furia en méxico
[Ginger Thompson] Después de años de torpezas y obstrucciones, las familias de las víctimas sospechan que las autoridades están implicadas en los asesinatos de mujeres en México.
Ciudad Juárez, México. Víctor Javier García todavía tiene las marcas de los cigarrillos que apagó la policía en su abdomen y genitales, torturándolo para que confesara falsamente ser un asesino en serie.
Para el juez de un tribunal inferior no era importante que los análisis de ADN de los cuerpos de las víctimas no fueran concluyentes. O que un médico forense declarara que sus superiores le ordenaron inventar evidencias. O incluso que algunos testigos se retractaron, diciendo que la policía les había amenazado para que declararan en falso.
De todos modos, García fue condenado a 50 años de cárcel.
La Corte Suprema del Estado de Chihuahua revocó la sentencia en junio y dejó en libertad a García, pero sólo después de pasar tres años y medio en prisión, durante los cuales perdió su negocio, sus ahorros, y su esposa, que lo dejó por otro.
"Imagínese", dijo en una entrevista, tragándose las lágrimas. "Donde fuera, la gente la miraba como si estuviera casada con un terrible asesino, cuando los verdaderos criminales están libres. Todavía están libres".
Inquietante como es, el caso de García no es aislado. Observadores internacionales, activistas de derechos humanos y autoridades federales dicen que ilustra un inquietante patrón de mala fe de parte de las autoridades policiales del estado responsables de la investigación del más espantoso misterio criminal: la muerte la década pasada de más de 350 mujeres en este área fronteriza, incluyendo al menos a 90 que fueron violadas y asesinadas de manera similar.
Sea que se trate de incompetencia, corrupción o una horrible conexión con los crímenes, los chapucerías y encubrimientos fueron tantos, dicen investigadores federales que la policía y otros funcionarios se han convertido ellos mismos en sospechosos de estar relacionados con los asesinatos.
"La pregunta que yo y otros nos hacemos", dijo Guadalupe Morfín, enviada especial del presidente Fox a Ciudad Juárez, "es por qué llegan las autoridades al extremo de inventar culpables. Quizás se debió a incompetencia. O quizás fue porque no querían ser descubiertos".
En un discreto pero importante cambio, un nuevo equipo de funcionarios del estado ha tomado medidas para corregir errores pasados revisando y reabriendo 100 casos. Han llamado a un equipo forense argentino para que exhume cuerpos no identificados y recuperen otros conservados en las morgues del estado para análisis de ADN. La revocación del caso de García también hace parte de un nuevo esfuerzo de algunos tribunales para investigar las evidencias más cuidadosamente.
Pero prácticamente todos están de acuerdo en que los problemas en torno a las investigaciones son profundas y están lejos de haber sido resueltas.
Funcionarios de alto rango nombrados por Fox hace dos años para revisar los casos han acusado a las autoridades del estado de minimizar los asesinatos, de fracasar a la hora de iniciar pesquisas para rescatar a tiempo a mujeres desaparecidas, de encubrir y falsificar evidencias cruciales, y de torturar a detenidos para que se declaren culpables.
Sus acciones, dicen los funcionarios, tenían no solamente la intención de evitar una pesadilla de relaciones públicas a medida que crecía la presión internacional, sino también proteger a los muchos que son sospechosos de estar detrás de los asesinatos, incluyendo a funcionarios policiales corruptos, poderosos traficantes de drogas y otras bandas organizadas.
Críticos del estado dicen que los encubrimientos han creado un segundo ciclo de injusticia y han retrasado las investigaciones en años. El gobierno ha creado un fondo de 30 millones de dólares para los familiares de las muertas y la opinión pública espera que una parte sea destinada a los que han sido acusados falsamente. Pero de momento, tienen pocos recursos, incluso en tribunales.
Entretanto hay cada vez más signos de que los asesinatos aparentemente en serie se han extendido a otras ciudades, como Chihuahua, 320 kilómetros a lo largo de la fronteral; Toluca, un suburbio de Ciudad de México; Veracruz, la capital del Golfo de México; y Tuxla Gutiérrez en el sureño estado de Chiapas. El fiscal general Daniel Cabeza de Vaca dice que está considerando nombrar a un fiscal especial para que investigue.
Si se logra o no justicia en Ciudad Juárez, donde empezaron los asesinatos, se ha convertido en una importante prueba de los esfuerzos de México por implantar el imperio de la ley, los derechos humanos y el respeto de las leyes, dicen las autoridades.
Ciudad Juárez, una capital industrial de 1.3 millones de habitantes, se ha ganado el deshonor de ser la ciudad más violenta de México. Sigue estando en garras del crimen organizado, especialmente de traficantes de drogas y bandas de prostitución que son protegidas por autoridades corruptas, dicen funcionarios policiales.
Mujeres y niñas siguen desapareciendo y sufriendo violentas muertes aquí a una tasa dos veces más alta que en el resto del país. Al menos 36 mujeres y niñas, incluyendo dos niñas de 7 y 11 han sido asesinadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua desde principios de 2004, de acuerdo a informaciones compiladas por la Oficina sobre América Latina de Washington en base a informes de prensa y de las autoridades policiales. Personas que son probablemente inocentes siguen en prisión acusadas de muchos de los asesinatos, basándose en poco más que confesiones que dicen que fueron obtenidas bajo tortura. Entretanto, las autoridades responsables de colocarlos allá -así como los que cometieron los crímenes-, están libres.
Morfín dijo que las revisiones de casos como el de García han empezado a revelar corrupción y abusos en altos niveles, implicando al ex fiscal del estado Jesús José Solís Silva, y el ex director de la policía del estado, Vicente González García.
Ambos hombres fueron absueltos el año pasado después de que las autoridades federales encontraran los cuerpos de 12 hombres, que se cree que fueron asesinados en pendencias relacionadas con el tráfico de drogas, en el patio de una casa en las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades federales han detenido al menos a 16 agentes de policía del estado en relación con los asesinatos.
Al renunciar, Solís dijo que había sido objeto de acusaciones infundadas. González renunció sin hacer comentarios, junto con otros tres jefes policiales, dos semanas más tarde. Si se los vincula a algún delito, dijo Morfín en una entrevista, será difícil creer que lo hicieron solos.
"En estos casos, son las autoridades mismas las que están expuestas, y la sensación que ha empezado a extenderse es que, además de las omisiones y negligencias, también puede haber complicidad", dijo.
Esa posibilidad, dicen ella y otros, ayuda a explicar los extremos a los que han llegado las autoridades para procesar casos endebles. En el caso de García, no sólo hubo evidencias plantadas y declaraciones retiradas, sino además un abogado que trabajaba en el caso fue matado a balazos por agentes de policía que dijeron que lo habían confundido con un fugitivo.
Meses antes de la liberación de García, las autoridades iniciaron un caso igualmente dudoso contra una mujer americana de 46, Cynthia Kiecker Perzábal, y su marido mexicano, Ulises Perzábal, 47, que fueron detenidos hace dos años por el asesinato de Viviana Rayas, 16.
Poco después de que fueran arrestados en su casa en la ciudad de Chihuahua, dijo Kiecker, agentes de policía la separaron de su marido, la desnudaron y torturaron con descargas eléctricas durante dos días con sus noches. Podía oír los gritos de su marido, dijo. A veces, dijo, los agentes la obligaban a mirar cómo torturaban a su marido.
"Habría confesado cualquier cosas para que dejaran de torturarlo", recordó Kiecker. Eventualmente lo hizo, aceptando decir que ella y su marido habían matado a Viviana en un rito satánico.
La confesión forzada fue el único vínculo con el asesinato en un caso que se basó en gran parte en el estilo de vida de la pareja -pelo largo, tatuajes y una inclinación por el tarot.
"Usaron todas esas cosas para retratarnos como monstruos", dijo Kiecker. "La policía creó una imagen de nosotros como adoradores del demonio porque querían impresionar a la gente. La policía quería que la gente se horrorizara tanto, que nadie nos defendiera, y pudieran seguir con sus mentiras. Pero no les resultó". Estados Unidos siguió su caso estrechamente, pero no presentó una queja oficial ante México.
Patricia González, fiscal jefe de Chihuahua, rechazó las acusaciones de que las autoridades del estado hayan falsificado deliberadamente las investigaciones, diciendo que la mayor parte de los problemas que descubrió se derivaban de un adiestramiento ineficiente y equipos anticuados. El asesinato de mujeres en la frontera era un producto de la violencia intrafamiliar antes que el trabajo de asesinos en serie, dijo, y agregó que había empezado a re-adiestrar a la policía y fiscales con una ayuda de 5 millones de dólares de Estados Unidos.
Sin embargo, en una entrevista en el aeropuerto de Ciudad de México, concedió que docenas de expedientes están tan plagados de errores que su despacho estaba empezándolos de nuevo y dijo que había accedido a incorporar a un equipo forense argentino.
Las pruebas forenses anteriores eran tan defectuosas, dijo González, que las familias de muchas víctimas todavía no sabían dónde estaban enterrados sus seres queridos. Esas familias, dijo, se sentían tan burladas y maltratadas por las autoridades del estado que habían dejado de colaborar con ellos.
Entre ellas se encuentra Patricia Cervantes, que vive en la ciudad de Chihuahua. Su hija, Neyra Azucena, 20, desapareció hace 2 años. Su sobrino, David Meza Argueta, 29, está en prisión acusado de su asesinato.
Cervantes dice que no cree que su sobrino, que estaba al otro lado de México cuando desapareció Azucena, sea el asesino. En realidad, dijo, había viajado a Chihuahua para ayudar a encontrarla, encabezando grandes manifestaciones para exigir justicia.
Óscar Maynez, un ex experto forense del estado, ve la detención de Meza como otro ejemplo de abuso policial. Dijo que había dejado su trabajo porque no quería verse involucrado en la falsificación de acusaciones.
"Ese fue un claro mensaje de las autoridades a las familias de las víctimas", dijo. "Si haces mucho ruido, si exiges justicia, entonces el estado buscará una manera de hacerte responsable de los crímenes en tu familia".
Hoy, Cervantes no solamente desconfía de las autoridades, sino también está indignada. No está segura de que los restos que le entregó la policía -unos brillantes y limpios huesos- pertenezcan a su hija. Las pruebas independientes no fueron concluyentes. Médicos forenses americanos que examinaron las fotografías de los restos dijeron que el cráneo parecía el de un hombre.
"Al principio yo quería justicia para mi hija", dijo en una entrevista. "Ahora quiero más. Supongo que se le puede llamar venganza".
26 de septiembre de 2005
©new york times
©traducción mQh
Ciudad Juárez, México. Víctor Javier García todavía tiene las marcas de los cigarrillos que apagó la policía en su abdomen y genitales, torturándolo para que confesara falsamente ser un asesino en serie.Para el juez de un tribunal inferior no era importante que los análisis de ADN de los cuerpos de las víctimas no fueran concluyentes. O que un médico forense declarara que sus superiores le ordenaron inventar evidencias. O incluso que algunos testigos se retractaron, diciendo que la policía les había amenazado para que declararan en falso.
De todos modos, García fue condenado a 50 años de cárcel.
La Corte Suprema del Estado de Chihuahua revocó la sentencia en junio y dejó en libertad a García, pero sólo después de pasar tres años y medio en prisión, durante los cuales perdió su negocio, sus ahorros, y su esposa, que lo dejó por otro.
"Imagínese", dijo en una entrevista, tragándose las lágrimas. "Donde fuera, la gente la miraba como si estuviera casada con un terrible asesino, cuando los verdaderos criminales están libres. Todavía están libres".
Inquietante como es, el caso de García no es aislado. Observadores internacionales, activistas de derechos humanos y autoridades federales dicen que ilustra un inquietante patrón de mala fe de parte de las autoridades policiales del estado responsables de la investigación del más espantoso misterio criminal: la muerte la década pasada de más de 350 mujeres en este área fronteriza, incluyendo al menos a 90 que fueron violadas y asesinadas de manera similar.
Sea que se trate de incompetencia, corrupción o una horrible conexión con los crímenes, los chapucerías y encubrimientos fueron tantos, dicen investigadores federales que la policía y otros funcionarios se han convertido ellos mismos en sospechosos de estar relacionados con los asesinatos.
"La pregunta que yo y otros nos hacemos", dijo Guadalupe Morfín, enviada especial del presidente Fox a Ciudad Juárez, "es por qué llegan las autoridades al extremo de inventar culpables. Quizás se debió a incompetencia. O quizás fue porque no querían ser descubiertos".
En un discreto pero importante cambio, un nuevo equipo de funcionarios del estado ha tomado medidas para corregir errores pasados revisando y reabriendo 100 casos. Han llamado a un equipo forense argentino para que exhume cuerpos no identificados y recuperen otros conservados en las morgues del estado para análisis de ADN. La revocación del caso de García también hace parte de un nuevo esfuerzo de algunos tribunales para investigar las evidencias más cuidadosamente.
Pero prácticamente todos están de acuerdo en que los problemas en torno a las investigaciones son profundas y están lejos de haber sido resueltas.
Funcionarios de alto rango nombrados por Fox hace dos años para revisar los casos han acusado a las autoridades del estado de minimizar los asesinatos, de fracasar a la hora de iniciar pesquisas para rescatar a tiempo a mujeres desaparecidas, de encubrir y falsificar evidencias cruciales, y de torturar a detenidos para que se declaren culpables.
Sus acciones, dicen los funcionarios, tenían no solamente la intención de evitar una pesadilla de relaciones públicas a medida que crecía la presión internacional, sino también proteger a los muchos que son sospechosos de estar detrás de los asesinatos, incluyendo a funcionarios policiales corruptos, poderosos traficantes de drogas y otras bandas organizadas.
Críticos del estado dicen que los encubrimientos han creado un segundo ciclo de injusticia y han retrasado las investigaciones en años. El gobierno ha creado un fondo de 30 millones de dólares para los familiares de las muertas y la opinión pública espera que una parte sea destinada a los que han sido acusados falsamente. Pero de momento, tienen pocos recursos, incluso en tribunales.
Entretanto hay cada vez más signos de que los asesinatos aparentemente en serie se han extendido a otras ciudades, como Chihuahua, 320 kilómetros a lo largo de la fronteral; Toluca, un suburbio de Ciudad de México; Veracruz, la capital del Golfo de México; y Tuxla Gutiérrez en el sureño estado de Chiapas. El fiscal general Daniel Cabeza de Vaca dice que está considerando nombrar a un fiscal especial para que investigue.
Si se logra o no justicia en Ciudad Juárez, donde empezaron los asesinatos, se ha convertido en una importante prueba de los esfuerzos de México por implantar el imperio de la ley, los derechos humanos y el respeto de las leyes, dicen las autoridades.
Ciudad Juárez, una capital industrial de 1.3 millones de habitantes, se ha ganado el deshonor de ser la ciudad más violenta de México. Sigue estando en garras del crimen organizado, especialmente de traficantes de drogas y bandas de prostitución que son protegidas por autoridades corruptas, dicen funcionarios policiales.
Mujeres y niñas siguen desapareciendo y sufriendo violentas muertes aquí a una tasa dos veces más alta que en el resto del país. Al menos 36 mujeres y niñas, incluyendo dos niñas de 7 y 11 han sido asesinadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua desde principios de 2004, de acuerdo a informaciones compiladas por la Oficina sobre América Latina de Washington en base a informes de prensa y de las autoridades policiales. Personas que son probablemente inocentes siguen en prisión acusadas de muchos de los asesinatos, basándose en poco más que confesiones que dicen que fueron obtenidas bajo tortura. Entretanto, las autoridades responsables de colocarlos allá -así como los que cometieron los crímenes-, están libres.
Morfín dijo que las revisiones de casos como el de García han empezado a revelar corrupción y abusos en altos niveles, implicando al ex fiscal del estado Jesús José Solís Silva, y el ex director de la policía del estado, Vicente González García.
Ambos hombres fueron absueltos el año pasado después de que las autoridades federales encontraran los cuerpos de 12 hombres, que se cree que fueron asesinados en pendencias relacionadas con el tráfico de drogas, en el patio de una casa en las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades federales han detenido al menos a 16 agentes de policía del estado en relación con los asesinatos.
Al renunciar, Solís dijo que había sido objeto de acusaciones infundadas. González renunció sin hacer comentarios, junto con otros tres jefes policiales, dos semanas más tarde. Si se los vincula a algún delito, dijo Morfín en una entrevista, será difícil creer que lo hicieron solos.
"En estos casos, son las autoridades mismas las que están expuestas, y la sensación que ha empezado a extenderse es que, además de las omisiones y negligencias, también puede haber complicidad", dijo.
Esa posibilidad, dicen ella y otros, ayuda a explicar los extremos a los que han llegado las autoridades para procesar casos endebles. En el caso de García, no sólo hubo evidencias plantadas y declaraciones retiradas, sino además un abogado que trabajaba en el caso fue matado a balazos por agentes de policía que dijeron que lo habían confundido con un fugitivo.
Meses antes de la liberación de García, las autoridades iniciaron un caso igualmente dudoso contra una mujer americana de 46, Cynthia Kiecker Perzábal, y su marido mexicano, Ulises Perzábal, 47, que fueron detenidos hace dos años por el asesinato de Viviana Rayas, 16.
Poco después de que fueran arrestados en su casa en la ciudad de Chihuahua, dijo Kiecker, agentes de policía la separaron de su marido, la desnudaron y torturaron con descargas eléctricas durante dos días con sus noches. Podía oír los gritos de su marido, dijo. A veces, dijo, los agentes la obligaban a mirar cómo torturaban a su marido.
"Habría confesado cualquier cosas para que dejaran de torturarlo", recordó Kiecker. Eventualmente lo hizo, aceptando decir que ella y su marido habían matado a Viviana en un rito satánico.
La confesión forzada fue el único vínculo con el asesinato en un caso que se basó en gran parte en el estilo de vida de la pareja -pelo largo, tatuajes y una inclinación por el tarot.
"Usaron todas esas cosas para retratarnos como monstruos", dijo Kiecker. "La policía creó una imagen de nosotros como adoradores del demonio porque querían impresionar a la gente. La policía quería que la gente se horrorizara tanto, que nadie nos defendiera, y pudieran seguir con sus mentiras. Pero no les resultó". Estados Unidos siguió su caso estrechamente, pero no presentó una queja oficial ante México.
Patricia González, fiscal jefe de Chihuahua, rechazó las acusaciones de que las autoridades del estado hayan falsificado deliberadamente las investigaciones, diciendo que la mayor parte de los problemas que descubrió se derivaban de un adiestramiento ineficiente y equipos anticuados. El asesinato de mujeres en la frontera era un producto de la violencia intrafamiliar antes que el trabajo de asesinos en serie, dijo, y agregó que había empezado a re-adiestrar a la policía y fiscales con una ayuda de 5 millones de dólares de Estados Unidos.
Sin embargo, en una entrevista en el aeropuerto de Ciudad de México, concedió que docenas de expedientes están tan plagados de errores que su despacho estaba empezándolos de nuevo y dijo que había accedido a incorporar a un equipo forense argentino.
Las pruebas forenses anteriores eran tan defectuosas, dijo González, que las familias de muchas víctimas todavía no sabían dónde estaban enterrados sus seres queridos. Esas familias, dijo, se sentían tan burladas y maltratadas por las autoridades del estado que habían dejado de colaborar con ellos.
Entre ellas se encuentra Patricia Cervantes, que vive en la ciudad de Chihuahua. Su hija, Neyra Azucena, 20, desapareció hace 2 años. Su sobrino, David Meza Argueta, 29, está en prisión acusado de su asesinato.
Cervantes dice que no cree que su sobrino, que estaba al otro lado de México cuando desapareció Azucena, sea el asesino. En realidad, dijo, había viajado a Chihuahua para ayudar a encontrarla, encabezando grandes manifestaciones para exigir justicia.
Óscar Maynez, un ex experto forense del estado, ve la detención de Meza como otro ejemplo de abuso policial. Dijo que había dejado su trabajo porque no quería verse involucrado en la falsificación de acusaciones.
"Ese fue un claro mensaje de las autoridades a las familias de las víctimas", dijo. "Si haces mucho ruido, si exiges justicia, entonces el estado buscará una manera de hacerte responsable de los crímenes en tu familia".
Hoy, Cervantes no solamente desconfía de las autoridades, sino también está indignada. No está segura de que los restos que le entregó la policía -unos brillantes y limpios huesos- pertenezcan a su hija. Las pruebas independientes no fueron concluyentes. Médicos forenses americanos que examinaron las fotografías de los restos dijeron que el cráneo parecía el de un hombre.
"Al principio yo quería justicia para mi hija", dijo en una entrevista. "Ahora quiero más. Supongo que se le puede llamar venganza".
26 de septiembre de 2005
©new york times
©traducción mQh
jefe policial asesinado
[Héctor Tobar] Pistoleros matan a jefe de seguridad de Michoacán.
Ciudad de México, México. El sábado policías federales y locales barrieron Michoacán persiguiendo a los pistoleros que asesinaron al jefe de seguridad pública del estado sureño durante un banquete de cumpleaños en un atiborrado restaurante.
Rogelio Zarazúa Ortega, supervisor civil de la fuerza de policía de Michoacán, fue matado a balazos el viernes noche mientras cenaba con dos docenas de amigos y familiares. También fue ultimado uno de los guardaespaldas policiales de Zarazúa.
Funcionaros federales dijeron el sábado que creían que los dos fueron las últimas víctimas de una guerra entre dos de los carteles de narcotraficantes más poderosos del país, que están peleando entre ellos y contra la policía por el lucrativo negocio de la marihuana, la heroína y la anfetamina.
En lo que va de año, en Michoacán las bandas de nacrotraficantes han asesinado a 215 personas. En todo México, la violencia relacionada con los carteles se ha reclamado más de 1.000 vidas este año, incluyendo la del jefe de policía de Ciudad Juárez, que fuera asesinado a horas de su investidura.
Testigos dijeron que dos pistoleros cometieron los homicidios el viernes noche en un barrio residencial de la capital del estado, Morelia. Los hombres entraron al restaurante con rifles de asalto AK-47, conocidos aquí con el apodo de cuerno de chivo, debido a la forma distintiva de sus cargadores.
Zarazúa recibió al menos una docena de impactos de bala en el pecho y cuello, de acuerdo a boletines de noticia locales.
Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, llegó poco después al lugar de los hechos, prometiendo llevar a los asesinos a justicia.
La semana pasada, el presidente mexicano Vicente Fox envió a tropas del ejército para ayudar a patrullar Acapulco, la ciudad más populosa del estado de Guerrero, después de una serie de incidentes violentos relacionados con las drogas en la que se atacaron con granadas de mano al menos a cuatro comisarías de policía locales.
El jueves, un agente de policía se convirtió en el octavo agente en ser asesinado en lo que va de año por pistoleros de un cartel de narcotraficantes en Acapulco.
En Michoacán, el asesinato de Zarazúa se produjo después de una semana especialmente sangrienta de narcoviolencia' que presenció al menos 15 asesinatos en ciudades y pueblos en todo el estado.
Funcionarios policiales de Michoacán han dicho que el cartel de Sinaloa y el del Golfo están peleando por el control de las plantaciones de marihuana y amapola, junto con un creciente número de laboratorios que producen anfetaminas. Joaquín El Chapo Guzmán dirige el cartel de Sinaloa; las filas del cartel del Golfo incluye a ex soldados del ejército conocidos como Zetas.
El diario Cambio de Michoacán informó el sábado que Zarazúa había recibido una serie de amenazas por teléfono y en cartas, advirtiéndole no "perjudicar los intereses" de los carteles de narcotraficantes.
Durante los 11 meses que estuvo Zarazúa en el cargo, la policía de Michoacán allanó en Morelia siete laboratorios de drogas y detuvo a tres sospechosos de ser sicarios Zetas.
El viernes, en el festivo nacional que celebra la independencia mexicana, Zarazúa estaba en una salón de banquetes cerca de la parte de atrás del restaurantes Las Trojes. Los pistoleros, vestidos de negro, gritaron: "¡No se mueva nadie!" y abrieron el fuego contra Zarazúa, de acuerdo a informes de la prensa local. Murió instantáneamente.
Ninguno de los otros comensales, incluyendo a la esposa de Zarazúa, resultó herido.
Los pistoleros escaparon luego hacia un camión, donde eran esperados por al menos 4 colegas. Los asaltantes intercambiaron fuego con el séquito de seguridad policial de Zarazúa, que estaban estacionados frente al restaurante.
El agente de policía César Bautista Jiménez murió en la balacera resultantes, que también dejó a otros dos agentes gravemente heridos; un patrullero policial recibió más de 50 impactos de bala.
Este año en México se ha asesinado a varios otros agentes de policía y jefes de seguridad. El 11 de septiembre sicarios de un cartel de narcotraficantes mataron al comandante de la unidad policial de investigaciones de Ciudad Victoria, en el norteño estado de Tamaulipas. Cuatro días antes, al sur de Cancún, sicarios asesinaron al comandante de operaciones anti-narcóticos de Playa del Carmen, Carlos Hiram Rodríguez.
Cecilia Sánchez contribuyó a este reportaje.
19 de septiembre de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El sábado policías federales y locales barrieron Michoacán persiguiendo a los pistoleros que asesinaron al jefe de seguridad pública del estado sureño durante un banquete de cumpleaños en un atiborrado restaurante.Rogelio Zarazúa Ortega, supervisor civil de la fuerza de policía de Michoacán, fue matado a balazos el viernes noche mientras cenaba con dos docenas de amigos y familiares. También fue ultimado uno de los guardaespaldas policiales de Zarazúa.
Funcionaros federales dijeron el sábado que creían que los dos fueron las últimas víctimas de una guerra entre dos de los carteles de narcotraficantes más poderosos del país, que están peleando entre ellos y contra la policía por el lucrativo negocio de la marihuana, la heroína y la anfetamina.
En lo que va de año, en Michoacán las bandas de nacrotraficantes han asesinado a 215 personas. En todo México, la violencia relacionada con los carteles se ha reclamado más de 1.000 vidas este año, incluyendo la del jefe de policía de Ciudad Juárez, que fuera asesinado a horas de su investidura.
Testigos dijeron que dos pistoleros cometieron los homicidios el viernes noche en un barrio residencial de la capital del estado, Morelia. Los hombres entraron al restaurante con rifles de asalto AK-47, conocidos aquí con el apodo de cuerno de chivo, debido a la forma distintiva de sus cargadores.
Zarazúa recibió al menos una docena de impactos de bala en el pecho y cuello, de acuerdo a boletines de noticia locales.
Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, llegó poco después al lugar de los hechos, prometiendo llevar a los asesinos a justicia.
La semana pasada, el presidente mexicano Vicente Fox envió a tropas del ejército para ayudar a patrullar Acapulco, la ciudad más populosa del estado de Guerrero, después de una serie de incidentes violentos relacionados con las drogas en la que se atacaron con granadas de mano al menos a cuatro comisarías de policía locales.
El jueves, un agente de policía se convirtió en el octavo agente en ser asesinado en lo que va de año por pistoleros de un cartel de narcotraficantes en Acapulco.
En Michoacán, el asesinato de Zarazúa se produjo después de una semana especialmente sangrienta de narcoviolencia' que presenció al menos 15 asesinatos en ciudades y pueblos en todo el estado.
Funcionarios policiales de Michoacán han dicho que el cartel de Sinaloa y el del Golfo están peleando por el control de las plantaciones de marihuana y amapola, junto con un creciente número de laboratorios que producen anfetaminas. Joaquín El Chapo Guzmán dirige el cartel de Sinaloa; las filas del cartel del Golfo incluye a ex soldados del ejército conocidos como Zetas.
El diario Cambio de Michoacán informó el sábado que Zarazúa había recibido una serie de amenazas por teléfono y en cartas, advirtiéndole no "perjudicar los intereses" de los carteles de narcotraficantes.
Durante los 11 meses que estuvo Zarazúa en el cargo, la policía de Michoacán allanó en Morelia siete laboratorios de drogas y detuvo a tres sospechosos de ser sicarios Zetas.
El viernes, en el festivo nacional que celebra la independencia mexicana, Zarazúa estaba en una salón de banquetes cerca de la parte de atrás del restaurantes Las Trojes. Los pistoleros, vestidos de negro, gritaron: "¡No se mueva nadie!" y abrieron el fuego contra Zarazúa, de acuerdo a informes de la prensa local. Murió instantáneamente.
Ninguno de los otros comensales, incluyendo a la esposa de Zarazúa, resultó herido.
Los pistoleros escaparon luego hacia un camión, donde eran esperados por al menos 4 colegas. Los asaltantes intercambiaron fuego con el séquito de seguridad policial de Zarazúa, que estaban estacionados frente al restaurante.
El agente de policía César Bautista Jiménez murió en la balacera resultantes, que también dejó a otros dos agentes gravemente heridos; un patrullero policial recibió más de 50 impactos de bala.
Este año en México se ha asesinado a varios otros agentes de policía y jefes de seguridad. El 11 de septiembre sicarios de un cartel de narcotraficantes mataron al comandante de la unidad policial de investigaciones de Ciudad Victoria, en el norteño estado de Tamaulipas. Cuatro días antes, al sur de Cancún, sicarios asesinaron al comandante de operaciones anti-narcóticos de Playa del Carmen, Carlos Hiram Rodríguez.
Cecilia Sánchez contribuyó a este reportaje.
19 de septiembre de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
delitos de opinión a onu
[Maggie Farley] Gran Bretaña y Rusia propondrán una resolución al Consejo de Seguridad para condenar incitación' al terrorismo. Pero huele a censura.
Naciones Unidas. Gran Bretaña y Rusia se proponen introducir conjuntamente una resolución del Consejo de Seguridad instando a los países a prohibir la incitación a la comisión de actos terroristas, y esperan que los presidentes del mundo adopten la publicitada medida durante una cumbre de Naciones Unidas en septiembre.
Sus partidarios dicen que la medida ayudará a erradicar las ideología de odio y frenará a la prensa incendiaria, y atacaría al terrorismo internacional al mismo tiempo que un tratado global más comprehensivo languidece en Naciones Unidas. Pero grupos de derechos humanos y otros están inquietos de que la vaga definición de "incitación" pueda conducir a una excesiva restricción de la libertad de expresión y el derecho al asilo político.
La resolución también llama a los países a negar protección a los que cometen el delito de incitación. Aunque resoluciones antiterroristas anteriores han creado comités para estudiar las redes terroristas, congelar sus capitales y remover su protección, la nueva medida intenta impedir que germinen las semillas de odio, dicen sus auspiciadores.
"Cuando alguien ofrece la palabra a terroristas, debe también ser hecho responsable de las posibles consecuencias, porque no se trata solamente de las opiniones de alguien, sino de la posibilidad para un terrorista de usar el escenario para difundir la violencia", dijo el embajador ruso Andrey Denisov. "El terrorismo no debe ser visto como un acto político, sino como un fenómeno social y político que debe ser solucionado. Es un modo más amplio de combatir al terrorismo".
Tras incidentes violentos como los atentados en el transporte londinense el mes pasado y la mortífera ocupación de una escuela por separatistas chechenos el año pasado, tanto Gran Bretaña como Rusia han estado buscando modos de contrarrestar el crecimiento de las redes terroristas.
En respuesta a los atentados con bomba del 7 de julio en Londres, el ministro del Interior británico Charles Clarke, reveló la semana pasada severas nuevas directrices sobre deportaciones, que permitirán la expulsión de cualquier extranjero que fomente la violencia terrorista. Las nuevas medidas atacan a los predicadores radicales y muestra menor tolerancia hacia sermones, panfletos y sitios en internet que "fomentan el odio o promueven el terrorismo" que hasta hace poco eran protegidos por la libertad de expresión.
Pero defensores de derechos humanos están inquietos de que esas amplias definiciones para estrangular el terrorismo en ciernes también sofoquen las libertades civiles, y advierten que se debe mantener un ponderado equilibrio.
"La mayor preocupación tiene que ver con la palabra incitación'", dijo Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. "¿Qué constituye incitación? ¿Es incitación llamar a cometer directamente actos de violencia, o explicar en artículos por qué hacen los terroristas lo que hacen?"
Rusos y británicos esperan una "resolución presidencial", con lo que se quiere decir que los 15 miembros del Consejo de Seguridad deberían respaldar la medida. Planean llamar este próximo mes a una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo, mientras jefes de estado y gobierno se reúnen en la Cumbre Mundial de Nueva York, y quieren que los líderes del consejo de naciones adopten la resolución de una publicitada votación.
Washington apoya en gran parte la resolución, dijo Richard A. Grenell, portavoz de la misión norteamericana en Naciones Unidas.
Entretanto, continúan las negociaciones sobre las partes más polémicas de un documento de reforma de Naciones Unidas que se espera que más de 180 presidentes del mundo endorsen durante la cumbre.
El lunes, un grupo de unas dos docenas de embajadores discutieron un tratado antiterrorista que se ha estancado durante años en medio de disputas sobre la definición de terrorismo.
La definición actual define terrorismo como los daños causados por no-soldados en un intento de intimidar o de guiar la acción de un gobierno u organización. Pero muchos países, la mayoría árabes, insisten en que todos los medios se justifican en la lucha contra una ocupación, incluso si redundan en daños a civiles.
El embajador norteamericano John Bolton envió el lunes una carta a sus colegas embajadores explicando la posición de Estados Unidos sobre el tratado sobre terrorismo.
Estados Unidos propone conservar la definición de terrorismo propuesta originalmente. Pero si eso se convierte en un punto sensible, la enmienda norteamericana ofrece un modo de eludir una redacción controvertida con una frase que condena el terrorismo sin definir explícitamente quién es un terrorista: "El convertir en blanco y matar deliberadamente a civiles y no-combatientes por terroristas no puede ser justificado ni legitimado para ninguna causa o queja", dice la frase.
El pasaje excluye las muertes civiles causadas por militares, diciendo que esos asesinatos lamentables pero a veces inevitables son cubiertos por leyes internacionales. Críticos de la propuesta dicen que justifica el terrorismo de estado.
La propuesta es una de las muchas que ha presentado Estados Unidos a tres semanas de la cumbre.
1 de septiembre de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Naciones Unidas. Gran Bretaña y Rusia se proponen introducir conjuntamente una resolución del Consejo de Seguridad instando a los países a prohibir la incitación a la comisión de actos terroristas, y esperan que los presidentes del mundo adopten la publicitada medida durante una cumbre de Naciones Unidas en septiembre.Sus partidarios dicen que la medida ayudará a erradicar las ideología de odio y frenará a la prensa incendiaria, y atacaría al terrorismo internacional al mismo tiempo que un tratado global más comprehensivo languidece en Naciones Unidas. Pero grupos de derechos humanos y otros están inquietos de que la vaga definición de "incitación" pueda conducir a una excesiva restricción de la libertad de expresión y el derecho al asilo político.
La resolución también llama a los países a negar protección a los que cometen el delito de incitación. Aunque resoluciones antiterroristas anteriores han creado comités para estudiar las redes terroristas, congelar sus capitales y remover su protección, la nueva medida intenta impedir que germinen las semillas de odio, dicen sus auspiciadores.
"Cuando alguien ofrece la palabra a terroristas, debe también ser hecho responsable de las posibles consecuencias, porque no se trata solamente de las opiniones de alguien, sino de la posibilidad para un terrorista de usar el escenario para difundir la violencia", dijo el embajador ruso Andrey Denisov. "El terrorismo no debe ser visto como un acto político, sino como un fenómeno social y político que debe ser solucionado. Es un modo más amplio de combatir al terrorismo".
Tras incidentes violentos como los atentados en el transporte londinense el mes pasado y la mortífera ocupación de una escuela por separatistas chechenos el año pasado, tanto Gran Bretaña como Rusia han estado buscando modos de contrarrestar el crecimiento de las redes terroristas.
En respuesta a los atentados con bomba del 7 de julio en Londres, el ministro del Interior británico Charles Clarke, reveló la semana pasada severas nuevas directrices sobre deportaciones, que permitirán la expulsión de cualquier extranjero que fomente la violencia terrorista. Las nuevas medidas atacan a los predicadores radicales y muestra menor tolerancia hacia sermones, panfletos y sitios en internet que "fomentan el odio o promueven el terrorismo" que hasta hace poco eran protegidos por la libertad de expresión.
Pero defensores de derechos humanos están inquietos de que esas amplias definiciones para estrangular el terrorismo en ciernes también sofoquen las libertades civiles, y advierten que se debe mantener un ponderado equilibrio.
"La mayor preocupación tiene que ver con la palabra incitación'", dijo Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. "¿Qué constituye incitación? ¿Es incitación llamar a cometer directamente actos de violencia, o explicar en artículos por qué hacen los terroristas lo que hacen?"
Rusos y británicos esperan una "resolución presidencial", con lo que se quiere decir que los 15 miembros del Consejo de Seguridad deberían respaldar la medida. Planean llamar este próximo mes a una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo, mientras jefes de estado y gobierno se reúnen en la Cumbre Mundial de Nueva York, y quieren que los líderes del consejo de naciones adopten la resolución de una publicitada votación.
Washington apoya en gran parte la resolución, dijo Richard A. Grenell, portavoz de la misión norteamericana en Naciones Unidas.
Entretanto, continúan las negociaciones sobre las partes más polémicas de un documento de reforma de Naciones Unidas que se espera que más de 180 presidentes del mundo endorsen durante la cumbre.
El lunes, un grupo de unas dos docenas de embajadores discutieron un tratado antiterrorista que se ha estancado durante años en medio de disputas sobre la definición de terrorismo.
La definición actual define terrorismo como los daños causados por no-soldados en un intento de intimidar o de guiar la acción de un gobierno u organización. Pero muchos países, la mayoría árabes, insisten en que todos los medios se justifican en la lucha contra una ocupación, incluso si redundan en daños a civiles.
El embajador norteamericano John Bolton envió el lunes una carta a sus colegas embajadores explicando la posición de Estados Unidos sobre el tratado sobre terrorismo.
Estados Unidos propone conservar la definición de terrorismo propuesta originalmente. Pero si eso se convierte en un punto sensible, la enmienda norteamericana ofrece un modo de eludir una redacción controvertida con una frase que condena el terrorismo sin definir explícitamente quién es un terrorista: "El convertir en blanco y matar deliberadamente a civiles y no-combatientes por terroristas no puede ser justificado ni legitimado para ninguna causa o queja", dice la frase.
El pasaje excluye las muertes civiles causadas por militares, diciendo que esos asesinatos lamentables pero a veces inevitables son cubiertos por leyes internacionales. Críticos de la propuesta dicen que justifica el terrorismo de estado.
La propuesta es una de las muchas que ha presentado Estados Unidos a tres semanas de la cumbre.
1 de septiembre de 2005
©los angeles times
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méxico quiere mudarse
[Vincent J. Schodolski] Según encuesta, 40 por ciento de mexicanos quiere vivir en Estados Unidos.
Los Angeles, Estados Unidos. Según un nuevo sondeo, más del 40 por ciento de los mexicanos optarían por emigrar a Estados Unidos, y más del 20 por ciento de ellos entraría ilegalmente a ese país si tuvieran la oportunidad, reveló un estudio publicado el martes.
El sondeo del Pew Hispanic Center también encontró que el deseo de emigrar hacia Estados Unidos cruza un amplio espectro social, y los mexicanos más pobres comparten el anhelo de mudarse al norte con sus compatriotas con educación secundaria y universitaria.
"Al contrario de lo que cree la gente, el deseo de emigrar no se restringe a los pobres", dijo Roberto Suro, director del Pew Hispanic Center, de Washington.
"Es fuerte en las clases medias, incluso entre mexicanos con educación universitaria", dijo.
El informe se basa en encuestas de hispanos realizadas en México y Estados Unidos. Las preguntas también tocaban temas como la opinión sobre los emigrantes y la política de inmigración de Estados Unidos.
La encuesta de 1.200 personas en México fue realizada dos veces, en febrero y nuevamente en mayo.
Casi un 35 por ciento de los graduados universitarios mexicanos encuestados dijeron que se marcharían a Estados Unidos, según el sondeo, y un 13 por ciento lo haría incluso si significara entrar ilegalmente a ese país.
Suro dijo que incluso en la parte de arriba del espectro socio-económico mexicano, "el deseo de emigrar es fuerte".
Marcadas Diferencias de Opinión
Otra encuesta mostró agudas diferencias de opinión entre residentes hispanos en Estados Unidos nacidos en otro lugar e hispanos nacidos en Estados Unidos.
El primer grupo estaba inclinado a mirar favorablemente a los inmigrantes y a apoyar la emisión de licencias de conducir a gente que está ilegalmente en el país.
El segundo grupo apoyaba a los inmigrantes, pero por un margen mucho menor. Este grupo también se oponía a entregar licencias de conducir a residentes indocumentados.
"Sabemos que las opiniones negativas son más comunes entre la gente de edad media que entre los jóvenes", dijo Suro. "Se debe en parte a la percepción sobre lo que está en juego y qué es lo que se puede perder.
"El mero hecho de que alguien sea hispano, no significa que estés a favor de los inmigrantes", dijo.
Suro también observó que no se puede asumir que los hispanos -en este caso principalmente mexicanos- tengan opiniones similares solamente debido a sus orígenes étnicos y nacionales.
"La gente se fija en problemas específicos y hace juicios específicos", dijo durante una conferencia el martes con periodistas de todo el país.
Uno de esos problemas eran las licencias de conducir para inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Dijo que el argumento contra la emisión de licencias de conducir a esos individuos incluía componentes de seguridad nacional y terrorismo. Los hispanos nacidos en Estados Unidos, sugirió, pueden haber sido influidos por esos argumentos contra las licencias, mientras los nuevos inmigrantes pueden no haber sido disuadidos.
Los participantes en la encuesta fueron interrogados sobre que si tenían "los medios y la oportunidad de marcharse a vivir en Estados Unidos", ¿se marcharían? En la encuesta de febrero, 41 por ciento de los encuestados dijeron sí. En la segunda vuelta, en mayo, 46 por ciento dijo sí. La población mexicana supera los 100 millones de personas.
Un portavoz de un laboratorio ideológico que ha planteado preocupaciones sobre la inmigración ilegal dijo que los hallazgos de la encuesta son alarmantes.
"Hay 46 millones de personas a las que les gustaría venirse -si vamos a creer en las cifras. Incluso si sólo decidiera venirse una pequeña fracción, estamos hablando de cifras gigantescas", dijo Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de la Inmigración, que enfatiza los costes policiales de la inmigración ilegal.
Buscando Empleo
"La gente seguirá llegando, a menos que la paremos. Eso no parará por sí solo", agregó Camarota. "El modo de impedir que la gente venga es apretar a los empleadores que contratan a ilegales, vigilar las fronteras, quitarles la seguridad social y el número fiscal por usar deliberadamente números falsos de la Seguridad Social.
"Cuando la gente dice que tratemos que aplicar la ley, me atoro con la respuesta", dijo.
Doris Meissner, investigadora del Instituto de Políticas de Migración y comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización bajo el presidente Bill Clinton, también calificó los hallazgos de la encuesta Pew como preocupantes.
"Pero... cuando lo piensas, quizás no es tan sorprendente, porque la inmigración realmente ha afectado a México y las familias mexicanas de un modo muy fundamental", dijo.
"La mayoría de los mexicanos conocen a alguien, o saben de alguien que vive en Estados Unidos o ha estado en Estados Unidos, legal o ilegalmente".
Meissner dijo que una propuesta del gobierno de Bush de permitir que los mexicanos entren a trabajar a Estados Unidos sobre bases temporales podría ser un modo de tratar la inmigración ilegal, pero no es de ninguna manera la solución definitiva.
"Tenemos que reformar la ley de inmigración, y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos una fuerza de trabajo, además de la gente que ha nacido en Estados Unidos", dijo.
"Se trate de trabajadores invitados o de otras formas de inmigración para satisfacer nuestra necesidad de fuerza de trabajo", dijo Meissner, "el debate empezó y es un debate que necesitamos".
Michael Martínez contribuyó a este artículo.
Al autor se puede escribir a: vschodolski@tribune.com
23 de agosto de 2005
17 de agosto de 2005
©chicago tribune
©traducción mQh
Los Angeles, Estados Unidos. Según un nuevo sondeo, más del 40 por ciento de los mexicanos optarían por emigrar a Estados Unidos, y más del 20 por ciento de ellos entraría ilegalmente a ese país si tuvieran la oportunidad, reveló un estudio publicado el martes.El sondeo del Pew Hispanic Center también encontró que el deseo de emigrar hacia Estados Unidos cruza un amplio espectro social, y los mexicanos más pobres comparten el anhelo de mudarse al norte con sus compatriotas con educación secundaria y universitaria.
"Al contrario de lo que cree la gente, el deseo de emigrar no se restringe a los pobres", dijo Roberto Suro, director del Pew Hispanic Center, de Washington.
"Es fuerte en las clases medias, incluso entre mexicanos con educación universitaria", dijo.
El informe se basa en encuestas de hispanos realizadas en México y Estados Unidos. Las preguntas también tocaban temas como la opinión sobre los emigrantes y la política de inmigración de Estados Unidos.
La encuesta de 1.200 personas en México fue realizada dos veces, en febrero y nuevamente en mayo.
Casi un 35 por ciento de los graduados universitarios mexicanos encuestados dijeron que se marcharían a Estados Unidos, según el sondeo, y un 13 por ciento lo haría incluso si significara entrar ilegalmente a ese país.
Suro dijo que incluso en la parte de arriba del espectro socio-económico mexicano, "el deseo de emigrar es fuerte".
Marcadas Diferencias de Opinión
Otra encuesta mostró agudas diferencias de opinión entre residentes hispanos en Estados Unidos nacidos en otro lugar e hispanos nacidos en Estados Unidos.
El primer grupo estaba inclinado a mirar favorablemente a los inmigrantes y a apoyar la emisión de licencias de conducir a gente que está ilegalmente en el país.
El segundo grupo apoyaba a los inmigrantes, pero por un margen mucho menor. Este grupo también se oponía a entregar licencias de conducir a residentes indocumentados.
"Sabemos que las opiniones negativas son más comunes entre la gente de edad media que entre los jóvenes", dijo Suro. "Se debe en parte a la percepción sobre lo que está en juego y qué es lo que se puede perder.
"El mero hecho de que alguien sea hispano, no significa que estés a favor de los inmigrantes", dijo.
Suro también observó que no se puede asumir que los hispanos -en este caso principalmente mexicanos- tengan opiniones similares solamente debido a sus orígenes étnicos y nacionales.
"La gente se fija en problemas específicos y hace juicios específicos", dijo durante una conferencia el martes con periodistas de todo el país.
Uno de esos problemas eran las licencias de conducir para inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Dijo que el argumento contra la emisión de licencias de conducir a esos individuos incluía componentes de seguridad nacional y terrorismo. Los hispanos nacidos en Estados Unidos, sugirió, pueden haber sido influidos por esos argumentos contra las licencias, mientras los nuevos inmigrantes pueden no haber sido disuadidos.
Los participantes en la encuesta fueron interrogados sobre que si tenían "los medios y la oportunidad de marcharse a vivir en Estados Unidos", ¿se marcharían? En la encuesta de febrero, 41 por ciento de los encuestados dijeron sí. En la segunda vuelta, en mayo, 46 por ciento dijo sí. La población mexicana supera los 100 millones de personas.
Un portavoz de un laboratorio ideológico que ha planteado preocupaciones sobre la inmigración ilegal dijo que los hallazgos de la encuesta son alarmantes.
"Hay 46 millones de personas a las que les gustaría venirse -si vamos a creer en las cifras. Incluso si sólo decidiera venirse una pequeña fracción, estamos hablando de cifras gigantescas", dijo Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de la Inmigración, que enfatiza los costes policiales de la inmigración ilegal.
Buscando Empleo
"La gente seguirá llegando, a menos que la paremos. Eso no parará por sí solo", agregó Camarota. "El modo de impedir que la gente venga es apretar a los empleadores que contratan a ilegales, vigilar las fronteras, quitarles la seguridad social y el número fiscal por usar deliberadamente números falsos de la Seguridad Social.
"Cuando la gente dice que tratemos que aplicar la ley, me atoro con la respuesta", dijo.
Doris Meissner, investigadora del Instituto de Políticas de Migración y comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización bajo el presidente Bill Clinton, también calificó los hallazgos de la encuesta Pew como preocupantes.
"Pero... cuando lo piensas, quizás no es tan sorprendente, porque la inmigración realmente ha afectado a México y las familias mexicanas de un modo muy fundamental", dijo.
"La mayoría de los mexicanos conocen a alguien, o saben de alguien que vive en Estados Unidos o ha estado en Estados Unidos, legal o ilegalmente".
Meissner dijo que una propuesta del gobierno de Bush de permitir que los mexicanos entren a trabajar a Estados Unidos sobre bases temporales podría ser un modo de tratar la inmigración ilegal, pero no es de ninguna manera la solución definitiva.
"Tenemos que reformar la ley de inmigración, y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos una fuerza de trabajo, además de la gente que ha nacido en Estados Unidos", dijo.
"Se trate de trabajadores invitados o de otras formas de inmigración para satisfacer nuestra necesidad de fuerza de trabajo", dijo Meissner, "el debate empezó y es un debate que necesitamos".
Michael Martínez contribuyó a este artículo.
Al autor se puede escribir a: vschodolski@tribune.com
23 de agosto de 2005
17 de agosto de 2005
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petróleo y ladrones
[Chris Kraul] Una mezcla volátil en México. El estado pierde a manos de delincuentes más de 1 billón de dólares.
Poza Rica, México. Los ladrones son descarados: cargan sus camiones cisternas derechamente en los terminales de la refinadoras y se marchan con millones de galones de gasolina a la vez.
Mezclan la buena gasolina con aditivos de mala calidad, incluyendo disolventes y aceite usado, luego venden la mezcla adulterada como diesel o bencina a propietarios de gasolineras en todo México, que lo venden a confiados automovilistas.
El monopolio estatal del petróleo, Petróleos Mexicanos, pierde más de 1 billón de dólares al año en ventas de combustible a manos de ladrones, reconocen funcionarios de gobierno. Y se cree que funcionarios del gigante del petróleo, conocido como Pemex, están implicados, recibiendo una parte de los beneficios a cambio de preparar los robos o hacer la vista gorda.
"Es un problema grave que afecta no sólo a los automovilistas sino a muchos trabajadores y a la salud financiera del país", dijo la senadora Lydia Madero García, miembro de un comité legislativo especial que investiga a Pemex, que dice que probablemente hay implicados funcionarios de la compañía. "Existe una cultura del robo que depende de muchos elementos, incluyendo a gente que ha trabajado o trabaja para el gobierno".
Los intereses en torno al contrabando de gasolina y diesel en México son enormes, lo que puede explicar por qué el propietario y editor del comprometido diario La Opinión de esta ciudad fue asesinado mientras se dirigía a su casa cerca de Papantla, el 8 de abril.
Raúl Gibb Guerrero, descrito por sus colegas como un bienhechor que veía su diario como un instrumento para mejorar el bienestar general, había descubierto lo que el diario dice que es una sórdida organización local de contrabando de combustible que se extiende por ocho estados. Gibb hizo una campaña de cuatro años para impulsar a Pemex y autoridades locales y federales a que tomaran acción.
En el todo el país los robos pueden estar privando al gobierno de casi un 11 por ciento de su gasolina, diesel y otros combustibles refinados cada año, han dicho empleados de Pemex.
También está afectando las billeteras de los mexicanos cuyos coches son destruidos por la gasolina contaminada. El año pasado, Pemex pagó al menos 700.000 dólares a 3.200 automovilistas en acuerdos de reparación.
Además, los automovilistas son frecuentemente sisados en la gasolinera, donde reciben un 5 por ciento menos, en promedio, de lo que muestra el medidor, de acuerdo a Profeco, la agencia de protección de los consumidores de México. En Acapulco, una ciudad llena de gasolineras fraudulentas, los automovilistas normalmente reciben menos de 2 tercios de la gasolina por la que pagan.
El gobierno del presidente Vicente Fox reconoció los problemas y el año pasado envió al ejército y unidades de la policía a custodiar las instalaciones de Pemex. La vigilancia resultó en un aumento del 11 por ciento de la producción de la refinadora en 2004, dijo a periodistas el ejecutivo de Pemex, Juan Bueno Torio.
Las tropas y los polis ya se han marchado, pero continúa una intensa investigación encubierta.
Fox también formó una comisión, compuesta por cuatro secretarios a nivel de gabinete para investigar los robos y la corrupción. Y está proponiendo una ley federal que transforma en delito robar gasolina, una ley a la que se resisten a brazo partido los propietarios de gasolineras y de firmas de transporte de combustibles, que según Maduro García obtienen pingües beneficios con el contrabando.
Los contrabandistas sacan ventaja de lo que los fiscales llaman "laguna jurídicas", así como controles internos laxos y una persistente corrupción dentro de Pemex, dicen funcionarios policiales y de la industria.
"Este es un problema serio que no se encuentra en ninguna otra área de producción. En su gravedad y dimensión, no podría existir sin la complicidad" de empleados de alto nivel en Pemex, dijo Rodriguo Roque Díaz, subsecretario en Profeco.
Empleados del Pemex, incluyendo a ex director Raúl Muñoz Leos, han reconocido que la escala de los robos y adulteración fue posible sólo con la complicidad de empleados de Pemex.
Muchos propietarios de las 7.000 gasolineras de México -todas de Pemex, pero prácticamente todas ellas franquicias independientes- se rebelaron contra los esfuerzos de Fox de controlar aleatoriamente la calidad y cantidad de las ventas en las gasolineras. Unos 40 propietarios, que juntos controlan 1.500 gasolineras, obtuvieron órdenes judiciales que impiden la entrada de los supervisores a sus propiedades.
Aunque reconociendo que algunos propietarios de gasolineras están vendiendo gasolina adulterada o menos gasolina de lo que muestran los medidores, Eduardo Knapp Aguilar, un director de Onexpo, la asociación nacional de propietarios de estaciones, dijo a la revista Proceso este año que su grupo se opone a los chequeos aleatorios porque Pemex no certifica la cantidad y calidad de la gasolina que entrega a sus miembros.
"El gran problema es Pemex", dijo Knapp Aguialar.
Un ex ejecutivo de Pemex dijo que más allá de robo descarado, las bandas de contrabando de combustible también sacan ventaja de los "subsidios" de Pemex -descuentos sobre la gasolina que se otorgan a la agricultura, pesca y firmas de transporte en la suposición de que estas industrias crean empleos y exportaciones.
"El problema es que esa gente no usa el combustible para lo que dicen y lo venden en el mercado", dijo el ex ejecutivo.
José Antonio Herrera, gerente de control técnico de la división de refinación de Pemex, dijo que la compañía consideraba el robo un problema serio y complejo, implicando corrupción en varios puntos a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo los oleoductos, tanques de almacenamiento y camiones cisterna. "Cuentan con la complicidad del personal de Pemex".
Pero Herrera también dijo que la compañía hizo significativos recuperaciones de abastecimientos robados en los últimos dos años con una combinación de trabajo policial, vigilancia encubierta y mejor tecnología para detectar oleoductos con filtraciones y errores de presión.
"Estaremos mejorando los controles", dijo.
En La Opinión, el diario de Gibb, gran parte de la cobertura se concentraba en el negocio de los "combustibles alternativos", dirigido por Martín Rojas cerca de Poza Rica, uno de los centros de refinamiento más grandes de Pemex y el sitio de gran parte de los robos.
Rojas dirige lo que los vecinos llaman Pemexito, un negocio en el vecino pueblo de Tihuatlán, que incluye tres grandes tanques de almacenamiento donde se mezclaban y guardaban los combustibles adulterados, según los reportajes de La Opinión. La instalación de Tihuatlán ha sido cerrada por infracciones medio-ambientales.
Rojas no ha sido acusado nunca del robo del combustibles, y la mezcla o posesión de gasolina con aditivos cuestionables no es un delito, aunque su venta sí lo es. Pero en marzo de 2004, Rojas fue acusado y arrestado por la policía federal por cargos de evasión fiscal. Desapareció después de pagar una fianza y está considerado fugitivo.
Las instalaciones de mezcla de combustibles de propiedad de Rojas en ocho estados han sido cerrados por supuestas infracciones medio-ambientales y fiscales, informó La Opinión en reportajes con los que ganó dos premios periodísticos mexicanos.
Fuentes cercanas a la investigación del asesinato de Gibb dijeron que antes de que Rojas desapareciera se acercó a Gigg a hacerle una oferta de plata o plomo, que se traduce como una parte de las ganancias de la venta de gasolina -si los editores dejaban de seguir publicando- o una bala si no lo hacía.
Entre las teorías que están siendo investigadas por la fiscalía general federal es que Gibb fue asesinado en venganza por los artículos o para silenciar la crítica voz del periódico, de acuerdo a informes publicados. Traficantes de drogas, miembros de la familia y empresarios locales están también siendo investigados en conexión con su asesinato, dicen los informes.
La portavoz Eunice Enciso de la fiscalía general en Veracruz, se negó a hacer comentarios sobre el caso, diciendo solamente que el gobierno había formado una fuerza especial para investigar el asesinato.
Gibb era uno de los tres periodistas mexicanos que desaparecieron o fueron asesinados a principios de abril.
Aunque no tenía conocimiento de primera mano de la pesquisa, la senadora Madero García dijo que creía que Gibb puede haber sido asesinado por su cruzada editorial.
"Esta es una mafia como cualquiera de las mafias de traficantes de drogas", dijo. "Mire quién se está beneficiando. Si les quitas la llave de su enriquecimiento, como periodista o funcionario de gobierno, te harán pagar".
Roque Díaz, de Profeco, dijo que el problema del robo de gasolina no se solucionaría de un día para otro. "Tiene que ver con la cultura de la impunidad, la falta de control y de disciplina económica que han caracterizado a la industria de la energía durante largo tiempo", dijo. "Pero estamos haciendo un esfuerzo y encontraremos una solución".
11 de agosto de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Poza Rica, México. Los ladrones son descarados: cargan sus camiones cisternas derechamente en los terminales de la refinadoras y se marchan con millones de galones de gasolina a la vez.Mezclan la buena gasolina con aditivos de mala calidad, incluyendo disolventes y aceite usado, luego venden la mezcla adulterada como diesel o bencina a propietarios de gasolineras en todo México, que lo venden a confiados automovilistas.
El monopolio estatal del petróleo, Petróleos Mexicanos, pierde más de 1 billón de dólares al año en ventas de combustible a manos de ladrones, reconocen funcionarios de gobierno. Y se cree que funcionarios del gigante del petróleo, conocido como Pemex, están implicados, recibiendo una parte de los beneficios a cambio de preparar los robos o hacer la vista gorda.
"Es un problema grave que afecta no sólo a los automovilistas sino a muchos trabajadores y a la salud financiera del país", dijo la senadora Lydia Madero García, miembro de un comité legislativo especial que investiga a Pemex, que dice que probablemente hay implicados funcionarios de la compañía. "Existe una cultura del robo que depende de muchos elementos, incluyendo a gente que ha trabajado o trabaja para el gobierno".
Los intereses en torno al contrabando de gasolina y diesel en México son enormes, lo que puede explicar por qué el propietario y editor del comprometido diario La Opinión de esta ciudad fue asesinado mientras se dirigía a su casa cerca de Papantla, el 8 de abril.
Raúl Gibb Guerrero, descrito por sus colegas como un bienhechor que veía su diario como un instrumento para mejorar el bienestar general, había descubierto lo que el diario dice que es una sórdida organización local de contrabando de combustible que se extiende por ocho estados. Gibb hizo una campaña de cuatro años para impulsar a Pemex y autoridades locales y federales a que tomaran acción.
En el todo el país los robos pueden estar privando al gobierno de casi un 11 por ciento de su gasolina, diesel y otros combustibles refinados cada año, han dicho empleados de Pemex.
También está afectando las billeteras de los mexicanos cuyos coches son destruidos por la gasolina contaminada. El año pasado, Pemex pagó al menos 700.000 dólares a 3.200 automovilistas en acuerdos de reparación.
Además, los automovilistas son frecuentemente sisados en la gasolinera, donde reciben un 5 por ciento menos, en promedio, de lo que muestra el medidor, de acuerdo a Profeco, la agencia de protección de los consumidores de México. En Acapulco, una ciudad llena de gasolineras fraudulentas, los automovilistas normalmente reciben menos de 2 tercios de la gasolina por la que pagan.
El gobierno del presidente Vicente Fox reconoció los problemas y el año pasado envió al ejército y unidades de la policía a custodiar las instalaciones de Pemex. La vigilancia resultó en un aumento del 11 por ciento de la producción de la refinadora en 2004, dijo a periodistas el ejecutivo de Pemex, Juan Bueno Torio.
Las tropas y los polis ya se han marchado, pero continúa una intensa investigación encubierta.
Fox también formó una comisión, compuesta por cuatro secretarios a nivel de gabinete para investigar los robos y la corrupción. Y está proponiendo una ley federal que transforma en delito robar gasolina, una ley a la que se resisten a brazo partido los propietarios de gasolineras y de firmas de transporte de combustibles, que según Maduro García obtienen pingües beneficios con el contrabando.
Los contrabandistas sacan ventaja de lo que los fiscales llaman "laguna jurídicas", así como controles internos laxos y una persistente corrupción dentro de Pemex, dicen funcionarios policiales y de la industria.
"Este es un problema serio que no se encuentra en ninguna otra área de producción. En su gravedad y dimensión, no podría existir sin la complicidad" de empleados de alto nivel en Pemex, dijo Rodriguo Roque Díaz, subsecretario en Profeco.
Empleados del Pemex, incluyendo a ex director Raúl Muñoz Leos, han reconocido que la escala de los robos y adulteración fue posible sólo con la complicidad de empleados de Pemex.
Muchos propietarios de las 7.000 gasolineras de México -todas de Pemex, pero prácticamente todas ellas franquicias independientes- se rebelaron contra los esfuerzos de Fox de controlar aleatoriamente la calidad y cantidad de las ventas en las gasolineras. Unos 40 propietarios, que juntos controlan 1.500 gasolineras, obtuvieron órdenes judiciales que impiden la entrada de los supervisores a sus propiedades.
Aunque reconociendo que algunos propietarios de gasolineras están vendiendo gasolina adulterada o menos gasolina de lo que muestran los medidores, Eduardo Knapp Aguilar, un director de Onexpo, la asociación nacional de propietarios de estaciones, dijo a la revista Proceso este año que su grupo se opone a los chequeos aleatorios porque Pemex no certifica la cantidad y calidad de la gasolina que entrega a sus miembros.
"El gran problema es Pemex", dijo Knapp Aguialar.
Un ex ejecutivo de Pemex dijo que más allá de robo descarado, las bandas de contrabando de combustible también sacan ventaja de los "subsidios" de Pemex -descuentos sobre la gasolina que se otorgan a la agricultura, pesca y firmas de transporte en la suposición de que estas industrias crean empleos y exportaciones.
"El problema es que esa gente no usa el combustible para lo que dicen y lo venden en el mercado", dijo el ex ejecutivo.
José Antonio Herrera, gerente de control técnico de la división de refinación de Pemex, dijo que la compañía consideraba el robo un problema serio y complejo, implicando corrupción en varios puntos a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo los oleoductos, tanques de almacenamiento y camiones cisterna. "Cuentan con la complicidad del personal de Pemex".
Pero Herrera también dijo que la compañía hizo significativos recuperaciones de abastecimientos robados en los últimos dos años con una combinación de trabajo policial, vigilancia encubierta y mejor tecnología para detectar oleoductos con filtraciones y errores de presión.
"Estaremos mejorando los controles", dijo.
En La Opinión, el diario de Gibb, gran parte de la cobertura se concentraba en el negocio de los "combustibles alternativos", dirigido por Martín Rojas cerca de Poza Rica, uno de los centros de refinamiento más grandes de Pemex y el sitio de gran parte de los robos.
Rojas dirige lo que los vecinos llaman Pemexito, un negocio en el vecino pueblo de Tihuatlán, que incluye tres grandes tanques de almacenamiento donde se mezclaban y guardaban los combustibles adulterados, según los reportajes de La Opinión. La instalación de Tihuatlán ha sido cerrada por infracciones medio-ambientales.
Rojas no ha sido acusado nunca del robo del combustibles, y la mezcla o posesión de gasolina con aditivos cuestionables no es un delito, aunque su venta sí lo es. Pero en marzo de 2004, Rojas fue acusado y arrestado por la policía federal por cargos de evasión fiscal. Desapareció después de pagar una fianza y está considerado fugitivo.
Las instalaciones de mezcla de combustibles de propiedad de Rojas en ocho estados han sido cerrados por supuestas infracciones medio-ambientales y fiscales, informó La Opinión en reportajes con los que ganó dos premios periodísticos mexicanos.
Fuentes cercanas a la investigación del asesinato de Gibb dijeron que antes de que Rojas desapareciera se acercó a Gigg a hacerle una oferta de plata o plomo, que se traduce como una parte de las ganancias de la venta de gasolina -si los editores dejaban de seguir publicando- o una bala si no lo hacía.
Entre las teorías que están siendo investigadas por la fiscalía general federal es que Gibb fue asesinado en venganza por los artículos o para silenciar la crítica voz del periódico, de acuerdo a informes publicados. Traficantes de drogas, miembros de la familia y empresarios locales están también siendo investigados en conexión con su asesinato, dicen los informes.
La portavoz Eunice Enciso de la fiscalía general en Veracruz, se negó a hacer comentarios sobre el caso, diciendo solamente que el gobierno había formado una fuerza especial para investigar el asesinato.
Gibb era uno de los tres periodistas mexicanos que desaparecieron o fueron asesinados a principios de abril.
Aunque no tenía conocimiento de primera mano de la pesquisa, la senadora Madero García dijo que creía que Gibb puede haber sido asesinado por su cruzada editorial.
"Esta es una mafia como cualquiera de las mafias de traficantes de drogas", dijo. "Mire quién se está beneficiando. Si les quitas la llave de su enriquecimiento, como periodista o funcionario de gobierno, te harán pagar".
Roque Díaz, de Profeco, dijo que el problema del robo de gasolina no se solucionaría de un día para otro. "Tiene que ver con la cultura de la impunidad, la falta de control y de disciplina económica que han caracterizado a la industria de la energía durante largo tiempo", dijo. "Pero estamos haciendo un esfuerzo y encontraremos una solución".
11 de agosto de 2005
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líos en policía fronteriza
[Ginger Thompson] Plagada por la corrupción en la guerra contra las drogas.
Matamoros, México. Un poli corrupto no es nada raro en México. Pero este país se ha visto obligado a re-examinar sus políticas en su lucha contra una devastadora ola de crímenes que se ha cobrado en los últimos meses más de 600 vidas.
Al menos la mitad de esos asesinatos han ocurrido en los seis estados mexicanos que tienen frontera con Estados Unidos, donde los traficantes de drogas compiten por el control de las lucrativas rutas de drogas y vacían sus armas automáticas en ajetreadas calles a plena luz del día. Los delincuentes se han vuelto tan descarados, y la impunidad es tal, que expertos en el comercio ilegal de drogas han empezado a comparar el norte de México con Colombia, donde poderosos carteles empezaron a controlar gran parte del país mediante la corrupción de los funcionarios o matando a agentes de policía, políticos, periodistas y jueces.
Los asesinatos y secuestros están a la orden del día en Nuevo Laredo, a unos 256 kilómetros al norte de este pequeño pueblo. En comparación, Matamoros es una ciudad tranquila. Aquí en estos días, dice la policía, el delito más común es el robo. Pero hace apenas tres años, era también la capital de la guerra entre bandas de traficantes de drogas. Gente en la calle dijo que tenían miedo de que pudiera volver a ocurrir.
Y aquí, como en Colombia, la primera línea que tiene la sociedad para defenderse del caos -la policía municipal- ha demostrado ser la más débil.
"La ley en México a menudo es más bien parte del problema que de la solución", dijo Anthony P. Placido, el sub-director de inteligencia de la Drug Enforcement Administration DEA de Estados Unidos, en una reciente aparición ante el congreso. "Eso es especialmente así en los niveles municipales y estatales de gobierno".
Entrevistas con cuatro agentes de la policía municipal en esta ciudad de 500.000 habitantes en Río Grande al otro lado de Brownsville, Tejas, ofrecen una mirada en una realidad tan dura y persistente como el abrasante sol del verano mexicano. Los agentes -un jefe de turno, dos jefes de patrulla y un egresado reciente de la academia de policía- fueron elegidos por el ministro de la seguridad pública, Rubén González Chapa, para ser entrevistados para este artículo. Entonces González permitió que cada agente fuera entrevistado a solas a condición de que no fueran identificados, porque no quería poner en peligro su posición entre sus superiores y colegas.
Ninguno de los agentes negó que hubiera abusos y corrupción en sus filas. Dijeron que los agentes aceptaban sobornos de borrachos y prostitutas y aceptan regalos de empresarios y vecinos a cambio de proporcionar vigilancia extra de sus propiedades. Uno de los jefes de patrulla reconoció llevar una pistola automática no autorizada, y no el revólver que le fue asignado. Y el otro reconoció que a veces pierde la paciencia y golpea a los sospechosos antes de llevarlos a comisaría.
"Me daría vergüenza pegarle a un borracho", dijo uno de los jefes de patrulla. "Pero con un ladrón, un asesino, o un violador, tengo que confesar que soy muy duro con ellos".
Sin embargo, cuando se les preguntó sobre acusaciones escandalosas de funcionarios mexicanos y norteamericanos de que la policía realiza a menudo funciones de vigilancia y como sicarios de los traficantes de drogas, los agentes respondieron con vagas generalizaciones. En lugar de los feos detalles de las fechorías policiales, ofrecieron una mirada sobre dónde nacían los abusos, describiendo un trabajo sin incentivos, para no decir nada de la escasez de equipos básicos para mantener la ley, y lleno de humillaciones que convierten a muchos agentes en policías leales sólo a sí mismos.
El dinero fue la queja más grande de los agentes. El salario inicial de un agente de policía municipal típico es de menos de 350 dólares al mes, mejor que un obrero, pero menos que el promedio de un taxista. Sólo reciben tratamientos médicos básicos si se lesionan durante el trabajo. Y sus familias reciben sólo lo justo para enterrarlos, menos de 6.000 dólares, si mueren en horas de servicio.
Si los agentes quieren equipos que funcionen -un chaleco que pare el fuego de ametralladoras automáticas o esposas que no se rompan-, deben adquirirlos ellos mismos. Uno de los jefes de patrulla entrevistados contó cómo él y los tres colegas reunieron su dinero para instalar aire acondicionado en su patrullero, para poder soportar las temperaturas de la ciudad, que llegan a los 43 grados Celsius. Y dijo que cambiaba la subscripción de su móvil de mes en mes, dependiendo de qué compañía ofrecía la mejor tarifa por minuto.
Agentes aquí han dicho que tienen que comprar sus propias balas. Un agente, un veterano con 7 años en el cuerpo, dijo que cruzaba normalmente la frontera para ir al Wal-Mart de Brownsville a comprar balas, que introducía a hurtadillas a México. La policía de Brownsville lo paró dos veces y le requisó las municiones, dijo. Dijo que le dio demasiada vergüenza decirles que él también era un agente de policía. Pero le dio todavía más vergüenza, dijo, porque no se sentía como uno de ellos.
"Todo el mundo critica a la policía", dijo. "Dicen que somos peores que delincuentes. Dicen que quieren policías profesionales, pero no nos tratan como profesionales. Quieren que respetemos nuestro trabajo. Pero nadie nos respeta a nosotros.
"Los que queremos esta camisa hacemos lo mejor que podemos", agregó, estirándose el cuelo de uniforme de color azul medianoche. "Es muy difícil ser honesto".
Cuando se le preguntó sobre la aguda escasez de municiones y el contrabando de balas por sus propios agentes, González se encogió de hombros y dijo que había contratado a un herrero para volver a rellenar los casquetes usados. Y el alcalde Baltasar Hinojosa Ochoa reconoció el problema en una entrevista, diciendo: "Olvídese de las balas. Nuestros policías no reciben una buena formación, ni buenos equipos ni buenos salarios". La academia de policía tiene un instructor y una sala de clases. Y los agentes dijeron que reciben dos visitas a un polígono de tiro debido a que no hay suficientes balas para todos.
"Yo diría que un 30 por ciento de los agentes sabe cómo disparar", dijo el que había terminado la academia de policía. "El otro 70 por ciento no tiene ni idea".
La constitución califica al crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas, como un delito federal. Pero hay menos de 20 agentes federales en Matamoros, una ciudad del tamaño de Washington. Así que los primeros en responder son usualmente los 600 agentes de la policía municipal de la ciudad -autorizados fundamentalmente para aplicar faltas administrativas punibles por multas de hasta 40 dólares.
Los dos grupos no trabajan bien juntos.
En Nuevo Laredo, desde marzo han muerto cuatro agentes de policía en tiroteos relacionados con las drogas, incluyendo los dos últimos jefes de la policía. El segundo, Alejandro Domínguez, ex presidente de la cámara de comercio local, fue asesinado a balazos horas después de asumir el cargo.
Unos pocos días después, agentes de la policía municipal dispararon contra agentes federales que habían llegado a investigar el asesinato de su jefe. El alcalde suspendió a toda la fuerza policial de Nuevo Laredo, unos 730 agentes, a la espera de análisis de drogas y poligráficos. Nuevos informes de allá indican que casi la mitad de los agentes estaban recibiendo pagos de jefes del temido cartel del Golfo. Y el presidente Vicente Fox, preocupado por la escalada de violencia e informes sobre la corrupción local, envió mil soldados y agentes federales a patrullar las ciudades fronterizas como parte de una operación especial llamado México Seguro.
Sin embargo, los asesinatos siguen. Lo mismo que los enfrentamientos entre las autoridades locales y federales.
A mediados de junio, agentes federales pararon aquí a dos agentes de la policía municipal y los acusaron de portar armas militares ilegalmente en lugar de sus revólveres de servicio. Los agentes municipales pidieron ayuda por radio. Casi todo el turno nocturno, 104 agentes, se apresuraron hacia el lugar.
Uno de los jefes de patrulla entrevistados dijo a los agentes federales que se retiraran. "Ustedes no se irán de aquí con ninguno de esos agentes", les dijo. "Tendrán que saltar sobre mí. Y si quieren usar sus armas, entonces aquí es donde voy a morir".
Esa vez la bravuconada resultó, dijo el jefe de patrulla, y los agentes municipales fueron dejados en libertad. Pero más a menudo que no, las cosas salen al revés.
Dijo que había asistido a reuniones de la comunidad donde líderes empresariales exigieron que la policía reprimiera la delincuencia -pero que los amenazan con despedirles por detener a sus esposas o hijos por beber en público o mientras conducen. Cuando se les preguntó si alguna vez había aceptado un soborno de un traficante de drogas, el jefe de turno respondió con una pregunta: "¿Qué diría usted si se le acercara un traficante y le dijera: Ayúdame y te dejo vivir. Si no me ayudas, te mato?'"
Pidió una respuesta, una y otra vez, negándose a responder si se le habían acercado alguna vez con una proposición semejante. Entonces sacó un llavero de su bolsillo con una foto de su familia, y respondió.
"Les digo: No quiero trabajar con usted. Pero tampoco voy a hacerle la guerra. No me pagan lo suficiente para eso'", dijo el jefe de turno. "Simplemente, no me moleste, ni a mi familia. Y no le molestaré, y podremos vivir en paz'".
30 de julio de 2005
5 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
Matamoros, México. Un poli corrupto no es nada raro en México. Pero este país se ha visto obligado a re-examinar sus políticas en su lucha contra una devastadora ola de crímenes que se ha cobrado en los últimos meses más de 600 vidas.Al menos la mitad de esos asesinatos han ocurrido en los seis estados mexicanos que tienen frontera con Estados Unidos, donde los traficantes de drogas compiten por el control de las lucrativas rutas de drogas y vacían sus armas automáticas en ajetreadas calles a plena luz del día. Los delincuentes se han vuelto tan descarados, y la impunidad es tal, que expertos en el comercio ilegal de drogas han empezado a comparar el norte de México con Colombia, donde poderosos carteles empezaron a controlar gran parte del país mediante la corrupción de los funcionarios o matando a agentes de policía, políticos, periodistas y jueces.
Los asesinatos y secuestros están a la orden del día en Nuevo Laredo, a unos 256 kilómetros al norte de este pequeño pueblo. En comparación, Matamoros es una ciudad tranquila. Aquí en estos días, dice la policía, el delito más común es el robo. Pero hace apenas tres años, era también la capital de la guerra entre bandas de traficantes de drogas. Gente en la calle dijo que tenían miedo de que pudiera volver a ocurrir.
Y aquí, como en Colombia, la primera línea que tiene la sociedad para defenderse del caos -la policía municipal- ha demostrado ser la más débil.
"La ley en México a menudo es más bien parte del problema que de la solución", dijo Anthony P. Placido, el sub-director de inteligencia de la Drug Enforcement Administration DEA de Estados Unidos, en una reciente aparición ante el congreso. "Eso es especialmente así en los niveles municipales y estatales de gobierno".
Entrevistas con cuatro agentes de la policía municipal en esta ciudad de 500.000 habitantes en Río Grande al otro lado de Brownsville, Tejas, ofrecen una mirada en una realidad tan dura y persistente como el abrasante sol del verano mexicano. Los agentes -un jefe de turno, dos jefes de patrulla y un egresado reciente de la academia de policía- fueron elegidos por el ministro de la seguridad pública, Rubén González Chapa, para ser entrevistados para este artículo. Entonces González permitió que cada agente fuera entrevistado a solas a condición de que no fueran identificados, porque no quería poner en peligro su posición entre sus superiores y colegas.
Ninguno de los agentes negó que hubiera abusos y corrupción en sus filas. Dijeron que los agentes aceptaban sobornos de borrachos y prostitutas y aceptan regalos de empresarios y vecinos a cambio de proporcionar vigilancia extra de sus propiedades. Uno de los jefes de patrulla reconoció llevar una pistola automática no autorizada, y no el revólver que le fue asignado. Y el otro reconoció que a veces pierde la paciencia y golpea a los sospechosos antes de llevarlos a comisaría.
"Me daría vergüenza pegarle a un borracho", dijo uno de los jefes de patrulla. "Pero con un ladrón, un asesino, o un violador, tengo que confesar que soy muy duro con ellos".
Sin embargo, cuando se les preguntó sobre acusaciones escandalosas de funcionarios mexicanos y norteamericanos de que la policía realiza a menudo funciones de vigilancia y como sicarios de los traficantes de drogas, los agentes respondieron con vagas generalizaciones. En lugar de los feos detalles de las fechorías policiales, ofrecieron una mirada sobre dónde nacían los abusos, describiendo un trabajo sin incentivos, para no decir nada de la escasez de equipos básicos para mantener la ley, y lleno de humillaciones que convierten a muchos agentes en policías leales sólo a sí mismos.
El dinero fue la queja más grande de los agentes. El salario inicial de un agente de policía municipal típico es de menos de 350 dólares al mes, mejor que un obrero, pero menos que el promedio de un taxista. Sólo reciben tratamientos médicos básicos si se lesionan durante el trabajo. Y sus familias reciben sólo lo justo para enterrarlos, menos de 6.000 dólares, si mueren en horas de servicio.
Si los agentes quieren equipos que funcionen -un chaleco que pare el fuego de ametralladoras automáticas o esposas que no se rompan-, deben adquirirlos ellos mismos. Uno de los jefes de patrulla entrevistados contó cómo él y los tres colegas reunieron su dinero para instalar aire acondicionado en su patrullero, para poder soportar las temperaturas de la ciudad, que llegan a los 43 grados Celsius. Y dijo que cambiaba la subscripción de su móvil de mes en mes, dependiendo de qué compañía ofrecía la mejor tarifa por minuto.
Agentes aquí han dicho que tienen que comprar sus propias balas. Un agente, un veterano con 7 años en el cuerpo, dijo que cruzaba normalmente la frontera para ir al Wal-Mart de Brownsville a comprar balas, que introducía a hurtadillas a México. La policía de Brownsville lo paró dos veces y le requisó las municiones, dijo. Dijo que le dio demasiada vergüenza decirles que él también era un agente de policía. Pero le dio todavía más vergüenza, dijo, porque no se sentía como uno de ellos.
"Todo el mundo critica a la policía", dijo. "Dicen que somos peores que delincuentes. Dicen que quieren policías profesionales, pero no nos tratan como profesionales. Quieren que respetemos nuestro trabajo. Pero nadie nos respeta a nosotros.
"Los que queremos esta camisa hacemos lo mejor que podemos", agregó, estirándose el cuelo de uniforme de color azul medianoche. "Es muy difícil ser honesto".
Cuando se le preguntó sobre la aguda escasez de municiones y el contrabando de balas por sus propios agentes, González se encogió de hombros y dijo que había contratado a un herrero para volver a rellenar los casquetes usados. Y el alcalde Baltasar Hinojosa Ochoa reconoció el problema en una entrevista, diciendo: "Olvídese de las balas. Nuestros policías no reciben una buena formación, ni buenos equipos ni buenos salarios". La academia de policía tiene un instructor y una sala de clases. Y los agentes dijeron que reciben dos visitas a un polígono de tiro debido a que no hay suficientes balas para todos.
"Yo diría que un 30 por ciento de los agentes sabe cómo disparar", dijo el que había terminado la academia de policía. "El otro 70 por ciento no tiene ni idea".
La constitución califica al crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas, como un delito federal. Pero hay menos de 20 agentes federales en Matamoros, una ciudad del tamaño de Washington. Así que los primeros en responder son usualmente los 600 agentes de la policía municipal de la ciudad -autorizados fundamentalmente para aplicar faltas administrativas punibles por multas de hasta 40 dólares.
Los dos grupos no trabajan bien juntos.
En Nuevo Laredo, desde marzo han muerto cuatro agentes de policía en tiroteos relacionados con las drogas, incluyendo los dos últimos jefes de la policía. El segundo, Alejandro Domínguez, ex presidente de la cámara de comercio local, fue asesinado a balazos horas después de asumir el cargo.
Unos pocos días después, agentes de la policía municipal dispararon contra agentes federales que habían llegado a investigar el asesinato de su jefe. El alcalde suspendió a toda la fuerza policial de Nuevo Laredo, unos 730 agentes, a la espera de análisis de drogas y poligráficos. Nuevos informes de allá indican que casi la mitad de los agentes estaban recibiendo pagos de jefes del temido cartel del Golfo. Y el presidente Vicente Fox, preocupado por la escalada de violencia e informes sobre la corrupción local, envió mil soldados y agentes federales a patrullar las ciudades fronterizas como parte de una operación especial llamado México Seguro.
Sin embargo, los asesinatos siguen. Lo mismo que los enfrentamientos entre las autoridades locales y federales.
A mediados de junio, agentes federales pararon aquí a dos agentes de la policía municipal y los acusaron de portar armas militares ilegalmente en lugar de sus revólveres de servicio. Los agentes municipales pidieron ayuda por radio. Casi todo el turno nocturno, 104 agentes, se apresuraron hacia el lugar.
Uno de los jefes de patrulla entrevistados dijo a los agentes federales que se retiraran. "Ustedes no se irán de aquí con ninguno de esos agentes", les dijo. "Tendrán que saltar sobre mí. Y si quieren usar sus armas, entonces aquí es donde voy a morir".
Esa vez la bravuconada resultó, dijo el jefe de patrulla, y los agentes municipales fueron dejados en libertad. Pero más a menudo que no, las cosas salen al revés.
Dijo que había asistido a reuniones de la comunidad donde líderes empresariales exigieron que la policía reprimiera la delincuencia -pero que los amenazan con despedirles por detener a sus esposas o hijos por beber en público o mientras conducen. Cuando se les preguntó si alguna vez había aceptado un soborno de un traficante de drogas, el jefe de turno respondió con una pregunta: "¿Qué diría usted si se le acercara un traficante y le dijera: Ayúdame y te dejo vivir. Si no me ayudas, te mato?'"
Pidió una respuesta, una y otra vez, negándose a responder si se le habían acercado alguna vez con una proposición semejante. Entonces sacó un llavero de su bolsillo con una foto de su familia, y respondió.
"Les digo: No quiero trabajar con usted. Pero tampoco voy a hacerle la guerra. No me pagan lo suficiente para eso'", dijo el jefe de turno. "Simplemente, no me moleste, ni a mi familia. Y no le molestaré, y podremos vivir en paz'".
30 de julio de 2005
5 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
movida de líder zapatista
[James C. McKinley Jr.] México se prepara para la siguiente movida del elusivo líder de los rebeldes zapatistas.
Oventic, México. El letrero en el camino que pasa por este pueblo zapatista, dice "Cerrado por Alerta Roja", y el normalmente ajetreado puñado de tiendas, escuelas, una fábrica de zapatos y una clínica sanitaria, está tranquilo. Los rebeldes enmascarados que normalmente vigilan Oventic han llamado a un encuentro en las selvas del sur de México.
Tras años de relativa calma, la incómoda paz entre el gobierno y los zapatistas ha sido sacudida en los últimos días cuando los líderes rebeldes pusieron a sus fuerzas en alerta máxima, cerraron cinco centros oficiales establecidos en Chiapas en 2003 y emitieron una avalancha de comunicados llamando a la formación de un movimiento político nacional de izquierda.
Aquí en el sureño estado de Chiapas, y en Ciudad de México, la pregunta es: ¿cuáles son los planes del subcomandante Marcos?
Los temores de que los rebeldes pudieran estar planeando una ofensiva o preparándose para un ataque, se evaporaron cuando Marcos, su elusivo líder, declaró la semana pasada desde su escondite en la selva que los zapatistas no tenían la intención de reanudar los enfrentamientos, que terminaron oficialmente en 1995.
Desde entonces, sin embargo, Marcos ha emitido varias desordenadas misivas en internet. La última, el jueves, decía que los rebeldes tratarían de reunir apoyo para un programa de izquierda antes de las elecciones presidenciales de 2006 enviando una delegación de zapatistas por todo el país para unir a trabajadores, abogados y estudiantes de izquierda.
La misión de la delegación será rescribir la constitución y "construir desde abajo a una alternativa de la destrucción neo-liberal y una alternativa de izquierdas para México", escribió Marcos, un académico blanco cuyo nombre real, dicen los funcionarios, es Rafael Sebastián Guillén Vicente, y que saltó a la fama como el enemigo enmascarado del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte en los años noventa.
La declaración estaba salpicada de frases anticapitalistas y acusaba a los políticos de México de pisotear los intereses de los trabajadores y campesinos en nombre del libre mercado. "Lo que pasa en México es que se ha convertido en un lugar donde la gente nace, y muere, sólo para enriquecer a los extranjeros, principalmente gringos ricos", dijo.
El último comunicado de Marcos terminó con las especulaciones de que pudiera estar tratando de incorporarse a la política convencional como candidato a algún cargo o transformar su banda de rebeldes en un partido político, una extendida teoría en estos días.
Pero deja sin respuesta qué tipo de papel está buscando jugar en la contienda de tres candidatos del próximo año.
Los candidatos más probables son el ex ministro del Interior del partido de centro-derecha del presidente Vicente Fox, el alcalde izquierdista de Ciudad de México y el presidente nacional del partido centrista autoritario que gobernó México durante décadas.
Marcos ha criticado severamente al alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que es el favorito en la mayoría de las encuestas. Los comentarios borraron toda idea de que el ex profesor marxista fuera a apoyar a López Obrador sólo porque sea el candidato más liberal.
Marcos ha demostrado ser maestro manipulador de la opinión pública desde que dirigiera a los zapatistas, un andrajoso ejército de descendientes mayas de las selvas, en una revuelta el Día de Noche Vieja en 1994 contra el capitalismo y el libre comercio.
Un año después, los militares mexicanos empujaron a los insurgentes hacia la reserva natural en las montañas cerca de Guatemala y levantaron más de 100 campos en territorio rebelde. Desde entonces han habido pocos choques, excepto los ataques de grupos paramilitares contra aldeas que apoyan a los zapatistas.
En 2001, los zapatistas marcharon por el país hacia la capital para pedir la aprobación de un proyecto de ley indígena. Pero cuando el congreso aprobó una versión destripada del proyecto, los rebeldes se retiraron hacia las montañas y levantaron gobiernos autónomos en una docena de pueblos.
Desde entonces han establecido cinco gobiernos regionales como el de Oventic, cada uno gobernado por juntas compuestas por representantes de las municipalidades rebeldes. Los centros ofrecen clínicas sanitarias y escuelas, así como mercados para artículos indios, desde zapatos hasta chales.
La estrategia del gobierno de Fox ha sido destinar dinero a proyectos en pueblos donde los zapatistas no tienen control.
En estos días, el territorio antiguamente controlado por los rebeldes en 1994 es una rara mescolanza. El gobierno de Fox controla pueblos justo al lado de municipalidades controladas por los rebeldes, y la enemistad entre pueblos apoyados por el gobierno y pueblos rebeldes se ha agudizado.
Aunque grupos socorristas internacionales quieren continuar pompeando dólares de ayuda en la región zapatista, los pacíficos intentos de los rebeldes se levantar sus propias comunidades utópicas los han sacado de la primera plana nacional.
Marcos y otros líderes rebeldes recapturaron la atención del país el 19 de junio cuando declararon una "alarma roja" y luego se retiraron a la selva para un congreso de seis días sobre cuál sería el paso siguiente.
Carlos Montemayor, escritor de Ciudad de México que simpatiza con los rebeldes, observó que no era la primera vez que el subcomandante Marcos ha manipulado magistralmente una situación para promover su versión de la ideología marxista, sin disparar un tiro.
"Esto no es nada extraordinario", dijo Montemayor. "En los 11 años que han pasado desde la revuelta, los zapatistas han demostrado capacidad de acción política. Creo que lo que viene ahora es una demostración de que todavía tienen esa capacidad".
4 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
Oventic, México. El letrero en el camino que pasa por este pueblo zapatista, dice "Cerrado por Alerta Roja", y el normalmente ajetreado puñado de tiendas, escuelas, una fábrica de zapatos y una clínica sanitaria, está tranquilo. Los rebeldes enmascarados que normalmente vigilan Oventic han llamado a un encuentro en las selvas del sur de México.Tras años de relativa calma, la incómoda paz entre el gobierno y los zapatistas ha sido sacudida en los últimos días cuando los líderes rebeldes pusieron a sus fuerzas en alerta máxima, cerraron cinco centros oficiales establecidos en Chiapas en 2003 y emitieron una avalancha de comunicados llamando a la formación de un movimiento político nacional de izquierda.
Aquí en el sureño estado de Chiapas, y en Ciudad de México, la pregunta es: ¿cuáles son los planes del subcomandante Marcos?
Los temores de que los rebeldes pudieran estar planeando una ofensiva o preparándose para un ataque, se evaporaron cuando Marcos, su elusivo líder, declaró la semana pasada desde su escondite en la selva que los zapatistas no tenían la intención de reanudar los enfrentamientos, que terminaron oficialmente en 1995.
Desde entonces, sin embargo, Marcos ha emitido varias desordenadas misivas en internet. La última, el jueves, decía que los rebeldes tratarían de reunir apoyo para un programa de izquierda antes de las elecciones presidenciales de 2006 enviando una delegación de zapatistas por todo el país para unir a trabajadores, abogados y estudiantes de izquierda.
La misión de la delegación será rescribir la constitución y "construir desde abajo a una alternativa de la destrucción neo-liberal y una alternativa de izquierdas para México", escribió Marcos, un académico blanco cuyo nombre real, dicen los funcionarios, es Rafael Sebastián Guillén Vicente, y que saltó a la fama como el enemigo enmascarado del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte en los años noventa.
La declaración estaba salpicada de frases anticapitalistas y acusaba a los políticos de México de pisotear los intereses de los trabajadores y campesinos en nombre del libre mercado. "Lo que pasa en México es que se ha convertido en un lugar donde la gente nace, y muere, sólo para enriquecer a los extranjeros, principalmente gringos ricos", dijo.
El último comunicado de Marcos terminó con las especulaciones de que pudiera estar tratando de incorporarse a la política convencional como candidato a algún cargo o transformar su banda de rebeldes en un partido político, una extendida teoría en estos días.
Pero deja sin respuesta qué tipo de papel está buscando jugar en la contienda de tres candidatos del próximo año.
Los candidatos más probables son el ex ministro del Interior del partido de centro-derecha del presidente Vicente Fox, el alcalde izquierdista de Ciudad de México y el presidente nacional del partido centrista autoritario que gobernó México durante décadas.
Marcos ha criticado severamente al alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que es el favorito en la mayoría de las encuestas. Los comentarios borraron toda idea de que el ex profesor marxista fuera a apoyar a López Obrador sólo porque sea el candidato más liberal.
Marcos ha demostrado ser maestro manipulador de la opinión pública desde que dirigiera a los zapatistas, un andrajoso ejército de descendientes mayas de las selvas, en una revuelta el Día de Noche Vieja en 1994 contra el capitalismo y el libre comercio.
Un año después, los militares mexicanos empujaron a los insurgentes hacia la reserva natural en las montañas cerca de Guatemala y levantaron más de 100 campos en territorio rebelde. Desde entonces han habido pocos choques, excepto los ataques de grupos paramilitares contra aldeas que apoyan a los zapatistas.
En 2001, los zapatistas marcharon por el país hacia la capital para pedir la aprobación de un proyecto de ley indígena. Pero cuando el congreso aprobó una versión destripada del proyecto, los rebeldes se retiraron hacia las montañas y levantaron gobiernos autónomos en una docena de pueblos.
Desde entonces han establecido cinco gobiernos regionales como el de Oventic, cada uno gobernado por juntas compuestas por representantes de las municipalidades rebeldes. Los centros ofrecen clínicas sanitarias y escuelas, así como mercados para artículos indios, desde zapatos hasta chales.
La estrategia del gobierno de Fox ha sido destinar dinero a proyectos en pueblos donde los zapatistas no tienen control.
En estos días, el territorio antiguamente controlado por los rebeldes en 1994 es una rara mescolanza. El gobierno de Fox controla pueblos justo al lado de municipalidades controladas por los rebeldes, y la enemistad entre pueblos apoyados por el gobierno y pueblos rebeldes se ha agudizado.
Aunque grupos socorristas internacionales quieren continuar pompeando dólares de ayuda en la región zapatista, los pacíficos intentos de los rebeldes se levantar sus propias comunidades utópicas los han sacado de la primera plana nacional.
Marcos y otros líderes rebeldes recapturaron la atención del país el 19 de junio cuando declararon una "alarma roja" y luego se retiraron a la selva para un congreso de seis días sobre cuál sería el paso siguiente.
Carlos Montemayor, escritor de Ciudad de México que simpatiza con los rebeldes, observó que no era la primera vez que el subcomandante Marcos ha manipulado magistralmente una situación para promover su versión de la ideología marxista, sin disparar un tiro.
"Esto no es nada extraordinario", dijo Montemayor. "En los 11 años que han pasado desde la revuelta, los zapatistas han demostrado capacidad de acción política. Creo que lo que viene ahora es una demostración de que todavía tienen esa capacidad".
4 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
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