fascista con monumento
12 de octubre de 2008
[Carlos Peña] ¿Debería asistir la Presidenta de la República a la inauguración del monumento a Jaime Guzmán? ¿Sería mejor que no fuera? El memorial -así se le ha llamado- está listo. Un espejo de agua, siluetas que se recortan, senderos que se bifurcan, un jardín a desnivel. Y a falta de cipreses, ligustrinas.
La Presidenta tomará una decisión en el momento adecuado -declaró el ministro Vidal.
Así, entonces, la pregunta está vigente: ¿debe o no asistir a esa ceremonia la Presidenta de la República?
Aparentemente, las razones para asistir sobran.
Jaime Guzmán fue un profesor claro y elocuente, un político eficaz y un líder carismático. Nunca, que se sepa, empuñó arma alguna. Prefirió las palabras. Solía tejer discursos en los que los argumentos encajaban como piezas bien bruñidas. Y la claridad de sus clases llegaba a anestesiar toda reacción crítica: algo tan claro, pensaban sus alumnos, no podía ser erróneo. Aun cuando su desempeño público en medio de un debate abierto fue más bien escaso -casi toda su vida política y universitaria se desenvolvió con opositores enmudecidos por el temor o por el castigo-, no cabe duda de que era un hombre inteligente con una profunda vocación pública.
¿Por qué entonces siquiera dudar que la Presidenta deba asistir a la inauguración de un monumento en su nombre?
La razón es tan obvia como las anteriores. Y tiene mayor peso.
Ocurre que Jaime Guzmán fue uno de los sustentos intelectuales de una dictadura que elaboró, y luego ejecutó, una política sistemática, y casi siempre inmisericorde, de violación a los derechos humanos. Nada menos. Su adhesión a ese régimen no fue ni por oportunismo ni por miedo. Tampoco es posible ver en él a alguien ingenuo y cándido que no era capaz de distinguir entre militares genuinos y violadores de los derechos humanos. Él fue solidario con la dictadura por convicción intelectual y política: creyó a pie juntillas que la democracia carecía de valor intrínseco (un simple medio, decía), que debía ser precedida por las reformas económicas (en esto su argumento era casi del marxismo clásico) y que, en cualquier caso, debía dotarse de salvaguardas y de protecciones que evitaran que las mayorías (casi siempre rendidas por la demagogia, pensaba él) hicieran su voluntad.
En lo que respecta a los derechos humanos, se movió en medio de una curiosa ambigüedad: apoyó a algunas víctimas y al mismo tiempo justificó al régimen que las castigaba; pareció comprender el dolor de quienes se acercaron a él, pero siguió apoyando con entusiasmo a la dictadura que, él sabía, torturaba y hacía desaparecer personas. Como muchos intelectuales conservadores -Guzmán fue uno de ellos- tenía misericordia, pero al mismo tiempo una rara fascinación por la fuerza militar y la violencia; creía en la responsabilidad moral por los propios actos, pero al mismo tiempo actuaba como si ella no se relacionara con la acción política.
Todas esas características de Guzmán -con las que él forjo su posición pública y labró su sitio en la memoria colectiva- impiden que la Presidenta pueda asistir a la inauguración de ese memorial.
Y es que la Presidencia de la República -cuyo capital simbólico es deber de Michelle Bachelet cuidar- es portadora de virtudes y convicciones colectivas que, desgraciadamente, riñen con la conducta que Jaime Guzmán desplegó en la parte más notoria de su vida pública.
Por lo mismo, si es comprensible que sus partidarios y amigos le rindan un homenaje y procuren perpetuar su memoria, no es razonable que lo haga la Presidenta de la República.
A ellos los motivos les sobran. Y está muy bien y es muy legítimo que los tengan.
Pero la Presidencia -la más alta institución de la República, justo lo opuesto de la dictadura que Jaime Guzmán hizo esfuerzos por legitimar- no tiene ningún motivo para homenajearlo. Hay motivos para lamentar su muerte violenta e injustificable, sin duda, pero no hay motivos para erigir su recuerdo en parte de la República.
Porque la inauguración de ese memorial con la presencia de la Presidenta hará toda la diferencia que media entre una ceremonia de recuerdo ejecutada por quienes creyeron lo que él creyó, o un acto mediante el cual Jaime Guzmán comienza a ingresar al panteón de la República.
La Presidenta dirá.
Y por supuesto nada de lo anterior tiene que ver con la reconciliación o la condena de su asesinato. Es simplemente que negar el pasado -lo que cada uno hizo o dejó de hacer ayer- equivale al absurdo de querer saltar fuera de la propia sombra.
©el mercurio 
[Washington Uranga] Argentina. Hoy, 9 de octubre, se cumple un año desde que el Tribunal de La Plata decidió de manera unánime condenar al sacerdote católico Christian von Wernich por delitos de lesa humanidad. Fue luego de un juicio prolongado, ajustado a derecho y con todas las garantías para el acusado, más allá de las afirmaciones que, en sentido contrario, hacen sus incondicionales. Frente al repudio de gran parte de la sociedad, la institución eclesiástica católica a través de la Conferencia Episcopal dio a conocer un más que tibio comunicado insistiendo en su línea argumental en la materia: dijeron que el cura actuó "bajo su responsabilidad personal". Traducido: no hay responsabilidad institucional. El superior inmediato de Von Wernich es el obispo de Nueve de Julio, Martín de Elizalde. Él pidió "perdón" en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los derechos humanos. "Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación de Christian von Wernich", afirmó entonces el obispo.
[Carolina Tohá y Javier Couso] Desde el retorno a la democracia, Chile ha reconstruido su sistema político bajo el imperio de la Constitución Política de 1980 y bajo la influencia de las formas políticas que se generaron durante la transición. Esto ha dado lugar a un sistema con características muy especiales: un padrón electoral congelado con una presencia casi nula de jóvenes elige un Parlamento, en el que, producto del sistema electoral binominal, dos grandes fuerzas políticas (Concertación de Partidos por la Democracia y Alianza por Chile) se dividen en forma muy pareja la representación parlamentaria, y excluyen a otros grupos políticos. Paralelamente, las normas constitucionales exigen quórums extremadamente altos para el tratamiento de los temas sensibles, razón por la cual las principales reformas o se hacen por consenso o no se hacen. El centralismo es otra característica distintiva que genera una fuerte concentración de las decisiones en el gobierno central. A ello se suman tradiciones políticas forjadas bajo los primeros años de la transición democrática, que favorecen los acuerdos políticos al interior de grupos pequeños y cerrados, con escasa deliberación pública. Finalmente, existe un Tribunal Constitucional que, en lugar de limitarse a dirimir conflictos de competencias entre los poderes públicos, se erige como un árbitro final e inapelable que determina el contenido de cruciales políticas públicas que debieran ser zanjadas democráticamente.
[Esteban Silva Cuadra] Santiago, Chile. La expulsión del territorio de la República Bolivariana de Venezuela del chileno José miguel Vivanco, director de la institución estadounidense Human Rights Watch (HRW), junto a otro directivo estadounidense, gatilló una serie de roces entre los gobiernos de Chile y Venezuela, lo que refleja que la política exterior de Chile se encuentra profundamente impregnada por la ideología conservadora y el doble discurso.
[Walter Mignolo] Los terratenientes y sectores de la burguesía cruceña y tarijeña se desataron, una vez más, en campañas de destrucción y tomas de oficinas de gobierno, semejante a las protestas lideradas por estudiantes y sectores obreros, en toda América Latina, durante la Guerra Fría. En aquel momento el Estado estaba en manos de gobernantes que o bien dependían de instrucciones foráneas o bien les convenía, política y económicamente, ligarse a ellas. O bien eran simplemente dictaduras.
[Sandra Russo] Bolivia. El excelente documental de Emilio Cartoy Díaz, ‘Bolivia para todos’, que emitió Canal 7 y que sigue circulando en debates y encuentros para analizar la crisis que se agudizó radicalmente esta semana, permite tomar nota sensible de lo que las palabras y las fotos no llegan a transmitir. Las notas de la televisión tampoco. Cabe preguntarse ahora que las papas queman y hay muertos, desde dónde se mira la crisis boliviana. Los noticieros hablan del tema de una manera pasteurizada, como si se tratara de ‘querer’ o ‘no querer’ a Evo Morales, presidente legítimo y relegitimado.
[Santiago O’Donnell] Dio pena ver por televisión esta semana a jóvenes clasemedieros bolivianos armados con palos, piedras, pistolas y escopetas tomando aeropuertos, canales de televisión y todo tipo de instituciones públicas, destruyendo mercados populares y apaleando a campesinos, en decenas de acciones de choque repartidas entre Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, coordinadas y previamente concertadas por los gobernadores, con un diplomático estadounidense actuando como facilitador, acciones que culminaron con la masacre de quince líderes indígenas ametrallados a la vera de un camino en Pando, asesinados por un escuadrón de la muerte que respondería al gobernador, Leonel Fernández, hoy buscado por genocidio.
[Osvaldo Bayer] Más de lo mismo. O peor. Si uno no fuese pesimista, llegaría a serlo. Basta leer las últimas estadísticas, los últimos estudios, para preguntarnos por enésima vez: ¿en qué mundo vivimos?