justicia después de troy davis
Si desaparece la pena de muerte en EUA, lo será no porque nadie quiera ya ejecutar a culpables, sino porque nadie quiere matar a inocentes.
[Ross Douthat] Es fácil ver por qué el caso de Troy Davis, el hombre de Georgia ejecutado la semana pasada por el asesinato de un agente de policía de franco, se convirtió en una causa célebre para los que se oponen a la pena de muerte. Davis fue identificado como el tirador por testigos que confesaron más tarde haber sido presionados por los detectives. Fue procesado y condenado sobre la base de las mismas declaraciones de testigos oculares dudosos, antes que sobre evidencias forenses. Y sus apelaciones fueron laboriosamente lentas y no entregaron nada parecido a la certeza: tomó a tribunales veinte años decir no al segundo juicio que Davis puede haber merecido.
Para muchos observadores, la lección de este caso es simple. Tenemos que abolir inmediatamente la pena de muerte. El argumento de que la pena capital es inherentemente inmoral ha perdido terreno hace mucho tiempo en la política estadounidense. Pero en la edad de las evidencias por ADN e interminables excavaciones en los medios, el argumento de que las cortes y los jurados son simplemente demasiado falibles como para confiarles asuntos de vida o muerte puede ser más efectivo.
Si la pena capital desapareciera de Estados Unidos, no sería porque los votantes y los políticos ya no quieren ejecutar a los culpables. Lo será porque tienen miedo de ejecutar a los inocentes.
Este es uno de los temores sanos que cualquier sociedad puede tener. Pero para los partidarios de la reforma de la justicia penal, aquí acecha un peligro. Después de todo, en un mundo sin pena de muerte, probablemente Davis no habría sido ni juzgado nuevamente ni exonerado. Sus apelaciones seguirían siendo rechazadas, pasaría el resto de su vida en prisión y mucho menos gente se habría preocupado por él o enterado de su destino.
En lugar de eso, recibió ayuda jurídica, atención de los medios y apoyo de los activistas que pocos convictos reciben. Y su caso se convirtió en un ejemplo de cómo la finalidad misma de la pena de muerte puede concentrar la atención de la opinión pública en temas que muchos estadounidenses prefieren ignorar: el celo exagerado de polis y fiscales, los límites del proceso de apelación y las adversas condiciones a las que hacen frente muchos de los más de dos millones de estadounidenses actualmente en prisión.
Simplemente tirar la toalla y eliminar completamente las ejecuciones podría, en contraste, ser una forma de evasión moral: un modo de consolarnos a nosotros mismos con el conocimiento de que ningún inocente es ejecutado nunca, incluso si abusos más generalizados no son controlados. Debiésemos querer un sistema judicial en el que podamos confiar en asuntos de vida o muerte, y que pueda resistir el tipo de presión pública que recibió el caso de Davis. Y reformar, poco a poco, la pena de muerte -imponiéndola en menos ocasiones y con más salvaguardas, de las que se puedan beneficiar igualmente otros acusados- puede ser más conveniente que la abolición absoluta para abordar problemas mayores relacionados con el crimen y el castigo en Estados Unidos.
Este punto fue bien hecho la semana pasada por Pascal-Emmanuel Gobry, en The American Scene. En cualquier sistema penal, señaló, pero especialmente en el nuestro -que puede ser brutal, de extremo hacinamiento, lleno de violaciones y otras formas de violencia- una sentencia a prisión perpetua puede ser más cruel e inusual que una ejecución rápida. Y una sociedad que presuntamente valora la libertad tanto o más que la vida no se civiliza necesariamente si conserva la vida de sus convictos mientras viola consistentemente sus derechos y dignidad. Simplemente se engaña mejor a sí misma acerca de qué está pasando realmente.
En lo esencial, la mayoría de los estadounidenses que apoyan la pena de muerte lo hacen porque quieren creer que nuestro sistema judicial es justo, y no meramente un mecanismo para encerrar a los peligrosos y garantizar seguridad a los que respetan la ley. La defensa de la ejecución de asesinos es un caso de proporcionalidad en el castigo: de sentencias que se correspondan con el delito, y penas que cierren el círculo.
En lugar de desechar este punto de vista como atrasado y bárbaro, los reformadores de la justicia penal deberían tratar de aprovecharlo, señalando que demasiado a menudo nuestros castigos no se corresponden con el delito, que las sentencias para muchos delitos relacionados con las drogas son desproporcionados, o que la violación y el abuso sexual se han convertido en una parte implícita de muchas sentencias de prisión. Los estadounidenses deberían ser llamados a apoyar la reforma penal no a pesar de su creencia de que algunos asesinos merecen la ejecución, sino que debido a ella: porque ambos son intentos de asegurarse que criminales acusados reciban lo que merecen.
Abolir la pena capital en una especie de desesperación sobre su falibilidad enviaría un mensaje muy diferente. Le diría a la opinión pública que nuestras leyes y tribunales y jurados son fundamentalmente incapaces de entregar lo que la mayoría de los estadounidenses considera justicia genuina. Alentaría un punto de vista más cínico y utilitario sobre por qué existen fuerza pública y cárceles, y en qué orden de normas morales deben responder. Y mientras se pone fin a las ejecuciones erróneas, podría producir todavía más injusticias.
[Foto viene del blog de Emily L. Hauser.]
29 de septiembre de 2011
24 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
Cuando la Corte Suprema reinstituyó hace treinta y cinco años la pena de muerte, lo hizo provisoriamente. Desde entonces, ha tratado de articular normas legales vinculantes para los estados que garantizarían la aplicación justa de la pena capital y evitaría la arbitrariedad y la discriminación que ha llevado a la abolición de todas las leyes de pena de muerte estaduales en 1972.
El comisionado Raymond Kelly, del Departamento de Policía de Nueva York, ofreció demasiado poco y demasiado tarde cuando emitió un memo instruyendo a sus agentes a no detener a personas con pequeñas cantidades de marihuana a menos que la droga esté a la vista pública. Una ley de 1977 despenalizó la posesión menor, sin embargo decenas de miles son arrestados cada año. 
[Alicia Landaburu y Sebastián Rey]* Otilio Romano está prófugo de la Justicia desde el pasado miércoles 7, cuando venció el plazo para presentarse ante el juez Bento y demostrar su apego al proceso penal seguido en su contra. La particularidad que tiene el caso del juez federal es que solicitó refugio en el país hermano de Chile. Al magistrado se le imputa haber omitido investigar y castigar durante su desempeño, como fiscal y juez, más de cien hechos de torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, allanamientos ilegales y robos cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad entre 1975 y 1983, delitos que constituyen crímenes contra la humanidad. Su situación procesal es bastante complicada, ya que el procesamiento se encuentra confirmado y la causa está próxima a ser elevada a juicio oral. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura lo acusó de incurrir en mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos, por lo que un jury deberá determinar si es removido de su cargo. Romano posee inmunidad de arresto dentro del territorio argentino, pero el juez Bento puede dictar una orden de captura internacional para efectivizarla en Chile y que así se dé inicio, lo antes posible, a su extradición. Con respecto a la posibilidad de que Chile le reconozca el estatus de refugiado, tanto el derecho interno chileno como el derecho internacional de los refugiados son muy claros en cuanto a la imposibilidad de otorgarles dicha protección si cometieron delitos contra la humanidad. La persecución que se quiere evitar en el derecho de los refugiados debe fundarse en la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas de la persona que solicita refugio, y no a su participación en crímenes que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. En relación con el deber del Estado chileno de extraditar a Romano a la Argentina, hay que subrayar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es obligatoria para el Estado chileno, en el Caso Goiburu vs. Paraguay, al analizar delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, destacó que la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal, siendo la extradición un importante instrumento para estos fines, añadiendo que "un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes contra los derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes".
En los siguientes tres años, dos enormes presas hidroeléctricas en el río Elwha en el estado de Washington, construidas en el siglo pasado, serán desmanteladas para restaurar los antiguas migraciones del salmón. Esto es un tributo a la tenacidad de los ciudadanos y a las organizaciones medioambientales que contribuyeron a que ocurriera. También es un ejemplo de las cosas buenas que se pueden cuando hay colaboración bipartidista genuina.
En los últimos diez años han estallado montones de polémicas locales sobre la construcción de mezquitas y centros comunitarios musulmanes. El alcalde Michael Bloomberg defendió justamente la libertad religiosa contra la vitriólica oposición a la construcción de un centro islámico en Lower Manhattan. Con el apoyo del alcalde, la Comisión para la Conservación de Sitios Históricos (Landmarks Preservation Commission) permitió unánimemente que el proyecto prosiguiera, y lo está, aunque lentamente.
Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en un fallo que debería provocar que algunas ciudades y pueblos en el país despierten y vuelvan a leer la Constitución, ha mantenido los derechos de los jornaleros a reunirse y hablar libremente en público cuando buscan trabajo.
[Ahmed Rashid] Lahore, Pakistán. Consternados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los estadounidenses se preguntaban frecuentemente: "¿Por qué nos odian tanto?" No estaba claro quiénes eran "ellos" -musulmanes, árabes o simplemente cualquiera que no fuera estadounidense. La respuesta fácil que muchos estadounidenses encontraron reconfortante era igualmente vaga: que "ellos" sentían envidia por la riqueza, oportunidades, democracia y otras cosas bonitas de Estados Unidos.