", dijo Florentino Portero, profesor de historia contemporánea de la Universidad Nacional Abierta de Madrid. "Están siguiendo una tendencia del lado izquierdo de la arena política española".
Los fiscales españoles también han expresado preocupación. Recomiendan que la Audiencia Nacional no prosiga muchos de los dieciséis casos pendientes, pero fueron desmentidos por los jueces, que son quienes tienen la última palabra.
Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, dijo que los casos de jurisdicción universal son en principio legítimos. Pero dijo que España debería tratar de no intervenir en países democráticos que cuentan con policías propias.
Inclusive algunos activistas de derechos humanos dijeron que la explosión de casos los intranquilizaba.
Gregorio Dionis, presidente de Equipo Nizkor, una organización con sede en Bruselas que ha llamado a la Audiencia Nacional a procesar a ex guardias de campos de exterminio nazis que viven en Estados Unidos, dijo que era demasiado fácil presentar una demanda.
"Ha habido una inflación de casos por la jurisdicción universal", dijo. "Desde un punto de vista jurídico, no todos ellos están bien fundamentados".
Otros activistas, sin embargo, señalan que Israel y Estados Unidos adoptan el principio de jurisdicción universal sólo cuando les conviene.
En 1960 un grupo de agentes israelíes secuestró al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina para ser juzgado en Israel; fue condenado a muerte y ejecutado.
Más recientemente, el ministerio de Justicia de Estados Unidos ha apoyado iniciativas para que España juzgue a dos ex guardias de un campo de concentración nazi que viven en Estados Unidos. El ministerio de Justicia carece de jurisdicción para juzgar a los guardias por crímenes cometidos ha décadas en Europa, pero les gustaría deportarlos a España para ser procesados allá.
Cristina Mateo-Yanguas contribuyó a este reportaje.
25 de mayo de 2009
©washington post
cc traducción mQh
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