COLOMBIA ABRE ESCUELA ANTISECUESTRO - maría pérez-plá
Bogotá, Colombia. Es la primera en América Latina y la tercera a nivel mundial, después de las de Indonesia y Pakistán.Un grupo de 12 policías y ocho hombres del ejército esperan la señal para irrumpir en la casa donde se encuentra el secuestrado; después de varios minutos de explosiones y disparos, salen victoriosos con su objetivo por la puerta de atrás. Lo que ha ocurrido dentro es el resultado de varias semanas de entrenamiento y un elaborado plan de rescate.
Este simulacro es el día a día de los hombres que se instruyen en la Escuela de Entrenamiento para los Grupos Antisecuestro, inaugurada ayer en Colombia; es la primera de su clase en América Latina y la tercera en el mundo después de Indonesia y Pakistán.
La capacitación tiene lugar en un cuartel de la policía en el municipio de Sibaté, 50 kilómetros al sur de Bogotá. El proyecto se ha desarrollado gracias a un aporte de 25 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, que además facilitó tecnología de punta en comunicaciones, armamento y entrenamiento especializado.
Dicho aporte forma parte de un plan de asistencia encabezado por la Agencia de Lucha contra el Terrorismo, ATA, del Departamento de Estado. La suma otorgada a Colombia se divide en partes iguales que han sido destinadas a entrenamiento antisecuestro y protección de líderes nacionales. En éste último caso, los beneficiados del plan serán los miembros destacados del gobierno colombiano, quienes a partir de este momento contarán con un sistema de seguridad especial.
Seis Semanas Para Convertirse En Especialista
A pesar de que la escuela se inauguró oficialmente ayer, ha estado funcionando desde el 27 de agosto de 2003, tiempo en el cual se han graduado seis promociones para un total de unos 200 hombres. Según las directrices del gobierno colombiano, todos los miembros de los grupos del ejército, la policía, el Departamento Administrativo de Seguridad y el Cuerpo Técnico de la Fiscalía, deberán recibir instrucción en la escuela.
El entrenamiento, que dura seis semanas, está basado en gran parte en aquellas experiencias de los grupos antisecuestro, GAULA, que ya operaban en Colombia, pero pone énfasis en el conocimiento real del terreno donde habitualmente permanecen los secuestrados y la capacidad de planear operativos exitosos.
Una Emotiva Inauguración
Al acto de inauguración asistió el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, quien se refirió a la internacionalización del secuestro. "Es un crimen multinacional y una parte importante del conocimiento del delito proviene de delincuentes colombianos".
Señaló también que "la triste realidad del continente es que mientras ya vivimos lo peor de la curva del secuestro y comenzamos a ganar esa batalla, otros países la están perdiendo". En lugares como México, Brasil, Argentina y Guatemala, dijo "el secuestro se ha convertido en un flagelo", por lo cual se hace necesario unir esfuerzos a nivel internacional.
Aludió además a un caso de secuestro "en el que están involucradas organizaciones criminales colombianas, se pagaron millones de dólares, se produjo en Paraguay, se negoció en Brasil, y se pagó en Argentina". Por eso, recalcó, el secuestro "es un delito transnacional y debemos derrotar, porque es un arma del terrorismo".
Junto al vicepresidente se encontraba el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, quien interrumpió su discurso para recordar de manera anecdótica y emotiva el tiempo en que un hijo suyo estuvo secuestrado.
Explicó que el objetivo de esta escuela es que "el entrenamiento se realice con el reconocimiento real del terreno donde las bandas criminales mantiene cautivos a los secuestrados" y, al mismo tiempo, "mitigar el dolor de los familiares de secuestrados y sembrar esperanza en sus corazones".
Sin embargo, devolverles las esperanza a los familiares de colombianos secuestrados no es fácil: según las cifras de la organización colombiana contra el secuestro, País Libre, en 2003 hubo 2 mil 200 víctimas, unos 700 menos que en el año anterior y, aunque el ministerio de Defensa afirma que, en lo que va de este año, la cifra ha disminuido 55 por ciento , estos datos sólo reflejan las cifras oficiales. Las no oficiales, divulgadas por el programa de radio Voces del Secuestro, hablan de unos 3 mil 500.
12 junio 2004
©universal
EL FENÓMENO DE LAS CÁRCELES PRIVADAS DE ESTADOS UNIDOS - fox butterfield
Santa Fe, Nuevo México. En enero de 2002, Tyson Johnson estaba en la cárcel del distrito de Santa Fe a la espera de su juicio, acusado de acoso y agresión sexual con agravantes, cuando la claustrofobia que le persiguió toda la vida dio paso a ataques de ansiedad y pidió ver a un psiquiatra. Pero la cárcel, que es gestionada por Management and Training Corporation, una compañía de prisiones privada , no contaba con un psiquiatra o psicólogo. Por eso Johnson trató de cortarse las muñecas y el cuello con una navaja, y cuando no le resultó, le dijo a la enfermera de la cárcel: "Hoy me voy a matar".
Crsytal Quintana, una guardia, dijo a los detectives que la enfermera había contestado: "Déjalo". Turner lo niega, dice el abogado de la enfermera.
Diez minutos más tarde, Johson, de 27, que no tenía antecedentes judiciales, fue encontrado muerto, después de colgarse del rociador anti-incendios del techo en una celda de castigo sin ventanas, donde se suponía que estaba siendo observado constantemente.
El relato se basa en un extenso informe del departamento de Justicia, declaraciones de una querella civil entablada por la madre de Johnson, Suzan García, y deposiciones de guardias y detectives. Y el informe del departamento de Justicia hace surgir otra pregunta: ¿Por qué eligió el fiscal general John Ashcroft a un manager de Management and Training, Lane McCotter, para encabezar una misión a Iraq para restablecer el orden en las prisiones a apenas un mes de hecho público el informe, en la primavera de 2003, que denunciaba prácticas inconstitucionales en la cárcel?
Funcionarios del departamento de Justicia se han negado repetidas veces a responder a preguntas sobre la elección de McCotter, además de a una serie de preguntas por escrito del senador Charles E. Schumer, demócrata del estado de Nueva York. Pero lo que descubrió el departamento sobre el funcionamiento de la cárcel bajo la gestión de Management and Training era tan grave que el Departamento de Jefes de Policía de Estados Unidos retiró a más de cien de sus reclusos que cumplían sus penas ahí.
Fue McCotter, que según él mismo trabaja para Correction.com, una revista industrial online, quien escogió a Abu Ghraib para ser la cárcel estadounidense más importante de Iraq y quien dirigió luego su reconstrucción después de que terminaran los combates. (McCotter dejó Iraq en septiembre de 2003, antes de que ocurrieran los peores abusos cometidos por los guardias estadounidenses, y nadie ha sugerido que tenga alguna responsabilidad).
McCotter, director de desarrollo comercial de Management and Training, se ha negado a ser entrevistado.
Expertos dicen que los problemas en la cárcel de Santa Fe son emblemáticos de los problemas que surgen a menudo cuando ciudades y estados dejan en manos de compañías privadas la gestión de sus cárceles y presidios. Las compañías de cárceles privadas están en el mercado para hacer dinero para sus dueños o accionistas, y el único modo en que pueden hacerlo es operándolas a costes más bajos que los de las cárceles y presidios gestionadas por el ayuntamiento y los estados, dijo Judith Greene, un analista de políticas de jurisdicción penal de Brooklyn que ha escrito extensamente sobre las prisiones privadas. En la práctica, dijo Greene, esto ha significado a menudo que las compañías de cárceles privadas pagan menos a sus guardias, les dan menos adiestramiento y no prestan servicios médicos ni de salud mental aa los reclusos. "Ése es el meollo del problema en el negocio de las cárceles privadas", dijo Greene. "Recibes lo que pagas".
Carl Stuart, un portavoz de Management and Trainig, en Centerville, Utah, dijo que no podía comentar sobre cuestiones relacionadas con el informe del departamento de Justicia sobre la dotación del personal carcelario y del personal médico "porque el litigio todavía está pendiente".
Pero Stuart dijo que después de que el departamento de Justicia publicara su informe crítico el año pasado, "nos hemos esforzado en remediar sus preocupaciones y creemos que hemos avanzado un montón".
La investigación del departamento de Justicia sobre la cárcel de Santa Fe, dirigida por cuatro expertos de la División de Derechos Civiles, hizo un listado de una serie de problemas que parecían surgir del esfuerzo por mantener bajos los costes.
El médico contratado más cercano residía en Lubbock, Texas, a dos horas de vuelo. Visitaba la cárcel sólo cada seis semanas, visitando a unos pocos pacientes cada vez, según el informe. La enfermera tenía una orden en su archivo que limitaba las visitas a los pacientes internos a cinco minutos, que según el informe no es suficiente.
No había ni psiquiatra ni psicólogo, y aunque la enfermera no tenía formación en el cuidado de pacientes psiquiátricos, estaba suministrando drogas a los internos con problemas mentales, según el informe.
La cárcel tiene un paramédico en salud mental, Thomas Welter, que estuvo empleado como guardia por la Asociación de Redes de Médicos. Pero nunca hizo ninguna evaluación de los internos con problemas mentales, dice el informe. Al contrario, fanfarroneaba sobre su propia historia de uso de drogas, de acuerdo a una deposición reciente de Cody Graham, que era entonces guardián de la cárcel de Santa Fe. Poco después de que Johnson se colgara a sí mismo, Graham escoltó a Welter hasta la puerta y le dijo que no volviera.
El abogado de Welter, Robert Corchine, dijo que Welter "niega categóricamente las acusaciones incluidas en la querella entablada por el estado de Tyson Johnson y en las revelaciones del informe del departamento de Justicia.
En su deposición, Graham dijo también que no hubo un aumento en la dotación de guardias ni en el personal de supervisión, incluso a pesar de que McCotter lograra un considerable aumento del número de reclusos, de 180 a 580, en apenas unos meses, dijo Graham. Pero McCotter y otros funcionarios de Management and Training ignoraron sus peticiones de aumentar el personal. Otro antiguo funcionario de la cárcel, Gregory Lee, un alcaide que era el segundo en la línea de mando, dijo en su deposición que lo frustraba que el salario de los guardias fuera tan bajo (ocho dólares con cincuenta la hora, sin beneficios) que la cárcel perdía constantemente a sus guardias, que se pasaban al presidio estatal de Nuevo México al otro lado de la calle.
La compañía Management and Training se descolgó de la división de adiestramiento de Morton Thiokol, el contratista de Defensa, y se concentró primero en el adiestramiento de jóvenes de bajos recursos para la compañía Job Corps, dijo Stuart, el portavoz. Pero a fines de los 1980, a medida que el número de reclusos aumentaba explosivamente en todo el país y comenzaran a surgir las cárceles privadas, Management and Training, conocida como M.T.C., se descolgó e inició su primera cárcel en California.
La compañía dice en su página en la red que ahora custodia a siete mil quinientos reclusos en once cárceles y presidios. Hasta la reciente publicidad en torno a McCotter, era poco conocido que su más grande competidor es la Correction Corporations of America y el Grupo GEO, antiguamente la compañía Wackenhut Corrections Corporation. Ambas han sido criticadas por tener dotaciones insuficientes, fugas y escaso cuidado médico.
En el informe del departamento de Justicia sobre la cárcel de Santa Fe, Manuel Romero, un asesor de prisiones, escribió que la cárcel tenía una dotación tan baja que se esperaba que un guardia supervisara a 120 reclusos en turnos que doce horas, sin relevos para comer ni para ir a los servicios.
"Eso indica que el personal no era suficiente para supervisar de manera adecuada a los reclusos", escribió Romero.
El informe del departamento de Justicia encontró también que algunos reclusos pasaban dos o tres semanas sin muda de ropa interior. Además, dice el informe, los colchones de la cárcel eran viejos y estaban rajados y a algunos reclusos no se les daba sábanas.
El área de recepción estaba tan atiborrada que algunos reclusos se tendían en colchones en el suelo unos junto a otros por períodos de hasta cinco días, dice el informe. Algunas celdas no tenían luz, ni de ventanas ni de bombillas.
En diciembre pasado dos reclusos fueron apuñalados y aporeados hasta la muerte y siete otros heridos en un motín en la Penitenciaría de Eagle Mountain, en el desierto al este de Los Angeles. Después del motín, el estado de California clausuró la prisión. A principios de mayo, un preso fue apuñalado hasta la muerte en la cárcel de alta seguridad de la compañía en Penetanguishene, Ontario.
Un estudio realizado por James Austin, un investigador de jurisdicción penal con base en Washington, demostró que en las cárceles privadas había un 49 por ciento más agresiones contra guardias per capita y un 65 por ciento más agresiones contra otros reclusos que en las cárceles gestionadas por el gobierno en todo el país.
La madre de Johnson, la señora García, dijo que su hijo la llamaba a menudo para quejarse de su claustrofobia. "Me llamaba y me decía que no podía respirar, que se estaba poniendo cada vez más claustrofóbico", dijo.
"Yo llamé a la cárcel y pedí hablar con el doctor, pero me dijeron que ellos no tenían doctor", dijo García. "Cuando pedí hablar con el alcaide, me pusieron en espera y luego cortaron la comunicación".
Al final, dijo Jeffreey Haas, otro abogado de García, cuando un guardia se dio cuenta de que Johnson se había colgado a sí mismo, el agente de guardia fue primero a por una cámara para grabar la escena, antes que descolgarlo.
"La respuesta de la cárcel ha sido protegernos a nosotros mismos filmándolo todo antes que tratar de salvar su vida", dijo Haas.
6 junio 2004
©new york times ©traducción mQh
MUJER SECUESTRA BEBÉ DEL VIENTRE DE SU MADRE
Cundinamarca, Colombia. Mujer de Girardot robó niño de ocho meses de gestación luego de extraerlo del vientre de su madre.El hecho ocurrió el primero de junio y revelado ayer por la policía, luego de capturar a la delincuente, identificada como Aseneth Piedrahíta.
Una mujer de Girardot (Cundinamarca), identificada por las autoridades como Aseneth Piedrahita, robó un niño de ocho meses de gestación luego de extraerlo violentamente del vientre de su madre, Ángela Cartagena Bernal.
La delincuente le practicó la cesárea a la mujer en un lote baldío y luego de dormirla con una sustancia tóxica. Posteriormente, llevó al niño a su vivienda, situada en el barrio la Isla del Sol, en las afueras del municipio. Allí lo mantuvo secuestrado por algo más de 24 horas.
El caso fue revelado por la policía de Cundinamarca ayer, después de rescatar al menor y de capturar a Piedrahita, cuyo paradero fue hallado gracias a datos suministrados por la comunidad. Por su parte, la madre logró ser trasladada con vida al hospital San Rafael de la población, donde se recupera satisfactoriamente.
Los médicos de este centro asistencial le dijeron a El Tiempo que Piedrahita, al parecer, tenía conocimientos de medicina porque los cortes, aunque rústicos, fueron aceptables y no causaron infección.
Estos hechos ocurrieron el pasado primero de junio, y minutos después de que Cartagena Bernal salió de practicarse un chequeo en un centro médico municipal.
Luego de salir de la cita, Piedrahita se le acercó y le ofreció ayuda. Le dijo que ella le iba a dar ropa y alimentos para que después del parto pudiera mantener al bebé.
Posteriormente la invitó a tomar un refresco en una cafetería a través del cual le suministró el somnífero.
Desde allí la llevó a un lote del sector Isla del Sol, donde le hizo la intervención.
Los primeros en dar aviso a las autoridades fueron los habitantes del barrio, a quienes Cartagena Bernal les pidió ayuda después de despertar. Esos moradores también dieron aviso a las autoridades quienes allanaron la casa de Piedrahita.
Al preguntarle por el bebé y solicitarle los documentos médicos y el certificado de Nacido Vivo', ella no pudo comprobar la legalidad del pequeño. Además, testigos indicaron que nunca la vieron embarazada.
El recién nacido se recupera en una incubadora de la sala de neonatos del Hospital San Rafael de Girardot y en las próximas horas le serán practicadas pruebas de ADN para confirmar el parentesco con su madre.
Por su parte, Piedrahita fue trasladada a la cárcel de mujeres de Girardot.
4 junio 2004
©el tiempo
KISSINGER BLOQUEA INVESTIGACIÓN SOBRE CHILE - diana jean schemo
El jefe de la sección América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores, el club de política exterior más importante del país, renunció como protesta, acusando al Consejo de ahogar el debate sobre la intervención estadounidense en Chile durante los años 1970 como resultado de la presión del antiguo secretario de Estado, Henry A. Kissinger.Kenneth Maxwell, colaborador para asuntos interamericanos en el consejo, anunció su renuncia el 13 de mayo mediante cartas que dirigió a James F. Hoge Jr., editor de la revista Foreign Affairs, donde Maxwell reseñó un libro sobre la intervención norteamericana en Chile, y a Richard Haass, presidente del directorio del consejo.
"Es una cuestión de principios", escribió Maxwell a Hoge. "Me han hecho saber, como sabes, que hay una intensa presión sobre ti en el Foreign Affairs y de mi empleador, el Consejo de Relaciones Exteriores, de Henry Kissinger y otros para cerrar este debate sobre la responsabilidad de Kissinger en Chile en los años 1970".
Kissinger está de viaje, dijo su ayudante Jesse Incao, y no pudo se ubicado para oír sus comentarios.
Funcionarios del Consejo de Relaciones Exteriores negaron enérgicamente que Kissinger, entre cuyos amigos se encuentran los más grandes donantes del consejo, ha ejercido presión, directa o indirectamente, para silenciar a Maxwell sobre este asunto.
Las raíces del actual debate data del invierno pasado, después de que Hoge invitara a Maxwell a escribir una reseña extensa de The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability', de Peter Kornbluh (New Press), un libro que re-examina el papel de Estados Unidos en ayudar a derrocar a Salvador Allende, el presidente socialista que murió durante el golpe militar que llevó al poder al brutal régimen del general Augusto Pinochet . El libro se basa en 2.500 documentos del gobierno estadounidense, que fueron desclasificados en los últimos años.
El ensayo de Maxwell resume en detalle los problemas todavía no resueltos sobre las actividades estadounidenses en Chile. El libro menciona en particular tres asuntos: el asesinato en 1970 del general chileno, René Schneider; el golpe contra Allende, en 1973; y el asesinato en septiembre de 1976 de Orlando Letelier, el antiguo ministro de relaciones exteriores de Allende.
En la reseña, aunque critica en algunos aspectos el libro de Kornbluh, se dice que este confirmaba "la profunda intervención de los servicios secretos norteamericanos en Chile antes y después del golpe".
La reseña indignó a William Rogers, el antiguo subsecretario de estado para Asuntos Latinoamericanos durante Kissinger y vice-presidente de su firma de consultoría, Kissinger Associates, que escribió una extensa respuesta en los números siguientes de la revista Foreign Affairs.
"No hay pruebas", escribió Rogers. "Y, sin embargo, la leyenda persiste. Es cariñosamente alimentado por la izquierda latinoamericana y refrescada de vez en cuando por contribuciones a la literatura y por reseñas como las de Maxwell".
Maxwell respondió diciendo que "William Rogers no sabe lo que dice". Agregó: "Afirmar que Estados Unidos no participó activamente en el derrocamiento de Allende en vista de las abrumadoras pruebas de lo contrario está al borde de lo verosímil".
Después del intercambio, dijo Hoge, Rogers lo abordó una vez más, diciendo que la respuesta de Maxwell a su carta había provocado nuevas acusaciones que creía que debía responder. Específicamente, Rogers dijo que él y Kissinger estaban siendo acusados de complicidad en el asesinato de Letelier, recordó Hoge.
Maxwell dijo que él no les estaba acusando de complicidad sino más bien de no haber hecho nada para poner fin a la campaña de asesinatos en el extranjero de líderes de la oposición. Se refirió a una circular de Kissinger, de agosto de 1976, dirigida a los embajadores estadounidenses en América Latina, advirtiéndoles que Estados Unidos no permitirá asesinatos políticos en su territorio.
En Chile aparentemente no se recibió esa circular, ni se insistió sobre ello. Al mes siguiente, el coche de Letelier fue hecho explotar por agentes del servicio secreto chileno en una calle de Washington.
Hoge dijo que le había dicho a Rogers que si se limitaba a la cuestión histórica, la revista no publicaría la respuesta de Maxwell.
"Me prometió que yo tendría la última palabra y que Maxwell estaba excluido", dijo Rogers esta semana en una entrevista.
Maxwell confirma que dijo que no respondería si no había ataques personales, pero cambió de opinión al ver la carta.
Hoge dijo de todos modos que no lo aceptaría.
Hoge dijo que su reacción no había sido causada por presiones privadas de los miembros del directorio u otras personas, pero que creía que había llegado la hora de poner fin a un debate que no llevaba a ninguna parte.
"Pensé que los dos ya habían expresado suficientemente sus opiniones sobre el libro", dijo Hoge.
Sobre si se habían movido palancas para dar a Rogers la última palabra, como afirma Maxwell, la disputa subraya un fuerte conflicto sobre la manera en que se cuenta la historia, particularmente con respecto a la intervención de Estados Unidos en Chile, a medida que se liberan más y más documentos sobre el legado de Kissinger.
"Lo esencial es que han suprimido el debate sobre política exterior entre importantes figuras políticas en una importante revista de relaciones exteriores", dijo Maxwell, que ahora trabajará en el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller por la Universidad de Harvard.
Kornbluh no quedó satisfecho. Él también trató de publicar una carta, pero fue rechazada.
"Pensé que Foreign Affairs se estaba comportando muy injustamente con el autor del libro que proveyó las bases de todo el debate, y con Ken Maxwell, que obviamente fue su propio analista y su propio reseñador", dijo Kornbluh.
El incidente ha echado chispas en algunos sectores. Una carta a la revista Foreign Affairs escrita por expertos latinoamericanos que son miembros del consejo critican severamente el modo en que la prestigiosa revista trató la disputa, particularmente por negar a Maxwell el derecho de réplica. La decisión, dijeron, "niega a los lectores la oportunidad de sopesar los argumentos, lo que es contrario a la política y a las tradiciones de la revista".
5 junio 2004
©new york times ©traducción mQh
PINOCHET QUERÍA DECLARAR GUERRA A PERÚ EN 1976 - efe
El dictador chileno Augusto Pinochet comunicó en 1976 al entonces secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, su intención de declarar la guerra a Perú, según la transcripción de una conversación obtenida de entre los papeles desclasificados por el Departamento de estado de Washington, que publica la revista semanal peruana Caretas.La conversación entre Augusto Pinochet y Henry Kissigner, que tuvo lugar en la capital chilena en junio de 1976, durante una pausa de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En ella, el dictador chileno pregunta cómo tomaría EEUUuna guerra entre Perú y Chile.
El documento forma parte del libro recientemente publicado en inglés por el periodista estadounidense John Dinges, titulado La Operación Cóndor: Cómo Pinochet y Sus Aliados Llevaron Terrorismo a Tres Continentes'.
Kissinger afirmó tener "un fuerte sentimiento de amistad hacia Chile", a lo que Pinochet contestó que su nación "ama la libertad" y que por esa razón "rechazó el comunismo cuando intentó tomar el país". En la conversación, Pinochet dijo que "Perú se está armando" y está tratando de comprar "un portaaviones británico por 160 millones de dólares y cuatro torpederas en Europa. Perú está quebrando el equilibrio de armas en el Pacífico Sur, tiene 600 tanques de la Unión Soviética. Nosotros estamos haciendo lo que podemos para sostenernos en caso de una emergencia".
En ese entonces, el Gobierno peruano hacía gestiones para adquirir el portaaviones británico HMS Bulwak' como plataforma para operar aviones de despegue vertical Harrier, pero luego se desanimó al conocer el abultado presupuesto de tal compra. Kissinger le dejó en claro a Pinochet que a EEUU no le gustaría ver un conflicto entre los dos países, aclaró que dependía "de quién lo empiece" y que si los chilenos "toman Lima tendrán poco apoyo estadounidense. Si Perú atacara, sería un asunto muy serio para un país equipado con armamento soviético. Nos opondríamos diplomáticamente con claridad. Pero todo depende más allá de eso. En estos días no es fácil conseguir apoyo militar estadounidense".
El general Pinochet, que gobernó en Chile entre 1973 y 1990, le pidió a Kissinger que "asuma lo peor", es decir, que "Chile sea el agresor". "Perú se defiende y después nos ataca. ¿Qué sucedería?", preguntó. El premio Nobel de la Paz en 1973 y secretario de Estado con los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford respondió, según la transcripción: "No es tan fácil (...). Los conflictos no resuelven las disputas internacionales". Por más que "uno de los lados simule un incidente, nosotros sabríamos quién es el agresor", explicó el entonces alto funcionario de EEUU, según recoge Caretas.
©libertad digital
BANDAS JUVENILES LLEVAN CRIMEN A CASA
San Pedro Sula, Honduras, y Managua, Nicaragua. El incendio en un presidio revela la escala en que la cultura de las bandas callejeras es llevada a casa desde Estados Unidos.Muchos de los cuerpos calcinados de las 103 víctimas de un incendio este 17 de mayo que se extendió a lo largo de patio de la superpoblada prisión de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, tenían un rasgo en común. Las víctimas eran todos miembros de bandas juveniles, la mayoría de ellos encarcelados justamente por el hecho de pertenecer a ellas.
Las bandas juveniles y los delitos y violencia que engendran se han transformado en uno de los problemas más serios que enfrentan los cinco pequeños y pobres países de América Central.
La prisión de San Pedro de Sula, la segunda ciudad de Honduras, fue diseñada para 800 internos, pero estaba atiborrada con 2.200 presos. Eso se debe en parte a que el gobierno del presidente Ricardo Maduro, como varios de sus vecinos, está tratando de terminar con las bandas. En agosto pasado, se enmendó el código penal para hacer que el mero hecho de ser miembro de estas bandas sea un delito. El Salvador ha hecho lo mismo; Nicaragua está en la lista.
En Honduras se ordenó a la policía sacar a los jóvenes de las calles y meterlos en prisión sólo por tener los tatuajes de bandas característicos. Desde agosto, más de mil jóvenes han sido encarcelados.
Muchos hondureños aplauden esta postura dura. Pero el incendio demuestra la fatal debilidad de la medida. Aunque su causa puede haber sido un fallo eléctrico, los sobrevivientes afirman que los guardias de la prisión aumentaron las muertes porque se negaron a abrir las puertas hasta dos horas después de iniciado el incendio. El año pasado, 68 presos, la mayoría de ellos miembros de bandas, murieron durante un motín en otra cárcel hondureña; muchos de ellos, por balazos de los guardias.
Los críticos dicen que los gobiernos deberían buscar las causas del surgimiento de las bandas antes que criminalizarlas. Las bandas se remontan a las guerras que sumió a América Central entre los años 1970 y 1980. Para escapar de ellas, muchos centro-americanos emigraron a Estados Unidos y en especial a Los Angeles. Sus hijos imitaron la cultura de bandas de la ciudad. En 1992, con la disminución de las guerras callejeras, Estados Unidos comenzó a deportar a los miembros encarcelados de las bandas al término de sus condenas.
El Notorio Salvatrucha
De vuelta en países que eran casi extraños para ellos, sin trabajo, los deportados montaron sus propias bandas. De acuerdo a cálculos de gobierno, 36 mil personas pertenecen a alguna banda en Honduras, 14 mil en Guatemala, 10 mil 500 en El Salvador, 1.100 en Nicaragua y 2.600 en Costa Rica. La cifra verdadera es casi con seguridad mucho más alta.
La más temida de los cientos de bandas, o maras, es la Mara Salvatrucha, llamada así por sus fundadores salvadoreños que reclamaban ser tan listos como las truchas. Sus iniciales aparecen en graffiti en toda la región. Muchos de los muertos en la cárcel eran miembros de esta mara.
Para saber por qué jóvenes -y muchachas- se unen a las bandas basta con visitar uno de los barrios pobres de ciudades como Managua, la capital de Nicaragua. Cada barrio tiene su propia banda. En Ilario Sánchez, por ejemplo, uno de cada tres jóvenes pertenece a El Cartel, una banda local, de acuerdo a Jean Paul', uno de sus miembros (que dice que tomó su nombre de guerra de un cantante de rap). La mayoría tiene sus propias armas, por lo común, machetes; algunos hacen sus propias pistolas. No hay trabajo, dice; aparte de entrar a una banda no hay mucho que hacer. El delito se transforma en la única ruta hacia el respeto, el poder y el dinero. Una parte del dinero se gasta en drogas, que se comercian y consumen abiertamente en las calles.
La mayoría de las bandas, como El Cartel, son estrictamente locales. Cometen pequeños delitos y extorsiones de poca monta de los tenderos locales. Son las bandas más grandes, como la Mara Salvatrucha, las que han preocupado a las autoridades. La Mara Salvatrucha se extiende por toda América Central, México y Estados Unidos; sus líderes viven probablemente en Los Angeles, y tiene adherentes incluso en lugares como los suburbios de Virginia, en Washington, D.C. En el sur de México es responsable de cientos de muertes de emigrantes centro-americanos que tratan de llegar a Estados Unidos, a menudo asesinados apenas por un par de zapatillas.
La Mara Salvatrucha carece de la rígida jerarquía y pasta de la mafia italiana. Pero hay evidencias de que sus graduados están dirigiendo bandas de secuestradores en lugares como San Pedro Sula, donde acechan a hombres de negocios extranjeros. En este paso de las guerra callejeras al crimen organizado ha impulsado a los gobiernos a caer sobre las bandas. Armando Calidonio, el subsecretario de seguridad pública de Honduras, dice que la línea dura del gobierno, que incluye una rígida ley de control de armas, está dando sus frutos. Los secuestros y asaltos de banco disminuyeron el año pasado, aunque aumentaron los asesinatos.
Algunos observadores cuestionan que la criminalidad esté en realidad disminuyendo. Critican una medida que pone juntos a delincuentes curtidos con adolescentes ingenuos que pueden dejarse tatuar sólo para impresionar a sus novias. Una vez en la cárcel, los dos se confunden. En la cárcel de San Pedro Sula, el personal de la prisión tiene poco control sobre los bandas, de acuerdo a Wim Savenije, de Flacso, una escuela de posgrado de San Salvador, que la ha visitado. Dice que la aplicación del código penal existente y medidas comunitarias son preferibles a las nuevas y draconianas leyes, que dan ayuda a corto plazo, pero empeoran el problema subyacente.
Otros proponen invertir en programas de rehabilitación y en instalaciones deportivas para mantener ocupados a los jóvenes.
20 mayo 2004
©economist ©traducción mQh