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terrorismo

más detalles sobre los abusos de la cia


Un informe del inspector de la CIA entrega nuevos detalles sobre los abusos que ocurrieron en las cárceles secretas de la agencia, incluyendo detalles sobre cómo la CIA montaba ejecuciones simuladas y amenazó con un arma y un taladro mecánico al menos a un prisionero.
[Mark Mazzetti] Washington, Estados Unidos. En diferentes ocasiones carceleros de la CIA apuntaron con un revólver y un taladro al detenido Abd al-Rahim al-Nashiri, amenazando con dispararle si no colaboraba con sus interrogadores, dice un funcionario de gobierno familiarizado con el contenido del informe.
Nashiri, que en 2000 estuvo implicado en el atentado con bomba contra el destructor Cole de la Armada, fue uno de los dos detenidos de la CIA cuyas sesiones de interrogatorio fueron grabadas en video -cintas que fueron destruidas por agentes de la CIA en 2005. No está claro si las amenazas con el revólver y el taladro mecánico fueron documentadas en las cintas.
En un episodio separado narrado en el informe -completado en 2004 por el inspector general John L. Helgerson, pero que sale recién ahora a luz después de que una demanda judicial de la Unión Americana de Libertades Civiles forzó su publicación-, agentes de la CIA dispararon un tiro en un cuarto junto a un detenido, haciendo a creer al prisionero que otro detenido había sido asesinado.
Amenazar a un detenido con la muerte inminente es una violación de la ley federal contra la tortura.
La CIA se negó a comentar sobre los detalles del informe, que fueron primero anunciados el viernes noche por Newsweek.
Paul Gimigliano, portavoz de la CIA, dijo: "La CIA no aprueba de ninguna manera -a pesar de su rareza- conductas que han ido más allá de las orientaciones formales. Todo ha sido examinado; los profesionales del ministerio de Justicia deciden si y cuándo iniciar un proceso judicial".
Un fiscal federal está investigando ahora la destrucción de las cintas de la CIA, pero el ministerio de Justicia se ha negado hasta el momento a iniciar una investigación formal sobre los abusos en las cárceles de la CIA.
Eso podría cambiar ahora que el fiscal general Eric H. Holder Jr., está considerando si nombrar a un fiscal para estudiar las acusaciones en el informe de Helgerson, e investigar varios casos de detenidos que murieron durante su detención en manos de la CIA.
El presidente Obama ha insistido en que los agentes de la CIA que observaron las instrucciones sobre interrogatorios del ministerio de Justicia no serían procesados, y no se espera que Holder señale a los abogados del ministerio de Justicia que aprobaron las brutales técnicas de interrogatorio.
Eso daría a cualquier futura investigación un mandato más bien estrecho: atacar a los agentes de la CIA que cometieron los abusos que fueron más allá de las instrucciones sobre interrogatorios.
Se dice que el informe de Helgerson documenta en tenebrosos detalles varios casos de abusos y su publicación el lunes probablemente dará más energía al debate político en el Capitolio.
Pese a que funcionarios de la Casa Blanca dicen que dudan sobre si tratar los maltratos a los detenidos durante el gobierno de Bush, la demanda de la ACLU los ha obligado a hacer públicos varios documentos reservados de esa época.
Además del informe del inspector general, otros documentos que se espera sean liberados el lunes son un memorando del ministerio de Justicia de 2007 reautorizando las técnicas de interrogatorio "mejoradas" de la CIA; documentos que el ex vicepresidente Dick Cheney dijo que entregaban evidencias de que los métodos de interrogatorio produjeron informaciones valiosas sobre al Qaeda; y memorandos del ministerio de Justicia, de 2006, sobre las condiciones de detención en las cárceles de la CIA.
En el caso de Nashiri, fiscales militares anunciaron en julio de 2008 que pedirían la pena capital cuando presentaban cargos por crímenes de guerra contra él. Ha sido mantenido en el campo de prisioneros de Guantánamo, Cuba, y se lo sospecha de haber colaborado en el plan para hacer volar el Cole -un atentado en el que murieron diecisiete marinos.
Nashiri es un saudí que ha sido descrito por oficiales estadounidenses como el jefe de operaciones de al Qaeda en el Golfo Pérsico y el principal estratega del atentado contra el Cole en octubre de 2000.
Nashiri es uno de los tres detenidos que la CIA reconoce que sometió al submarino. Nashiri fue interrogado en cárceles secretas de la agencia antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.
Al anunciar los cargos, que serán vistos por los tribunales de las comisiones militares instaladas por el gobierno de Bush en Guantánamo, el funcionario del Pentágono, el general de brigada Thomas W. Hartmann, pareció retroceder de años de afirmaciones de funcionarios estadounidenses sobre Nashiri cuando en una rueda de prensa se le preguntó si se sospechaba de Nashiri de ser el principal estratega o cerebro del atentado contra el Cole.
"No voy a decir nada sobre eso", dijo el general Hartmann. "Él ayudó a planificar y organizar y dirigir los ataques".

17 de octubre de 2009
22 de agosto de 2009
©new york times
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el espionaje ilegal de bush


Espionaje durante era de Bush fue más allá de las interceptaciones. Un informe del gobierno plantea nuevos interrogantes sobre el espionaje interior en tiempos de Bush.
[Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. Los programas de espionaje de después del 11 de septiembre de 2001 del gobierno de Bush fueron más allá del ampliamente publicitado programa de interceptaciones telefónicas sin orden judicial, reveló el viernes un informe oficial, describiendo nuevas actividades encubiertas que crearon atribuciones de espionaje "sin precedentes".
El informe también plantea nuevos interrogantes sobre cómo la Casa Blanca de Bush mantuvo a funcionarios clave del ministerio de Justicia en la ignorancia sobre el programa de espionaje.
En una medida que describió como "extraordinaria e inapropiada", el informe dice que la Casa Blanca se apoyó en un solo abogado de niveles inferiores en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia para evaluar la legalidad del programa.
Ese abogado, John Yoo, un joven protegido de George W. Bush con estrechos lazos con el círculo íntimo del presidente, escribió una serie de memorandos justificando legalmente el programa, pese a que sus superiores y la mayoría de los altos funcionarios no fueron informados sobre él.
El informe fue compilado, por petición del Congreso, por cinco agencias fiscalizadoras del gobierno: el inspector general del ministerio de Justicia, el Pentágono, la CIA, el Directorado de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Interior.
Representa la revelación pública más detallada sobre la existencia de programas de espionaje que fueron más allá del programa de interceptaciones telefónicas sin orden judicial, diciendo que todos esos programas fueron conocidos durante el gobierno de Bush como el "programa de espionaje del presidente".
Sin embargo, el informe no describe los otros programas ni explica cómo funcionaban.
"Todas estas actividades fueron autorizadas por una simple autorización presidencial", dice el informe, refiriéndose a las escuchas sin orden judicial como "programa de vigilancia de terroristas", y los programas no conocidos como "otras actividades de inteligencia".
"Los detalles específicos de las otras actividades de inteligencia siguen siendo altamente reservados", dice el informe.
El inspector general entrevistó a los más de doscientos altos funcionarios y agentes de terreno de agencias de defensa e inteligencia, y dijo que las opiniones sobre la efectividad de las escuchas sin orden judicial y otras actividades todavía secretas fueron ambivalentes.
Mientras muchos agentes pensaron que los programas llenaban un vacío en las actividades de inteligencia, otros "tuvieron dificultades a la hora de evaluar la contribución precisa del Programa de Espionaje del Presidente a los programas antiterroristas, porque el programa era visto a menudo como solo una fuente entre otras".
El inspector general concluyó que, aunque el Congreso adoptara cambios en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior  [Foreign Intelligence Surveillance Act] que legalizan algunas de las actividades, la información que entregan "debe ser controlada cuidadosamente".
El informe también proporciona una comprehensiva versión oficial del modo a menudo agresivo y selectivo con el que el gobierno de Bush trató de obtener, y obtuvo, que se autorizaran sus programas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Finalmente, el programa de vigilancia y el papel en él del ministerio de Justicia fueron tan polémicos que, en 2004, el vicefiscal general, James B. Comey, y el director del FBI, Robert S. Mueller III, amenazaron ambos con renunciar, porque creían que el programa era ilegal.
La disputa resultó en un notorio enfrentamiento ese año en el cuarto de hospital de entonces fiscal general John Ashcroft, cuando Comey subió corriendo las escalinatas para impedir que el asesor de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzales, y el jefe de personal, Andrew H. Card Jr., convencieran al fuertemente medicado fiscal general para que firmara una extensión del programa.
Juristas y legisladores dijeron que los últimos hallazgos plantearon inquietantes preguntas sobre las actividades del gobierno de Bush y resaltaron la necesidad de encontrar maneras para que sus participantes rindieran cuentas.
"Estoy feliz de que el pueblo americano pueda ver finalmente por sí mismo lo qué ocurre cuando un puñado de altos funcionarios -que piensan que lo saben mejor que los tribunales, el ministerio de Justicia y el Congreso- deciden rescribir la ley en secreto", dijo el miembro del Comité de Inteligencia del Senado, Ron Wyden (demócrata de Oregon). "Este informe permite que el pueblo estadounidense vea cómo altos funcionarios del gobierno de Bush primero tramaron el programa y después inventaron sus creativas justificaciones jurídicas".
El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont) dijo que el informe daba urgencia a la formación de una "comisión de investigación" independiente para examinar los programas del gobierno de Bush. El presidente Obama se opone a esa comisión.
Un ex funcionario del gobierno de Bush que participó en el programa dijo que el informe de los inspectores no tomaba en cuenta que en la época el ministerio de Justicia y la Casa Blanca alegaron consistentemente que el presidente "tiene autoridad para realizar vigilancia electrónica para proteger la seguridad interior contra amenazas foráneas, independiente del Congreso".
Hablando a condición de preservar el anonimato debido a la sensibilidad política y jurídica, el funcionario dijo que los programas se derivaron de preocupaciones surgidas después del 11 de septiembre de 2001.
"El gobierno estaba tambaleando, lidiando con una amplia gama de iniciativas de seguridad interior", dijo el funcionario. "Esto no fue hecho como un intento de ampliar las atribuciones del presidente; se hizo para proteger al país de un ataque -que en ese entonces todo el mundo pensaba que iba a ocurrir- al mismo tiempo sin delatar las ventajas tecnológicas que teníamos".
Las escuchas sin orden judicial fueron reveladas en 2005 como resultado de artículos publicados por el New York Times. Con ese programa, la NSA eludía las leyes federales para interceptar, sin orden judicial, las comunicaciones internacionales de presuntos terroristas.
Al trazar el desarrollo de las actividades de vigilancia, el informe dice que el programa empezó en octubre de 2001, semanas antes del primer memorando de Yoo justificando su empleo el 2 de noviembre.
El informe describe los intentos de la Casa Blanca que parecían formulados para asegurarse de que fueran aprobados. Excepto tres funcionarios del ministerio de Justicia, nadie estaba enterado de los esfuerzos de espionaje durante sus primeros años, pese a que se utilizó el sello de aprobación del ministerio para autorizar los programas, dice el informe.
En lugar de eso, la Casa Blanca se comunicaba directa y casi exclusivamente con Yoo, que elabora el trabajo jurídico sobre el programa de vigilancia "que como mínimo se apoyaba en hechos erróneos", dice el informe.
"Las deficiencias de los memorandos jurídicos se hicieron aparentes una vez que nuevos abogados del ministerio de Justicia... trataron de entender mejor la operación de PSP", dice el informe.
En ese momento estallaron disputas entre el ministerio de Justicia y la Casa Blanca, lo que condujo al enfrentamiento en el lecho de enfermo en 2004.
El informe dedica considerable atención a Yoo, asistente del fiscal general en la Oficina de Asesoría Jurídica entre 2001 y 2003.
Yoo se ha convertido en un pararrayos de críticas debido a las recomendaciones jurídicas que emitió sobre toda una gama de temas de seguridad interior, repudiadas más tarde como poco profesionales y posiblemente ilegales.
Algunas de esas opiniones, incluyendo algunas sobre métodos coercitivos de interrogatorio como el submarino, fueron retiradas por funcionarios republicanos que sucedieron a Yoo en el ministerio de Justicia. El viernes Yoo no quiso comentar el informe.
Sólo otros dos funcionarios del ministerio de Justicia fueron informados sobre el programa de la Agencia de Seguridad Interior (NSA) en sus primeros años, dice el informe: Ashcroft y el abogado de políticas de inteligencia, James Baker.
Ashcroft otorgó su autorización legal para los primeros dos años y medio sobre la base de una "impresión errónea" sobre el tipo de actividades que estaba realizando la NSA, dijo el inspector general.
En 2004, mientras el ministerio de Justicia obstaculizaba la aprobación de mayores extensiones del programa, Bush firmó una nueva autorización basándose en una recomendación jurídica de Gonzales, todavía en la Casa Blanca.
Más tarde, dice el informe, el fiscal general Gonzales dio informaciones "imprecisas" y "engañosas" en su declaración ante el Congreso cuando dijo que en 2004 el ministerio no había manifestado preocupaciones legales sobre el programa.
"La Casa Blanca trampeó el sistema", dijo Jameel Jaffer, del Proyecto de Seguridad Interior de la Unión Americana por las Libertades Civiles, "asegurándose de que las únicas personas que conocían el programa... fueran las que torcerían la ley para llegar a las conclusiones que quería la Casa Blanca".

1 de agosto de 2009
11 de julio de 2009
©los angeles times 
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batahola por programa secreto


Los demócratas condenaron unánimes a Dick Cheney en los programas de los domingos. Los demócratas renuevan sus llamados a algún tipo de investigación y critican al ex vicepresidente Dick Cheney.
[Julian E. Barnes] Washington, Estados Unidos. El domingo, los legisladores demócratas criticaron al ex vicepresidente Dick Cheney por haber ordenado que el programa contraterrorista de la CIA se ocultase a los parlamentarios. Dos senadores cuestionaron la legalidad de ese ocultamiento.
Los republicanos fueron mucho más circunspectos, aunque algunos reconocieron que la Casa Blanca debió haber informado al Congreso.
Qué era exactamente el programa secreto de inteligencia sigue siendo un misterio, pero algunas fuentes dijeron que la CIA había iniciado una pesquisa interna.
No está claro el alcance que quieren darle a la investigación los legisladores, pero la última polémica podría alimentar demandas de un reexamen de la relación de la CIA con el Congreso durante el gobierno de Bush.
Los demócratas en el Congreso -en particular, la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi- han acusado a la CIA de engañar al Capitolio sobre elementos claves de su ahora terminado programa de interrogatorios violentos, que incluía el simulacro de asfixia por inmersión conocido como el submarino.
Los republicanos, que han atacado a los demócratas por criticar a la CIA, probablemente se opondrán a cualquier investigación.
También el domingo, legisladores republicanos criticaron al fiscal general Eric H. Holder Jr., por considerar el nombramiento de un fiscal especial para investigar las acusaciones de que la CIA se excedió en la interpretación de las reglas del gobierno de Bush cuando autorizó las técnicas coercitivas de interrogatorio.
Los demócratas manifestaron su apoyo a Holder, pero algunos siguieron defendiendo sus propias alternativas para investigar las acusaciones contra el gobierno de Bush.
Pero los demócratas se unieron en su condena a Cheney por ordenar que la CIA no revelara detalles sobre el todavía secreto programa de inteligencia. Un portavoz de Cheney se negó a hacer comentarios.
El director de la CIA, Leon E. Panetta, canceló el programa el 23 de junio, poco después de enterarse de su existencia, y convocó inmediatamente a sesiones especiales con legisladores para discutir el programa.
Las fuentes se han negado a proporcionar detalles sobre lo que implicaba el programa o qué se quería alcanzar con él, pero han dicho que se situaba en el continuum entre el recabamiento de informaciones de contraespionaje y acciones encubiertas. Fue formulado después de los atentados del 11 de septiembre, pero nunca estuvo completamente operacional.
"Un montón de gente pensaba que eran Jason Bourne y propusieron ideas", dijo un ex agente de la CIA, refiriéndose a super espía literario y asesino a sueldo del gobierno.  "Hubo programas muy extremos que fueron discutidos en 2001, pero que yo sepa, seis meses después esas ideas habían sido abandonadas".
En ‘Fox News Sunday’, la senadora Dianne Feinstein (demócrata de California), presidente del comité de inteligencia, dijo que Panetta contó a los líderes del Congreso que Cheney ordenó a la agencia mantener en secreto detalles del programa en el Capitolio. Lo llamó un "gran problema".
"Creo que si los comités de inteligencia hubiesen sido informados, podrían haber controlado el programa, podrían haber pedido informes regulares sobre él, podrían haber sacado conclusiones sobre él a medida que se iba desarrollando", dijo Feinstein. "Ese no fue el caso, porque nos mantuvieron ignorantes del programa. Eso es algo que no debe ocurrir nunca, nunca más".
Calificó el hecho de que no se informara al Congreso como "ilegal".
Aunque la ley exige que los comités parlamentarios sean "mantenidos completamente al día" sobre las actividades de inteligencia, hay alguna libertad para programas altamente sensibles y rutinarios.
El jefe de bancada de la mayoría en el Senado, Richard J. Durbin (demócrata de Illinois) dijo en el programa ‘This Week’, del canal ABC, que el Congreso debería investigar si Cheney u otros ordenaron que el programa no fuera revelado a los legisladores.
Líderes del Congreso pueden proteger la existencia de programas secretos, dijo Durbin. No revelar el programa, agregó, viola el equilibrio de poderes de la Constitución.
"Tener un programa de esa envergadura y ocultarlo a los líderes del Congreso no sólo es inapropiado; también podría ser ilegal", dijo Durbin.
Respondiendo a Durbin, el senador Jon Kyl, de Arizona, el jefe de la bancada republicana, dijo que los legisladores no deben "saltar a sacar conclusiones" y deben recordar que Cheney tenía la responsabilidad de proteger la seguridad nacional.
En CNN, el senador Judd Greeg (republicano de North Hampshire) dijo que no notificar a los líderes parlamentarios fue inapropiado. Pero acusó a los demócratas de socavar a la CIA con constantes críticas.
"Necesitamos una CIA extraordinariamente robusta y fuerte", dijo Gregg.
"Este intento nacional de parte de algunos de nuestros colegas del otro lado del anfiteatro, en lo esencial socaba nuestra capacidad de proteger y elaborar planes de inteligencia y es, creo, perjudicial en el largo plazo", agregó.
Los republicanos han argumentado que la decisión de nombrar un fiscal especial para investigar a los interrogadores de la CIA podría minar la seguridad nacional debilitando innecesariamente a la comunidad de inteligencia.
"Estos son temas de alto riesgo", dijo a Fox News el senador John Cornyn (republicano de Texas). "Porque si congelamos la capacidad o la disposición de nuestros operativos de inteligencia y otros para obtener informaciones que son necesarias para proteger a Estados Unidos, eso podría acarrearnos desastrosas consecuencias".
El senador John McCain (republicano de Arizona), el ex candidato presidencial republicano que ha sido muy crítico de las prácticas de interrogatorio del gobierno de Bush, accedió en que no debería nombrarse a un fiscal especial.
"Todos sabemos cómo se hicieron esas cosas malas. Todos sabemos que los operativos que las hicieron, las hicieron obedeciendo órdenes", dijo McCain al programa ‘Meet the Press’, del canal NBC. "Si seguimos con este programa, dañaremos nuestra imagen en el mundo; en eso estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos. Es hora de avanzar, no de retroceder".
El presidente Obama dijo que no buscará castigar a los interrogadores de la CIA, sino que dejará el asunto en manos del fiscal general para que decida si perseguir o no a los que elaboraron esas políticas.
Entre los demócratas que hablaron el domingo, Durbin manifestó su apoyo inequívoco a un fiscal especial.
"No queremos que el fiscal general tenga miedo de hacer preguntas cuando se trata de violaciones a la ley", dijo. "Aquellos que obedecieron la ley y lo hicieron apropiadamente... no serán perseguidos. Pero los que fueron más allá, los que quebrantaron la ley, deben rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley".
Otros demócratas continuaron proponiendo diferentes tipos de investigaciones. Feinstein prefería que el comité de inteligencia revisara los interrogatorios de los llamados detenidos de alto valor, que estuvieron en manos de la CIA.
El senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), presidente del comité judicial, dijo que un fiscal especial dificultaría la tarea de formar una comisión independiente para investigar acusaciones contra ilegalidades cometidas por el gobierno de Bush.
La comisión independiente funcionaría solo si algunos testigos gozaran de inmunidad, lo que podría obstaculizar la investigación del fiscal especial, dijo Leahy. Agregó que no interferiría si Holder nombrar a un fiscal prosecutor, pero temía que una investigación de ese tipo se atacara solamente a los interrogadores de bajo nivel, ignorando a los responsables de esa política.
"No quiero que ocurra que los castigados sean básicamente la gente que estuvo en primera línea, las tropas de bajo rango, cuando fueron sus superiores los que les ordenaron violar la ley", dijo Leahy.
Algunas organizaciones de derechos humanos elogiaron a Holder por considerar el nombramiento de un prosecutor. Jameel Jaffer, director del Proyecto Seguridad Interior de la Unión Americana por las Libertades Civiles, dijo públicamente que las evidencias disponibles mostraban que el gobierno de Bush violó leyes nacionales e internacionales al autorizar la tortura.
"Es hora de confrontar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno anterior", dijo Jaffer en una declaración. "Iniciar una investigación criminal es un paso crucial para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos en el extranjero y restablecer el imperio de la ley en casa".

Greg Miller contribuyó a este reportaje.

26 de julio de 2009
13 de julio de 2009
©los angeles times
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el programa secreto de la cia


Equipos paramilitares debían deshacerse de al Qaeda. El plan de la agencia después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, era utilizar fuerzas paramilitares para exterminar a miembros de al Qaeda en el extranjero. El Congreso no fue informado nunca.
[Greg Miller] Washington, Estados Unidos. El programa secreto de la CIA discontinuado el mes pasado por el director Leon E. Panetta, implicaba la formación de equipos paramilitares de elite que podían ser infiltrados en Pakistán u otros lugares para capturar o eliminar a dirigentes de la red terrorista al Qaeda, de acuerdo a ex funcionarios de la inteligencia estadounidense.
El programa -iniciado inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001- no fue nunca operacional. Pero según algunos funcionarios ejecutivos de la CIA discutieron hace un año planes para introducir equipos y probar sus capacidades básicas, incluyendo saber si era posible entrar a territorio hostil y actuar sin ser detectados, así como recabar datos de inteligencia y localizar objetivos de alto valor.
La iniciativa pasó por múltiples versiones y estuvo a punto de ser desechada varias veces cuando agentes de la CIA buscaban soluciones para desalentadores problemas logísticos. Pero pese a que el avión teledirigido Predator emergió como una potente arma contra al Qaeda, funcionarios de la CIA continuaron implementando el programa secreto como una opción letal adicional.
"Siempre quieres mantener la capacidad, porque no se pueden predecir las oportunidades", dijo un ex oficial de inteligencia que conoce bien el programa.
Con la emergencia de Predador, dijo el oficial, "todavía queríamos explorar si tenemos esa capacidad, pero ya no existe la sensación de urgencia de antes".
Ese funcionario y otros hablaron a condición de conservar el anonimato, debido a la aguda sensibilidad del tema.
El portavoz de la CIA, Paul Gimigliano, se negó a comentar sobre la naturaleza del programa.
La existencia del programa, y el hecho de que no fuera comunicado a los legisladores durante casi ocho años por instrucciones del vicepresidente Dick Cheney, ha avivado un ambiente ya caldeado en Washington sobre los programas de inteligencia del gobierno de Bush.
Actuales y antiguos funcionarios de inteligencia han dicho que al poner fin a la iniciativa, Panetta puede haber estado más preocupado del hecho de que fue mantenido en secreto ante el Congreso, que de los méritos mismos del programa.
Un oficial de inteligencia dijo que Panetta no ha excluido la posibilidad de reiniciar el proyecto para desarrollar capacidades a corta distancia similares en mayor colaboración con los legisladores.
"Si Estados Unidos llegara a necesitar algo como esto en el futuro, buscaremos mejores modos de construirlo", dijo el funcionario de inteligencia. "Eso incluye informar al Congreso desde el principio. Panetta entiende todo eso. Es un agresivo defensor del contraterrorismo, probando herramientas y tácticas que funcionen y que tengan apoyo para ser sustentables. Esta táctica no lo logró".
Legisladores demócratas dijeron que era ilegal que la CIA no revelara el programa a los comités de inteligencia, y pidieron una investigación.
"Los individuos que ordenaron que el Congreso fuera engañado [sobre la iniciativa] deberían rendir cuentas", dijo el lunes el senador Russell D. Feingold (demócrata de Wisconsin), miembro del Comité de Inteligencia del Senado. Feingold también dijo que había expresado su "profunda preocupación sobre el programa mismo", en una carta reservada al presidente Obama.
La senadora Dianne Feinstein (demócrata de California), presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que el ex vicepresidente puede haber violado la ley al ordenar a la CIA que mantuviera en secreto el programa.
Pero actuales y antiguos funcionarios de la inteligencia estadounidense dijeron que el papel de Cheney ha sido mal representado, y que la agencia no estaba obligada a revelar el programa porque nunca estuvo cerca de ser puesto en práctica. Los ex funcionarios dijeron que Cheney no estuvo nunca implicado en la gestión del programa, y que su orden de no informar al Congreso la tomó poco después de que la iniciativa fuera propuesta por primera vez.
"Era más una situación como que antes de salir y empezar a hablar sobre el asunto, veamos si es algo que podamos hacer que ocurra", dijo uno de los ex funcionarios.
Las atribuciones legales del programa fueron fundamentadas en un comprehensivo memorando que el presidente Bush firmó apenas unos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un documento de diez páginas que otorga a la agencia las atribuciones necesarias para perseguir con fuerza letal a militantes de al Qaeda.
Una orden de 1976 firmada por el presidente Ford prohibía que la CIA llevara a cabo asesinatos. Pero esa prohibición no se aplica al asesinato de enemigos en tiempos de guerra.
Panetta ordenó el término inmediato del programa después de enterarse de su existencia el mes pasado, y al día siguiente convocó a reuniones secretas con los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes para informarles.
El funcionario de la inteligencia norteamericana defendió la decisión de Panetta de desmantelar el proyecto, diciendo que "nunca tomó forma" y que "fue dejado de lado repetidas veces en los últimos años por temores sobre su viabilidad. Así que terminar con él no costó nada en términos operacionales".
El programa fue iniciado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en una época en que el entonces director de la CIA, George Tenet, y otros altos funcionarios de la agencia, estaban tratando de determinar qué haría la agencia si lograba localizar a Osama bin Laden u otros altos militantes de al Qaeda.
Funcionarios de la CIA endorsaron la idea de formar pequeños grupos paramilitares que pudieran ejecutar ataques "quirúrgicos" contra objetivos de alto valor. Pero el programa se atascó repetidas veces por problemas operacionales y logísticos básicos.
"¿Los dejas en Waziristán y te sientas a esperar?", dijo un segundo ex funcionario de inteligencia al tanto del programa. "Es una de esas cosas que parecen muy lógicas, hasta que empiezas a tratar de que funcionen".
El funcionario describe los debates internos sobre si los equipos debían pertenecer a la División de Actividades Especiales de la CIA -su rama paramilitar de toda la vida- o si deberían ser formados en colaboración con las fuerzas de operaciones especiales de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Las fuerzas armadas fueron criticadas después del 11 de septiembre de 2001 por su tendencia a necesitar planes elaborados y fuerzas de refuerzo considerables incluso para operaciones de pequeña escala, un factor que había jugado un papel a la hora de capitalizar las oportunidades para capturar o eliminar a Bin Laden antes de 2001.
El ex funcionario de inteligencia dijo que el programa había sido diseñado para ofrecer una opción diferente a las bombas teledirigidas o los ataques con misiles desde aviones teledirigidos.
La iniciativa también se concentraba exclusivamente en importantes dirigentes en la cadena de mando de al Qaeda, dijo el ex funcionario, desechando sugerencias de que el intento estaba dirigido a reunir equipos de asesinos que recorrerían el mundo para identificar a objetivos terroristas de menor importancia.

14 de julio de 2009
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conspirando contra los malos


Dan Barry investiga uno de los más oscuros y conocidos rincones de Estados Unidos -la John Birch Society.
[Dan Berry] En un ajetreado boulevard de esta animada ciudad comercial, frente a un supermercado y no muy lejos de PetSmart, hay un edificio que podría ser confundido con un lugar donde te puedes limpiar los dientes, si no fuera por el nombre que se lee en una placa en la pared de ladrillos: la John Birch Society.
Para algunos, el nombre no significa nada. O provoca recuerdos de los años sesenta, cuando la John Birch Society era sinónimo del anticomunismo que veía rojos en todas partes. Quizás lucías una pegatina de la Birch Society en tu coche; quizás disfrutabas de la canción de Chad Mitchell Trio, burlándose de la obsesión con el comunismo:

No puedes confiar en tus vecinos y ni siquiera en tus familiares
Si tu mami es comunista tienes que denunciarla.

[You cannot trust your neighbor or even next of kin
If mommy is a commie then you gotta turn her in].

Sin embargo, para otros, la John Birch Society es urgentemente relevante en asuntos que importan hoy, por su apoyo a la campaña de fronteras seguras y gobierno limitado, por su desconfianza de la Reserva Federal y de Naciones Unidas, y por su creencia de que existe una conspiración para fusionar México, Canadá y Estados Unidos.
Afirma la sociedad que la llamada Unión Norteamericana forma parte de una conspiración mayor organizada por una amorfa e inmoral organización de una poderosa elite -que incluye, pero no se limita, al Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y los Rockefeller- para apropiarse del planeta Tierra. Lo llaman el Nuevo Orden Mundial.
Algunas de estas teorías suenan como chácharas de televisión por cable, o la sinopsis de un éxito de ventas de Dan Brown. Pero los dirigentes de la sociedad afirman que esta conspiración es real, y que se remonta más de doscientos años, cuando fue iniciada por una hermandad llamada los Iluminados y que cuenta con la mayoría de los presidentes estadounidenses entre sus tontos útiles y cómplices.
"Hemos dicho siempre que es una conspiración satánica", dice Arthur Thompson, presidente ejecutivo de la sociedad, sentado junto a una bandera de Estados Unidos.

La sociedad, fundada en 1958, dice que sus miembros se han duplicado en los últimos años, gracias al creciente interés en estas creencias y, últimamente, en las políticas del gobierno de Obama. Pero no proporcionará cifras. Se limita a decir que cuentan con decenas de miles de miembros.
"No queremos que nuestros enemigos conozcan nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades", explicó Thompson.
Alto, canoso y de setenta años, Thompson fue soldado en las guerras ideológicas mucho antes de que Lou Dobbs y Glenn Beck se unieran a la polémica causa. Dice que infiltraron grupos marxistas en el noroeste del Pacífico en los años sesenta. "Me vestía informalmente", dice, riéndose.
Pero vestido ahora con su atuendo preferido -una americana oscura y corbata roja-, habló seriamente de querer desbaratar los planes de los infiltrados, como los llama. "Es una guerra entre el bien y el mal", dice. "Y a veces la guerra tiene vueltas extrañas".
La sociedad está habituada a ese tipo de vueltas. A fines de 2005, por ejemplo, Thompson se convirtió en presidente ejecutivo después de montar un golpe con la ayuda de John McManus, el más prominente miembro de la sociedad, presidente durante largo tiempo y católico ultraconservador. Esto provocó que algunos de los miembros excluidos difundieran imágenes del señor McManus en charlas para organizaciones católicas diciendo que el judaísmo se convirtió en una religión difunta y mortífera después del establecimiento de la iglesia católica.
McManus también dijo que los judíos militantes han influido sobre los masones, que son "agentes de Satanás", "enemigos de la Iglesia de Cristo" -y que en opinión de la John Birch Society, forman parte de la conspiración de los Iluminados para provocar una revolución mundial.
Thompson dijo que originalmente le indignaron estos comentarios, pero que ahora entiende que fueron hechos en el contexto de la creencia de McManus de que el catolicismo es la única fe verdadera. Dijo que la John Birch Society tiene miembros judíos y negros y que no ha tolerado nunca ni el antisemitismo ni el racismo, pese a su notoria oposición a gran parte del movimiento por los derechos civiles.
Durante una reciente entrevista por teléfono en la que cuestionó el rigor de la educación católica del entrevistador, McManus negó ser antisemita y dijo que era muy bien considerado por los miembros judíos de la sociedad. Aunque no estén de acuerdo con sus creencias religiosas, dijo, él y ellos están juntos "trabajando por salvar el país".

La John Birch Society -cuyo nombre honra a un misionero y agente de inteligencia estadounidense asesinado por los comunistas chinos en 1945- todavía realiza reuniones en salas de recibo y bibliotecas públicas. Pero también lleva una atractiva página web que invita a los curiosos a bajar literatura e incorporarse a un capítulo de la sociedad. ("Pincha aquí para conocer a gente que piensa como tú").
Normalmente un capítulo necesita al menos diez miembros, aunque Thompson dijo que "podemos dejarles empezar con ocho". Dijo que el mandato es establecer relaciones con los líderes de opinión de la comunidad: "Podría tratarse de alguien del ayuntamiento, o del presidente de la cámara de comercio".
Pero una petición para hablar con gente que se ha unido recientemente a la causa fue resistida por James Fitzgerald, director nacional de actividades de terreno, que empezó la conversación criticando un artículo del New York Times sobre la sociedad en 1966. Lo mejor que podía hacer, dijo Fitzgerald, era sugerir una visita a una feria callejera el domingo en Union, Nueva Jersey, donde los miembros tendrían un stand.
El dato era sólido: allá, cerca de un puesto de churros, había una mesa plegable cubierta con literatura de la Birch Society.
El coordinador era Chris Nowak, 24, maestro suplente de matemáticas que dijo que se había unido a su padre, un miembro de la sociedad de toda la vida, que lo reeducó sobre historia estadounidense; por ejemplo, ahora entendía que Naciones Unidas fue fundada por el presidente Harry S. Truman y "otros comunistas".
Con Nowak se encontraban Ray Tisch, 37, ingeniero eléctrico, y Matthew Yamakaitis, 49, empleado de una bodega, que dijo que se había unido a la John Birch Society hace dos años porque compartía los temores sobre la Unión Norteamericana, los medios de comunicación tradicionales y la conspiración de los infiltrados de la elite.
"Han instalado controles en los más altos niveles", dijo Tisch. Yamakaitis está de acuerdo, diciendo que si los infiltrados logran crear un nuevo orden mundial, "básicamente significa menos poder para nosotros".
"Y más para la elite", dijo Tisch.
"Los Rockefeller, los Morgan, los Rothschilds", dijo Nowak.
"Ssssssssss", dijo la salchicha cocinándose en una parrilla cercana.

De regreso en Grand Chute, la reducción de las donaciones el año pasado -lo que es normal en un año de elecciones presidenciales, dijo Thompson- ha provocado algunos despidos. Sin embargo, las secretarias respondían los teléfonos, los editores trabajaban en otro número de la revista The New American y, en una bodega llena de libros y literatura de la sociedad, Dan Shibler esperaba para rellenar formularios de pedidos.
Shibler, el encargado de los envíos y mantenimiento, dijo que se unió a la sociedad cuando era adolescente en los años setenta, después de asistir a uno de sus campamentos de verano, donde las sesiones de adoctrinamiento se combinaban con actividades de recreación, como pesca y natación. Esos campamentos ya no existen; entre otras razones, porque se ha hecho más fácil llegar a los jóvenes a través de la red.
Sin embargo, el trabajo continúa. Los hombres y mujeres de la sociedad han contribuido a resistir la introducción de la Unión Norteamericana, ocasionalmente en las legislaturas de estados. Hace poco participaba en numerosos tés realizados esta primavera para protestar contra el crecimiento del gobierno y el gasto fiscal. Y, por supuesto, lucha todos los días contra Naciones Unidas, el Consejo de Relaciones Exteriores y la elite de infiltrados en el grupo -el mal.
Debe ser difícil relajarse. Pero Thompson dijo que obtiene su energía de su fe, escucha la música que le gusta y encuentra otras diversiones. "De otro modo’, dijo, "me volvería loco".

28 de junio de 2009
25 de junio de 2009
©new york times 
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lamenta que no haya muerto su padre


Hijo de terrorista neo-nazi expresa remordimiento. Se cree que su padre se recuperará. Hijo repudia a su padre neo-nazi.
Washington, Estados Unidos. El hijo del hombre acusado de asesinar a un guardia de seguridad en el Museo Memorial del Holocausto dijo el domingo que su padre había atribulado largo tiempo a su familia con sus opiniones supremacistas blancas y lamenta que no haya muerto en el tiroteo.
James von Brunn, 88, fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de Stephen T. Johns, 39, que era negro.
"No tengo palabras para expresar lo mucho que lamento que haya sido el señor Johns, y no mi padre, quien perdiera la vida", dijo Erik von Brunn, 32, en una declaración en ABC News. "Fue injustificado e injusto, y aunque mis condolencias nunca podrían mitigar [el dolor de la pérdida], junto con mis remordimientos es lo único que puedo dar".
Las autoridades dicen que el disparo de von Brunn -con un rifle de colección- impactó en el pecho al guardia cuando este (Johns) le abrió la puerta. Von Brunn recibió un impacto en la cara cuando los otros guardias reaccionaron y se cree que sobrevivirá.
"Sus opiniones lo consumieron, destruyendo no solamente su vida, sino también nuestra familia. Arruinó nuestras vidas", dice Erik von Brunn en su declaración.
El joven von Brunn dijo al Washington Post, en una conferencia telefónica desde la casa de su madre en Homosassa, Florida, que había tenido una relación decente con su padre. El viejo von Brunn nunca insistió en que su hijo compartiera su ideología, aunque le decepcionaba que no lo hiciera.
Erik von Brunn, un aspirante a maestro y escritor de ciencia ficción que egresó recientemente de la Universidad de Maryland, se negó a decir si se había distanciado de su padre. Documentos judiciales indican que el viejo von Brunn había estado viviendo con su hijo en un condominio en Annapolis, Maryland.
Dijo que nunca imaginó que su padre cometería un asesinato.
"Nunca llegué a pensar eso. Tiene 88 años. Nunca imaginé que podía hacer una cosa así", dijo. "Todavía no lo puedo entender. Es increíble".
La madre de von Brunn, Pat Sadowski, dijo el domingo que su hijo no estaba en casa y no estaba disponible.
Un hombre que respondió el teléfono en la casa de infancia de Johns en Temple Hills, Maryland, donde todavía vive su madre, Jacqueline Carter, dijo que Erik von Brunn, hizo una "declaración maravillosa". El hombre dijo que era un pariente y que Carter no estaba disponible para hacer comentarios.
La declaración de von Brunn elogia a Johns, que "sacrificó valientemente su vida", e interpela a los que comparten las opiniones de su padre.
"Para los extremistas que creen que mi padre es un héroe: es urgente que entiendan que lo que hizo fue un acto de cobardía", dijo.

26 de junio de 2009
14 de junio de 2009
©pocono
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la elusiva derecha psicótica


Terroristas solitarios son difíciles de trazar.
[Devlin Barrett y Eileen Sullivan] Washington, Estados Unidos. Un hombre de edad entra con un rifle a un museo lleno de gente y empieza a disparar. Un joven en Arkansas jala el gatillo frente a una oficina de reclutamiento militar. Otro abre el fuego en una iglesia de Kansas.
Tres espantosos y desconectados atentados en menos de dos semanas. Uno de los pistoleros eran un racista blanco, el otro un musulmán fanático, el tercero un afiebrado enemigo del aborto.
Cada uno de ellos tenía una historia que sugería problemas. Los tres estaban motivados por creencias que algunos consideran extremistas. Todos se ajustan a la descripción del terrorista solitario, un asesino cuyo ataque, dicen las autoridades, es más difícil de evitar que si fuera planeado por una red de terroristas adiestrados.
"Podría ser cualquiera. Podría ser tu vecino, que vive en el sótano de la casa de su madre, llenándose de odio en internet y preparándose hasta llegar al punto de ebullición y finalmente poner en práctica lo que ha aprendido", dice John Perren, director de la sección de contraterrorismo de la sede del FBI en Washington.
En una entrevista con la Associated Press, Perren describió lo difícil que es cazar a un terrorista solitario dos días antes de que el supremacista blanco James von Brunn disparara y matara a un guardia en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos.
"El terrorista solitario es lo que más preocupa a la oficina en Washington, al FBI", dijo.
Von Brunn tenía antecedentes criminales y una página web que predicaba un virulento racismo. Sin embargo, las autoridades dicen que es difícil predecir cuándo alguien va a cerrar su portátil y coger un arma.
Cuando investigan una red terrorista, los agentes del FBI pueden a menudo obtener acceso a cuentas de correo electrónico, archivos telefónicos y documentos para preparar una acusación. En algunos casos, pueden preparar a informantes para penetrar el grupo y recabar información.
Pero un asesino que actúa solo rara vez le cuenta a otros lo que está planeando, para qué decir cuándo o cómo. Eso hace difícil que las autoridades puedan determinar quién está preparado para cometer un acto criminal en prosecución de lo que ve como una causa.
Para contrarrestar ese peligro, el FBI ha creado lo que llama ‘cable de detonación’ [tripwire]. Se trata de programas que buscan datos de negocios toda vez que alguien compra una cantidad significativa de materiales que pueden ser usados en la producción de explosivos, o grandes cantidades de armas o municiones.
Esas precauciones parecen haber dado frutos en el caso de un hombre que retiró todos sus ahorros en Utah y le dijo a la cajera que tenía la misión de matar al presidente Barack Obama. El hombre, sobre el que sus familiares dicen que sufre de una enfermedad mental, gatilló una pesquisa criminal y fue finalmente detenido.
En Washington, el supremacista blanco von Brunn aparentemente eludió los controles usando un rifle de colección de principios del siglo veinte. Con esa sola arma de pequeño calibre mató a un guardia de seguridad del museo antes de que otros guardias abrieran el fuego y neutralizaran a Brunn.
El Southern Poverty Law Center, que vigila a los supremacistas blancos, dice que en Estados Unidos los grupos de odio han aumentado en un 54 por ciento desde 2000, alimentados por la oposición a la inmigración hispana y, más recientemente, por la elección del primer presidente negro del país y la recesión económica.
"Hoy la inmensa mayoría de los atentados terroristas domésticos son llevados a cabo por terroristas solitarios en los llamados ataques de resistencia autónomos", dice Mark Potok, del centro. "Hay pocas maneras de prevenirlos..., a menos que quieras asignar un agente de policía a todos y cada uno de los estadounidenses".
La cantidad de hombres blancos enrabiados en Estados Unidos está aumentado, dijo Chip Berlet, analista de Political Research Associates en Somerville, Massachusetts, un laboratorio ideológico que estudia a los extremistas de derecha.
En particular hombres blancos, heterosexuales y cristianos en Estados Unidos creen que han sido empujados a un lado, dice Berlet. Es obvio que haya atacado al Museo del Holocausto, dijo, porque los supremacistas blancos culpan a los judíos por el fomento de los negros.
"La idea de que los astutos judíos ponen a los negros en posiciones de poder es central es sus teorías paranoicas", dijo Berlet.
Otros expertos dicen que la ideología de los supremacistas blancos no han cambiado mucho.
Charlie Allen, ex agente de inteligencia del ministerio de Seguridad Interior, dijo que ese tipo de odio se ha incrustado en una pequeña parte de las comunidades americanas. Bajo la dirección de Allen, el ministerio creó una sección de análisis que estudia a los grupos extremistas en todo el país.
Un evaluación del ministerio del extremismo nacional constató cerca de 2.400 páginas web de supremacistas blancos; 72 blogs; 30 listas de correo; 213 grupos y clubes de usuarios; y 25 videojuegos racistas online.
La agencia dice que las organizaciones de supremacistas blancos rara vez publicitan sus llamados a atacar.

Political Research Associates
Southern Poverty Law Center
Department of Homeland Security

20 de junio de 2009
14 de junio de 2009
©pocono record 
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preso de guantánamo en eeuu


Ahmed Khalfan Ghailani debe comparecer ante un tribunal de Nueva York por su relación con los atentados que causaron 224 muertes en las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia. Será juzgado por un tribunal federal en suelo norteamericano.
[Mark Silva] Washington, Estados Unidos. El primer detenido de la cárcel militar estadounidense de Bahía Guantánamo, Cuba, en llegar a Estados Unidos, ha sido trasladado a Nueva York para responder por cargos criminales en relación con los atentados con bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, informó el ministerio de Justicia.
Ahmed Khalfan Ghailani, nacional de Tanzania detenido en Guantánamo desde septiembre de 2006, llegó al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, que ha albergado a varios acusados de terrorismo durante sus procesos en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York, declaró el ministerio. Debe comparecer hoy ante el tribunal.
El presidente Obama prometió cerrar la cárcel de Guantánamo dentro de un año, mientras las autoridades tratan de buscar destinos alternativos para los reclusos. La situación ha provocado un debate político en Estados Unidos. Los líderes republicanos en el Congreso advierten que los estadounidenses no quieren a sospechosos de terrorismo en sus cárceles cerca de ellos, y el gobierno de Obama sostiene que los recintos federales son seguros.
Ghailani está acusado de homicidio en cada uno de los 224 homicidios en los atentados de 1998 contra la embajada estadounidense en Dar es Salaam, Tanzania, y en Nairobi, Kenia. La acusación de marzo de 2001 también lo acusa de conspirar con Osama bin Laden y otros miembros de al Qaeda para matar a estadounidenses en cualquier parte del mundo, de acuerdo al ministerio de Justicia.
Una agencia conocida como Grupo de Trabajo de Guantánamo [Guantanamo Review Task Force] refirió a Ghailani para ser procesado criminalmente. El ministerio de Defensa lo entregó al U.S. Marshals Service, que lo ingresó al Centro Correccional Metropolitano.
"En su comparecencia ante el tribunal federal hoy, Ahmed Ghailani será acusado por su participación en los atentados contra las embajadas en Tanzania y Kenia y en la muerte de 224 personas’, dijo esta mañana en una declaración el fiscal general Eric H. Holder Jr.
"El ministerio de Justicia tiene una larga historia en lo que se refiere a la detención segura y procesamiento criminal de acusados de terrorismo en el sistema de justicia penal, y usaremos esa experiencia para buscar justicia en este caso".
Ghailani podría ser condenado a reclusión perpetua o a la pena de muerte por muchos de los cargos, de acuerdo al ministerio de Justicia.

16 de junio de 2009
9 de junio de 2009
©los angeles times 
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