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opinión

cuánto cuesta la prohibición


En el debate sobre las drogas en Estados Unidos, esta es la opinión de un jefe de policía de Los Angeles en retiro.
[Stephen Downing] Los prohibicionistas de las drogas, como el zar de las drogas de la Casa Blanca, Kevin A. Sabet, parecen sentir pánico por la transmisión del documental de Ken Burns, de PBS, ‘Prohibition’, debido a su claro y convincente paralelo con la igualmente desastrosa guerra contra las drogas actual. El primer experimento duró menos de catorce años, pero la fallida prohibición de hoy fue declarada por el presidente Nixon hace cuarenta y ha costado al país más de un trillón de dólares en dinero y mucho más en inconmensurables daños sociales.
Como estudioso de la historia y subdirector retirado del Departamento de Policía de Los Angeles, puedo testificar que el daño que provocó la prohibición del alcohol desaparece en la nada en comparación con el daño que ha provocado la prohibición de las drogas. En los últimos cuarenta años, el dinero de las drogas ha alimentando el crecimiento de la violencia de las pandillas en las calles de Los Angeles, de dos (Bloods y Crips) con menos de cincuenta miembros antes de la guerra contra las drogas, a veinte mil pandillas con cerca de un millón de miembros en todo Estados Unidos, de acuerdo al ministerio de Justicia de Estados Unidos. Estas pandillas se encargan de la distribución y de las cobros y son sicarios de los carteles mexicanos que el ministerio de Justicia dice que están activos en más de mil ciudades de Estados Unidos.
Sabet, ex asesor para la política de drogas de la Casa Blanca, ignora los daños creados por la prohibición y no menciona las casi cincuenta mil personas asesinadas en México en los últimos cinco años durante la guerra de los carteles por el control de las rutas, territorios y recaudación. La detención o muerte de un líder de un cartel, no causa ningún impacto en el comercio de la droga y sólo sirve para crear más violencia, a medida que traficantes de pequeña escala luchan por los sitios nuevos más importantes.
Funcionarios policiales estadounidenses informan que hasta el setenta por ciento de los beneficios de los carteles provienen de la marihuana. No hay duda de que poner fin hoy a la prohibición de las drogas, empezando por la marihuana, causaría más daño a los carteles que cualquier grado de intervención policial o dedicación.
Peor que ser inefectiva, sin embargo, esta guerra contra las drogas crea peligrosas distracciones para los agentes de policía que deberían más bien concentrarse en mejorar la seguridad pública. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Angeles anunció esta semana que sacará a ciento cincuenta agentes de la calle para encargarse del traslado de reos a los condados. El estado debe hacer esto para cumplir con la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de reducir la abultada población carcelaria del estado inducida por la guerra contra las drogas, de más de treinta mil, y nuestro estado ya ha despedido a miles de maestros gracias en parte a que los fondos fueron destinados a la construcción de más prisiones y la contratación de más gendarmes.
Esto se produce inmediatamente después de otra reasignación de recursos policiales en Los Angeles cuando el Departamento de Policía de Los Angeles y el Departamento del Sheriff de Los Angeles se encontraran con un atraso de tres años en los casos de violación. Los laboratorios de criminalística sólo tienen una cantidad finita de recursos, y el análisis de las drogas a menudo es más relevante que otros casos que exigen atención. Los detectives (y las víctimas) esperan durante meses los resultados de los análisis de laboratorio de casos relacionados con violaciones y otros delitos graves, mientras que los análisis de marihuana y otras drogas en casos de posesión toma precedencia.
No hay duda de que la violencia, el crecimiento de los carteles y las pandillas, la sobrepoblación en nuestras prisiones y el despilfarro de los recursos policiales no ocurrirían si elimináramos los beneficios ilegales de las drogas e implementáramos una aproximación no-criminal en relación con las drogas. Lo hicimos en el pasado con el alcohol, y no hay razón para no hacerlo con otras drogas hoy.
11 de octubre de 2011
6 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

demasiada pesca accidental en el atún


Las llamadas ‘capturas accesorias’ (involuntarias) en las redes de los atuneros pueden llegar al 25% de la captura total. Las compañías se han comprometido a abandonar los métodos que pongan en peligro a otros peces.
[Mark Bittman] Me hubiese gustado estar en La Jolla hace un par de semanas para ver el zepelín inflable verde que flotaba en el aire con el dibujo de una sirena en un lado. Era curvilínea y rubia, tenía un cigarrillo en la boca y un pez ensangrentado atravesado en su tridente. En torno a ella se podía leer el texto: "Chicken of the Sea: Carnicería en una Lata de Atún."
¿Se trata de otro boicot del atún? Muchos lectores recordarán cuando el biólogo Sam LaBudde se fue a trabajar, en 1998, como cocinero en un barco atunero panameño y filmó en secreto imágenes que mostraban a delfines muriendo en las redes y aplastados por los cables, hasta veinte por cada atún. El video fue proyectado ante una subcomisión del Senado y provocó un boicot del atún enlatado de parte de los consumidores. Dos años después, Starkist -entonces propiedad de Heinz- anunció que dejaría de comprar atún capturado con métodos que pusieran en peligro a los delfines. Bumblee Bee y Chicken of the Sea siguieron pronto el ejemplo.
El atún enlatado era entonces el pescado más popular en Estados Unidos; ha sido reemplazado por las gambas, pero todavía comemos atún por valores de hasta mil millones al año. Y Greenpeace USA -los creadores de la sirena fumadora y voladora- ha lanzado una campaña para introducir reformas en la industria del atún enlatado. Hay indicios de que tendrá éxito porque sus exigencias ya han sido aceptadas en el Reino Unido. Pero si no lo tiene, podría empezar un boicot, y de hecho un representante en el Congreso ya ha llamado a uno.
El día después del viaje aéreo de la sirena, la organización ecologista entregó una petición de setecientas páginas a Chicken of the Sea de San Diego implorando a la compañía que abandone las prácticas de pesca que maximizan la captura accesoria -la captura "accidental" de peces no consumidos- y agotan existencias cada vez más reducidas.
Gran parte del atún enlatado es barrilete, y gran parte de este es capturado utilizando dispositivos de atracción de peces (FADs), redes de cerco y palangres. Un dispositivo como este, es simplemente una boya o inclusive un tronco (realmente, puede ser cualquier cosa que flote), arrojado al agua desde un bote. Los peces pequeños los encuentran y usan para refugiarse de los peces más grandes, que se aparecen luego a cazar y pronto el dispositivo se halla en el centro de un pequeño y denso ecosistema.
La mayoría de los FADs [fish aggregating device] están equipados con radiofaros, los que retransmiten su posición a los buques; algunos también tienen sensores de biomasa que indican cuántos peces hay en el entorno. Cuando una lancha cree que la población de peces en torno a un FAD ha alcanzado una masa substantiva, vuelve con una gigantesca red de cerco, recogiendo todo el ecosistema. Y aunque el barrilete es el blanco, la red atrapa a tiburones, pez espada y marlines, rabiles y patudos, que a menudo conforman hasta el veinte por ciento de la captura total.
Las palangres, que son usadas a menudo para la albacora -también enlatada- , tampoco discriminan. Kilómetros de sedal van a boya a boya con ganchos ensebados cada tantos metros. (Detengamos un momento e imaginemos cómo se ven "kilómetros de sedal".) Las tortugas se enredan en los ganchos y no pueden volver a la superficie a respirar. Las aves marinas confunden los ganchos con peces, se zambullen y se enganchan. Y nuevamente, la captura accesoria es inmensa. (La captura accesoria de la pesca industrial es de hasta el veinticinco por ciento.)
Todo esto, dice Casson Trenor (Greenpeace), una de las figuras centrales en la campaña por el atún, está suficientemente mal, pero la organización también quiere que se prohíba la pesca en lo que se conoce como "bolsones de alta mar", cuatro áreas de océano justo más allá de las aguas territoriales de un puñado de países islas del Pacífico. Debido a que estas aguas no pertenecen a ningún estado en particular, los atuneros -a menudo procedentes de países más ricos, como España, Taiwán y Estados Unidos- se aglomeran en estas zonas, trabajan sin cuotas, capturan el máximo. Pese a la existencia de algunas normativas, en el área efectivamente no vale ninguna ley y las economías de las cercanas islas del Pacífico, que dependen en gran parte en el atún, son las primeras en sufrir las consecuencias.
La semana pasada el legislador Eni Faleomavaega, representante de la Samoa estadounidense, dio la bienvenida a Greenpeace y llamó a una prohibición total de los FADs y la pesca en bolsones de alta mar, y pidió a los estadounidenses que dejaran de comprar productos de Chicken of the Sea o Bumble Bee. (Faleomavaega no incluye a Starkist porque esta empresa, a diferencia de otras, no ha exportado a Tailandia la limpieza del atún; Greenpeace no ve a Starkist como diferente a las otras, pero no está llamando activamente a ningún boicot.)
El boicot no fue un componente necesario de la reciente victoria de Greenpeace en el Reino Unido: hace unos meses, el último bastión importante -el gigante del atún, John West- se unió a los otros productores importantes en la industria del atún enlatado en un compromiso para dejar de utilizar FADS con redes de cerco, y cambiar al sedal y la caña de pesca. Chicken of the Sea es propiedad de la misma compañía matriz tailandesa que posee a John West. Claramente, si una importante filial sucumbe ante la presión y cambia sus prácticas, también pueden las otras.
Entretanto, Greenpeace está aumentando la presión; Trenor se encuentra actualmente en las islas del Pacífico para filmar y eventualmente intervenir ante lanchas que utilicen FADs en alguno de los bolsones de alta mar, especialmente buques con bandera estadounidense con probados vínculos con Chicken of the Sea.
"No estamos contra el atún enlatado" escribió Trenor en un e-mail. "Los estadounidenses, como todos los consumidores, tienen derecho a un suministro asequible y conveniente de proteínas. Pero también tenemos derecho a saber la verdad sobre los métodos que se emplean para producirlas y tomar una decisión informada en cuanto a si queremos apoyar esos métodos. Lo esencial es que las compañías del atún pueden funcionar mejor."
El video de los delfines de Sam LaBudde fue el primero en su género, cuando YouTube aún no nacía. Ahora parecemos inmunes: tengamos en mente que pese a publicaciones razonablemente regulares de impactantes y crueles videos sobre el ganado, todavía no hemos visto ningún boicot extendido de la producción de carne de granja. Porque si lo pensamos bien, el FAD y la red de cerco son simplemente otras formas de confinamiento animal. No es "artesanal", es industrial. Y si los estadounidenses pueden ser convencidos de que cambien sus hábitos de compra para impedir una forma de maltrato animal, entonces hay esperanzas para cambiar otros.
Y puede tomar más que un maldito video, un siniestro dirigible en forma de sirena y una petición para cambiar las prácticas de la industria del atún enlatado; incluso un cruzado paria en el Congreso (que representa una región que la mayoría de los estadounidenses desconocen en gran parte) puede no hacer ni mella.
Sin embargo, va a ocurrir. El Reino Unido lo hizo, y tarde o temprano también lo hará Estados Unidos. Logramos que los delfines puedan vivir seguros. Los siguientes deberían ser las tortugas, los tiburones, las aves marinas, el rabil y el patudo. Es fácil de solucionar. Quizás un boicot ni siquiera sea necesario. Sin embargo, si lo fuera, será fácil de apoyar. Y nos mostrará el camino sobre lo que debe venir después.
10 de octubre de 2011
20 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

ambiciones de teherán


Clara advertencia de la Agencia Internacional de la Energía Atómica sobre el programa nuclear de Irán.
Cinco años después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenara la paralización de su producción, Irán todavía está enriqueciendo uranio y negándose a decir la verdad sobre de su programa nuclear. Claramente, Teherán está esperando que el mundo se olvide o bien consienta. Eso sería muy peligroso.
El último informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica es un escalofriante recordatorio tanto de la escala de las ambiciones nucleares de Irán como de los extremos a los llegará para ocultar la verdad. La agencia expresó gran preocupación por las "actividades nucleares pasadas o actuales no reveladas" de Irán con "posibles dimensiones militares."
También dice que Irán ha aumentado considerablemente la producción de uranio a un veinte por ciento de pureza en lugar del 3.5 por ciento de pureza utilizada normalmente para alimentar plantas de energía nuclear. Eso representa un importante paso hacia el umbral del noventa por ciento que se necesita para fabricar combustible para armas nucleares. Teherán dice que quiere almacenarlo para su reactor de investigaciones médicas, pero la cantidad es mucho más de lo que se necesita y es otra razón que alimenta las sospechas. Entretanto, Teherán anunció que está llevando su producción de uranio de grado superior a un sitio militar subterráneo fuertemente defendido en las afueras de la ciudad de Qum.
Irán coopera selectivamente con los inspectores de la agencia de energía atómica -usualmente cuando el gobierno está ansioso por desviar la presión internacional -y el mes pasado un alto funcionario brindó acceso a muchos recintos. Pero la agencia dice que hay muchas preguntas que siguen sin respuesta y que todavía no puede verificar si el programa es pacífico. La única buena noticia es que el programa de Irán no está avanzando tan rápidamente como temían muchos, como consecuencia del gusano informático Stuxnet y de las sanciones que hacen más difícil que Teherán importe los materiales que necesita.
Moscú -socio comercial y facilitador de Teherán durante largo tiempo- parece ahora decidido a aumentar la presión. Funcionarios rusos han propuesto una estrategia de negociación paso a paso en la cual Irán podría responder preguntas pendientes y ser recompensado con la suspensión de las sanciones. No conocemos todos los detalles, pero expertos dicen que el énfasis está más puesto en la suspensión de sanciones y menos en convencer a Irán de que limite sus actividades nucleares. La agencia de energía atómica, encabezada por Mohamed ElBaradei, intentó un método similar sin obtener ninguna reacción de Teherán, mientras que Irán tuvo tiempo para producir más uranio enriquecido.
No estamos seguros de que funcione con cualquier combinación de sanciones e incentivos. Sí estamos seguros de que menos presión garantizará que Irán prosiga con su programa nuclear. Estados Unidos y sus aliados deben volver al Consejo de Seguridad y fomentar castigos más severos -han pasado quince meses desde la última ronda de negociaciones. Esa es la única posibilidad de llamar la atención de Teherán.
5 de octubre de 2011
16 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

alabama avergüenza a estados unidos


Una severa ley innecesaria e incomprensiblemente cruel contra la inmigración ilegal extiende el temor entre extranjeros y ciudadanos por igual y castiga a los grupos más vulnerables. Editorial NYT.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos sólo cerca del 3.5 por ciento de la población de Alabama nació en el extranjero. En 2010, los inmigrantes indocumentados constituían gruesamente hablando el 4.2 por ciento de su fuerza laboral -según cifras del Pew Hispanic Center. Pero quienes redactaron la dura ley de inmigración de Alabama querían convertir su estado en el territorio más hostil del país hacia los inmigrantes ilegales. Están teniendo éxito, como pueden testimoniar los residentes más vulnerables de Alabama.
La ley entró en vigor el fin de semana, después de ser sostenida en gran parte por un juez de distrito federal. Los voluntarios de la línea directa de una organización de derechos de los inmigrantes dijeron que desde entonces han recibido más de mil llamadas de mujeres embarazadas que temen acercarse a los hospitales, víctimas de delitos temerosas de ir a la policía a plantar denuncias, padres con miedo a enviar a sus hijos a la escuela.
Los superintendentes escolares y directores de escuela en todo el estado confirman que la asistencia a clases de niños hispanos se ha reducido considerablemente desde que se divulgara el rumor de que los funcionarios escolares ahora controlan la situación de inmigración de los alumnos nuevos y sus padres.
Esa normativa hace parte del violento intento de la ley de restringir los derechos de los indocumentados, y de complicar sus vidas haciéndoles imposible cerrar contratos, encontrar trabajo, alquilar casas o acceder a servicios oficiales. En otras palabras, los inmigrantes sin papeles se encuentran condenados a vivir aislados, sin empleo, pobres, indefensos y sin educación.
La represión en la educación es particularmente insensata e inconstitucional. En 1982, la Corte Suprema resolvió que todos los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a la educación pública, cualquiera sea la condición de inmigración de sus padres. El razonamiento de los jueces fue inspirado no por compasión, sino por un sentido práctico: no le conviene al país perpetuar a una subclase de gente sin educación.
Funcionarios en Alabama -algunos bien intencionados, otros menos- insistieron en que nada en la nueva ley tiene la intención de privar a los niños de educación.  Se supone que los distritos escolares, observaron, deben sólo recopilar los números de niños sin papeles, no sus nombres.
"No sé de dónde viene esa información errónea", dijo el superintendente interino de escuelas del estado, Larry Craven, a NPR. "Si tienen dificultades para entender el idioma, ¿quién sabe que otras cosas les han contado?" Con comentarios como este, no sorprende que muchos de "ellos" se sienten amenazados.
El gobierno de Obama tenía razón en entablar una demanda para tratar de impedir la ley de Alabama. Necesita seguir presionando con su apelación del fallo e impugnar leyes similares en Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur.
El presidente Obama debe mostrar un mayor liderazgo en su defensa de valores estadounidenses fundamentales frente a la hostilidad que se ha apoderado de Alabama y tantos otros estados. Puede empezar anulando el programa de Comunidades Seguras, que fomenta las operaciones de captura de policías de inmigración locales y refuerza la falsa idea de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad del país.
En cuanto a Alabama, uno debe preguntarse de dónde viene tanta y contraproducente crueldad. ¿Quieren los niños de Alabama ir asustados a la escuela? ¿Deben las mujeres embarazadas tener miedo a la hora de buscar ayuda médica? ¿A quién le puede beneficiar eso?
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

contra la corrupción institucionalizada


Ley permite que funcionarios públicos puedan recibir obsequios de cabilderos. Obama le quiere poner fin. Editorial MNYT.
En su primer día en el cargo, el presidente Obama rompió una lanza por el buen gobierno con su orden presidencial prohibiendo que los funcionarios por nombramiento político acepten obsequios de cabilderos. Ahora el gobierno está proponiendo, y con toda razón, extender la prohibición a todos los empleados federales de carrera -2.6 millones de personas.
La prohibición, sobre la que el público puede hacer comentarios hasta mediados de noviembre, terminaría la actual excepción que tolera que un cabildero pueda ofrecer a un funcionario hasta cincuenta dólares al año en obsequios, incluyendo comidas, espectáculos e invitaciones a eventos.
Más significativamente pondría fin a la prática de permitir que los empleados federales tengan acceso gratuito a funciones comerciales y sociales patrocinadas por cabilderos si son consideradas "ampliamente visitadas." En sus normas propuestas para una prohibición más estricta, la Oficina de Ética Gubernamental dijo que el peligro de esa laguna no provenía tanto del descarado quid pro quo, sino más bien del cultivo de familiaridad y acceso" que los cabilderos usan como su especialidad.
El proyecto no restringe la asistencia de funcionarios de carrera a eventos educativos y profesionales. Pero la Liga Americana de Cabilderos está advirtiendo, sin embargo, que la restricción implicará una "disminución del nivel de gobierno" si quiere frenar interacciones supuestamente valiosas -como si las recepciones para clientes de cabilderos hubiesen sido alguna vez fuentes de información independiente. La liga ofreció una sensata crítica al observar que la prohibición afecta solamente a cabilderos reconocidos e ignora a las organizaciones de interés especial sin fines de lucro que pueden tener lazos con organizaciones de cabilderos. Ellas también deberían ser incluidos en la prohibición.
Según la propuesta, la norma codificaría la prohibición de modo que permanezca después del gobierno de Obama. Cualquier sucesor que quiera rescindirlo, tendría que explicar por qué él o ella determinó poner los intereses de K Street por sobre los del resto del país.
3 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

medidas contra el terrorismo


Medidas antiterroristas en el país plantean dudas sobre su implicancia para las libertades civiles e incluso la propia seguridad de ciudadanos y extranjeros. Editorial NYT.
Una de las amargas lecciones de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, fue la necesidad de una mejor coordinación y el intercambio de inteligencia entre las agencias de seguridad del país, para impedir que personas peligrosas entren al país. Pero también existen preocupaciones bien fundadas sobre el funcionamiento del sistema y si acaso está siendo mal usado.
Diez años después, documentos revelados por el FBI bajo la Ley de Libertad de Información muestran que la dilatada lista de vigilancia de terroristas del gobierno sigue siendo una herramienta de seguridad defectuosa que necesita mayor transparencia y rendición de cuentas. Existen prolongadas inquietudes sobre su implementación y precisión, incluyendo la omisión de nombres de la lista que en realidad deberían estar ahí. También existe el persistente problema de marcar a la gente equivocada -incluyendo a un niño de ocho años y al menos un senador- que luego tienen serios problemas para retirar sus nombres de la lista.
Las 91 páginas de los documentos recientemente revelados, descritos por Charlie Savage, del Times, la semana pasada, incluye un memorándum de diciembre de 2010 dirigido a oficinas locales del FBI, que deja al descubierto que ni siquiera una sentencia absolutoria puede ser suficiente para sacar a alguien de la lista, si los agentes conservan una "sospecha razonable" de que la persona podría tener vínculos con el terrorismo.
La base de datos tiene ahora 420 mil nombres, incluyendo cerca de ocho mil estadounidenses. Cerca de dieciséis mil individuos no pueden viajar por aire. Timothy Healy, director del Centro de Filtración Terrorista (Terrorist Screening Center) del FBI, que revisa las peticiones para agregar o retirar nombres de la lista de vigilancia, dice que el complejo proceso de investigación de los nominados para la lista contrapesa las libertades civiles y la seguridad.
Pero el abultado tamaño de la base de datos plantea dudas, así como también la inquietante ausencia de procedimientos para notificar a las personas que están en la lista de vigilancia, o darles la posibilidad de enterarse e impugnar las acusaciones. La inclusión en la lista de vigilancia puede impedir a algunos subirse a un avión, ser sometidos a retrasos y agresivos controles adicionales en aeropuertos, controles carreteros y cruces fronterizos, e impedir que extranjeros entren al país.
Las agencias de seguridad han incrementado sus esfuerzos para evitar identificaciones erróneas, pero sigue existiendo la necesidad de que el Congreso se asegure de que los defectos del sistema sean superados.
2 de octubre de 2011
1 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

funesto fallo en alabama


El mal de la xenofobia se extiende en Estados Unidos. (Editorial NYT).
Un juez federal ha mantenido la mayor parte de la nueva ley de inmigración de Alabama, el intento más crudo y extremo del país para aprovechar el poder del estado para localizar y castigar a los inmigrantes ilegales. Las consecuencias serán graves para los alabameños -no solamente para los indocumentados, sino también para sus hijos, que son ciudadanos inocentes; para los que son vistos equivocadamente como inmigrantes ilegales; y para los granjeros y los dueños de otros negocios con problemas con la ley.
La ley reprime en todo, desde atascos de tráfico hasta el alquiler de departamentos y matrículas en la escuela básica. Fue aprobada en junio y prontamente puesta en entredicho por tres querellas: del gobierno de Obama, de organizaciones de derechos civiles y de autoridades de la iglesia. La juez Sharon Lovelace Blackburn, de la Corte Federal de Distrito, bloqueó algunas disposiciones, como la que penalizaba albergar o transportar a inmigrantes ilegales y otra que prohibía las universidades públicas a los inmigrantes indocumentados. Y prohibió una sección que buscaba impedir que los jornaleros buscaran trabajo.
Pero su tibio fallo fue más desalentador por lo que sí admitió. La juez Blackburn mantuvo la sección "documentos, por favor", un eco del infame intento de Arizona de exigir que los funcionarios policiales locales y estaduales controlaran el estatus de inmigración durante atascos de tráfico si tienen "una sospecha razonable" de que alguien está aquí ilegalmente.
Mantuvo la sección que criminaliza la "incapacidad voluntaria" de un inmigrante ilegal a la hora de portar documentos federales de inmigración. Y dejó sin cuestionar la sección que exige que las escuelas básicas y secundarias recojan datos sobre el estatus de inmigración de estudiantes nuevos y sus padres, un intento claramente ilegal de atemorizar a las familias para que no envíen a sus hijos a la escuela.
En ausencia de una amplia reforma federal de las leyes de inmigración, los estados han tratando de superarse unos a otros en semejantes iniciativas. Su intolerancia se verá todavía más estimulada, así como el perfil racial, la discriminación y otros males que la acompañan. Las cortes federales en otros estados han rechazado muchas de las mismas disposiciones que sobreviven, de momento, en Alabama, una división que garantiza que esta extensa maraña nacional de leyes terminará en la Corte Suprema.
El ministerio de Justicia -que impugnó las nocivas leyes de Arizona y Alabama, pero no las de Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur- debe presionar con una apelación de urgencia del fallo de Alabama.
[Foto viene del blog hispanic news network.]
30 de septiembre de 2011
29 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

problemas de libia no han terminado


La caída de Muamar al Gadafi, que ha dominado durante largo tiempo la vida en Libia, creará una riesgosa situación de seguridad. La OTAN y la ONU tendrán que enviar ayuda económica y, muy probablemente, cascos azules.
[Max Boot] El gobierno de 42 años de Muamar al Gadafi puede haber terminado, o casi, pero eso no significa que se hayan acabado los problemas de Libia. Incluso bajo las mejores circunstancias, Libia pasará momentos difíciles en su transición hacia cualquier régimen que se aproxime a la democracia. Gadafi ha dominado a tal extremo la vida en Libia con su culto a la personalidad, centrado en su bizarro Libro Verde, que quedan pocas -si acaso- instituciones independientes. Generaciones enteras no conocen otra cosa que su nepotismo.
Y, por supuesto, estas no son las mejores circunstancias. Libia ha sido asolado por seis meses de guerra civil que han acabado con la vida de decenas de miles de personas. No existen cifras exactas, y probablemente no se pueden conocer, pero ya en abril el número de bajas calculado iba de diez mil a treinta mil víctimas. Hoy esa cifra es sin ninguna duda superior, como también la cantidad desconocida de heridos y mutilados. Además, más de un millón de libios han dejado el país como refugiados. Cerca de 240 mil son desplazados internos.
Para tomar sólo un ejemplo del tipo de problemas a los que deberá hacer frente el estado después de Gadafi, imaginemos lo difícil que será resolver disputas de propiedad entre los refugiados que vuelven y aquellos que ocuparon las casas de los que se marcharon.
Y los problemas de Libia se multiplican a partir de aquí. La guerra civil ha devastado la principal industria del país: la producción de petróleo. Los expertos calculan que tomará algunos meses antes de que Libia pueda producir medio millón de barriles al año, y al menos tres años para llegar a su producción de 2010: 1.8 millones de barriles al día. A los precios de hoy (cerca de 108 dólares por barril de crudo), eso representa 118 mil millones de dólares en beneficios perdidos en los siguientes tres años.
La tarea de revivir la golpeada economía libia se hará más difícil con la inestable situación de seguridad. Incluso después de que las defensas de Gadafi empezaran a derrumbarse y los rebeldes entraran a Trípoli, había informes sobre la prolongación del conflicto y la resistencia del régimen. Como en Iraq, muchos de ellos pueden decidir librar una guerra de resistencia.
También existe la probabilidad de que los elementos rebeldes se disputen entre sí, ya que les une poco más que su odio contra Gadafi. Ya en julio el general Abdul Fatah Younis, uno de los comandantes militares rebeldes, fue ejecutado por sus aliados. El Consejo Nacional de Transición se esforzará sin duda alguna por controlar esas bullentes enemistades, considerando su experiencia mínima en el gobierno y su falta de fuerzas de seguridad leales, bien preparadas y equipadas para mandar.
Gadafi era suficientemente fuerte como para prevenir la guerra interna entre las 140 tribus de Libia. Pero una vez desaparecido su estado policial, las tribus lucharán entre sí por beneficios e influencia, y algunos se podrían unir a los extremistas islámicos que también forman parte de la coalición rebelde.
¿Parece este esbozo que ofrece una imagen muy oscura? Espero. Ciertamente, Libia no es un caso perdido. De hecho, los líderes del Consejo Nacional de Transición se han mostrado razonablemente moderados y maduros; tienen suficientes reversas de divisas extranjeras para gastar; y los libios pueden enorgullecerse del hecho de que se encargaron ellos mismos de su propia liberación.
Pero persiste un peligro real de catástrofe, como en Afganistán después del Talibán e Iraq después de Saddam Hussein, países que sucumbieron al caos después del derrocamiento de sus dictadores. Para evitar un resultado tan nefasto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o en su defecto Naciones Unidas, tendrán que ofrecer ayuda económica, asesoría profesional y, muy probablemente, cascos azules.
Como mínimo, se necesitará una fuerza de estabilización para impedir que los presuntos almacenamientos de armas del gobierno libio, incluyendo los sospechados almacenajes de gas mostaza y otras armas potenciales de destrucción masiva, caigan en manos equivocadas. Existen informes de que algunos misiles antiaéreos portátiles de Libia están siendo saqueados; si encuentran camino hacia el mercado de armas global, aumenta la posibilidad de que sean usados por terroristas contra aviones de pasajeros. Una fuerza estabilizadora daría al Consejo Nacional de Transición tiempo para formar y adiestrar a sus propias fuerzas de seguridad.
En Estados Unidos no hay un gran apetito para otra misión con tropas terrestres, que es porqué es importante que los aliados europeos, africanos y árabes carguen con el mayor peso de la pacificación.
Algunos argumentan que una fuerza estabilizadora internacional -lo que significaría enviar tropas extranjeras a Libia- corre el riesgo de cometer el grave error que se cometió en la guerra contra Iraq. Pero eso depende de lo que usted crea que fue el error. ¿Fue la mera presencia de tropas norteamericanas lo que desencadenó la resistencia? En cualquier caso, habría habido una resistencia musulmana sunní a todo régimen dominado por los chiíes. Lo que permitió que la situación se convirtiera en inmanejable fue que Estados Unidos desbandó las fuerzas de seguridad iraquíes y no envió suficientes tropas propias para llenar el vacío.
En contraste, experiencias en situaciones de post-conflicto en Bosnia, Kosovo y Timor Oriental resultaron mejor, porque en los tres países hubo un despliegue substancial de cascos azules internacionales que en Iraq o Afganistán, y ofrecen un mejor modelo para la Libia revolucionaria y sus aliados. Si la OTAN se niega a enviar cascos azules (como es probable en este momento) y si Naciones Unidas no interviene, existe el peligro real de que Libia se convierta en un estado fallido.
[Foto viene del blog karkomen.]
[El autor colabora con Opinion y trabaja en el Council on Foreign Relations.]
30 de septiembre de 2011
24 de agosto de 2011
©los angeles times