opinión

ue amenaza con dictadura militar

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José Durao Barroso, ex Primer Ministro de Portugal y actual presidente de la Comisión Europea ha advertido a los sindicatos y movimientos populares de Europa de que si no aceptan los paquetes neoliberales de austeridad, podrían instalarse dictaduras militares en España, Grecia y Portugal.

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[Heinz Dieterich] Barroso, el más alto funcionario del ejecutivo europeo, "nos traumatizó con una visión apocalíptica del colapso de las democracias en Europa debido a su situación de endeudamiento", recuerda John Monks, Secretario General de la Confederación de Sindicatos de Europa (ETUC). Su mensaje "fue tajante: si no se implantan los paquetes de medidas de austeridad, en esos países podría desaparecer la democracia como la conocemos actualmente. No hay otra alternativa"
La burguesía europea plantea, en otras palabras, un ultimátum al movimiento obrero y popular: paguen sumisamente los costos de la crisis que el gran capital ha causado, o se los hacemos pagar por la vía de la bota militar. En lenguaje político: si ofrecen resistencia a la reducción de su nivel de vida pasaremos de la dictadura burguesa velada (democracia representativa) a la dictadura burguesa abierta.
La amenaza es real por varias razones. En primer lugar, por el status del emisor del mensaje. Barroso es el más alto funcionario del Estado regional europeo y, por lo mismo, el capo di capi visible de su clase política. En segundo lugar, por el status de los receptores del mensaje, la European Trade Union Confederation (ETUC). Finalmente, por el hecho, de que las dictaduras militares desaparecieron apenas hace unos treinta años de estos países. La dictadura falangista en España duró formalmente de 1936 hasta 1978; la última dictadura militar en Grecia (G. Papadopoulos) de 1967 hasta 1975 y la dictadura portuguesa de Salazar sobrevivió de 1932 hasta 1974. Reinstalar el terrorismo de Estado en la periferia sureña de la Unión Europea -sea en forma abierta como en Grecia en 1967 o en Honduras en 2010, o de forma encubierta como en Colombia- para proteger las disfuncionales relaciones de producción capitalistas y los intereses de los poderosos, no será ningún problema en un continente cuya clase dominante inventó el fascismo, el falangismo y el nacionalsocialismo. Y en cuya cuna de modernidad, Francia, el gobierno (Pompidou-de Gaulle) rodeó el 29 de mayo de 1968 París con los tanques del Ejército francés, para romper el paro general de obreros y estudiantes, si fuese necesario.
La amenaza de usar la violencia del Estado contra la resistencia de los pobres se complementa con un reporte de Merrill Lynch-Capgemini que informa de que los ricos del mundo se hicieron aún más ricos en la peor crisis capitalista mundial desde la Gran Depresión de los años treinta. El número de millonarios en el mundo subió el año pasado a diez millones (+ 17%), que juntos representan una riqueza total de 39 billones de dólares. De esos plutócratas, 2,87 millones viven en Estados Unidos; 1,65 millones en Japón; 861.000 en Alemania y 477.000 en China.
La lectura de ambas informaciones -la advertencia de Barroso y el perverso aumento de la riqueza de los plutócratas en tiempos de severa crisis económica mundial- no deja duda alguna sobre el carácter de clase del capitalismo que vivimos y sus sujetos principales, las grandes burguesías. Si fuera necesario volver a establecer campos de concentración para proteger las ganancias, como en los años treinta, esos sujetos volverían a establecerlas.
Para las mayorías y los intelectuales críticos la lección es igualmente clara. Es preciso emular la actitud del movimiento obrero e intelectual europeo de 1847. Cuando en 1847 fue evidente que 1848 iba a ser un año de grandes convulsiones sociales y políticas, la vanguardia europea encargó a Marx y Engels redactar un Programa Regional de Acción, que orientara a las mayorías en la defensa de sus legítimos intereses. Ese programa de alternativas estratégicas y medidas tácticas, fue el ’Manifiesto Comunista’.
Hoy día conocemos el Modo de Producción del Socialismo del Siglo XXI -planeación democrática, valor de trabajo y principio de equivalencia- y su superestructura política (Ueberbau), la democracia participativa. Lo que nos falta, a diferencia de 1847, son sindicatos e intelectuales con conciencia de clase y teoría crítica. Por eso las mayorías europeas se encuentran sin defensas ante la amenaza "apocalíptica" del terrorismo de Estado burgués que su más alto funcionario acaba de lanzar.
21 de junio de 2011
cc rebelion

guerra contra libia no debió empezar

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Si el presidente Obama no hubiese atacado a Libia, la guerra en ese país ya habría terminado. [En la foto, un inmigrante subsahariano poco antes de su ejecución por tropas rebeldes.]

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[Alan J. Kuperman] Estados Unidos / Libia. Existen evidencias de que el presidente Barack Obama exageró groseramente el riesgo humanitario para justificar la acción militar en Libia. El presidente argumentó que la intervención era necesaria para prevenir un "baño de sangre" en Bengasi, la segunda ciudad más grande de Libia y el último bastión rebelde.
Pero Human Rights Watch dio a conocer datos sobre Misurata, la tercera ciudad más grande de Libia y escenario de prolongados enfrentamientos, revelando que Muamar Gadafi no ha masacrado a civiles deliberadamente sino que ha atacado con gran precisión a los rebeldes armados que luchan contra su gobierno.
La población de Misurata es de alrededor de 400 mil habitantes. En casi dos meses de guerra, han muerto allá sólo 257 personas -incluyendo combatientes. De los 949 heridos, sólo veintidós -menos del tres por ciento- son mujeres. Si Gadafi estuviera atacando a civiles de manera indiscriminada, las mujeres constituirían la mitad de las bajas.
Obama insistió en que las perspectivas eran sombrías si no se intervenía. "Si esperábamos un día más, Bengasi... podría haber sufrido una masacre que habría resonado en toda la región y manchado la conciencia del mundo." Por eso, concluyó el presidente, "prevenir el genocidio" justifica la acción militar estadounidense.
Pero la intervención no previno ningún genocidio, porque no se estaba preparando ningún baño de sangre. Al contrario, al respaldar la rebelión, la interferencia de Estados Unidos ha prolongado la guerra civil libia, con las resultantes penurias para civiles inocentes.
La mejor evidencia de que Gadafi no planeaba ningún genocidio en Bengasi es que no lo cometió en las otras ciudades que volvió a capturar total o parcialmente -incluyendo Zawiya, Misurata y Ajdabiya, las que juntas tienen una población mayor que Bengasi.
Las fuerzas libias mataron a cientos de rebeldes cuando recuperaron el control de las ciudades. El daño colateral es inevitable en la guerra contra la subversión. Y las estrictas leyes de guerra pueden haber sido excedidas.
Pero los actos de Gadafi no guardan ninguna relación con Ruanda, Darfur, el Congo, Bosnia y otros campos de la muerte. La fuerza aérea libia, antes de la declaración de una zona de exclusión autorizada por Naciones Unidas, atacó posiciones rebeldes, no aglomeraciones civiles. Pese a los omnipresentes celulares equipados con cámaras fotográficas y de video, no hay evidencias gráficas de masacres deliberadas. Abundan las imágenes de víctimas muertas o heridas en el fuego cruzado -y supone cada una de ellas una tragedia-, pero eso es guerra urbana, no genocidio.
Gadafi tampoco amenazó nunca con realizar una masacre de civiles en Bengasi, como argumentó Obama. La advertencia de que no mostraría piedad, del 17 de marzo, se dirigía solamente a los rebeldes, como informó el New York Times, que observó que el líder libio prometió amnistía para los "abandonaran las armas". Gadafi incluso ofreció a los rebeldes una ruta de escape y abrir la frontera con Egipto, para evitar "luchar hasta las últimas consecuencias".
Si el baño de sangre era improbable, ¿cómo pudo esta idea justificar la intervención estadounidense? La verdadera perspectiva en Bengasi era la derrota definitiva de los rebeldes. Para evitar este destino inventaron la idea de un inminente genocidio para concitar el apoyo internacional a favor de la intervención "humanitaria" que salvaría la rebelión.
El 15 de marzo, Reuters citó a un líder de la oposición libia en Ginebra que dijo que si Gadafi atacaba a Bengasi, habría "un verdadero baño de sangre, una masacre como la de Ruanda". Cuatro días después, aviones militares norteamericanos empezaron a bombardear Libia. Para cuando Obama anunció que la intervención había evitado una carnicería, el New York Times ya había informado que "los rebeldes no muestran ningún respeto por la verdad a la hora de dar forma a su propaganda" contra Gadafi y estaban "haciendo acusaciones terriblemente exageradas contra sus brutalidades."
Es difícil saber si la Casa Blanca fue engañada por los rebeldes o si conspiró con ellos para forzar un cambio de régimen sobre bases humanitarias falaces. En cualquier caso, la intervención excedió rápidamente el mandato de Naciones Unidas sobre la protección de la población civil bombardeando fuerzas libias que se estaban retirando o estacionadas en bastiones de Gadafi, como Sirte, que no representaban ninguna amenaza para los civiles.
El resultado neto es incierto. La intervención impidió que las fuerzas de Gadafi capturaran Bengasi, salvando algunas vidas. Pero intensificó su represión en el occidente de Libia para consolidar rápidamente su territorio. También envalentonó a los rebeldes a reanudar sus ataques, reconquistando brevemente algunas ciudades a lo largo de las costas orientales y centrales, como Ajdabiya, Brega y Ras Lanuf, hasta que agotaron sus líneas de abastecimiento y se retiraron.
Cada vez que esas ciudades cambian de mano, son bombardeadas por ambos lados -matando, hiriendo y desplazando a inocentes. El 31 de marzo la OTAN advirtió formalmente a los rebeldes que dejaran de atacar a civiles. Es penoso recordar que si no fuera por la intervención, la guerra habría, casi seguramente, terminado el mes pasado.
En su discurso explicando la acción militar en Libia, Obama expuso el noble principio de la responsabilidad de proteger -que algunos llamaron rápidamente la Doctrina Obama-, justificando la intervención, cuando posible, para impedir un genocidio. Libia revela cómo este enfoque, implementado reflexivamente, puede fracasar, al alentar a los rebeldes a provocar y exagerar atrocidades para incitar una intervención que en última instancia perpetuará la guerra civil y el sufrimiento de los civiles.
[El autor es profesor de asuntos públicos en la Universidad de Texas, autor de ‘The Limits of Humanitarian Intervention’ y co-editor de ‘Gambling on Humanitarian Intervention.’]
20 de junio de 2011
14 de abril de 2011
©boston globe
cc traducción mQh

lo escondido en la memoria

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"¿Somos un pueblo maldito? No, eso sería echar la culpa a otros".

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[Juan Forn] Rodolfo Walsh oyó la frase "Hay un fusilado que vive" en un café de La Plata adonde iba a jugar al ajedrez. Se asomó a ver qué pasaba y terminó desnudando a toda la sociedad argentina, como bien dice Osvaldo Bayer en el prólogo de ‘Operación Masacre’. El español Alberto Méndez oyó la misma frase por la misma época, pero en Roma, adonde se habían exiliado sus padres republicanos después de la Guerra Civil. En su caso la frase vino en plural: "Hay fusilados que viven". Eran las cosas que se decían en voz baja en aquellos tiempos de silencio (como famosamente los define un libro de Luis Martín Santos), cuando en España "daba miedo que alguien supiera que sabías" y, fuera de España, los exiliados recibían con ansia a todo recién llegado para saber qué había sido de los amigos perdidos. No sólo pasaba en Roma sino en México y Argentina, lo sabemos bien.
Como Walsh, Méndez también se asomó a ver qué pasaba: en cuanto cumplió los dieciocho volvió a España con su hermano, pero necesitó cuarenta años para terminar el único libro que escribió en su vida. Méndez tenía sesenta y tres años cuando se publicó en 2004. Once meses después estaba muerto. No llegó a asistir a la catarsis colectiva que produjo (vendió 300 mil ejemplares, recibió póstumamente el Premio Nacional y el Premio de la Crítica, etc.). Es interesante señalar que, en el mismo momento en que el librito de Méndez producía ese inesperado efecto, el establishment español bloqueaba los intentos del juez Garzón por reconsiderar los crímenes del franquismo como causas de lesa humanidad, imprescriptibles. A dos meses de morir, Méndez le había escrito a un amigo: "Mi vida ha sido, y así pretendo que sea, una vida oscura y oscurecida por mi dedicación al trabajo y a la familia. El resto ha sido mi obcecación tan fracasada como enfermiza por contribuir a la caída de la dictadura. Lo malo es que, además de no caer, me arrojó encima toda la excrecencia que emanaba de ella".
Para los jóvenes de izquierda españoles de los años ’60, Alberto Méndez y su hermano eran una leyenda (y para la policía franquista de la época eran como los Dalton o Jesse James y sus hermanos, recordó Jorge Herralde en la necrológica con que despidió a Méndez). En 1964 lo expulsaron de la Universidad en Madrid, cuando era líder de la asamblea de estudiantes, además de arrebatarle el título de licenciado en Filosofía. Poco después fundó con su hermano una editorial de izquierda llamada Ciencia Nueva, que fue un secreto orgullo en el mustio panorama español de entonces hasta que Fraga Iribarne (ministro de Información y Turismo de Franco) la cerró. La llegada de la democracia fue corriendo a Méndez al costado: le concedió seguir trabajando en el mundo editorial pero ya a sueldo de otros, España devino posmoderna y europea y Méndez era en las reuniones del mundillo como esos paraguas que nadie reclama y quedan olvidados para siempre en el guardarropa de un teatro.
‘Los girasoles ciegos’ no tiene ni 150 páginas, son cuatro cuentos interconectados, cuatro escenas íntimas y anónimas del fin de la guerra civil y los tres años posteriores. Es todo lo que ha quedado de la pluma de Méndez, salvo un reportaje, el único que le hicieron después de publicar el libro (que no había llegado a agotar la primera, modesta edición, cuando él se murió). El reportaje se titula ‘La vida en el cementerio’ porque así describe Méndez los años ’39 al ’42 en España. Yo incluiría sin dudarlo ese reportaje al final del libro, porque lo pone en impresionante perspectiva, funcionaría como epílogo perfecto. Ahí Méndez cuenta que las cuatro historias son reales, o tienen su origen en la realidad. Hubo efectivamente un capitán franquista que, horas antes de que Franco tomara Madrid, se rindió a los republicanos porque no quería formar parte de la victoria (en el reportaje Méndez dice: "Franco pudo tomar Madrid mucho antes pero le pareció insuficiente, así que decidió cercar primero la ciudad y desangrarla. A Madrid no la defendía un ejército regular, eran hombres y mujeres que iban cada día a trabajar y, al salir, cogían el fusil y se iban al frente y luego volvían a casa a echarse un rato antes de entrar a trabajar"). Cuando los nacionales toman Madrid, juzgan por desertor a ese capitán y lo fusilan ("Yo conocí al menos dos personas que sobrevivieron a los fusilamientos y se despertaron en una tumba. Los franquistas tenían mucha prisa por matar y no mataban bien", dice Méndez en el reportaje).
Refiriéndose a la caída de Madrid y las primeras consecuencias de la entrada de Franco en la ciudad, Juan Eduardo Zúñiga escribió: "Pasarán años y olvidaremos todo, y lo que hemos vivido nos parecerá un sueño, y será un tiempo del que no convendrá acordarse. Pero yo era un adolescente en ese tiempo y es un momento de la vida en que uno tiene alta capacidad retentiva". Méndez escribió en su vejez (o durante toda su vida) un libro que tiene la capacidad retentiva de esas adolescencias humilladas y ofendidas por lo que suele llamarse el viento de la Historia. España se jacta de haber escuchado primero la versión de los vencedores de la Guerra Civil, luego las múltiples versiones de los perdedores y más tarde las justificaciones de aquellos que habían perdido en el bando vencedor. "De todo ha habido ya. Cada una de las facciones ha justificado el comportamiento de sus respectivas huestes", dijo hace poco desde un editorial de El País uno de esos neoespañoles de pacotilla que abundan en la prensa y la literatura hispana actual. La versión castiza del "eso ya pasó, loco", tan presente en estas tierras en estos tiempos. Méndez, en su libro, le hace decir a uno de sus personajes: "¿Somos un pueblo maldito? No, eso sería echar la culpa a otros".
Para Méndez, en España se habló durante sesenta años de la guerra como si perteneciera al pasado, "y no está nada claro que esto sea así". Uno de los más inesperados efectos de ‘Los girasoles ciegos’ (que se ha colado furtivamente en la currícula educativa española, para intenso fastidio de los momios de la Real Academia de la Historia, que ya han hecho pública su queja) es que en este momento se están grabando y rodando por todos los rincones de España los testimonios de los últimos que quedan de aquella época, aquellos que tuvieron que callar durante la dictadura y después nadie les prestaba atención, y aún necesitan "contar lo que les pasó, al servicio de la comprensión". Todo está escondido en la memoria, si León me permite la paráfrasis, con el acento tan puesto en "todo" como en "escondido". En una novela de AB Yehoshua, un árabe le dice a un israelí: "A los judíos suele ofenderles la verdad que con tanto ahínco buscan". A los españoles y a los argentinos también, aunque no la buscamos con mucho ahínco.
18 de junio de 2011
17 de junio de 2011
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toque de queda sobre la barbarie

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Un silencio sobre el pasado de Brasil.

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[Eric Nepomuceno] Que Dilma Rousseff, una mujer valiente que, como dijo el compositor y escritor Chico Buarque de Hollanda en un acto de campaña, "ya probó su valor, ya pasó por todo y supo seguir adelante", haya aceptado decretar sigilo absoluto y por tiempo indeterminado sobre documentación histórica de Brasil es algo que el tiempo tendrá de explicar. De momento, la única explicación posible son las presiones y chantajes que enfrenta en el Congreso, especialmente en el Senado. Imponer un silencio oceánico sobre la historia brasileña –e incluso sobre su propia historia personal, ya que padeció cárcel y tortura durante la última dictadura militar– es algo inesperado. Es fácil imaginar la clase de presión a que se vio sometida para postergar sine die la apertura de documentos clasificados como ultra-secretos, y que van del siglo XIX al período de la última dictadura militar que nos sofocó. Inicialmente, se preveía un plazo de 50 años para que se levantase el sello de "ultra-clasificado". Ahora no hay plazo.
Mucho más fácil de entender, sin embargo, son las razones de dos exponentes de la derecha en el Senado, el muy poderoso presidente de la Casa, José Sarney, y el senador Fernando Collor de Mello. Ambos pasaron, antes, por la Presidencia de la Nación. Collor de Mello ha sido el primer presidente electo desde 1961 (Sarney fue nombrado por el Congreso en 1985, para la transición entre dictadura y democracia) y el primero y hasta ahora único en la historia de mi país en ser alejado por corrupción comprobada. Ambos vinieron del partido Arena, que durante el régimen de los militares apoyó la dictadura. Ambos están involucrados en escándalos de corrupción. Sarney logró incluso que la Justicia del estado de Maranhao, que él controla como si fuese su feudo familiar, decretase la censura previa –inconstitucional, por supuesto– al influyente diario conservador O Estado de S. Paulo, que desde hace casi dos años está prohibido de informar sobre investigaciones que apuntan a los desmanes de uno de sus hijos.
Lo que no se comprende es cómo, a estas alturas de la historia, se pretende seguir guardando bajo sigilo absoluto y total documentos referentes a la Guerra de Paraguay, que terminó en 1870, y en la cual la actuación brasileña ha sido especialmente sangrienta. Brasil perdió a 50 mil hombres y contribuyó de forma decisiva para dejar en Paraguay un escenario de tierra arrasada y destrozada. Igualmente se clasifican como definitivamente secretos papeles de la actuación del padre de la diplomacia brasileña, el Barón de Rio Branco, que demarcó las fronteras de su país y entre otras hazañas logró apoderarse de un importante trozo de Bolivia, el actual estado brasileño de Acre, de inmensas riquezas naturales. Tampoco se tendrá acceso a la documentación sobre el período del presidente Getulio Vargas, uno de los pilares de la creación del Estado moderno brasileño pero en cuyo largo período dictatorial cometió o dejó que se cometiesen actos de barbarie.
Sarney y Collor de Mello aseguran, al unísono, que dar acceso a ese tipo de documentación podría provocar malestar entre los vecinos y reabrir viejas heridas. Bueno, habría antes que preguntar a paraguayos y bolivianos si tienen o no interés en conocer parte oculta de sus historias. No hacen mención, desde luego, al período más reciente, y más específicamente a la dictadura que imperó entre 1964 y 1965.
Claro está que, con relación a Sarney y Collor, cuanto menos se conozca de sus trayectorias personales, salpicadas de momentos oscuros, mejor. Es perfectamente comprensible su profunda aversión a la luz, ya que la oscuridad les fue y es ampliamente favorable a la hora de vampirizar el país. De todas formas, con lo que se sabe sobre esas dos figuras de la política brasileña ya es suficiente para entender sus pánicos.
Lo que no se logra saber es cómo Dilma Rousseff aceptó esa presión y sucumbió a algún chantaje misterioso.
Queda la esperanza de que alguna hora, más temprana que tardía, vuelva atrás y reasuma la posición que sería lógico esperarse de una mujer de su fibra y trayectoria. Que haga honor, como siempre lo hizo, a la memoria de su propio pasado personal y de toda una generación que empeñó la vida por la democracia que ahora tenemos.
16 de junio de 2011
©página 12

chiquita brands y la reparación en urabá

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Al reconocer la financiación de los paramilitares, la Chiquita Brands tuvo que pagar al fisco norteamericano 25 millones de dólares, pero no ha girado un peso para el Estado colombiano.

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[León Valencia] Las autoridades colombianas tienen un gran desafío: encontrar el camino jurídico para que la empresa multinacional Chiquita Brands responda por la reparación de las víctimas de Urabá y para que sus directivos lleguen a los tribunales nacionales a un juicio por concierto para delinquir agravado. Es algo más que una cuestión de honor. Es una lección histórica para quienes han abusado de nuestra nación y han pisoteado nuestro territorio.
Esta empresa ha cometido un crimen sin nombre contra Colombia. Es una infamia mayor que la sociedad colombiana no puede pasar por alto. Ya los voceros de la casa matriz reconocieron, ante un tribunal en Estados Unidos, que entregaron dinero a los hermanos Castaño para financiar la guerra paramilitar en la región donde se gestó el modelo de control territorial y político que las Autodefensas exportaron a todo el país. Algo más aberrante. En un informe de la Secretaría General de la OEA se puede leer que esta empresa participó en la operación mediante la cual los paramilitares ingresaron tres mil fusiles con los cuales se cometieron parte de los 175.000 asesinatos que los mandos paras han confesado ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Por su parte Raúl Hasbún, empresario bananero, en su proceso judicial, ha declarado que Charles Caiser, gerente de Banadex, filial de Chiquita Brands junto a Reynaldo Escobar e Irwin Bernal, también directivos de la empresa, se reunió en 1997 con Carlos Castaño para pactar que entregarían, a través de las cooperativas de seguridad Convivir, a los paramilitares, tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.
Hasbún cuenta que su idea era montar una Convivir, pero la meta de la Gobernación de Antioquia, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, era conformar muchas más, entonces pusieron a funcionar doce. Actuaban en los cuatro municipios que conforman el eje bananero, pero la coordinación central estaba en manos de la Convivir Papagayo, a la que llegaban todos los dineros que aportaban las empresas bananeras.
La magnitud de esta operación, en la que participaron todas las grandes empresas bananeras lideradas por Chiquita, es monumental. Entre 1997 y 2004 salieron de Colombia 647.706.429 cajas de banano y llegaron a las arcas paramilitares 19. 431.193 dólares.
Estas evidencias que involucran a la multinacional en tráfico de armas, concertación con ilegales y financiación de los paramilitares llevaron a que el fiscal Mario Iguarán dijera, en algún momento, que pediría la extradición de ocho directivos de la empresa para que respondieran en Colombia por los hechos.
Las armas y la financiación aportadas por los bananeros contribuyeron a una catástrofe humanitaria en Urabá. Entre 1997 y 2003 se produjeron cerca de 3.000 homicidios, hubo alrededor de 60.000 desplazados y se cometieron 62 masacres. Pero también le dieron un gran impulso a la expansión de los paramilitares por todo el país.
Al reconocer la financiación de los paramilitares, la Chiquita Brands tuvo que pagar al fisco de Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares y no ha girado un solo peso para el Estado colombiano. Una verdadera ironía porque el daño se hizo en Colombia y el lucro que permitió esta gran operación criminal se obtuvo también en estas tierras.
Y hagamos cuentas. Si Chiquita Brands tuviese que entregar a Colombia apenas una suma equivalente a la que hubo de pagar en Estados Unidos, se podría indemnizar con 40 salarios mínimos a más de la mitad de los afectados en el derecho a la vida en Urabá en la época nefasta en que la empresa operó en la región.
Pero la sanción a la Chiquita Brands en Colombia y la extradición de los extranjeros que participaron en estos graves delitos tendrían una repercusión mayor: el Estado colombiano abriría las puertas para investigar a todas las empresas foráneas que incentivaron el crimen y el terror en el país y, a la vez, enviaría un mensaje muy contundente a las multinacionales que llegan ahora para aprovechar el boom minero que se está gestando.
29 de mayo de 2011
28 de mayo de 2011
©semana

la impunidad no vence

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Hoy es de vital urgencia deshacernos de la impunidad, sacar la basura, limpiar, transparentar zonas horribles de impunidad, sacar la basura, limpiar, transparentar, investigar y esclarecer.

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[Beatriz Pfeiffer] El 24 de mayo de 1977 era secuestrada en la ciudad de Rafaela, Silvia Suppo. Junto con su hermano, Hugo Suppo y su compañero Jorge Destéfani.
En junio de 2000, se iniciaba en el juzgado Nº1 de Santa Fe una causa para que se investigue la desaparición de Reinaldo Hattemer, la muerte de Rubén Carignano, el secuestro de Jorge Destéfani y de los hermanos Silvia y Hugo Suppo.
El 5 de octubre de 2009, Silvia Suppo declaró como testigo en la denominada "causa Brusa", donde relató todos los tormentos vividos durante su cautiverio en Santa Fe en mayo de 1977.
El 29 de marzo de 2010, Silvia Suppo era salvajemente asesinada.
Hoy a 34 años de cometidos los más aberrantes y salvajes delitos contra Silvia y sus compañeros, a 11 años de iniciada la causa que investiga esos delitos de lesa humanidad, a 14 meses del asesinato de Silvia Suppo, ningún represor se encuentra detenido por los delitos cometidos contra Silvia en la dictadura militar y no se ha tomado ninguna medida investigativa que pueda determinar si el asesinato fue un crimen político por encargo.
En la causa que investiga la muerte de Silvia Suppo hubo varios planteos de competencia, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó "Que en tanto no puede descartarse que la muerte de Silvia S. Suppo, obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal". Por esta razón, la causa finalmente quedó radicada en la justicia federal de Santa Fe.
Pero el Sr. juez federal Rodríguez no tomó ninguna medida de investigación en la causa que llegó a sus manos y velozmente, remitió el expediente al tribunal oral para su elevación a juicio oral, dividiendo el expediente en dos partes: autores materiales y autores intelectuales ¿Qué ventajas ofrece dividir la investigación de un mismo hecho en dos partes? ¿El expediente de los autores intelectuales acumulará pruebas, víctimas y polvo en la causa Hattemer?
¿Por qué tanto apuro, en una causa donde los imputados confesaron su participación? ¿Los imputados están apurados por ser condenados a cadena perpetua?
Mientras la justicia se apresura por elevar a juicio una causa que no cuenta con ningún antecedente investigativo dentro del fuero federal, nos preguntamos ¿Cómo mataron a Silvia Suppo? Sabemos de que murió, pero no sabemos como. El relato que los imputados ofrecen a la justicia, no coincide con la escena del crimen, escena que recordemos se encontraba limpia de todo rastro o prueba.
Las posibles complicidades de la policía de Rafaela, que no cuidó la escena del crimen, que no entregó el video de la estación de colectivos, que llamó ilegalmente a declarar a el remisero, que trasladó a los imputados hasta la terminal ¿se investigarán en la causa de los autores materiales o en la de los intelectuales?
¿En qué causa se investigarán a los posibles cómplices ¿ ¿La justicia sólo juzga a los confesos?
"La impunidad en nuestra provincia ya tiene feo olor, tiene gusanos horribles que inundan cualquier intento de memoria y verdad"
Hoy es de vital urgencia deshacernos de la impunidad, sacar la basura, limpiar, transparentar zonas horribles de impunidad, sacar la basura, limpiar, transparentar, investigar y esclarecer.
Es por todo esto que queremos recordar que en mayo de 1977: El Vicealmirante Jorge Alberto Desimoni, se ocupaba de gobernar ilegalmente nuestra provincia (máxima autoridad política). El capitán Domingo Morales, era jefe de inteligencia del ejército. Héctor Romeo Colombini y Eduardo Ramos, administraban las torturas en La Casita (centro clandestino de detención, donde Silvia Suppo fue torturada y violada) Juan Calixto Perizotti, era el jefe de la G.I.R. y fue el responsable de enviar a Silvia a realizarse un aborto durante su detención ilegal.
María Eva Aebi y Oscar Farina (personal de la G.I.R.) fueron los que trasladaron y custodiaron a Silvia antes, durante y después de que fuera sometida a un aborto. Porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a todos los genocidas. Esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo. H.I.J.O.S. Santa Fe.
29 de mayo de 2011
©rosario 12

despenalizar el consumo de drogas

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Hay que abrir la mente: A despenalizar el consumo de drogas.

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Chile. El año pasado en Chile la policía detuvo a 74.945 personas por infracción a la ley de drogas. Ocho de cada diez de estas personas fueron violentadas por el aparato punitivo del Estado por el simple hecho de portar o consumir dichas sustancias. La mayor parte de ellos no tenían ningún compromiso delictual anterior. Sean obreros, abogados, un director de una repartición estatal o un estudiante secundario, lo cierto es que además del mal rato que les hacen pasar, de concentrar tantos recursos en perseguir conductas que no le hacen daño a terceros -y son de estricta decisión personal-, es un despilfarro del dinero de los contribuyentes.
En sus ya cien años de vigencia, la declarada guerra a las drogas no tiene otro rédito para exhibir que rotundos fracasos. Pese a esto, los políticos de turno se empecinan en convencernos en proseguir esta cruzada moral. Y es que no sólo da réditos electorales levantar campañas azuzando miedos sociales, es también un buen negocio abrir centros terapéuticos que convencen a los padres de que van a ‘rehabilitar’ a sus hijos, justificar cada vez más gastos policiales y mantener prohibidas una serie de sustancias cuyo comercio ilegal es el más rentable del planeta.
Hace poco más de 10 años, los gobiernos de los diferentes países se sumaban felices a la campaña ‘un mundo libre de drogas’. Con el tiempo, tuvieron que agregarle al eslogan ‘podemos hacerlo’, debido a que todas las estadísticas confirmaban que las personas no querían dejar de usar drogas y el mercado que satisface esta demanda lo que menos quiere es su regulación.
La prohibición de las drogas ha dejado como consecuencias, además, violaciones a los derechos humanos de los mismos consumidores, asolados por el aparato policial, de comunidades campesinas y pobres urbanos, los que son los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas.
Los usuarios de drogas declaradas ilícitas también han debido soportar no sólo la criminalización de sus hábitos, sino que están obligados a tener que recurrir al mercado negro para proveerse de dichas sustancias y marginalizar su consumo. Las drogas no son peligrosas por ser drogas, sino porque están prohibidas.
El estigma de que los consumidores son personajes marginales, cada día se desvanece más. La realidad es que un alto número de universitarios y personas de los estratos con más alto poder adquisitivo son quienes más acceso tienen a las drogas, por razones obvias. El ánimo de esconder esta evidencia llevó incluso a Conace (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) a dejar de reportar el consumo de drogas por comunas, cuando sus mismas encuestas mostraban que quienes más ingerían drogas eran los jóvenes de clases altas, con estudios y sin riesgo social alguno. Consumidores de otros grupos sociales, en su mayoría, tampoco tienen problemas con las drogas.
Además, el reducido número de usuarios que tienen problemas con el consumo, no reciben la atención sanitaria y social que necesitan y deben conformarse con fracasadas terapias que persiguen el abandono total del consumo de drogas, cuando de lo que se trata es enseñarles a desarrollar estrategias de cuidado de sí y de consumos responsables.
Otro daño es el que se hace al medio ambiente. A baja escala es el provocado por los miles de laboratorios clandestinos que procesan drogas en selvas y vierten sus desechos en las fuentes fluviales. En un nivel mayor las políticas de erradicación forzada y el bombardeo de extensas zonas campesinas y selváticas con biocidas han devastado regiones enteras y dejado varios muertos. Esto es considerado un costo marginal para los gobiernos que mantienen estas políticas.
La excusa del combate a las drogas, asimismo, ha provocado en los países del sur del mundo una violación constante de su soberanía y la obligación de someterse a certificaciones con fines políticos. Esto ha terminado por erosionar el Estado de Derecho con la creación de órganos de controles nacionales e internacionales que escapan del examen democrático y, en muchos casos, son invitaciones abiertas a la corrupción.
Las muertes debidas a la guerra de las drogas son mayores que las causadas por su consumo. Sólo en México, desde el 2006, este conflicto ha cobrado la vida de más de 30 mil personas. Una guerra impuesta por Estados Unidos e implementada por agencias como la DEA, el FBI y la CIA, que no sólo ha traído violencia, corrupción, desplazamiento forzoso de familias, daños al medioambiente, sino que, por una parte, no ha dado resultado –incluso en sus áreas de influencia el narcotráfico se ha consolidado-, y, por otro lado, ha significado un debilitamiento de las democracias y de la soberanía nacional, pues ha servido para justificar el intervencionismo de la gran potencia del norte en Latinoamérica (con esa excusa, en 2010 una flota de guerra de EUA fue instalada en Costa Rica).
El siglo que prohibió a plantas y sustancias con efectos sobre la conciencia no deja otro saldo que el estigma y marginalización de los millones de usuarios de drogas prohibidas en el mundo, el haber entregado al mercado negro un negocio que hoy es el tercero más rentable del planeta -luego de la venta de armas y la trata de personas-, la desintegración social de muchas comunidades y graves daños al medio ambiente y comunidades urbanas y rurales.
Pero frente a este desolador panorama cabe decir que la mayor parte de los usuarios no tienen problemas por el consumo de drogas. Las consumen por placer, las comparten, se informan y cada vez más generan mejores estrategias de cuidado para su consumo. Es más, la paradoja de nuestra época da cuenta de que los usuarios de drogas permitidas como el alcohol y el tabaco son los que tienen más riesgos.
Para aportar más elementos a este debate, El Ciudadano quiso conocer la visión de quienes han sido la piedra de tope del aparato punitivo que se ha ensañado con los usuarios de drogas: Los jueces. A ellos les llegan jóvenes sorprendidos por fumar un pito de cannabis en la calle o portando un papelillo de cocaína o con una tableta de éxtasis. Y ya no son pocos los que han alzado sus voces para parar este delirio. En Argentina, Brasil y, como pudimos constatar, también en Chile, son varios magistrados que abogan por otra política de drogas, que sea justa, realista y eficaz.
Los mayores avances se han dado en Argentina, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la legislación sobre drogas por violar los derechos individuales. Es una señal de que, pese a la prohibición y las mentiras desparramadas, el continente se mueve.
Sólo cabe pedir más sensatez a los legisladores nacionales.
23 de mayo de 2011
22 de mayo de 2011
©el ciudadano 99 primera quincena abril 2011

el travestismo de obama

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Obama, mustio guerrero desbordado. Engañó a todo el mundo. Incluso le dieron el Nobel de la Paz. Y resultó un presidente sanguinario e hipócrita.

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[Juan Gabriel Tokatlian] A esta altura de su mandato ya quedan pocas dudas: el presidente Barack Obama se ha transfigurado en un guerrero y Estados Unidos ha decidido no modificar su estrategia de primacía global, a pesar de sus serios problemas domésticos y materiales. Como tantos líderes de su país desde la Guerra Fría, Obama se siente tentado a resolver problemas político-estratégicos de alta complejidad con el rápido expediente de lanzar operaciones militares. Como su antecesor, George W. Bush, presume que el despliegue del músculo bélico le brinda más dividendos internos y mayor credibilidad externa. Sin embargo, lo primero es algo apenas eventual y lo segundo no será así. Obama, como otros republicanos y demócratas, ha depositado demasiada confianza en el valor del recurso a la fuerza en la política exterior de Washington.
Los hechos son elocuentes. La anunciada "retirada" de Irak no ha impedido concederles a las fuerzas armadas su deseo de estacionar 17.000 soldados en las múltiples bases iraquíes bajo control del Pentágono. Obama amplió y profundizó la guerra en Afganistán añadiendo a Pakistán como objetivo permanente de ataques misilísticos desde aviones no tripulados (los llamados drones) que han dado de baja tanto a presuntos militantes (del Talibán y de Al Qaida) como a población civil de-sarmada. Decidió el ataque a Libia sin la necesaria autorización legislativa y avaló, de facto, la táctica de "decapitación de líderes" con los bombardeos de la OTAN que, a su vez, tergiversan la resolución de la ONU sobre la "zona de exclusión aérea" en el caso libio. Asimismo, aprobó la ejecución extrajudicial de Osma bin Laden en territorio paquistaní bajo el dudoso principio de que así se "hace justicia". Simultáneamente, no cumplió con su promesa de desmantelar el aparato de violación de derechos humanos que ha significado Guantánamo.
A su vez, según la nueva postura nuclear autorizada durante su gestión Estados Unidos se reserva la posibilidad de lanzar armas nucleares contra Irán; país que no posee hoy armas de destrucción masiva. El presupuesto de defensa que solicitó Obama para el año fiscal 2012 es de U$S 553 billones de dólares (4 billones de dólares más que para 2011 y 20 millones más que para 2010), al tiempo que los gastos totales en defensa pedidos para ese año ascienden a 881 billones de dólares. Lo anterior confirma una tendencia que ha estado presente desde 2004 en adelante: Estados Unidos gasta en materia militar la suma de lo que gastan los otros 191 países con asiento en Naciones Unidas.
Ahora bien, en el marco de ese debate presupuestario ha surgido un elemento aún más inquietante. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU según su sigla en inglés) ha denunciado que en la nueva legislación sobre el desembolso de los recursos para los conflictos en Irak y Afganistán se le estaría otorgando al presidente (a Obama y a los que le sigan) poderes amplios para usar la fuerza dentro y fuera de Estados Unidos, transfiriendo, de hecho, al Ejecutivo el poder del Legislativo para declarar la guerra. La alarma es tal que la organización estadounidense defensora de derechos y libertades reclama un debate profundo y urgente sobre un asunto que, en la práctica, derivará en una suerte de presidencia imperial sin control alguno del Congreso para utilizar a los militares en todo tipo de misiones. Esto sería, ni más ni menos, en palabras de la ACLU, la "autorización para guerras mundiales sin fin".
Por convicción o por conveniencia, por motivos electorales o por motivos estratégicos, para no aparecer débil políticamente o diplomáticamente, Obama se ha transformado, con tristeza y con exceso, en un guerrero más. Un guerrero que se podrá fortalecer coyunturalmente en lo interno, pero se eclipsa cada día más en el mundo.
[El autor es profesor de Relaciones Internacionales. Universidad Di Tella.]
20 de mayo de 2011
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