inmigración usa

limitan ley contra inmigrantes

mqh - 30 de julio de 2010 - 16:37 - inmigración usa

Una jueza federal de EE.UU. anuló los aspectos más racistas de la norma que rige desde hoy. La policía ya no podrá esgrimir una "sospecha razonable" para detener a cualquier persona y verificar si tiene la documentación en regla. Tampoco será delito buscar trabajo sin los papeles migratorios en regla. Festejo en la Casa Blanca.

Estados Unidos. Una jueza estadounidense decidió suspender las partes más discriminatorias de la Ley Arizona. Washington celebró la resolución de la magistrada mientras que la gobernadora del estado sureño se quejó porque ponen trabas a su política antiinmigrantes. Aun así la norma entra hoy en vigencia. La jueza Susan Bolton finalmente dio su visto bueno a las demandas que organizaciones civiles y el mismo gobierno federal habían interpuesto contra la ley aprobada a fines de abril. La magistrada designada por el ex presidente Bill Clinton bloqueó los puntos más reñidos con las leyes federales de la norma estatal.
Con el dictamen de la jueza, la policía ya no podrá esgrimir una "sospecha razonable" para detener a cualquier persona y verificar si tiene la documentación en regla. "El requerimiento de la ley de Arizona para que los agentes de la policía y las agencias públicas determinen el estatus migratorio de cada una de las personas que es arrestada es una carga para los extranjeros que son legales, porque verán su libertad restringida mientras se comprueba su situación", dijo Bolton en su fallo.
También, la magistrada bloqueó el apartado que convertía en delito que un inmigrante sin la documentación necesaria fuera contratado o buscara trabajo. Asimismo se suspendió el permiso de arrestar a alguien sin orden judicial previa, por considerar que esa persona cometió un delito que le podría suponer la deportación.
La jueza argumentó que esos artículos no eran ni equitativos ni apropiados para el interés público. Además, Bolton explicó que las disposiciones suspendidas podían interferir con competencias del gobierno federal, apoyando lo que la Casa Blanca había planteado en su presentación contra la ley. "La capacidad del gobierno federal para hacer cumplir sus políticas y para conseguir sus objetivos se verá socavada por las políticas del estado sobre los estatus migratorios que interfieren con la ley federal", argumentó la magistrada.
La gobernadora Jan Brewer puso el grito en el cielo después de enterarse de la decisión judicial. "El gobierno federal obtuvo apoyo de las cortes", se quejó. "Consultaré a mis asesores legales acerca de los nuevos pasos a seguir. Estudiaremos cada elemento que la jueza Bolton sacó de la ley y apelaremos enseguida", adelantó la republicana.
Brewer afirmó que llevará su batalla hasta la Suprema Corte. "Ya hemos tenido algunos avances en despertar a Washington, pero la pregunta se mantiene: ¿hará Washington su trabajo y pondrá fin a las operaciones diarias de los traficantes en nuestra nación?", disparó la gobernadora y principal impulsora de la ley antiinmigrantes en el estado sureño.
En cambio, el Departamento de Justicia federal festejó la noticia. "Creemos que la Corte actuó correctamente al impedir que tomen efecto las partes esenciales de la ley SB 1070", dijo la portavoz Hannah August. "Esta administración toma seriamente su responsabilidad de asegurar sus fronteras y ha dedicado recursos sin precedentes a ese esfuerzo", añadió. "Los estados pueden y deben jugar un rol en cooperar con el gobierno federal en su fortalecimiento de las leyes migratorias, pero lo deben hacer dentro del marco constitucional", remarcó la vocera.
Barack Obama, que criticó la Ley Arizona cada vez que pudo, no se refirió aún a esta victoria legal. Según trascendió, el presidente estadounidense recibió la noticia cuando estaba en vuelo y por teléfono a través de un llamado del consejero legal de la Casa Blanca, Bob Bauer.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes festejaron este primer triunfo legal. "Seguimos considerando que la ley de Arizona es equivocada e inconstitucional y la decisión de la jueza nos da la razón", se alegró Ali Noorani, el director del Foro Nacional de Inmigración. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos se sumó a la ola de elogios hacia la magistrada. "Bolton hizo lo correcto al bloquear costosas previsiones que violarían los derechos civiles de todos los habitantes de Arizona y sus visitantes y someterían a los hispanos de Arizona a la discriminación y al racismo", dijeron desde esa agrupación.
Las protestas que estaban previstas se mantendrán, ya que la ley, en su versión más moderada, entrará en vigencia hoy. "Hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas", advirtió Paulina González, portavoz de la organización Todos Somos Arizona. Hace una semana que en distintos puntos de Estados Unidos se llevan adelante actividades de repudio a la normativa. "Queremos justicia. Queremos que Obama cumpla con su promesa para que millones no tengamos que vivir con miedo", reclamó Adrián Alvarez desde una manifestación en Los Angeles.

30 de julio de 2010
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secuestros en la frontera

mqh - 28 de julio de 2010 - 01:40 - inmigración usa

Inmigrantes que tratan de cruzar hacia Estados Unidos caen en trampas montadas por pandillas con extensas redes, dicen las autoridades.

[Richard Marosi] Tecate, México. Los desaliñados inmigrantes se estaban haciendo camino entre rocas y matorrales cuando fueron atacados por un grupo de hombres fuertemente armados a pocos metros de la frontera entre California y México. Obligaron al grupo de inmigrantes compuesto por diez hombres y una mujer, a dirigirse hacia una caverna.
Estas escarpadas tierras dejadas de la mano de Dios en las montañas al este de Tijuana abundan en bandoleros y violadores, pero estos delincuentes sólo pidieron números de teléfono. Empezaron a llamar a los familiares de los inmigrantes en Pomona, San Diego y Bakersfield: Envíennos dinero, o los mataremos, les dijeron.
El secuestro de varios días en mayo ilustra una creciente tendencia: bien organizadas bandas itinerantes de hombres fuertemente armados han empezado a atacar a inmigrantes ilegales, convirtiendo la ruta hacia el norte en un viaje todavía más peligroso.
En la orgía de secuestros, que empezó hace dos años, delincuentes armados mantienen en cautiverio a personas hasta que sus familiares en Estados Unidos envían transferencias de hasta cinco mil dólares a cuentas en México. Algunos inmigrantes fueron golpeados; varios han sido asesinados, incluyendo a dos hermanos de Ciudad de México. Muchos se pierden al cruzar la frontera y se entregan voluntariamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Otros terminan en refugios de inmigrantes en Tijuana, demasiado asustados como para denunciar los casos a la policía mexicana.
Se sabía poco sobre cómo operaban los delincuentes hasta que en los últimos meses las autoridades mexicanas desmantelaron dos bandas, una de ellas la de mayo, cuando once sospechosos fueron arrestados después de una balacera y una persecución a pie a través de las montañas.
Las detenciones brindaron a las autoridades una rara mirada en las redes criminales, que se estiran desde la frontera hasta ciudades en todo Estados Unidos y México. Se cree que la banda era dirigida por un delincuente profesional de Nayarit e incluía a un ex soldado del ejército mexicano. Reconocieron haber secuestrado a más de cien inmigrantes en los últimos dieciocho meses, reteniéndolos en cavernas remotas, campamentos improvisados y ranchos.
"Amenazábamos a las familias con que si no pagaban, mataríamos a los inmigrantes", dijo José Flores Romero, el presunto cabecilla de la banda, en su declaración ante detectives refiriéndose a los secuestros en mayo.
Las autoridades creen que varias bandas continúan operando. Con una red de miraderos instalados en puntos claves en un territorio accidentado y aislado de cerca de cien kilómetros, pocos inmigrantes logran introducirse sin que ellos lo sepan.
"Conocen todos los senderos que llevan a la frontera -desde Tijuana a Tecate" y la cordillera La Rumorosa, dijo Fermín Gómez, fiscal asistente de Baja California. "Saben exactamente hacia dónde van, cuántos son, y son todos interceptados".
La situación actual es producto de una convergencia de factores en Estados Unidos y México que ejercen creciente presión sobre los grupos tradicionales de contrabando de personas en la zona, de acuerdo a las autoridades de ambos países.
Padrinos del crimen organizado en Tijuana, apretados por la guerra de las drogas, empezaron a exigir rescates más altos, mientras que las autoridades estadounidenses, agregando vallas y personal para la custodia de la frontera, hacían más difícil que los inmigrantes pudieran ingresar.
Con una estructura ya instalada para el contrabando de personas, para los criminales fue fácil y rentable dedicarse a los secuestros. Las autoridades federales en Estados Unidos advirtieron de inmediato la peligrosa tendencia. Muchos inmigrantes empezaron a llegar a la frontera pidiendo ayuda médica en lugar de tratar de eludir a los agentes.
"Están traumatizados", dijo Robert C. Rodgers, supervisor del Servicio de Inmigración y Aduanas en San Diego, que investiga a organizaciones de contrabandistas en la zona. "Saltan las vallas para pedir ayuda en Estados Unidos".
Los viajes empiezan bastante bien. En Tijuana, los reclutadores revisan los moteles de mala muerte que alojan a inmigrantes que están a la espera de poder cruzar la frontera. Ofreciendo un pasaje seguro, los reclutadores transportan a los inmigrantes hacia las granjas al este de la ciudad. Muchos de los reclutadores son mujeres que llevan a sus hijos para inspirar confianza entre los inmigrantes.
En las zonas de seguridad, los guías llevan a los inmigrantes hacia las montañas a través de transitados senderos, para entregarlos a los bandoleros. "Para los guías es una proposición irresistible: No tienen que cruzar la frontera, ni corren el riesgo de ser capturados por la Patrulla Fronteriza, y encima les pagan", dijo un agente federal mexicano, a condición de conservar el anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa.
El engaño no termina aquí. Una banda, desmantelada en abril, introducía a uno de sus miembros en el grupo de inmigrantes. Cuando se le pedía un número de teléfono, lo entregaba inmediatamente y era recompensado con buenos tratos. Otros inmigrantes hacen lo mismo, para evitar ser golpeados.

"Te salvaste", le dijo un secuestrador a un miembro de la banda disfrazado de inmigrante, de acuerdo a una víctima en una entrevista en video con autoridades que protegieron su identidad. "Actuaba como inmigrante, pero más tarde descubrimos que no lo era. Nos dimos cuenta de que no le habían golpeado".
En el secuestro de mayo, once inmigrantes caminaban por las montañas frente a la carretera de peaje Tecate-Tijuana cuando fueron rodeados por hombres armados. Fueron robados, amarrados y vigilados por los bandoleros mientras se contactaban con sus familias y les pedían que giraran dos mil dólares a miembros de la banda en México.
Días después, las autoridades mexicana sorprendieron a una banda durante una patrulla de rutina. En la balacera que estalló, el subdirector de la policía de Tecate fue herido en una pierna por un disparo con un AK-47. Finalmente el grupo fue capturado, y los detenidos delataron al jefe de la banda, Flores.
Las publicitadas detenciones han alertado a los inmigrantes sobre los peligros. Cupartín Sánchez, 27, entrevistado en un refugio de inmigrantes en Tijuana, dijo que varios contrabandistas le habían prometido dejarlo al otro lado de la frontera. No confía en ninguno de ellos, así que se vuelve a Guerrero.
"No le tengo miedo a la Patrulla Fronteriza", dijo Sánchez. "Le tengo miedo a los secuestradores".

27 de julio de 2010
18 de julio de 2010
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cc traducción mQh

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dos policías contra la ley

mqh - 09 de mayo de 2010 - 05:52 - inmigración usa

Dos agentes de policía combaten la ley de inmigración de Arizona. Ambos se sienten traicionados por ella y dicen que interferirá con una misión fundamental de la policía: proteger a la gente.

[Paloma Esquivel] Tucson, Estados Unidos. Tras quince años de patrullar en los barrios de aquí, el agente Martín Escobar aprendió que se requiere un enorme esfuerzo para generar confianza en una zona donde muchos temen la deportación. Repetidas veces ha asegurado a personas en su comunidad que la policía está aquí para ayudar y que los residentes no serán entregados a agentes de inmigración.
"Tienes que construir relaciones", dice. "Y yo he hecho eso. Ahora confían en mí".
Entonces llegó el recién aprobado boletín SB 1070, la ley estadual que convierte en un delito carecer de documentos de inmigración y exige que la policía determine si la gente a la que controlan están legalmente o no en el país.
"Va a destruir todo lo que he logrado en convencer a la gente de que los agentes somos buenos, que estamos aquí para protegerlos", dijo Escobar, que cuando era adolescente fue interrogado por autoridades federales sobre su condición legal.
Después de aprobada la ley, Escobar, 45, decidió que no podía ser neutral. Ahora está en el centro de una controversia. La semana pasada, interpuso una querella contra el estado, ciudad y condado, diciendo que la ley impedirá las investigaciones policiales y provocará más delincuencia.
El agente David Salgado, diecinueve años veterano del Departamento de Policía de Phoenix, presentó una querella separada en un tribunal federal, reclamando que la ley permite señalamientos raciales. Ambos ven la ley como una afronta al trabajo policial.
Y ambos dicen que se sienten traicionados por una ley que piensan que se dirige no solamente contra los inmigrantes ilegales, como alegan los patrocinadores de la ley, sino también contra gente como ellos: mexicano-estadounidenses que han encontrado su hogar en Arizona.
Los partidarios dicen que la ley es una herramienta necesaria en la lucha contra la delincuencia porque la inmigración ilegal ha hecho que el estado sea vulnerable a la violencia, al narcotráfico y a los secuestros. Hace poco el asesinato de un ranchero de Arizona y el tiroteo de un sheriff la semana pasada, aunque no ha sido todavía nadie acusado en los incidentes, ha sido atribuido a inmigrantes ilegales.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la codicia homicida de los carteles de la droga", dijo el gobernador en la ceremonia de promulgación de la nueva ley.
Cambios en la ley después de su aprobación, trataron de disipar las preocupaciones sobre el señalamiento racial, pero ambos Escobar y Salgado piensan que las revisiones no hacen mucho para solucionar lo que ven como los problemas fundamentales de la ley.
Las agencias de policía de Arizona han ofrecido comentarios tibios. La Asociación de Policía de Phoenix, respaldó decididamente la ley, diciendo que solucionaría el delito de inmigración ilegal y permitiría que los agentes de policía hagan su trabajo sin verse impedidos por restricciones innecesarias. El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha utilizado a sus alguaciles para implementar las leyes de inmigración.
La reacción de sus colegas agentes también ha sido ambivalente, dicen Escobar y Salgado. Muchos han llamado para manifestar su respaldo. Otros dicen que está mal que un policía se involucre en ese tipo de causas porque su deber es implementar las leyes, estén o no de acuerdo con ellas.
La semana pasada, el director del Departamento de Policía de Phoenix, Jack Harris, se pronunció contra la ley, diciendo, como Escobar, que hará que las víctimas y testigos dejen de llamar a la policía.
"Esta ley no soluciona el problema de la inmigración", dijo Harris en una rueda de prensa. "Sólo implica nuevos problemas para las policías locales".
Escobar había querido ser agente de policía desde que estaba en la primaria, cuando vivía en Tucson y miraba ‘Adam-12’ en televisión.
Inmigrante de Sonora, México, cuya familia luchó durante muchos años, quería ser respetado y admirado, dijo, como eran los hombres en uniforme en la serie.
El sentimiento lo conservó, incluso después de que fuera parado, en su propio barrio, por agentes de la Patrulla Fronteriza e interrogado sobre su residencia cuando estaba en la secundaria.
"Todavía puedo recordar en qué calle ocurrió", dijo. "Me pararon y empezaron a preguntarme cuál era mi situación de residencia. Me asusté muchísimo. Me quedé pensado: ‘¿Cómo voy a probar que estoy aquí legalmente? Eso es lo que sentí, con miedo, preguntándome si acaso había hecho algo mal".
Ahora patrulla en el mismo barrio en el lado sur de Tucson, una lugar conocido por las drogas y las pandillas. Se pregunta si como policía terminará preguntando a los niños en la calle sobre su situación de residencia.
Como agente de policía hispanohablante, a menudo ha sido llamado en casos de emergencia. Se enorgullece de ser capaz de obtener información de la gente que se identifica con él porque, como ellos, es inmigrante. Y piensa que esas capacidades lo hacen mejor para el trabajo al que aspiraba.
"Me encanta mi trabajo", dijo. "Adoro ser agente de policía. Pero debido a mis convicciones, mis creencias, mis experiencias de crecer en esta comunidad, decidí que daría un paso adelante y diría esto es lo que quiero hacer".
"Sabía cuáles serían las consecuencias: la pérdida de amistades, ser la minoría en un grupo bastante grande. Pero yo creo en lo que estoy haciendo".
Los legisladores cambiaron la redacción de la ley para abordar algunas objeciones que surgieron con la querella de Escobar. Inicialmente, la ley exigía que la policía determinara la situación de inmigración de una persona si los agentes tenían alguna sospecha razonable sobre su legalidad durante cualquier "contacto legal". Eso provocó temores de que un agente podría interrogar a alguien que preguntara por una dirección. La semana pasadas, los legisladores cambiaron la ley para exigir que la policía se concentre en las personas que paran, detienen o arrestan, mientras implementan las leyes existentes. Si eso es suficiente para resolver las inquietudes surgidas sobre el señalamiento racial está abierto a debate.
Salgado, 51, del Departamento de Policía de Phoenix, cuya querella contra el gobernador y la ciudad de Phoenix fue presentada el mismo día que la de Escobar, dijo que, como policía escolar, su experiencia preocupaba bastante.
Recuerda que cuando trabajaba en una escuela primaria, atrapó a un cimarrero eterno de sexto llamado Raúl al que pilló deambulando por la calle en horas escolares. Hablando con el niño se enteró de que no tenía papeles.
"Eso es lo que me preocupa con esta nueva ley", dijo Salgado. "¿Tenemos que entregarlo a la policía? ¿Qué va a hacer con él el Servicio de Inmigración y Aduanas? ¿Qué hacemos con él?... Ese es el problema que tengo".
Ambos agentes dicen que piensan que la ley de Arizona será declarada finalmente inconstitucional. Varias organizaciones de derechos civiles también han presentado querellas.
Sin embargo, Escobar y Salgado dicen que implementarán la ley si los tribunales la mantienen.
"Yo hice un juramento’, dijo Escobar. "Defenderé las leyes que tenga que defender... Mi corazón no estará en ello, pero yo soy un agente de policía".

8 de mayo de 2010
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boicot económico contra arizona

mqh - 29 de abril de 2010 - 22:49 - inmigración usa

En marcha gran boicot económico contra Arizona.Autoridades de San Francisco y Los Angeles prohibieron los viajes de sus funcionarios al vecino estado y anunciaron que estudiarán la cancelación de contratos bilaterales.

Arizona, Estados Unidos. Los líderes de las comunidades hispanas, coreanas, filipinas y armenias llamaron a marchar el 1 de mayo contra la ley SB107. Paralelamente, se organizan manifestaciones similares en al menos 70 ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos, a fin de aprovechar la coyuntura para exigirle al presidente Obama la aprobación de la reforma migratoria este año.
Asfixiar económicamente a Arizona. Esa es la consigna que desde el miércoles pusieron en marcha decenas de organizaciones ciudadanas, de minorías raciales y autoridades de otros estados, con el objetivo de presionar por la derogación de la controversial ley estadual de migración, promulgada el viernes por la gobernadora republicana Jan Brewer. Medidas similares se estudian en varios países latinoamericanos, principalmente aquellos que año a año ven cómo parte de su población parte rumbo al norte en busca del sueño americano.
La norma, impulsada por los republicanos, delega labores migratorias a los policías, quienes pueden detener a quien crean sospechoso de residir en el país sin sus documentos al día, so pena de ser denunciados por cualquier ciudadano. Además, una vez que entre en vigor previsiblemente a finales de julio, se les exigirá a los centros de salud que soliciten la documentación a los pacientes que requieran atención.
Al interior del país, las californianas ciudades de Los Angeles y San Francisco fueron las primeras en poner el grito en el cielo y, acto seguido, decidieron tomar cartas en el asunto, como vetar todos los viajes de sus funcionarios a Arizona, incluso aquellos programados con meses de antelación.
La resolución presentada ante el Consejo de Supervisores de San Francisco llama a explorar rigurosamente los contratos con compañías del vecino estado, y a alentar a firmas privadas a que cesen sus negocios. Eso sí, los acuerdos vigentes no serán tocados para evitar demandas, así como también los referidos a salud y a acuerdos policiales.
En la misma línea, el presidente del Senado de California, Darrel Steinberg, pidió al gobernador Arnold Schwarzenegger la lista de acuerdos bilaterales con Arizona, para cancelar aquellos que tampoco puedan ser llevados a tribunales por la contraparte.
Estas drásticas decisiones responden a que las autoridades locales consideran a la ley de Brewer como "una afrenta a los principios básicos de nuestra Constitución", explicó el concejal David Campos. Arizona sólo comprenderá el error de su ley cuando le afecte el bolsillo, enfatizó Campos.
Mismas disposiciones de protestas se estudian en Los Angeles. Los también concejales Ed Reyes y Janice Hahn introdujeron una resolución el martes para pedir a la urbe que se "abstenga de hacer negocios con el estado de Arizona".
"Es importante que la segunda ciudad más grande en el país respondan a una medida legislativa como ésta que promueve la persecución y el prejuicio racial. (Además) más de la mitad de la población que vive en LA es latina, y para nosotros no hacer nada (al respecto) es inaceptable", enfatizó Reyes.
Desde México, en tanto, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, adelantó que los seis líderes estatales fronterizos estudiarán una sanción conjunta a Arizona.

Números en Picada
En la práctica, la protesta económica ya comienza a sentirse en Arizona, especialmente en el área turística, debido a que el sector desde el viernes reporta una ola de cancelaciones de reservas. La Asociación de Abogados de Inmigrantes de Estados Unidos (AILA) fue uno de los primeros grupos en anular su convención, decisión imitada por el estado mexicano de Sonora, que dio pie atrás a su participación en la cita que celebra anualmente con Arizona desde hace 50 años.
Al respecto, la vocera de la Asociación de Alojamientos y Hoteles de Arizona (AHLA), Kristen Jarnagin, advirtió que las restricciones perjudicarían gravemente al sector, que aún no se repone de los efectos de la recesión ni de la gripe AH1N1 del año pasado.

Texas Analiza Normal Similar
La norma SB107, cuyas bases también podrían tomarse en cuenta para una ley similar en Texas, no sólo preocupa a los líderes de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y a los países cuyos ciudadanos engrosan día a día la lista de indocumentados. Prueba de ello es que ayer el tema fue tratado extraordinariamente en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por el chileno José Miguel Insulza, quien previamente había rechazado la norma.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación ante "el alto riesgo de discriminación racial" que implica la cuestionada legislación. Tras reconocer el derecho de los Estados a legislar sobre la entrada y salida de extranjeros de sus territorios, la CIDH exhortó a las autoridades estadounidenses a "modificar la ley recientemente aprobada en Arizona a fin de adecuarla a los estándares internacionales de DDHH".
Poco antes, una veintena de legisladores pidieron al gobierno del Presidente Barack Obama impugnar judicialmente la polémica normativa "por las violación de la Constitución y los derechos civiles", afirmó el congresista demócrata por Arizona, Raúl Grijalva. "La petición es que (el) Departamento de Justicia inmediatamente se junte con otras organizaciones para combatir esta ley en las cortes", enfatizó.
Amnistía Internacional (AI), también se sumó al pedido de derogación de la legislación, dado "que brinda la posibilidad de que se detenga a una persona únicamente con base en su apariencia, origen o nacionalidad, lo cual es discriminatorio y una violación a las garantías individuales fundamentales".
Desde la promulgación de la ley, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, además de Insulza y del secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, se habían pronunciado en contra de la normativa.
Ecuador, anunció, además, que llevará el tema a la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se realizará el martes en la localidad argentina de Los Cardales.

29 de abril de 2010
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muertes en cárceles para inmigrantes

mqh - 07 de febrero de 2010 - 04:22 - inmigración usa

Sobre las muertes de inmigrantes en cárceles.

[Niña Bernstein] Durante largo tiempo el silencio ha envuelto a los hombres y mujeres que mueren en las cárceles del servicio de inmigración del país. Durante años no los contó nadie, y no aparecían en los archivos públicos. Incluso en 2008 cuando el New York Times obtuvo y publicó un listado de los muertos compilado por el gobierno federal, pocos hechos había disponibles sobre quiénes eran y cómo murieron.
Pero entre bastidores, ahora está claro que las muertes ya han generado miles de páginas de documentos del gobierno, incluyendo los demoledores informes sobre investigaciones que fueron mantenidos en secreto, y un reguero de memorandos confidenciales y mensajes en Black Berry que muestran a los funcionarios tratando de bloquear el escrutinio externo.
Los documentos, obtenidos en los últimos meses por Times y la Unión Americana de Libertades Civiles en el marco de la Ley de Libertad de Información, giran sobre la mayoría de las 107 muertes en detención contadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde octubre de 2003, después de que el servicio fuera creado dentro del ministerio de Seguridad Interior.
El gobierno de Obama ha jurado revisar la política de detención de inmigrantes, una caótica red de cárceles privadas, centros federales y celdas de comisarías donde el gobierno retiene a los no ciudadanos mientras prepara su deportación.
Pero a medida que el gobierno se prepara para aumentar el control al interior del servicio, los documentos muestran cómo los funcionarios -algunos de ellos todavía en funciones clave- utilizaron su papel como supervisores para encubrir las evidencias de maltrato, evitar el escrutinio de la prensa o preparar declaraciones públicas justificativas después de conocidos los hechos que demostraban que se prestaban cuidados médicos por debajo de la norma e incluso abusos.
Mientras, por ejemplo, un hombre yacía muriendo a causa de las lesiones en la cabeza que había sufrido en una cárcel de inmigrantes de Nueva Jersey en 2007, un portavoz del servicio federal dijo al Times que no pudo sacarles nada sobre el caso a autoridades de gobierno. De hecho, según muestran los documentos, el portavoz alertó a esos funcionarios sobre la investigación del periodista y discutieron extensamente sobre la posibilidad de enviar al paciente regreso a África para evitar la publicidad negativa.
En otro caso de ese año, los investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional del servicio concluyó que un dolor intolerable y sin tratar había sido un factor importante en el suicidio de un detenido de veintidós años en la cárcel del condado de Bergen en Nueva Jersey, y que la unidad médica era tan mal administrada que otros detenidos corrían peligro.
La investigación concluyó que el personal médico de la cárcel había falsificado una cartilla de medicamentos para probar que el detenido, un salvadoreño llamado Nery Romero, había recibido Motrin. La falsificación fue fácil de detectar: Cuando se le inyectó presuntamente el fármaco, Romero ya estaba muerto.
Sin embargo, esas conclusiones no fueron reveladas nunca ni a la opinión pública ni a los familiares de Romero en Long Island, que habían acusado a la cárcel de privarlo abruptamente de analgésicos para su pierna rota. Y un supervisor del servicio escribió que debido a que otras cárceles eran "melindrosas" en cuanto a aceptar a detenidos con problemas médicos conocidos, como Romero, esos pacientes deberían ser colocados en la cárcel de Bergen como "último recurso".
En una entrevista reciente, Benjamin Feldman, portavoz de la cárcel, que el año pasado alojó a 1.503 inmigrantes detenidos, no dijo si se había efectuado algún cambio desde la muerte.
En febrero de 2007, en el caso de la muerte del hombre africano, el portavoz del servicio de inmigración para el Nordeste, Michael Gilhooly, rechazó las preguntas de un periodista del Times sobre el detenido, que había sufrido una fractura de cráneo en el Centro de Detención Elizabeth -una cárcel privada. Gilhooly dijo que sin el nombre completo y el número de registro en extranjería no podía seguir el caso.
Pero los documentos muestran que ya había presentado un informe advirtiendo a altos funcionarios de la agencia federal sobre el interés del periodista y el intercambio de información sobre el hombre lesionado, un sastre guineano llamado Boubacar Bah. Bah, 52, fue dejado en una celda de aislamiento, sin tratamiento, durante más de trece horas antes de que llamaran a una ambulancia.
Mientras yacía en el hospital en coma después de una operación de urgencia al cerebro, diez funcionarios de la agencia en Washington y Newark discutieron por teléfono y correo electrónico sobre cómo evitar los costes de su cuidado y la posibilidad de "mayores controles y/o exposición a los medios", de acuerdo a un memorando con el resumen de la discusión.
Una opción que evaluaron fue enviar al agonizante a Guinea, pese a un mensaje por correo electrónico del funcionario encargado de la deportación, que escribió: "No condono su traslado en su estado presente, porque tiene un catéter" y estaba inconsciente. Otra idea fue renovar el permiso de trabajo de Bah con la esperanza de usar su Medicaid o las prestaciones por incapacidad.
Finalmente, enfrentados a los costes de diez mil dólares al mes en una clínica de reposo, los funcionarios convinieron en una tercera posibilidad: "envío humanitario" a primos en Nueva York que habían protestado que no tenían modo de cuidarlo. Pero días antes de su liberación, Bah murió.
Entre los participantes en la conferencia estaba Nina Dozorets, encargada de toda la vida de los Servicios de Salud de la División de Inmigración del servicio que había ganado un premio por reducir los costes médicos de los detenidos. Más tarde fue vicepresidente del Grupo Nakamoto, una compañía encargada por el gobierno de Bush para supervisar los centros de detención. Hace poco el gobierno de Obama la recontrató para dirigir la reforma del servicio de salud de los centros de detención.
Interrogada sobre la conferencia telefónica con Bah, Dozoretz dijo: "¿Hace cuántos años fue eso? No recuerdo los detalles, si es que acaso hubo una llamada". Agregó: "Le aconsejo tomar contacto con nuestra oficina de relaciones públicas". Gilhooly, el portavoz que dijo que no tenía información sobre el caso, no quiso hacer comentarios.
El día después de la muerte de Bah en mayo de 2007, Scott Weber, director de la oficina regional del servicio de inmigración en Newark, recomendó en un memorando que la agencia tomara el inusual paso de pagar el envío del cuerpo a Guinea para ser sepultado e impedir que su viuda se apareciera en el funeral en Estados Unidos y se transformara en una noticia en la prensa.
Weber escribió que creía que el servicio había llevado el caso de Bah apropiadamente. "Sin embargo", agregó, "no quiero despertar el interés de la prensa sobre un asunto que no lo merece". Ayudando a enterrar a Bah en el extranjero, escribió, "se logrará olvidar este asunto".
En los documentos confidenciales del servicio había un video de la cárcel que muestra a Bah boca abajo en la unidad médica, con las manos esposadas por detrás, justo antes de que el personal médico lo enviara a una celda de castigo. El video muestra gritando en su idioma nativo, fulani: "¡Ayúdenme, me están matando!"
Casi un año después de su muerte, el servicio archivó discretamente el caso sin hacer nada. Pero el nombre de Bah apareció en la primera lista de muertes en centros de reclusión, obtenida en el marco de la Ley de Libertad de Información, y el 5 de mayo de 2008, su muerte fue el tema de un artículo en primera plana del Times.
Brian P. Hale, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo en una entrevista que los archivos recientemente revelados representaban el pasado, y que los nuevos directores del servicio estaban comprometidos con la transparencia y un mayor control, incluyendo una pronta denuncia pública y la investigación de cada una de las muertes, y más atención al cuidado de los detenidos en un sistema mejor manejado.
Pero la mayor parte de los documentos recientes muestran que la cultura del secretismo se ha mantenido. Y los encubrimientos pasados subrayan lo que algunos de los propios empleados del servicio dicen que es una importante falla en la reforma propuesta: creer que el servicio se puede controlar a sí mismo.
"Debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se investiga a sí mismo, no se puede hablar de transparencia, y no hay ni reforma ni mejoras", dijo el 10 de diciembre de 2009, ante una subcomisión del Congreso, Chris Crane, vicepresidente del sindicato que representa a los empleados de las operaciones de detención y retiro del servicio.
El servicio mantiene una base de datos de las muertes en centros de detención al menos desde diciembre de 2005, cuando una investigación de la Radio Pública Nacional provocó una indagación parlamentaria. En 2006, el servicio dictó procedimientos uniformes para que toda muerte semejante sea informada en detalle a los centros de operaciones.
**Pero documentos internos sugieren que los funcionarios estaban intensamente implicados en el control de la información pública. En abril de 2007, Marc Raimondi, entonces portavoz del servicio, advirtió a sus jefes que un periodista de Washington había preguntado por una lista de diecinueve muertes que había compilado la organización por las libertades civiles y sobre un hombre agonizante cuyo cáncer de pene se había extendido sin que fuera diagnosticado en prisión, pese a numerosas peticiones médicas para realizar una biopsia.
"Son historias médicas espantosas", escribió Raimondi. "Y creo que tenemos que dar una fuerte respuesta para impedir que se convierta en un caso nacional negativo, y que adquiera vida propia".
Esa respuesta fue una defensa incondicional del cuidado médico otorgado al detenido durante varios meses, incluyendo estadísticas que parecían mostrar que las tasas de mortalidad en los centros de detención se estaban reduciendo, y eran bajas en comparación con las tasas de defunción en las cárceles.
Expertos en salud en centros de detención dijeron que la comparación era engañosa; también salió a superficie que el servicio estaba manipulando el número de muertes en centros de detención, así como liberando a algunos detenidos poco antes de su muerte. En agosto, una demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles provocó que el gobierno de Obama revelara que más de una de diez muertes en centros de detención de inmigrantes habían sido ignoradas y omitidas de una lista que fue presentada al Congreso el año pasado.
Dos de esas muertes ocurrieron en Arizona, en 2004 y 2007y en el Centro de Detención Eloy, administrado por la Corrections Corporation of America. De Eloy se sabe que tuvo nueve muertes reportadas -más que cualquier cárcel de inmigrantes bajo contrato con el gobierno federal. Cuando un periodista de The Arizona Republic preguntó sobre las circunstancias de esas muertes, un portavoz del servicio le dijo que no se disponía de expedientes.
De acuerdo a expedientes obtenidos por el Times en diciembre, un detenido en Eloy que había llegado en octubre de 2008, era Emmanuel Owusu. Un achacoso barbero de 62 años que había llegado de Gana con una visa de estudiante en 1972, había sido un residente legal durante 33 años, la mayor parte del tiempo en Chicago. Las autoridades de inmigración lo detuvieron en 2006 sobre la base de una condena en 1979 por lesiones leves y hurto.
"No entiendo cómo pudo estar detenido", escribió a sus subordinados la directora de la sucursal en Phoenix, Katrina S. Kane. "¿Condenado en 1979? Eso fue hace mucho tiempo".
En respuesta se revisó un informe sobre su muerte, agregando una referencia a "la larga historia criminal de Owusu, de 1977 a 1998". No aclaraba que excepto por la condena por lesiones, esa historia consiste fundamentalmente de hurtos.
Diabético con presión alta, estuvo detenidos durante dos años en el centro Eloy mientras trataba de impedir su deportación. Murió de deficiencia cardiaca semanas después de que se rechazara su última apelación.

7 de febrero de 2010
9 de enero de 2010
©new york times
©traducción mQh

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muerte en el desierto

mqh - 28 de octubre de 2009 - 04:05 - inmigración usa

Es hora de que Estados Unidos adopte medias para impedir que miles de inmigrantes mueran en el intento de llegar a este país. Un editorial de Los Angeles Times.

La Operación Gatekeeper empezó en octubre de 1994, concentrándose en las medidas de la seguridad federal fronteriza en el tramo de ocho kilómetros desde el Océano Pacífico hasta San Ysidro. Dentro de tres años, el presupuesto del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización -desde entonces dividido en dos dependencias- fue duplicado para llegar a los ochocientos millones de dólares. El número de agentes de la Patrulla Fronteriza también se dobló, junto con los kilómetros de vallas. Los sensores subterráneos casi se triplicaron.
En los quince años que han pasado desde su iniciación. Gatekeeper, ahora el nombre común para todas campañas policiales federales en la frontera mexicana, ha tenido toda una serie de consecuencias -algunas esperadas y otras desagradablemente sorprendentes. Por ejemplo, las detenciones e intentos de cruzar la frontera donde el control policial es más fuerte, se dispararon terriblemente, tal como habían esperado los funcionarios. Pero los inmigrantes no se quedaron en casa. En lugar de eso, miles intentaron cruzar los peligrosos desiertos del este del país, en Arizona y Texas, muriendo 5.600 de ellos, según un reciente informe de la Unión Americana para las Libertades Civiles de San Diego y Condados Imperiales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. De acuerdo con el informe ahora es diecisiete veces más probable que en 1998 que un inmigrante ilegal muera mientras intenta cruzar la frontera.
Las organizaciones que rechazan a los inmigrantes ilegales no se impresionan con estas cifras. Ningún país puede sobrevivir, dicen, si no puede controlar sus propias fronteras. Los inmigrantes están violando la ley, dicen, y aquellos que ponen sus vidas en peligro de manera tan necia son responsables de sus propias acciones. Pero aunque es verdad que la responsabilidad personal juega un papel, el hecho es que se trata de una crisis humanitaria de enormes proporciones y exige acción inmediata. El informe reconoce que México ha fracasado en cuanto a desalentar adecuadamente la emigración a través del desierto, aunque responsabiliza a las políticas de inmigración estadounidense y llama a destinar los recursos policiales a operaciones de rescate.
No es probable que eso ocurra -particularmente no en el contexto de después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, hay medidas que se pueden adoptar. Borstar, el excelente programa de búsqueda y rescate de la Patrulla Fronteriza, debería contar con más recursos. Ambos gobiernos, y especialmente el mexicano, deben mejorar sus programas de educación de los candidatos a la emigración sobre los peligros que acechan en el desierto, donde las temperaturas pueden llegar a los 46 grados Celcius y la deshidratación es casi inevitable. El contrabando es también un problema binacional, especialmente a la luz de la creciente cooperación entre contrabandistas de drogas y de seres humanos.
Los cambios más generales que deben ser implementados sólo ocurrirán con el tiempo. México debe crear condiciones económicas para la prosperidad en casa de modo que sus ciudadanos dejen de arriesgar sus vidas para salir del país. Entretanto, Estados Unidos debe implementar reformas que saquen de la ecuación de la inmigración a la muerte en el desierto.

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ilegales en eua, extraños en casa

mqh - 24 de julio de 2009 - 06:33 - inmigración usa

Recesión empantana a inmigrantes latinos ilegales entre culturas.

[Steve Hendrix] Concepción Chiquirichapa, Guatemala. Marcharse de Guatemala hace doce años fue la cosa más difícil que ha hecho Carlos Sánchez en su vida.
Hasta que decidió volver.
Sánchez todavía recuerda el día que se marchó, despidiéndose de sus familiares, dejando a sus amigos, y esa última mirada triste de su apacible pueblo montañés al occidente de Guatemala cuando el autobús lo transportaba al otro lado de la montaña hacia una vida incierta en "el norte". Tiempos dolorosos, ansiosos.
Pero no tan difíciles como el viaje de regreso. Cuando Sánchez (de 36) volvió hace poco a América Central después de vivir un tercio de su vida como inmigrante ilegal en un suburbio de Washington, desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Dulles en una tierra (cultural) de nadie. Había sido un inmigrante ilegal en un país; ahora era un extraño nacido en el país, en el otro.
Durante años, Sánchez hizo todas las horas extras que pudo como supervisor de un contratista de mostradores de granito en Springfield. El año pasado, de horas extras pasó a tiempo parcial, y luego a casi nada. Después de meses de buscar trabajo, empezó a mirar el precio de los billetes de avión.
La nostalgia de un expatriado por su tierra nativa es a menudo abrasadora. Pero Sánchez, como miles de inmigrantes latinos obligados en los últimos meses, por la recesión económica, a volver a cruzar la frontera, se está enterando más pronto de lo que hubiese querido, que volver a casa puede ser incluso más complicado.
No bien llegó, lo tumbó la gripe del turista. Su hijito Marvin, nacido en el condado de Arlington, también se enfermó, y Sánchez entró en pánico por las dificultades de encontrar un doctor. Su esposa Gladys ya no se sentía cómoda en sus atavíos tradicionales, la encontraba pesada y tiesa en comparación con las blusas Old Navy y los vaqueros que compraba en Potomac Mills.
En el aeropuerto, fueron acogidos por sobrinos y nietos que Sánchez no había visto nunca. Incluso la avejentada pareja en primera línea fue difícil de reconocer.
"Cuando vi a mis padres por primera vez, es como si fueran personas diferentes", dijo Sánchez. "Pensé que todo iba a ser lo mismo. Estaba equivocado. Todo es diferente, yo incluido".
Los inmigrantes entran y salen por la frontera todo el tiempo, y el movimiento impulsado por la recesión, alejándose de Estados Unidos hacia el sur, todavía no se ha convertido en un éxodo masivo. Pero es cada vez más fácil encontrar trabajadores que han decidido que están mejor capeando la recesión en sus tierras ancestrales, que aquí.
En Washington, la embajada guatemalteca informa sobre un substantivo aumento en el número de nacionales que solicitan documentos de viaje. En los aeropuertos estadounidenses, los agentes de aerolíneas y funcionarios de gobierno, describen crecientes instancias en que se hace la vista gorda con inmigrantes ilegales que se ‘autodeportan’, sin que las autoridades los fastidien.
"Cuando alguien empieza a dar señales de que tiene la intención de marcharse de Estados Unidos, no nos sirve para nada enviarles una notificación para que comparezcan a un tribunal de inmigración", dijo Lloyd Easterling, portavoz del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. "No es un buen uso del dinero de los contribuyentes".
En Valdemar Travel en Takoma Park, la proporción de billetes de avión sólo de ida ha alcanzado niveles sin precedentes, acercándose al sesenta por ciento de las ventas de la firma antes en el año, dijo el gerente Devin Reyes.
Algunos vuelven con substanciales ahorros, cruzando México en camiones de última generación, con Xboxes y televisores de pantalla plana. Otros vuelven tan pobres como el día que se fueron. Reyes recuerda a un demacrado jornalero que llegó a comprar un billete para El Salvador, pero le faltaban cuatrocientos dólares. Otros clientes arrojan billetes de diez y veinte dólares sobre el mostrador.
Sin embargo, Sánchez ha estado enviando dinero extra a casa -unos cincuenta mil dólares en seis años- para construir una casa de cemento junto a la casa de sus padres. En tres cuartos y un baño junto al patio donde su madre muele maíz y cocina en un fogón, trabaja para superar el persistente vértigo cultural. "A veces no sé dónde estoy", dice.
A Sánchez le agradaba su vida en Washington. Cuando llegó, no había subido nunca a un avión y ni siquiera a un ascensor. No había caminado nunca por una alfombra. Pero dominó el metro y le gustaba hacer las compras en el mercado chino el North Glebe Road en Arlington y ver películas en el Tysons Corner. La mayor parte de las veces trabajaba seis días a la semana, pero hacía horas extras en ocasionales viajes los fines de semana a Virginia Beach o Atlantic City. Sus familiares visitaban a menudo el centro comercial, y habían estado en Six Flags una vez.
Tenían televisión por cable. Sánchez extraña el History Channel. Marvin extraña Elmo.
Aprendió inglés, mayormente en clases de dos horas en la biblioteca pública en Clarendon. Y aprendió a conducir. Le gustaba el tráfico ordenado -en agudo contraste con la caótica cultura carretera de Guatemala, donde los viejos buses escolares hechos en Estados Unidos, tatuados con brillantes colores y equipados con cornetas de aire, son buses asilvestrados. Aquí no valen los letreros de que dicen que no debes cruzar la línea del ferrocarril.
"Todavía trato de ser cuidadoso", dijo Sánchez. "Yo paro cuando veo a niños cruzando la calle. Y me pitaban por eso".
Conoció a su esposa en Arlington, donde se sorprendió un día de ver pasar a una mujer con un huipile, una blusa maya tradicional, bordada, sorprendentemente, con los colores y diseños propios de su pueblo natal. Allá, en Pershing Drive y North Globe, Sánchez platicó con una chica de Concepción en su idioma indio natal, mam.
En Washington, Sánchez vivía en una burbuja guatemalteca. Los inmigrantes tienden a seguirse unos a otros en ciudades estadounidenses y una enorme proporción de los guatemaltecos en Washington provienen de aldeas específicas de las tierras altas del occidente del país. Los de Excumucha, por ejemplo, viven en gran parte en Langley Park. Los de la vecina Concepción tienen su base en Arlington,
El mayor vínculo de Carlos con su hermano mayor, Adrián, que se marchó al norte el primero. Carlos lo siguió al año después, prestándole cinco mil quinientos dólares para pagar a los coyotes, los despiadados guías que lo ocultaron en el tanque vacío de un camión durante horas, compartiendo un diminuto hoyo de aire con decenas de aterrados emigrantes.
Tampoco estaba su hermano ansioso por emprender un viaje peligroso hacia un futuro desconocido. Pero su padre, un sastre que comprendía la educación, tenía que pagar las matrículas de las escuelas de los niños, que eran siete, y el atractivo de los salarios del norte grande era muy tentador. Adrián y Carlos, trabajando juntos como pintores, empezaron a enviar dinero a casa en remesas de quinientos dólares al mes.
Para normas del pueblo, que seis niños y tres niñas hayan terminado la secundaria es extraordinario. Que dos de los niños estudiaron medicina es comentado como un milagro local. Uno estaba terminando su residencia en la capital, Ciudad de Guatemala. El otro empezó una consulta rural, y conduce una camioneta Nissan 1987 que Carlos consiguió por 650 dólares.
Llegados a miles de kilómetros de distancia, los hermanos empezaron un capítulo de la Cruz Roja en Concepción. Yendo puerta a puerta en Arlington, y organizando un baile en Langley Park, reunieron catorce mil dólares, compraron una furgoneta Chevy usada, la completaron con luces de emergencia y enviaron a la aldea, donde años después todavía prestan servicio.
Cuando Carlos, en una pega de pintura en el Hospital Suburbano en Bethesda fue invitado a solicitar una posición permanente en el personal de mantenimiento, sabía que se hundiría tan pronto como le pidieran su número de la seguridad social. Pero Adrián se había casado con una ciudadana estadounidense y se había convertido él mismo en uno de ellas. Así, Carlos rellenó el formulario de solicitud a nombre de su hermano. Adrián fue llamado y pronto consiguió un buen trabajo.
Entonces el mundo de Carlos se derrumbó.
Su familia en Guatemala todavía necesita el dinero que Carlos acostumbraba enviar a casa, y hubiera querido que su hijo asistiera a escuelas en Arlington. Pero Sánchez se sintió obligado a abandonar su departamento en el Buckingham Village, en Arlington, y marcharse al sur. "Siempre tuve como objetivo volver alguna vez, pero pensé que faltaban todavía varios años más", dijo. "Allá me siento cómodo, me siento seguro. Pero no podía quedarme sentado sin hacer nada".
Poco a poco Sánchez está recuperando el aliento en su viejo nuevo mundo. Ahora cruza a grandes zancadas las empinadas calles que antes lo dejaban jadeando cada vez que salía de casa. Su estómago ha mejorado, y disfruta de las verduras frescas que llegan todos los días desde las terrazas de cultivo. Marvin ha adquirido el hábito de los frijoles y tortillas, y de perseguir a los pollos por el patio.
Sánchez enseña taquigrafía en su casa todos los sábados, con veintisiete máquinas de escribir manuales que su hermana ha ido acumulando para él en el curso de los años. Y consiguió trabajo en una escuela secundaria local como profesor de inglés.
Sánchez se siente feliz de estar con su familia; sus padres idolatran a su hijo americanizado y su nieto nacido en Estados Unidos. Pero echa de menos a su hermano. Adrián, con su dorado pasaporte estadounidense, lo visitó una vez, y hablan frecuentemente por teléfono. Eso mantiene a Carlos, al menos emocionalmente, con un pie en Washington.
"Mientras esté allá", dijo, "siento como si una mitad mía estuviera allá también".

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etchecolatz acumula juicios

mqh - 24 de julio de 2009 - 05:47 - inmigración usa

A Cámara Federal de La Plata confirmó seis procesamientos. El comisario retirado, condenado por delitos de lesa humanidad, será juzgado nuevamente por la represión ilegal en la Brigada de Investigaciones de La Plata. En la misma causa recuperará su libertad Raúl Orlando Machuca.

[Adriana Meyer] Argentina. El represor Miguel Etchecolatz quedó ayer más cerca de un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de La Plata, porque la Cámara Federal de esa ciudad confirmó su procesamiento y el de otros cinco imputados. Sin embargo, los camaristas que integran la sala I de ese tribunal revocaron la prisión preventiva del acusado Raúl Orlando Machuca, por lo cual recuperó su libertad. Hace pocos meses otro camarista platense, Leopoldo Schi-ffrin, había recomendado que fueran elevados a juicio en forma conjunta este expediente, que era el más demorado, el referido a los crímenes cometidos en la comisaría 5ta. de La Plata y el que investigó los casos del centro clandestino Arana por coincidir la identidad de víctimas y represores imputados y para evitar la "multiplicidad innecesaria de juicios".
La resolución que firmaron los camaristas Alberto ‘Tito’ Durán y Carlos Compaired fue una respuesta al pedido de "pronto despacho" que habían presentado la fiscalía y la querella y confirmó también el procesamiento que había dictado el juez federal Arnaldo Corazza al ex subjefe de la policía provincial Rodolfo Aníbal Campos, al comisario Fernando Svedas, al cabo Julio César Argüello y al oficial subinspector Machuca. Este policía que integró la patota de la Brigada de Investigaciones que comandaba Etchecolatz llegó a ser uno de los comisarios preferidos del ex jefe de la Bonaerense Pedro Klodczyc y estuvo investigado por colaborar con el ex comisario Juan José Ribelli para violar la incomunicación que había dispuesto el juez Juan José Galeano en la causa AMIA. Supo ser dueño de dos casas, dos departamentos, un local comercial y un terreno, además de varios autos, y fue investigado por enriquecimiento ilícito. Había sido excarcelado en la causa Arana y sólo permanecía preso por su imputación en Brigada, hasta este fallo. Su defensor había argumentado que al momento en que se le imputa haber integrado la "patota" de la Brigada "era un oficial recién egresado" y que realizaba tareas de "control de moralidad, de cabaret, prostitución, minoridad y vagancia", mientras que "la lucha antisubversiva estaba a cargo de personal militar".
Los camaristas platenses de la sala I afirmaron que "se encuentra probado" el "esquema de responsabilidades" por los delitos cometidos en la Brigada de Investigaciones por el "aparato represivo ilegal instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, bajo una precisa cadena de mandos". Al ratificar los procesamientos por secuestros y torturas, de los desaparecidos Óscar Favero y María Paula Alvarez entre otras víctimas, los camaristas afirmaron que la medida fue correcta porque "la materialidad ilícita fluye claramente de las pruebas reseñadas y dan por acreditado el funcionamiento de los centros clandestinos de detención pesquisados, las ilegítimas privaciones de la libertad y el sometimiento a torturas". La resolución declaró extinguida la acción penal contra Rodolfo González Conti y Carlos Vercellone, ambos fallecidos el año pasado.
En septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por delitos cometidos "en el marco del genocidio" y está preso en la cárcel de Marcos Paz. Lo sentenciaron por los homicidios de Diana de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Graciela Dell Orto, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado y por los secuestros y tormentos a Nilda Eloy y Jorge Julio López, el testigo que está desaparecido desde el 18 de septiembre de ese año.

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