don quijote habla con el lector
Obra fundadora de la literatura moderna, Don Quijote, de cuya primera publicación se cumplen 400 años el 16 de enero, es un clásico entre los clásicos porque su universalidad hace que siga siendo una obra actual, que siga dialogando con el lector del siglo XXI.
París, Francia. Los especialistas son unánimes: si se excluye la Biblia, no hay libro que tenga más presencia en la vida de todos los días.
Para todo el mundo, en todos los idiomas, "el Quijote evoca algo y se recuerda alguno de sus episodios, como el de los molinos de viento". Y todo el mundo entiende lo que significa comportarse de manera quijotesca o ser un Sancho Panza o la Dulcinea de alguien, dice en entrevista con la AFP Agustín Redondo, catedrático emérito de la Universidad de París y presidente de la asociación internacional de hispanistas.
Aún más ¿Quién tiene una estatuilla con la imagen de Edipo, un cenicero con la de Orlando el Furioso o una jabonera con la de Lady Macbeth? ¿Alguien ha visto a Ana Karenina en azulejos de baño, o sujetapapeles con los hermanos Karamazov?
"¿Cuántas de estas figuras de la literatura reconoceríamos a primera vista sin que nos dijeran de quién se trata?", plantea José Manuel Martín Morán, profesor de la Universidad de Piamonte en Milán, que participó esta semana en París en un coloquio sobre la obra de Miguel de Cervantes.
A Don Quijote se lo puede ver en todo tipo de objetos y se lo identifica inmediatamente.
¿Cómo se explica esa universalidad, esa presencia en la imaginería popular y el hecho de que El Quijote sigue siendo uno de los libros más leídos del mundo?
"El Quijote es hoy un texto con el cual todos podemos dialogar. Un texto escrito en el siglo XVII, pero que contesta a una serie de preocupaciones de la época actual, que se amolda a los códigos culturales que nosotros tenemos", responde Redondo.
Están en él problemas de total actualidad, como "la lectura y la censura, lo que significa el buen gobierno y la justicia y la cuestión de la alteridad y la convivencia", problema candente en nuestros países de fuerte inmigración.
Don Quijote es la primera novela moderna "porque rompe con todos los cánones y es al mismo tiempo un crisol en el que todos los géneros anteriores vienen a remodelarse, es un proceso muy complejo de intertextualidad", explica Redondo.
En la literatura actual, su influencia sigue siendo grande. En toda la literatura latinoamericana, de Gabriel García Márquez a Carlos Fuentes, pasando por Augusto Roa Bastos. En la literatura española, basta citar a Francisco Ayala. "Son casos llamativos de compenetración con la obra de Cervantes", dice Redondo.
Pero no sólo en el mundo hispánico.
"En la literatura francesa, alguien que ha hecho una lectura muy profunda del Quijote es Gustave Flauvert ¿Qué es Madame Bovary? Es una especie de Quijote femenino, vive, transporta a la realidad, lo que los libros le proporcionan. Claro que no lucha de la misma manera pero, como en la obra de Cervantes, se trata de la proyección de la literatura en la vida, y eso es lo que le da la fuerza vital para poder ir más allá", sostiene.
Y es que El Quijote abre nuevas perspectivas literarias, el problema de autoría y las relaciones entre literatura y vida se plantean en él de otra manera. Hay además una autonomía de los personajes que se salen de su propio marco para juzgar sus propias aventuras.
"Es un texto en el cual se mezclan la literatura y la vida, y que permite ir más alla de lo que son nuestras contigencias habituales cotidianas, lanzando la imaginación hacia otros dominios y liberándonos de todo lo que nos impone la vida real. Permite soñar. Soñar con otra vida, con otras posibilidades, con otros mundos, ver la realidad de otra manera, plantearse un sinfín de problemas: ¿Qué es lo que nos empuja, lo que nos hace ir adelante, cómo se pueden compaginar la libertad, la justicia, lo que llamamos los ideales?", explica el cervantista francés.
Don Quijote y Sancho Panza constituyen un complejo mítico que va mucho más allá de España y de Europa, que es universal y atemporal.
Sus imágenes remiten a la esencia humana. Cada uno de nosotros tiene algo de Sancho Panza, práctico y prosaico, pero también cada uno de nosotros proyecta en la imagen del Ingenioso Hidalgo esa parte de imaginación, de ideal, de utopía o de sueño, sin la cual la vida sería imposible.
15 de enero de 2005
©mi punto
París, Francia. Los especialistas son unánimes: si se excluye la Biblia, no hay libro que tenga más presencia en la vida de todos los días. Para todo el mundo, en todos los idiomas, "el Quijote evoca algo y se recuerda alguno de sus episodios, como el de los molinos de viento". Y todo el mundo entiende lo que significa comportarse de manera quijotesca o ser un Sancho Panza o la Dulcinea de alguien, dice en entrevista con la AFP Agustín Redondo, catedrático emérito de la Universidad de París y presidente de la asociación internacional de hispanistas.
Aún más ¿Quién tiene una estatuilla con la imagen de Edipo, un cenicero con la de Orlando el Furioso o una jabonera con la de Lady Macbeth? ¿Alguien ha visto a Ana Karenina en azulejos de baño, o sujetapapeles con los hermanos Karamazov?
"¿Cuántas de estas figuras de la literatura reconoceríamos a primera vista sin que nos dijeran de quién se trata?", plantea José Manuel Martín Morán, profesor de la Universidad de Piamonte en Milán, que participó esta semana en París en un coloquio sobre la obra de Miguel de Cervantes.
A Don Quijote se lo puede ver en todo tipo de objetos y se lo identifica inmediatamente.
¿Cómo se explica esa universalidad, esa presencia en la imaginería popular y el hecho de que El Quijote sigue siendo uno de los libros más leídos del mundo?
"El Quijote es hoy un texto con el cual todos podemos dialogar. Un texto escrito en el siglo XVII, pero que contesta a una serie de preocupaciones de la época actual, que se amolda a los códigos culturales que nosotros tenemos", responde Redondo.
Están en él problemas de total actualidad, como "la lectura y la censura, lo que significa el buen gobierno y la justicia y la cuestión de la alteridad y la convivencia", problema candente en nuestros países de fuerte inmigración.
Don Quijote es la primera novela moderna "porque rompe con todos los cánones y es al mismo tiempo un crisol en el que todos los géneros anteriores vienen a remodelarse, es un proceso muy complejo de intertextualidad", explica Redondo.
En la literatura actual, su influencia sigue siendo grande. En toda la literatura latinoamericana, de Gabriel García Márquez a Carlos Fuentes, pasando por Augusto Roa Bastos. En la literatura española, basta citar a Francisco Ayala. "Son casos llamativos de compenetración con la obra de Cervantes", dice Redondo.
Pero no sólo en el mundo hispánico.
"En la literatura francesa, alguien que ha hecho una lectura muy profunda del Quijote es Gustave Flauvert ¿Qué es Madame Bovary? Es una especie de Quijote femenino, vive, transporta a la realidad, lo que los libros le proporcionan. Claro que no lucha de la misma manera pero, como en la obra de Cervantes, se trata de la proyección de la literatura en la vida, y eso es lo que le da la fuerza vital para poder ir más allá", sostiene.
Y es que El Quijote abre nuevas perspectivas literarias, el problema de autoría y las relaciones entre literatura y vida se plantean en él de otra manera. Hay además una autonomía de los personajes que se salen de su propio marco para juzgar sus propias aventuras.
"Es un texto en el cual se mezclan la literatura y la vida, y que permite ir más alla de lo que son nuestras contigencias habituales cotidianas, lanzando la imaginación hacia otros dominios y liberándonos de todo lo que nos impone la vida real. Permite soñar. Soñar con otra vida, con otras posibilidades, con otros mundos, ver la realidad de otra manera, plantearse un sinfín de problemas: ¿Qué es lo que nos empuja, lo que nos hace ir adelante, cómo se pueden compaginar la libertad, la justicia, lo que llamamos los ideales?", explica el cervantista francés.
Don Quijote y Sancho Panza constituyen un complejo mítico que va mucho más allá de España y de Europa, que es universal y atemporal.
Sus imágenes remiten a la esencia humana. Cada uno de nosotros tiene algo de Sancho Panza, práctico y prosaico, pero también cada uno de nosotros proyecta en la imagen del Ingenioso Hidalgo esa parte de imaginación, de ideal, de utopía o de sueño, sin la cual la vida sería imposible.
15 de enero de 2005
©mi punto
JUECES TEMEN POR SUS VIDAS EN JUICIO POR ASESINATO DE DJINDJIC - vesna peric zimonjic
Antiguos miembros de la policía secreta del viejo dictador comunista Milosevic, acusados del asesinato del primer ministro Djindjic, amenazan de muerte a jueces y fiscales. La detención de uno de los principales acusados delata la connivencia de las actuales autoridades serbias.
Belgrado, Serbia. El juicio de los acusados por el asesinato del primer ministro reformista serbio Zoran Djindjic se reinicia hoy en medio de crecientes dudas sobre si se sabrá alguna vez toda la verdad sobre su asesinato.
En este altamente publicitado caso, los jueces han recibido amenazas anónimas y temer por sus vidas. Los vehículos privados de algunos fiscales han sido dañados en los últimos meses.
Los principales acusados niegan su participación en el asesinato, que terminó prácticamente con las urgentemente necesarias reformas en Serbia.
Djindjic, el primer ministro-presidente no comunista de Serbia desde la Segunda Guerra Mundial murió el 12 de marzo de 2003 después de que un francotirador le disparara un balazo en el corazón. Fue asesinado frente a un edificio de gobierno. Una investigación culpó a una banda de delincuentes que se llaman a sí mismos el clan Zemun. Uno de sus líderes es Milorad Lukovic, conocido como Legija, el comandante de los notorios Boinas Rojas' que formaban parte de la policía secreta de Slobodan Milosevic. Fueron notorios por las atrocidades que cometieron contra no serbios en las guerras que destruyeron a la antigua Yugoslavia en los años noventa.
Los Boinas Rojas fueron disueltos después del asesinato de Djindjic.
El juicio comenzó en diciembre pasado, pero se ha estancado durante meses debido a que el principal sospechoso, Lukovic, se encontraba fugitivo. Sólo seis de los quince acusados han sido detenidos.
Lukovic se entregó a las autoridades en mayo, revelando que se había ocultado en su casa de Belgrado desde marzo del año pasado. En su primera comparecencia en junio ante el Tribunal Especial en Belgrado dijo que no tenía nada que ver con el asesinato.
Las amenazas contra los jueces ocurrieron días después. No fueron verbales, pero sí lo suficientemente claras. Los jueves recibieron ramos de rosas rojas -el símbolo de los Boinas Rojas- en sus casas. Lukovic luce el tatuaje de una rosa roja en su cuello.
"Esas entregas pueden ser entendidas como una amenaza al tribunal", dijo la portavoz Maja Kovacevic, que agregó que no sabía si se habían tomado medidas de protección especiales de los jueces y fiscales.
Se obtendrán más informaciones sobre el asesinato de Djindjic más adelante este mes cuando otro de los principales acusados sea extraditado desde Grecia. Dejan Milenkovic, que ha sido acusado de proporcionar apoyo logístico a Lukovic, fue detenido hace dos meses en Thessalonika. Se encontraba fugitivo desde marzo de 2003.
7 de septiembre de 2004
©>independent
©traducción mQh
Belgrado, Serbia. El juicio de los acusados por el asesinato del primer ministro reformista serbio Zoran Djindjic se reinicia hoy en medio de crecientes dudas sobre si se sabrá alguna vez toda la verdad sobre su asesinato.En este altamente publicitado caso, los jueces han recibido amenazas anónimas y temer por sus vidas. Los vehículos privados de algunos fiscales han sido dañados en los últimos meses.
Los principales acusados niegan su participación en el asesinato, que terminó prácticamente con las urgentemente necesarias reformas en Serbia.
Djindjic, el primer ministro-presidente no comunista de Serbia desde la Segunda Guerra Mundial murió el 12 de marzo de 2003 después de que un francotirador le disparara un balazo en el corazón. Fue asesinado frente a un edificio de gobierno. Una investigación culpó a una banda de delincuentes que se llaman a sí mismos el clan Zemun. Uno de sus líderes es Milorad Lukovic, conocido como Legija, el comandante de los notorios Boinas Rojas' que formaban parte de la policía secreta de Slobodan Milosevic. Fueron notorios por las atrocidades que cometieron contra no serbios en las guerras que destruyeron a la antigua Yugoslavia en los años noventa.
Los Boinas Rojas fueron disueltos después del asesinato de Djindjic.
El juicio comenzó en diciembre pasado, pero se ha estancado durante meses debido a que el principal sospechoso, Lukovic, se encontraba fugitivo. Sólo seis de los quince acusados han sido detenidos.
Lukovic se entregó a las autoridades en mayo, revelando que se había ocultado en su casa de Belgrado desde marzo del año pasado. En su primera comparecencia en junio ante el Tribunal Especial en Belgrado dijo que no tenía nada que ver con el asesinato.
Las amenazas contra los jueces ocurrieron días después. No fueron verbales, pero sí lo suficientemente claras. Los jueves recibieron ramos de rosas rojas -el símbolo de los Boinas Rojas- en sus casas. Lukovic luce el tatuaje de una rosa roja en su cuello.
"Esas entregas pueden ser entendidas como una amenaza al tribunal", dijo la portavoz Maja Kovacevic, que agregó que no sabía si se habían tomado medidas de protección especiales de los jueces y fiscales.
Se obtendrán más informaciones sobre el asesinato de Djindjic más adelante este mes cuando otro de los principales acusados sea extraditado desde Grecia. Dejan Milenkovic, que ha sido acusado de proporcionar apoyo logístico a Lukovic, fue detenido hace dos meses en Thessalonika. Se encontraba fugitivo desde marzo de 2003.
7 de septiembre de 2004
©>independent
©traducción mQh
CELEBRAN EN EL SALVADOR CONDENA A EX MILITAR POR ASESINATO DE ARZOBISPO ROMERO
Juez estadounidense de San Francisco condena en ausencia a asesino del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980.
San Salvador, El Salvador. Un organismo de derechos humanos y la antigua guerrilla de El Salvador celebraron este sábado como "un triunfo de la verdad" el fallo de un juez en Estados Unidos que declaró culpable a un ex militar salvadoreño por el asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.
"La decisión del juez es aplaudida enormemente, porque se está haciendo justicia, es un triunfo de la verdad", dijo a la AFP el presidente de la no oficial Comisión de Derechos Humanos salvadoreña, Miguel Montenegro.
"Además, deja un precedente de que los militares fueron responsables de muchas muertes, éstas personas han sido responsables del asesinato de nuestro pastor monseñor Romero", agregó.
El viernes el juez federal de Fresno (San Francisco), Oliver Wanger, condenó en ausencia en un juicio civil al ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) Alvaro Saravia, de 57 años, como el responsable de la organización del asesinato del arzobispo Romero.
Las audiencias por el caso de Romero se iniciaron el pasado 24 de agosto en la Corte Federal de Fresno sin la presencia de Saravia, acusado de conspirar para que un francotirador asesinara a Romero el 24 de marzo de 1980, cuando el prelado oficiaba una misa en el hospital de cancerosos La Divina Providencia, en el sector noroeste de San Salvador.
A petición de un familiar de Romero no identificado, la denominada Comisión para la Justicia y la Responsabilidad, con sede en San Francisco, acusó en setiembre de 2003 a Saravia de haber ejercido un papel clave en la organización del asesinato.
Saravia, que trabajaba en estos últimos años como vendedor de autos en Modesto, California, no contrató abogados ni respondió a la demanda que presento en su contra la Comisión para la Justicia y la Responsablidad, y desde entonces se encuentra en fuga.
Como resultado del juicio, el juez Wanger ordenó al ex capitán, en ausencia, al pago de 2,5 millones de dólares en compensaciones para al familiar del prelado, que ha declinado revelar su identidad por temor a represalias.
El fallo "es un paso para que no solo en El Salvador, sino en toda América Latina, las víctimas de torturas, los familiares de asesinados y desaparecidos en el marco de guerras o regímenes puedan tener fe y confianza de que la verdad y la justicia se pueden lograr", comentó Montenegro.
Por su parte, el diputado del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Melgar, dijo que el resultado del juicio contra Saravia "demuestra que acá en El Salvador en la época de la guerra civil (1980-82) eran violados sistemáticamente los derechos humanos de todos".
"Hay que celebrar esa resolución judicial, porque los militares durante la guerra violaron los derechos humanos de los salvadoreños, y con ésto ahora se está dando una reparación a una parte de todas aquellas voces que aún claman por justicia, justicia que en El Salvador nunca han encontrado", agregó.
Saravia, un ex oficial de la Fuerza Aérea, es considerado un consejero clave del fallecido mayor Roberto D'Aubuisson, acusado de ser el líder de los escuadrones de la muerte salvadoreños y autor intelectual de la muerte de Romero.
En marzo de 1993 la Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador, culpó del asesinato de Romero a D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), en el poder desde 1989.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
San Salvador, El Salvador. Un organismo de derechos humanos y la antigua guerrilla de El Salvador celebraron este sábado como "un triunfo de la verdad" el fallo de un juez en Estados Unidos que declaró culpable a un ex militar salvadoreño por el asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. "La decisión del juez es aplaudida enormemente, porque se está haciendo justicia, es un triunfo de la verdad", dijo a la AFP el presidente de la no oficial Comisión de Derechos Humanos salvadoreña, Miguel Montenegro.
"Además, deja un precedente de que los militares fueron responsables de muchas muertes, éstas personas han sido responsables del asesinato de nuestro pastor monseñor Romero", agregó.
El viernes el juez federal de Fresno (San Francisco), Oliver Wanger, condenó en ausencia en un juicio civil al ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) Alvaro Saravia, de 57 años, como el responsable de la organización del asesinato del arzobispo Romero.
Las audiencias por el caso de Romero se iniciaron el pasado 24 de agosto en la Corte Federal de Fresno sin la presencia de Saravia, acusado de conspirar para que un francotirador asesinara a Romero el 24 de marzo de 1980, cuando el prelado oficiaba una misa en el hospital de cancerosos La Divina Providencia, en el sector noroeste de San Salvador.
A petición de un familiar de Romero no identificado, la denominada Comisión para la Justicia y la Responsabilidad, con sede en San Francisco, acusó en setiembre de 2003 a Saravia de haber ejercido un papel clave en la organización del asesinato.
Saravia, que trabajaba en estos últimos años como vendedor de autos en Modesto, California, no contrató abogados ni respondió a la demanda que presento en su contra la Comisión para la Justicia y la Responsablidad, y desde entonces se encuentra en fuga.
Como resultado del juicio, el juez Wanger ordenó al ex capitán, en ausencia, al pago de 2,5 millones de dólares en compensaciones para al familiar del prelado, que ha declinado revelar su identidad por temor a represalias.
El fallo "es un paso para que no solo en El Salvador, sino en toda América Latina, las víctimas de torturas, los familiares de asesinados y desaparecidos en el marco de guerras o regímenes puedan tener fe y confianza de que la verdad y la justicia se pueden lograr", comentó Montenegro.
Por su parte, el diputado del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Melgar, dijo que el resultado del juicio contra Saravia "demuestra que acá en El Salvador en la época de la guerra civil (1980-82) eran violados sistemáticamente los derechos humanos de todos".
"Hay que celebrar esa resolución judicial, porque los militares durante la guerra violaron los derechos humanos de los salvadoreños, y con ésto ahora se está dando una reparación a una parte de todas aquellas voces que aún claman por justicia, justicia que en El Salvador nunca han encontrado", agregó.
Saravia, un ex oficial de la Fuerza Aérea, es considerado un consejero clave del fallecido mayor Roberto D'Aubuisson, acusado de ser el líder de los escuadrones de la muerte salvadoreños y autor intelectual de la muerte de Romero.
En marzo de 1993 la Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador, culpó del asesinato de Romero a D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), en el poder desde 1989.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
EN COMPAÑÍA DEL ENEMIGO - jon jeter
En Argentina la amnistía para sospechosos de la guerra sucia' atormenta a las víctimas. El atroz caso del capitán Astiz subraya la necesidad de terminar con las leyes que protegen a los asesinos y la urgencia del restablecimiento de la pena de muerte para violadores de derechos humanos.
Buenos Aires, Argentina. Al demonio le gustaba bailar.
De vez en cuando, de acuerdo a informes de prensa, alguien lo veía en una discoteca o en un bar, y comenzaba a abuchearlo. En menos que canta un gallo, toda una multitud se unía al abucheo, gritándole "asesino, asesino" hasta que Alfredo Astiz no tenía otra opción que escapar del lugar.
Quizás no haya ningún argentino vilipendiado por sus compatriotas como Astiz, el capitán de la armada rubio y de ojos azules que estuvo implicado en el secuestro y asesinato de mujeres, niños y monjas durante la horrenda traición que significó la guerra sucia' de Argentina, una purga de siete años en la que se calcula que la junta militar que se hizo con el poder en 1976 asesinó a unas 30.000 disidentes políticos.
Nuevos informes e informaciones proporcionadas por activistas de derechos humanos completaron el retrato de Astiz diciendo que no se arrepentía de sus actos durante la guerra sucia. Astiz, que a menudo es acosado por la gente en la calle, no pudo ser consultado y los abogados que representan a los militares acusados no respondieron a las peticiones de una entrevista.
Las mujeres lo escupen. Los hombres lo persiguen con palancas. Hace algunos años, cuando esperaba un autobús en la ciudad patagónica de Bariloche, según describió el bien documentado caso la prensa argentina, un hombre se acercó caminando tranquilamente hacia él y le preguntó en tono amistoso:
"¿Es usted Astiz?"
"Sí, soy yo", respondió Astiz.
El hombre le dio dos puñetazos en la cara y le pegó una patada en la ingle antes de que Astiz pudiera huir. Desde entonces, en el aniversario de la paliza, la gente de la ciudad celebra una fiesta exactamente en el mismo lugar donde ocurrió la paliza para conmemorar la humillación de Astiz.
"Es nuestro Judas", dijo Hebe Bonafini, [la controvertida] presidente de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de derechos humanos. Dos hijos de Bonafini desaparecieron hace 26 años. "En Argentina vemos a nuestros torturadores todos los días. El demonio vive en la casa de al lado".
Astiz es uno de las docenas de oficiales militares que han sido acusados -y en algunos casos condenados- por violaciones de los derechos humanos que permanecen sin embargo en libertad protegidos por una poco popular amnistía y leyes de extradición de impiden su procesamiento en Argentina y en el extranjero. Los restos de miles de sus víctimas, presumiblemente muertas, no han sido recuperados nunca.
Veinte años después de que la dictadura militar abriera paso a la democracia, los sobrevivientes de la guerra sucia describen un trauma surrealista y persistente, en el que los deudos ven a sus parientes desaparecidos en las calles sólo para descubrir, al acercarse, que se trata de una ilusión; sus secuestradores y asesinos, por otro lado, continúan atormentándolos, dejándose ver en público casi todos los días.
"Nunca tendrás paz cuando vives al lado de tus torturadores, cuando te encuentras con el asesino de tu hija en el autobús", dijo Ana María Careaga, cuya madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada y presumiblemente asesinada por Astiz en 1977.
Sin soluciones legales, los argentinos se han impuesto la tarea de castigar ellos mismos a los asesinos, organizando en la década pasada más de 100 escraches -protestas con acoso realizadas por grupos de derechos humanos- en las que cientos de personas van a las casas y lugares de trabajo de los antiguos comandantes militares para denunciarlos ruidosamente.
Detenido brevemente por la junta militar cuando era un estudiante universitario, el presidente Néstor Kirchner ha propuesto al poder judicial que reconsidere la clemencia que muestra hacia los soldados. El mes pasado revocó una orden que impedía la extradición de oficiales militares y ordenó la detención de 46 oficiales militares -incluyendo a Astiz- que han sido acusados o condenados en tribunales extranjeros por los asesinatos de nacionales franceses, españoles, israelíes y otros durante la guerra sucia. Esa decisión deja en manos de la Corte Suprema argentina la determinación de extraditar o no a los oficiales militares caso por caso.
[Las autoridades detuvieron ayer a un antiguo prominente capellán católico de la policía y lo acusaron de ayudar a la policía y a los torturadores para extraer información de personas detenidas durante la dictadura militar. Un juez decidirá si presentará o no cargos contra el sacerdote Christian von Wernich, que ha sido blanco de protestas callejeras durante la pasada década por colaborar con los militares, informó Reuters].
Legisladores del dominante partido peronista de Kirchner piensan introducir nuevas leyes este mes que revocan las leyes de inmunidad. Kirchner dijo que las leyes, aprobadas en 1986 y 1987 por el entonces presidente Raúl Alfonsín son inconstitucionales porque sólo fueron propuestas para impedir un golpe militar.
Resultados de sondeos publicados la semana pasada indicaron que dos tercios de los argentinos apoyan los esfuerzos de llevar a juicio a los oficiales militares implicados en la guerra sucia. Si se aprueba la ley, legisladores y funcionarios de derechos humanos dijeron que al menos 1.000 oficiales militares serán procesados.
"Este es el primer paso para restaurar la fe de la gente en la ley y en su gobierno", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la Sección Américas de Human Rights Watch, una organización con sede en Washington. "Si queremos que la democracia funcione, la gente debe creer que los ricos y los poderosos deben someterse a las mismas leyes que los pobres y los sin poder. La ley debe ser consecuente; puede reparar una herida abierta".
El incipiente esfuerzo del gobierno para revisar los crímenes largamente impunes del antiguo gobierno militar ha despertado ardientes resentimientos. Astiz, conocido como "el ángel de la muerte rubio" pretendió estar buscando a un hermano secuestrado para infiltrar a las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a desfilar en 1976 frente al palacio presidencial todos los jueves, pidiendo respuesta de la junta militar sobre sus hijos desaparecidos.
Sus superiores enviaron a Astiz, entonces en la veintena, a identificar terroristas dentro del grupo. Tan protectoras se mostraron las madres más viejas con Astiz que insistían en acompañarlo hasta la parada del bus cerca de su cuartel general para impedir que los militares lo secuestraran.
"Ahí es donde ellos [los militares] detenían a la gente", dijo Bonafini, que recuerda al Astiz de esos años. Astiz trabajaba con las Madres durante el día y por las noches en la Escuela de Adiestramiento Naval, un campo de concentración donde se torturó y asesinó a cerca de 5.000 disidentes políticos.
La información proporcionada por Astiz condujo al secuestro y asesinato de Ballestrino de Careaga, Azucena Devicenti, una de las fundadoras de la organización, y a una tercera miembro del grupo, todas ellas en los cincuenta; dos monjas francesas y tres jóvenes argentinas que trabajaron para la organización y una adolescente sueca, Dagmar Hagelin, de 17.
Un tribunal sueco condenó a Astiz por el asesinato de la niña, a la que confundió con otra voluntaria de la organización de las Madres de Plaza de Mayo.
Ninguna de las mujeres era terrorista. "Sólo éramos un montón de amas de casa", dijo Bonafini. "Él escogió a las mejor educadas, a las más cultas, a las que enseñaron al resto a escribir una carta, a las que organizaron a la gente".
Astiz fue acusado por violaciones de derechos humanos en 1987 por tribunales argentinos y fue encarcelado durante cinco meses a la espera del juicio. Fue dejado en libertad después de aprobadas las leyes de amnistía. En 1990 un tribunal francés lo sentenció en ausencia a cadena perpetua por el asesinato de las dos monjas, pero nunca fue extraditado.
En una entrevista a una revista hace seis años, Astiz dijo que no se arrepentía de lo ocurrido durante la guerra sucia. "No me arrepiento de nada", dijo. Dijo que los militares optaron por la única alternativa que tenían para salvar al país de los comunistas y que él era "el hombre mejor preparado técnicamente para matar a políticos y periodistas".
Ana María Careaga tenía 16 años y estaba embarazada cuando ella y su cuñado fueron secuestrados por oficiales de la marina en 1977. Sus brazos todavía muestran las cicatrices de las quemaduras por cigarrillo que le infligieron durante las sesiones de tortura. Fue liberada después de cuatro meses y huyó a Suecia; su cuñado desapareció.
"Cuando desaparecimos mi madre se unió a las Madres de Plaza de Mayo y escoltaba a otras mujeres para que no fueran secuestradas. Cuando me dejaron en libertad estaba tan agitada que corrió a la plaza a contarles a las otras madres que yo estaba libre. Las otras estaban tan felices que dijeron que la echarían de menos, pero mi madre dijo que tenía ninguna intención de abandonarlas mientras no apareciera cada uno de los hijos desaparecidos".
Meses más tarde, en diciembre de 1977, Careag trató de llamar por teléfono a su madre desde Suecia para decirle que había dado a luz a una niña. Pero su madre había desaparecido tres días antes.
"Se perdió el nacimiento de su primera nieta por tres días", dijo Careaga, ahora de 42. "Tres días".
Dijo que ella vio a Astiz hace algunos años frente a un tribunal aquí y a uno de sus torturadores cuando recogía a su nieta de la escuela hace algunos años.
"Nunca lo superarás mientras no puedas sepultar a tus seres queridos, mientras continúes viendo que sus asesinos caminan libremente", dijo. "Es la parte de esta historia que es irreparable. No podemos olvidar".
7 de agosto de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. Al demonio le gustaba bailar.De vez en cuando, de acuerdo a informes de prensa, alguien lo veía en una discoteca o en un bar, y comenzaba a abuchearlo. En menos que canta un gallo, toda una multitud se unía al abucheo, gritándole "asesino, asesino" hasta que Alfredo Astiz no tenía otra opción que escapar del lugar.
Quizás no haya ningún argentino vilipendiado por sus compatriotas como Astiz, el capitán de la armada rubio y de ojos azules que estuvo implicado en el secuestro y asesinato de mujeres, niños y monjas durante la horrenda traición que significó la guerra sucia' de Argentina, una purga de siete años en la que se calcula que la junta militar que se hizo con el poder en 1976 asesinó a unas 30.000 disidentes políticos.
Nuevos informes e informaciones proporcionadas por activistas de derechos humanos completaron el retrato de Astiz diciendo que no se arrepentía de sus actos durante la guerra sucia. Astiz, que a menudo es acosado por la gente en la calle, no pudo ser consultado y los abogados que representan a los militares acusados no respondieron a las peticiones de una entrevista.
Las mujeres lo escupen. Los hombres lo persiguen con palancas. Hace algunos años, cuando esperaba un autobús en la ciudad patagónica de Bariloche, según describió el bien documentado caso la prensa argentina, un hombre se acercó caminando tranquilamente hacia él y le preguntó en tono amistoso:
"¿Es usted Astiz?"
"Sí, soy yo", respondió Astiz.
El hombre le dio dos puñetazos en la cara y le pegó una patada en la ingle antes de que Astiz pudiera huir. Desde entonces, en el aniversario de la paliza, la gente de la ciudad celebra una fiesta exactamente en el mismo lugar donde ocurrió la paliza para conmemorar la humillación de Astiz.
"Es nuestro Judas", dijo Hebe Bonafini, [la controvertida] presidente de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de derechos humanos. Dos hijos de Bonafini desaparecieron hace 26 años. "En Argentina vemos a nuestros torturadores todos los días. El demonio vive en la casa de al lado".
Astiz es uno de las docenas de oficiales militares que han sido acusados -y en algunos casos condenados- por violaciones de los derechos humanos que permanecen sin embargo en libertad protegidos por una poco popular amnistía y leyes de extradición de impiden su procesamiento en Argentina y en el extranjero. Los restos de miles de sus víctimas, presumiblemente muertas, no han sido recuperados nunca.
Veinte años después de que la dictadura militar abriera paso a la democracia, los sobrevivientes de la guerra sucia describen un trauma surrealista y persistente, en el que los deudos ven a sus parientes desaparecidos en las calles sólo para descubrir, al acercarse, que se trata de una ilusión; sus secuestradores y asesinos, por otro lado, continúan atormentándolos, dejándose ver en público casi todos los días.
"Nunca tendrás paz cuando vives al lado de tus torturadores, cuando te encuentras con el asesino de tu hija en el autobús", dijo Ana María Careaga, cuya madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada y presumiblemente asesinada por Astiz en 1977.
Sin soluciones legales, los argentinos se han impuesto la tarea de castigar ellos mismos a los asesinos, organizando en la década pasada más de 100 escraches -protestas con acoso realizadas por grupos de derechos humanos- en las que cientos de personas van a las casas y lugares de trabajo de los antiguos comandantes militares para denunciarlos ruidosamente.
Detenido brevemente por la junta militar cuando era un estudiante universitario, el presidente Néstor Kirchner ha propuesto al poder judicial que reconsidere la clemencia que muestra hacia los soldados. El mes pasado revocó una orden que impedía la extradición de oficiales militares y ordenó la detención de 46 oficiales militares -incluyendo a Astiz- que han sido acusados o condenados en tribunales extranjeros por los asesinatos de nacionales franceses, españoles, israelíes y otros durante la guerra sucia. Esa decisión deja en manos de la Corte Suprema argentina la determinación de extraditar o no a los oficiales militares caso por caso.
[Las autoridades detuvieron ayer a un antiguo prominente capellán católico de la policía y lo acusaron de ayudar a la policía y a los torturadores para extraer información de personas detenidas durante la dictadura militar. Un juez decidirá si presentará o no cargos contra el sacerdote Christian von Wernich, que ha sido blanco de protestas callejeras durante la pasada década por colaborar con los militares, informó Reuters].
Legisladores del dominante partido peronista de Kirchner piensan introducir nuevas leyes este mes que revocan las leyes de inmunidad. Kirchner dijo que las leyes, aprobadas en 1986 y 1987 por el entonces presidente Raúl Alfonsín son inconstitucionales porque sólo fueron propuestas para impedir un golpe militar.
Resultados de sondeos publicados la semana pasada indicaron que dos tercios de los argentinos apoyan los esfuerzos de llevar a juicio a los oficiales militares implicados en la guerra sucia. Si se aprueba la ley, legisladores y funcionarios de derechos humanos dijeron que al menos 1.000 oficiales militares serán procesados.
"Este es el primer paso para restaurar la fe de la gente en la ley y en su gobierno", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la Sección Américas de Human Rights Watch, una organización con sede en Washington. "Si queremos que la democracia funcione, la gente debe creer que los ricos y los poderosos deben someterse a las mismas leyes que los pobres y los sin poder. La ley debe ser consecuente; puede reparar una herida abierta".
El incipiente esfuerzo del gobierno para revisar los crímenes largamente impunes del antiguo gobierno militar ha despertado ardientes resentimientos. Astiz, conocido como "el ángel de la muerte rubio" pretendió estar buscando a un hermano secuestrado para infiltrar a las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a desfilar en 1976 frente al palacio presidencial todos los jueves, pidiendo respuesta de la junta militar sobre sus hijos desaparecidos.
Sus superiores enviaron a Astiz, entonces en la veintena, a identificar terroristas dentro del grupo. Tan protectoras se mostraron las madres más viejas con Astiz que insistían en acompañarlo hasta la parada del bus cerca de su cuartel general para impedir que los militares lo secuestraran.
"Ahí es donde ellos [los militares] detenían a la gente", dijo Bonafini, que recuerda al Astiz de esos años. Astiz trabajaba con las Madres durante el día y por las noches en la Escuela de Adiestramiento Naval, un campo de concentración donde se torturó y asesinó a cerca de 5.000 disidentes políticos.
La información proporcionada por Astiz condujo al secuestro y asesinato de Ballestrino de Careaga, Azucena Devicenti, una de las fundadoras de la organización, y a una tercera miembro del grupo, todas ellas en los cincuenta; dos monjas francesas y tres jóvenes argentinas que trabajaron para la organización y una adolescente sueca, Dagmar Hagelin, de 17.
Un tribunal sueco condenó a Astiz por el asesinato de la niña, a la que confundió con otra voluntaria de la organización de las Madres de Plaza de Mayo.
Ninguna de las mujeres era terrorista. "Sólo éramos un montón de amas de casa", dijo Bonafini. "Él escogió a las mejor educadas, a las más cultas, a las que enseñaron al resto a escribir una carta, a las que organizaron a la gente".
Astiz fue acusado por violaciones de derechos humanos en 1987 por tribunales argentinos y fue encarcelado durante cinco meses a la espera del juicio. Fue dejado en libertad después de aprobadas las leyes de amnistía. En 1990 un tribunal francés lo sentenció en ausencia a cadena perpetua por el asesinato de las dos monjas, pero nunca fue extraditado.
En una entrevista a una revista hace seis años, Astiz dijo que no se arrepentía de lo ocurrido durante la guerra sucia. "No me arrepiento de nada", dijo. Dijo que los militares optaron por la única alternativa que tenían para salvar al país de los comunistas y que él era "el hombre mejor preparado técnicamente para matar a políticos y periodistas".
Ana María Careaga tenía 16 años y estaba embarazada cuando ella y su cuñado fueron secuestrados por oficiales de la marina en 1977. Sus brazos todavía muestran las cicatrices de las quemaduras por cigarrillo que le infligieron durante las sesiones de tortura. Fue liberada después de cuatro meses y huyó a Suecia; su cuñado desapareció.
"Cuando desaparecimos mi madre se unió a las Madres de Plaza de Mayo y escoltaba a otras mujeres para que no fueran secuestradas. Cuando me dejaron en libertad estaba tan agitada que corrió a la plaza a contarles a las otras madres que yo estaba libre. Las otras estaban tan felices que dijeron que la echarían de menos, pero mi madre dijo que tenía ninguna intención de abandonarlas mientras no apareciera cada uno de los hijos desaparecidos".
Meses más tarde, en diciembre de 1977, Careag trató de llamar por teléfono a su madre desde Suecia para decirle que había dado a luz a una niña. Pero su madre había desaparecido tres días antes.
"Se perdió el nacimiento de su primera nieta por tres días", dijo Careaga, ahora de 42. "Tres días".
Dijo que ella vio a Astiz hace algunos años frente a un tribunal aquí y a uno de sus torturadores cuando recogía a su nieta de la escuela hace algunos años.
"Nunca lo superarás mientras no puedas sepultar a tus seres queridos, mientras continúes viendo que sus asesinos caminan libremente", dijo. "Es la parte de esta historia que es irreparable. No podemos olvidar".
7 de agosto de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
ABSUELVEN A ACUSADOS DE ATENTADO CONTRA JUDÍOS EN BUENOS AIRES EN 1994 - kevin gray
En una sorprendente e insólita decisión un tribunal de Buenos Aires absuelve a cuatro policías y un vendedor de coches usados implicados en el mortal atentado contra un centro comunitario judío en la capital en 1994, que se cobró la vida de 85 personas.
Buenos Aires, Argentina. Este jueves una corte federal absolvió a los cinco hombres acusados de complicidad en el atentado de 1994 contra un centro comunitario judío que terminó con la vida de 85 personas, el atentado terroristas más mortífero en suelo argentino.
En una sentencia televisada a nivel nacional un panel de tres jueces absolvió a cuatro antiguos agentes de la policía provincial y a un antiguo vendedor de coches usados acusado de proporcionar la furgoneta utilizada en el atentado, que también dejó heridas a 300 personas.
La sentencia concluyó un juicio de tres años -el más largo en la historia argentina. Los cinco no estaban acusados de participar directamente en el atentado, sino que fueron acusados de ser cómplices por su papel en la banda de ladrones de coches y que fue responsable de la venta y entrega de la furgoneta.
Los fiscales habían pedido cadena perpetua par los cinco, varios de los cuales permanecieron bajo custodia a la espera de cargos separados no relacionados con la investigación del atentado.
Quince otros fueron exonerados de cargos menores.
Líderes de la comunidad judía condenaron la sentencia.
"Es el peor resultado imaginado", dijo Jorge Kirszenbaum, un funcionario de la DAIA, una importante organización judía. Pidió a sus partidarios que se unieran a una manifestación el viernes frente al reconstruido centro comunitario.
La furgoneta robada explotó el 18 de julio de 1994 frente a la Asociación de Ayuda Mutua Argentino-Israelí. La explosión demolió el edificio de siete pisos, un símbolo de la comunidad judía de Argentina de unos 300.000 miembros, la más grande de América Latina. Los cerebros del atentado no fueron identificados nunca.
Fue el segundo de dos atentados con bomba contra los judíos de Argentina durante los años noventa. En marzo de 1992 una explosión destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, matando a 29 personas -el caso sigue sin resolver.
Funcionarios estadounidenses, líderes judíos y algunos funcionarios argentinos han sostenido que el atentado contra el centro comunitario fue ordenado por terroristas musulmanes y partidarios de Irán, acusaciones que Teherán ha negado.
Después de fracasar en obtener la extradición de sospechosos iraníes buscados en relación con el caso, los investigadores se han concentrado en lo que se dado en llamar "la conexión local".
Líderes de la comunidad judía asistieron al juicio federal, que fue fuertemente custodiado y cerrado al público.
Grupos judíos han reclamado que la investigación fue mal manejada, señalando una decisión de funcionarios judiciales a comienzos de año de retirar del caso al juez que se encargó de las pesquisas después de que se diera a conocer que sobornó a algunos testigos claves.
Los líderes de la comunidad judía han acusado a los tribunales, a la policía y a varios gobiernos argentinos de no investigar el caso por temor a que se produzcan revelaciones embarazosas.
Entre los absueltos se encuentra Juan José Ribelli, un antiguo jefe de la policía provincial de Buenos Aires que fue acusado de dirigir la banda de antiguos agentes de policía acusada de proporcionar la furgoneta.
Carlos Alberto Telleldin, acusado por los investigadores que negociar en coches robados bajo la protección de Ribelli, fue acusado de proporcionar la furgoneta robada a la banda de miembros de la policía ocho días antes del atentado.
Victor Stinfale, abogado de Telleldin, dijo que la sentencia liberaba a su cliente de un caso "construido sobre mentiras y acusaciones falsas".
"Los líderes de la comunidad judía deben pedirle perdón por mantenerlo en la cárcel durante tanto tiempo bajo acusaciones falsas", dijo.
Con la esperanza de dar nuevo ímpetu al juicio, el presidente Néstor Kirchner firmó el año pasado un decreto que libera documentos del servicio secreto y ordena a agentes de la inteligencia a declarar ante tribunales. Los líderes judíos aplaudieron esa decisión.
Un abogado de las víctimas dijo que estaba "asombrada" por la sentencia del jueves.
"No estaba preparada para esto", dijo Marta Nercellas. Pidió una investigación "seria". "Algún día encontraremos respuesta a nuestras preguntas".
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. Este jueves una corte federal absolvió a los cinco hombres acusados de complicidad en el atentado de 1994 contra un centro comunitario judío que terminó con la vida de 85 personas, el atentado terroristas más mortífero en suelo argentino.En una sentencia televisada a nivel nacional un panel de tres jueces absolvió a cuatro antiguos agentes de la policía provincial y a un antiguo vendedor de coches usados acusado de proporcionar la furgoneta utilizada en el atentado, que también dejó heridas a 300 personas.
La sentencia concluyó un juicio de tres años -el más largo en la historia argentina. Los cinco no estaban acusados de participar directamente en el atentado, sino que fueron acusados de ser cómplices por su papel en la banda de ladrones de coches y que fue responsable de la venta y entrega de la furgoneta.
Los fiscales habían pedido cadena perpetua par los cinco, varios de los cuales permanecieron bajo custodia a la espera de cargos separados no relacionados con la investigación del atentado.
Quince otros fueron exonerados de cargos menores.
Líderes de la comunidad judía condenaron la sentencia.
"Es el peor resultado imaginado", dijo Jorge Kirszenbaum, un funcionario de la DAIA, una importante organización judía. Pidió a sus partidarios que se unieran a una manifestación el viernes frente al reconstruido centro comunitario.
La furgoneta robada explotó el 18 de julio de 1994 frente a la Asociación de Ayuda Mutua Argentino-Israelí. La explosión demolió el edificio de siete pisos, un símbolo de la comunidad judía de Argentina de unos 300.000 miembros, la más grande de América Latina. Los cerebros del atentado no fueron identificados nunca.
Fue el segundo de dos atentados con bomba contra los judíos de Argentina durante los años noventa. En marzo de 1992 una explosión destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, matando a 29 personas -el caso sigue sin resolver.
Funcionarios estadounidenses, líderes judíos y algunos funcionarios argentinos han sostenido que el atentado contra el centro comunitario fue ordenado por terroristas musulmanes y partidarios de Irán, acusaciones que Teherán ha negado.
Después de fracasar en obtener la extradición de sospechosos iraníes buscados en relación con el caso, los investigadores se han concentrado en lo que se dado en llamar "la conexión local".
Líderes de la comunidad judía asistieron al juicio federal, que fue fuertemente custodiado y cerrado al público.
Grupos judíos han reclamado que la investigación fue mal manejada, señalando una decisión de funcionarios judiciales a comienzos de año de retirar del caso al juez que se encargó de las pesquisas después de que se diera a conocer que sobornó a algunos testigos claves.
Los líderes de la comunidad judía han acusado a los tribunales, a la policía y a varios gobiernos argentinos de no investigar el caso por temor a que se produzcan revelaciones embarazosas.
Entre los absueltos se encuentra Juan José Ribelli, un antiguo jefe de la policía provincial de Buenos Aires que fue acusado de dirigir la banda de antiguos agentes de policía acusada de proporcionar la furgoneta.
Carlos Alberto Telleldin, acusado por los investigadores que negociar en coches robados bajo la protección de Ribelli, fue acusado de proporcionar la furgoneta robada a la banda de miembros de la policía ocho días antes del atentado.
Victor Stinfale, abogado de Telleldin, dijo que la sentencia liberaba a su cliente de un caso "construido sobre mentiras y acusaciones falsas".
"Los líderes de la comunidad judía deben pedirle perdón por mantenerlo en la cárcel durante tanto tiempo bajo acusaciones falsas", dijo.
Con la esperanza de dar nuevo ímpetu al juicio, el presidente Néstor Kirchner firmó el año pasado un decreto que libera documentos del servicio secreto y ordena a agentes de la inteligencia a declarar ante tribunales. Los líderes judíos aplaudieron esa decisión.
Un abogado de las víctimas dijo que estaba "asombrada" por la sentencia del jueves.
"No estaba preparada para esto", dijo Marta Nercellas. Pidió una investigación "seria". "Algún día encontraremos respuesta a nuestras preguntas".
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
TERRORISTA CUBANO SERÁ FUSILADO SI LO CAPTURAN - nancy san martín
El tenebroso terrorista cubano Luis Posada Carriles, autor de numerosos atentados y asesinatos en lo que cientos de personas han perdido la vida, fue extrañamente amnistiado por el anterior gobierno panameño y logró escapar de la justicia cubana. Será fusilado.
Las autoridades hondureñas dijeron el viernes que creen que el exiliado cubano Luis Posada Carriles ya no se encuentra en el país, pero que si es capturado considerarán la petición de extradición interpuesta por Cuba.
Allá, el experto en explosivos corre el riesgo de ser fusilado.
"Creemos que ha abandonado el país, pero no sabemos cómo lo hizo", dijo al Herald Armando Calidonio, subsecretario de seguridad de Honduras. "La investigación sigue su curso".
Leónidas Rosa Bautista, el ministro hondureño de Asuntos Exteriores, dijo a reporteros el jueves que Cuba presentó una petición de extradición y que si Posada es detenido será "deportado inmediatamente".
Cuba, entretanto, dijo que Posada será condenado a muerte.
BUSCADO
Posada -que es buscado en Cuba bajo cargos de numerosos actos de terrorismo y asesinato- es uno de los cuatro refugiados amnistiados el mes pasado por la antigua presidente de Panamá, Mireya Moscoso. Los cuatro permanecieron en prisión durante cuatro años por un intento de asesinato del presidente cubano Fidel Castro.
Tres de los exiliados (Gaspar Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo) -todos ellos ciudadanos estadounidenses- volvieron a sus casas en Miami. Posada, de 76 años, no es un ciudadano estadounidense y se cree que huyó hacia Honduras, donde se oculta. Las autoridades de ese país dijeron que cuenta con informaciones que indican que Posada huyó a las Bahamas o a otro país caribeño, pero que no tienen certeza de ello.
Calificado por Castro como "el peor terrorista del hemisferio", Posada es buscado en conexión con el atentado con bomba de un avión cubano de pasajeros en 1976 en el que 73 personas perdieron la vida. El antiguo agente de la CIA está también acusado de organizar una docena de atentados con bomba en balnearios turísticos en La Habana en 1997, y de numerosos intentos de asesinato de Castro.
NIEGAN SER CULPABLES
Posada y los tres exiliados de Miami han negado todo papel en el intento se asesinato en Panamá durante la cumbre de jefes de estado en 2000, donde Castro les acusó.
Un tribunal panameño desechó los cargos iniciales de conspiración para asesinar y posesión de explosivos, pero los condenó en abril por poner en peligro la seguridad pública y los sentenció a ocho años de prisión.
Con respecto a los atentados con bomba en La Habana, Posada primero admitió y luego negó toda responsabilidad. Respondiendo a informes cubano de que Posada puede encontrarse en Costa Rica, las autoridades de ese país anunciaron que no proporcionarán refugio a Posada.
4 de septiembre de 2004
©miamiherald©traducción mQh
nsanmartin@herald.com
Las autoridades hondureñas dijeron el viernes que creen que el exiliado cubano Luis Posada Carriles ya no se encuentra en el país, pero que si es capturado considerarán la petición de extradición interpuesta por Cuba.Allá, el experto en explosivos corre el riesgo de ser fusilado.
"Creemos que ha abandonado el país, pero no sabemos cómo lo hizo", dijo al Herald Armando Calidonio, subsecretario de seguridad de Honduras. "La investigación sigue su curso".
Leónidas Rosa Bautista, el ministro hondureño de Asuntos Exteriores, dijo a reporteros el jueves que Cuba presentó una petición de extradición y que si Posada es detenido será "deportado inmediatamente".
Cuba, entretanto, dijo que Posada será condenado a muerte.
BUSCADO
Posada -que es buscado en Cuba bajo cargos de numerosos actos de terrorismo y asesinato- es uno de los cuatro refugiados amnistiados el mes pasado por la antigua presidente de Panamá, Mireya Moscoso. Los cuatro permanecieron en prisión durante cuatro años por un intento de asesinato del presidente cubano Fidel Castro.
Tres de los exiliados (Gaspar Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo) -todos ellos ciudadanos estadounidenses- volvieron a sus casas en Miami. Posada, de 76 años, no es un ciudadano estadounidense y se cree que huyó hacia Honduras, donde se oculta. Las autoridades de ese país dijeron que cuenta con informaciones que indican que Posada huyó a las Bahamas o a otro país caribeño, pero que no tienen certeza de ello.
Calificado por Castro como "el peor terrorista del hemisferio", Posada es buscado en conexión con el atentado con bomba de un avión cubano de pasajeros en 1976 en el que 73 personas perdieron la vida. El antiguo agente de la CIA está también acusado de organizar una docena de atentados con bomba en balnearios turísticos en La Habana en 1997, y de numerosos intentos de asesinato de Castro.
NIEGAN SER CULPABLES
Posada y los tres exiliados de Miami han negado todo papel en el intento se asesinato en Panamá durante la cumbre de jefes de estado en 2000, donde Castro les acusó.
Un tribunal panameño desechó los cargos iniciales de conspiración para asesinar y posesión de explosivos, pero los condenó en abril por poner en peligro la seguridad pública y los sentenció a ocho años de prisión.
Con respecto a los atentados con bomba en La Habana, Posada primero admitió y luego negó toda responsabilidad. Respondiendo a informes cubano de que Posada puede encontrarse en Costa Rica, las autoridades de ese país anunciaron que no proporcionarán refugio a Posada.
4 de septiembre de 2004
©miamiherald©traducción mQh
nsanmartin@herald.com
SHARON VISITARÁ HOLANDA EN OCTUBRE
A pesar de ser un fugitivo de la justicia por sus numerosos crímenes, Sharon, el primer ministro israelí, ha sido invitado oficialmente a visitar Holanda por el gobierno holandés. También se ha comprometido el gobierno a no apoyar otras resoluciones contra Israel.
Tel Aviv, Israel. Por invitación del ministro-presidente Balkenende, el primer ministro israelí Sharon visitará oficialmente Holanda a mediados de octubre.
Es la primera vez que Sharon visitará La Haya como presidente del gobierno. La visita del primer ministro del Likud fue confirmada hoy por portavoces del servicio nacional de información y por la embajada holandesa en Tel Aviv.
Balkenende recibirá a Sharon también en el marco de la presidencia holandesa de la Unión Europea. Además de entrevistas con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores, Bot, Sharon también se reunirá con miembros de la comisión para Asuntos Exteriores y Europeos de la Cámara. También se programa una visita a la Reina. "El programa exacto aún no se ha fijado", según los portavoces.
La visita a Holanda tomará lugar como parte de la gira europea de Sharon, que, por lo que se sabe, también visitará Berlín y Londres. Si visitará Francia está siendo consultado, según un portavoz del despacho de Sharon en Jerusalén. Antes de su gira por Europa, Sharon quiere forzar al gobierno israelí a aceptar su plan de desmantelamiento de 21 campamentos judíos en la Franja de Gaza. Ese plan cuenta con el apoyo de la Unión Europea; también con el apoyo de Holanda. Otras cuestiones que serán tratadas son la construcción de la valla de seguridad y la compleción de los estancados planes para la fundación de un estado palestino. El gobierno israelí se mostró el mes pasado asombrado por el apoyo holandés y europeo a una resolución no vinculante de Naciones Unidas en la que Israel es llamado a detener la construcción de la valla de seguridad'.
Según el gobierno israelí ahora se ha roto el hielo después de que el ministro Bot convenciera a su colega Sharon de que "la resolución no tiene mayor significación" y que Holanda (y la Unión Europea) posibles resoluciones en las que se anuncien sanciones contra Israel no serás apoyadas por el gobierno holandés.
La última vez que un primer ministro israelí visitó Holanda data de 1997, cuando los ministros-presidentes Netanyahu y Kok se reunieron en el aeropuerto de Schiphol. En 1993, después de la Guerra del Golfo, el presidente israelí Chaim Herzog visitó Holanda oficialmente.
3 de septiembre de 2004
©nrc
©traducción mQh
Tel Aviv, Israel. Por invitación del ministro-presidente Balkenende, el primer ministro israelí Sharon visitará oficialmente Holanda a mediados de octubre.Es la primera vez que Sharon visitará La Haya como presidente del gobierno. La visita del primer ministro del Likud fue confirmada hoy por portavoces del servicio nacional de información y por la embajada holandesa en Tel Aviv.
Balkenende recibirá a Sharon también en el marco de la presidencia holandesa de la Unión Europea. Además de entrevistas con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores, Bot, Sharon también se reunirá con miembros de la comisión para Asuntos Exteriores y Europeos de la Cámara. También se programa una visita a la Reina. "El programa exacto aún no se ha fijado", según los portavoces.
La visita a Holanda tomará lugar como parte de la gira europea de Sharon, que, por lo que se sabe, también visitará Berlín y Londres. Si visitará Francia está siendo consultado, según un portavoz del despacho de Sharon en Jerusalén. Antes de su gira por Europa, Sharon quiere forzar al gobierno israelí a aceptar su plan de desmantelamiento de 21 campamentos judíos en la Franja de Gaza. Ese plan cuenta con el apoyo de la Unión Europea; también con el apoyo de Holanda. Otras cuestiones que serán tratadas son la construcción de la valla de seguridad y la compleción de los estancados planes para la fundación de un estado palestino. El gobierno israelí se mostró el mes pasado asombrado por el apoyo holandés y europeo a una resolución no vinculante de Naciones Unidas en la que Israel es llamado a detener la construcción de la valla de seguridad'.
Según el gobierno israelí ahora se ha roto el hielo después de que el ministro Bot convenciera a su colega Sharon de que "la resolución no tiene mayor significación" y que Holanda (y la Unión Europea) posibles resoluciones en las que se anuncien sanciones contra Israel no serás apoyadas por el gobierno holandés.
La última vez que un primer ministro israelí visitó Holanda data de 1997, cuando los ministros-presidentes Netanyahu y Kok se reunieron en el aeropuerto de Schiphol. En 1993, después de la Guerra del Golfo, el presidente israelí Chaim Herzog visitó Holanda oficialmente.
3 de septiembre de 2004
©nrc
©traducción mQh
LA FARSA DE GUANTÁNAMO
Uno de los editoriales de hoy de Los Angeles Times comenta las graves violaciones del sistema jurídico estadounidense en que incurre el gobierno de Bush en los juicios de los llamados combatientes enemigos'. El gobierno también viola abiertamente la resolución de junio de la Corte Suprema, según la cual esos acusados tienen derecho a ser procesados debidamente. Bush conduce a Estados Unidos derechamente a la creación de un estado fascista.
La administración Bush está ignorando, si no desafiando abiertamente la resolución de la Corte Suprema estadounidense de que todos los acusados de actos terroristas deben poder impugnar su encarcelamiento. La primera ronda de sesiones de los tribunales militares de los detenidos, la semana pasada en la Bahía de Guantánamo, tuvieron más de una farsa de Mel Brooks o de un tribunal improvisado al estilo del antiguo dictador de Uganda, Idi Amin, que de justicia, militar o no. Parecía realmente que las sesiones fueron presididas por un canguro. Entretanto, dos ciudadanos estadounidenses se encuentran todavía en cárceles militares, aislados de sus abogados y a meses, sino a años de distancia de los juicios que según la Corte Suprema deben recibir.
Se supone que el sistema de justicia penal estadounidense, incluyendo a su hijastro militar, garantiza un debido proceso, imparcialidad y corrección. Después de todo, son los mismos principios que las tropas norteamericanas están tratando de implantar en Iraq y Afganistán, y muriendo en ello. Pero los chapuceras vistas preliminares para los primeros cuatro detenidos -de cerca de 600-violan los principios básicos de justicia.
Los tribunales son una invención ad hoc, autorizados por el presidente Bush hace tres años cuando rechazó el sistema militar establecido de cortes marciales y los tribunales penales federales, que hubiesen funcionado de manera más fluida. Como resultado, los oficiales militares tienen pocos precedentes que seguir y la semana pasada parecieron confundidos acerca de qué reglas o procedimientos legales aplicar.
Los miembros de estos tribunales -el jurado, de hecho- son militares profesionales nombrados por el Pentágono. El principal funcionario del tribunal es un juez retirado del Ejército, el único miembro del panel con alguna formación jurídica. Es a la vez juez y miembro del jurado, resolviendo sobre mociones y votando con los otros cinco comisionados.
En un tribunal penal, el jurado lego juzga los hechos y el juez las cuestiones legales. Aquí, sin embargo, los miembros del tribunal deciden sobre ambas materias. No obstante, los cinco miembros legos del jurado estaban claramente confundidos la semana pasada cuando se les pidió que definieran conceptos tales como debido proceso y duda razonable.
Los naipes también fueron amañados contra los detenidos de otros modos. Los fiscales del gobierno cuentan con oficinas espaciosas y su propia plantilla para preparar las vistas. Los abogados de la defensa han sido confinados a una sola habitación. Durante la semana les retiraron la única mesa de conferencias con la que contaban. Los intérpretes árabes eran tan incompetentes que las vistas parecieron un juego de teléfono', donde con cada repetición el mensaje se hace cada vez más estúpido. Sin embargo, este juego gira sobre el futuro de esos hombres.
Dada la confusión, los oficiales deben creer que se justifica limitar a los reporteros al papel escrito, que puede mancharse y apergaminarse. De los juicios, no se contará nunca con registros fotográficos, ni de video ni de audio. Desde la perspectiva de gobierno, mientras menos sepan los ciudadanos de estos torpes juicios, menos se interesarán en ellos.
Los dos ciudadanos estadounidenses que Bush ha calificado de combatientes enemigos, Yaser Hamdi y José Padilla, ni siquiera cuentan con eso. Años después de sus detenciones, siguen en un centro de detención militar, a menudo en confinamiento solitario. Incluso después de la resolución de la Corte Suprema de que tienen derecho a juicio, los abogados del gobierno impugnan ignominiosamente todo recurso presentado en tribunales inferiores por los abogados que aún conservan las familias de los detenidos. Y sin embargo el gobierno no ha acusado formalmente ni a Hamdi ni a Padilla.
La Corte Suprema fue clara en su resolución de junio pasado: los acusados de terrorismo tienen derecho al menos a un debido proceso mínimo. No tiene precedentes que los abogados del gobierno insistan en lo contrario. Su posición probablemente no asustará a los terroristas, pero arroja una capa de humo sobre las exuberantes alabanzas de las libertades estadounidenses que decoran la Convención Nacional de los republicanos.
3 de septiembre de 2004
©losangelestimes©traducción mQh
La administración Bush está ignorando, si no desafiando abiertamente la resolución de la Corte Suprema estadounidense de que todos los acusados de actos terroristas deben poder impugnar su encarcelamiento. La primera ronda de sesiones de los tribunales militares de los detenidos, la semana pasada en la Bahía de Guantánamo, tuvieron más de una farsa de Mel Brooks o de un tribunal improvisado al estilo del antiguo dictador de Uganda, Idi Amin, que de justicia, militar o no. Parecía realmente que las sesiones fueron presididas por un canguro. Entretanto, dos ciudadanos estadounidenses se encuentran todavía en cárceles militares, aislados de sus abogados y a meses, sino a años de distancia de los juicios que según la Corte Suprema deben recibir.Se supone que el sistema de justicia penal estadounidense, incluyendo a su hijastro militar, garantiza un debido proceso, imparcialidad y corrección. Después de todo, son los mismos principios que las tropas norteamericanas están tratando de implantar en Iraq y Afganistán, y muriendo en ello. Pero los chapuceras vistas preliminares para los primeros cuatro detenidos -de cerca de 600-violan los principios básicos de justicia.
Los tribunales son una invención ad hoc, autorizados por el presidente Bush hace tres años cuando rechazó el sistema militar establecido de cortes marciales y los tribunales penales federales, que hubiesen funcionado de manera más fluida. Como resultado, los oficiales militares tienen pocos precedentes que seguir y la semana pasada parecieron confundidos acerca de qué reglas o procedimientos legales aplicar.
Los miembros de estos tribunales -el jurado, de hecho- son militares profesionales nombrados por el Pentágono. El principal funcionario del tribunal es un juez retirado del Ejército, el único miembro del panel con alguna formación jurídica. Es a la vez juez y miembro del jurado, resolviendo sobre mociones y votando con los otros cinco comisionados.
En un tribunal penal, el jurado lego juzga los hechos y el juez las cuestiones legales. Aquí, sin embargo, los miembros del tribunal deciden sobre ambas materias. No obstante, los cinco miembros legos del jurado estaban claramente confundidos la semana pasada cuando se les pidió que definieran conceptos tales como debido proceso y duda razonable.
Los naipes también fueron amañados contra los detenidos de otros modos. Los fiscales del gobierno cuentan con oficinas espaciosas y su propia plantilla para preparar las vistas. Los abogados de la defensa han sido confinados a una sola habitación. Durante la semana les retiraron la única mesa de conferencias con la que contaban. Los intérpretes árabes eran tan incompetentes que las vistas parecieron un juego de teléfono', donde con cada repetición el mensaje se hace cada vez más estúpido. Sin embargo, este juego gira sobre el futuro de esos hombres.
Dada la confusión, los oficiales deben creer que se justifica limitar a los reporteros al papel escrito, que puede mancharse y apergaminarse. De los juicios, no se contará nunca con registros fotográficos, ni de video ni de audio. Desde la perspectiva de gobierno, mientras menos sepan los ciudadanos de estos torpes juicios, menos se interesarán en ellos.
Los dos ciudadanos estadounidenses que Bush ha calificado de combatientes enemigos, Yaser Hamdi y José Padilla, ni siquiera cuentan con eso. Años después de sus detenciones, siguen en un centro de detención militar, a menudo en confinamiento solitario. Incluso después de la resolución de la Corte Suprema de que tienen derecho a juicio, los abogados del gobierno impugnan ignominiosamente todo recurso presentado en tribunales inferiores por los abogados que aún conservan las familias de los detenidos. Y sin embargo el gobierno no ha acusado formalmente ni a Hamdi ni a Padilla.
La Corte Suprema fue clara en su resolución de junio pasado: los acusados de terrorismo tienen derecho al menos a un debido proceso mínimo. No tiene precedentes que los abogados del gobierno insistan en lo contrario. Su posición probablemente no asustará a los terroristas, pero arroja una capa de humo sobre las exuberantes alabanzas de las libertades estadounidenses que decoran la Convención Nacional de los republicanos.
3 de septiembre de 2004
©losangelestimes©traducción mQh