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página roja

mató, cocinó y se comió a su papá


Argentino asesinó a su padre y se comió su corazón y riñones "cocinados a la provenzal".
Buenos Aires, Argentina. Un hombre asesinó a su padre, incineró parte de su cuerpo en una salamandra y se comió el corazón y los riñones cocinados ‘a la provenzal’, informaron hoy fuentes policiales de Argentina.
El acusado del crimen, identificado como Raúl Ernesto Piñel, fue detenido luego de haber sido descubierto con las manos ensangrentadas en la casa de su padre, situada en la localidad bonaerense de Daireaux.
"No tenemos dudas de que este hombre se comió el corazón y los riñones de su padre. Sólo se encontraron algunos restos en la olla," indicaron los portavoces sobre el hecho, ocurrido el pasado domingo.
Raúl Ernesto Piñel, de 33 años, había salido el viernes con un permiso transitorio del penal de Urdampilleta, donde cumplía una condena por robo calificado.
El presunto asesino, al que la policía ha apodado ‘El Hannibal de Daireaux’, por el personaje literario y cinematográfico denominado Hannibal Lecter, fue descubierto porque un vecino que había ido a visitarlo a la casa denunció a la policía que vio rastros de sangre en la vivienda.
Al ingresar, los policías descubrieron que en el piso de la cocina había vísceras humanas y parte de una columna vertebral de la víctima, identificada como Raúl Prudencio Piñel, de 57 años, precisaron las fuentes.
"Ya tenemos un primer informe de lo que se halló dentro de una olla en la cocina y se confirmó que los restos de comida encontrados allí eran el corazón y los riñones de la víctima fileteados y salteados a la provenzal (con ajo y perejil)," confirmaron.
Los investigadores creen que Piñel descuartizó a su padre tras una fuerte discusión que habían mantenido el sábado por la noche y no descartan que el acusado pertenezca a una secta.
El padre vivía solo desde que hace varios años fue abandonado por su esposa e hijos, a quienes "golpeaba y maltrataba," según la policía.
"Me las pagaste todas juntas," aseguran los portavoces que dijo el presunto autor del crimen luego de ser esposado.

2 de julio de 2008
©la segunda
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banda de policías y gendarmes


Investigan un complot para matar a una fiscal, un juez y un policía. La Justicia bonaerense investiga un presunto plan contra los responsables de una investigación que mandó a la cárcel a veintiún miembros de una banda compuesta por delincuentes, policías y gendarmes.
[Carlos Rodríguez] A la fiscal Karina Carbonella la llamada intimidatoria le llegó al celular oficial, el que le fue provisto por el Ministerio Público. La palabra muerte retumbó en algún momento, aunque Carbonella dice no recordar la frase textual. En la misma amenaza telefónica fueron incluidos también, además de la fiscal, el juez de Garantías de San Martín Mariano Grammatico Mazzari y el capitán de la policía bonaerense Pablo Baggini, ahora en la comisaría del Mercado Central, pero hasta el año pasado con destino en el mismo distrito que los dos funcionarios judiciales. Una voz masculina mencionó la supuesta existencia de un "plan criminal" para atentar contra la fiscal, el juez y el policía. La sencilla asociación de nombres llevó a una hipótesis muy fuerte respecto de quiénes habrían sido los autores de la intimidación: una banda mixta –civiles y policías– de la que hoy están en prisión al menos veintiuno de sus miembros y que se dedica al robo de camiones blindados.
"Amenazaron a la fiscal Carbonella. Ella supone que no es más que un intento por amedrentarla, nada más que eso. Las amenazas tienen relación con una causa que está en trámite", confirmó a PáginaI12 un vocero de la Fiscalía de San Martín. "Esto ocurrió ayer (por el jueves) en horas de la tarde y hasta ahora no se reiteraron los llamados. La fiscal estuvo hoy (por ayer) trabajando con normalidad en su despacho. Es todo lo que podemos informar por el momento. No hubo más que eso", comentó la fuente de los tribunales del partido de San Martín.
Además de iniciarse una causa para investigar las amenazas, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo, "dio instrucciones para que se extremen los recaudos para resguardar la integridad de los funcionarios involucrados y redoblar los esfuerzos en la línea investigativa que, evidentemente, está dando frutos", anunció una fuente judicial. Hasta ayer, según dijeron las fuentes judiciales consultadas, la fiscal no había solicitado ni tenía custodia policial personal.
La investigación contra la banda mixta comenzó el 2 de enero de 2007, cuando entre ocho y diez hombres robaron cerca de 400.000 pesos de un camión de caudales que iba a reponer dinero de un cajero automático ubicado dentro de la firma Dunlop, en Chubut 1136 de la localidad bonaerense de Bella Vista. Quince minutos antes de que el blindado de la empresa Brinks llegara al lugar, los asaltantes habían amenazado al vigilador que estaba en la puerta y lo encerraron dentro de la planta, luego de obligarlo a quitarse el uniforme. Uno de los miembros de la organización se puso esa ropa y se paró en la entrada, como si fuera el vigilador, y facilitó el acceso del blindado, que era acompañado por una camioneta en la que iban varios custodios armados.
Una vez adentro de la planta, el chofer del camión transportador de caudales se dio cuenta de la trampa y quiso escapar, pero el vehículo fue rodeado por los asaltantes, que comenzaron a disparar contra el rodado. El conductor detuvo la marcha de inmediato. La banda llevaba fusiles FAL y disparó varias ráfagas. No hubo heridos, pero los ladrones se llevaron unos 400 mil pesos, luego de apoderarse de tres sacas llenas de dinero y de cartuchos con billetes para el recambio del cajero automático que hay en el lugar. Intentaron, sin éxito, abrir la caja de seguridad del blindado, en la que había diez bolsas más llenas de plata.
Una fuente judicial recordó que desde que ocurrió ese robo "la misma banda cometió no menos de 15 asaltos a camiones blindados. En todos los casos actuaron con gran profesionalidad y sincronización. Eran muy organizados y siempre lograban escapar antes de que llegara la policía".
La banda operaba sobre todo en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, aunque también cometió algunos robos en Córdoba y en Mendoza. Investigaciones posteriores, a cargo de la fiscal Carbonella, permitieron seguir las huellas de muchos de los miembros de la organización, a tal punto que suman 21 las personas detenidas hasta el momento. Entre los detenidos hay policías y gendarmes en actividad, más delincuentes civiles considerados peligrosos, entre ellos un ex integrante de Los Doce Apóstoles, el grupo que protagonizó un histórico motín de ocho días en el penal de Sierra Chica. Hubo 17 rehenes, entre ellos una jueza, y ocho muertos, siete de los cuales fueron incinerados. También les hicieron comer a los otros presos empanadas de carne humana.
Doce de los detenidos de la banda ya fueron reconocidos como supuestos partícipes de los robos, mientras que a los nueve restantes se les adjudica una participación secundaria, aportando vehículos e información que permitió cometer los delitos. Hubo cien allanamientos en los cuales se secuestraron 200 armas, entre las que figuran fusiles FAL y granadas. Se supone que todavía quedan varios prófugos, alguno de los cuales podría ser el autor de la llamada amenazante a la fiscal Carbonella. Fuentes policiales aseguran, sin dar datos fehacientes, que la organización es más importante que la llamada Superbanda que encabezó, en las décadas de los ochenta y noventa, Luis ‘El Gordo’ Valor.

29 de junio de 2008
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cuchillazos a la madrugada


Un chico de doce años apuñaló a una funcionaria en Santiago del Estero. Irma Ibáñez preside el Concejo Deliberante de la localidad de Pinto. El niño entró a su casa y la acuchilló. Aunque tiene antecedentes por robo, investigan si se trató de un encargo.
Santiago del Estero, Argentina. Irma Ibáñez se despertó ayer a las 2.45 al oír el estallido del vidrio de una de las ventanas de su casa. Estaba sola. Cuando atinó a levantarse de la cama vio a un niño de 12 años, que vive a solo dos cuadras de su casa, amenzándola con un cuchillo. El chico la insultó y luego la apuñaló en el abdomen. Irma Ibáñez es la presidenta del Concejo Deliberante de la localidad santiagueña de Pinto, y según contó después a la policía, el pequeño agresor no intentaba asaltarla sino –según le dijo– cumplir una orden.
La mujer, de 38 años, salió a la calle para pedir ayuda y sus vecinos la llevaron hasta al Hospital Zonal de Pinto. De allí fue derivada al Hospital Regional Ramón Carrillo en la capital provincial, a 180 kilómetros de Pinto, donde se constató que tenía un corte en el hígado y otras heridas en el resto del cuerpo. Luego de someterla a una cirugía quedó internada y, de acuerdo al diagnóstico médico, "evoluciona favorablemente".
Tras el ataque, el chico se ocultó en la casa de Ibáñez sobre la calle Ejército Argentino Nº 4 y fue detenido por varios policías. "Gritaba ‘yo no hice nada’, ‘yo no hice nada’ y tenía el buzo y el pantalón ensangrentados", contó a Página 12 el oficial César Gonzalo Carabajal, de la comisaría de Pinto. "Para nosotros fue un intento de robo, el chico ya había salido a robar varias veces", comentó el oficial, quien charló con su madre y ésta le confesó que el niño "no hace caso, sale y nunca vuelve". El niño pasó la noche de ayer en calidad de demorado y en forma provisoria dentro de la seccional 17, a disposición del juez penal de turno, Ramón Tarchini Saavedra.
"La verdad es que estamos todos conmovidos con esto y descartamos temas que tengan que ver con la política o cosas por el estilo, ya que Irma (Ibáñez) no tenía problemas con nadie, imagínense ustedes un pueblo tan chico como éste, en el que nos conocemos todos, que pasen estas cosas es verdaderamente rarísimo", reconoció el intendente de Pinto, Guillermo Ganón, quien milita, al igual que Ibáñez, en el Frente Cívico por Santiago. "El chico le dijo que tenía orden de matarla", aseguró el mandatario.
Según Ganón, días atrás, un hermano mayor del actual agresor que tendría entre 14 y 15 años, "había ingresado en la vivienda de una vecina para robar y que ambos tendrían problemas con las drogas y el alcohol, aunque según el médico de la policía, el muchacho no presentaba signos de estar alcoholizado o drogado". Ese día, se lamentó, el municipio tenía prevista una jornada "de prevención del alcoholismo y drogadependencia en la plaza del pueblo para estudiantes de colegios secundarios".
La localidad, hermana con la ciudad de Pinto de España cercana a Madrid, tiene 7000 habitantes y está ubicada al sudeste de la capital santiagueña, a la vera de la ruta nacional 34, que comunica Santiago del Estero con la provincia de Santa Fe. Los investigadores de la unidad regional No 3 de la ciudad de Añatuya, a cargo del caso, mantuvieron una larga reunión anoche para establecer los pasos a seguir si se mantiene la hipótesis de que el niño fue enviado como sicario por algún enemigo de la presidenta del Concejo Deliberante de Pinto.

26 de junio de 2008
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la cárcel, el lugar para un represor


Prisión perpetua para Musa Azar por el doble crimen que terminó con el poder de Carlos Juárez en Santiago del Estero. Un tribunal condenó a Musa Azar como instigador y encubridor de las muertes de Patricia Villalba y Leyla Nazar. Musa Azar actuó en la represión de la dictadura.
[Carlos Rodríguez] Santiago del Estero, Argentina. En un marco de tensión y en medio de extraordinarias medidas de seguridad, el comisario general retirado de la policía provincial Musa Azar fue condenado ayer a prisión perpetua como instigador y cabeza visible de una ‘asociación ilícita’ a la que la Justicia provincial encontró culpable del doble crimen de La Dársena, ocurrido a comienzos de 2003, cuyas víctimas fueron las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Nazar. Junto con Musa Azar recibieron la misma pena a perpetua los policías Jorge Pablo Gómez, Francisco Daniel Mattar y Héctor Bautista Albarracín, imputados como partícipes primarios en el doble crimen, mientras que el carnicero José Patricio Lludgar fue condenado a 22 años de cárcel, en su caso por ‘homicidio simple’. En un fallo del que sólo se conoció el veredicto –los fundamentos se difundirán recién el 31 de julio– y que deja abiertos muchos interrogantes, los jueces resolvieron absolver de culpa y cargo a los otros 11 imputados, entre ellos Musa Antonio Azar Cejas, hijo de Musa Azar, y su madre, Marta Noemí Cejas.
Lo que más llama la atención es la absolución de ‘Musita’ Azar –luego de la lectura del fallo se abrazó efusivamente con su padre–, dado que la fiscal del juicio, Olga Gay de Castellanos, había solicitado para él una pena de 13 años de cárcel, por entender que junto con Lludgar habían sido los autores materiales del asesinato de Leyla Nazar. Es obvio que el criterio de los jueces fue totalmente opuesto a la visión de la fiscal, dado que no sólo absolvieron a uno de los supuestos autores, sino que le aplicaron una pena mayor –22 años– al otro imputado, el carnicero Lludgar, cuyos familiares ayer clamaron por su inocencia. Fueron acompañados, incluso, por Amira Nazar, la tía de Leyla. Por todo esto genera expectativas saber cuáles serán los argumentos del tribunal respecto de la responsabilidad de Musa Azar. Según la fiscal, una de las razones por las cuales se involucró en el doble crimen fue la de encubrir a su hijo Musita, ahora absuelto.
Los jueces Osvaldo Pérez Roberti, Graciela Viaña de Avendaño y Margarita Piazza de Montoto resolvieron condenar a Musa Azar por homicidio triplemente calificado y por ser la cabeza visible de una ‘asociación ilícita’ que no sólo asesinó a Patricia Villalba para evitar que ésta denunciara el homicidio de Leyla Nazar, del que se había enterado, sino también por ‘alterar el orden público’ con su accionar. El único de los condenados por el cual nadie del público levantó ayer la voz para defenderlo fue el comisario general retirado Musa Azar, ex subsecretario de Informaciones de la Policía de Santiago del Estero durante la dictadura militar y en sucesivas gestiones constitucionales de los ex gobernadores peronistas Carlos Juárez y su esposa Mercedes Nina Aragonés. Musa nació el 6 de junio de 1936. Tiene 72 años cumplidos y podría pedir el cumplimiento de la pena en su domicilio, en razón de su edad.
Además de estar imputado de varios crímenes ocurridos en los últimos años, Musa debe afrontar otro proceso oral porque está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ayer, en contra de lo que se esperaba, Musa dijo que no tenía nada que alegar antes del veredicto. Estuvo serio, sin hacer gestos, cuando escuchó su condena y esbozó una leve sonrisa cuando escuchó que habían absuelto a ‘Musita’. Esta absolución también despertó tibios aplausos entre las personas que colmaron la sala contigua a la que se realizó el juicio, destinada al público y a la prensa, que siguió todo el juicio, a lo largo de ocho meses y un día, a través de una pantalla de video.
El que sí habló fue ‘Musita’, quien juró ser inocente. "No conocía a la víctima", dijo en relación con Leyla Nazar, a la vez que sostuvo que la acusación en su contra fue "producto de la ingerencia del poder político". En una intervención anterior, durante el desarrollo del juicio, ‘Musita’ había llegado a insinuar que su padre, el ex todopoderoso subsecretario de Informaciones, podría tener "más información" –valga la redundancia– sobre cómo habían ocurrido los dos asesinatos. Y lo instó a relatar frente al tribunal todo lo que pudiera saber.
Además de absolver a Musa Antonio Azar Cejas por la imputación de homicidio, el tribunal también dejó libre de sospechas a su madre, Marta Noemí Cejas. La habían acusado de encubrir a su propio hijo, una imputación que a priori resultaba endeble, teniendo cuenta el vínculo familiar que los une. Ayer –una rareza en ella–, la mamá de ‘Musita’ tampoco abrió la boca para defenderse, habida cuenta de que la fiscal había pedido su absolución. Los otros absueltos fueron Daniel Silvestre Rivero (le imputaban el cargo de homicidio simple por el caso Leyla); Mario Leopoldo Corvalán, el ex diputado provincial Carlos Alfredo Anauate, Javier Humberto Juárez y Ramón Alberto Palacios (todos estaban acusados de encubrimiento agravado); Eduardo Antonio Abdala (asociación ilícita y encubrimiento agravado); Daniel Eduardo Moukarzel (coacciones reiteradas); Diego Pablo Sonzoni (adulteración de instrumento público) y el primer investigador policial, Luis Roberto Cejas, quien estuvo acusado por "abuso de autoridad y encubrimiento agravado".
El último día del juicio por el caso más grave que recuerda la justicia santiagueña –ahora viene el juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar– se desarrolló en un marco de severas medidas de seguridad. "Los policías que estarán en la sala donde se hace la audiencia (cerca de veinte uniformados) no tendrán armas, porque el tribunal cree que puede haber incidentes cuando se lea la sentencia y quiere evitar complicaciones", comentó un vocero de prensa del Palacio de Justicia poco antes de que comenzara la audiencia.
No hubo violencia, finalmente, pero sí se escucharon llantos, gritos e insultos, en su mayoría en contra del tribunal por las condenas dictadas. Los más ofuscados, como siempre a lo largo del proceso, fueron los familiares del policía Francisco Daniel Mattar, condenado a perpetua. "Manga de putos delincuentes", gritaba una hermana de Mattar mientras bajaba las escaleras, luego de escuchar el fallo. "¿Palacio de Justicia le llaman a este antro de delincuentes y coimeros?", siguió gritando la mujer, que incluso llegó a increpar a sus familiares porque lloraban. "Hay que irse de acá con la frente alta. Esto fue un circo."
Amira Nazar, tía de Leyla, una de las víctimas, insistió en que al juicio "le faltaron algunos nombres importantes" y requirió: "Yo quiero que me traigan a (Néstor Carlos) Ick", propietario del hotel Carlos V, el más lujoso de Santiago.
El nombre le fue puesto en homenaje a Carlos Juárez y a su quinto mandato como gobernador de la provincia. En ese lugar, según una hipótesis que fue descartada en el juicio, se habría realizado la fiesta de "sexo y droga" en la que supuestamente fue asesinada Leyla Nazar. En su acusación final, la fiscal Gay de Castellanos no pudo precisar el lugar en que se produjo el asesinato de la chica. Son muchas las dudas y controversias que tuvo el juicio. Pocos esperan que la verdad total pueda surgir de los fundamentos del fallo, que se conocerán a fines de julio.
Ayer fue imposible hablar con los padres de Patricia Villalba. Su mamá, Olga Azucena Díaz, sufrió un shock nervioso al finalizar la lectura del veredicto y le subió la presión. Acompañada por su marido, Juan Domingo Villalba y por su hija Karina, la mujer fue sacada en ambulancia de los tribunales y llevada a una clínica. Además de las condenas y absoluciones, el tribunal ordenó que se les pague, a los padres de Patricia, la suma de 170 mil pesos para cada uno de ellos, como resarcimiento por el "daño moral" recibido. Fue rechazado el resarcimiento solicitado, por separado, por distintos familiares de Leyla. Una de las juezas opinó que sólo se debía resarcir, con la suma de 20 mil pesos a cada una por el "daño psicológico", a las tres hermanas menores de la joven.

25 de junio de 2008
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ejecución por silla eléctrica


Carolina del Sur ejecuta a condenado a muerte.
Miami, Estados Unidos. Carolina del Sur ejecutó el viernes a un hombre por el asesinato de los padres de su ex novia en 1994, convirtiéndose en la segunda ejecución en el estado desde que una resolución de la Corte Suprema levantara una moratoria nacional de facto, declaró un funcionario del estado.
James Earl Reed, 49, fue condenado en 1996 por el asesinato de Joseph y Barbara Lafayette, con un arma de fuego, disparándoles repetidas veces, incluyendo tiros a la cabeza para rematarlos, después de que se negaran a decirle dónde se encontraba su hija. Rechazó a su abogado durante el juicio y trató de defenderse a sí mismo ante el tribunal.
"La ejecución de James Earl Reed ocurrió a las 11:27 de la noche", dijo el portavoz de la prisión del estado Josh Gelinas.
La ejecución había sido anunciada para las seis de la tarde, pero fue detenida a último minuto y retrasada durante casi cinco horas y media mientras los abogados presentaban las últimas apelaciones.
Finalmente la Corte Suprema despejó el camino para su ejecución.
Reed es la octava persona en ser ejecutada en Estados Unidos desde que el alto tribunal rechazara en abril una impugnación contra el cóctel de tres fármacos utilizados en la mayoría de las ejecuciones en los últimos treinta años.
Reed eligió morir en la silla eléctrica, convirtiéndose en el primer recluso condenado a muerte en Carolina del Sur en preferir la electrocución a la inyección letal en los últimos cuatro años.
La mayoría de los estados utilizan la inyección letal como el principal método de ejecución. Pero algunos, como Carolina del Sur, dan a los condenados a muerte otras opciones, como la silla eléctrica o la cámara de gas. La horca y el pelotón de fusilamiento son todavía utilizados en algunos estados.
En abril la corte suprema rechazo por 7 contra 2 una impugnación de dos reos del corredor de la muerte de Kentucky que dijeron que el actual método de la inyección letal infligía dolor y sufrimiento, violando la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.
Las ejecuciones fueron suspendidas en todo el país mientras la corte consideraba el asunto.
Desde la resolución se han realizado ejecuciones en Georgia, Mississippi, Virginia, Texas, Oklahoma y Carolina del Sur.

23 de junio de 2008
©reuters
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mataba para escribir reportajes


La policía en Macedonia arresta a un periodista sospechoso de informar sobre sus propios crímenes.
Kicevo, Macedonia. La policía de Macedonia ha detenido a Vlado Taneski, de 56 años de edad, quién está acusado de violación, tortura y asesinato de tres ancianas en la suroccidental ciudad de Kicevo en Macedonia. Las autoridades empezaron a sospechar de el periodista cuando sus reportajes comenzaron a incluir detalles que nunca habían sido revelados a la prensa.
Además, según informan medios locales, la policía habría encontrado, mediante el análisis de ADN, su esperma en dos de las víctimas. Otros sospechosos (que se declaraban inocentes) ya habían sido condenados por los dos primeros asesinatos, y el tercer crimen se cometió el mes pasado.
Taneski es sospechoso de haber secuestrado, torturado y descuartizado a las ancianas, cuyos cuerpos desmembrados aparecieron en bolsas de plásticos en basureros ilegales. Todas las víctimas ancianas con una pobre educación y todas eran trabajadoras de limpieza. "También es sospecho de estar involucrado en la desaparición de una cuarta mujer, de 78 años de edad", dijo el portavoz del Ministerio del Interior Ivo Kotevski.
Según Kotevski, el asesino utilizó cables de teléfono para atar a las ancianas, y sus cuerpos presentaban señales de abuso sexual y físico. "Por ejemplo, la última víctima, de 65 años de edad, tenía 13 heridas en el cráneo y múltiples fracturas de costillas", explicó.

Un Mismo Patrón
Aparentemente todas las víctimas presentaban similitudes con la difunta madre del sospechoso, con la que al parecer mantenían una mala relación. "Todas eran mujeres ancianas con una pobre educación y todas eran trabajadoras de limpieza", dijo Kotevski "Todas, además, provenían del mismo barrio de Kicevo", añadió.
El periodista trabajaba para los diarios Utrinski vesnik y Nova Makedonija. El editor de Taneski en Utrinski vesnik, citado por la agencia Associated Press, manifestó: "Estamos conmocionados con todo esto. "Lo conozco como un hombre excepcionalmente tranquilo y nunca lo hubiese creído capaz de hacer algo así", dijo.

23 de junio de 2008
©el país
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ejecutan a criminales en japón


Uno de ellos es un asesino en serie que mutilaba a niñas.
[Mari Yamaguchi] Tokio, Japón. Uno de los más infames asesinos en serie de Japón, que mató y mutiló a cuatro niñas y bebió la sangre de una de ellas, fue ejecutado el martes junto a otros dos homicidas condenados.
Las ejecuciones por horca marcan una aceleración de las ejecuciones en Japón, donde el ministro de Justicia, que es partidario de la pena de muerte, y crecientes temores de crímenes violentos, han aumentado la aceptación de la pena capital.
Las tres ejecuciones elevan a trece el número de reclusos en el corredor de la muerte que han sido colgados en los últimos seis meses desde que asumiera el ministro de Justicia Kunio Hatoyama. En contraste, en 2005 sólo fue ejecutado un recluso.
Tsutomu Miyazaki, 45, cuyos espeluznantes asesinatos de las niñas, de edades entre los cuatro y siete años, a fines de los años ochenta, disparó los llamados a restricciones más estrictas de los videos con pornografía violenta, fue colgado en una cárcel de Tokio.
El homicida quemó el cuerpo de la niña de cuatro años y dejó sus huesos a la puerta de la casa de sus padres. También escribió cartas a la prensa y a las familias de las víctimas, burlándose de la policía. Los informes en la prensa japonesa dijeron que el homicida comió una parte de la mano de una de las víctimas y bebió su sangre. Miyazaki fue también condenado por el secuestro y agresión sexual contra una quinta niña.
Los otros dos ejecutados el martes eran Shinji Mutsuda, 45, que había estado en el corredor de la muerte por el asesinato y robo de dos personas, y Yoshio Yamasaki, 73, que fue condenado por asesinar a dos personas para hacerse con sus seguros de vida, dijo el ministerio de Justicia en una declaración.
La pena capital no encuentra oposición en Japón, donde un poder judicial inclinado al secreto permite que los condenados languidezcan durante décadas en el corredor de la muerte antes de ser colgados repentinamente sin aviso previo.
"Hay gente que la quiere abolir, pero es una minoría. La mayoría está por mantenerla", dijo el martes el primer ministro Yasuo Fukuda. "Creo que no hay necesidad de abolirla, aunque debemos tomar en cuenta la opinión del mundo".
Amnistía Internacional deploró el creciente número de ejecuciones, que, dijo, eran "prueba de que Japón está ejecutando a un gran número de condenados". La organización exigió que Japón derogue la pena capital.
Hatoyama, que asumió su cargo en agosto pasado, ha negado haber acelerado a postas las ejecuciones, diciendo que el ministerio estaba simplemente administrando justicia más rápidamente. Otros tres condenados fueron ejecutados en diciembre, tres más en febrero y otros cuatro en abril.
La detención de Miyazaki dominó los titulares japoneses, junto con el hallazgo en su casa de una colección de miles de videos pornográfico violentos, películas animadas e historietas cómicas apiladas hasta el techo.
El caso provocó temores de que los jóvenes se estaban insensibilizando ante el sufrimiento humano debido a su frecuente aparición en imágenes gráficas en videos e historietas.
Después del martes, Japón tiene 102 reclusos en el corredor de muerte, anunció el ministerio.
El gobierno empezó a liberar los nombres de los ejecutados y sus delitos en diciembre, mitigando su política de mantener en la oscuridad estos casos en lo que parece ser un intento de conseguir comprensión y apoyo hacia la pena capital.

19 de junio de 2008
©fwdailynews
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ministro acusado de violación


Acusaciones de violación convulsionan isla caribeña. Dos acusaciones contra el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, por agresión sexual, fueron desechadas sumariamente.
[Carol J. Williams] Kingstown, San Vicente, Granadinas. Acusaciones de violación contra el primer ministro Ralph Gonsalves han dividido a este idílico archipiélago, adorado por parejas en luna de miel, navegantes y excursionistas. Un lado denuncia lo que considera una cultura de indiferencia hacia la violencia sexual, y el otro insiste en que las acusaciones están motivadas políticamente.
Una miembro del séquito de seguridad de Gonsalves ha declarado ante la policía que el tres de enero el dirigente político de 61 años la violó en su mansión Old Montrose, cuando estaba de patrulla, ahogando sus protestas y advirtiéndola que se callara porque su esposa e hijos estaban durmiendo en la segunda planta.
Gonsalves ha negado la acusación, y el fiscal de distrito, un ex colega del primer ministro, ha desechado la denuncia interpuesta ante la Corte de Magistrados por la agente de policía Michele Andrews. La agente recurrió a la corte porque sus superiores en la policía se negaron a iniciar acciones judiciales contra Gonsalves.
Activistas de derechos humanos y líderes empresariales locales dicen que Gonsalves tiene toda una historia de agresiones sexuales, y defensores de las mujeres en todo el Caribe han empezado a organizar una campaña de apoyo a Andrews, 36, cuya identidad fue revelada por Gonsalves.
Desde que Andrews hiciera su acusación, al menos otras cuatro mujeres han denunciado haber sido agredidas sexualmente por Gonsalves.
El escándalo arroja luz sobre las redes políticas, legales y de seguridad en las nacientes democracias de la región, donde las lealtades hacia los amiguetes de la escuela y los aliados políticos pueden, dicen los críticos, burlar el imperio de la ley.
Emery Robertson, una de las cuatro abogados que se ocupan del caso de Andrews, dice que el sistema jurídico caribeño carece de controles del poder. En San Vicente, por ejemplo, el primer ministro es también el jefe de los ministerios de finanzas, seguridad nacional, planificación económica y asuntos jurídicos. Los funcionarios de los ministerios deben sus posiciones a él y a su partido.
"Los funcionarios deben lealtad al primer ministro", dijo Sharon Morris-Cummings, otra abogado de Andrews.
Las cuatro abogados han apelado la resolución que desecha este y otro caso que fue presentado a un tribunal regional por una canadiense que denunció otra agresión. Juraron recurrir, si llegase a ser necesario, al Consejo Privado de Londres [London Privy Council], que sigue siendo el tribunal supremo de la ex colonia británica.
Organizaciones de derechos humanos y feministas han exigido que Gonsalves sea procesado para sentar un ejemplo de que nadie está por encima de la ley.
"La gente tiene miedo de dar la cara. El mensaje que está enviando él es: ‘Te arruinaremos’", dijo Peggy Antrobus, una vecina de San Vicente que vive en Barbados y que ha estado en las últimas décadas al frente del pequeño movimiento feminista del Caribe.

Denuncia Canadiense
Margaret Parsons, abogado canadiense de derechos humanos proveniente de una familia de San Vicente, dice en su denuncia contra Gonsalves que ella fue agredida en enero de 2003 durante una reunión con él para discutir los planes de reforma constitucional en la región. Apenas empezada la conversación, dice, se lanzó sobre ella, la empezó a meter mano, le desgarró la blusa e intentó violarla en el sofá de su oficina -aunque ella logró liberarse y escapar.
"Recuerdo que salí del edificio con el corazón en la mano. Estaba furiosa. No podía creer lo que me había pasado", dijo Parsons en una conferencia telefónica desde Toronto. "No sabía a quién recurrir. No sabía quién podía escucharme".
Volvió a Canadá, y dice que "sufrí en silencio" -hasta que el caso de Andrews la envalentonó para presentar una denuncia ante la Corte de Magistrados.
"Es el primer ministro, ¡por el amor de Dios! No puede seguir perpetrando con impunidad esos actos tan atroces", dijo Parsons. "No estamos hablando de un parte del parking o de una falta de tráfico; estamos hablando de la violencia contra el cuerpo de una mujer".
Como ocurrió en el caso de Andrews, la denuncia de Parsons fue tratada por el fiscal, R. Colin Williams, un amigo de toda la vida de Gonsalves, que interrumpió la investigación, un poder otorgado a la fiscalía pero rara vez usado en casos tan graves.
Williams es un hombre alto e impetuoso con una estruendosa carcajada. Defendió su decisión de parar las acusaciones contra Gonsalves.
"Ralph es víctima de su personalidad. Tiene un estilo muy informal", dijo Williams. "Aquí lo llaman Huggingson Kissinger, porque te saluda con su abrazo y un beso".
Dijo que los cinco incidentes reportados en declaraciones juradas eran antiguos o no fundamentados por la evidencia física.
Andrews no presentó una declaración escrita cuando contó al inspector de policía el ataque la mañana del incidente, ni cuando se puso en contacto con el jefe de policía al día siguiente, dijo Williams. Andrews dice que ambos le dijeron que volviera a casa y se calmara, y le aseguraron que investigarían el asunto y se pondrían en contacto con ella cuando necesitaran información.
Ante las acusaciones de una mujer de 43 años que declaró que fue violada por Gonsalves cuando tenía dieciocho y estaba en su oficina pidiendo trabajo, Williams rugió divertido: "¡Hombre, eso fue hace más de veinte años!"
En cuanto a la denuncia de Parsons, Williams dijo que no se podía confiar en ella "¡porque es una abogado de derechos humanos!"

Orden de la Corte Nula
Andrews, que ahora está recorriendo los edificios coloniales de Kingstown Harbor, dijo que después del ataque quería suicidarse. Recordó con lágrimas en los ojos las horas que pasó temblando en una litera en una comisaría de policía después de echar sus bragas al inodoro y de ducharse durante media hora, antes de decidir que debía contárselos a sus superiores en la policía.
Después de no oír nada de ellos durante cuatro semanas, pese a sus repetidas peticiones, Andrews presentó una denuncia criminal ante la Corte de los Magistrados el 31 de enero. Se firmó una orden para que Gonsalves compareciera en tres semanas. Pero la orden fue anulada cuando Williams intervino cuatro días después.
A horas de presentación de la denuncia, el jefe de policía Keith Miller informó a los abogados de Andrews que había "investigado el asunto y esas investigaciones no revelaron ninguna falta del honorable primer ministro".

Respuesta del Premier
Gonsalves apareció en una rueda de prensa al día siguiente para declarar su inocencia y acusar a sus opositores políticos de tratar de obligarlo a renunciar.
"Este es un intento de perjudicarme políticamente y de desprestigiarme ante los ojos de la gente", dijo Gonsalves, acompañado por su esposa Eloise y algunos funcionarios del gabinete.
Se pronunció a sí mismo "limpiado" por Miller e identificó a Andrews como su acusadora, desencadenando semanas de hostigamiento público de la mujer policía en el programa radial diario presentado por el secretario de prensa de Gonsalves, Hans King.
"No me desalojarán con acusaciones infundadas. Soy totalmente inocente", dijo, agregando que estaba contemplando iniciar acciones legales contra Andrews y sus abogados.
Gonsalves no ha comentado la denuncia más reciente de Parsons ni sobre la decisión de Williams, el cuatro de abril, de desestimarla. Pero uno de los abogados del primer ministro, Grahame Bollers, consideró su denuncia una "calumnia", exigió excusas y medio millón de dólares en reparaciones de Radio Nice, que emitió tres veces en abril una entrevista con Parsons.
La abogado Kay Bacchus-Browne, que representa tanto al director de la emisora como a los denunciantes de Gonsalves, informó a Bollers que rechazaban las demandas debido a que Parsons había "dicho la verdad".
Preguntas del Times fueron desviadas hacia otro de los abogados del primer ministro, Parnell Campbell, que no devolvió las llamadas. Funcionarios policiales no respondieron las peticiones de entrevistas.
Cartas a los editores de periódicos locales y a la agencia de noticias Caribbean Net News han denunciado las maniobras legales para proteger a Gonsalves e impedir que sea procesado, y recordaron a los lectores que se supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Los artistas de calipso políticamente comprometidos también se han metido al escándalo con una irónica balada titulada ‘Hip, Hip, Who Rape?’
"Hemos observado varios preocupantes incidentes en los que el imperio de la ley parece estar en duda", dijo un diplomático norteamericano, que habló a condición de preservar su identidad, que estuvo aquí de visita en abril para informarse sobre los casos.
La Corte Suprema del Este del Caribe, a la que se ha solicitado que revise las acciones de Williams, debe resolver pronto y podría desechar las acusaciones o enviarlas a juicio.
Esa corte está compuesta por jueces nombrados por los primeros ministros de los estados miembros, y la abogado Bacchus-Browne dijo que tenía "un poco de esperanza" de que la corte regional dejara a un lado la política y enviara los casos a juicio. Aunque si eso ocurriera, dijo, Gonsalves probablemente recurriría.
"Probablemente, si queremos ver justicia, tendremos que ir al Consejo Privado", dijo.

carol.williams@latimes.com

17 de junio de 2008
25 de mayo de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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