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mqh - 16 de julio de 2009 - 07:00 - inmigración usa

Estados Unidos corrige estrategia sobre inmigrantes ilegales. Esta semana, las autoridades de inmigración tenían malas noticias para American Apparel, el fabricante de camisetas del centro de Los Angeles: Un tercio de sus empleados son inmigrantes ilegales.

[Julia Preston] El director ejecutivo de la compañía, Dov Charney, él mismo un inmigrante, ha hecho campaña contra la represión de la inmigración.
Pero en contraste con los polémicos allanamientos que caracterizaron el enfoque del gobierno de Bush, agentes no federales con orden de allanamiento irrumpieron en las fábricas de la compañía y reunieron a los empleados. En lugar de eso, la agencia federal de inmigración envió a American Apparel una notificación escrita de que tendría que pagar una multa y despedir a los empleados sin permiso de trabajo.
El trato de American Apparel, que tiene más de 5.600 trabajadores solamente en Los Angeles, es la demostración más prominente de una nueva estrategia del gobierno de Obama para reducir el empleo de inmigrantes ilegales, concentrándose en los empleadores que los contratan -y haciéndolo de un modo menos agresivo que en los últimos años.
A diferencia del enfoque del gobierno de Bush, que en sus últimos dos años presentó cargos criminales contra muchos trabajadores inmigrantes ilegales, el nuevo intento hace un uso más amplio de las multas y otras sanciones civiles, dijeron el jueves funcionarios federales.
Agentes federales se concentrarán en empresas con un gran número de trabajadores de las que se sospeche que contratan a inmigrantes ilegales, dijeron los funcionarios, y reservarán los cargos criminales en general para los empleadores que contratan sistemáticamente inmigrantes ilegales y cometen violaciones salariales y laborales.
"Estas acciones subrayan nuestro compromiso de atacar a los empleadores que cultivan las fuerzas de trabajo ilegales contratando a sabiendas y explotando a trabajadores ilegales", dijo Matt Chandler, portavoz del ministerio de Seguridad Interior.
El miércoles, el Servicio de Inmigración y Aduanas, la agencia federal conocida como ICE, dijo que había enviado notificaciones anunciando una auditoría de los contratos, como la que realizó en American Apparel, a otras 652 compañías en todo el país. Funcionarios dijeron que estaban poniéndose al día con esas auditorías, después de realizar 503 en 2008.
Los nombres de las otras compañías que recibieron notificaciones no han sido dados a conocer. American Apparel se convirtió en una ventana hacia las nuevas tácticas de control porque, como una compañía que cotiza en la bolsa, emitió el miércoles la notificación requerida sobre la audiencia de auditoría.
El nuevo enfoque del presidente Obama, revelado en abril, se está distanciando de los allanamientos que, según dicen los defensores de inmigrantes, habían dividido familias, arruinado negocios y traumatizado a comunidades. Pero el resultado será todavía más difícil para los trabajadores ilegales, que perderán sus trabajos y podrían ser deportados, dijeron activistas.
Funcionarios de inmigración no han dejado claro qué piensan hacer con los trabajadores que no puedan probar su condición de inmigrante legal en el curso de las inspecciones, pero dijeron que no había una moratoria de las deportaciones.
Ejecutivos de American Apparel se mostraron aliviados y consternados a la vez después de recibir el aviso de la agencia de inmigración de que había discrepancias en los documentos de contratación de cerca de un tercio de su fuerza de trabajo en Los Angeles. La compañía tiene treinta días para responder a las imputaciones de la agencia y dar a sus empleados inmigrantes tiempo para demostrar que cuentan con un permiso de trabajo, dijeron funcionarios de inmigración. Si no pueden, la compañía deberá despedirlos, probablemente dentro de dos meses.
Pero no se presentaron cargos criminales contra la compañía y ningún empleado ha sido arrestado, dijeron ejecutivos de American Apparel y funcionarios de inmigración.
Las multas se cursaron después de dieciocho meses de discusión entre funcionarios federales y American Apparel, después de que agentes de inmigración revisaran los archivos de la compañía en enero de 2008, dijo Peter Schey, abogado de inmigración que representa a la compañía. Schey dijo que se había evitado un allanamiento porque la compañía había colaborado con la auditoría y porque los agentes de inmigración no habían constatado ninguna infracción laboral.
"No hay evidencias de explotación de los trabajadores ni de violación de leyes laborales", dijo. "Y no hay ninguna acusación de que la compañía haya contratado a sabiendas a trabajadores indocumentados".
American Apparel y su franco director ejecutivo Dov Charney, han lanzado una campaña, pintada en camisetas que se venden en todo el país, criticando la represión de la inmigración en los últimos años y llamando al Congreso a "Legalizar L.A." otorgando residencia legal a los inmigrantes ilegales.
La mayoría de los trabajadores en la enorme tienda de American Apparel en Los Angeles, trabajan directamente para la compañía, no para subcontratistas, según muestran sus archivos. Ganan al menos diez a doce dólares la hora, muy por encima del salario mínimo, y tienen acceso a seguro médico.
En una rueda de prensa el año pasado, el alcalde Antonio R. Villaraigosa, de Los Angeles, alabaron públicamente a Charney por ayudar a la ciudad con su vacilante economía, proporcionando "el sueño de un sueldo estable y muchos beneficios para incontables trabajadores".
Mientras que no es un secreto que la fuerza de trabajo de American Apparel, es fundamentalmente latina, probablemente incluía a muchos inmigrantes ilegales. Schey dijo que la compañía había sido cuidadosa en cumplir con las exigencias legales. Muchos inmigrantes ilegales usan tarjetas de la Seguridad Social hábilmente falsificadas u otros documentos falsos cuando buscan trabajo.
En una declaración, Charney dijo que muchos de sus trabajadores mencionados por la agencia de inmigración eran "empleados trabajadores y responsables" que habían trabajado durante más de diez años para la agencia. Charney, un inmigrante de Canadá, dijo que esperaba que pudieran demostrar su residencia legal. Pero debido a la recesión, dijo la compañía, no sufriría financieramente si tuviera que reemplazarlos.
Schey dijo que la audiencia de auditoría en American Apparel habían sido "hechas profesionalmente". En contraste, Schey ha presentado más de cien demandas de indemnización contra la agencia de inmigración a nombre de ciudadanos estadounidenses que dijeron que fueron arrestados ilegalmente el año pasado en Los Angeles en una redada de inmigración en otra compañía, Micro Solutions Enterprises.
Funcionarios de inmigración, que pidieron no ser identificados porque el caso no ha terminado, dijeron que las multas contra American Apparel de momento eran de cerca de 150 mil dólares.
Kelly A. Nantel, portavoz de la agencia de inmigración, dijo que había tomado medidas para limitar las negociaciones con empleadores, que en el pasado resultaron en fuertes reducciones en las multas que los empleadores tuvieron que pagar finalmente.
El representante Brian P. Bilbray, un republicano de California que encabeza una comisión de inmigración en la Cámara de Representantes, dijo que el monto de las multas era crucial.
"Si este es realmente un esfuerzo concienzudo de ponerse duros con los empleadores para decir que los días de la explotación de los inmigrantes ilegales se han terminado, eso sería perfecto", dijo Bilbray, que se opone a cualquier proyecto que confiera residencia legal a los inmigrantes ilegales. "Pero si la multa es tan baja que no es más que una parte del negocio, entonces eso no disuade a nadie".
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, de Los Angeles, una organización de apoyo, dijo que saludaba el fin de los "allanamientos de buque teatro". Pero al final, dijo Salas, "todavía se implementan leyes que son violadas", agregando: "Los trabajadores seguirán perdiendo sus trabajos".

16 de julio de 2009
2 de julio de 2009
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banco de américa explota a inmigrantes

mqh - 01 de julio de 2009 - 05:38 - inmigración usa

Acusan al Banco de América de explotar a los inmigrantes latinoamericanos que tiene como clientes. Ex empleadas dicen que los clientes inmigrantes y trabajadores son coartados para abrir múltiples cuentas con altas comisiones y tasas de interés.

[Tom Hamburger] Washington, Estados Unidos. Gabby Ornelas, ex cajera del Bank of America Corp., recuerda las sesiones de su formación. Y recuerda que las órdenes que recibía eran: "Venda, venda, venda".
Ornelas fue instruida para utilizar su dominio del español y su legado latino para vender a sus clientes tantos tipos de servicios bancarios como posible, dijo -servicios que implicaban lucrativos beneficios para el banco y un embrollo financiero para muchos clientes.
"Se nos instruye todos los días para vender múltiples cuentas corrientes, tarjetas de crédito y de débito incluso si el cliente no entiende cómo usarlas", dijo Ornelas, que vive en Landover Hills, Maryland, una ciudad con una importante población inmigrante y un ingreso per cápita de menos de diecinueve mil dólares al año.
En un caso, describió a una centroamericana, madre de tres hijos, que la visitó en el banco, angustiada por los cargos de sobregiro de cerca de trescientos dólares, incurridos después de que Ornelas persuadiera a la mujer de que abriera una segunda cuenta corriente.
Ornelas y ocho colegas formularon las acusaciones en entrevistas recientes. Sus denuncias son respaldadas por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, que está tratando de organizarse en el Banco de América, el más importante banco del país.
Funcionarios del Banco de América rechazaron enérgicamente las acusaciones, diciendo que sus políticas eran legales, se adherían a las normas de la industria y ayudaban a los clientes, incluyendo a los inmigrantes que buscan un punto de apoyo en Estados Unidos.
"El Banco de América cree que los reclamos del SEIU tergiversan la relación del banco con sus clientes y sus asociados", dijo Anne Pace, portavoz del banco.
Las ex empleadas dijeron que harían público lo que veían como un lado poco conocido del Banco de América: estimular a clientes de la clase trabajadora a pedir créditos de altas tasas de interés y servicios de avances de dinero y estructurar toda una gama de servicios de cheque y tarjetas de débito para maximizar los cargos de sobregiro y otros.
La campaña será iniciada públicamente esta semana, con empleadas que contarán sus experiencias en ruedas de prensa y reuniones con miembros del Congreso. El sindicato quiere presionar al banco y reunir apoyo para aprobar proyectos de ley ahora atascados en el Senado que facilitarían que los miembros de los sindicatos puedan organizarse.
El Banco de América dijo que las ex empleadas son una minoría descontenta y que sondeos internos muestran que la mayoría de los empleados de la compañía estaban abrumadoramente satisfechos.
Otros críticos del SEIU dijeron que el sindicato podría tener un conflicto de intereses porque tiene préstamos pendientes de pago con el banco.
Muchos de las empleadas que están haciendo las denuncias fueron despedidas del banco, la mayoría antes de que hicieran públicas sus quejas. Una empleada dijo que su despido se debió a su interés en el sindicato. Una empleada todavía trabaja para el Banco de América.
Pace, del Banco de América, dijo que las actividades del banco eran todas no solamente legales, sino además útiles para sus clientes, especialmente para los que han llegado hace poco a Estados Unidos.
"Creemos que una cuenta pendiente es la piedra angular para fundar una seguridad financiera en este país", dijo Pace en un mensaje por correo electrónico. "Ofrecemos servicios financieros innovadores para responder a las necesidades de todos nuestros clientes, incluyendo a clientes latinos".
Pace también dijo que el banco había dado un paso para ayudar a los clientes que hacían frente a "retos financieros". Por ejemplo, dijo, el banco renuncia a ciertas comisiones mensuales de clientes que han perdido sus trabajos y ha reducido los sobrecargos de clientes que se sobregiran en menos de cinco dólares.
Aunque el Banco de América rechaza haber actuado de mala fe, pagó recientemente 35 millones de dólares en un convenio por una demanda colectiva en California que lo acusaba de ordenar deliberadamente los débitos de sus clientes por tamaño antes que por la hora del día en que ocurrían para maximizar los cargos por sobregiro.
Pace dijo que el acuerdo no implica ningún reconocimiento de mala fe ni de las prácticas denunciadas en la demanda, y que el banco pagó 35 millones de dólares para evitar cuentas legales excesivas.

Abogados de Clientes
"El Banco de América ha escalado hasta la cima de las comisiones que cargan los grandes bancos a los clientes", dice Jean Ann Fox, directora de servicios financieros de la Federación de Consumidores de Estados Unidos.
Ornelas y otras tres ex cajeras del Banco de América, todas latinas, dijeron que ellas y sus colegas eran repetidas veces instruidas para que buscaran nuevos clientes de habla hispana fuera del banco. A algunas se les instruyó visitar las embajadas donde inmigrantes recientes a menudo hacen la cola por los visados y pasaportes.
Otras cajeras debían visitar las tiendas de barrios, clínicas y centros de bienestar infantil, y otras debieron reclutar a clientes en celebraciones religiosas por el Día de la Madre, dijeron.
"Nos decían que debíamos empujarles a abrir múltiples cuentas corrientes, que no necesitaban", dijo Ambar Sandoval, una ex cajera de una sucursal del Banco de América en Central Los Angeles, que dijo que resistió repetidas veces los proyectos de reclutar clientes en un centro para madres solteras en Los Angeles.
Las ex empleadas proporcionaron algunos documentos que respaldaban sus reclamos, incluyendo memorandos internos del banco mostrando un esquema de oportunidades para ofrecer cuentas entre los visitantes de embajadas centroamericanas y en eventos de la comunidad latina. Los documentos también muestran detalles de los objetivos de venta que se exigían de los empleados de la sucursal.
El abogado de clientes, Fox, fue particularmente crítico de la práctica del banco de ordenar los débitos por magnitud, que es lo que hacen la mitad de los bancos del país. Fox dijo que las prácticas hacían más probable que incluso clientes cuidadosos se sobregiraran.
El Banco de América defiende la práctica diciendo que asegura a sus clientes que sus pagos más grandes e importantes tienen prioridad.
Fox dijo que es una táctica que utilizan los bancos para asegurarse de que sus rentas por comisión permanezcan altas. Dijo que los clientes incurrían sin saberlo e injustamente en cargos por sobregiro cuando usaban una tarjeta de débito.
"La gente cree que si usan su tarjeta de débito, sólo gastarán dinero que tienen en sus cuentas. Pero el Banco de América y otros bancos grandes han descubierto un modo de convertir tu tarjeta de débito en un instrumento de crédito, que puede llevarte a una situación extrema de deudas", dijo.
Por ejemplo, el Banco de América permite que un cliente use una tarjeta de crédito para pagar, digamos, veinte dólares en una tienda de abarrotes incluso si su cuenta se encuentra sin fondos. Sin informar al cliente, el banco impone automáticamente un cargo de 35 dólares. Se cobra un cargo adicional de 35 dólares más si semana después la cuenta sigue estando sin fondos. Estas tasas quieren decir que los clientes en realidad están pagando setenta dólares por una extensión de crédito de veinte dólares en la tienda de abarrotes, dijo Fox.
Pace dijo que el Banco de América ofrece protección contra el sobregiro y otros servicios para "dar a nuestros clientes más control y flexibilidad para manejar más efectivamente sus cuentas y prevenir las comisiones".

30 de junio de 2009
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santa ana no quiere pepenadores

mqh - 30 de junio de 2009 - 18:22 - inmigración usa

Barrio de Santa Ana cierra sus contenedores de basura para frustrar a cartoneros. Vecinos colocan sus materiales reciclables en contenedores diseñados para resistir la fuerza de un oso.

[Tony Barboza] No resistieron el ataque de los osos en Alaska, pero podrían ser suficientes para desalentar a los pepenadores de Santa Ana.
Cansados de los pepenadores urbanos que hurguetean en los contenedores de basura del barrio a la búsqueda de artículos de plástico y aluminio, los vecinos de un vecindario de Santa Ana están guardando sus materiales reciclables en contenedores diseñados para resistir la fuerza bruta y el ingenio de osos pardos y negros.
Así es que ahora Paula Faccou lleva una llave -en la misma cadena que la llave de casa- para cerrar su cubo de basura. Y cuando el camión recolector pasa por la calle y levanta el carro con su brazo automático, el cerrojo se abre por sí solo.
Ahora en la avenida Van Ness se tiene la esperanza de que los cubos contra osos alejen a personas como el hombre con el que Faccou casi chocó en la entrada de su casa un día cuando entraba con las compras.
"Me asusté muchísimo",dice la jubilada de 67 años. "Un completo desconocido, parado ahí afuera. Era muy descarado. Fue demasiado lejos. Me han dicho: ‘¿Qué problema tiene usted, señora? No es más que basura’, pero yo pago por el servicio para que la retiren... así que yo decido qué hacer con ella".
Funcionarios del ayuntamiento dicen que han visto un reciente aumento de las quejas sobre los cartoneros que recorren las calles en las noches previas al día de recogida, cuando los cubos están llenos de botellas y latas.
"Era bastante claro que la situación económica estaba aumentando la cantidad de pepenadores", dice Mary González, la encargada de proyectos del ayuntamiento, que supervisa el programa.
"La gente quería algún tipo de solución".
La recolección de basura se ha convertido en una fuente de frustración en el barrio de Wilshire Square, donde Faccou y otros se quejan de los ruidos tarde por la noche y de los carritos de supermercado abandonados.
Así que los vecinos de esta comunidad de amplios jardines y casas de estilo Revival empezaron a tomar medidas. Después de varias reuniones públicas para formular una estrategia contra los cartoneros, el ayuntamiento propuso cerrar el barrio -fundamentalmente para impedir las excursiones nocturnas de los cartoneros, pero también por la creencia de los propietarios de que sólo ellos deben controlar el destino de su basura.
El programa piloto de Manejo de Desechos ha sido puesto a prueba este verano en una docena de casas en dos calles. El barrio es uno de unos pocos en el país que han empezado a poner candado a sus cubos de la basura en la calle.
Como en otras ciudades, en Santa Ana es ilegal que personas que no sean o el propietario de la casa o el recolector de basura, retiren artículos de los carros de reciclaje una vez que estos son llevados a la acera.
Se lee en los carteles sobre los cubos: ALTO. Es ilegal retirar materiales reciclables de estos contenedores y hurgar en ellos es un delito.
Para Faccou, los cartoneros degradaron su calidad de vida.
"Llegan a las diez y media, once, doce y media de la noche con su tintineo, y despiertan a los perros", dijo. "Antes hacíamos la vista gorda, pero en los últimos tres años las cosas han empeorado".
Mientras que antes esperaba hasta oír el ruido del camión acercándose antes de empujar su cubo gris hacia la acera, "ahora me siento más segura", dijo.
Los candados son usados a menudo para proteger los contenedores de basura y de reciclables comerciales contra cartoneros y pepenadores, pero sólo hace poco han sido diseñados para barrios residenciales.
El cubo con candado usada en Santa Ana fue diseñado por primera vez como un contenedor a prueba de oso, dice Shawn Kruse, gerente de desarrollo de productos para el abastecedor Rehrig Pacific, pero "no soportó ese nivel de abuso".
San Bernardino está probando con candados para impedir que la basura se derrame de los contenedores -en una docena de casas en un barrio especialmente ventoso.
El ayuntamiento de Los Angeles ha considerado poner candado a los contenedores para impedir la recolección, pero no ha encontrado nada práctico. Oceanside ha instalado candados contra pepenadores en los receptáculos en sus playas y muelles, aunque a regañadientes.
"No queremos que se nos conozca como la ciudad que pone candados a sus contenedores de basura", dijo Colleen Foster, analista de manejo de la división de reciclaje y desechos sólidos de Oceanside. "Lo importante es el desvío, que no lleguen a los vertederos".
No todo el mundo en el barrio de Santa Ana está igual de convencido.
Rigo Castro, 42, carpintero, no ve cuál es el motivo de tanta agitación.
Ve a los cartoneros empujando carritos de supermercado en la noche, pero "no me importa’, dice. Duda que la mayoría de la gente considere que los cartoneros son una intrusión tan grande que quieran poner candado a sus reciclables.
Los pepenadores, por su parte, se encogen de hombros. O se adaptan.
José Santos, 36, un sin techo que recoge latas y botellas en el barrio, dijo que los candados no lo asustan. Si encuentra uno, simplemente avanza hasta la siguiente casa o escarba en la basura, donde a veces la gente deposita por error cristales y plásticos.
En un día de recogida hace poco, estaba empujando su carrito de supermercado hacia el centro de reciclaje con unos quince dólares en latas y botellas -el producto de una noche de trabajo.
"Hay un montón de gente buena que incluso nos ayuda" dejando botellas y latas para él o dándole dinero para comer, dijo Santos. "Así que no me preocupa".
Lucy Bateson, 62, una de las cruzadas contra los pepenadores de Santa Ana, espera que los candados hagan más tranquilo al barrio, donde no tema que desconocidos entren a su propiedad a la búsqueda de botellas y latas.
"Quizás los contenedores con candado sean la respuesta. Te da un nivel de comodidad dejando esas cosas allá fuera", dijo Bateson. "No importa lo que diga todo el mundo. No es basura. Eso tiene valor".

30 de junio de 2009
16 de junio de 2009
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una cartonera en pasadena

mqh - 29 de junio de 2009 - 23:56 - inmigración usa

Juana Rivas, 47, se echa a las calles de Pasadena y alrededores, entre tres y cinco de la mañana, cinco días a la semana, para recoger materiales reciclables. Para mantener a su familia, esta trabajadora indocumentada recoge reciclables en contenedores de basura. "Lo hago por necesidad", dice.

[Anna Gorman] Los Angeles, Estados Unidos. Todavía no son las tres de la mañana. Juana Rivas coge su carrito de supermercado y se echa a andar en la oscuridad.
Se protege del frío con una sudadera y una chaqueta, junto con un sombrero rosado y guantes que compró en la tienda de 99 centavos. Sólo el ladrido de un perro rompe el silencio.
Rivas llega a la primera casa, levanta la tapa del contenedor de basura y alumbra el interior con su linterna. Nada.
"No hay. No hay," dice en español.
Echa un vistazo en otro contenedor. Nada. Camina zigzagueando por la calle, parándose en cada casa buscando latas, botellas, recipientes de plástico, cualquier cosa que pueda cambiar por dinero en el centro de reciclaje local. Mete las manos dentro y revuelve el contenido, esperando oír el revelador tintineo de una botella de cerveza o el hueco soplo de una caja de leche. Nada.
Empieza a inquietarse. Su marido y cuatro hijos dependen de ella. Tiene todavía una semana para pagar el alquiler de 2.300 dólares de su casa en Pasadena. Pidió que le aplazaran la cuenta del gas. Y ya le cortaron la televisión por cable y el teléfono.
Se mete prisa. Las bolsas de plástico amarradas al carrito zumban unas contra otras. Las ruedas traquetean cuando pasan sobre los guijarros en la calzada.
Unos minutos después encuentra una lata vacía de Sierra Mist, unas botellas de agua de plástico y varias botellas de cerveza Foster. Las mete en su carrito vacío.
"Hay días buenos y días malos", dice Rivas, 48.
Cuando se acerca a la casa siguiente, dice: "Este va a ser un mal día".
Rivas sabe lo que piensa la gente, de que ella escarba en la basura de sus vecinos para ganar algo de dinero y poder comprar drogas o alcohol. Sabe cómo la llaman: carroñera, cartonera, ladrona.
"Hay gente que me mira como diciéndome: ‘No vales nada. No eres nadie’", dice.
Los últimos trece años, dice, se ha dedicado a recoger latas y cervezas "para pagar el alquiler y las cuentas. Lo hago por necesidad".
Ha buscado trabajos más estables, incluyendo la aseo de oficinas en la noche. Pero hoy en día las compañías piden documentos de inmigración, que son papeles que no tiene.
Además, dice que la basura paga. Mientras más horas se dedica a ello, más gana. La prueba está en sus recibos del centro de reciclaje: el 22 de octubre ganó 70.12 dólares; el 12 de diciembre, 143.08; el 4 de enero, 134.91. En general, en un año puede ganar entre veinte mil y veinticinco mil dólares. Junto con lo que gana su marido y lo que contribuyen sus hijos, pueden pagar el alquiler y parar la olla.
Rivas forma parte de una economía subterránea en expansión: los cientos de miles de inmigrantes en California del Sur que asean casas, cortan el césped de los jardines y lavan platos, y que hacen dinero en los márgenes de la economía y pagan pocos impuestos, si acaso. Su historia refleja las contradicciones que hacen de la inmigración ilegal un tema tan controvertido. Violó la ley para llegar aquí y, quedándose aquí, ocupa recursos municipales. Sin embargo, trabaja duramente para que sus hijos no tengan que hacer lo mismo.
Despierta todos los días a las 2:30 de la mañana, sabiendo que incluso una hora más de sueño significa menos dinero. Camina kilómetros y kilómetros, incluso cuando llueve, incluso cuando la consume la gripe.
"Si me pierdo un día, quedo debiendo", dice.
Su única compañía es el pinchadiscos El Piolín, Eddie Sotelo, en la radio KSCA-FM, en español, que la entretiene en su radio de mano que le regaló uno de sus hijos hace dos años.
De empujar su carrito subiendo y bajando colinas, le duele la espalda y las piernas. Tiene artritis en las manos. Esta mañana se ha vendado dos dedos con una cinta de pegar blanca. Hace dos años tuvo que ir a urgencias para que le pusieran puntos: una botella rota le había rajado el antebrazo. Salió con varios puntos y una inyección contra el tétano. Emergency Medi-Cal pagó su tratamiento.
"No sé cuánto tiempo más podré seguir haciendo esto", dice. Sin embargo, no sabe qué otra cosa podría hacer. Así que sigue haciendo lo que sabe hacer.
A menudo los propietarios de casas le gritan: "¡Márchate de aquí! ¡No revises mi basura!"
Rivas no responde nunca, nada. Agacha la cabeza y dice en su inglés entrecortado: ‘I sorry. I sorry". Y sigue su camino. Sabe lo que podría pasar si no lo hiciera. Los propietarios llamarían a la policía, y terminaría con una multa.
Hace unos tres meses, un agente de policía la paró cuando se acercaba a su casa con su carrito. Le dijo que las latas pertenecían al ayuntamiento y que estaba violando una ordenanza municipal. Pero en lugar de multarla, simplemente le aconsejó marcharse en otra dirección.
La policía de Pasadena y los funcionarios de obras públicas dicen que perseguir a los cartoneros no son una prioridad, en parte porque el reciclaje de materiales es necesario. Pero Gerald Weber, supervisor de mantenimiento de calles, dijo que el ayuntamiento pierde dinero cada vez que un cartonero recoge una botella de un contenedor de basura ajeno. Weber calcula que los cartoneros desvían un cinco por ciento de las ganancias anuales del ayuntamiento por concepto de reciclaje, de un total calculado en 400 mil dólares.
"Técnicamente, están robando", dijo. "Una vez que el contenedor llega a la acera, se convierte en propiedad del ayuntamiento".
Rivas dice que la policía debería ocuparse de los vendedores de drogas y de las prostitutas, en lugar de acosarla a ella.
"Nosotros trabajamos honradamente", dijo. "No estamos robando a nadie. La policía debería dejarnos trabajar".

Rivas creció en Durango, México, y cruzó ilegalmente la frontera con Estados Unidos en 1982, con sus dos hijos mayores. Conoció a su marido, Luis Ángel, y la pareja tuvo otros dos hijos.
Después de años de asear casas, Rivas empezó a recoger latas en 1995. Se había separado temporalmente de su marido y necesitaba ganar más dinero. Al principio le daba vergüenza hurgar en la basura. Pero ahora dice que le gusta ser su propia patrona.
Muchos de los vecinos de su ruta, la conocen. La saludan cuando se marchan a sus trabajos. Una vez, en Navidad, una mujer le dio veinte dólares. A veces le regalan bolsas de sus propios reciclajes.
Cuando termina su jornada, a eso de las once de la mañana, asea su casa y lava la ropa. Para relajarse mira películas en español en un pequeño televisor en la cocina. Pero rara vez duerme durante el día, excepto los fines de semana. Es cuando se recupera y prepara para la semana siguiente.
Un sábado hace poco cocinaba carne con pico de gallo para sus hijos, que se preparaban para salir con sus amigos. La música resonaba en el dormitorio de su hijo menor. Pasó el camión del heladero. Sus perros entraban y salían de la casa.
Mientras cortaba las verduras, Rivas mostró las cosas que había encontrado en la calle y había llevado a su casa en el carrito de supermercado: macetas, candelabros, cestas de mimbre, una puerta para perros.
Rijas dice que quiere que sus hijos, de dieciséis y veinticinco años, estudien alguna carrera. Los hijos de Rivas dijeron que apreciaban los sacrificios que hacía su madre por ellos. Sus hijos mayores -un jardinero y un originador de préstamos- contribuyen con lo que pueden para el alquiler de su casa de cuatro dormitorios. Y Ángel, que tiene la tarjeta verde [tarjeta de residencia permanente] gana cerca de trescientos dólares a la semana en una bodega de Food 4 Less. Pero la familia no podría sobrevivir sin los ingresos de Rivas.
Vivir en otra parte del condado podría ser más barato, pero Rivas dijo que ella y sus hijos prefieren Pasadena porque es seguro y tranquilo.
Sin embargo, Ángel todavía se preocupa de que su esposa recorra las calles en la noche.
"Es peligroso", dijo. "Preferiría que tuviera un trabajo estable".
Aura Ángel, 18, también teme por su madre. Cuando Rivas se marcha en la mañana, Aura le dice: "Que Dios te bendiga, mamá. Cuídate".
Aura dijo que a veces tiene que defender a su madre contra sus amigos, cuando le preguntan por qué hurguetea en la basura de otra gente.
"Les digo que es simplemente como cualquier otro trabajo", dijo.
José Rivas, 20, dijo que respeta lo que hace su madre, pero que no pensó siempre lo mismo. Hace unos cinco años, un amigo lo llevaba a la escuela cuando vieron a su madre, empujando su carrito. José agachó la cabeza y no la reconoció. Todavía se siente mal.
Años más tarde, trató de hacer el mismo trabajo, pero sólo duró un día.
"Era realmente difícil", dijo, mientras planchaba una camisa en la mesa de la cocina. "Parecía imposible llenar el carrito".
José Rivas dijo que le gustaría ganar más dinero y ayudar más con el alquiler, para que su madre no tuviera que trabajar tanto.
"Imagínate si pudiera comprarle una casa a mi madre", dijo. "Podría salir a hacer las compras, mirar telenovelas. Ese es uno de mis sueños".
Rivas sigue sus rutas fijas todas las semanas: las calles cerca de Rose Bowl un día, hacia el norte, hacia Altadena el siguiente, y así hasta cubrir toda la ciudad. Sin licencia de conducir ni coche, llega a todas partes caminando. No sabe cuántos kilómetros camina al día, pero algunos días pasa siete horas sin sentarse.
Esta mañana, recorre las calles cerca de su casa. No ha encontrado muchas latas ni botellas todavía, y se preocupa de que haya otro haciendo el recorrido en su propio barrio.
Los otros son sus competidores, pero también sus compañeros. La llaman supermujer.
"Dicen que yo camino rápido, que vuelo", cuenta.
Poco después de salir de casa, la suerte de Rivas empieza a cambiar, cuando encuentra botellas de Bud Lite, latas de Fanta Strawberry, ketchup y botellas de aceite Canola, jarros de mantequilla de maní. A veces sujeta la linterna con sus dientes, para poder usar sus dos manos cuando hurga en los contenedores. Otras veces, se dobla sobre el contenedor, dejando de tocar el suelo con sus pies.
Encuentra un certificado de ‘estudiante del mes’ y un diario en el suelo, los recoge y los vuelve a meter al contenedor, cerrando cuidadosamente la tapa.
"Si revuelves mucho la basura, si la dejas en el suelo, la gente se enfada", dice.
En una casa un papel pegado en la tapa de un contenedor de reciclaje azul dice, con letra manuscrita, ‘Basura’. Rivas mira dentro de todos modos.

Hacia las 6:30 Rivas ha completado su ruta. Su carrito está lleno y varias bolsas de plástico cuelgan de uno de los lados, pero no encontró tanto como esperaba.
Camina a casa, ahora más lentamente, y deja su carrito a un costado de su casa. El carrito lleno -grande y sólido, de un supermercado de abarrotes que Rivas dice que encontró en la calle- huele a cerveza rancia, leche agria y comida podrida. Rivas no se inmuta. Entra, se saca la sudadera y la chaqueta y bebe una taza de café instantáneo.
Al otro lado de la calle, Ana González dice que respeta lo que hace su vecina para ganarse la vida, especialmente ahora que los alquileres han subido tanto en el barrio.
Algunas mañanas cuando González no puede dormir, se asoma a la ventana y ve a Rivas salir de su casa con el carrito a las tres de la mañana.
"No sé adónde va", dice. "Pero algunos días vuelve recién al mediodía".
Un día la encontró en el supermercado y Rivas llevaba bolsas de pan, jugo, leche y frijoles. González dijo que le sorprendió ver todas las cosas que podía comprar Rivas con lo que ganaba al día.
Algunas horas después, Rivas vuelve a salir, esta vez hacia el centro de reciclaje. Abre a las diez de la mañana, pero no quiere ser la última de la cola.
Cuando llega, Rivas saluda a varias personas, incluyendo a un hombre que hace reciclaje para complementar el subsidio de la seguridad social y una mujer que empezó a reciclar después de que empezara a ver mal y perdiera su trabajo en una fábrica.
"¿Dónde está tu carrito?", pregunta un hombre en español.
"Allá", responde Rivas, señalando atrás de ella.
"¿Por qué tan poco?", dice el hombre.
"No dejaste nada para mí", dice riendo.
En el centro, un cartel hace el listado del precio de los reciclables. Las latas de aluminio son las mejor pagadas (un dólar 56 por medio kilo), botellas de cristal las peor (11 centavos por medio kilo). Calcula lo que ganará por la cantidad de bolsas y la altura de su pila.
Si ha tenido un buen día, cruza el aparcadero para comprar pilas para la linterna, guantes nuevos, leche, frijoles o tortillas. En días realmente buenos, compra carne o incluso algún pequeño regalo para uno de sus hijos. Hace poco llevó a casa una balón de fútbol para su hijo menor.
Hoy, sin embargo, no es uno de esos días. Vacía las latas y botellas en gigantescos contenedores azules, deteniéndose para separar el ketchup y los refrescos. Clink. Clink. Clink. Clink.
Cuando le toca su turno, el empleado pesa los contenedores y cuenta el total. Le entrega un recibo y cincuenta dólares con treinta centavos.
"Poquito", dice, sacudiendo la cabeza.
Rivas se consuela porque en casa tiene otro carrito lleno. Había salido la noche anterior, y trabajado de seis a once de la mañana, en otro barrio.
Hará otro viaje al centro de reciclaje más tarde en el día, con la esperanza de ganar algo más.
De momento, coge su dinero y se lo mete al bolsillo. Luego recoge sus cosas, dice adiós a los otros y empuja su carrito en dirección a su casa.

29 de junio de 2009
12 de marzo de 2008
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otra muerte en la cárcel

mqh - 07 de febrero de 2009 - 19:05 - inmigración usa

Cada vez más interrogantes en una muerte provocada por abandono.

[Nina Bernstein] Vivió en Estados Unidos 42 de sus 48 años, y tenía las palabras "Criado en Estados Unidos" tatuadas en su hombro. Pero Guido R. Newbrough había nacido en Alemania, y murió en noviembre tras ser como inmigrante ilegal en una cárcel de Virginia, su corazón destruido por una imparable infección bacterial.
Guido Newbrough, que vivió en Estados Unidos durante 42 años, murió como un inmigrante ilegal.
Su familia y otros detenidos dicen que no le trataron la infección, pese a sus súplicas de que fuera visto por un médico en los diez días que precedieron su muerte. Según los detenidos, en lugar de eso, después de que sus peticiones de ayuda se hicieran más insistentes, los guardias de la Cárcel Regional Piedmont, en Farmville, Virginia, lo arrojaron al suelo, lo arrastraron mientras él gritaba de dolor y lo encerraron en una celda de castigo.
Varios días después, el 27 de noviembre, Newbrough, un obrero de la construcción que había cumplido una pena de prisión por abusar sexualmente de la hijita de su novia, fue encontrado inconsciente en su celda y murió al día siguiente en un hospital sin que recobrara la conciencia. El informe de la autopsia menciona una virulenta infección de estafilococos como la causa subyacente de su muerte por endocarditis, una infección de las válvulas del corazón que normalmente se trata con antibióticos.
Las versiones sobre los últimos días de Newbrough duplican otros casos de muerte de inmigrantes detenidos, incluyendo a uno en la misma cárcel en diciembre de 2006, que provocó una inspección de funcionarios de inmigración que constataron que la unidad médica era tan deficiente que concluyeron que "la salud de los detenidos está en peligro".
Pero la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) no publicó nunca esas conclusiones, ni siquiera cuando se le preguntó sobre las acusaciones de abandono en esa muerte, de Abdoulai Sall, 50, un mecánico nacido en Guinea sin antecedentes penales cuyos riñones fallaron en el curso de varias semanas. En lugar de eso, cuando el Congreso y la prensa cuestionaron las prácticas médicas en las cárceles de condado, prisiones privadas y centros de detención federales bajo contrato para detener a no ciudadanos mientras el gobierno trata de deportarlos, los funcionarios defendieron a la unidad médica en ese y otros casos de muertes.
El informe de 2006 -un conjunto de puntos de discusión que la repartición preparó para que sus agentes de prensa usaran cuando discutieran las muertes de detenidos- fue obtenido recién por la Unión Americana por las Libertades Civiles mediante una demanda en el marco de la Ley de Libertad de Información; la organización proporcionó copias al New York Times, diario que fue el primero en informar sobre la muerte de Sall.
"Esta repartición ha fallado en varios niveles a la hora de realizar una supervisión básica y de procurar por la seguridad y el bienestar de los detenidos de la ICE", concluyó el informe de seis páginas poco después de su muerte. "La unidad de salud no cumple con los requisitos mínimos de la ICE".
El informe dice que la cárcel no respondió de manera adecuada cuando Sall enfermó y que incluso cuando lo encontraron inconsciente en el suelo, los empleados "estuvieron sin hacer nada durante aproximadamente un minuto" antes de tratar de revivirlo. Esta semana, el alcaide la cárcel, que dijo que no vio nunca el informe, rechazó firmemente esas conclusiones.
Pero Tom Jawetz, abogado del Proyecto de Cárceles Nacionales de la unión americana por las libertades, dijo que la nueva muerte en la misma cárcel subrayaba a nivel nacional la falta de responsabilidad en las cárceles para inmigrantes.
"Piedmont es un recinto que no tenía suficiente personal ni estaba en estado de responder a necesidades médicas básicas", dijo Jawetz. "Los informes sobre la muerte de Newbrough plantean serios interrogantes sobre si esas deficiencias fueron alguna vez remediadas".
Interrogado el lunes sobre qué medidas se habían tomado después de la muerte de Sall, la agencia de inmigración prometió responder, pero aún no lo ha hecho. Kelly A. Nantel, portavoz, dijo antes que se había iniciado una investigación sobre la muerte de Newbrough.
La cárcel Piedmont, de 780 camas, gestionada por los ayuntamientos de seis condados de Virginia, alberga normalmente a cerca de trescientos detenidos, aunque ahora tiene menos de 150. Pero Nantel negó los rumores de que la agencia estuviera sacándolos, como hizo el mes pasado en un centro de detención en Central Falls, Rhode Island, donde un extendido cáncer y la columna fracturada de un ingeniero informático chino no fueron diagnosticados sino poco antes de su muerte el 6 de agosto.
En ese caso, investigadores de la agencia federal de inmigración constataron que el ingeniero, Hiu Lui Ng, no había recibido tratamiento médico adecuado, y fue arrastrado de su celda a una camioneta cuando gritaba de dolor seis días antes de su muerte.
Los paralelos con las versiones de los detenidos sobre el tratamiento de Newbrough son sorprendentes para Jeff Winder, organizador de People United, una organización social de Virginia, que fue contactado por varios reos en Piedmont, que también hablaron con un periodista. La última muerte ha fortalecido la oposición de la organización a los planes de agentes inmobiliarios y funcionarios municipales de construir otro centro de detención para inmigrantes en Farmville, con capacidad de mil a dos mil quinientas camas.
"La ICE no tiene la obligación de enviar detenidos allá después de la muerte del siguiente reo", dijo Winder. "Farmville podría ganarse la reputación de ser un lugar donde los detenidos mueren por negligencia médica".
Ernest L. Toney, alcaide de la cárcel, negó las versiones de que Newbrough fuera maltratado, diciendo: "Ese no es nuestro protocolo". Refirió toda pregunta sobre su muerte a la agencia federal de inmigración.
Pero el doctor Homer D. Venters, experto en salud que se enteró del caso por la familia de Newbrough y revisó la autopsia, dijo que las evidencias disponibles mostraban que se habían violado las normas de detención, que es lo que permite que no se traten las infecciones tratables de los detenidos. Venters, docente de salud pública en la Universidad de Nueva York, criticó el servicio médico de los centros de detención de inmigrantes el año pasado cuando declaró durante una audiencia de un subcomité del Congreso y pertenece al grupo asesor de la Policía de Inmigración y Aduanas.
"Primero, aparentemente las quejas médicas de Newbrough fueron ignoradas", escribió en un análisis preliminar del caso para los padres de Newbrough. "Segundo, Newbrough fue castigado pese a que estaba enfermo y que había pedido asistencia médica. Tercero, Newbrough no fue controlado médicamente" en la celda de castigo.
Durante esos últimos días, agregó Venters en una entrevista, incluso los gendarmes debieron haber observado que Newbrough se encontraba en una situación crítica cuando las bacterias empezaron a colonizar su corazón, provocándolo abscesos en el cerebro, hígado y riñones. "Cuando la endocarditis no se trata, los pacientes mueren", dijo. Con atención médica moderna, la tasa de mortalidad es de veinticinco por ciento o menos.
"Nos sentimos impotentes", dijo el padrastro de Newbrough, Jack Newbrough, 70, ex sargento de la Fuerza Aérea que conoció a la madre de Guido, Heidi, y a Guido, entonces de dos años, cuando estuvo destinado en Alemania. "Estoy tan decepcionado de mi país, estoy decepcionado del sistema de seguridad que han instalado".
La señora Newbrough, 65, dijo que su hijo había sido abandonado por su esposa y sus tres hijos estadounidenses, había dejado de beber después de cumplir una pena de cárcel de once meses, por abuso sexual, y, estando en libertad condicional, se había mudado a su casa de infancia en Manassas, Virginia, después de vivir en un aparcamiento para caravanas en Stafford. Un artículo de 1999 sobre la vida en el aparcamiento, en el primer número de la revista Talk, Tina Brown lo entrevistó para su reportaje ‘Dialing America’.
"Nadie sabía que no era estadounidense", dijo su madre. "Ni él lo sabía. Se enteró recién cuando lo detuvieron aquí".
Su detención en febrero pasado, según muestran documentos de inmigración, fue el resultado de la Operation Coldplay, que revisa expedientes de reos en libertad condicional para encontrar a delincuentes sexuales cuya situación de residencia permita su deportación. Newbrough había aceptado lo que se conoce como la declaración Alford por cargos por "licencias indecentes con una menor" y agresión sexual agravada en 2002 -negando su culpabilidad, pero reconociendo que los fiscales tenían evidencias que podrían llevar a un jurado a condenarlo por abusar de la hija de cuatro años de su novia.
Newbrough, que no hablaba alemán, se habría convertido automáticamente en ciudadano estadounidense si su padrastro lo hubiese adoptado formalmente cuando era niño, o si su madre se hubiese naturalizado cuando era todavía menor de edad, en lugar de reconocerlo hace apenas cuatro años.
Cuando Newbrough esperaba en la cárcel Piedmont durante nueve meses, un abogado de inmigración alegó que había obtenido su ciudadanía a través de su padrastro. Pero el juez de inmigración rechazó su alegato. La apelación estaba pendiente a mediados de noviembre cuando Newbrough empezó a quejarse, en llamadas telefónicas, de terribles dolores de espalda y estómago, dijo su familia. Cuando le instaron a solicitar ayuda médica, les dijo: "Lo hice. Pero no les importa".
Varios detenidos entrevistados por teléfono la semana pasada dijeron que en las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias, el dolor de espalda de Newbrough se había hecho tan pesado que había empezado a sollozar en la noche, y algunos reos en el pabellón de noventa hombres empezaron a turnarse para hacerle compresas calientes. Pero el domingo en vísperas de Acción de Gracias, estaba desesperado, dijeron los detenidos, y empezó a golpear la puerta del comedor del pabellón gritando que lo ayudaran. Cuando los gendarmes respondieron, estaba sentado a una mesa.
"Le dijeron que se pusiera de pie, y él dijo que no podía porque tenía demasiado dolor", contó Salvador Alberto Rivas, que se identificó como compañero de celda de Newbrough y estaba esperando que lo deportaran a El Salvador. "Empezó a gritar porque le dolía, y trató de explicarles que había pedido ayuda médica y que lo habían ignorado. Y entonces uno de los gendarmes lo arrojó al suelo".
"Lo arrastraron de las piernas, frente a unas treinta personas", contó otro detenido, que sólo dijo que llamaba José por temor a las represalias, agregando que desde entonces muchos testigos habían sido trasladados a otras cárceles o deportados.
"No sabíamos que se estaba muriendo", agregó José, que escribió sobre el caso en una carta publicada online por un semanario español. "Lo llevaron al agujero. Estaba aullando que lo ayudaran".
Esa información, dijo, provenía de un reo que estaba en la sección de castigo al mismo tiempo que Newbrough, pero que ya fue deportado, que estaba tan indignado por la muerte de Newbrough que dejó su nombre y su número de registro como extranjero -René Córdoba Palma, No. 088424581- para el caso de que alguien quisiera su testimonio.

7 de febrero de 2009
27 de enero de 2009
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cc traducción mQh

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probable nueva política de inmigración

mqh - 27 de diciembre de 2008 - 16:28 - inmigración usa

Es demasiado pronto para saber si con el presidente electo Barack Obama Estados Unidos restaurará el realismo, la sanidad y la legalidad a su política de inmigración. Pero nunca es demasiado temprano para la esperanza, y las estrellas parecen estar preparándose, al menos entre sus nominados al gabinete. Editorial del New York Times.

Si se confirma el equipo de Obama, el país tendrá una ministro de Seguridad Interior, Janet Napolitano, de Arizona, y un ministro de Comercio, Bill Richardson, de Nuevo México, que conocen la región fronteriza y comparten un bien documentado desdén por las políticas de implementación de políticas de inmigración impropias e insensatas, como la valla fronteriza del gobierno de Bush. Y tendrá una ministro del Trabajo, Hilda Solís, de California, que, como senadora del estado y congresista, goza de toda una reputación como una incondicional defensora de los inmigrantes y de los trabajadores.
La confluencia de inmigrantes y el trabajo es exactamente lo que este país -particular y desastrosamente el gobierno de Bush- no ha sido capaz de lograr.
En términos simples, lo que Solís y Obama parecen saber instintivamente es esto: Si defiendes los derechos de los trabajadores, incluso de los que trabajan aquí ilegalmente, entonces defiendes los derechos de todos los trabajadores estadounidenses. Si ignoras y reduces los derechos de los inmigrantes ilegales, estimulas la explotación que erosiona las condiciones laborales y la seguridad laboral en todas partes. En tiempos de penuria económica, la estabilidad y dignidad de la fuerza laboral es vital.
Es por esto que es tan importante revertir las tácticas de inmigración del gobierno de Bush, que durante años han abordado el problema al revés y hacia atrás. Para aplacar a los nativistas republicanos, no escatimó escasos recursos para la persecución y castigo de los inmigrantes ilegales. Su campaña de allanamientos, detenciones y la valla fronteriza fue un error moral. Entre otras cosas, aterrorizaba y separaba a las familias y condujo a algunas espantosas muertes en cárceles improvisadas. Hacía mofa de la tradición americana de hospitalidad y asimilación de los trabajadores inmigrantes.
Pero también fue un error estratégico porque hizo poco o nada para frenar la marea ilegal, creando al mismo tiempos las condiciones mismas en las que puede prosperar la economía ilegal. Los trabajadores inmigrantes ilegales no pueden formar sindicatos. Y sin una ruta hacia la legalización y bajo la amenaza de un implacable régimen policial, no pueden reclamar por sus derechos.
Es un sistema que los dueños de negocios e industrias más sucios y canallas -como el infernal matadero de Postville, Iowa, que funcionaba con inmigrantes menores de edad- no podrían haber ideado mejor. Durante todo el período, la respuesta del gobierno de Bush a las críticas fue más policías.
Solís, cuyo padre llegó a Estados Unidos desde México y fue dirigente sindical de los camioneros, y cuya madre, de Nicaragua, trabajó en una cadena de montaje, promete un claro rompimiento con ese pasado. Vive en El Monte, un suburbio de Los Angeles donde en los últimos años conocimos dos impresionantes historias de inmigrantes y trabajo.
La primera fue trágica: el infame allanamiento de 1995 de un taller clandestino donde trabajadores tailandeses eran mantenidos en condiciones de esclavitud detrás de una valla de alambres de púa. La segunda es menos conocida, pero de lejos más alentadora: un espacio de contratación para los jornaleros junto a un estacionamiento de Home Depot. Los latinos que se reúnen en ese espacio seguro y bien administrado tienen asegurado un salario informal mínimo y se protegen unos a otros contra patrones abusadores y ladrones. Es bueno para la tienda, para sus clientes y sus trabajadores.
Solís es una defensora de esos espacios y se ha opuesto a proyectos en otras ciudades para dictar ordenanzas con el fin de dispersar a los jornaleros y obligarlos a vivir en la clandestinidad. Cree que si los jornaleros terminan en nuestros suburbios, es mejor brindarles lugares seguros para reunirse antes que permitir la existencia de un bazar de trabajo sin control que reduce los salarios y empeora las condiciones laborales.
Eso es sabiduría local que merece ser incorporada al gobierno federal.

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murió gilberto león

mqh - 04 de agosto de 2008 - 22:55 - inmigración usa

Lió habanos con la mano durante veintinueve años en la Calle 6 de Los Angeles. El cubano-americano pasaba seis días a la semana en su apretada tienda cerca de la Western Avenue, atendiendo a clientes que eran sus amigos. A los 87.

[Mary Rourke] Gilberto León vendía solamente cigarros en su Leon Cigars, la pequeña tienda donde pasaba seis días a la semana. No hablaba mucho inglés, y la mayoría de sus clientes no hablaban español, pero cuando murió el lunes, un letrero en la puerta de la tienda ofrecía -en inglés- los detalles de su funeral. Después de veintinueve años en la misma ubicación en la Calle 6, cerca de Western Avenue, muchos de sus clientes lo consideraban un buen amigo.
León, 87, murió en el Hospital del Buen Samaritano de Los Angeles por complicaciones de una enfermedad respiratoria, dijo su hijastra Mónica Castillo. Vivió largo tiempo en Silver Lake.

Nacido el 17 de marzo de 1921, aprendió a liar puros en las fábricas de su Habana natal. "Éramos pobres. Tenías que aprender a hacer algo, y esto es lo que aprendí", dijo León en una entrevista con el Times en 2002.
Abrió su propia tienda, pero la vendió en 1959 durante la revolución cubana, convencido de que su propiedad sería requisada por el nuevo gobierno marxista.
Volvió a la fábrica de cigarros hasta que el nuevo presidente de Cuba, Fidel Castro, lo mandó a trabajar sin paga en las plantaciones de caña de azúcar.
"Así es como me gané el derecho a dejar el país", dijo León más tarde. Después de cinco años cortando caña, obtuvo una visa de salida en 1971 y se mudó a Los Angeles.
Abrió su tienda en la Calle 6 en 1979. El pequeño y atiborrado espacio tenía hojas de tabaco apiladas sobre viejos escritorios, un mesón de madera y un diminuto espacio de trabajo donde liaba los puros.
"Si estiraba los brazos, podía tocar las dos paredes a la vez", dijo Dean Kamiyama, cliente y amigo de León que pasaba por su tienda, a veces, a las cinco de la mañana, se fumaba un cigarro y bebía café cubano que León preparaba en un hornillo caliente. Cuatro personas en la tienda eran toda una multitud. Si la puerta se abría, todos tenían que apretujarse para dejar espacio.
León compraba tabaco de semillas cubanas que se cultiva en México, la República Dominica y América Central. Jueces, abogados, camioneros y barrenderos eran algunos de sus clientes habituales.
"Gilberto trataba a todo el mundo de la misma manera", dijo Kamiyama.
Nadie lo apuraba.
"Podría haber una multitud esperando fuera, pero él se tomaba su tiempo a la hora de liar un puro", dijo Kamiyama.
León y sus dos ayudantes liaban unos seiscientos cigarros al día, y los precios iban de tres a seis dólares.
"Siempre había hombres en la tienda, fumando, mirando a mi papá haciendo los cigarros", dijo Castillo esta semana.
Nadie hablaba mucho.
"Un amigo de mi papi me dijo que los hombres no necesitan hablar", dijo Castillo. "Se entienden sin hablar".

León se casó tres veces. Su mujer, Carmelina, trabajó con él en la tienda y piensa mantenerla abierta.
Le sobreviven, con su esposa e hijastra, su hijo Miguel, de Miami; una hijastra, Ivy Frazier, de Los Angeles; y varios nietos. También le sobreviven su hermano Armando, de Artemisa; y sus hermanas Marina Rivero, de Miami, y Janicenta Cabrera, de West Covina y Miami.

mary.rourke@latimes.com

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cárceles para familias

mqh - 27 de junio de 2008 - 09:31 - inmigración usa

Agencia de inmigración planea construir nuevos centros de detención para familias. La ICE federal, que ya gestiona dos de esos centros, quiere construir tres más.

[Anna Gorman] El gobierno federal está aceptando propuestas para la construcción de tres nuevos centros de detención de familias para albergar a seiscientos hombres, mujeres y niños en espera de ser deportados.
El Servicio de Inmigración y Aduanas [ICE] publicó un llamado a licitación el mes pasado y fijó el 16 de junio como fecha de cierre. Las nuevas instalaciones se construirán en las dos costas y en la frontera del sudoeste. La agencia solicita instalaciones residenciales de seguridad mínima que proporcionen un "ambiente menos restrictivo" y ofrezcan a los niños educación y actividades recreativas y acceso a servicios religiosos.
La detención de familias ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos y de derechos de los inmigrantes como punitiva e innecesaria. Pero las autoridades de inmigración dicen que así se asegura que los inmigrantes comparezcan a las audiencias del tribunal y dejen el país cuando se les deporte.
"La detención de familias ha tenido el impacto que buscábamos", dijo Kelly Nantel, portavoz del ICE. "Ya no vemos tantas familias cruzando la frontera. Ese pasaje automático ya no existe".
Actualmente hay dos recintos de familias: una antigua casa de reposo en Pensilvania y una antigua prisión en Tejas. El centro de detención T. Don Hutto, en Taylor, Tejas, fue inaugurado en 2006 y en su primer año debió hacer frente a protestas y demandas judiciales que lo acusaban de hacer vivir a los niños en condiciones deplorables. Un acuerdo resultó en reformas en el modo en que son tratados los niños.
Las nuevas instalaciones permitirán más flexibilidad al gobierno y posibilitarán que la agencia mantenga juntas a las familias, dijo Nantel. Esta semana en Los Angeles tres madres ilegales y sus infantes, incluyendo a un niño estadounidense, fueron encontrados entre las cerca de sesenta personas descubiertas en una casa de tránsito utilizada por transportistas. Debido a que no existe una instalación cercana, las mujeres y niños están siendo alojados en un refugio privado.
La Unión Americana de Libertades Civiles criticó el plan de abrir nuevos centros de detención familiar.
"Después de las horribles condiciones que se descubrieron en el centro Hutto, es decepcionante que el gobierno quiera construir más cárceles de inmigración para familias y niños", dijo Ahilan Arulanantham, abogado de la sección de California del Sur.
Arulanantham dijo que la mayoría de las familias no representan un peligro para la seguridad ni un riesgo de fuga y no deberían ser internadas. En lugar de eso, dijo, deberían poder dejar una fianza, portar monitores electrónicos o formar parte de un programa de supervisión intensivo.
"Hay otros modos de disuadir la inmigración ilegal sin encarcelar a los niños", dijo. "Esta licitación demuestra que nos hemos aficionado al encarcelamiento como un método para resolver nuestros problemas, que obviamente no los resuelve".
En casos extremos, dijo Arulanantham, algunas familias podrían ser alojadas en algún tipo de residencias, pero no en antiguas cárceles gestionadas por compañías carcelarias privadas.
El Servicio de Inmigración y Aduanas planea revisar los proyectos y tomar una decisión en los próximos meses, dijo Nantel. Los proyectos podrían ser presentados por ayuntamientos y compañías privadas. Las facilidades deben albergar hasta doscientas personas cada una -ciento cincuenta jóvenes y cincuenta adultos. Las autoridades calculan que los detenidos deberán permanecer en el centro entre veinte a treinta días.
El llamado a licitación exige instalaciones de seguridad mínima y llama a los centros ‘refugios residenciales familiares’, aunque dice que los contratistas deberán presentar proyectos "diseñados para impedir las fugas" y proponer un plan que "cuente a los internos y controle sus movimientos". No se admitirá a personas con antecedentes criminales.
El vice-presidente de la Corrections Corp. of America, Damon Hininger, dijo que estaba al tanto de la licitación y que la compañía lo estaba "estudiando". La compañía gestiona varios centros de detención de inmigrantes, incluyendo Hutto.
Hutto tiene 450 camas y, hasta la semana pasada, contaba con 150 internos. Si se construyen las nuevas instalaciones, la agencia considerará el traslado de las familias actualmente en Hutto y usará este como un centro de detención de inmigrantes adultos, dijo Nantel.
"Administrar un recinto residencial en una antigua cárcel fue todo un reto", dijo. "Hemos aprendido de Hutto".
Cuando el centro abrió, los niños recibieron camisones de hospital, se les prohibió tener juguetes y sólo se les permitía una hora de recreación al día, dijeron los abogados. Como resultado de un acuerdo, ahora los niños pueden llevar piyama, moverse libremente en el centro y tener juguetes en sus cuartos. También ha habido cambios en el edificio, incluyendo la construcción de cuartos de servicio privados, murales y la substitución de las puertas de metal.
Dados los objetivos de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Interior, los abogados no se muestran demasiado optimistas sobre los futuros centros familiares.
"Tienen en sus cabezas el modelo del sistema penitenciario", dijo Andrea Black, coordinadora de Detention Watch Network, una coalición de organizaciones que aboga por la reforma de la detención y deportación de inmigrantes. "Dadas su actual filosofía y prácticas, creo que para ellos sería difícil gestionar un centro de familias que no fuera punitivo".
La necesidad de encarcelar a familias surgió de la presencia de numerosas familias ilegales que cruzan las fronteras clandestinamente o se ocultan en Estados Unidos, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Inmigración, una organización sin fines de lucro que propone reducir la cantidad de inmigrantes.
"Esto es un reconocimiento de las realidades de la población extranjera ilegal", dijo. "Los dejaban salir y esperaban que volvieran. Eso no ha resultado, para decir lo menos. Es simplemente el péndulo que viene de vuelta".

anna.gorman@latimes.com

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