proceso por masacre de tlatelolco
[Kevin Sullivan] México acusará de genocidio a funcionarios por masacre de 1968.
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.
En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
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se suicida coronel implicado en asesinatos
[José Miguel Wilson y Alejandra Clavería] Se suicida coronel (R) procesado por Guzmán en caso Conferencia. Germán Barriga, de 59 años, se arrojó ayer al vacío desde el piso 18 de un edificio recién construido. El ex uniformado, quien perteneció a la Dina y a la CNI, estaba encausado por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976.
Santiago, Chile. Concurrió pasadas las 10 de la mañana a un edificio en Las Condes, en Los Militares con Pío XI, con la intención aparente de comprar un departamento justo detrás de la Escuela Militar, donde se había graduado como oficial a mediados de la década del 60. Sin embargo, era otra la idea que tenía en mente el coronel (R) Germán Jorge Barriga Muñoz, de 59 años, quien se lanzó al vacío desde el piso 18 del inmueble recién construido, supuestamente agobiado por problemas personales y judiciales.
Ex miembro de la Dina y de la CNI, Barriga había sido procesado en junio de 2003 por el juez Juan Guzmán, quien lo acusaba de haber participado en la desaparición de nueve dirigentes del PC que encabezaban la dirección clandestina del partido en 1976, entre ellos Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín.
Aunque las causas del suicidio no están del todo claras aún, cercanos a Barriga afirman que el ex oficial pasaba por una difícil situación personal. En los últimos años había enfrentado al menos cuatro funas', como son llamadas las manifestaciones de organismos de derechos humanos contra ex funcionarios ligados a los aparatos represivos. Producto de ellas, afirmaron fuentes cercanas, el coronel (R) habría perdido en varias oportunidades su trabajo. A eso se sumaba el delicado estado de salud de su esposa, aquejada de cáncer.
Vecinos de un departamento que Barriga ocupaba hasta hace unos años en avenida Irarrázaval recordaron a Barriga como una persona activa, que incluso fue dirigente de la junta de vigilancia. Allí vivió cerca de dos años, pero luego de la última funa', en la que manifestantes rayaron las paredes del edificio con su nombre, aludiendo a su pasado, decidió emigrar.
El comandante en jefe (s) del Ejército, general Javier Urbina, expresó preocupación por el suicidio. "El coronel Barriga estaba en varios procesos de derechos humanos y seguramente es un tema que lo venía afectando hacía mucho tiempo. El sufría de una depresión, y nos preocupa mucho nuestro personal que esté expuesto a cualquier situación procesal, judicial o de otro tipo personal", dijo Urbina, en una ceremonia para recibir a efectivos que retornaban de la misión en Haití.
Las palabras de Urbina expresaron el malestar del Ejército por la tardanza de las casi 390 causas pendientes de derechos humanos, que actualmente comprometen a cerca de 400 ex uniformados. "Hay gente que está muriendo todos los días", dijo el general Cheyre en septiembre pasado, aludiendo a la cantidad de ex uniformados que han fallecido a la espera del cierre de los procesos. La institución ha hecho saber su interés de que se impulsen algunas iniciativas, como la rebaja de penas a quienes colaboren, que permitirían dinamizar los juicios, pero que se encuentran entrampadas en su discusión parlamentaria.
Barriga nació en Valdivia el 4 de diciembre de 1945, y a mediados de la década del 60 ingresó a la Escuela Militar. Del arma de Infantería, para el golpe de 1973 tenía el grado de capitán. Organismos de derechos humanos afirman que poco después se integró a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la Dina, y luego a la Brigada Purén, encargada de la represión de la cúpula del Partido Comunista.
Tras la disolución del organismo que encabezaba el general Manuel Contreras, Barriga habría integrado la CNI durante buena parte de los 80. En 1990 ejerció como comandante de un regimiento de Infantería en Calama, y luego fue destinado a la Dirección de Movilización Nacional. Tiempo después pasó a retiro.
20 de enero de 2005
©la tercera
Santiago, Chile. Concurrió pasadas las 10 de la mañana a un edificio en Las Condes, en Los Militares con Pío XI, con la intención aparente de comprar un departamento justo detrás de la Escuela Militar, donde se había graduado como oficial a mediados de la década del 60. Sin embargo, era otra la idea que tenía en mente el coronel (R) Germán Jorge Barriga Muñoz, de 59 años, quien se lanzó al vacío desde el piso 18 del inmueble recién construido, supuestamente agobiado por problemas personales y judiciales.Ex miembro de la Dina y de la CNI, Barriga había sido procesado en junio de 2003 por el juez Juan Guzmán, quien lo acusaba de haber participado en la desaparición de nueve dirigentes del PC que encabezaban la dirección clandestina del partido en 1976, entre ellos Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín.
Aunque las causas del suicidio no están del todo claras aún, cercanos a Barriga afirman que el ex oficial pasaba por una difícil situación personal. En los últimos años había enfrentado al menos cuatro funas', como son llamadas las manifestaciones de organismos de derechos humanos contra ex funcionarios ligados a los aparatos represivos. Producto de ellas, afirmaron fuentes cercanas, el coronel (R) habría perdido en varias oportunidades su trabajo. A eso se sumaba el delicado estado de salud de su esposa, aquejada de cáncer.
Vecinos de un departamento que Barriga ocupaba hasta hace unos años en avenida Irarrázaval recordaron a Barriga como una persona activa, que incluso fue dirigente de la junta de vigilancia. Allí vivió cerca de dos años, pero luego de la última funa', en la que manifestantes rayaron las paredes del edificio con su nombre, aludiendo a su pasado, decidió emigrar.
El comandante en jefe (s) del Ejército, general Javier Urbina, expresó preocupación por el suicidio. "El coronel Barriga estaba en varios procesos de derechos humanos y seguramente es un tema que lo venía afectando hacía mucho tiempo. El sufría de una depresión, y nos preocupa mucho nuestro personal que esté expuesto a cualquier situación procesal, judicial o de otro tipo personal", dijo Urbina, en una ceremonia para recibir a efectivos que retornaban de la misión en Haití.
Las palabras de Urbina expresaron el malestar del Ejército por la tardanza de las casi 390 causas pendientes de derechos humanos, que actualmente comprometen a cerca de 400 ex uniformados. "Hay gente que está muriendo todos los días", dijo el general Cheyre en septiembre pasado, aludiendo a la cantidad de ex uniformados que han fallecido a la espera del cierre de los procesos. La institución ha hecho saber su interés de que se impulsen algunas iniciativas, como la rebaja de penas a quienes colaboren, que permitirían dinamizar los juicios, pero que se encuentran entrampadas en su discusión parlamentaria.
Barriga nació en Valdivia el 4 de diciembre de 1945, y a mediados de la década del 60 ingresó a la Escuela Militar. Del arma de Infantería, para el golpe de 1973 tenía el grado de capitán. Organismos de derechos humanos afirman que poco después se integró a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la Dina, y luego a la Brigada Purén, encargada de la represión de la cúpula del Partido Comunista.
Tras la disolución del organismo que encabezaba el general Manuel Contreras, Barriga habría integrado la CNI durante buena parte de los 80. En 1990 ejerció como comandante de un regimiento de Infantería en Calama, y luego fue destinado a la Dirección de Movilización Nacional. Tiempo después pasó a retiro.
20 de enero de 2005
©la tercera
murió virgina mayo
Fallece Virginia Mayo, leyenda de Hollywood. A los 84 años murió la actriz que brilló en cintas como Los mejores años de nuestras vidas'. Figura del studio system de los años '40 y '50, su belleza llevó a que se la describiera como "prueba de que Dios existe". El mismo factor, sin embargo, impidió que se valorara su aporte a cintas clave de aquellos años.
Uno de los grandes dramas hollywoodenses de posguerra, Los mejores años de nuestras vidas', la mostró como desencantada esposa de un retornado de la II Guerra. Tres años después fue la mujer de James Cagney, rubia tonta y voluptuosa, en el soberbio thriller freudiano Alma negra' (White Heat, 1949).
Estuvo a la altura de estos papeles, y hay quien dice que el Oscar la ignoró injustamente. Pero su gran belleza -"la prueba de que Dios existe", se decía de ella- nubló la consideración de las dotes actorales de Virginia Mayo, figura insigne del studio system.
Virginia Clara Jones -su verdadero nombre- murió el lunes, a los 84 años, en una casa de reposo de las afueras de Los Angeles. Según informó un amigo de la familia, el deceso fue ocasionado por un paro cardíaco, punto final de la larga neumonía que venía enfrentando.
Al conocerse el fallecimiento, uno de los aspectos que destacaron diarios y agencias fue precisamente la subvaloración de la intérprete en beneficio de la chica sexy.
"Quería ser bailarina"
Hija de un periodista, Virginia nació en Saint Louis, Missouri, en 1920. Su temprano interés en el espectáculo encontró acogida en la academia de talentos de una tía, que la seleccionó para figurar en obras locales.
De ahí saltó a los shows de variedades, con los que hizo sus primeras giras por EE.UU. En uno de ellos nació el nombre por el cual se la recuerda, tomado de un humorista que la acompañaba.
"Quería ser bailarina, pero terminé como actriz", recordaba hace pocos años. El tránsito se produjo a principios de los '40, cuando fue descubierta por Samuel Goldwyn, quien encargó para ella cursos de actuación y de dicción. Con papeles pequeños como el que tuvo en Jack London' (1943) -cuyo protagonista, Michael O'Shea, se convirtió en su esposo-, se la encasilló en géneros como la comedia y el musical, situándosela con frecuencia junto a estrellas como Dana Andrews, George Raft, Burt Lancaster, Kirk Douglas y el mencionado Cagney.
A las órdenes de cineastas como Howard Hawks, Jacques Tourneur, Raoul Walsh y William Wyler, su drama fue el de tantos intérpretes de la era dorada de Hollywood, de la cual fue un producto: con la etiqueta de bella y livianita', el interés en sus servicios decayó hacia fines de los '50.
En décadas posteriores apareció en series de TV como Con temple de acero' y en pequeños papeles en cintas de horror. Le sobreviven una hija y tres nietos.
20 de enero de 2005
©la tercera
Uno de los grandes dramas hollywoodenses de posguerra, Los mejores años de nuestras vidas', la mostró como desencantada esposa de un retornado de la II Guerra. Tres años después fue la mujer de James Cagney, rubia tonta y voluptuosa, en el soberbio thriller freudiano Alma negra' (White Heat, 1949).Estuvo a la altura de estos papeles, y hay quien dice que el Oscar la ignoró injustamente. Pero su gran belleza -"la prueba de que Dios existe", se decía de ella- nubló la consideración de las dotes actorales de Virginia Mayo, figura insigne del studio system.
Virginia Clara Jones -su verdadero nombre- murió el lunes, a los 84 años, en una casa de reposo de las afueras de Los Angeles. Según informó un amigo de la familia, el deceso fue ocasionado por un paro cardíaco, punto final de la larga neumonía que venía enfrentando.
Al conocerse el fallecimiento, uno de los aspectos que destacaron diarios y agencias fue precisamente la subvaloración de la intérprete en beneficio de la chica sexy.
"Quería ser bailarina"
Hija de un periodista, Virginia nació en Saint Louis, Missouri, en 1920. Su temprano interés en el espectáculo encontró acogida en la academia de talentos de una tía, que la seleccionó para figurar en obras locales.
De ahí saltó a los shows de variedades, con los que hizo sus primeras giras por EE.UU. En uno de ellos nació el nombre por el cual se la recuerda, tomado de un humorista que la acompañaba.
"Quería ser bailarina, pero terminé como actriz", recordaba hace pocos años. El tránsito se produjo a principios de los '40, cuando fue descubierta por Samuel Goldwyn, quien encargó para ella cursos de actuación y de dicción. Con papeles pequeños como el que tuvo en Jack London' (1943) -cuyo protagonista, Michael O'Shea, se convirtió en su esposo-, se la encasilló en géneros como la comedia y el musical, situándosela con frecuencia junto a estrellas como Dana Andrews, George Raft, Burt Lancaster, Kirk Douglas y el mencionado Cagney.
A las órdenes de cineastas como Howard Hawks, Jacques Tourneur, Raoul Walsh y William Wyler, su drama fue el de tantos intérpretes de la era dorada de Hollywood, de la cual fue un producto: con la etiqueta de bella y livianita', el interés en sus servicios decayó hacia fines de los '50.
En décadas posteriores apareció en series de TV como Con temple de acero' y en pequeños papeles en cintas de horror. Le sobreviven una hija y tres nietos.
20 de enero de 2005
©la tercera
gonzáles dice ahora que tortura es ilegal
[Dan Eggen y Charles Babington] Nominado a ser el fiscal general, condena ahora la tortura, pero no convence a muchos senadores demócratas.
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.
Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
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©traducción mQh
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
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holanda retira tropas de iraq
Balkenende: tropas se retirarán el 15 de marzo. Consternada bancada parlamentaria del VVD.
La Haya, Holanda. Las tropas holandesas se retirarán de Iraq definitivamente el 15 de marzo. Así lo dio a conocer el primer ministro Balkenende hoy tras una reunión con los ministros Kamp (Defensa) y Bot (Asuntos Exteriores).
La decisión será con toda probabilidad confirmada por el pleno del consejo de ministros este viernes.
Las propuestas de las bancadas parlamentarias del CDA y VVD y del ministro Bot de que las tropas permanezcan más tiempo parecen con eso haber sido rechazadas.
"El premier confirma que se mantiene la decisión tomada anteriormente, que el 15 de marzo termina la presencia militar holandesa en Iraq", según un portavoz del premier. Hacia el 15 de marzo viajará un nuevo contingente de varios cientos de soldados a la provincia de Al Muthanna, donde están ya estacionados unos 1.450 militares holandeses. Pero esas tropas se ocuparán exclusivamente del desmantelamiento de las bases holandesas en la región. En marzo, la presencia militar holandesa habrá durado 20 meses.
La bancada parlamentaria del VVD en la Cámara Baja reaccionó hoy consternada sobre la decisión definitiva de retirar las tropas holandesas de Iraq. "El viernes dijo el premier Balkenende que el gabinete atendería la opinión de la Cámara y de los aliados, para hoy parece que ya no será así", según van Baale, del VVD. Anunció que seguirá luchando para conseguir una mayoría del Parlamento a favor de una estancia más prolongada, que supone que podría conformarse con el VVD, CDA y LPF y de los pequeños partidos cristianos. El miembro de la alianza D66 y el más grande partido de la oposición, el PvdA, se mostraron sin embargo, satisfechos de la retirada de las tropas de Iraq.
Este fin de semana el ministro Bot había sugerido que sería mejor que la presencia militar holandesa en Iraq se redujera gradualmente, de modo las unidades permanecieran operacionales hasta julio. Sobre todo de parte de los británicos se ha insistido en los últimos meses en prolongar la presencia holandesa -los holandeses operan en la zona británica de Iraq, y son los británicos quienes deberán finalmente procurar su remplazo. El pequeño contingente de tropas japonesas en Al Muthanna no puede funcionar sin protección militar externa, de lo que se ocupaban las tropas holandesas. También los norteamericanos habían insistido en prolongar la misión holandesa.
19 de enero de 2005
©nrc-handelsblad
©traducción mQh
La Haya, Holanda. Las tropas holandesas se retirarán de Iraq definitivamente el 15 de marzo. Así lo dio a conocer el primer ministro Balkenende hoy tras una reunión con los ministros Kamp (Defensa) y Bot (Asuntos Exteriores).La decisión será con toda probabilidad confirmada por el pleno del consejo de ministros este viernes.
Las propuestas de las bancadas parlamentarias del CDA y VVD y del ministro Bot de que las tropas permanezcan más tiempo parecen con eso haber sido rechazadas.
"El premier confirma que se mantiene la decisión tomada anteriormente, que el 15 de marzo termina la presencia militar holandesa en Iraq", según un portavoz del premier. Hacia el 15 de marzo viajará un nuevo contingente de varios cientos de soldados a la provincia de Al Muthanna, donde están ya estacionados unos 1.450 militares holandeses. Pero esas tropas se ocuparán exclusivamente del desmantelamiento de las bases holandesas en la región. En marzo, la presencia militar holandesa habrá durado 20 meses.
La bancada parlamentaria del VVD en la Cámara Baja reaccionó hoy consternada sobre la decisión definitiva de retirar las tropas holandesas de Iraq. "El viernes dijo el premier Balkenende que el gabinete atendería la opinión de la Cámara y de los aliados, para hoy parece que ya no será así", según van Baale, del VVD. Anunció que seguirá luchando para conseguir una mayoría del Parlamento a favor de una estancia más prolongada, que supone que podría conformarse con el VVD, CDA y LPF y de los pequeños partidos cristianos. El miembro de la alianza D66 y el más grande partido de la oposición, el PvdA, se mostraron sin embargo, satisfechos de la retirada de las tropas de Iraq.
Este fin de semana el ministro Bot había sugerido que sería mejor que la presencia militar holandesa en Iraq se redujera gradualmente, de modo las unidades permanecieran operacionales hasta julio. Sobre todo de parte de los británicos se ha insistido en los últimos meses en prolongar la presencia holandesa -los holandeses operan en la zona británica de Iraq, y son los británicos quienes deberán finalmente procurar su remplazo. El pequeño contingente de tropas japonesas en Al Muthanna no puede funcionar sin protección militar externa, de lo que se ocupaban las tropas holandesas. También los norteamericanos habían insistido en prolongar la misión holandesa.
19 de enero de 2005
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partido musulmán en holanda
Un grupo de musulmanes amsterdameses fundarán a fines de mayo un nuevo partido político que defenderá los intereses de los musulmanes en Holanda.
Ámsterdam, Holanda. El Partido Demócrata Musulmán MDP quiere participar en 2006 en las elecciones municipales en Ámsterdam, Rótterdam, Utrecht y La Haya, dijo el portavoz M. Jabri el jueves. El partido también quiere iniciar una sección en Noord-Brabant, donde residen muchos musulmanes.
Los organizadores se han acercado a musulmanes conocidos y no conocidos para encargarse del partido en las grandes ciudades. También buscan contactar a no-musulmanes "para tener un balance en la directiva", dijo Jabri. "Se trata de gente con las mismas ideas políticas". A largo plazo, y dependiendo del crecimiento del partido, el MDP quiere participar en las elecciones nacionales.
La búsqueda de miembros es difícil, dice Jabri. "Es difícil encontrar gente que jale del mismo carro. Hay poca gente con el conocimiento suficiente". Antes de la fundación oficial a fines de mayo los organizadores deben montar una oficina nacional del partido con una directiva. El financiamiento ya se ha conseguido, según Jabri.
La Liga Árabe Europea AEL había anunciado antes que participaría en las elecciones municipales. El AEL, según Jabri, ahora se ha incorporado al MDP. El Partido Demócrata Musulmán sigue siendo independiente, según el portavoz. El MDP espera atraer a votantes no-musulmanes, que estén de acuerdo con los puntos de vista del partido.
El MDP ya ha redactado un Manifiesto Provisional' con los principios del movimiento. El islam es el punto de partida. También se trata en el manifiesto el problema palestino y la guerra de Iraq.
"El MDP se muestra sobre todo solidario con los pueblos del sur en su lucha contra el neo-colonialismo impulsado por Estados Unidos y la Europa neo-liberal, y también contra la ocupación y la agresión de Estados Unidos, sus lacayos y las dictaduras", según el manifiesto.
19 de enero de 2005
©volkskrant
©traducción mQh
Ámsterdam, Holanda. El Partido Demócrata Musulmán MDP quiere participar en 2006 en las elecciones municipales en Ámsterdam, Rótterdam, Utrecht y La Haya, dijo el portavoz M. Jabri el jueves. El partido también quiere iniciar una sección en Noord-Brabant, donde residen muchos musulmanes.Los organizadores se han acercado a musulmanes conocidos y no conocidos para encargarse del partido en las grandes ciudades. También buscan contactar a no-musulmanes "para tener un balance en la directiva", dijo Jabri. "Se trata de gente con las mismas ideas políticas". A largo plazo, y dependiendo del crecimiento del partido, el MDP quiere participar en las elecciones nacionales.
La búsqueda de miembros es difícil, dice Jabri. "Es difícil encontrar gente que jale del mismo carro. Hay poca gente con el conocimiento suficiente". Antes de la fundación oficial a fines de mayo los organizadores deben montar una oficina nacional del partido con una directiva. El financiamiento ya se ha conseguido, según Jabri.
La Liga Árabe Europea AEL había anunciado antes que participaría en las elecciones municipales. El AEL, según Jabri, ahora se ha incorporado al MDP. El Partido Demócrata Musulmán sigue siendo independiente, según el portavoz. El MDP espera atraer a votantes no-musulmanes, que estén de acuerdo con los puntos de vista del partido.
El MDP ya ha redactado un Manifiesto Provisional' con los principios del movimiento. El islam es el punto de partida. También se trata en el manifiesto el problema palestino y la guerra de Iraq.
"El MDP se muestra sobre todo solidario con los pueblos del sur en su lucha contra el neo-colonialismo impulsado por Estados Unidos y la Europa neo-liberal, y también contra la ocupación y la agresión de Estados Unidos, sus lacayos y las dictaduras", según el manifiesto.
19 de enero de 2005
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egipto busca reformas
Un editorial del Washington Post llama al presidente Bush a oponerse a los intentos del dictador de Egipto a ratificar por sexta vez su mandato mediante un referéndum.
Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Palestina, en la que varios candidatos compitieron libremente por los votos, un funcionario egipcio entregó una contrastante noticia. El partido dominante, dijo, tenía el propósito de nominar al presidente Hosni Mubarak para presentarse de candidato único para su sexto mandato consecutivo. Si se confirma, significará la perpetuación de la dictadura que ha gobernado a Egipto durante más de 50 años, casi la mitad de ellos bajo Mubarak, que ahora tiene 76 años. Aunque sorprenderá difícilmente, los egipcios no pueden sentirse más que frustrados del rechazo de Mubarak a liberalizar el sistema político que les ha llevado décadas de estancamiento económico y una desenfrenada corrupción, al mismo tiempo que nutre a los extremistas islámicos, incluyendo a muchos de los líderes de Al Qaeda.
La nominación de Mubarak es un serio golpe al proyecto del gobierno de Bush de fomentar cambios democráticos en Oriente Medio -y volverá a plantear la pregunta de si el presidente Bush tiene verdaderamente la intención de relacionar la política exterior de Estados Unidos con su retórica. Ha pasado más de un año desde que Bush, en su discurso a la National Endowment for Democracy, reconoció que Estados Unidos se había equivocado al "excusar y complacer" a los dictadores árabes a cambio de su colaboración con la política exterior estadounidense. Mubarak ha sido uno de esos gobernantes, y ha recibido más de 50 billones de dólares en ayuda norteamericana en los últimos años cuando reprimió implacablemente a la sociedad civil y los movimientos democráticos egipcios y alentó sentimientos anti-israelíes y anti-norteamericanos en los medios de prensa controlados por el estado. "Egipto", dijo Bush en ese discurso, "debería ahora mostrar el camino hacia la democracia en Oriente Medio".
Mubarak ha hecho todo lo contrario. Ha emergido como el más declarado y recalcitrante opositor al llamado de Bush para reformar el mundo árabe. Pero también ha ofrecido astutamente a Bush continuar con el viejo trato. En las últimas semanas, Mubarak ha mejorado sus relaciones con el Israel de Ariel Sharon, pedido a los militantes palestinos que declaren una tregua y apoyado la participación sunní en las elecciones próximas en Iraq. Aparentemente, Egipto también continúa su colaboración secreta en la lucha contra el terrorismo con la Central de Inteligencia Americana -una cooperación que supuestamente implica la "entrega" a la CIA de detenidos de la CIA a Egipto para de ese modo eludir las leyes contra la tortura en Estados Unidos.
La estratagema del dictador parece dar resultados. A pesar de su retórica, Bush no muestra ningún signo de querer poner fin a las excusas y complacencias con Egipto. Mientras insiste en que los palestinos deben establecer una democracia antes de que sea posible cualquier acuerdo de paz con Israel -una postura que respalda el objetivo de Sharon de posponer indefinidamente la fundación del estado palestino-, Bush no ha dado ninguna señal de que se oponga a otro de los referéndums fraudulentos con los que Mubarak ha venido ratificando su gobierno. Confiando en la seriedad de Bush, los movimientos de oposición egipcios han formado una coalición que pide reformas fundamentales: la revocación de las leyes de emergencia que limitan las actividades políticas, elecciones con varios candidatos a la presidencia y reformas constitucionales que limiten las atribuciones del próximo presidente. Tres aguerridos disidentes han anunciado sus propias candidaturas a la presidencia. El mes pasado se realizó una manifestación sin precedentes contra Mubarak en el Cairo. Los manifestantes llevaban en silencio pancartas que decían: "Basta". ¿No está Bush de acuerdo?
19 de enero de 2005
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Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Palestina, en la que varios candidatos compitieron libremente por los votos, un funcionario egipcio entregó una contrastante noticia. El partido dominante, dijo, tenía el propósito de nominar al presidente Hosni Mubarak para presentarse de candidato único para su sexto mandato consecutivo. Si se confirma, significará la perpetuación de la dictadura que ha gobernado a Egipto durante más de 50 años, casi la mitad de ellos bajo Mubarak, que ahora tiene 76 años. Aunque sorprenderá difícilmente, los egipcios no pueden sentirse más que frustrados del rechazo de Mubarak a liberalizar el sistema político que les ha llevado décadas de estancamiento económico y una desenfrenada corrupción, al mismo tiempo que nutre a los extremistas islámicos, incluyendo a muchos de los líderes de Al Qaeda.La nominación de Mubarak es un serio golpe al proyecto del gobierno de Bush de fomentar cambios democráticos en Oriente Medio -y volverá a plantear la pregunta de si el presidente Bush tiene verdaderamente la intención de relacionar la política exterior de Estados Unidos con su retórica. Ha pasado más de un año desde que Bush, en su discurso a la National Endowment for Democracy, reconoció que Estados Unidos se había equivocado al "excusar y complacer" a los dictadores árabes a cambio de su colaboración con la política exterior estadounidense. Mubarak ha sido uno de esos gobernantes, y ha recibido más de 50 billones de dólares en ayuda norteamericana en los últimos años cuando reprimió implacablemente a la sociedad civil y los movimientos democráticos egipcios y alentó sentimientos anti-israelíes y anti-norteamericanos en los medios de prensa controlados por el estado. "Egipto", dijo Bush en ese discurso, "debería ahora mostrar el camino hacia la democracia en Oriente Medio".
Mubarak ha hecho todo lo contrario. Ha emergido como el más declarado y recalcitrante opositor al llamado de Bush para reformar el mundo árabe. Pero también ha ofrecido astutamente a Bush continuar con el viejo trato. En las últimas semanas, Mubarak ha mejorado sus relaciones con el Israel de Ariel Sharon, pedido a los militantes palestinos que declaren una tregua y apoyado la participación sunní en las elecciones próximas en Iraq. Aparentemente, Egipto también continúa su colaboración secreta en la lucha contra el terrorismo con la Central de Inteligencia Americana -una cooperación que supuestamente implica la "entrega" a la CIA de detenidos de la CIA a Egipto para de ese modo eludir las leyes contra la tortura en Estados Unidos.
La estratagema del dictador parece dar resultados. A pesar de su retórica, Bush no muestra ningún signo de querer poner fin a las excusas y complacencias con Egipto. Mientras insiste en que los palestinos deben establecer una democracia antes de que sea posible cualquier acuerdo de paz con Israel -una postura que respalda el objetivo de Sharon de posponer indefinidamente la fundación del estado palestino-, Bush no ha dado ninguna señal de que se oponga a otro de los referéndums fraudulentos con los que Mubarak ha venido ratificando su gobierno. Confiando en la seriedad de Bush, los movimientos de oposición egipcios han formado una coalición que pide reformas fundamentales: la revocación de las leyes de emergencia que limitan las actividades políticas, elecciones con varios candidatos a la presidencia y reformas constitucionales que limiten las atribuciones del próximo presidente. Tres aguerridos disidentes han anunciado sus propias candidaturas a la presidencia. El mes pasado se realizó una manifestación sin precedentes contra Mubarak en el Cairo. Los manifestantes llevaban en silencio pancartas que decían: "Basta". ¿No está Bush de acuerdo?
19 de enero de 2005
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gonzáles dice ahora que tortura es ilegal
[Dan Eggen y Charles Babington] Nominado a ser el fiscal general, condena ahora la tortura, pero no convence a muchos senadores demócratas.
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.
Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
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El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh