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derechos humanos

pelosi dice que fue engañada


Pelosi acusa a la CIA de haberla "engañado" sobre los interrogatorios.
[Paul Kane] La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó hoy a la CIA se haberla "engañado" sobre el uso de métodos de interrogatorio coercitivos en el otoño de 2002, reconociendo por primera vez públicamente que sabía que los presuntos terroristas detenidos fueron sometidos al submarino hace más de seis años.
Pelosi llamó a la CIA a liberar las notas detalladas de su propia sesión informativa en septiembre de 2002 sobre las técnicas de interrogatorio. Dijo hoy que, en la sesión de 2002, le dijeron que la CIA no estaba utilizando el submarino, pese a informes posteriores del gobierno que muestran que un detenido de al Qaeda de alto valor había sido sometido 83 veces al submarino en las semanas anteriores a la sesión con Pelosi.
"El gobierno engañó al Congreso en todas las fases. Y ese es el problema", dijo Pelosi en una acalorada rueda de prensa, asociando la desinformación sobre el submarino con los informes de inteligencia ahora desacreditados del otoño de 2002 sobre las armas de destrucción masiva en Iraq.
Hoy Pelosi tuvo la primera oportunidad de tratar el tema de la sesión sobre los interrogatorios desde que el jueves pasado la CIA liberara un detallado memorando resumiendo cuarenta sesiones con representantes desde septiembre de 2002 sobre el uso de lo que llama "técnicas mejoradas de interrogatorio" de sospechosos de terrorismo. Ese memorando incluye las notas al pie de página que aparentemente contradicen las declaraciones previas de Pelosi de que nunca fue informada personalmente por funcionarios del gobierno de Bush sobre el uso de esos métodos, incluyendo el submarino, una polémica técnica que simula la muerte por asfixia por inmersión.
En una declaración de hoy, la agencia confirmó el memorando, que decía que Pelosi y Porter Goss, entonces representante republicano de Florida, los más altos miembros del comité de inteligencia de la época, fueron informados el 4 de septiembre de 2002 sobre "el uso de métodos mejorados de interrogatorio" con un prisionero de al Qaeda. "El lenguaje usado en el listado -‘la descripción de los métodos mejorados que habían sido empleados’- corresponde con el lenguaje que utiliza la agencia", dijo un portavoz de la CIA.
Sin embargo, la agencia reiteró su pronunciamiento de la semana pasada, cuando el director de la CIA, Leon Panetta, escribió al Congreso que los funcionarios de la agencia se apoyaban en viejas "notas con sumarios de los recuerdos de esos individuos".  Los memorandos reservados, con versiones más detalladas de esos recuerdos, siguen bajo sello en la sede de la agencia en Langley, Virginia, donde los miembros del comité de inteligencia sólo pueden revisarlos.
La agencia está considerando la petición bipartidista, de Pelosi y el representante Peter Hoekstra (republicano de Michigan), actualmente presidente de la bancada del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, de que libere los resúmenes detallados de esa reunión en particular.
Los republicanos han acusado a Pelosi de tener completo conocimiento sobre el uso del submarino y de haber apoyado tácitamente el programa, observando que nunca presentó ninguna nota de protesta a la CIA sobre el tema ni se quejó ante ningún funcionario de la Casa Blanca de Bush. Hoekstra, en una rueda de prensa después de las observaciones de Pelosi, sugirió que todas las sesiones informativas a las que asistió terminaron con los funcionarios de inteligencia preguntando a los legisladores si contaban con la autorización para continuar con el programa.
El mes pasado el presidente Obama liberó documentos del ministerio de Justicia de la era de Bush que proporcionaron la base jurídica para el uso del submarino y otros métodos coercitivos con detenidos, en interrogatorios en cárceles secretas en el extranjero. Después de la liberación de los memorandos Pelosi se unió a otros demócratas para pedir la formación de una ‘comisión de la verdad’ para investigar los memorandos jurídicos que autorizaban esos métodos que los críticos han dicho que equivalen a la aplicación de torturas, prohibidas por tratados internacionales.
Obama ha rechazado los llamados a formar una comisión semejante, diciendo que el tema se politizaría y aportaría poco al conocimiento de la opinión pública. Sin embargo, el Comité de Inteligencia del Senado está realizando una amplia revisión de los métodos de interrogatorio.
Bajo presión de los republicanos de que revelara cuándo se enteró del submarino, durante varias semanas Pelosi insistió en que no fue informada nunca sobre el uso del submarino. No indicó que en diciembre de 2007 emitió una declaración poco conocida que decía que se había enterado del submarino en febrero de 2003, cuando dejó el comité de inteligencia para asumir como presidente de la bancada de la minoría en la Cámara y la representante Jane Harman (demócrata de California) la sucedió en la comisión. Harman fue informada el 5 de febrero de 2003 sobre el uso del submarino. Le dijeron que existían cintas con las declaraciones de un detenido que fue sometido al submarino.
Como informó el Washington Post el sábado, un asesor de Pelosi en materias de inteligencia también asistió a la sesión de Harman, un hecho que Pelosi omitió en los últimos años en sus declaraciones sobre el tema. Hoy reconoció que su asesor, Michael Sheehy, le contó posteriormente sobre los interrogatorios con submarino.
No está claro si entonces Pelosi también se enteró de que el detenido Abu Zubaida había sido sometido a esos métodos de interrogatorio coercitivos antes de la sesión informativa de septiembre.
Rechazó las críticas de los republicanos de que no se había opuesto al submarino sugiriendo que apoyaba a Harman, que escribió una carta al abogado general de la CIA cuestionando los métodos y preguntándose si el presidente Bush estaba al tanto de la situación.
"Esa es la persona indicada a la que enviarle la carta", dijo Pelosi, explicando que ella era entonces presidente de bancada y no era la persona "apropiada" para objetar el método.
"Mi trabajo era cambiar la mayoría en el Congreso y cambiar, luchar para tener un nuevo presidente, porque lo que estaba ocurriendo no era consistente con nuestros valores... Algo que tenía que cambiar. Lo hicimos. Tenemos un nuevo presidente", dijo.

19 de mayo de 2009
14 de mayo de 2009
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torturas: fracaso colectivo


Ex funcionario: el tratamiento otorgado a los sospechosos de terrorismo fue un "fracaso colectivo".
[Carrie Johnson] El ex asesor del Departamento de Estado, Philip Zelikow, dijo a la primera comisión parlamentaria convenida para tratar las acusaciones de tortura que los funcionarios del gobierno de Bush cometieron un "fracaso colectivo" con el programa de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo.
Versiones recientes hoy, de Zelikow y del retirado agente especial del FBI Ali Soufan, que rechazó las conclusiones del ministerio de Justicia sobre la legalidad de aplicar el submarino a los prisioneros, probablemente expondrán nuevamente fisuras en los más altos niveles del gobierno de Bush sobre las prácticas.
El testimonio se produce en medio de llamados a llevar a tribunales, inhabilitar o iniciar una amplia pesquisa patrocinada por el Congreso de ex funcionarios de gobierno y contratistas por sus actividades durante la guerra contra el terrorismo de Bush.
El mes pasado el ministerio de Justicia liberó cuatro documentos que proporcionaron la justificación de las violentas tácticas aplicadas que los críticos consideran torturas. Los documentos redactados fríamente encendieron un fresco debate y llevaron a los partidarios de los dos lados a pedir la liberación de otros memorandos e informes, incluyendo las conclusiones del inspector general de la CIA y de los guardianes éticos del ministerio de Justicia.
Los legisladores también pidieron un documento del Departamento de Estado escrito por Zelikow hace unos tres años poniendo en duda la idea de que las tácticas de interrogatorio cumplían con las leyes contra la tortura.
Zelikow dijo que el memorando está siendo revisado para su liberación. Dijo que funcionarios de gobierno no identificados trataron a principios de 2006 de recuperar las copias para destruirlas, pero sin éxito.
El senador Sheldon Whitehouse (demócrata de Rhode Island), que presidió la audiencia de esta mañana del Comité Judicial sobre control administrativo y tribunales, dijo que gran parte de la historia sigue estando reservada, enturbiada por ideologías, o desconocida.
Whitehouse denunció una "avalancha de falsedades" sobre el tema del tratamiento de los detenidos que dice que ha sido "intensamente frustrante" para los testigos.
"Nos dijeron que el submarino sería legal, pero no nos dijeron que la ley había sido ignorada, tergiversada y manipulada por la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, ni nos informaron sobre la furia con que los abogados militares y del gobierno rechazaban las opiniones divergentes de la oficina", dijo Whitehouse.
The Washington Post se enteró antes este año que dos de los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica, John C. Yoo y Jay S. Bybee, podrían ser derivados a las autoridades disciplinarias del estado por su papel en la redacción de los memorandos. Yoo es profesor de derecho en California que ha firmado recientemente un contrato para escribir artículos de opinión en un diario de Filadelfia. Bybee es juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Algunos críticos han pedido la impugnación de Bybee, un tema que será tratado hoy en una conferencia de la organización de izquierdas, Alianza por la Justicia [Alliance for Justice].
El senador Lyndsey Graham (republicano de Carolina del Sur) dijo que las investigaciones sobre las actividades del gobierno anterior podrían también extenderse a lo que los líderes demócratas de la Cámara y el Senado sabían en la época sobre las tácticas de interrogatorio.
"No sé lo que sabía Nancy Pelosi ni cuándo lo supo", dijo Graham esta mañana. Pero, agregó, es importante entender que algunos demócratas fueron informados sobre esos temas.
"Si estás tratando de cometer un delito me parece que lo que último que querrías hacer es ir a contárselo a la gente del otro lado", dijo Graham. "Pronto será evidente la diferencia entre la nobleza de la ley y un truco político, de uno u otro modo".
David Luban, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, también declaró en la audiencia y calificó los memorandos jurídicos de Bush "un desastre ético".
"Creo que es imposible que abogados de tanto talento e inteligencia puedan haber escrito de buena fe esos memorandos en la creencia de que interpretaban correctamente la ley", dijo Luban. Agregó que los abogados del ministerio de Justicia tenían la responsabilidad especial de no "autorizar sin más las políticas del gobierno" ni "proveer cobertura para acciones ilegales".
En lugar de eso, concluyó Luban, los memorandos escritos por Yoo, Bybee y su sucesor en la oficina, Steven G. Bradbury, eligieron sólo los precedentes jurídicos que les favorecían y no consideraron ni mencionaron un caso de 1983 en que un grupo de agentes de policía fueron procesados por aplicar el submarino a detenidos para obligarlos a confesar.
"Un asesor jurídico debe usar opiniones independientes y proporcionar recomendaciones honestas y francas", dijo Luban.
Pero el profesor de derecho observó que sería difícil demostrar, con "pruebas claras y convincentes", que los autores de los memorandos habían violado normas profesionales y éticas.
Otros juristas dijeron al Post la semana pasada que las asociaciones de abogados del estado podrían tener dificultades para emprender una investigación de los fundamentos del programa de Bush y dijo que no estaba claro si Yoo y Bybee habían actuado de mala fe.
Entre otros temas explorados por los senadores en la audiencia de esta mañana se encuentra la pregunta sobre si el tratamiento violento dado a los detenidos resultó en informaciones efectivas que impidieron atentados terroristas. Whitehouse dijo que la respuesta a esa pregunta estaba "lejos de ser clara... Nada de lo que visto como miembro del comité de inteligencia me convence de que ese fue caso".
El presidente del Comité Judicial, Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont) dijo que la audiencia era "una de las más importantes del año" en el Capitolio. Renovó su apoyo a una investigación no partidista e independiente del tratamiento dado a los detenidos. "El modo en que tratemos los errores del pasado, y si optamos por aprender de ellos es lo que determinará cómo seguimos adelante", dijo Leahy esta mañana.
Ali Soufan, ex agente del FBI que investigó los atentados con bomba contra embajadas al este de África e interrogó a algunos prisioneros con presuntos vínculos con al Qaeda, también declaró en la audiencia -desde detrás de un biombo que oscurecía su cara. Dijo a los senadores que las llamadas técnicas mejoradas de interrogatorio eran inefectivas y poco fiables, y "como resultado dañaron nuestros esfuerzos por derrotar a al Qaeda".
Pero Soufan no es partidario de procesar a la gente involucrada en la implementación de esa política. Más bien, dijo, sólo quiere que el país reconozca el problema con el régimen previo de interrogatorios y no se repitan esas prácticas en el futuro.
"Fue una de las peores y más perjudiciales decisiones tomadas en nuestra campaña contra al Qaeda", dijo.
Zelikow dijo que no daría a conocer su opinión sobre si los ex funcionarios deben o no ser procesados, y observó que la historia legal y factual es "mucho más compleja de lo que se reconoce". Agregó que los memorandos del ministerio de Justicia sobre el tema, desde entonces abjurados, eran "poco sólidos e incluso irrazonables".
Pero llamó a una "investigación pública exhaustiva" para entender y evaluar los orígenes del programa y el nuevo enfoque del gobierno sobre esos temas.
"El gobierno de Estados Unidos adoptó un programa sin precedentes de abusos y tormentos físicos inhumanos calculados fríamente para extraer información", dijo Zelikov. "Eso fue un error, quizás desastroso. Fue un fracaso colectivo... Precisamente porque fue un fracaso colectivo es importante comprenderlo y aprender de él".

16 de mayo de 2009
13 de mayo de 2009
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agente del fbi critica torturas


Ex agente del FBI critica severidad de tácticas antiterroristas.
[James Vicini] Washington, Estados Unidos. El submarino y otros métodos coercitivos de interrogatorio utilizados durante el gobierno de Bush con sospechosos de terrorismo recabaron evidencias poco fiables y fueron inefectivas, dijo el miércoles al Congreso un ex agente del FBI.
Ali Soufan lo afirmó ante una comisión judicial del Senado en la primera audiencia parlamentaria desde la liberación el mes pasado de los memorandos del ministerio de Justicia que autorizaron tácticas como el submarino, la privación del sueño y de alimentos y la desnudez forzada.
"Esas técnicas... son inefectivas, lentas y poco fiables y el resultado es que perjudican nuestros esfuerzos para derrotar a al Qaeda", dijo Soufan, que observó que obtuvo informaciones valiosas de sospechosos de al Qaeda sin recurrir a métodos violentos.
Dijo que se oponía a esas prácticas de los interrogadores de la CIA.
"No podía quedarme de brazos cruzados mientras se ponía en peligro la seguridad de nuestro país y se dañaba nuestra imagen moral", dijo.
La audiencia se desarrolló en medio de crecientes llamados de organizaciones de derechos humanos a realizar más investigaciones y quizás incluso procesamientos judiciales contra funcionarios del gobierno de Bush por las técnicas denunciadas por los críticos como torturas ilegales.
Soufan también interrogó a prisioneros en Guantánamo y fue un testigo clave de la fiscalía el año pasado durante los únicos dos juicios que han sido completados en los tribunales especiales en la base de la Armada estadounidense en Cuba. Su declaración ayudó a condenar al chofer de Osama bin Laden, Salim Hamdan, y un videógrafo de al Qaeda, Ali Hamza al Bahlul.
Soufan, nacido en El Líbano, era uno de los escasos agentes del FBI que hablaba árabe antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y uno de los principales expertos de la agencia sobre al Qaeda.

Obama Objeta
Durante la audiencia, un senador demócrata dijo que el ex vicepresidente Dick Cheney había engañado a los estadounidenses cuando afirmó que los métodos violentos de interrogatorio habían obtenido informaciones valiosas.
"Nada de lo que he visto, incluyendo los dos documentos a los que se ha referido Cheney repetidas veces, indica que las técnicas de tortura autorizadas por el último gobierno fueran necesarias o que fueran el mejor modo de obtener información de los detenidos", dijo el senador Russ Feingold.
El presidente Barack Obama también ha cuestionado la descripción de Cheney de la información contenida en los documentos reservados. En uno de sus primeros actos como presidente, Obama ordenó dar un tratamiento más humano a los sospechosos de terrorismo.
Pero Obama objetó el miércoles la liberación de decenas de fotos que muestran a sospechosos de terrorismo siendo maltratados, por temor a que las fotografías provoquen reacciones violentas contra las tropas estadounidenses y dificulten los esfuerzos para luchar contra los militantes en Afganistán e Iraq.
El gobierno de Obama dijo el mes pasado que acataría una orden judicial para la liberación de las fotografías el 28 de mayo.
Feingold, miembro de los comités judicial y de inteligencia, dijo que el programa de interrogatorios era ilegal y socavó la seguridad nacional, agregando que apoyaba la propuesta de que debe haber una investigación independiente.
El ex asesor del Departamento de Estado, Philip Zelikov, dijo en la audiencia que a principios de 2005 escribió un memorando criticando la opinión del ministerio de Justicia de que los métodos de interrogatorio cumplían con las leyes contra la tortura.
Zelikow, que fue un importante asesor de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, dijo que había oído más tarde que su memorando no era considerado apropiado para ser discutido y que las copias que existían fueron recuperadas y destruidas.
"El gobierno de Estados Unidos adoptó un programa sin precedentes de maltratos y tormentos físicos fría y calculadamente inhumanos para extraer información. Esto fue un error, quizás un error desastroso", dijo Zelikow.
"Fue un fracaso colectivo en el que varios funcionarios y miembros del Congreso y dirigentes de los dos partidos han jugado un papel", dijo Zelikow.

Jane Sutton en Miami y Caren Bohan en Washington contribuyeron al reportaje.

15 de mayo de 2009
13 de mayo de 2009
©reuters
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debate sobre la privación del sueño


Memorandos arrojan luz sobre el uso por la CIA de la privación del sueño. Aunque considerado ampliamente como más efectivo y menos censurable que otros métodos de interrogatorio, los memorandos muestran que es más duro y más polémico de lo que creen muchos.
[Greg Miller] Washington, Estados Unidos. Cuando el presidente Obama preparaba el mes pasado la liberación de los memorandos secretos sobre el uso que hacía la CIA de métodos violentos de interrogatorio, la Casa Blanca presentó una avalancha de apelaciones de última hora.
Una provenía del ex director de la CIA, Michael V. Hayden, que expresó incredulidad de que el gobierno estaba preparado para exponer métodos que más tarde podría necesitar.
"¿Me está diciendo que cualquiera sea el nivel de amenaza, usted no interferirá nunca con el ciclo de sueño de un detenido?", preguntó Hayden a un alto funcionario de la Casa Blanca, de acuerdo a fuentes familiarizadas con la conversación.
Desde el principio, la privación del sueño ha sido uno de los elementos más importantes del programa de interrogatorios de la CIA, utilizada para quebrar a decenas de sospechosos de terrorismo, mucho más que la mayoría de los otros métodos violentos. Y está entre los métodos que la agencia luchó por mantener.
La técnica fue ahora prohibida por el decreto del presidente Obama en enero sobre los métodos coercitivos de interrogatorio, aunque un grupo de trabajo está revisando su uso, además de otros métodos de interrogatorio que la agencia pueda usar en el futuro.
Debido a su efectividad -así como la percepción de que era menos censurable que el submarino, los golpes a la cabeza y la desnudez forzada-, la privación del sueño es una técnica que podría ser restaurada.
Pero los memorandos del ministerio de Justicia liberados el mes pasado por Obama, así como la información proporcionada por funcionarios familiarizados con el programa, indican que el método, que implica obligar a los detenidos encadenados a ponerse de pie, a veces durante días, era más polémico, dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, de lo que se pensaba.
El informe del inspector general de la CIA de 2004 fue más crítico de la agencia por su uso de la privación del sueño más que de cualquier otro método, excepto el submarino, según funcionarios familiarizados con el documento, debido al modo en que aplicaba la técnica.
Los prisioneros tenían los pies encadenados al suelo y las manos esposadas cerca de la barbilla, según los memorandos del ministerio de Justicia.
Los detenidos llevaban sólo pañales y no se les permitía alimentarse. Si el prisionero empezaba a dormirse, se doblaría y quedaría atrapado en sus cadenas.
Los memorandos dicen que más de veinticinco prisioneros de la CIA fueron sometidos a la privación del sueño. En una ocasión, la agencia mantuvo a los prisioneros despiertos hasta once días seguidos; el límite fue reducido a algo más de una semana.
De acuerdo a los memorandos, el personal médico debía asegurarse que los prisioneros no se lesionaran. Pero un informe de la Cruz Roja de 2007 sobre el programa de la CIA decía que las muñecas y tobillos de los detenidos lucían cicatrices causadas por los grilletes.
Cuando los prisioneros ya no podían tenerse en pie, serían tendidos sobre el suelo de la prisión con sus miembros "sujetos a un punto alejado del suelo de modo que no puedan doblar los brazos ni usarlos para no perder el equilibrio o ponerse cómodo", dice el memorando del 10 de mayo de 2005.
"La posición es suficientemente incómoda para el prisionero, en la que se le impide dormir continuadamente, mientras se permite que sus piernas se recuperen del efecto de estar de pie", decía.
En el informe de la Cruz Roja, los prisioneros dijeron que también fueron sometidos a música estridente y ruidos repetitivos.
"Me tuvieron sentado en una silla, con grilletes en las manos y pies, durante dos a tres semanas", dijo el operativo sospechoso de al Qaeda, Abu Zubaydah, el primer prisionero capturados por la CIA, según el informe de la Cruz Roja. "Si me empezaba a dormir, se acercaba un guardia y me arrojaba agua en la cara".
En los memorandos del ministerio de Justicia, la privación del sueño fue descrita como parte de una fase de inicial del interrogatorio, clasificada como menos severo que otros métodos "correctivos" o "coercitivos".
En la CIA, la privación del sueño era vista como un método que tenía como ventaja de corroer la voluntad de resistencia del prisionero sin causar lesiones permanentes.
"Obviamente, el submarino era el más polémico", dijo un ex alto funcionario de gobierno que fue informado extensamente sobre las operaciones de interrogatorio de la CIA. Pero "la privación del sueño es probablemente el método más efectivo que tenían".
Frente a los intentos en el Congreso en 2005 y 2006 de prohibir el uso de ciertos tipos de técnicas, los abogados de la CIA y funcionarios del gobierno de Bush propusieron conservar un grupo de métodos básicos, incluyendo la privación del sueño".
En 2007, después de que una resolución de la Corte Suprema obligara a la Casa Blanca a corregir el programa de la CIA en conformidad con la Convención de Ginebra, el presidente Bush firmó una orden presidencial que definía los derechos de los detenidos "a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida". La orden incluía "alimentos adecuados y agua, protección contra los elementos, la ropa necesaria" y protección contra el frío o calor extremos. Pero no mencionaba el sueño como una de las necesidades básica.
Antiguos y actuales funcionarios de la inteligencia estadounidense dijeron que la privación del sueño multiplicaba el poder coercitivo de otras técnicas que incluían las bofetadas y el encierro en cajas pequeñas.
"Era vista como una herramienta que posibilitada todas las demás", dijo un ex funcionario de la CIA implicado directamente en el programa. El ex funcionario, como otros, contó lo que se pensaba internamente a condición de conservar el anonimato.
Los memorandos del ministerio de Justicia también citan investigaciones que sugieren que la privación del sueño no es peligrosa.
"La experiencia con la privación del sueño muestra que ‘sorprendentemente, físicamente no parece que los sujetos estén mal’", dice el memorando del ministerio de Justicia del 10 de mayo de 2005 -una de las muchas instancias en que los abogados del gobierno mencionan artículos científicos para confirmar que el programa era seguro.
Pero, algunos autores de esos estudios han dicho desde entonces que las conclusiones de sus investigaciones fueron terriblemente mal utilizadas.
James Horne, director del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad Loughborough en Gran Bretaña, dijo que nunca funcionarios del gobierno le consultaron nada y no sabía nada sobre el uso que se estaba dando a su trabajo hasta que se publicaron los memorandos.
"Mi respuesta fue que estaba devastado", dijo Horne en una entrevista por correo electrónico. Sólo porque el dolor de la privación del sueño "no pueda ser medida en términos de lesiones físicas aparentes... no significa que la angustia mental tampoco deje secuelas".
Horne dijo que era peligroso que la CIA extrapolara conocimientos obtenidos de investigaciones independientes en que los sujetos de estudio, todos voluntarios, han estado sin dormir durante una semana, y podían comer, descansar, mirar televisión o marcharse en cualquier momento. En contraste, los prisioneros de la CIA eran sometidos a métodos coercitivos adicionales que podían provocar el colapso físico o mental.
"Decir que, en este aspecto, estar sin dormir durante 180 horas es seguro, es un absurdo", escribió Horne en otra comunicación online. Incluso si la privación del sueño lograba que los prisioneros hablaran, dijo, "dudo que su estado mental les permita producir informaciones creíbles, sin delirios, fantasía ni sugestiones".

11 de mayo de 2009
©los angeles times 
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funcionario defiende torturas


Funcionario defiende memorandos sobre interrogatorios coercitivos en que justifica la tortura.
[Neil A. Lewis] Washington, Estados Unidos. El juez Jay S. Bybee rompió su silencio el martes y defendió las conclusiones de los memorandos con recomendaciones legales que escribió como abogado del gobierno de Bush que permitieron el uso de varios métodos coercitivos de interrogatorio con sospechosos de terrorismo.
El juez Bybee, que firmó los memorandos como director de la Oficina de Asesoría Jurídica y fue más tarde nombrado a una corte federal de apelaciones por el presidente George W. Bush, dijo en una declaración en respuesta a preguntas del New York Times que seguía creyendo que los memorandos representaban "un análisis de la ley escritos de buena fe" que definían propiamente la delgada línea que separa la tortura de los malos tratos.
Como director de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, Bybee firmó en agosto de 2002 dos memorandos en los que se trataban los límites legales que debían respetar los interrogadores estadounidenses a la hora de presionar a los operativos de al Qaeda capturados.
Los dos memorandos, que suministraron la base para el uso de técnicas como el submarino, privación del sueño y aislamiento restrictivo, provocaron una enorme controversia y debate sobre si los abogados del gobierno de Bush habían proporcionado una cobertura legal para torturar.
Hasta hace poco, el juez Bybee había sido una figura poco conocida en el debate. En contraste, John Yoo, su adjunto en la Oficina de Asesoría Jurídica, que se cree en general que fue el principal autor de los memorandos, los ha defendido repetidas veces. Pero el juez Bybee ha recibido ahora mayor atención. Algunos han pedido su impugnación, su acreditación profesional está siendo investigada por el ministerio de Justicia , e incluso ha perdido a algunos de sus amigos.
Juez Bybee dijo que emitiría una declaración después de informes de que había lamentado su papel en la redacción de los memorandos, incluyendo un artículo en el Washington Post el sábado en ese sentido. Dadas las amplias críticas a los memorandos, dijo que ahora haría las cosas de otro modo, como aclarar y agudizar el análisis de algunas de sus respuestas para ayudar al público a entender mejor los fundamentos de sus conclusiones.
Pero dijo: "La pregunta principal para los abogados es limitada: identificar la delgada línea entre los tratos rudos brindados a un terrorista de al Qaeda de alto nivel que no sea tortura y los tratos rudos que no lo son. Entonces creí, y sigo creyendo hoy, que las conclusiones eran legalmente correctas".
Otros abogados del gobierno apoyaron esas conclusiones, dijo Bybee.
"La cuestión jurídica era y es difícil", dijo. "Y las consecuencias para el país eran importantes, sin importar nuestra opinión. En ese contexto, hicimos lo mejor que pudimos al hacer recomendaciones basadas en un análisis legal de buena fe".
El profesor Christopher L. Blakesley, colega de la facultad de leyes de la Universidad de Nevada, Las Vegas, dijo que después de la liberación del primer memorando, fue incapaz de contenerse al expresar su desacuerdo en una comida en un restaurante en 2004, a la que también habían sido invitadas sus esposas.
"Le pregunté cómo pudo firmar una cosa tan terrible", dijo Blakesley en una entrevista.
Dijo que el juez replicó que no podía hablar sobre el asunto. La comida se estropeó, aunque continuó, dijo Blakesley. No se han hablado desde entonces.
Blakesley dijo que apreciaba al juez Bybee. "Tiene algunos defectos básicos, como el de ser demasiado ingenuo con los líderes".
"Tiene demasiado respeto por la autoridad y evitará toda confrontación, pase lo que pase", dijo el profesor.
En marzo de 2004, antes de que se hiciera público el primer memorando, el juez Bybee habló ante dos decenas de secretarios de juzgado de la corte federal de Pasadena, California, como parte de un programa en el que los jueces comentan sobre los inicios de sus carreras, y algunos de los secretarios presentes dijeron que el juez Bybee habló sobre su época en el ministerio de Justicia durante Bush.
Dos de los secretarios recordaron que dijo que gran parte del trabajo era aburrido, pero que algunos asuntos eran "tan terribles, tan espantosos, tan radioactivos" que el gobierno no los revelaría nunca. Tuan Samahon, profesor en la facultad de leyes de la Universida de Nevada y que fue secretario del juez Bybee en su primer año en el tribunal, dijo que inicialmente esos comentarios le intrigaron, pero los entendió algunas semanas después cuando se hicieron públicos los primeros memorandos.
El profesor Samahon dijo que pensó que la observación del juez Bybee se "refería a la naturaleza de la asesoría limitada y no a los trabajos de la oficina".
Otro secretario presente en el almuerzo, Nina Radin, que ahora dirige una clínica de inmigración en la Universidad de Arizona, dijo que pensó que los comentarios del juez Bybee eran inquietantes porque sugirió que su papel como abogado podía divorciarse de los programas que se estaban implementando. "Definitivamente ofreció una visión [de su trabajo] en la que su trabajo aparecía demoníaco", dijo, "y pensé que eso era deshonesto, porque no reconocía la responsabilidad del abogado en lo que estaba ocurriendo".
En una reunión de secretarios de juzgado en mayo pasado en un restaurante de Las Vegas, informado primero por The Recorder, un diario de temas jurídicos de California, el juez Bybee también habló sobre su trabajo en la Oficina de Asesoría Jurídica, diciendo primero que estaba orgulloso del trabajo que había hecho como juez y de la ayuda que había recibido de sus secretarios. Dijo entonces, de acuerdo a varios testigos: "Ojalá pudiera decir lo mismo de mi trabajo anterior".
El juez Bybee es generalmente bien apreciado por sus colegas de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que abarca a varios estados occidentales.
La juez Betty Fletcher, miembro de la corte durante los últimos treinta años, dijo en una declaración: "Es un conservador moderado, muy brillante y siempre atento y apegado a las leyes. No he hablado con otros jueces sobre su memorando sobre la tortura, pero me parece completamente atípico que haya firmado ese documento. Inexplicable".

11 de mayo de 2009
28 de abril de 2009
©new york times 
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inhabilitación y disciplina contra abogados


No es probable que se formulen cargos en el caso de los memorandos de los interrogatorios. En un informe preliminar, investigadores del ministerio de Justicia recomiendan no formular cargos contra los abogados del gobierno de Bush, pero sí dictar sanciones disciplinarias del estado contra dos de ellos.
[Josh Meyer y Julian E. Barnes] Washington, Estados Unidos. Investigadores del ministerio de Justicia concluyeron que los tres abogados del gobierno de Bush que escribieron los polémicos memorandos sobre los interrogatorios no deberían ser procesados, aunque la conducta de dos de ellos fue suficientemente problemática para merecer su posible inhabilitación en el estado y otras medidas disciplinarias, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas con el borrador del informe.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del ministerio terminó en diciembre su investigación sobre la autorización legal de la CIA para el uso del submarino y otros métodos de interrogatorio coercitivo contra sospechosos de ser militantes de al Qaeda. La unidad de asuntos internos concluyó que Steven G. Bradbury -uno de los abogados que trabajó en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia- escribió al menos tres memorandos entre 2002 y 2007 que, aunque inquietantes, no merecen ninguna medida disciplinaria seria, dijeron las fuentes.
Pero, dijeron los investigadores, los abogados de la oficina de asesorías, John C. Yoo y Jay S. Bybee, se comportaron de manera poco ética cuando proporcionaron recomendaciones a la CIA y otros funcionarios del gobierno para que pudieran realizar interrogatorios intensivos que se consideraba que eran parte crucial de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo.
El informe, si finalmente lo aprobara el ministerio de Justicia, será enviado a los colegios de abogados de los estados donde tienen sus despachos esos abogados para estudiar posibles medidas disciplinarias.
Bybee, que fue subsecretario de Justicia, ahora es juez de la Corte Suprema del Noveno Circuito de San Francisco. Los críticos e incluso algunos abogados han pedido su renuncia. Yoo es profesor de derecho en la Universidad de California en Berkeley.
Uno de los ahora infames memorandos que escribieron daba a los interrogadores amplia libertad de acción a la hora de determinar qué tipo de dolor físico y emocional infligir a detenidos de alto valor en un esfuerzo por extraer informaciones sobre posibles atentados terroristas.
El extenso borrador del informe sigue siendo secreto y ni el ministerio de Justicia ni los tres ex abogados de gobierno y sus abogados quisieron comentarlo.
Tampoco es definitivo, porque Bybee y Yoo han tenido la oportunidad de explicar las conclusiones de la Oficina de Responsabilidad Profesional. El fiscal general Eric H. Holder Jr. y otros altos funcionarios del ministerio de Justicia revisarán esas respuestas -así como una escrita por Bradbury antes de que dejara al gobierno- antes de escribir el informe final.
La presión pública para liberar los hallazgos de la pesquisa de la Oficina de Responsabilidad Profesional se ha intensificado significativamente desde que el mes pasado el gobierno de Obama desclasificara cuatro de los memorandos. Eso provocó un debate internacional sobre si los abogados torcieron intencionadamente la interpretación de leyes estadounidenses y tratados internacionales para aprobar lo que los críticos califican de torturas.
Los investigadores se basaron en un tesoro de informaciones reservadas -incluyendo e-mails entre los abogados del ministerio de Justicia y funcionarios de la CIA y la Casa Blanca- en un esfuerzo por determinar cómo habían llegado los abogados a sus conclusiones y si acaso habían sido presionados.
Por ejemplo, durante décadas el gobierno de Estados Unidos ha perseguido y condenado a gente por utilizar el submarino, un método que es un simulacro de ahogamiento, durante interrogatorios. Sin embargo, le dieron poca atención en los detalladísimos memorandos legales.
La investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional constató que los memorandos que tratan de hacer del fallo multiorgánico la línea divisoria entre el dolor y la tortura era algo que cualquier abogado encontraría irrazonable. También concluyó que Bybee y Yoo habían violado el deber del abogado de proporcionar "recomendaciones jurídicas razonables", de acuerdo a una fuente familiarizada con el informe que, como los otros entrevistados, accedió a discutir el informe a condición de conservar el anonimato, debido a que era reservado.
Algunos actuales y pasados funcionarios y juristas del anterior gobierno han criticado a Bybee y Yoo por hacer recomendaciones jurídicas chapuceras que permitieron que la CIA lanzara a los detenidos contra las paredes, los mantuviera despiertos durante una semana y usara otros métodos considerados ampliamente como tortura. Holder mismo ha definido el submarino como tortura.
Pero ex funcionarios del gobierno de Bush han estado cabildeando contra todo tipo de medida disciplinaria, diciendo que los abogados dieron sus mejores recomendaciones en circunstancias muy difíciles -incluyendo el temor de otro atentado terrorista inminente- y que castigarlos tendría un efecto devastador para futuras formulaciones.
La Oficina de Responsabilidad Profesional revisó el caso durante cuatro años e hizo llegar su borrador al fiscal general el 22 de diciembre. Otros funcionarios del anterior gobierno dijeron haberse asombrado de las conclusiones y creían que la oficina de asuntos internos se había extralimitado al realizar un tipo de investigación que estaba bastante fuera de su ámbito.
El ex fiscal general, Michael B. Mukasey y su subsecretario, Mark Filip, se opusieron vigorosamente al informe. En un memorando de catorce páginas recomendaron que se revisaran y reconsideraran las conclusiones, dijeron varios ex funcionarios.
Pero debido a que el gobierno de Bush estaba terminando, le correspondió al gobierno de Obama y Holder decidir qué hacer.
En noviembre, Mukasey escribió que esperaba que una vez que el gobierno de Obama revisara "las decisiones tomadas y las recomendaciones jurídicas proporcionadas, reconocerá que pese a diferencias de enfoque, los abogados de la seguridad nacional de este gobierno actuaron profesionalmente y de buena fe y que el país estaba más seguro como resultado de ello".

Greg Miller contribuyó a este reportaje.

11 de mayo de 2009
6 de mayo de 2009
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antiterrorismo ilegal


Funcionario del ministerio de Justicia declara "ilegales" políticas antiterroristas de Bush. El ex funcionario de Bush dice que las prácticas socavaron a Estados Unidos y sus aliados extranjero y ayudaron a al Qaeda.
[Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. La "respuesta ilegal contra el terrorismo" del gobierno de Bush no solamente ha minado la credibilidad moral y prestigio de Estados Unidos en el extranjero, y proporcionado a al Qaeda su mejor herramienta de reclutamiento, sino también ha debilitado las alianzas estadounidenses con otros gobiernos, que son necesarias para luchar contra la amenaza que representa el extremismo islámico, dijo el martes un alto funcionario del ministerio de Justicia de Obama.
Las observaciones de Todd Hinnen, el subsecretario de Justicia para ley y programas de la División de Seguridad Nacional del ministerio, fueron mucho más allá de algunas de las primeras críticas contra el gobierno de Bush de parte del presidente Obama y sus funcionarios políticos. Y se produjeron en un día en que el fiscal general Eric H. Holder Jr. estaba exigiendo una fuerte corrección de ruta, distanciándose de las políticas de Bush para acercarse a lo que los funcionarios dijeron que estaba más en conformidad con el estado de derecho.
Hinnen, que dirige el equipo de abogados del ministerio de Justicia encargados de la estrategia, el desarrollo de políticas y del análisis legal de asuntos de la seguridad nacional, dijo que el nuevo gobierno se encargará de las consecuencias dejadas por sus predecesores, tanto en Estados Unidos como en el extranjero sobre temas tales como los interrogatorios coercitivos, las ‘entregas extraordinarias’ y la detención indefinida de sospechosos de terrorismo en Afganistán, Bahía Guantánamo y en cárceles secretas de la CIA en todo el mundo, sin el debido proceso.
"Durante años, las conversaciones con aliados extranjeros sobre cómo combatir al terrorismo se han ido a pique en un impasse fundamental, debido al uso que hacen autoridades antiterroristas de métodos fuera de, y según muchos, en disconformidad con el estado de derecho", dijo Hinnen a un público compuesto por expertos del gobierno y particulares en el Instituto para una Política Exterior en el Cercano Oriente [Institute for Near East Policy], de Washington.
Sus observaciones fueron especialmente significativas porque hasta 2007 Hinnen fue un alto funcionario del gobierno de Bush para el contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional.
Hinnen dijo que el nuevo gobierno estaba tratando de "superar el impasse y definir un espacio para las discusiones constructivas con aliados extranjeros y en organizaciones multilaterales", pero que el esfuerzo había sido extremadamente exigente dada la inclinación de la Casa Blanca de Bush a conducir una campaña global contra el terrorismo que aparentemente violaba las leyes estadounidenses, el derecho internacional y los tratados internacionales.
"En las últimas semanas, el gobierno ha puesto fin claramente a políticas del gobierno anterior que son, para decirlo amablemente, las menos destinadas a existir como parte de un marco jurídico perdurable y basado en principios", dijo Hinnen. "El ministerio de Justicia ha liberado y rechazado una serie de memorandos que son considerados por muchos como un intento de torcer el estado de derecho para apoyar conclusiones que son fundamentalmente contrarias a este".
Hinnen no quiso comentar sobre si el ministerio de Justicia, que está investigando a los abogados del gobierno de Bush que escribieron esos memorandos, consideraría el intento de "torcer el estado de derecho" en respaldo de políticas posiblemente ilegales como algo que debiese ser tratado en tribunales.
En Praga, Holder siguió su serie de visitas semanales a contrapartes europeos, y dijo que los investigadores de ambos continentes debían trabajar más estrechamente y actuar más rápidamente para capturar y procesar a sospechosos de terrorismo, de tráfico de drogas y pornografía infantil según los nuevos acuerdos.
Funcionarios del ministerio de Justicia del gobierno de Bush se sintieron frustrados por el lento ritmo de la extradiciones de sospechosos de terrorismo, especialmente con países europeos que criticaron a menudo las políticas antiterroristas de Washington. El sistema está mejorando, dijo Holder, agregando que está tratando de forjar mejores y más estrechas relaciones con Europa y buscando su apoyo para cerrar Guantánamo a principios del próximo año.
La nueva ley de extradición y los nuevos tratados jurídicos están diseñados para facilitar el trabajo de las autoridades iniciando investigaciones conjuntas en el extranjero, lo que los funcionarios del ministerio de Justicia dijeron que eran necesarias para frenar los delitos graves cada vez más globales.
Según los términos de los nuevos acuerdos, los sospechosos pueden ser extraditados si son acusados de actos que son delitos en su propio país y en el país que esperar procesarlos.

10 de mayo de 2009
28 de abril de 2009
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esclavas sexuales en la guerra


Al final de sus vidas, todavía esperan reconocimiento. Ocho mujeres coreanas fueron convertidas en esclavas sexuales antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
[John M. Glionna] Toechon, Corea del Sur. Kang Il-chul va en la parte de atrás de la camioneta, que está atiborrada de viejas chismosas. La mujer de 82 años se cubre coqueta la boca para susurrar un secreto.
"Peleamos mucho sobre la comida", dice, arrugando la nariz. "Para decirle la verdad, algunas de esas señoras tienen malas pulgas".
Son ocho mujeres, y comparten una casa en un cerro en las afueras de Seúl, peleándose por todo, desde el espacio hasta la temperatura de la casa.
Algunas llevan maquillaje y elegantes sombreros; otras se contentan con bata y pantuflas. Algunas están amargadas, sus años dorados manchados por recuerdos dolorosos; otras tienen una disposición más dulce, y disfrutan visitando salones de belleza o, de vez en vez, bailando en el living.
Pero todas comparten una cosa: hace décadas fueron obligadas a servir como esclavas sexuales de los soldados japoneses que ocuparon el país antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron violadas repetidas veces y golpeadas durante meses y años.
Ahora para las halmoni, las abuelas coreanas, el tiempo se está acabando. Entre 150 mil a 200 mil mujeres coreanas sirvieron como esclavas sexuales de los japoneses, y la mayor parte de ellas han vivido sus vidas en humillante silencio.
Cuando los activistas llamaron la atención sobre este tema a principio de los años noventa, los funcionarios buscaron a las sobrevivientes. Muchas tenían demasiada vergüenza como para volver a contarlo. Los funcionarios sólo inscribieron a 234 mujeres.
Noventa y tres viven todavía, de acuerdo a una organización que se ocupa de ellas.
En 1992, algunas de las mujeres aceptaron voluntariamente vivir en una nueva Casa para Compartir [House of Sharing] fundada por organizaciones budistas y filántropos. Hay una cocinera a tiempo completo, una enfermera y cuidadores voluntarios. Hay clases de arte, sesiones de gimnasia y visitas al doctor. Kang es la más joven de las ocho que restan. La mayor tiene 92.
Son parte Chicas de Oro, parte dedicadas activistas.
Esperan reconocimiento antes de su muerte, y están quebrando lanzas para que el mundo reconozca su sufrimiento. Quieren reparaciones y una disculpa formal del gobierno de Japón. También han presionado al gobierno de Corea del Sur para que se pronuncie sobre el tema.
La respuesta de Japón ha sido ambigua. Después de la guerra, el gobierno sostuvo que los burdeles militares habían sido gestionados por contratistas privados. Pero en 1993 reconoció oficialmente el papel del ejército imperial en la fundación de las llamadas estaciones de consuelo.
Conservadores de la clase política todavía insisten en que no hay evidencias documentales de que el ejército haya realizado y organizado una campaña de esclavitud sexual -una afirmación rechazada por muchos investigadores.
El testimonio de las mujeres de la Casa para Compartir es la respuesta a los que dicen que no hay pruebas de que mujeres coreanas fueron obligadas a servir como esclavas sexuales de los soldados japoneses. Se reúnen los miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl o ante varias dependencias del gobierno de Corea del Sur. Desenvuelven sus pancartas y se reúnen por lo general en silencio, impávidas mientras los guardias les toman instantáneas. En los últimos diecisiete años, se han manifestado 861 veces. Algunas han viajado a Washington para declarar ante el Congreso.
Reciben a cerca de 30 mil visitantes al año en la Casa para Compartir, parte de un complejo que incluye al Museo Histórico de la Esclavitud Sexual Militar Japonesa.
Han sido estudiadas y analizadas como especímenes de laboratorio, sus vidas diarias han sido comentadas por sociólogos, sus rudimentarias piezas de arte estudiadas para evaluar los efectos emocionales de largo plazo del trauma.
Ahora, muchas están cansadas. Sus años como activistas son cosa del pasado. Hay un cambio de guardia. Con un ademán brusco, Kim Kun-ja se llama a sí misma una "alborotadora". Durante años fue una de las activistas más estridentes. Las otras la llaman Número 1.
Hoy, a los 84, usa un andador. Se cayó dos veces hace poco, y sale rara vez de la cama.
"Todas estamos mentalmente enfermas y físicamente lesionadas", dice, mientras toma sopa. "Pero ya no quiero hablar sobre este asunto. Me trae malos recuerdos".
Su lugar ha sido ocupado por la infatigable Kang. De adolescente, recuerda, fue engañada para que saliera de casa por unos soldados japoneses que le ofrecieron caramelos.
Hoy, Kang recibe a un grupo de veinte madres que se sientan formando un semicírculo en el suelo de la residencia. Al borde del sofá, con una blusa de seda y un pañuelo que cubre elegantemente su cuello, mueve las manos como un político veterano tratando de despabilar a una multitud.
Con la edad, se ha puesto más rebelde, dice, y quiere justicia.
"Tenemos que resolver este problema antes de nuestra muerte", dice. "Tenemos que irnos cuando Dios nos llame, pero no podré morir tranquila si no resolvemos esto".
Kang llama a Kim, pidiéndole que se dirija al grupo.
Kim no quiere. "Estoy sorda", dice.
Cerca, la residente Kim Soon-ok, 88, acaricia maternalmente el cabello de una visitante que se sienta frente a ella en el suelo.
Algunas residentes nunca se casaron y no tienen nietos que las visiten. Agradecen el contacto con desconocidos. Saludan con la mano a los visitantes y se abrazan prolongadamente, mientras un reloj de pie cuenta sus últimos días.
Una lleva un pequeño conejo de peluche. Dice que le gustan más los animales que los humanos.
A veces se viven momentos de tensión en la Casa para Compartir. Los cuidadores han colocado fotos de las residentes en las puertas de sus dormitorios y sitios en la mesa para evitar confusiones y riñas entre las mujeres, que pueden ser territoriales, y enfadarse.
"Abre la ventana, tengo calor", pide una.
"Bueno, yo tengo frío", dice la que está sentada a su lado.
Las mujeres se quejan a menudo. Las comidas servidas por la chef a tiempo completo son "desabridas", dicen varias de ellas cuando se sientan a la mesa del comedor, hablando como reclusos que planean una fuga.
Trasladadas a cuartos transitorios durante una remodelación del dormitorio principal, muchas se quejan de que ya no tienen llaves para sus cuartos.
Kang, la líder del grupo, se calla repentinamente. "Shhhh, viene alguien", dice, cuando una enfermera entra a la habitación.
Suspira, diciendo que aunque la vida en Casa para Compartir no es perfecta, "no tenemos dónde ir".
Durante un recorrido de su cuarto, Kang dice que no le puede contar a las otras nada sobre los regalos que ha estado recibiendo de los visitantes. Coge unas pinzas ejercitadoras. "Si supieran que me las dieron, tendría problemas", dice. Muestra otro regalo, un pañuelo de seda. "¿No es bonito?"
Aunque muchas mujeres ya no hablan sobre su pasado, a otras les alivia poder contar sobre sus torturas.
Sin introducción, Park Ok-ryun, 86, empieza a contar cómo, cuando tenía dieciocho años, fue secuestrada por dos soldados japoneses. Ella y una amiga habían ido a recoger agua a un arroyo.
"No llores", recuerda que le dijeron los soldados. "Si te vienes con nosotros, tendrás comida y ropas bonitas".
Park sujeta el brazo de un oyente. "Me subieron a un camión y me cubrieron con una tela roja y azul", dice. Suplicó que la dejasen ir, explicando que tenía que volver a casa a preparar la cena.
"Pero me dijeron: ‘Burra, deja de fastidiar’, y me patearon", cuenta, mostrando una cicatriz en su pierna.
Las mujeres saben que algunos están escuchando. El Congreso estadounidense llamó al Japón a pedir perdón y "aceptar la responsabilidad histórica" por la esclavitud sexual.
El gobierno japonés ofreció formar un fondo, pero las mujeres rechazaron el dinero, exigiendo que el gobierno también acepte responsabilidad por sus sufrimientos.
En un momento de calma, Kang dice que aunque no puedan olvidar nunca lo que les pasó, deben perdonar a los japoneses, aún si no fuera más que por la salud emocional de la generación que les sigue.
Entonces Kim, la vieja número uno, nos da una rara demostración de buen humor.
"No todos los hombres son malos", dice, sonriendo. "Los hay buenos y malos".

Ju-min Park contribuyó a este reportaje.

9 de mayo de 2009
30 de abril de 2009
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