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derechos humanos

gadafi fue torturado y sodomizado


Tropas del nuevo gobierno torturaron y sodomizaron a Gadafi antes de ejecutarlo de un tiro en la sien. Luego fue exhibido en público durante cuatro días hasta que su avanzado estado de putrefacción lo desaconsejó. La CPI reúne información sobre su muerte.
[Eduardo Martín De Pozuelo] La Corte Penal Internacional -CPI, con sede en La Haya- estudia proceder contra los captores y presuntos asesinos del líder libio Muamar Gadafi ante la posibilidad, evidente para las fuentes consultadas, de que las circunstancias de su muerte constituyan un crimen de guerra que se debe perseguir y castigar.
La decena de truculentos videos que circulan por internet en los que se ve a Gadafi capturado vivo, desarmado, ensangrentado y suplicante, en manos de una turba vociferante y armada que le golpea, tortura y sodomiza con un palo, para un instante después darle muerte, convenció a la fiscalía de la CPI de que el libio ha sido víctima de un crimen cuya investigación es competencia de este tribunal internacional.
Fuentes de la fiscalía no nos precisaron en qué fase está la investigación, sólo indicaron que, a priori, "los que mataron a Gadafi, y siempre según las informaciones recibidas, han violado todas las leyes referentes a los usos de la guerra respecto a los prisioneros".
Aseguran los juristas consultados que los rebeldes que le capturaron debieron aplicar a Gadafi los convenios internacionales sobre el trato a prisioneros, es decir, tenían que "haberle protegido, evitado que fuera torturado y entregarlo a las autoridades locales o a la Cruz Roja para que, a su vez, lo pusieran a disposición de la CPI", donde debía responder de acusaciones de crímenes contra la humanidad formuladas en su contra el pasado 27 de junio.

Convenios de Ginebra
Las fuentes de La Haya dijeron que se entiende por crimen de guerra -el hipotético delito cometido al matar de semejante forma a Gadafi- las infracciones graves de los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y que precisamente establece la legislación que incluye la CPI.
"Es decir -agregaron-, la ley suscrita internacionalmente exige que los prisioneros (Gadafi) sean "en todas las circunstancias tratados con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo".
Y, a este respecto, añadieron que "se prohíbe en cualquier tiempo y lugar" los atentados "contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios", así como los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes.
Los heridos, como era el caso de Gadafi, dicen las fuentes, deben ser asistidos, exactamente lo contrario de lo sucedido con el líder libio.

Supuestos Responsables
En cuanto a los supuestos responsables de este crimen estarían los que supuestamente lo torturaron y sodomizaron y los que permitieron que sucediera. Es decir, las personas que aparecen en los videos sumadas a las que señalen los testigos en el caso, más que probable, de que la investigación siga su curso.
No se debe olvidar que la CPI, que puede actuar de oficio, no está sola en este asunto, ya que la ONU ha solicitado una investigación exhaustiva del crimen, lo mismo que Safiya Gadafi, la viuda de Muamar Gadafi, que además pide que las pesquisas se extiendan a la muerte de su hijo Muatasem.
"Ahora lo más fácil es que tarde o temprano acabemos viendo a un grupo de rebeldes libios sentados en el banquillo, acusados por matar a Gadafi y quizá de otros crímenes de guerra", señalaron las fuentes de la CPI.
Esto, pese a que el Consejo Nacional de Transición (CNT) libio está decidido a -en caso de encontrar culpables en sus investigaciones- a juzgar a los sospechosos en su país. ¿Un eventual primer round entre las nuevas autoridades libias y la comunidad internacional? Habrá que esperar para ver.
31 de octubre de 2011
29 de octubre de 2011
©la nación
 

paramilitares cometen masacre en libia


Encuentran cientos de prisioneros de guerra y civiles ejecutados sumariamente por fuerzas del nuevo gobierno libio.
[Kareen Fahim y Adam Nossiter] Sirte, Libia. El lunes, en el reseco jardín del Hotel Mahari, los voluntarios se afanaban borrando los signos de una masacre reciente. Recogieron decenas de cadáveres, aparentemente de personas ejecutadas en los terrenos del hotel hace algunos días, pero dejaron de lado otras evidencias -como las ataduras de plástico que fueron usadas para amarrar las manos de las víctimas y casquillos de balas, dispersos en la hierba seca en medio de charcos de sangre.
Los voluntarios dijeron que entre las víctimas había al menos dos ex funcionarios del gobierno de Gadafi, soldados libios y probablemente civiles. Creen que los asesinos fueron ex paramilitares rebeldes de unidades anti-gadafistas que utilizaron el hotel como base en las últimas semanas. Parece ser una de las peores masacres en los ocho meses de conflicto, pero días después de haber ocurrido ningún representante del nuevo gobierno libio se había acercado a investigar.
Los líderes interinos, que declararon que habían liberado al país el lunes, pueden simplemente tener demasiado que hacer como nuevas autoridades del estado. Pero durante todo el conflicto también se han demostrado reacios o incapaces de investigar las acusaciones de atrocidades cometidas por sus fuerzas paramilitares, pese a repetidas promesas de que no tolerarían los abusos.
La falta de control quedó fuertemente en evidencia la semana pasada cuando ex combatientes rebeldes arrestaron al coronel Muamar al-Gadafi. En videos de su captura el jueves en la mañana, combatientes victoriosos fueron vistos maltratando al coronel Gadafi, que parecía estar sangrando y afligido, pero consciente. Esto fue momentos después de ser sacado de un enorme tubo de drenaje donde se había ocultado después de un ataque aéreo de la OTAN que destruyó parte de su convoy. Videos posteriores muestran su cuerpo magullado, con al menos una herida de bala en la cabeza.
El lunes, Mustafa Abdel-Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición, como se conoce al gobierno interino, anunció la formación de una comisión de investigación sobre la muerte del coronel Gadafi.
En su anuncio, Abdel-Jalil reconoció la presión de potencias extranjeras y organizaciones de derechos humanos -incluyendo países y grupos que apoyaron la rebelión- había precipitado la decisión de investigar cómo terminó el coronel Gadafi con una bala en la cabeza. Abdel-Jalil se refirió a las "demandas de la comunidad internacional" para realizar esa investigación.
Pero en sus comentarios no quedó claro cuánta autoridad tendrá la comisión para realizar la investigación y si los autores pueden ser juzgados. También sugirió que los combatientes anti-Gadafi pueden no haber sido quienes le asesinaron, insinuando que las balas fatales pueden haber provenido incluso de partidarios del coronel Gadafi. Esa insinuación contrasta agudamente con lo que se ve en el video que circuló después del asesinato de Gadafi.
Como en varios casos previos, durante la rebelión, cuando los paramilitares anti-gadafistas fueron acusados de cometer abusos y ejecuciones extrajudiciales, los líderes libios de la rebelión se enfrentan al delicado dilema de conciliar su propia legitimidad con el cortejo de los poderosos líderes de las milicias. Los líderes interinos también han fracasado a la hora de establecer una cadena de mando entre las fuerzas paramilitares, pese a repetidos intentos de formar un ejército nacional.
Algunos de los paramilitares anti-gadafistas han sido acusados de detenciones arbitrarias y torturas, y otros han sido implicados en asesinatos. Cuando en agosto, el general Abdul Fattah Younes, el más alto mando de las fuerzas paramilitares, fue asesinado en Bengasi junto con dos de sus edecanes, Abdel-Jalil también dijo que el caso sería investigado, afirmando que nadie, ni siquiera los oficiales del alto mando, quedarían impunes.
En esos momentos, Abdel-Jalil sugirió que los partidarios del coronel Gadafi pueden haber sido los responsables, pese a que sus colegas concedieron que los combatientes rebeldes eran los principales sospechosos de los asesinatos. Pero nadie ha sido imputado por el asesinato.
El lunes, al ofrecer una nueva teoría sobre cómo puede haber muerto el coronel Gadafi a manos de sus propios seguidores, Abdel-Jalil sugirió que [los seguidores] pueden haber temido que Gadafi los implicara en atrocidades si sobrevivía y era llevado a juicio.
"Veamos quiénes tenían interés en que Gadafi no fuera llevado a juicio", dijo. "Los libios quieren juzgarlo por lo que hizo, por las ejecuciones, las cárceles y la corrupción. Los libios libres querían meter a Gadafi en la cárcel y humillarlo lo más posible. Aquellos que querían matarlo son sus propios seguidores o los que fueron sus subordinados. Su muerte les convenía a ellos".
Esta teoría parece ser un intento de desviar las fuertes críticas internacionales sobre la manera en que el gobierno trató a Gadafi en sus últimos momentos. El cuerpo, que -desde el jueves- fue exhibido públicamente en Misurata, una ciudad al occidente del país, será sepultado el martes en un lugar secreto en el desierto, de acuerdo a un funcionario del Consejo Nacional de Transición -informó Reuters. Diciendo que "el cuerpo no dura más", el funcionario dijo que clérigos musulmanes se encargarían de la sepultura.
Con la muerte del coronel ha terminado de momento el conflicto, pero los abusos cometidos por las fuerzas paramilitares continúan: en Sirte los milicianos fueron vistos el lunes saqueando la ciudad y robando generadores, coches y una bicicleta fija.
El Hotel Mahari, con vista al mar, estaba lleno de sospechosos indicios sobre los asesinos, pero nada definitivo. Los nombres de las brigadas anti-gubernamentales estaban garrapateados en una pizarra blanca en el vestíbulo, incluyendo unas brigadas llamadas Tigre, León, Pantera y Arena. Varias de las brigadas mencionadas son de Misurata.
En un camposanto cerca del hotel, un médico local escudriñaba a las víctimas de la masacre, fotografiaba los cuerpos y extraía un diente de cada una de ellas, recogiendo evidencias para las familias de los hombres y para un juicio criminal, si acaso llegaba a realizarse uno. Ordenó a un asistente a asperjar con agua y rociar con insecticida los cuerpos en descomposición que aún no habían sido sepultados.
Varias de las víctimas vestían uniforme militar. Las manos de uno de ellos, que parecía ser un veinteañero, estaban amarradas a la espalda. Varias víctimas llevaban vendas, llevando a los voluntarios a especular que se trataba de pacientes del principal hospital de la ciudad que fueron detenidos cuando los ex rebeldes lo ocuparon.
Otro doctor sacudió la cabeza: "Qué clase de democracia justifica toda esta sangre?", dijo.
El doctor, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias a manos de los paramilitares, dijo que si los asesinatos no eran investigados, la impunidad engendraría peligrosos resentimientos. "En Libia no habrá paz durante años", dijo.
[Kareem Fahim informó desde Sirte; Adam Nossiter, desde Bengasi, Libia. Rick Gladstone contribuyó desde Nueva York.]
28 de octubre de 2011
25 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

ejecutan a cientos de prisioneros en libia


Indicios de una nueva masacre en Sirte.
Libia. Al menos 267 cadáveres de soldados y civiles leales a Muammar Khadafi, aparentemente víctimas de una ejecución sumaria luego de ser detenidos por las milicias rebeldes del Consejo Nacional de Trancisión (CNT), fueron hallados en Sirte, la ciudad natal del coronel asesinado, según lo confirmó la Cruz Roja. El hallazgo se suma a los 53 que el lunes había denunciado la organización Human Rights Watch. En tanto, el presidente provisional, Mustafa Abdulyalil, pidió a la OTAN que continúe su operación en Libia hasta final de año.

Sirte fue el último bastión donde resistió Khadafi y el último territorio tomado por los rebeldes, tras combates que duraron semanas enteras. Desde ese día, organizaciones humanitarias denunciaron fusilamientos a seguidores el excoronel. La información sobre estos hechos fueron entregadas a través de informes de funcionarios libios procedentes de Bengasi, que investigaban presuntas masacres en Sirte.
A comienzos de semana, la organización de derechos humanos Human Rights Watch informó que sus trabajadores en Sirte localizaron 53 cadáveres de gadafistas. Estos últimos leales al dictador fueron abatidos tras su detención por parte de las milicias del CNT.
Por otra parte, el jefe de Estado Mayor de Qatar, general Hamad ben Ali al Attiya, reveló que cientos de soldados de ese país participaron en las operaciones militares en Libia al lado de los rebeldes. Es la primera vez que ese país reconoce que participó en las operaciones armadas, ya que hasta ahora, sólo se reconocía una participación de este país en las operaciones aéreas dirigidas por la OTAN.
27 de octubre de 2011
26 de octubre de 2011
©página 12

fue torturado antes de morir


Revelan un nuevo video que muestra como torturaban al ex líder libio momentos antes de morir. Khadafi fue enterrado rápido y en secreto. [En la foto, con el hombre que lo traicionaría, el presidente Sarkozy.]
[Kim Sengupa] Trípoli,  Libia. Tres dignatarios religiosos partidarios de Khadafi oraron y realizaron una ceremonia antes de la inhumación, según un miembro del Consejo Militar. Dos sobrinos de Khadafi junto con los hijos de Younis estaban presentes.

Su muerte, brutal y sin compasión, fue hecha pública con detalles grotescos y humillantes, capturados por las cámaras de los celulares. Su funeral, por el contraste, fue apresurado y en secreto.
Luego de cuatro días en los que los cuerpos de Muammar Khadafi y su hijo Mutassim fueron exhibidos en un frigorífico, la nueva administración de Libia dio por terminado el espectáculo morboso y enterró literalmente el pasado. Sin embargo, hubo lugar para otra filmación que mostraba cómo torturaban a Khadafi momentos antes de morir. Luego de las 5 de la mañana de ayer, los cuerpos de padre e hijo, junto con el del ex ministro de Defensa Abu Bakr Younis, fueron entregados a sus familias para los ritos finales. Los guardias apostados en el frigorífico de Misrata dijeron haber visto un convoy de cuatro o cinco vehículos que se llevaron los cadáveres durante la noche hacia un lugar desconocido.
Tres dignatarios religiosos partidarios de Khadafi oraron y realizaron una ceremonia antes de la inhumación, según un miembro del Consejo Militar. Dos sobrinos de Khadafi junto con los hijos de Younis estaban presentes al momento en que su ex clérigo Khaled Tantoush –quien fue capturado con Khadafi durante su intento de escapar del asedio de Sirte–, leyó las plegarias.
Los funerales no se llevaron a cabo en cementerios por una creencia religiosa de Khadafi. El ministro interino de Información, Mahmud Shammam, dijo que el tipo de entierro fue decidido por expertos. "La orden fue que el cuerpo no debía estar en una tumba musulmana. Tampoco podía enterrarse en un lugar conocido, para evitar convertirlo en un santuario", dijo Shammam. Este dato era el punto de mayor interés para los revolucionarios, quienes señalaron que no debería crearse ningún sitio de peregrinaje. El plan original de entregarle los restos al clan Khadafi fracasó porque los parientes más ancianos no dieron garantías de enterrarlo en un lugar a la intemperie. El entierro en el mar también fue descartado porque se habría parecido demasiado al final que tuvo Osama bin Laden y el CNT no hubiera querido emular a Estados Unidos.
Miles de libios, incluyendo familias con niños, pasaron a ver los cuerpos en Misrata. Funcionarios de la ciudad portuaria desoyeron la orden del CNT de terminar con el espectáculo. El gobierno interino comenzó a preocuparse por el rechazo que la sórdida exhibición generaba en la opinión internacional. Uno de los guardias del complejo comercial donde se depositaban los cadáveres dijo que, al comienzo, pensó que era algo bueno que la gente pasara a ver los cuerpos para asegurarse de que habían muerto. "Al tratarse de un frigorífico, no estuvo mal los primeros días, luego con toda la gente que empezó a venir la cosa empeoró", dijo Abdul Mohammed Eishami. El CNT cedió ante la presión internacional y el jefe interino, Mustafá Abdul Jalil, ordenó una investigación el día después de que Khadafi fue capturado con vida. El interinato confirmó la creación de una comisión para investigar la forma en que murió el coronel, una tarea que podría tener supervisión internacional. Las nuevas autoridades libias afirman que el ex dirigente murió por un disparo en la cabeza durante un tiroteo. Sin embargo, testimonios y videos grabados en el momento de su arresto sugieren que pudo haber sido víctima de una ejecución sumaria. El general Charles Bouchard, responsable de las operaciones de la OTAN, dijo en rueda de prensa en Bruselas que desconocía que Khadafi se encontrara en el convoy que fue atacado por aviones de la Alianza Atlántica. "La OTAN no está implicada en ninguna actividad más allá de aquellas previstas en nuestro mandato legal", dijo Bouchard. "La OTAN consultaría con la INU y el CNT antes de tomar una decisión final."
Nadie cree que los responsables de la muerte de Khadafi sean juzgados. Una investigación sobre el asesinato de Abdul Fatah Younis, el comandante de las fuerzas rebeldes en el Este quedó en la nada. "Y eso que era un jefe revolucionario", dijo un rebelde. "¿Se imaginan a alguien yendo a la cárcel por matar a Khadafi, cuando todos lo odiábamos? Esta investigación se desvanecerá en la arena, como su cuerpo", dijo.
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, dijo que Khadafi fue muerto para que no pudiera revelar información incómoda para Estados Unidos y Europa. "Ambos países sostuvieron la dictadura en Libia en los últimos 25 años", sostuvo el mandatario. Por su parte, el portavoz de la Cancillería italiana Maurizio Massani dijo que hay que investigar las denuncias de ejecuciones perpetradas por el CNT. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, había anunciado que el 31 de octubre cesarían las operaciones. Por su parte, el ministro interino de Petróleo y Finanzas del CNT, Ali Tarhouni, dijo que el interinato quería que la OTAN permanezca en Libia un mes más. El mismo funcionario confirmó que el ex vocero del régimen, Seif al Islam, no constituye una amenaza para ellos. Según dijo, el segundo hijo de Khadafi, y ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdalá al Senusi, se acercaban a la frontera con Níger. Sobre ambos pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI). "Seif al Islam no constituye una amenaza. Su padre, su ejército, sus mercenarios han sido derrotados", dijo Tarhouni.
[Traducción de Juan Nicenboim.]
©The independent
©página 12

represión de inmigrantes como negocio


Compañías utilizan represión contra la inmigración para hacer plata.
[Nina Bernstein] Los hombres se aparecieron por un pequeño pueblo en el campo de Australia a principios del año pasado, ofreciendo buenos dólares por los alojamientos disponibles. En cuestión de días, su compañía, Serco, estaba trayendo reclutas de destinos tan lejanos como Londres, y llevándolos desde los remolques para trabajar como gendarmes en turnos de doce horas en un remoto campamento donde se detiene indefinidamente a inmigrantes que solicitan asilo.
Australia ha dejado en manos de compañías de seguridad privadas la administración de centros de detención en lugares como Perth.
Es sólo una pequeña muestra de un esquema que se repite en tres continentes, en los que un puñado de compañías de seguridad multinacionales están convirtiendo la represión de los inmigrantes en una floreciente industria global.
Especialmente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, gobiernos de diferente orientación han dependido de esas compañías para extender la detención y mostrar a los votantes que están implementando leyes de inmigración más duras.
Algunas de las compañías son enormes -una de ellas está entre los mayores empleadores privados del mundo- y dicen que satisfaciendo la demanda más rápidamente y a menor coste que lo que podría hacer el sector público.
Pero el auge de la detención privatizada se ha visto acompañada por duros informes de inspección, demandas y denuncias de abusos y abandono generalizadas, a veces con consecuencias letales. Organizaciones de derechos humanos dicen que la detención no ha ni funcionado como disuasivo ni ha acelerado la deportación, como dicen los gobiernos, y algunos se preocupan por la creación de un "complejo de detención industrial" con su propia dinámica.
"Son muy buenos en los folletos elegantes", dijo Kaye Bernard, secretario general del sindicato de trabajadores de la detención en territorio australiano en las Islas Navidad, donde el año pasado estallaron disturbios entre solicitantes de asilo y guardias. "En el terreno, es casi ridículo el caos y la incapacidad de funcionar."
Las cárceles privadas en Estados Unidos han provocado polémica desde el principio. Pero mientras que ha habido estudios contradictorios sobre sus costes y beneficios, no existen comparaciones sistemáticas para la detención de inmigrantes, dicen académicos como Matthew J. Gibney, politólogo de la Universidad de Oxford que estudia sistemas de inmigración.
Sin embargo, Gibney y otros dicen que las deficiencias de la tercerización de la implementación de la ley de inmigración se han hecho evidentes en los últimos quince años. "Cuando algo sale mal -una muerte, una fuga-, el gobierno puede atribuirlo a una especie de error de mercado antes que a un error de contabilidad", dijo.
En Estados Unidos -con casi cuatrocientas mil detenciones en 2010, de 280 mil en 2005- las compañías privadas controlan ahora casi la mitad de todas las camas de detención, en comparación con sólo el ocho por ciento en prisiones federales y estaduales, de acuerdo a cifras oficiales. En Gran Bretaña, siete de once centros de detención y la mayoría de los sitios de detención breve para inmigrantes son dirigidas por contratistas privados.
Ningún país ha tercerizado más completamente la implementación de la ley de inmigración, con más resultados inquietantes, que Australia. Bajo leyes de detención inusualmente severas, el sistema ha sido dirigido por una sucesión de tres compañías que cotizan en la Bolsa desde 1998. Las tres son ahora actores importantes a nivel internacional del negocio de encerrar y transportar a extranjeros indeseados.
La primera, la compañía de prisiones GEO Group con sede en Florida, perdió su contrato australiano en 2003 en medio de las conclusiones de una comisión de que los niños detenidos eran sometidos a tratos crueles. Una auditoría del gobierno australiano informó que el contrato no había entregado el valor de la inversión. En Estados Unidos, GEO controla siete mil de las 32 mil camas de detención.
La segunda compañia, G4S, un conglomerado anglo-danés con más de seiscientos mil empleados en 125 países, fue responsabilizada por abandono con resultado de muerte y uso abusivo del aislamiento en Australia. Hacia mediados de la década pasada, después de que niños refugiados cosieran sus labios durante huelgas de hambre en campamentos como Woomera y Curtin, y comisiones del gobierno descubrieran que los ciudadanos australianos y residentes legales estaban siendo detenidos arbitrariamente y deportados, las protestas empujaron al Partido Liberal en el gobierno a desmantelar algunas partes del sistema.
Pero en 2009 después de un promisorio retorno al trabajo del sector público, un gobierno laborista otorgó un contrato de cinco años de 370 millones de dólares a Serco. Desde entonces el valor del contrato ha aumentado explosivamente a 756 millones de dólares, los recintos de detención se han cuadruplicado, a 24, y el número de detenidos pasó de mil a seis mil setecientos.

Problemas Peligrosos
El año pasado, disturbios, incendios y protestas suicidas causaron millones de dólares en daños en centros dirigidos por Serco desde las Islas Navidad hasta Villawood, en las afueras de Sidney, y las agresiones suicidas por detenidos aumentó en doce veces, muestran documentos del gobierno. En agosto, un informe de una inspección oficial mencionó condiciones de hacinamiento peligrosas, personal inadecuado y mal preparado, ausencia de control de crisis y ninguna exigencia de que Serco aumente su personal cuando la población supere su capacidad.
En el centro de detención de Serco en Villawood, un inmigrante habló de detenciones prolongadas e indefinidas, que los vuelven locos. Alwy Fadhel, 33, un indonesio cristiano que dijo que necesitaba asilo contra la persecución islámica, mostraba largas matas de pelo negro después de más de tres años de detención, entrando y saliendo de la celda de castigo.
"Hablamos solos", dijo Fadhel. "Hablamos con el espejo. Hablamos con las paredes."
Naomi Leong, una tímida niña de nueve años, nació en un campo de detención. Durante más de tres años, a un coste de cerca de 380 mil dólares, ella y su madre fueron retenidas detrás de alambre de púa. Los psiquiatras dijeron que Naomi estaba creciendo muda, se golpea la cabeza contra las paredes mientras que su madre, Virginia Leong, una ciudadana de Malasia acusada de tratar de utilizar un pasaporte falso, se hundía en la depresión.
Naomi y su madre se convirtieron en una causa célebre en protestas contra el sistema de detención obligatoria, lo que condujo a la liberación de ambas con una escasa visa humanitaria. Ahora son ciudadanas.
"He venido a traer un poquito de esperanza a la gente" dijo Leong durante una visita reciente a Villawood, donde los carteles exhiben los principios con que se rige Serco, que empiezan con "fomentamos una cultura empresarial."

Soluciones de Libre Mercado
Las compañías dicen a menudo que perder un contrato es la última responsabilidad.
"Estamos agudamente conscientes de nuestras responsabilidades y estamos comprometidos con dar un tratamiento humanitario, justo y decente a todos los que está bajo nuestra custodia", dijo un portavoz de Serco en un e-mail. "Seguiremos trabajando con nuestros cliente en todo el mundo y trataremos de mejorar los servicios que proveemos."
Pero los contratos de detención perdidos son escasos y son fácilmente reemplazables en este siempre creciente negocio. La carpeta de diez mil millones de dólares de Serco incluye muchos otros negocios, desde el control de tráfico aéreo hasta el procesamiento de visas en Estados Unidos, mantenimiento de armas nucleares, vigilancia por video y programas de asistencia social al empleo en Gran Bretaña, donde también administra varias cárceles y dos "centros de remoción de inmigrantes."
"Si un área o territorio decae, podemos mudarnos donde esté el crecimiento", dijo Christopher Hyman, presidente ejecutivo de Serco, hablando con inversionistas el año pasado, después de informar que los beneficios habían aumentado en un 35 por ciento. Esta primavera, Serco informó un aumento del trece por ciento de los beneficios.
Su rival G4S entrega dinero en efectivo a bancos en la mayoría de los continentes, se encarga de la seguridad de los aeropuertos en ochenta países y tiene mil quinientos empleados en implementación de la ley de inmigración en Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, donde sus servicios incluyen la escolta de ilegales de vuelta a la frontera con México para el ministerio de Seguridad Interior.
Nick Buckles, presidente ejecutivo de G4S no hizo comentarios. Pero el año pasado contó a analistas cómo había florecido su negocio de "justicia" en Holanda en una semana después del asesinato de un político con un programa autoritario y anti-inmigrantes.
"No hay nada como una crisis política para estimular un poco de cambio", dijo Buckles.
En Gran Bretaña el otoño pasado la compañía fue investigada criminalmente por la asfixia de un hombre angoleño que murió cuando tres empleados de G4S lo acompañaban en un vuelo de British Airways. Poco después las autoridades de inmigración británicas anunciaron que la compañía había perdido su licitación para renovar su contrato de escoltas para deportaciones por 48 millones de dólares porque había sido superada por un competidor.
Incluso, G4S tiene más 1.1 billones de dólares en contratos con el gobierno en Gran Bretaña, dijo un portavoz, y sólo cerca de 126 millones de dólares provenientes de las autoridades de inmigración. Reemplazó rápidamente los beneficios perdidos con contratos para construir, alquilar y administrar más comisarías de policía y cárceles.
En 2007, la Comisión de Derechos Humanos de Australia del Norte constató que choferes G4S habían ignorado los gritos de los detenidos encerrados en una furgoneta al sol, deshidratándose tanto que uno de ellos se bebió su propia orina. La compañía fue condenada a pagar medio millón de dólares por tratos inhumanos, pero tres de las víctimas ya fueron deportadas. Funcionarios de inmigración, sobre la base de informaciones erróneas de la compañía, había desechado sus quejas sin investigarlas, determinó la comisión.
Causó conmoción pública cuando un aborigen murió en otra furgoneta de G4S en circunstancias similares el año pasado. Un juez de instrucción resolvió en 2009 que G4S, los choferes y el gobierno compartían la culpa. Más tarde la compañía recibió un contrato de cinco años para el transporte de reos en otro estado, Victoria, por setenta millones de dólares, sin licitación.
G4S se declaró culpable de negligencia en la muerte en la furgoneta este año, y debió pagar una multa de 285 mil dólares. Buckles, su presidente ejecutivo, aludió al caso en una reunión con analistas en marzo.
"Sólo hay dos o tres actores importantes, normalmente sólo dos", dijo Buckles. "Con el tiempo, seremos ganadores en ese mercado porque en la tercerización hay un montón de oportunidades y no hay demasiados competidores."
En agosto, cuando GEO, la compañía de la cárcel de Florida informó un aumento del cuarenta por ciento en los beneficios del segundo trimestre, sus ejecutivos en Boca Ratón hablaron del nuevo negocio de la inmigración a ambos lados del Atlántico.
John M. Hurley, ejecutivo de GEO para las operaciones en Norteamérica, mencionó "el continuado crecimiento de la población extranjera con antecedentes", recintos más grandes y contratos federales más largos, algunos de hasta veinte años.
En el Centro de Detención del condado de Reeves en Tejas, de la compañía, los inmigrantes retenidos ahí se amotinaron en 2009 y 2010 después de que varios detenidos murieran en celdas de castigo. Los ejecutivos de GEO se negaron a hacer comentarios. Pero hablando con accionistas, atribuyeron gran parte del aumento de diez millones de dólares del trimestre en beneficios internacionales a la expansión del centro de detención en Gran Bretaña, donde la inmigración fue un candente tema en las elecciones de 2010.

Política Fracasada
"Gran Bretaña ya no tiene guantes de seda", dijo el ministro de inmigración Damien Green en agosto de 2010 cuando visitó el centro, cerca del Aeropuerto de Heathrow, para reabrir los pabellones que se incendiaron en 2006 durante motines de los reos bajo diferentes operadores privados.
Los disturbios empezaron el día en que el inspector jefe de prisiones emitiera un devastador informe sobre los abusos constatados, incluyendo esperas excesivas para la deportación. Meses después de la aparición de Green, una comisión de supervisión independiente se quejó de que en el centro ampliado -ahora el más grande de Europa con 610 reos- al menos 35 hombres llevan más de un año esperando que se les deporte, incluyendo a uno que lleva tres años y siete meses en una celda de castigo a un coste mínimo de 237 mil dólares.
El campamento que Serco ocupó en el campo australiano, el Centro de Detención de Inmigrantes Curtin, también había sido cerrado tras motines y huelgas de hambre en 2002. Pero fue reabierto el año pasado paras absorber un aumento de los solicitantes de asilo que llegaron por mar, pese a que el gobierno impuso una moratoria para el procesamiento de sus peticiones de refugio. Restaurado para trescientas personas, el campamento se encuentra en una vieja base aérea donde se retiene a más de mil quinientos detenidos en chozas y tiendas detrás de una valla electrificada. Los guardias de Serco compararon el recinto con una granja avícola al aire libre.
El 28 de marzo, un joven afgano de diecinueve años de una organización perseguida por el Talibán se colgó después de diez meses de detención: el quinto suicidio en siete meses. Una docena de gendarmes, con falta de sueño y formación, tuvieron que luchar con cientos de reos enfurecidos por el cuerpo del adolescente.
"Perdimos el control", dijo Richard Harding, que trabajó durante diez años como inspector jefe de prisiones de Australia Occidental. No es enemigo de la privatización, y su elogio de una cárcel administrada por Serco se puede leer en la página web de la compañía. Pero dijo que Curtin hoy es emblemático de "un arreglo torcido que va a salir mal sin importar quién lo esté dirigiendo."
"Estas grandes compañías globales, en relación con actividades específicas, son más poderosas que los gobiernos con los que tienen tratos", agregó.
[Matt Siegel contribuyó al reportaje desde Sydney, Australia.]
8 de octubre de 2011
29 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

torturas y cárceles secretas en libia


Acusan a rebeldes libios de torturar a prisioneros.
[Kareen Fahim] Trípoli, Libia. Primero fueron las vendas, las esposas que te dejan cicatrices y las amenazas de muerte. Luego empezaron las golpizas y las descargas eléctricas. En la niebla del dolor, el detenido, que dijo que no había hecho nada malo, podría haber confesado cualquier cosa, recordó más tarde.
Las técnicas eran conocidas por los libios, pero no sus perpetradores: eran ex rebeldes, de acuerdo al detenido, un hombre de treinta y seis años que dijo que había trabajado en la inteligencia militar del gobierno del coronel Muamar al Gadafi.
El hombre, que pidió que no se publicara su nombre debido a que temía ser víctima de represalias de sus ex captores, contó que había sido detenido por ex rebeldes armados hace casi dos semanas, y retenido en un edificio durante cuatro días y torturado.
Fue imposible verificar inmediatamente su historia, pero mostraba lo que dijo que eran evidencia de torturas: enormes moretones y ronchas en sus piernas, rayas azules y negras en los muslos, y cicatrices en sus pies y tobillos, a los que, dijo, sus secuestradores conectaron cables eléctricos.
Más tarde fue trasladado a otro edificio en Trípoli, frente a las oficinas del gabinete del Consejo Nacional de Transición, el gobierno provisional de los ex rebeldes. Allá, en celdas con sangre fresca en las paredes, fue retenido durante otro día más, hasta que le dejó marchar, disculpándose, un oficial ex rebelde, dijo.
Ahora, dijo, se marcha a Túnez. "No confío en nadie en Libia."
Su caso ilustra la creciente preocupación sobre las brigadas armadas de los ex combatientes rebeldes en la capital libia que corrieron a llenar el vacío de poder después de que las tropas del coronel Gadafi huyeran de la ciudad hace más de un mes. En una ciudad con una autoridad central débil y un poder judicial reconstruido casi desde cero, los combatientes se han convertido en detectives, fiscales, jueces y carceleros, muchos de los cuales obedecen sólo a sus propios comandantes, o a nadie.
Los combatientes han detenido a miles de personas; algunos son posiblemente delincuentes, ex oficiales o soldados de Gadafi. Otros simplemente provienen de ciudades que se opusieron a la revolución. Algunos son retenidos en prisiones, otros en cárceles improvisadas y, a veces, también secretas.
Algunos son torturados. El calvario que vivió un detenido de 36 años presentaba similitudes con casos registrados por la organización Human Rights Watch en seis recintos de las fuerzas anti-gadafistas en Trípoli. En un informe dado a conocer el viernes, la organización dice que los detenidos denunciaron malos tratos, incluyendo golpizas y descargas eléctricas. Ninguno de los 53 detenidos entrevistados, dice la organización, han sido llevados ante un juez.
"Lo que estamos viendo es un síntoma de un problema fundamental", dijo Tom Malinowski, el director de la organización en Washington. "Los civiles tienen buenos planes, pero carecen de autoridad sobre las milicias." Malinowski atribuyó al gobierno de transición la autorización para que observadores visiten centros de detención y dijo que algunos eran bien administrados. Agregó: "Dudo que haya un funcionario civil que sepa dónde están todos esos centros."
Human Rights Watch denunció que muchas personas detenidas por las milicias, brigadas y otros grupos de seguridad asociados con el gobierno de transición eran africanos sub-saharianos o libios negros. En algunos casos, los guardias rebeldes de algunos centros de detención obligan a sus prisioneros sub-saharianos a realizar trabajo manual.
Los detenidos sospechosos de delitos más graves, como homicidio y violación, son los más maltratados, dice el informe.
El detenido de 36 años dijo que la muerte, no la culpa, había producido su detención y tortura después de que tratara de comprar un arma para reemplazar la que le había sido confiscada por los rebeldes. Pronto, el hombre fue acusado de suministrar armas a una célula de Gadafi.
A juzgar por sus acentos, supuso que algunos de sus secuestradores eran de la ciudad montañesa de Zintan. Uno de ellos se mostró amable, suavizando su venda y sus esposas. Otro le pidió que escribiera la historia de su vida en unas hojas de papel.
Se echó a llorar, recuerda. "¿Cómo voy a escribir la historia de toda mi vida? ¿Qué quieren de mí?"
Las golpizas empezaron al tercera día. Algunos guardias lo insultaron por haber sido un agente de inteligencia, y otros cantaban: "La sangre de los mártires no será derramada en vano." Lo colgaron del techo y lo golpearon en las piernas, dijo.
Al cuarto día fue transferido a un ex edificio gubernamental en Trípoli. Entre los otros detenidos, dijo, había algunos acusados de llevar un sombrero pro-Gadafi, varias mujeres y un hombre que habían ayudado al gobierno de transición a custodiar los documentos secretos del antiguo gobierno.
Lo trató un doctor, y uno de sus captores lo felicitó por haber sido liberado, y agregó: "Esta es una revolución limpia."
6 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

límites de la lucha contra el terrorismo


Casa Blanca sopesa límites de la lucha contra el terrorismo. ¿Puede Estados Unidos asesinar a los que percibe como enemigos en cualquier lugar del mundo?
[Charlie Savage] Washington, Estados Unidos. El equipo jurídico del gobierno de Obama está dividido sobre el derecho de Estados Unidos para asesinar a militantes islámicos en Yemen y Somalia, una pregunta que podría definir los límites de la guerra contra al Qaeda y sus aliados, de acuerdo a funcionarios del Congreso y del gobierno.
El debate, de acuerdo a funcionarios familiarizados con las deliberaciones, se centra en si Estados Unidos debe apuntar sólo contra un puñado de líderes de alto nivel de las organizaciones militantes que están personalmente asociados a conspiraciones para atacar a Estados Unidos o si también debe disparar contra los miles de reclutas de bajo nivel encargados de asuntos parroquiales: controlar los territorios esencialmente autónomos cerca del Golfo de Aden, que separa a los países.
La disputa sobre los límites en el uso de fuerza letal en la región -se trata de ataques con aviones no tripulados, misiles de crucero o acciones de comandos- ha dividido al Pentágono y al Departamento de Estado durante meses, aunque a la fecha sigue siendo un desacuerdo meramente teórico. La actual política de gobierno es atacar solamente a "individuos de alto valor" en la región, como ha tratado de hacer una docena de veces.
Pero la pregunta incontestada es si el gobierno puede escalar los ataques si quiere disparar contra la tropa de al Qaeda en la Península Arábiga, con sede en Yemen, y de Shabab, con sede en Somalia. La respuesta podría sentar las bases de un cambio en la lucha contra los terroristas a medida que al Qaeda original, operando desde Afganistán y Pakistán, se debilita. Esa organización se encuentra mutilada por el asesinato de Osama bin Laden y por una feroz campaña de ataques con aviones no tripulados en las regiones tribales de Pakistán, donde la autoridad legal para atacar a militantes que luchan contra las tropas estadounidenses en la vecina Afganistán no es puesta en cuestión por el gobierno.
Un alto funcionario subestimó el desacuerdo del jueves, definiéndolo como una diferencia en énfasis político, no en opiniones jurídicas. Los abogados del ministerio de Defensa están tratando de mantener un máximo de flexibilidad teórica, mientras que los abogados del Departamento de Estado están tratando de acercarse a sus aliados europeos, que piensan que, para propósitos legales, no hay un conflicto armado fuera de Afganistán y que Estados Unidos tiene derecho a emprender acciones en cualquier lugar del mundo sólo en casos de auto-defensa, dijo el funcionario.
Pero otros funcionarios insistieron en que los abogados del gobierno no se pusieron de acuerdo sobre la autoridad legal subyacente de Estados Unidos para ejecutar esos ataques.
Robert Chesney, profesor de derecho en la Universidad de Texas en Austin que se especializa en leyes de la guerra, dijo que la disputa reflejaba un extendido desacuerdo sobre cómo aplicar las normas escritas para guerras tradicionales en un conflicto contra una red fragmentaria de terroristas -y temores de que podría conducir a una guerra "global" interminable y sin restricciones.
"Es un barullo porque la ley está pendiente", dijo el profesor Chesney. "¿Las reglas varían de región en región? ¿El conflicto armado se libra solamente en la actual zona de combate, como Afganistán, o se libra donde quiera que estén sus participantes? ¿Cómo se define una parte en el conflicto? En esos debates se juegan un montón de cosas."
Funcionarios de contraterrorismo han retratado a al Qaeda en la Península Arábiga -que fue responsable del atentado con bomba fallido contra un avión de pasajeros con destino a Detroit el 25 de diciembre de 2009- como una organización afiliada a al Qaeda que ahora puede ser más peligrosa que lo que queda del grupo original. Esos funcionarios también han expresado preocupación sobre Shabab, aunque esa organización generalmente se concentra más en temas locales y no ha sido acusada de atacar a Estados Unidos.
En Pakistán, Estados Unidos ha golpeado a al Qaeda en parte mediante asesinatos selectivos -aquellos que buscan eliminar grupos de personas cuyas identidades no son conocidas, pero a las que se considera probables miembros de una organización extremista sobre la base de indicios como seguir adiestramiento en campos terroristas. La disputa sobre estos ataques podría determinar si esta táctica podría algún día ser empleada en Yemen y en Somalia.
El director jurídico del ministerio de Defensa, Jeh C. Johnson, alegó que Estados Unidos podría ampliar significativamente sus blancos, dijeron funcionarios. Su opinión, explicaron, es que si una organización se ha alineado con al Qaeda contra Estados Unidos, este país puede atacar a cualquiera de sus combatientes, especialmente en un país que es incapaz de neutralizarlos, o no quiere hacerlo.
El abogado del Departamento de Estado, Harold H. Koh, ha aceptado que el conflicto armado con al Qaeda no se limita al campo de batalla de Afganistán y regiones adyacentes de Pakistán. Pero, dicen los funcionarios, también ha afirmado que el derecho internacional impone límites adicionales al uso de la fuerza en otros lugares. Para asesinar en otros lugares, dijo, Estados Unidos debe justificar el acto como necesario para su defensa -queriendo decir que debería concentrarse solamente en individuos que planean ataques contra Estados Unidos.
El destino de los detenidos de Bahía Guantánamo, Cuba, depende fuertemente de este debate, dijeron los funcionarios. En varios recursos de hábeas corpus, los jueces han aprobado la detención de sospechosos de al Qaeda que fueron capturados lejos del teatro de la guerra en Afganistán, así como detenidos que fueron considerados miembros de una fuerza que estaba solamente "asociada" con al Qaeda. Una parte de la disputa es si el alcance de esos fallos sobre las detenciones son relevantes para la ley.
También el Congreso debe influir en el resultado del debate. Está considerando, como parte de un proyecto de defensa pendiente, una nueva autorización para emplear fuerza militar contra al Qaeda y sus asociados. Una versión de la disposición propuesta por la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes establecería unas norma expansiva para las categorías de grupos que Estados Unidos puede señalar como blancos de acción militar, haciendo potencialmente más fácil que Estados Unidos asesine a un gran número de militantes de bajo nivel en países como Somalia.
En una entrevista, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur en la Comisión de las Fuerzas Armadas, dijo que apoyaba la versión de la Cámara y que iría más lejos. Dijo que presentaría una enmienda que autorizaría explícitamente el uso de la fuerza contra una lista de organizaciones específicas, incluyendo Shabab, así como instalaría un mecanismo para agregar otros grupos a la lista si se hiciesen culpables de algunos "actos evidentes."
"Este es un conflicto mundial, sin fronteras", alegó Graham. "Restringir la definición de campo de batalla y restringir la definición del enemigo permite que el enemigo se regenere y no disuade a la gente que mira desde fuera."
2 de octubre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

los desaparecidos de argelia


Nassera Dutour afirma que el gobierno de Buteflika "institucionalizó la impunidad". La vocera de la Comunidad de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA) afirma que los gobiernos son indiferentes a sus reclamos de verdad y justicia. Son 8023 las víctimas del terrorismo de Estado.
Argelia. Los capturaron vivos, que los devuelvan vivos. Con esa consigna, la Comunidad de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA) vino a Argentina esta semana invitada por un Equipo de Antropología Forense especializado en fosas comunes. En este país africano, que a comienzos de año se sacudió por las protestas de la Primavera Arabe, aún no cicatrizaron las heridas del terrorismo de Estado de la década del noventa. Lejos de eso, ni siquiera el reclamo de la aparición con vida de los más de 8000 desaparecidos forma parte de la agenda de las demandas sociales del país. En Argelia rige una política de impunidad desde 1999. Inspirada por la política de derechos humanos argentina que impulsó el gobierno a partir de las históricas movilizaciones sociales, la vocera de la CFDA le dijo a Página/12 que la lucha continúa. "En 1999 el presidente de entonces (Liamine Zéroual), dijo que le hacíamos pasar vergüenza ante el mundo, y el mandatario actual (Abdelaziz Buteflika) dice que parecemos unas lloronas", grafica Nassera Dutour.
El hijo de la vocera de la CFDA desapareció en Argelia en 1997 mientras ella vivía en París. Amouche Amine es uno de los 8023 desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado que fue el corolario de un proceso político que comenzó en 1988 con el estallido de la revolución para reformar la Carta Magna. Al volver las elecciones legislativas en 1991, y tras la incorporación de más partidos al espectro político, el Frente Islámico de Salvación era mayoría. El gobierno del Frente de Liberación Nacional suspendió entonces las garantías constitucionales y dio un golpe, impidiendo lo que hubiera sido la primera república islámica del Magreb. Cuando en 1992 fueron anuladas las elecciones, el Frente Islámico de Salvación tomó las armas. A partir de allí, cualquier persona sospechada de islamista era secuestrada sin orden de arresto alguna por las fuerzas de seguridad, en las temidas camionetas Nissan grises. La guerra sucia del Estado contra los islamistas dejó 150.000 muertos entre 1992 y 2002.
"Comenzaron los atentados, las bombas y por eso se llegó a tener tantos miles de desaparecidos. 8023 es la cifra oficial de las autoridades argelinas. La respuesta del gobierno ante esto fue de amnesia general", evoca Nassera con dolor. Buteflika institucionalizó la impunidad mediante la amnistía de terroristas arrepentidos. En 2005 aprobó un referéndum de la Carta para la Paz y Reconciliación Nacional. Con el punto final decretado, los familiares de desaparecidos en Argelia pasaron a ser una suerte de parias nacionales y son humillados por las fuerzas de seguridad cada vez que se manifiestan en eventos públicos para reclamar justicia. No sólo la ley recogió la amnistía, sino que también prohibió cualquier denuncia contra fuerzas de seguridad, y amenaza con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes "atenten contra el honor del país". Los familiares de las víctimas podrían incluso ser condenados a prisión por el solo hecho de hablar con la prensa. Dentro del gobierno actual, conviven remanentes del ejército que en la década del noventa cometieron las atrocidades. "Nos dijeron que no teníamos más derecho a hacer una acusación. Aquel que de alguna manera u otra instrumentalice la tragedia nacional para perjudicar la imagen del país, es factible de ser penado por la ley", se lamenta Dutour.
Durante los años finales de la década del noventa, Amnistía Internacional fue una de las organizaciones que, destaca la vocera, ayudó a difundir el drama que vivían las familias de desaparecidos. Se organizó un congreso sobre las víctimas argelinas y luego una gira europea. Recorriendo lugares como Ginebra, el País Vasco y Francia, la CFDA descubrió con sorpresa que nadie sabía que en Argelia había 8023 desaparecidos. La esperanza de Dutour y los familiares aflora cuando evocan el caso de los desaparecidos en Marruecos, que aparecieron tras 18 años, a comienzos de la década del noventa. "Los dejaron libres gracias a la presión internacional. Una fotógrafa francesa que vive en Marruecos tomó fotos en el centro clandestino de detención en Casablanca. La prensa comenzó a hacer ruido y los marroquíes lograron la liberación", recuerda Dutour con alegría. Argelia bien puede haber sancionado la ley de impunidad, pero el ejemplo de la Argentina de 2003 en adelante hace pensar a la CFDA que el libro no será cerrado para siempre.
[Informe de Juan Nicenboim.]
1 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
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