210 ilegales en holanda
Rotterdam, Holanda. En Holanda trabajan 210.000 personas ilegalmente. Las agencias de empleo actúan de mediadoras para casi la mitad de ellos, para uno de cada siete trabajadores temporales. Estos son los resultados de la investigación llevada a cabo por ABU, que es la confederación holandesa de agencias de empleo, publicada hace unas semanas.
Esta cantidad de 210.000 es considerablemente mayor de lo que calculaban en las oficinas de la Seguridad Social, según un portavoz, que estimaban a este grupo de ilegales en unas 140.000 personas. La federación AUB está alarmada por la gran cantidad de estos ilegales que trabajan a través de agencias de empleo. Estas personas no cuentan con papeles adecuados, o nadie cotiza por ellos. La gran mayoría son de otros países y no pueden trabajar en Holanda.
El Estado, según esta investigación, pierde al año 250 millones de euros en primas de la Seguridad Social e impuestos.
El secretario de Estado, Rutte (Asuntos Sociales, del VVD, extrema derecha) declaró en reacción que la multa a los empleadores de ilegales seguramente suba este año de 900 a 3.500 euros por cada persona que contraten. Rutte ya hace tiempo que prepara medidas para combatir la ilegalidad. Una propuesta de ley según la cual los inspectores laborales podrían poner directamente multas, sin la intervención del juez, espera respuesta en el Consejo de Estado. Además ha ampliado las posibilidades de rastreo de mano de obra ilegal.
La AUB solicita competencias legales para que las agencias de empleo para combatir el gran crecimiento de la intermediación ilegal. Rutte considera que el sector debe organizarse por su cuenta. No está de acuerdo con un nuevo sistema de permisos. En 1998 precisamente se eliminó la ley según la cual se necesitaba un permiso para actuar como intermediario entre empleador y empleado.
El volumen de facturación de las agencias de empleo ilegales es, según estimaciones de la AUB, mil millones de euros, y el de las agencias legales afiliadas al ABU es de aproximadamente cuatro mil millones.
Esta cantidad de 210.000 es considerablemente mayor de lo que calculaban en las oficinas de la Seguridad Social, según un portavoz, que estimaban a este grupo de ilegales en unas 140.000 personas. La federación AUB está alarmada por la gran cantidad de estos ilegales que trabajan a través de agencias de empleo. Estas personas no cuentan con papeles adecuados, o nadie cotiza por ellos. La gran mayoría son de otros países y no pueden trabajar en Holanda.
El Estado, según esta investigación, pierde al año 250 millones de euros en primas de la Seguridad Social e impuestos.
El secretario de Estado, Rutte (Asuntos Sociales, del VVD, extrema derecha) declaró en reacción que la multa a los empleadores de ilegales seguramente suba este año de 900 a 3.500 euros por cada persona que contraten. Rutte ya hace tiempo que prepara medidas para combatir la ilegalidad. Una propuesta de ley según la cual los inspectores laborales podrían poner directamente multas, sin la intervención del juez, espera respuesta en el Consejo de Estado. Además ha ampliado las posibilidades de rastreo de mano de obra ilegal.
La AUB solicita competencias legales para que las agencias de empleo para combatir el gran crecimiento de la intermediación ilegal. Rutte considera que el sector debe organizarse por su cuenta. No está de acuerdo con un nuevo sistema de permisos. En 1998 precisamente se eliminó la ley según la cual se necesitaba un permiso para actuar como intermediario entre empleador y empleado.
El volumen de facturación de las agencias de empleo ilegales es, según estimaciones de la AUB, mil millones de euros, y el de las agencias legales afiliadas al ABU es de aproximadamente cuatro mil millones.
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