derechos humanos
china ejecuta a asesino de niños
En medio de una ola de inmotivados ataques con cuchillo contra niños, las autoridades han ejecutado nuevamente a uno de los autores.
Pekín, China. Un hombre de 21 años que irrumpió en el dormitorio de una escuela el 25 de noviembre y apuñaló hasta la muerte a nueve niños chinos mientras dormían, fue ejecutado, declaró hoy el gobierno.
Yan Yanming fue ejecutado el martes en la provincia central de Henan, donde fue condenado de atacar a los niños en la ciudad de Ruzhou, informó la oficial la Agencia de Noticias Nueva China.
La madre de Yan lo entregó a la policía después de que intentara suicidarse el día tras el ataque, de acuerdo a informes anteriores.
Las autoridades no dieron a conocer el posible motivo del ataque.
El juicio y ejecución fueron inusualmente rápidos para tribunales chinos y pueden haber sido acelerados en un esfuerzo por tranquilizar a la opinión pública después de una serie de ataques con cuchillo en escuelas chinas.
En septiembre el campesino Yang Guozhu apuñaló a 28 niños en una guardería en la ciudad de Suzhou al este de China.
Una semana después la prensa china informó que un chofer de autobús, Jia Qingyou, de la oriental provincia china de Shandong, apuñaló con un cuchillo de cocina a 25 alumnos de una escuela primaria. Fue ejecutado en noviembre.
En agosto, un portero de 52 años usó un cuchillo de cocina para matar a un niño e hirió a 18 personas en un jardín infantil de Pekín. Se informó que el portero tenía un historial de trastorno mental.
21 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Pekín, China. Un hombre de 21 años que irrumpió en el dormitorio de una escuela el 25 de noviembre y apuñaló hasta la muerte a nueve niños chinos mientras dormían, fue ejecutado, declaró hoy el gobierno.Yan Yanming fue ejecutado el martes en la provincia central de Henan, donde fue condenado de atacar a los niños en la ciudad de Ruzhou, informó la oficial la Agencia de Noticias Nueva China.
La madre de Yan lo entregó a la policía después de que intentara suicidarse el día tras el ataque, de acuerdo a informes anteriores.
Las autoridades no dieron a conocer el posible motivo del ataque.
El juicio y ejecución fueron inusualmente rápidos para tribunales chinos y pueden haber sido acelerados en un esfuerzo por tranquilizar a la opinión pública después de una serie de ataques con cuchillo en escuelas chinas.
En septiembre el campesino Yang Guozhu apuñaló a 28 niños en una guardería en la ciudad de Suzhou al este de China.
Una semana después la prensa china informó que un chofer de autobús, Jia Qingyou, de la oriental provincia china de Shandong, apuñaló con un cuchillo de cocina a 25 alumnos de una escuela primaria. Fue ejecutado en noviembre.
En agosto, un portero de 52 años usó un cuchillo de cocina para matar a un niño e hirió a 18 personas en un jardín infantil de Pekín. Se informó que el portero tenía un historial de trastorno mental.
21 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
contratista asesinado denunció corrupción
[Ken Silverstein, T. Christian Miller y Patrick J. McDonnell] El traficante de armas había acusado a altos funcionarios del ministerio de Defensa iraquí de exigir sobornos.
Washington, Estados Unidos. Un contratista estadounidense asesinado a tiros el mes pasado en Iraq había acusado de corrupción a funcionarios del ministerio de Defensa iraquí de días antes de su muerte, de acuerdo a documentos y a funcionarios norteamericanos.
Dale Stoffel, 43, fue asesinado a balazos el 8 de diciembre poco después de salir de una base militar iraquí al norte de Bagdad, un ataque atribuido en la época a insurgentes iraquíes. También fue asesinado su colega, Joseph Wemple, de 49 años.
Los asesinatos ocurrieron después de que Stoffel advirtiera a importantes funcionarios estadounidenses en Washington que creía que funcionarios del ministerio de Defensa iraquí estaban involucrados en una trama para cobrar sobornos por un contrato de varios millones de dólares asignado a su compañía, la Wye Oak Technology, para reparar viejos equipos militares iraquíes.
El FBI ha iniciado una investigación de los asesinatos y si pueden haber sido provocados por las denuncias de Stoffel, de acuerdo a personas familiarizadas con las pesquisas. El FBI se negó a hacer comentarios.
Stoffel, de Monongahela, Pensilvania, hizo sus acusaciones en una carta del 3 de diciembre dirigida a un importante funcionario del Pentágono y en una reunión con asesores del senador Rick Santorum (republicano, Pensilvania). Poco después, Stoffel fue llamado a presentarse a la base militar de Taji en Iraq por funcionarios militares de la coalición para discutir sus preocupaciones sobre el contrato. Se quejó de problemas de pago con un misterioso empresario libanés designado por los iraquíes como un intermediario, dijeron las fuentes.
Cuando Stoffel, Wemple y un intérprete iraquí salieron de la base de Taji en coche el 8 de diciembre, otro vehículo les embistió de frente. Dos enmascarados descendieron y ejecutaron a los dos norteamericanos con una ráfaga de balas, de acuerdo a informes de esa época. El intérprete escapó y se encuentra desaparecido.
La muerte de Stoffel ha provocado nuevas preocupaciones sobre la integridad del proyecto de reconstrucción de Iraq, que ha estado plagado de acusaciones de corrupción y de favoritismo casi desde sus inicios.
Un funcionario norteamericano dijo que los problemas de corrupción en los que se hallan implicado intermediarios y sobornos se han extendido cada vez más a medida que los iraquíes empezaron a ejercer más control sobre el proceso de contratación.
El asesinato de Stoffel llamó la atención de investigadores no sólo debido a sus denuncias sino también debido a su pasado misterioso y controvertido. Stoffel trabajó en los años noventa en un proyecto norteamericano secreto para comprar armas rusas, chinas y de otros países para ser probadas por militares estadounidenses, según se desprende de documentos y entrevistas.
El negocio de Stoffel en Iraq era el primer contrato de envergadura autorizado y financiado directamente por el gobierno iraquí para propósitos militares, y era crucial para el adiestramiento y equipamiento del Ejército iraquí, y era considerado un componente clave de la estrategia estadounidense para retirarse de Iraq.
El fracaso en detener la supuesta corrupción "sentará un precedente muy negativo para tratos subsecuentes con los militares iraquíes, dañará a las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios de acuerdo a las leyes norteamericanas y será una fuente de bochorno y tensión política para el gobierno de Bush con respecto al proyecto en Iraq", dijo Stoffel en su carta al Pentágono, una copia de la cual fue conseguida por Times.
De acuerdo a la carta, la empresa de Stoffel, de Pensilvania, recibió el año pasado un contrato del ministerio de Defensa iraquí para ayudar a reparar sus anticuados equipos militares de la era soviética, en su mayor parte tanques T-55 y artillería. Wye Oak Technology entregó en noviembre algunos tanques reparados a la Primera Brigada Motorizada de Iraq.
Como parte del contrato funcionarios de alto rango del ministerio de Defensa exigieron que los pagos a Stoffel fueran procesados a través de un intermediario libanés designado por el ministerio, de acuerdo a la carta del 3 de diciembre.
En noviembre Stoffel trató de obtener un pago de 24.7 millones de dólares, enviando facturas directamente al ministerio de Defensa. El ministerio, a su vez, autorizó tres cheques diferentes, enviándolos al intermediario libanés para su "procesamiento", dijo gente familiarizada con el contrato.
El papel del intermediario era actuar como una especie de fideicomiso de la cuenta para transacciones comerciales, revisando las facturas y haciendo los pagos, dijeron las fuentes.
Pero el empresario no le envió el dinero y Stoffel se quejó a los funcionarios estadounidenses en Washington de que sospechaba que el verdadero papel del intermediario era desviar los pagos hacia funcionarios iraquíes para pagar comisiones ilegales, declaró gente familiarizada con el contrato.
En su carta al Pentágono también dijo que el intermediario estaba reteniendo los pagos en un intento de obligarlo a utilizar a subcontratistas relacionados con el intermediario y con funcionarios del ministerio de Defensa.
Stoffel trató sus preocupaciones con representantes del despacho de Santorum. Santorum, a su vez, escribió al ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld el 3 de diciembre pidiéndole que abordara el tema con el ministro de Defensa iraquí, Hazem Shaalan.
"Apreciaría un comentario sobre cómo puede ayudar el ministerio de Defensa" a Wye Oak Technology a obtener el pago de los servicios prestado, escribió Santorum.
Stoffel también se reunió con John A. Jack' Shaw, subsecretario de Defensa para la tecnología de seguridad internacional, cuya oficina supervisaba la venta de armas a Iraq. En una carta posterior, Stoffel instó a Shaw a exigir que una conocida firma de contabilidad fuera contratada para supervisar el contrato. Advirtió en su carta que el contrato de armas "ha sido presa... de corrupción e intereses creados".
Shaw fue retratado en reportajes de Times el año pasado después de ser investigado por un asunto no relacionado. Subsecuentemente fue retirado de su posición. Su despacho transmitió las quejas de Stoffel al ministerio del Ejército.
"Estamos estudiando el problema", dijo el teniente coronel del Ejército Joseph Yoswa, un portavoz del Pentágono.
Fuentes dijeron que las quejas de Stoffel llegaron al general de división británico David Clements. Clements, el subcomandante de la misión para adiestrar a las tropas iraquíes reunió a Stoffel, Wemple y el empresario libanés para solucionar el problema.
Clements citó a Stoffel a que viajara desde Estados Unidos a Iraq para una reunión en la base militar de Taji a principios de diciembre, dijeron varias fuentes.
Después de varios días de discusiones, Clements le dijo al empresario que pagara las facturas, dijeron las fuentes. El 8 de diciembre, Stoffel y Wemple fueron atacados cuando volvían a Bagdad con su intérprete iraquí.
Los agresores robaron el ordenador de Stoffel. Una semana más tarde un video con fotografías y documentos de Stoffel y Wemple fueron publicados en una página de internet que es usada frecuentemente por grupos rebeldes. Un grupo que se autodenomina las Brigadas de la Yigas Islámica reclamó responsabilidad por los asesinatos. Expertos en terrorismo no conocían a este grupo previamente.
La oportunidad y los inusuales detalles sobre los asesinatos despertaron sospechas en Estados Unidos y en Iraq de que el video era un truco para encubrir el asesinato.
"El video era muy raro", dijo Evan Kohlam, un consultor de terrorismo que estudió el video.
"No mostraba los cuerpos ni el asesinato mismo, sino sólo fotos, documentos y materiales retirados de los cuerpos. Es ciertamente posible que alguien [no los rebeldes] hayan montado el video".
El capitán del Ejército Steve Álvarez, un portavoz estadounidense, reconoció que Clements había hablado con Stoffel, pero negó que Stoffel haya mencionado el tema de la corrupción durante sus conversaciones.
En lugar de eso, dijo que Stoffel se había quejado de las "dificultades que estaba teniendo en obtener los fondos iniciales" para equipar a la brigada motorizada. Clements rechazó ser entrevistado sobre el asunto.
"En realidad no tenemos mucho más que decir", escribió Álvarez en respuesta a una pregunta del Times. Refirió otras preguntas al ministerio de Defensa iraquí.
Nick Hutchinson, asesor estadounidense del ministerio de Defensa que también se reunió con Stoffel no respondió a nuestras peticiones de que comentara este caso.
Un portavoz del ministerio de Defensa iraquí coordinó una entrevista con un importante funcionario de Defensa, pero luego prohibió al periodista hacer preguntas sobre el contrato, diciendo que era demasiado "peligroso".
El empresario libanés no fue localizado.Stoffel había estado activo en el negocio de armas durante mucho tiempo. Al menos desde mediados de los años noventa trabajó con funcionarios de la inteligencia norteamericana para conseguir armamento enemigo para permitir que los militares estadounidenses estudiaran e hicieran pruebas con los artefactos, de acuerdo a documentos del contrato obtenidos por Times.
Como parte de su trabajo Stoffel había establecido contactos en toda Europa del Este, especialmente en Ucrania y Bulgaria. Compró armas incluyendo misiles tierra-aire y sistemas anti-aéreos, muestran los documentos.
Tras la invasión de Iraq en marzo de 2003, Stoffel fue a Bagdad a explorar las oportunidades de negocios que permitía el proyecto de reconstrucción iraquí del Pentágono de varios billones de dólares.
Se preocupó sobre la posible corrupción en el proceso de contratación norteamericano y comunicó sus sospechas a investigadores estadounidenses en la primavera de 2004.
Un funcionario estadounidense dijo que las denuncias de Stoffel estaban siendo investigadas.
Miller y Silverstein informaron desde Washington y McDonnell desde Baghdad.
21 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. Un contratista estadounidense asesinado a tiros el mes pasado en Iraq había acusado de corrupción a funcionarios del ministerio de Defensa iraquí de días antes de su muerte, de acuerdo a documentos y a funcionarios norteamericanos.Dale Stoffel, 43, fue asesinado a balazos el 8 de diciembre poco después de salir de una base militar iraquí al norte de Bagdad, un ataque atribuido en la época a insurgentes iraquíes. También fue asesinado su colega, Joseph Wemple, de 49 años.
Los asesinatos ocurrieron después de que Stoffel advirtiera a importantes funcionarios estadounidenses en Washington que creía que funcionarios del ministerio de Defensa iraquí estaban involucrados en una trama para cobrar sobornos por un contrato de varios millones de dólares asignado a su compañía, la Wye Oak Technology, para reparar viejos equipos militares iraquíes.
El FBI ha iniciado una investigación de los asesinatos y si pueden haber sido provocados por las denuncias de Stoffel, de acuerdo a personas familiarizadas con las pesquisas. El FBI se negó a hacer comentarios.
Stoffel, de Monongahela, Pensilvania, hizo sus acusaciones en una carta del 3 de diciembre dirigida a un importante funcionario del Pentágono y en una reunión con asesores del senador Rick Santorum (republicano, Pensilvania). Poco después, Stoffel fue llamado a presentarse a la base militar de Taji en Iraq por funcionarios militares de la coalición para discutir sus preocupaciones sobre el contrato. Se quejó de problemas de pago con un misterioso empresario libanés designado por los iraquíes como un intermediario, dijeron las fuentes.
Cuando Stoffel, Wemple y un intérprete iraquí salieron de la base de Taji en coche el 8 de diciembre, otro vehículo les embistió de frente. Dos enmascarados descendieron y ejecutaron a los dos norteamericanos con una ráfaga de balas, de acuerdo a informes de esa época. El intérprete escapó y se encuentra desaparecido.
La muerte de Stoffel ha provocado nuevas preocupaciones sobre la integridad del proyecto de reconstrucción de Iraq, que ha estado plagado de acusaciones de corrupción y de favoritismo casi desde sus inicios.
Un funcionario norteamericano dijo que los problemas de corrupción en los que se hallan implicado intermediarios y sobornos se han extendido cada vez más a medida que los iraquíes empezaron a ejercer más control sobre el proceso de contratación.
El asesinato de Stoffel llamó la atención de investigadores no sólo debido a sus denuncias sino también debido a su pasado misterioso y controvertido. Stoffel trabajó en los años noventa en un proyecto norteamericano secreto para comprar armas rusas, chinas y de otros países para ser probadas por militares estadounidenses, según se desprende de documentos y entrevistas.
El negocio de Stoffel en Iraq era el primer contrato de envergadura autorizado y financiado directamente por el gobierno iraquí para propósitos militares, y era crucial para el adiestramiento y equipamiento del Ejército iraquí, y era considerado un componente clave de la estrategia estadounidense para retirarse de Iraq.
El fracaso en detener la supuesta corrupción "sentará un precedente muy negativo para tratos subsecuentes con los militares iraquíes, dañará a las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios de acuerdo a las leyes norteamericanas y será una fuente de bochorno y tensión política para el gobierno de Bush con respecto al proyecto en Iraq", dijo Stoffel en su carta al Pentágono, una copia de la cual fue conseguida por Times.
De acuerdo a la carta, la empresa de Stoffel, de Pensilvania, recibió el año pasado un contrato del ministerio de Defensa iraquí para ayudar a reparar sus anticuados equipos militares de la era soviética, en su mayor parte tanques T-55 y artillería. Wye Oak Technology entregó en noviembre algunos tanques reparados a la Primera Brigada Motorizada de Iraq.
Como parte del contrato funcionarios de alto rango del ministerio de Defensa exigieron que los pagos a Stoffel fueran procesados a través de un intermediario libanés designado por el ministerio, de acuerdo a la carta del 3 de diciembre.
En noviembre Stoffel trató de obtener un pago de 24.7 millones de dólares, enviando facturas directamente al ministerio de Defensa. El ministerio, a su vez, autorizó tres cheques diferentes, enviándolos al intermediario libanés para su "procesamiento", dijo gente familiarizada con el contrato.
El papel del intermediario era actuar como una especie de fideicomiso de la cuenta para transacciones comerciales, revisando las facturas y haciendo los pagos, dijeron las fuentes.
Pero el empresario no le envió el dinero y Stoffel se quejó a los funcionarios estadounidenses en Washington de que sospechaba que el verdadero papel del intermediario era desviar los pagos hacia funcionarios iraquíes para pagar comisiones ilegales, declaró gente familiarizada con el contrato.
En su carta al Pentágono también dijo que el intermediario estaba reteniendo los pagos en un intento de obligarlo a utilizar a subcontratistas relacionados con el intermediario y con funcionarios del ministerio de Defensa.
Stoffel trató sus preocupaciones con representantes del despacho de Santorum. Santorum, a su vez, escribió al ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld el 3 de diciembre pidiéndole que abordara el tema con el ministro de Defensa iraquí, Hazem Shaalan.
"Apreciaría un comentario sobre cómo puede ayudar el ministerio de Defensa" a Wye Oak Technology a obtener el pago de los servicios prestado, escribió Santorum.
Stoffel también se reunió con John A. Jack' Shaw, subsecretario de Defensa para la tecnología de seguridad internacional, cuya oficina supervisaba la venta de armas a Iraq. En una carta posterior, Stoffel instó a Shaw a exigir que una conocida firma de contabilidad fuera contratada para supervisar el contrato. Advirtió en su carta que el contrato de armas "ha sido presa... de corrupción e intereses creados".
Shaw fue retratado en reportajes de Times el año pasado después de ser investigado por un asunto no relacionado. Subsecuentemente fue retirado de su posición. Su despacho transmitió las quejas de Stoffel al ministerio del Ejército.
"Estamos estudiando el problema", dijo el teniente coronel del Ejército Joseph Yoswa, un portavoz del Pentágono.
Fuentes dijeron que las quejas de Stoffel llegaron al general de división británico David Clements. Clements, el subcomandante de la misión para adiestrar a las tropas iraquíes reunió a Stoffel, Wemple y el empresario libanés para solucionar el problema.
Clements citó a Stoffel a que viajara desde Estados Unidos a Iraq para una reunión en la base militar de Taji a principios de diciembre, dijeron varias fuentes.
Después de varios días de discusiones, Clements le dijo al empresario que pagara las facturas, dijeron las fuentes. El 8 de diciembre, Stoffel y Wemple fueron atacados cuando volvían a Bagdad con su intérprete iraquí.
Los agresores robaron el ordenador de Stoffel. Una semana más tarde un video con fotografías y documentos de Stoffel y Wemple fueron publicados en una página de internet que es usada frecuentemente por grupos rebeldes. Un grupo que se autodenomina las Brigadas de la Yigas Islámica reclamó responsabilidad por los asesinatos. Expertos en terrorismo no conocían a este grupo previamente.
La oportunidad y los inusuales detalles sobre los asesinatos despertaron sospechas en Estados Unidos y en Iraq de que el video era un truco para encubrir el asesinato.
"El video era muy raro", dijo Evan Kohlam, un consultor de terrorismo que estudió el video.
"No mostraba los cuerpos ni el asesinato mismo, sino sólo fotos, documentos y materiales retirados de los cuerpos. Es ciertamente posible que alguien [no los rebeldes] hayan montado el video".
El capitán del Ejército Steve Álvarez, un portavoz estadounidense, reconoció que Clements había hablado con Stoffel, pero negó que Stoffel haya mencionado el tema de la corrupción durante sus conversaciones.
En lugar de eso, dijo que Stoffel se había quejado de las "dificultades que estaba teniendo en obtener los fondos iniciales" para equipar a la brigada motorizada. Clements rechazó ser entrevistado sobre el asunto.
"En realidad no tenemos mucho más que decir", escribió Álvarez en respuesta a una pregunta del Times. Refirió otras preguntas al ministerio de Defensa iraquí.
Nick Hutchinson, asesor estadounidense del ministerio de Defensa que también se reunió con Stoffel no respondió a nuestras peticiones de que comentara este caso.
Un portavoz del ministerio de Defensa iraquí coordinó una entrevista con un importante funcionario de Defensa, pero luego prohibió al periodista hacer preguntas sobre el contrato, diciendo que era demasiado "peligroso".
El empresario libanés no fue localizado.Stoffel había estado activo en el negocio de armas durante mucho tiempo. Al menos desde mediados de los años noventa trabajó con funcionarios de la inteligencia norteamericana para conseguir armamento enemigo para permitir que los militares estadounidenses estudiaran e hicieran pruebas con los artefactos, de acuerdo a documentos del contrato obtenidos por Times.
Como parte de su trabajo Stoffel había establecido contactos en toda Europa del Este, especialmente en Ucrania y Bulgaria. Compró armas incluyendo misiles tierra-aire y sistemas anti-aéreos, muestran los documentos.
Tras la invasión de Iraq en marzo de 2003, Stoffel fue a Bagdad a explorar las oportunidades de negocios que permitía el proyecto de reconstrucción iraquí del Pentágono de varios billones de dólares.
Se preocupó sobre la posible corrupción en el proceso de contratación norteamericano y comunicó sus sospechas a investigadores estadounidenses en la primavera de 2004.
Un funcionario estadounidense dijo que las denuncias de Stoffel estaban siendo investigadas.
Miller y Silverstein informaron desde Washington y McDonnell desde Baghdad.
21 de enero de 2005
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mariachis desafinados
[Mary Jordan] Puristas musicales mexicanos llaman a limitar flujo de trovadores.
Ciudad de México, México. En Plaza Garibaldi hay a cualquier hora del día una canción que espera ser cantada por un precio.
Racimos de mariachis - los elaboradamente vestidos músicos mexicanos tradicionales- se reúnen cerca de las estatuas de bronce de estrellas del mariachi del pasado, con la esperanza de ser contratados para una fiesta de cumpleaños o una serenata romántica. La tradición se remonta a casi un siglo, pero ahora hay notas discordantes entre los elevados sonidos de cobres y cuerdas en esta plaza mundialmente famosa.
"¡Es una invasión! ¡Hay demasiada gente que dice que son mariachis!", se quejó Alfredo Ledesma Hernández, un violinista que ha trabajado en Garibaldi durante 20 años. Dijo que el creciente desempleo ha llevado a albañiles, campesinos y otros sin formación musical ni talento a vestirse de mariachis y hacerse pasar por músicos.
"Estos falsos mariachis están dañando nuestra reputación", dijo Ledesma, que llevaba su genuino traje de mariachi -un apretado traje con franjas plateadas, un sombrero de ala ancha y brillantes botas. "Tiene hoyos en sus trajes. Llevan los zapatos sucios. No conocen la letra de las canciones".
Los mariachis se han reunido aquí en Garibaldi desde los años de 1920, en uno de los lugares más coloridos y animados de la ciudad, donde la policía hace la vista gorda cuando se bebe tequila en público. Los visitantes vienen de todo México, y cada vez más del extranjero, para comer y beber en algunas de las numerosas cantinas de la plaza mientras escuchan los sentimentales clásicos que la mayoría de los mexicanos se conocen de memoria.
Otros se acercan a contratar a los mariachis para celebrar sucesos alegres o tristes de sus vidas, desde bautismos hasta funerales, mientras los amantes, jóvenes y viejos se acercan y ofrecen a los mariachis un puñado de billetes de peso para que canten a sus amadas.
Pero los puristas están preocupados de que las apreciadas tradiciones de los mariachis de Garibaldi no signifiquen nada para los impostores, que sólo tratan de hacer dinero explotando la creciente popularidad de un género musical que cada vez más se enseña y es tocado en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Pedro Espinoza Hernández, secretario general del sindicato mariachi de 2.000 miembros, dijo que unos 4.000 músicos, algunos de los cuales no eran más que obreros de la construcción en ropas elegantes, trabajaban ahora en la plaza del tamaño de una cuadra -una plaza que está en medio destartalados vecindarios y gemas históricas del centro histórico de México. En una animada noche de fin de semana recorren la plaza cientos de músicos, incluyendo imitadores sordos al tono, dijo. "Nunca hubo tantos como ahora", dijo. "Es demasiado".
De acuerdo al sindicato, una verdadera banda de mariachis debe comprender al menos seis músicos y un mínimo de dos violines, una trompeta, una guitarra, un guitarrón y una vihuela, que se parece a una guitarra. Las bandas más refinadas tiene 15 o más miembros. A la plaza llegan músicos de países tan remotos como Japón a copiar los únicos diseños de las apretadas chaquetas y pantalones con lentejuelas cosidas en las costuras exteriores de las piernas.
Espinoza dijo que los impostores atraen a los clientes cobrando casi la mitad de la tarifa normal, tan poco como 100 dólares por hora para un grupo de ocho para tocar en una fiesta, o seis dólares por una canción en la plaza misma. "Cobran muy poco y tocan horrible", dijo, agregando que los desafinados fingidores le están quitando el trabajo a los profesionales y perjudicando su reputación.
Tanto el sindicato como funcionarios del ayuntamiento están tratando de controlar lo que llaman "el problema del mercado negro mariachi". La ciudad comenzó hace poco un proyecto de Músicos Seguros' en el que se entregan tarjetas de identidad a los músicos certificados por el sindicato. Los funcionarios aconsejan a los clientes exigir esas tarjetas antes de terminar contratando a un plomero sin trabajo para que estropee las bodas de alguien.
Muchos clientes llevan la precaución un paso más allá exigiendo que los mariachis demuestren sus artes improvisando. Si no pueden producir de inmediato una versión lacrimosa de un canción como El rey' -tan conocida como el Cumpleaños feliz' en los Estados Unidos-, no hay negocio.
Octavio Ruelos Bañales, un oficinista, hizo una pequeña comparación cuando corrió a la plaza a contratar una banda de mariachis para la fiesta de cumpleaños de su patrón esa misma tarde. Se acercó a los miembros de un grupo, pidió una veloz audición y concluyó rápidamente que el único lugar donde podían cantar era en la ducha. "Un poco decepcionante", dijo, diplomático.
Luego se acercó a un octeto vestido en elegantes trajes de color crema con corbatas rojas como el tomate y botas de cowboy blancas.
"¿Pueden tocar Sabes una cosa'?", les preguntó. "Por supuesto", dijo uno de los músicos, y la banda tocó en la acera de inmediato una hermosa serenata de trompetas, violines y guitarras. El cantante canturreó: "Tengo algo que decirte algo, y no sé cómo explicarlo..." Ruelos miró complacido. Se pusieron rápidamente de acuerdo en un precio, la banda se montó apilándose en una camioneta y se marcharon todos al despacho de Ruelos.
José Luis Tamayo, funcionario del ayuntamiento, dijo que el gobierno está tratando de volver las agujas del reloj al año 2000, cuando el número de músicos en Garibaldi era más controlable. Para hacerlo, dijo, la ciudad planeaba ayudar a algunos de los recién llegados a encontrar trabajo. Aquellos con talento, dijo, podrían encontrar trabajo tocando en restaurantes. Los que no podían mantener el tono, agregó, serían "invitados" por los funcionarios a volver a sus trabajos originales.
"Es muy importante controlar a los mariachis", dijo Tamayo. "Si no, las calles de la ciudad se llenarán de músicos". También observó que unos pocos de esos falsos músicos eran ladrones, que asaltaban a sus clientes cuando se encontraban a solas.
Una noche hace poco Alfredo Ortiz González se unió a un gentío de mariachis al lado de la plaza, llamando a los coches para agarrar algún cliente. Dijo que había tocado durante algunos años en Chicago, y luego se vino a Garibaldi en 2001. Cerca de ahí había otro músico con esperanzas, sin su corbata y la camisa colgándole desordenada por encima de los pantalones.
"Hay buenos y malos, pero todos están tratando de ganarse la vida", dijo Ortiz. "Todos tenemos el derecho a tratar de hacer música".
16 de enero de 2005
21 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de México, México. En Plaza Garibaldi hay a cualquier hora del día una canción que espera ser cantada por un precio.Racimos de mariachis - los elaboradamente vestidos músicos mexicanos tradicionales- se reúnen cerca de las estatuas de bronce de estrellas del mariachi del pasado, con la esperanza de ser contratados para una fiesta de cumpleaños o una serenata romántica. La tradición se remonta a casi un siglo, pero ahora hay notas discordantes entre los elevados sonidos de cobres y cuerdas en esta plaza mundialmente famosa.
"¡Es una invasión! ¡Hay demasiada gente que dice que son mariachis!", se quejó Alfredo Ledesma Hernández, un violinista que ha trabajado en Garibaldi durante 20 años. Dijo que el creciente desempleo ha llevado a albañiles, campesinos y otros sin formación musical ni talento a vestirse de mariachis y hacerse pasar por músicos.
"Estos falsos mariachis están dañando nuestra reputación", dijo Ledesma, que llevaba su genuino traje de mariachi -un apretado traje con franjas plateadas, un sombrero de ala ancha y brillantes botas. "Tiene hoyos en sus trajes. Llevan los zapatos sucios. No conocen la letra de las canciones".
Los mariachis se han reunido aquí en Garibaldi desde los años de 1920, en uno de los lugares más coloridos y animados de la ciudad, donde la policía hace la vista gorda cuando se bebe tequila en público. Los visitantes vienen de todo México, y cada vez más del extranjero, para comer y beber en algunas de las numerosas cantinas de la plaza mientras escuchan los sentimentales clásicos que la mayoría de los mexicanos se conocen de memoria.
Otros se acercan a contratar a los mariachis para celebrar sucesos alegres o tristes de sus vidas, desde bautismos hasta funerales, mientras los amantes, jóvenes y viejos se acercan y ofrecen a los mariachis un puñado de billetes de peso para que canten a sus amadas.
Pero los puristas están preocupados de que las apreciadas tradiciones de los mariachis de Garibaldi no signifiquen nada para los impostores, que sólo tratan de hacer dinero explotando la creciente popularidad de un género musical que cada vez más se enseña y es tocado en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Pedro Espinoza Hernández, secretario general del sindicato mariachi de 2.000 miembros, dijo que unos 4.000 músicos, algunos de los cuales no eran más que obreros de la construcción en ropas elegantes, trabajaban ahora en la plaza del tamaño de una cuadra -una plaza que está en medio destartalados vecindarios y gemas históricas del centro histórico de México. En una animada noche de fin de semana recorren la plaza cientos de músicos, incluyendo imitadores sordos al tono, dijo. "Nunca hubo tantos como ahora", dijo. "Es demasiado".
De acuerdo al sindicato, una verdadera banda de mariachis debe comprender al menos seis músicos y un mínimo de dos violines, una trompeta, una guitarra, un guitarrón y una vihuela, que se parece a una guitarra. Las bandas más refinadas tiene 15 o más miembros. A la plaza llegan músicos de países tan remotos como Japón a copiar los únicos diseños de las apretadas chaquetas y pantalones con lentejuelas cosidas en las costuras exteriores de las piernas.
Espinoza dijo que los impostores atraen a los clientes cobrando casi la mitad de la tarifa normal, tan poco como 100 dólares por hora para un grupo de ocho para tocar en una fiesta, o seis dólares por una canción en la plaza misma. "Cobran muy poco y tocan horrible", dijo, agregando que los desafinados fingidores le están quitando el trabajo a los profesionales y perjudicando su reputación.
Tanto el sindicato como funcionarios del ayuntamiento están tratando de controlar lo que llaman "el problema del mercado negro mariachi". La ciudad comenzó hace poco un proyecto de Músicos Seguros' en el que se entregan tarjetas de identidad a los músicos certificados por el sindicato. Los funcionarios aconsejan a los clientes exigir esas tarjetas antes de terminar contratando a un plomero sin trabajo para que estropee las bodas de alguien.
Muchos clientes llevan la precaución un paso más allá exigiendo que los mariachis demuestren sus artes improvisando. Si no pueden producir de inmediato una versión lacrimosa de un canción como El rey' -tan conocida como el Cumpleaños feliz' en los Estados Unidos-, no hay negocio.
Octavio Ruelos Bañales, un oficinista, hizo una pequeña comparación cuando corrió a la plaza a contratar una banda de mariachis para la fiesta de cumpleaños de su patrón esa misma tarde. Se acercó a los miembros de un grupo, pidió una veloz audición y concluyó rápidamente que el único lugar donde podían cantar era en la ducha. "Un poco decepcionante", dijo, diplomático.
Luego se acercó a un octeto vestido en elegantes trajes de color crema con corbatas rojas como el tomate y botas de cowboy blancas.
"¿Pueden tocar Sabes una cosa'?", les preguntó. "Por supuesto", dijo uno de los músicos, y la banda tocó en la acera de inmediato una hermosa serenata de trompetas, violines y guitarras. El cantante canturreó: "Tengo algo que decirte algo, y no sé cómo explicarlo..." Ruelos miró complacido. Se pusieron rápidamente de acuerdo en un precio, la banda se montó apilándose en una camioneta y se marcharon todos al despacho de Ruelos.
José Luis Tamayo, funcionario del ayuntamiento, dijo que el gobierno está tratando de volver las agujas del reloj al año 2000, cuando el número de músicos en Garibaldi era más controlable. Para hacerlo, dijo, la ciudad planeaba ayudar a algunos de los recién llegados a encontrar trabajo. Aquellos con talento, dijo, podrían encontrar trabajo tocando en restaurantes. Los que no podían mantener el tono, agregó, serían "invitados" por los funcionarios a volver a sus trabajos originales.
"Es muy importante controlar a los mariachis", dijo Tamayo. "Si no, las calles de la ciudad se llenarán de músicos". También observó que unos pocos de esos falsos músicos eran ladrones, que asaltaban a sus clientes cuando se encontraban a solas.
Una noche hace poco Alfredo Ortiz González se unió a un gentío de mariachis al lado de la plaza, llamando a los coches para agarrar algún cliente. Dijo que había tocado durante algunos años en Chicago, y luego se vino a Garibaldi en 2001. Cerca de ahí había otro músico con esperanzas, sin su corbata y la camisa colgándole desordenada por encima de los pantalones.
"Hay buenos y malos, pero todos están tratando de ganarse la vida", dijo Ortiz. "Todos tenemos el derecho a tratar de hacer música".
16 de enero de 2005
21 de enero de 2005
©washington post
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mariachis desafinados
[Mary Jordan] Puristas musicales mexicanos llaman a limitar flujo de trovadores.
Ciudad de México, México. En Plaza Garibaldi hay a cualquier hora del día una canción que espera ser cantada por un precio.
Racimos de mariachis - los elaboradamente vestidos músicos mexicanos tradicionales- se reúnen cerca de las estatuas de bronce de estrellas del mariachi del pasado, con la esperanza de ser contratados para una fiesta de cumpleaños o una serenata romántica. La tradición se remonta a casi un siglo, pero ahora hay notas discordantes entre los elevados sonidos de cobres y cuerdas en esta plaza mundialmente famosa.
"¡Es una invasión! ¡Hay demasiada gente que dice que son mariachis!", se quejó Alfredo Ledesma Hernández, un violinista que ha trabajado en Garibaldi durante 20 años. Dijo que el creciente desempleo ha llevado a albañiles, campesinos y otros sin formación musical ni talento a vestirse de mariachis y hacerse pasar por músicos.
"Estos falsos mariachis están dañando nuestra reputación", dijo Ledesma, que llevaba su genuino traje de mariachi -un apretado traje con franjas plateadas, un sombrero de ala ancha y brillantes botas. "Tiene hoyos en sus trajes. Llevan los zapatos sucios. No conocen la letra de las canciones".
Los mariachis se han reunido aquí en Garibaldi desde los años de 1920, en uno de los lugares más coloridos y animados de la ciudad, donde la policía hace la vista gorda cuando se bebe tequila en público. Los visitantes vienen de todo México, y cada vez más del extranjero, para comer y beber en algunas de las numerosas cantinas de la plaza mientras escuchan los sentimentales clásicos que la mayoría de los mexicanos se conocen de memoria.
Otros se acercan a contratar a los mariachis para celebrar sucesos alegres o tristes de sus vidas, desde bautismos hasta funerales, mientras los amantes, jóvenes y viejos se acercan y ofrecen a los mariachis un puñado de billetes de peso para que canten a sus amadas.
Pero los puristas están preocupados de que las apreciadas tradiciones de los mariachis de Garibaldi no signifiquen nada para los impostores, que sólo tratan de hacer dinero explotando la creciente popularidad de un género musical que cada vez más se enseña y es tocado en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Pedro Espinoza Hernández, secretario general del sindicato mariachi de 2.000 miembros, dijo que unos 4.000 músicos, algunos de los cuales no eran más que obreros de la construcción en ropas elegantes, trabajaban ahora en la plaza del tamaño de una cuadra -una plaza que está en medio destartalados vecindarios y gemas históricas del centro histórico de México. En una animada noche de fin de semana recorren la plaza cientos de músicos, incluyendo imitadores sordos al tono, dijo. "Nunca hubo tantos como ahora", dijo. "Es demasiado".
De acuerdo al sindicato, una verdadera banda de mariachis debe comprender al menos seis músicos y un mínimo de dos violines, una trompeta, una guitarra, un guitarrón y una vihuela, que se parece a una guitarra. Las bandas más refinadas tiene 15 o más miembros. A la plaza llegan músicos de países tan remotos como Japón a copiar los únicos diseños de las apretadas chaquetas y pantalones con lentejuelas cosidas en las costuras exteriores de las piernas.
Espinoza dijo que los impostores atraen a los clientes cobrando casi la mitad de la tarifa normal, tan poco como 100 dólares por hora para un grupo de ocho para tocar en una fiesta, o seis dólares por una canción en la plaza misma. "Cobran muy poco y tocan horrible", dijo, agregando que los desafinados fingidores le están quitando el trabajo a los profesionales y perjudicando su reputación.
Tanto el sindicato como funcionarios del ayuntamiento están tratando de controlar lo que llaman "el problema del mercado negro mariachi". La ciudad comenzó hace poco un proyecto de Músicos Seguros' en el que se entregan tarjetas de identidad a los músicos certificados por el sindicato. Los funcionarios aconsejan a los clientes exigir esas tarjetas antes de terminar contratando a un plomero sin trabajo para que estropee las bodas de alguien.
Muchos clientes llevan la precaución un paso más allá exigiendo que los mariachis demuestren sus artes improvisando. Si no pueden producir de inmediato una versión lacrimosa de un canción como El rey' -tan conocida como el Cumpleaños feliz' en los Estados Unidos-, no hay negocio.
Octavio Ruelos Bañales, un oficinista, hizo una pequeña comparación cuando corrió a la plaza a contratar una banda de mariachis para la fiesta de cumpleaños de su patrón esa misma tarde. Se acercó a los miembros de un grupo, pidió una veloz audición y concluyó rápidamente que el único lugar donde podían cantar era en la ducha. "Un poco decepcionante", dijo, diplomático.
Luego se acercó a un octeto vestido en elegantes trajes de color crema con corbatas rojas como el tomate y botas de cowboy blancas.
"¿Pueden tocar Sabes una cosa'?", les preguntó. "Por supuesto", dijo uno de los músicos, y la banda tocó en la acera de inmediato una hermosa serenata de trompetas, violines y guitarras. El cantante canturreó: "Tengo algo que decirte algo, y no sé cómo explicarlo..." Ruelos miró complacido. Se pusieron rápidamente de acuerdo en un precio, la banda se montó apilándose en una camioneta y se marcharon todos al despacho de Ruelos.
José Luis Tamayo, funcionario del ayuntamiento, dijo que el gobierno está tratando de volver las agujas del reloj al año 2000, cuando el número de músicos en Garibaldi era más controlable. Para hacerlo, dijo, la ciudad planeaba ayudar a algunos de los recién llegados a encontrar trabajo. Aquellos con talento, dijo, podrían encontrar trabajo tocando en restaurantes. Los que no podían mantener el tono, agregó, serían "invitados" por los funcionarios a volver a sus trabajos originales.
"Es muy importante controlar a los mariachis", dijo Tamayo. "Si no, las calles de la ciudad se llenarán de músicos". También observó que unos pocos de esos falsos músicos eran ladrones, que asaltaban a sus clientes cuando se encontraban a solas.
Una noche hace poco Alfredo Ortiz González se unió a un gentío de mariachis al lado de la plaza, llamando a los coches para agarrar algún cliente. Dijo que había tocado durante algunos años en Chicago, y luego se vino a Garibaldi en 2001. Cerca de ahí había otro músico con esperanzas, sin su corbata y la camisa colgándole desordenada por encima de los pantalones.
"Hay buenos y malos, pero todos están tratando de ganarse la vida", dijo Ortiz. "Todos tenemos el derecho a tratar de hacer música".
16 de enero de 2005
21 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de México, México. En Plaza Garibaldi hay a cualquier hora del día una canción que espera ser cantada por un precio.Racimos de mariachis - los elaboradamente vestidos músicos mexicanos tradicionales- se reúnen cerca de las estatuas de bronce de estrellas del mariachi del pasado, con la esperanza de ser contratados para una fiesta de cumpleaños o una serenata romántica. La tradición se remonta a casi un siglo, pero ahora hay notas discordantes entre los elevados sonidos de cobres y cuerdas en esta plaza mundialmente famosa.
"¡Es una invasión! ¡Hay demasiada gente que dice que son mariachis!", se quejó Alfredo Ledesma Hernández, un violinista que ha trabajado en Garibaldi durante 20 años. Dijo que el creciente desempleo ha llevado a albañiles, campesinos y otros sin formación musical ni talento a vestirse de mariachis y hacerse pasar por músicos.
"Estos falsos mariachis están dañando nuestra reputación", dijo Ledesma, que llevaba su genuino traje de mariachi -un apretado traje con franjas plateadas, un sombrero de ala ancha y brillantes botas. "Tiene hoyos en sus trajes. Llevan los zapatos sucios. No conocen la letra de las canciones".
Los mariachis se han reunido aquí en Garibaldi desde los años de 1920, en uno de los lugares más coloridos y animados de la ciudad, donde la policía hace la vista gorda cuando se bebe tequila en público. Los visitantes vienen de todo México, y cada vez más del extranjero, para comer y beber en algunas de las numerosas cantinas de la plaza mientras escuchan los sentimentales clásicos que la mayoría de los mexicanos se conocen de memoria.
Otros se acercan a contratar a los mariachis para celebrar sucesos alegres o tristes de sus vidas, desde bautismos hasta funerales, mientras los amantes, jóvenes y viejos se acercan y ofrecen a los mariachis un puñado de billetes de peso para que canten a sus amadas.
Pero los puristas están preocupados de que las apreciadas tradiciones de los mariachis de Garibaldi no signifiquen nada para los impostores, que sólo tratan de hacer dinero explotando la creciente popularidad de un género musical que cada vez más se enseña y es tocado en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Pedro Espinoza Hernández, secretario general del sindicato mariachi de 2.000 miembros, dijo que unos 4.000 músicos, algunos de los cuales no eran más que obreros de la construcción en ropas elegantes, trabajaban ahora en la plaza del tamaño de una cuadra -una plaza que está en medio destartalados vecindarios y gemas históricas del centro histórico de México. En una animada noche de fin de semana recorren la plaza cientos de músicos, incluyendo imitadores sordos al tono, dijo. "Nunca hubo tantos como ahora", dijo. "Es demasiado".
De acuerdo al sindicato, una verdadera banda de mariachis debe comprender al menos seis músicos y un mínimo de dos violines, una trompeta, una guitarra, un guitarrón y una vihuela, que se parece a una guitarra. Las bandas más refinadas tiene 15 o más miembros. A la plaza llegan músicos de países tan remotos como Japón a copiar los únicos diseños de las apretadas chaquetas y pantalones con lentejuelas cosidas en las costuras exteriores de las piernas.
Espinoza dijo que los impostores atraen a los clientes cobrando casi la mitad de la tarifa normal, tan poco como 100 dólares por hora para un grupo de ocho para tocar en una fiesta, o seis dólares por una canción en la plaza misma. "Cobran muy poco y tocan horrible", dijo, agregando que los desafinados fingidores le están quitando el trabajo a los profesionales y perjudicando su reputación.
Tanto el sindicato como funcionarios del ayuntamiento están tratando de controlar lo que llaman "el problema del mercado negro mariachi". La ciudad comenzó hace poco un proyecto de Músicos Seguros' en el que se entregan tarjetas de identidad a los músicos certificados por el sindicato. Los funcionarios aconsejan a los clientes exigir esas tarjetas antes de terminar contratando a un plomero sin trabajo para que estropee las bodas de alguien.
Muchos clientes llevan la precaución un paso más allá exigiendo que los mariachis demuestren sus artes improvisando. Si no pueden producir de inmediato una versión lacrimosa de un canción como El rey' -tan conocida como el Cumpleaños feliz' en los Estados Unidos-, no hay negocio.
Octavio Ruelos Bañales, un oficinista, hizo una pequeña comparación cuando corrió a la plaza a contratar una banda de mariachis para la fiesta de cumpleaños de su patrón esa misma tarde. Se acercó a los miembros de un grupo, pidió una veloz audición y concluyó rápidamente que el único lugar donde podían cantar era en la ducha. "Un poco decepcionante", dijo, diplomático.
Luego se acercó a un octeto vestido en elegantes trajes de color crema con corbatas rojas como el tomate y botas de cowboy blancas.
"¿Pueden tocar Sabes una cosa'?", les preguntó. "Por supuesto", dijo uno de los músicos, y la banda tocó en la acera de inmediato una hermosa serenata de trompetas, violines y guitarras. El cantante canturreó: "Tengo algo que decirte algo, y no sé cómo explicarlo..." Ruelos miró complacido. Se pusieron rápidamente de acuerdo en un precio, la banda se montó apilándose en una camioneta y se marcharon todos al despacho de Ruelos.
José Luis Tamayo, funcionario del ayuntamiento, dijo que el gobierno está tratando de volver las agujas del reloj al año 2000, cuando el número de músicos en Garibaldi era más controlable. Para hacerlo, dijo, la ciudad planeaba ayudar a algunos de los recién llegados a encontrar trabajo. Aquellos con talento, dijo, podrían encontrar trabajo tocando en restaurantes. Los que no podían mantener el tono, agregó, serían "invitados" por los funcionarios a volver a sus trabajos originales.
"Es muy importante controlar a los mariachis", dijo Tamayo. "Si no, las calles de la ciudad se llenarán de músicos". También observó que unos pocos de esos falsos músicos eran ladrones, que asaltaban a sus clientes cuando se encontraban a solas.
Una noche hace poco Alfredo Ortiz González se unió a un gentío de mariachis al lado de la plaza, llamando a los coches para agarrar algún cliente. Dijo que había tocado durante algunos años en Chicago, y luego se vino a Garibaldi en 2001. Cerca de ahí había otro músico con esperanzas, sin su corbata y la camisa colgándole desordenada por encima de los pantalones.
"Hay buenos y malos, pero todos están tratando de ganarse la vida", dijo Ortiz. "Todos tenemos el derecho a tratar de hacer música".
16 de enero de 2005
21 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
california ejecuta a convicto
[Rone Tempest] Las apelaciones de último minuto fueron rechazadas y el gobernador Schwarzenegger se negó a otorgar clemencia. Donald Beardslee fue ejecutado esta mañana 24 años después de haberse confesado culpable del asesinato de dos mujeres en el Área de la Bahía.
San Quentin, Estados Unidos. Mientras unos 300 opositores contra la pena de muerte montaban una vigilia en las afueras de la prisión, Beardslee, 61, fue amarrado con una correa a una camilla, donde le inyectó un cóctel de drogas.
El martes, en una declaración extraordinariamente detallada el gobernador Arnold Schwarzenegger dijo: "Nada en su petición o en los antecedentes de este caso me convence de que no entendía la gravedad de sus actos ni que pensara que estos atroces asesinatos no eran algo malo".
Poco después del rechazo del gobernador, la Corte Suprema de Estados Unidos negó sin comentarios la petición de aplazamiento de Beardslee. Las decisiones allanaron el camino para la ejecución de Beardslee a las 12:01 de la mañana, la onceava ejecución en el estado desde que los votantes reinstalaran la pena de muerte en 1978 y la primera de la administración de Schwarzenegger.
Beardslee rechazó una cena final especial y tuvo su ración normal de la prisión de macarrones con chile, ensalada y tarta.
Entre los que se reunieron para presenciar la ejecución en el pabellón de la muerte de San Quentin había cuatro miembros de la familia de Patty Geddling, 23, y Stacey Benjamin, 19, ante quienes Beardslee confesó haber matado y abandonado en lugares apartados después de una pelea sobre un negocio de drogas de 185 dólares en Redwood, California.
En una audiencia estatal para solicitar clemencia el viernes, los abogados de la defensa pidieron piedad en el caso a Schwarzenegger, diciendo que Beardslee sufría de un daño cerebral no detectado previamente que le llevó a cometer los dos asesinatos de 1981 así como el fatal apuñalamiento de una mujer de Missouri en 1969 por el que fue condenado a siete años de prisión.
Esperando que Schwarzenner siguiera el ejemplo del difunto Ronald Reagan, el último gobernador de California en otorgar clemencia a un condenado, los abogados pidieron que se permitiera que Beardslee fuera sometido a un sofisticado escáner cerebral de resonancia magnética, que no fue usado durante su juicio. En un caso de 1967, Reagan conmutó la sentencia de muerte de un asesino convicto con daño cerebral debido a que el más moderno test científico, el encefalograma de 16 canales, no estaba disponible en el momento del juicio.
Pero Schwarzenegger rechazó la teoría del daño cerebral, observando que Beardslee operaba a un nivel muy alto, llegando a obtener "las más altas notas cuando asistió al Colegio de San Mateo cuando estaba en libertad condicional por el asesinato de Missouri".
Después de pasar el fin de semana revisando el caso y la recomendación sellada de la Directiva de Penas de Prisión del estado, Schwarzenegger se negó a otorgar clemencia a Beardslee, como hizo el año pasado en otro caso de pena de muerte desde que asumió el cargo.
En febrero pasado, Schwarzenegger ignoró las peticiones de un prominente grupo de activistas norteamericanos y extranjeros -incluyendo a algunos actores- y rechazó la petición de clemencia para el convicto fugitivo Kevin Cooper. Cooper fue sentenciado a muerte por los asesinatos con hacha de tres miembros de la familia de Chino Hills y un amigo del vecindario en 1983 durante su fuga de la prisión.
Cooper se salvó de la ejecución más tarde cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito envió el caso a tribunales inferiores para que consideraran los nuevos tests de DNA.
Debido a la relativa indulgencia que demostró en casos de libertad condicional -especialmente en comparación con su predecesor demócrata Gray Davis- los primeras decisiones de Schwarzenegger en casos de pena capital están siendo observados estrechamente por los fiscales del estado y abogados de la defensa.
En entrevistas Schwarzenegger dijo que cree que la pena de muerte es "un método disuasivo necesario y efectivo para impedir asesinatos". Sin embargo, el secretario de Asuntos Legales Peter Siggins dijo en una entrevista en febrero que el gobernador había señalado que él otorgaría clemencia si el caso lo ameritaba.
"Ciertamente indicó que en un caso correcto el consideraría su decisión" de otorgar clemencia, dijo Siggins, que agregó: "Le puedo decir que el gobernador apoya la pena de muerte y cree que es una forma apropiada de castigo".Desde que asumiera el cargo en noviembre de 2003, Schwarzenegger ha otorgado tres perdones y aprobado la primera conmutación de una condena de prisión de mano de un gobernador de California desde Jerry Brown.
California está a la cabeza del país con 640 reclusos en el pabellón de la muerte, pero está en el 18 lugar en la lista de ejecuciones realizadas desde 1976. Tejas ocupa el primer lugar en ejecuciones con 337, y el segundo en términos de reclusos condenados a muerte, con 455 sentencias capitales.
Debido al complicado proceso de apelación, los reclusos condenados en California esperan un promedio de más de 20 años entre la fecha de la sentencia y la ejecución. De hecho, la mayoría de los reclusos en el pabellón de la muerte del estado mueren de muerte natural. El siguiente en la lista de espera de ejecuciones después de Beardslee es Blufford Hayes Jr., cuya sentencia de muerte de 1980 fue recurrida.
En el casi cuarto de siglo que ha esperado en la cárcel del condado de San Mateo y en el pabellón de la muerte de San Quentin, Beardslee llegó a ser un recluso modelo. De acuerdo a testimonios leídos el viernes en la audiencia para la petición de clemencia, ha incluso ayudado a los funcionarios de rehabilitación de la cárcel de seguridad.
El antiguo director de San Quentin, Daniel Vasquez describió a Beardslee como un recluso raro que no tenía problemas de disciplina. "Matarlo sería una vergüenza", dijo Vasquez.
Pero Schwarzenegger no estaba impresionado por su buena conducta. "No espero nada menos que eso", dijo.
El llamado de clemencia de último minuto fue rechazado con emocionadas declaraciones de las familias de las dos mujeres del Área de la Bahía, incluyendo a los hijos maduros de Geddling.
"No sé qué problemas tiene Beardslee con las mujeres. Parece que le gusta matarlas", dijo Tom Amundson, el hermanastro mayor de Benjamin.
En 1969, cuando tenía 26 años, Beardslee mató a una mujer de 52 años que conoció en un bar de St. Louis, apuñalándola con un cuchillo en la garganta y dejando que se desangrara hasta morir en la bañera. Después de cumplir siete años de una sentencia de 18 por ese asesinato, el antiguo mecánico de la Fuerza Aérea se mudó a California para estar cerca de su madre.
Mientra gozaba de libertad condicional Beardslee consiguió una ocupación como mecánico de Hewlett-Packard, donde obtuvo consistentemente buenas evaluaciones.
En 1981 Beardslee recogió a una autostopista, Rickie Soria, drogadicta y prostituta. Beardslee se mudó a vivir con Soria, y ella lo presentó a sus amigos.
Uno de ellos, Bill Forrester, de 19 años, reclamó que le habían robado 185 dólares de una venta de drogas en la que estuvieron implicados Geddling y Benjamin. Frank Rutherford, un vendedor de drogas considerado el cabecilla del grupo, tramó un plan para llevar a Geddling y a Benjamin al apartamento de Beardslee el 24 de abril de 1981. El día antes Beardslee envió a Soria a comprar cinta de pegar para amarrar a las mujeres cuando estas llegaran.
Después de que Rutherford hiriera accidentalmente a Geddling, Beardslee, Soria y Forrester condujeron a la mujer a un lugar remoto en el condado de San Mateo, donde Beardslee disparó a la mujer dos veces en la cabeza con una escopeta recortada.
Al día siguiente, Beardslee, Soria y Rutherford, que se habían quedado con Benjamin, esnifaron cocaína mientras llevaban a la nativa de Pacifica durante 160 kilómetros hacia el solitaria área de Lake County, al norte de San Francisco. Después de que los dos hombres no pudieran estrangular a Benjamin con un garrote de alambre, Beardslee le cortó la garganta con el cuchillo de Rutherford. Antes de abandonar el lugar los dos hombres le sacaron a Benjamin los pantalones para que pareciera que había sido violada.
La policía identificó a Beardslee gracias a un número de teléfono encontrado en una de las escenas del crimen. Como en St. Louis, Beardslee confesó rápidamente los asesinatos y fue el principal testigo en los juicios. Rutherford, que murió en prisión hace dos años, y Soria fueron condenados a largas penas de prisión, y Forrester fue absuelto.
El último en ser procesado, Beardslee fue hallado culpable y tras extensas deliberaciones del jurado, sentenciado a morir en la cámara de gas de San Quentin. El método de ejecución en California fue más tarde remplazado por muerte por una inyección letal.
20 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
San Quentin, Estados Unidos. Mientras unos 300 opositores contra la pena de muerte montaban una vigilia en las afueras de la prisión, Beardslee, 61, fue amarrado con una correa a una camilla, donde le inyectó un cóctel de drogas.El martes, en una declaración extraordinariamente detallada el gobernador Arnold Schwarzenegger dijo: "Nada en su petición o en los antecedentes de este caso me convence de que no entendía la gravedad de sus actos ni que pensara que estos atroces asesinatos no eran algo malo".
Poco después del rechazo del gobernador, la Corte Suprema de Estados Unidos negó sin comentarios la petición de aplazamiento de Beardslee. Las decisiones allanaron el camino para la ejecución de Beardslee a las 12:01 de la mañana, la onceava ejecución en el estado desde que los votantes reinstalaran la pena de muerte en 1978 y la primera de la administración de Schwarzenegger.
Beardslee rechazó una cena final especial y tuvo su ración normal de la prisión de macarrones con chile, ensalada y tarta.
Entre los que se reunieron para presenciar la ejecución en el pabellón de la muerte de San Quentin había cuatro miembros de la familia de Patty Geddling, 23, y Stacey Benjamin, 19, ante quienes Beardslee confesó haber matado y abandonado en lugares apartados después de una pelea sobre un negocio de drogas de 185 dólares en Redwood, California.
En una audiencia estatal para solicitar clemencia el viernes, los abogados de la defensa pidieron piedad en el caso a Schwarzenegger, diciendo que Beardslee sufría de un daño cerebral no detectado previamente que le llevó a cometer los dos asesinatos de 1981 así como el fatal apuñalamiento de una mujer de Missouri en 1969 por el que fue condenado a siete años de prisión.
Esperando que Schwarzenner siguiera el ejemplo del difunto Ronald Reagan, el último gobernador de California en otorgar clemencia a un condenado, los abogados pidieron que se permitiera que Beardslee fuera sometido a un sofisticado escáner cerebral de resonancia magnética, que no fue usado durante su juicio. En un caso de 1967, Reagan conmutó la sentencia de muerte de un asesino convicto con daño cerebral debido a que el más moderno test científico, el encefalograma de 16 canales, no estaba disponible en el momento del juicio.
Pero Schwarzenegger rechazó la teoría del daño cerebral, observando que Beardslee operaba a un nivel muy alto, llegando a obtener "las más altas notas cuando asistió al Colegio de San Mateo cuando estaba en libertad condicional por el asesinato de Missouri".
Después de pasar el fin de semana revisando el caso y la recomendación sellada de la Directiva de Penas de Prisión del estado, Schwarzenegger se negó a otorgar clemencia a Beardslee, como hizo el año pasado en otro caso de pena de muerte desde que asumió el cargo.
En febrero pasado, Schwarzenegger ignoró las peticiones de un prominente grupo de activistas norteamericanos y extranjeros -incluyendo a algunos actores- y rechazó la petición de clemencia para el convicto fugitivo Kevin Cooper. Cooper fue sentenciado a muerte por los asesinatos con hacha de tres miembros de la familia de Chino Hills y un amigo del vecindario en 1983 durante su fuga de la prisión.
Cooper se salvó de la ejecución más tarde cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito envió el caso a tribunales inferiores para que consideraran los nuevos tests de DNA.
Debido a la relativa indulgencia que demostró en casos de libertad condicional -especialmente en comparación con su predecesor demócrata Gray Davis- los primeras decisiones de Schwarzenegger en casos de pena capital están siendo observados estrechamente por los fiscales del estado y abogados de la defensa.
En entrevistas Schwarzenegger dijo que cree que la pena de muerte es "un método disuasivo necesario y efectivo para impedir asesinatos". Sin embargo, el secretario de Asuntos Legales Peter Siggins dijo en una entrevista en febrero que el gobernador había señalado que él otorgaría clemencia si el caso lo ameritaba.
"Ciertamente indicó que en un caso correcto el consideraría su decisión" de otorgar clemencia, dijo Siggins, que agregó: "Le puedo decir que el gobernador apoya la pena de muerte y cree que es una forma apropiada de castigo".Desde que asumiera el cargo en noviembre de 2003, Schwarzenegger ha otorgado tres perdones y aprobado la primera conmutación de una condena de prisión de mano de un gobernador de California desde Jerry Brown.
California está a la cabeza del país con 640 reclusos en el pabellón de la muerte, pero está en el 18 lugar en la lista de ejecuciones realizadas desde 1976. Tejas ocupa el primer lugar en ejecuciones con 337, y el segundo en términos de reclusos condenados a muerte, con 455 sentencias capitales.
Debido al complicado proceso de apelación, los reclusos condenados en California esperan un promedio de más de 20 años entre la fecha de la sentencia y la ejecución. De hecho, la mayoría de los reclusos en el pabellón de la muerte del estado mueren de muerte natural. El siguiente en la lista de espera de ejecuciones después de Beardslee es Blufford Hayes Jr., cuya sentencia de muerte de 1980 fue recurrida.
En el casi cuarto de siglo que ha esperado en la cárcel del condado de San Mateo y en el pabellón de la muerte de San Quentin, Beardslee llegó a ser un recluso modelo. De acuerdo a testimonios leídos el viernes en la audiencia para la petición de clemencia, ha incluso ayudado a los funcionarios de rehabilitación de la cárcel de seguridad.
El antiguo director de San Quentin, Daniel Vasquez describió a Beardslee como un recluso raro que no tenía problemas de disciplina. "Matarlo sería una vergüenza", dijo Vasquez.
Pero Schwarzenegger no estaba impresionado por su buena conducta. "No espero nada menos que eso", dijo.
El llamado de clemencia de último minuto fue rechazado con emocionadas declaraciones de las familias de las dos mujeres del Área de la Bahía, incluyendo a los hijos maduros de Geddling.
"No sé qué problemas tiene Beardslee con las mujeres. Parece que le gusta matarlas", dijo Tom Amundson, el hermanastro mayor de Benjamin.
En 1969, cuando tenía 26 años, Beardslee mató a una mujer de 52 años que conoció en un bar de St. Louis, apuñalándola con un cuchillo en la garganta y dejando que se desangrara hasta morir en la bañera. Después de cumplir siete años de una sentencia de 18 por ese asesinato, el antiguo mecánico de la Fuerza Aérea se mudó a California para estar cerca de su madre.
Mientra gozaba de libertad condicional Beardslee consiguió una ocupación como mecánico de Hewlett-Packard, donde obtuvo consistentemente buenas evaluaciones.
En 1981 Beardslee recogió a una autostopista, Rickie Soria, drogadicta y prostituta. Beardslee se mudó a vivir con Soria, y ella lo presentó a sus amigos.
Uno de ellos, Bill Forrester, de 19 años, reclamó que le habían robado 185 dólares de una venta de drogas en la que estuvieron implicados Geddling y Benjamin. Frank Rutherford, un vendedor de drogas considerado el cabecilla del grupo, tramó un plan para llevar a Geddling y a Benjamin al apartamento de Beardslee el 24 de abril de 1981. El día antes Beardslee envió a Soria a comprar cinta de pegar para amarrar a las mujeres cuando estas llegaran.
Después de que Rutherford hiriera accidentalmente a Geddling, Beardslee, Soria y Forrester condujeron a la mujer a un lugar remoto en el condado de San Mateo, donde Beardslee disparó a la mujer dos veces en la cabeza con una escopeta recortada.
Al día siguiente, Beardslee, Soria y Rutherford, que se habían quedado con Benjamin, esnifaron cocaína mientras llevaban a la nativa de Pacifica durante 160 kilómetros hacia el solitaria área de Lake County, al norte de San Francisco. Después de que los dos hombres no pudieran estrangular a Benjamin con un garrote de alambre, Beardslee le cortó la garganta con el cuchillo de Rutherford. Antes de abandonar el lugar los dos hombres le sacaron a Benjamin los pantalones para que pareciera que había sido violada.
La policía identificó a Beardslee gracias a un número de teléfono encontrado en una de las escenas del crimen. Como en St. Louis, Beardslee confesó rápidamente los asesinatos y fue el principal testigo en los juicios. Rutherford, que murió en prisión hace dos años, y Soria fueron condenados a largas penas de prisión, y Forrester fue absuelto.
El último en ser procesado, Beardslee fue hallado culpable y tras extensas deliberaciones del jurado, sentenciado a morir en la cámara de gas de San Quentin. El método de ejecución en California fue más tarde remplazado por muerte por una inyección letal.
20 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
proceso por masacre de tlatelolco
[Kevin Sullivan] México acusará de genocidio a funcionarios por masacre de 1968.
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.
En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh